Origen: PASOS A LA IZQUIERDA                                                                           13 junio, 2020

Por MASSIMO D’ALEMA y MAURIZO LANDINI

                          Vicky Ocaña: ‘Horizontes (3)’

Massimo D’Alema. La reconstrucción social en los países democráticos después de la Segunda Guerra Mundial, en Italia como en muchos otros sitios, se basó en gran medida en la contribución del mundo del trabajo y en la acción de las organizaciones que lo representaban. En el corazón de los sistemas democráticos de Europa existía un pacto social que tenía en el trabajo un dispositivo central. No es casualidad que la Constitución italiana establezca que la República se basa en el trabajo, expresando un vínculo indisoluble entre trabajo y democracia que fue reconocido y respetado no sólo por las fuerzas políticas de la izquierda, sino por todos los partidos del arco constitucional. Sin embargo, el estrecho vínculo entre trabajo y democracia era encarnado por un movimiento sindical que tenía los rasgos de una fuerza general. El sindicato representaba los intereses de los trabajadores, pero también era un actor importante en la vida política del país.

Hoy la situación ha cambiado mucho. La centralidad del trabajo ha venido a menos, y la relación entre la izquierda y el mundo del trabajo ha entrado en crisis, pero, en términos más generales, también la relación entre el trabajo y la política. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió en la larga fase posterior a la caída del Muro de Berlín, cuando con la globalización y la transformación del trabajo se rompió este vínculo y el mundo del trabajo se ha encontrado como una fuerza dividida, incapaz ya de ejercer la hegemonía?

Maurizio Landini. El compromiso social que tuvo lugar en Italia y Europa fue un compromiso entre el trabajo y la empresa en el que varias culturas democráticas, no sólo las de la izquierda, reconocían en el trabajo, era «trabajo con derechos», la forma en que la gente podía realizarse y participar como ciudadanos en la vida democrática del país. El reparto de los principios de este compromiso social permitió que, tanto políticamente como a nivel sindical, se considerara posible, normal, incluso justo, que la política impusiera restricciones al mercado. El estado de bienestar se basaba en este principio. Creo que en la negación del poder del Estado para imponer restricciones al mercado se puede rastrear uno de los principales puntos de ruptura del sistema basado en la centralidad del trabajo y que el momento en que se produjo esta grieta puede ser identificado a principios de la década de 1980. 1980 me parece un momento importante de transición, también a nivel simbólico, en el que se entrelazan acontecimientos nacionales, como la derrota del movimiento obrero en la Fiat, con, por ejemplo, la decisión de Reagan de sustituir a los controladores de vuelo civiles en huelga por los militares. Solo unos meses antes, Margaret Thatcher se había convertido en Primera Ministra del Reino Unido, portadora de la idea de que la sociedad no existe y de que sólo existen individuos.

Maurizio Landini: «A principios de la década de 1980 se observó un cambio en las condiciones de trabajo y en los derechos de los trabajadores, que marcó por un lado el inicio de una «restauración» del capital, y por otro una transformación del capitalismo industrial en capitalismo financiero que se reveló claramente como resultado del proceso de globalización»

Creo que en esos años se fue con retraso, tanto en el frente político como sindical, en la comprensión de la profunda transformación que se estaba produciendo: los casos mencionados, como muchos otros análogos, no eran episodios locales, sino parte de una reacción más general a los efectos que el compromiso social de posguerra estaba causando en términos de crecimiento, de cambios en la producción y en la estructura económica y en relación con el papel del trabajo en la sociedad. Entonces nos equivocamos al no entender que esta era la forma en que el capitalismo, en particular el capitalismo anglosajón, que sería el que prevalecería, se estaba reorganizando. A principios de la década de 1980 se observó un cambio en las condiciones de trabajo y en los derechos de los trabajadores, que marcó por un lado el inicio de una «restauración» del capital, y por otro una transformación del capitalismo industrial en capitalismo financiero que se reveló claramente como resultado del proceso de globalización. Tanto la izquierda como los sindicatos entendieron tarde lo que estaba pasando, y mientras el capital se estaba convirtiendo en financiero y se globalizaba, ambos continuaron utilizando claves interpretativas e instrumentos de acción válidos para una dimensión local. Por supuesto, los derechos no se globalizaron; De hecho, hubo una competencia a la baja entre aquellos trabajadores que, luchando, habían ganado derechos y otros, que no tenían ninguno en absoluto. El proceso de precarización del trabajo comenzó entonces, cuando la idea de la competencia del trabajo se convirtió en una de las condiciones esenciales, un elemento básico de ese nuevo modelo de desarrollo. Al mismo tiempo, también se afirmaba la idea de que todo lo que es público y que representa una restricción social a la acción económica es negativa en sí misma. Ha prevalecido la idea de que lo correcto es dejar al mercado libre de todo condicionamiento. Es así, con el surgimiento del modelo cultural neoliberal plasmado en estos principios, como el trabajo ha perdido su papel hegemónico.

M.D’A. Definido el punto de ruptura, tanto cronológicamente como en las características de la transformación que ha tenido lugar -nos enfrentamos a un cambio en la estructura del capitalismo y al hecho de que el capitalismo global reduce el trabajo a una variable dependiente, a mera mercancía, también devaluada- tenemos que preguntarnos acerca de los rasgos de la acción política posterior. Frente a estos cambios, la izquierda, en la década de 1990, trató de identificar los elementos de oportunidad que surgieron, y para aprovecharlos había que cambiar el modelo del Estado social y centrarse en el bienestar de las oportunidades. Ciertamente había limitaciones en este enfoque, pero también algunos elementos innovadores. No creo que sea equivocado afirmar que esta gran transformación también ha aportado posibilidades de mejora que, para ser aprovechadas, requerían más formación, más flexibilidad y un sistema de protección diferente. Estas oportunidades han sido efectivamente aprovechadas, pero sólo por una minoría. De hecho, se ha producido una ruptura horizontal en la sociedad y en el mundo del trabajo entre aquellos que se han colocado en la cresta de la ola de globalización y aquellos que, por diversas razones, corrían el riesgo, y todavía lo corren, de ser aplastados por la misma. Hay una gran parte de la sociedad que vive esta gran transformación con creciente miedo, con esa sensación de inseguridad que es aplicable no sólo a la esfera del trabajo: es una precariedad de vida.

Massimo D’Alema: «La izquierda, en la década de 1990, trató de identificar los elementos de oportunidad que surgieron, y para aprovecharlos había que cambiar el modelo del Estado social y centrarse en el bienestar de las oportunidades. Ciertamente había limitaciones en este enfoque, pero también algunos elementos innovadores»

Mientras que en los años dorados del período de posguerra el trabajo, en cierto modo, era una certeza que garantizaba la estabilidad, permitía realizarse como persona y construir una familia, hoy la incertidumbre del trabajo conduce a una precarización de la vida, genera miedo y una demanda de protección a la que tanto la política como el sindicato ya no son capaces de responder. La idea del bienestar de las oportunidades aportaba rasgos positivos, pero tenía el gran límite de hablar sólo a las élites, sin tener en cuenta las necesidades de la parte más amplia y débil de la sociedad. Y no es casualidad que esas élites sigan votando por la izquierda, que se ha quedado reducida a ellas, obteniendo apoyo en las zonas urbanas más grandes y en las franjas más elevadas del mundo del trabajo. Creo que la grieta comenzó a producirse en el momento en que la izquierda mantuvo una visión poco crítica de la globalización.

1. L. Además de los efectos dramáticos de la precarización del trabajo en los proyectos de vida, en la desvalorización del trabajo que esto ha producido y el proceso de polarización social que se ha desencadenado, hay otro aspecto que, desde el punto de vista social y político, me parece relevante. De hecho, esos lazos sociales y solidarios en el centro de la idea de que los problemas podrían abordarse juntos se han descompuesto. La solidaridad ha sido sustituida por la hostilidad hacia aquellos que, como usted, necesitan trabajar para ganarse la vida pero, en un mercado laboral ferozmente competitivo, se han convertido en su competidor directo. Esto lleva no sólo al miedo a los inmigrantes, sino también a la hostilidad entre los trabajadores italianos con contratos diferentes: los que son contratados en EL IVA, por ejemplo, consideran al trabajador un trabajador privilegiado mientras que este último, que no se siente privilegiado porque apenas llega a finales de mes, advierte al trabajador del IVA-20 como una amenaza que puede quitarle su trabajo. ¿Cómo se desprende, tanto desde el punto de vista sindical como político, desde la subalternidad hasta este modelo ferozmente competitivo? Hoy me parece que ha llegado el momento de afrontar este desafío. Incluso aquellos que teorizaron la justicia de un sistema de libertad absoluta denuncian las contradicciones que ese modelo ha generado y que corren el riesgo de volar todo el sistema. Creo que hay un espacio para la acción.

M.D’A. La revuelta antiliberal y antiglobalista, además, viene en gran medida de la derecha, de esos mismos centros que habían exaltado la victoria del capitalismo global.

M.L. Lamentablemente, sin embargo, esta reacción, en lugar de ir en la dirección de una mayor democracia, para pedir una mayor centralidad de los derechos de las personas, del trabajo y su calidad, planea dejar el modelo económico esencialmente inalterado, pero imponiendo un giro autoritario, incluso reduciendo los espacios de la democracia. Hay una completa falta de reflexión sobre la cuestión de la emancipación del trabajo y el aumento de los ámbitos de la democracia, incluida la economía. Creo que ese es uno de los puntos que hay que abordar cuando la gente dice que quiere empezar de nuevo. ¿Por qué creo que esta reflexión es hoy más urgente que nunca? Porque nos enfrentamos a preguntas que tocan en términos generales el significado de lo que hacemos y la forma en que lo hacemos: preguntas que conciernen al futuro del mundo. Si no cambiamos el modelo de producción, los productos, los estilos de vida, corremos el riesgo de poner en peligro el futuro del planeta. Una demanda de transformación tan significativa y radical del paradigma de producción no me parece que se haya hecho en el pasado.

Otro tema de reflexión, que se relaciona con esto, es el de la libertad en el trabajo y los modelos organizativos que determinan el funcionamiento de los centros de trabajo: una cuestión que no es sólo de naturaleza sindical, sino que se convierte en un elemento de estrategia política. Si nos detenemos a reflexionar sobre las tres cuestiones principales que afectan al actual mundo del trabajo–el impacto de la tecnología digital, la cuestión ambiental y climática, las diferencias de género– está claro que debemos preguntarnos de una manera nueva, también desde el punto de vista político, no sólo sindical, el problema de la libertad en el trabajo y, por lo tanto, de la realización de las personas en el trabajo, hasta el punto de cuestionar el derecho de propiedad que los que dirigen una empresa tienen sobre la actividad laboral. Si esto no se plantea como una cuestión central en la reconstrucción de la representación del trabajo y de un proyecto de cambio, me temo que existe el riesgo de caer de nuevo en el error que nos llevó, incluso cuando la izquierda estaba en el gobierno, a pensar que el modelo de organización y funcionamiento de la empresa, y por lo tanto de la sociedad, era el que estaba en vigor y que otras alternativas no eran posibles. A lo sumo se podría pensar en reducir el daño.

M.D’A. Estoy de acuerdo en que hoy la cuestión fundamental se refiere, como dijo Enrico Berlinguer hace décadas, a lo que se produce, cómo se produce, y por lo tanto también a la organización de la vida, a la estructura del consumo, etc. Sin embargo, no creamos que la urgencia de este cambio es comprendida por todos. Aquellos que creen que este cambio es necesario completamente encuentran, en el campo progresista, si no las respuestas sí una conciencia generalizada de la urgencia del desafío. Sin embargo, existe un mundo que está vinculado a necesidades mucho más básicas, al que no le importa si las fábricas contaminan. Más importante es si las fábricas cierran y si eso les priva de su salario. Es un mundo que exige protección, y lo hace forma amargada. Un mundo que, cuando oye hablar del medio ambiente, la igualdad de género y la solidaridad con los migrantes, piensa que son temas para intelectuales pelmazos. En cambio, cree que su problema es tener la seguridad de los ingresos. Esta parte del mundo del trabajo no hace más que defender lo poco que le queda, sin interrogarse sobre el significado de sus acciones y actividades y la contribución que puede hacer a la construcción de un futuro diferente. Por eso o no vota o vota por una derecha que propone soluciones simples pero ilusorias: cerrar fronteras, introducir aranceles. Una respuesta ilusoria y brutal, con un fuerte contenido autoritario, que sin embargo parece capaz de ofrecer la protección que no hemos podido garantizar por nuestra parte.

M.L. Una protección que en realidad ha fallado como resultado de las numerosas medidas que, desde la década de 1990, pieza a pieza, han ido desmantelando la red de garantías proporcionadas por el Estado del bienestar. Creo que, sin invocar el retorno a las normas y derechos de los años 70, debemos reconstruir un sistema de protección y derechos destinado a  la protección de las personas. Esta es la única manera de reconstruir los lazos sociales que se han descompuesto. La solidaridad del pasado se construyó sobre la certeza de que contábamos con herramientas colectivas que permitían hacer frente a problemas reales: el problema de la vivienda, la guardería, la cantina, el trabajo.

Maurizio Landini: «Creo que, sin invocar el retorno a las normas y derechos de los años 70, debemos reconstruir un sistema de protección y derechos destinado a la protección de las personas. Esta es la única manera de reconstruir los lazos sociales que se han descompuesto»

La cuestión es imaginar cómo aquellos objetivos, fruto de la acción de quienes los habían reivindicado pero herramientas de protección colectiva, se pueden alcanzar hoy, en un contexto de grandes cambios y polarización extrema tanto dentro del mundo del trabajo, entre los trabajadores con más garantías como entre los que se sienten más explotados, como en la realidad de las empresas, también afectadas por un proceso de polarización. En nuestro país, en particular, los llamados distritos industriales han saltado, junto con su red de enlaces con el territorio. Alguno puede pensar que encerrarse en el territorio para defenderse de un enemigo externo será el método para resolver los problemas; creo, por el contrario, que incluso en la dimensión global es decisiva la construcción de redes que parten del territorio. Para mantenerse dentro del marco global, los lazos sociales y económicos existentes en el territorio son puntos fuertes. Por supuesto, la situación actual es particularmente compleja porque las diferencias territoriales también han aumentado, y no sólo me refiero a la clásica entre Norte y Sur, que ha crecido. Además de esto, hay diferencias entre Norte y Sur en todas las partes del país. Se han amplificado las desigualdades territoriales.

Para volver a la cuestión más exquisitamente política, hay que preguntarse cómo convertir en conciencia general esa conciencia que dices que está sólo en ciertos sectores que también miran a la izquierda. Para ello, creo que la única manera es partir de las necesidades de quien padece. Porque la persona que padece, se siente sola, sin que nadie le dé respuestas, no tiene razones para mirar a la izquierda. Por el contrario, para una parte de los que hoy son precarios fueron precisamente los gobiernos que se llamaban de izquierda los que iniciaron ese proceso de flexibilización del trabajo flexible que llevó a la explosión de la precariedad. Para muchas personas, la palabra izquierda no evoca esperanza y oportunidad de cambio como para muchos de nosotros: corre el riesgo de ser parte del problema que está viviendo.

¿Cómo puede hoy volver la esperanza de un cambio? En mi opinión, esto sólo puede suceder si tratamos de medirnos con los fundamentos, sabiendo que no hay respuestas preestablecidas. Aquellos que se planteen el objetivo de gobernar –un objetivo necesario porque el cambio sólo se hace gobernando– deben llevar una verdadera propuesta alternativa; no basta con ser simplemente mejores que los demás, capaces de reducir un poco el daño pero sin poder cambiar los procesos que generaron esta situación.

Vicky Ocaña: ‘Color del aire (1)’

M.D’A. El tema central es precisamente dar respuesta a la necesidad de protección, lo que significa que tenemos que ser capaces de contar con un específico marco de derechos en el que todos puedan poner su expectativa de futuro en un horizonte de razonable certeza. En el pasado luchamos por esto, por los derechos de los trabajadores, por la estabilidad de los contratos, por la creación de un sistema en el que todos pudieran construir su vida con relativa serenidad, trazar el futuro de sus hijos. Esta necesidad se siente ahora también por una parte del sistema empresarial, especialmente por aquellas empresas que, para resistir la competencia internacional, tienen que centrarse en la calidad del trabajo y, por lo tanto, sienten el riesgo de enfrentarse a un mundo del trabajo sin derechos ni protecciones. El bienestar empresarial es esencialmente una respuesta de las empresas a las necesidades de sus trabajadores a través de servicios que el estado ya no es capaz de ofrecer. Así se construye un pacto que nos permite tener un mundo del trabajo que vive sin angustia su condición. No son sólo la generosidad o las razones de responsabilidad social las que mueven a las empresas; es la necesidad de asegurar un trabajo cualificado y fidelizado. Esto es bueno para una comunidad, pero introduce un elemento adicional de fragmentación en el mundo del trabajo.

Para dar una respuesta, necesitamos poner en juego la política, para poner en tela de juicio la relación entre el Estado y el mercado tal como se ha explicitado en las últimas décadas. En cierto modo hoy es precisamente la derecha la que pone en tela de juicio este equilibrio, y lo hace redescubriendo el instrumento clásico del nacionalismo, en el que la fuerza del Estado se pone al servicio del sistema económico nacional para poner en marcha, en la competencia mundial, también la fuerza político-militar de los Estados. Es, por ejemplo, lo que Trump está haciendo con la política de aranceles: una acción llena de riesgos que amplifica los conflictos. Los chinos también dan su propia respuesta, también en clave autoritaria, pero se basa en una consideración que debe tenerse en cuenta y que para ellos es un principio esencial, es decir, la primacía de la política sobre la economía: es la política la que debe permanecer al mando, porque de lo contrario se generan contradicciones no gobernables.

Massimo D’Alema: «Occidente, que ha sacado los mayores beneficios del proceso de globalización, ha visto enriquecerse sólo a una minoría muy pequeña y con una falta total de responsabilidad social. El símbolo de esto son las grandes empresas tecnológicas estadounidenses»

El acelerado desarrollo industrial de China, que ha producido una enorme riqueza, también ha generado desigualdades sociales y territoriales, corrupción generalizada, lo que ha dado lugar a una brecha entre partido y ciudadanos y un impacto ambiental insostenible. Tomando nota de estos desequilibrios, la política impuso un cambio que ninguna lógica de mercado habría determinado: se modificó el mix productivo invirtiendo en investigación e innovación, se realizaron deslocalizaciones, se crearon grandes fondos de inversión para convertir zonas industriales, se aumentaron los salarios para incrementar el consumo interno; un modelo que estaba en peligro de ser insostenible ha cambiado, aumentando al tiempo la calidad del trabajo y creando productos más competitivos. Es debido a esta mayor competitividad del sistema chino por lo que surgieron las tensiones comerciales con los Estados Unidos. Mientras China era la fábrica del mundo, la economía estadounidense y la economía china eran complementarias. Es cuando los chinos comenzaron a invertir en inteligencia artificial, robótica, 5G, en algunas áreas, superando incluso a los Estados Unidos, cuando comenzó la reacción estadounidense. El verdadero conflicto es por la hegemonía tecnológica.

También desde un punto de vista social, la dinámica china es interesante, porque también ha habido grandes desigualdades, pero se desarrollan en el contexto de un crecimiento general de la sociedad, en el que todos experimentan una mejora en las condiciones de vida actuales y de las perspectivas de futuro. Este es un elemento de cohesión social. Nosotros, por otro lado, estamos aumentando las desigualdades de manera aguda. Occidente, que ha sacado los mayores beneficios del proceso de globalización, ha visto enriquecerse sólo a una minoría muy pequeña y con una falta total de responsabilidad social. El símbolo de esto son las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Amazon, por ejemplo, paga menos impuestos que un mediano empresario italiano. Sin embargo, se trata de un problema interno de las sociedades occidentales y tiene que ver directamente con la política de estos países, política que ya no es capaz de redistribuir la riqueza, sino que favorece un sistema en el que unos pocos se enriquecen en detrimento de la comunidad.

Este es también el tema del regreso de la acción política capaz de imponer límites sociales al mercado, de orientar la economía hacia los objetivos del progreso, principalmente en el ámbito social y medioambiental. Sin embargo, esto significa actuar en al menos dos niveles: un nivel necesariamente transnacional y otro nacional.

En el ámbito internacional, deberían librarse grandes batallas para promover, por ejemplo, la introducción de una especie de autoridad fiscal internacional para la tributación de las transacciones financieras. Hoy en día, la riqueza financiera –que es global, mientras que los sistemas fiscales son nacionales– escapa a los impuestos. Eso hace estallar el pacto social. En un mundo donde la gran riqueza evade casi en su totalidad los impuestos, se está perdiendo la capacidad redistributiva. Se necesitaría un movimiento que pudiera poner esta cuestión en el centro de una campaña mundial. Las limitaciones ambientales tampoco funcionan exclusivamente a nivel nacional. El CO2 no conoce fronteras. Nos enfrentamos a desafíos extremadamente complejos, que afortunadamente desde un punto de vista teórico y cultural han encontrado respuestas, pero que no se traducen en una acción política concreta. Incluso en la teorización de los procesos económicos se puede ver que la ola neoliberal, que ha sido dominante en la cultura, murió hace diez años. Desde la crisis de 2007-08, el neoliberalismo extremista ya no es el rasgo dominante en la cultura, donde destacan Stiglitz, Krugman, Mazzucato, Piketty, intérpretes de pensamiento económico crítico que sin embargo no se refleja en la política. El tema ambiental está empezando a convertirse en el objetivo de grandes movimientos de masas, especialmente de los jóvenes. Hay una nueva generación que acusa a la vieja de no tratar el tema porque no estará allí cuando se manifiesten los efectos más devastadores. Es una acusación de cinismo no carente de su propia verdad.

Massimo D’Alema: «Debemos salir de la idea de un sindicato situado sólo a la defensiva, de una política subordinada al sistema neoliberal, y empezar a trabajar en una especie de nueva carta de derechos laborales, que sepa efectivamente incrustarse a la complejidad y variedad del mundo del trabajo actual»

También existe un nivel nacional de lucha contra la inseguridad y la desigualdad. No es cierto que no se pueda hacer nada dentro de las fronteras nacionales. Hasta ahora se ha hecho, pero actuando en términos procíclicos. La dominación del pensamiento único ha significado que la burocracia europea imponga a los Estados a que «hagan sus deberes”. El uso de esta expresión es significativo porque elimina por completo la discrecionalidad de la política. Ahora debemos invertir la tendencia e iniciar un cambio de perspectiva a nivel europeo, haciendo que algunos objetivos con un impacto social positivo –por ejemplo, el crecimiento del empleo– sean los objetivos inmutables, como se ha hecho hasta ahora para las limitaciones presupuestarias públicas. La construcción europea, desde Maastricht en adelante, se ha presentado bajo la hegemonía neoliberal y monetarista, bajo el ordoliberalismo alemán. Pero las reglas no son neutrales, tienen un claro signo hegemónico. Cuestionar este montaje es tarea de la izquierda. También debemos salir de la idea de un sindicato situado sólo a la defensiva, de una política subordinada al sistema neoliberal, y empezar a trabajar en una especie de nueva carta de derechos laborales, que sepa efectivamente incrustarse a la complejidad y variedad del mundo del trabajo actual; un gran objetivo simbólico: un nuevo estatuto, que pueda ser el terreno para un gran debate social.

M.L. Desde el punto de vista sindical, una prioridad es sin duda crear un nuevo Estatuto de derechos, una nueva carta de derechos que establezca que los derechos laborales no pueden vincularse al tipo de contrato, sino que se aplican a cualquier forma de trabajo, a todos los trabajadores como trabajadores. Se trataría de un cambio importante, incluso para el sindicato, que sería así sujeto de representación de todas las formas de trabajo, ampliando el ámbito de acción, incluso respondiendo a la necesidad de protección que dijimos antes. Se trata de una reflexión que sin duda se impondrá en 2020, cincuenta años después de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, del que permanecen actualísimos algunos rasgos –como la protección contra el despido improcedente, que es una cuestión de civilización incluso antes que jurídica– pero en la que deben insertarse nuevos derechos, como el de la formación permanente o el diseño de cambios acordado conjuntamente con el empleador. Esta debe ser también una cuestión que afecta a la política, que se debe interrogar sobre las acciones que deben ponerse en marcha para volver a armar un frente que se ha deshilachado tanto jurídica como legislativa y socialmente.

En estos frentes, el país debe dar respuestas. No todo depende de Europa, de hecho, la acción a nivel nacional puede tener un impacto en la perspectiva de la construcción de Europa. El nivel de evasión fiscal que tenemos en Italia no es el resultado de una acción impuesta desde Bruselas, así como la opción de si tenemos o no una política industrial. Esto reabre la reflexión sobre cuál debe ser el papel del Estado en la economía dentro de los procesos globales actuales. Sorprende, cuando reflexionamos sobre el aumento de la desigualdad, que incluso en nuestro país no carece de riqueza. La alta deuda pública se corresponde con el mayor ahorro en cuentas corrientes o invertida en fondos de varios tipos. Estos deben ser elementos de un debate amplio que también ve al sindicato como protagonista en una dimensión política, de función general del sindicato, porque puede combinar la acción en el lugar de trabajo con la de la transformación social fuera de este. Para ello, sería importante reconstruir esa unidad sindical que da fuerza a la acción del sindicato.

En un momento dado, la presencia de tres sindicatos en nuestro país podría explicarse a la luz de la existencia de diversos partidos. Hoy esos partidos ya no existen, y por lo tanto no hay ya razones de pertenencia política que impidan la construcción de un sindicato unitario. Pero no es la transformación del marco político lo que puede conducir automáticamente a la unidad sindical. Sin embargo, podemos reflexionar sobre el hecho de que la condición previa de la unidad sindical es la democracia, es decir, la posibilidad de que las personas puedan participar, de poder estar allí, también gracias a la legislación que apoye la representación y la negociación. Todo ello dentro de una acción a favor de la construcción, a escala europea, de un sistema de derechos universalmente válidos.

M.D’A. Introducir los derechos universales, pero también reconstruir los organismos intermedios que dan vigor a la sociedad. La política tiene que volver a tener una relación física con el trabajo. Tenemos que regresar al territorio, para que aquellos que necesitan respuestas puedan encontrar físicamente un interlocutor, y recuperar un lenguaje útil para hablar al mundo del trabajo. Fue la destrucción de los organismos intermedios, políticos, sindicales y sociales, con su extrema corporativización, una causa esencial del debilitamiento de la democracia.

[Texto publicado originalmente en la revista Italianieuropei, 1/ 2020. Traducción de Pasos a la Izquierda.

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Massimo D’Alema. Histórico dirigente del PCI, formó parte del grupo dirigente del PD. Ha sido Presidente del gobierno y ministro de Asuntos Exteriores italiano. Actualmente preside la fundación Italianieuropei.

Maurizio Landini. Fue Secretario general de la FIOM, federación metalúrgica de la CGIL. Desde 2019 es Secretario general de la Confederación CGIL.

 

 

Origen: PASOS A LA IZQUIERDA                                                                           13 junio, 2020

Por ALAIN SUPIOT

Vicky Ocaña: ‘Blanco (1)’

He publicado infinidad de dibujos; pero estoy descontento de todo lo que he producido antes de cumplir los setenta años. Fue a la edad de los setenta y tres cuando comprendí más o menos la forma y verdadera naturaleza de los pájaros, de los peces, de las plantas, etc. En consecuencia, a la edad de ochenta años, habré hecho muchos progresos, llegaré al fondo de las cosas; a los cien, un punto o una línea, todo estará vivo. Pido a los que vivan tanto como yo que vean si mantengo la promesa.

Katsushika Hokusai, Postfacio a Cien vistas del monte Fuji, 1834.

Llegamos ya –o por fin– al momento de la rendición de cuentas. Me ocuparé de las de este año, destinado a un análisis jurídico de las transformaciones del trabajo en el siglo XXI. Dos certezas se desprenden de este análisis. La primera es que el impacto de la revolución informática en la organización y división del trabajo es por lo menos tan formidable como el de la precedente revolución industrial, que dio lugar al Estado social. Pero las mutaciones tecnológicas de esta amplitud se acompañan necesariamente de lo que André Leroi-Gourhan llamaba una «reestructuración de leyes de agrupación de los individuos», es decir, de una reestructuración de las instituciones. Segunda certeza: nos enfrentamos a una crisis ecológica sin precedentes, imputable en muy buena medida a nuestro modelo de desarrollo. Estas dos certezas nos obligan a reconsiderar nuestra concepción del trabajo, tanto desde el punto de vista técnico de nuestra relación con las máquinas como desde el punto de vista ecológico de la sostenibilidad de nuestros modos de producción.

Este replanteamiento tiene evidentemente una fuerte dimensión jurídica. Al ser participante de la institución imaginaria de la Sociedad, el Derecho no puede estar ni separado de las condiciones materiales de existencia en la que se asienta, ni derivado de esas condiciones. En efecto, se presenta siempre como una de las posibles respuestas de la especie humana a los desafíos a que le someten sus condiciones de existencia. Pero esta respuesta se hace hoy especialmente difícil por una tercera crisis, aunque no sea reconocida, que afecta al Derecho mismo.

El orden jurídico, en cualquier nivel en el que se considere, es un orden ternario, que hace de la heteronomía de un tercero imparcial la condición de la autonomía reconocida a cada cual, ya se trate del contratista, del propietario o del dirigente político o económico. Ahora bien, ese carácter ternario tiene a ser borrado por el imaginario de la «tecno-ciencia-economía» contemporánea, que proyecta sobre las sociedades humanas el funcionamiento binario característico de los árboles lógicos en el funcionamiento de nuestras «máquinas inteligentes», del tipo < si p…entonces q, si non p… entonces x…>.

Las sociedades humanas no son rebaños. Para subsistir y formarse necesitan un horizonte común. Un horizonte, es decir a la vez un límite y la marca de un más allá, de un deber ser que arranca a sus miembros del solipsismo y la autorreferencia de su ser

No está excluido que estas máquinas tengan un día la capacidad de calcular todo lo que es calculable. Pero lo que sí es cierto es que la reducción de las relaciones entre los hombres a operaciones de cálculo de utilidad o de interés solo puede conducir a la violencia. Tal y como de forma divertida destacó Keith Chesterton son las vacas, los corderos y las cabras que viven como economistas puros. Las sociedades humanas no son rebaños. Para subsistir y formarse necesitan un horizonte común. Un horizonte, es decir a la vez un límite y la marca de un más allá, de un deber ser que arranca a sus miembros del solipsismo y la autorreferencia de su ser.

El horizonte que asume un universo en tres dimensiones está ausente del mundo plano, del Flatland del pensamiento binario. De hecho, nuestra investigación ha sacado a la luz múltiples síntomas de la erosión de la figura del tercero imparcial y desinteresado en el mundo contemporáneo en general y en las relaciones de trabajo en particular. Tal hundimiento del orden jurídico no es un fenómeno inédito. Fue una de las características comunes de los regímenes totalitarios que trataron de constituirse en el siglo XX, no sobre una referencia heterónoma sino sobre leyes pretendidamente científicas e inmanentes de la biología racial o del materialismo histórico. Los juristas que hoy día todavía pretenden reconocer en esos regímenes totalitarias las trazas de un estado de derecho dan prueba de una extraña ceguera. En la actualidad, este hundimiento del orden jurídico es un corolario de la gobernanza por los números, lo cual lleva a someter el Derecho a cálculos de utilidad, allí donde el liberalismo clásico sometía los cálculos de utilidad al imperio del Derecho. Una vez asimilado como un producto competitivo en un mercado de normas, el Derecho se metamorfosea en pura técnica, evaluado en función de la eficacia, excluido de toda consideración de justicia.

El espejismo del orden espontáneo del mercado

No es por tanto sorprendente que, entre otras profecías milenaristas del acabado siglo XX, el neoliberalismo haya anunciado la próxima disipación de lo que Friedrich Hayek denominó el «espejismo de la justicia social». Sin embargo, medio siglo más tarde, es más bien «el orden espontáneo del mercado» el que se revela haber sido un espejismo. El reflujo de las relaciones de derecho deja el campo libre a las relaciones de fuerza. Demasiadas injusticias engendran necesariamente, según los términos de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptada hace exactamente un siglo, « tal descontento que constituye una amenaza para la paz y armonía universales». El crecimiento vertiginoso de las desigualdades, el abandono de las clases populares a la precariedad y el desclasamiento, las masivas migraciones de poblaciones expulsadas por la miseria o la devastación del planeta suscitan cóleras y violencias proteiformes que alimentan el retorno del etnonacionalismo y de la xenofobia. Existente hoy en la mayor parte de los países, comenzando por los que fueron campeones del neoliberalismo, la rabia sorda engendrada por la injusticia social provoca el resurgimiento por todas partes del cesarismo político –aunque de factura tecnocrática– y la dicotomía «amigo-enemigo». Se comprueban así las bien fundamentadas disposiciones del preámbulo de la Constitución de la OIT y de la Declaración de Filadelfia que, sacando las lecciones de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, afirmaron «que una paz duradera solo se puede establecer sobre la base de la justicia social». Esta afirmación no es la expresión de un idealismo desfasado sino el fruto de las experiencias más mortíferas que ha conocido la historia humana.

La revolución informática conlleva tanto riesgos como oportunidades. Los riesgos son los de un hundimiento en la deshumanización del trabajo. Al dominio físico sobre el trabajador se añade de ahora en adelante un dominio cerebral

La dificultad está en que mientras los principios sobre los que se había basado entonces la justicia social no han perdido para nada su valor, las condiciones de su ejecución han cambiado profundamente. Los desafíos ante los que nos emplaza la revolución informática y el agotamiento de la Tierra reclaman nuevas respuestas que corresponde a los seres humanos concebir y ejecutar. ¿Cuáles son específicamente estos desafíos?

La revolución informática conlleva tanto riesgos como oportunidades. Los riesgos son los de un hundimiento en la deshumanización del trabajo. Al dominio físico sobre el trabajador se añade de ahora en adelante un dominio cerebral. El trabajo de las personas se concibe a partir del modelo de los ordenadores, es decir como el ámbito de ejecución de un programa. Último avatar de las religiones del Libro, esta metáfora del programa –literalmente, de «eso que ya está escrito»-, después de haber sido imprudentemente extendido de la informática a la biología, hoy se aplica a los trabajadores. Convertidos en los eslabones de redes de comunicación destinadas a tratar 24 horas sobre 24 un número cada vez mayor de informaciones, son evaluados en función de indicadores de rendimiento aislados de su experiencia concreta de la tarea a cumplir. De ahí la subida espectacular de las patologías mentales en el trabajo, que en Francia se han multiplicado por siete en cinco años, entre 2012 y 2017. Esta gobernanza por los números se traduce también en un aumento del fraude y la malversación que no ahorra –ya volveremos a esto– la investigación científica. Finalmente, a pesar de la jurisprudencia que ha reconocido en la dirección por algoritmos todas las trazas de la subordinación salarial, los trabajadores «uberizados» son constreñidos a quedar en un subempleo por dirigentes políticos sometidos a una fuerte acción de lobbying por parte de las plataformas digitales.

Este sombrío cuadro no debe hacernos perder de vista las oportunidades abiertas por la revolución informática. Haciéndose cargo progresivamente de todas las tareas calculables o programables, la informática nos obliga a repensar la articulación del trabajo de los hombres y de las máquinas. A condición de domesticarlas, en lugar de identificarnos con ellas, estas últimas podrían permitir concentrar el trabajo humano sobre lo no calculable y lo no programable, es decir, sobre la parte propiamente poiética del trabajo, la que supone una libertad, una creatividad o una atención hacia el otro, acción de lo que no es capaz ninguna máquina. En la empresa informatizada, el cerebro de obra no es ya monopolio de los dirigentes. Se distribuye entre todos los trabajadores, de los que se espera responsabilidad e iniciativa, y que pueden y deben colaborar directamente, sea cual sea su lugar en la cadena de mando. La eficacia de tal empresa supone instaurar lo que Gilbert Simondon denominaba un «acoplamiento entre las capacidades inventivas y organizadoras» de todos sus colaboradores. Ahora bien, ese acoplamiento supone que la función dirigente no sea ya una función de poder sino que se convierta en una función de autoridad. Mientras que el poder se expresa dando órdenes, la autoridad se manifiesta confiriendo una legitimidad a la acción. A diferencia de una relación de dominación, una relación de autoridad supone por parte de aquel que la ejerce que él mismo esté al servicio de la realización de una obra que trasciende su interés individual y con la que puedan identificarse todos los miembros del colectivo de trabajo. Si admitimos que la inteligencia humana no se reduce a sus capacidades de cálculo, la revolución informática es por tanto una ocasión histórica de establecer, más allá del empleo asalariado, lo que la Constitución de la OIT denomina «un régimen de trabajo realmente humano». Todo lo contrario por tanto que esa otra profecía milenarista neoliberal, la del «fin del trabajo».

Esta vía de una libertad en el trabajo, y no solamente del trabajo, es también la que habría que adoptar para destacar el desafío ecológico. La preservación –o al contrario el deterioro– de nuestro ecosistema depende a todas luces de la organización del trabajo y de la elección de sus productos. No solo en tanto que consumidores sino también en tanto que productores, que trabajadores, especialmente jóvenes –particularmente sensibles a los peligros ecológicos–, deben optar a favor de una producción perdurable y sostenible, tanto en sus métodos como en sus resultados. El reconocimiento en curso a escala europea de un derecho de alerta ecológica de los trabajadores, asalariados o no, es una señal de la emergencia de una necesaria democracia económica, que reconoce a todos y a cada uno un derecho de control sobre los métodos y las finalidades de su trabajo.

La preservación –o al contrario el deterioro– de nuestro ecosistema depende de la organización del trabajo y de la elección de sus productos. No solo en tanto que consumidores sino también en tanto que productores, que trabajadores, especialmente jóvenes, deben optar a favor de una producción perdurable y sostenible, tanto en sus métodos como en sus resultados

Contrariamente a una tercera profecía milenarista del neoliberalismo, este último no marca el «fin de la historia», puesto que la historia no tiene fin. Esta no deja de escribirse y son los hombres quienes la escriben. Ningún determinismo presidió esta gran invención jurídica del siglo XX que fue el estado social. Fue la respuesta democrática al empobrecimiento de masas, a las masacres dementes y a las experiencias totalitarias engendradas por la segunda revolución industrial. Fue al calor de estos desastres cuando en 1943-1944 unos hombres y mujeres concibieron el programa del Consejo nacional de la Resistencia de Francia, del que salieron las bases constitucionales de nuestra República social, que algunos se empeñan hoy en «deshacer metódicamente». Pero esta deconstrucción metódica, que está en marcha desde hace al menos dos años, no puede constituir un horizonte político movilizador. No teniendo otra perspectiva que el darwinismo social y la destrucción de las solidaridades instituidas democráticamente, no tiene otro efecto que el agravamiento de las desigualdades y el ascenso de lo que se denomina de forma muy impropia los «populismos».  No es ni deshaciendo el Estado social ni tratando de restaurarlo como un monumento histórico como encontraremos una salida a la crisis social y ecológica. Es repensando su arquitectura a la luz del mundo tal como es y tal como queremos que sea. Y, hoy como ayer, la clave de bóveda de esta arquitectura será el estatuto que se dé al trabajo.

La ficción del trabajo-mercancía

Uno de los rasgos característicos del capitalismo ha sido tratar al trabajo, la tierra el dinero como mercancías. Pero se trata de lo que Karl Polanyi llamó «mercancías ficticias». Se actúa como si fueran productos intercambiables en el mercado cuando se trata de las condiciones mismas de la producción y del intercambio. Sin embargo, para ser sostenibles, estas ficciones necesitan estar apoyadas en montajes jurídicos que las hagan compatibles con el principio de realidad. Por eso, tal y como afirma con fuerza la Declaración de Filadelfia (1944), «el trabajo no es una mercancía». El trabajo, en efecto, no es separable de la persona del trabajador y su ejecución moviliza un compromiso físico, una inteligencia y unas competencias que se inscriben en la singularidad histórica de cada vida humana. Para que la ficción del trabajo-mercancía sea duraderamente sostenible, ha hecho falta que el derecho inserte en todo contrato de trabajo un estatuto que tenga en cuenta el tiempo de la vida humana, más allá del tiempo corto del mercado. La noción de mercado de trabajo descansa así sobre una ficción jurídica. Sin embargo, las ficciones jurídicas no son ficciones novelescas, que permitirían liberarse de las realidades biológicas y sociales, sino lo contrario de las técnicas inmateriales que permiten acoplar nuestras representaciones mentales a esas realidades.

Tengo algo de vergüenza al tener que recordar estos datos elementales pero estoy obligado a hacerlo puesto que vivimos en tiempos en que se toman por realidades las ficciones jurídicas que sirven de base a los conceptos de «contrato de trabajo» y «derecho de propiedad».  El concepto de «capital humano» se ha convertido también, junto con el de empleo, en el paradigma a partir del cual se aborda hoy la cuestión del trabajo. La presunta cientificidad de este concepto ha sido sancionada por el llamado «Nobel de economía» Gary Becker, pero se nos olvida que su primer inventor fue Josif Stalin y que el único sentido riguroso que se le puede dar al capital humano se encuentra en el activo de los libros de cuentas de los propietarios de esclavos. En ese mismo tiempo, la ecúmene, al que el hombre da forma –y llegado el caso devasta– por su trabajo es considerada como un «capital natural» sobre el que convendría poner un precio de mercado.

Para tener alguna oportunidad de escapar a esta hegemonía cultural del Mercado Total, hay que comenzar por tomar conciencia de la normatividad en auge en la economía y la sociología contemporáneas, cuando extienden a todos los aspectos de la vida los conceptos de «capital» y de «mercado». Razonar en estos términos nos recluye efectivamente en la representación del trabajo típica del siglo XX cuando por el contrario la revolución informática y la crisis ecológica deberían obligarnos a desprendernos de los mismos.

El núcleo normativo de esta representación todavía dominante es el contrato de trabajo, al que la economía se ató a partir de la segunda revolución industrial. En virtud de ese contrato, la causa del trabajo o, más exactamente, en la terminología jurídica más reciente, su contraparte, es el salario, dicho de otro modo una cantidad monetaria, objeto de un crédito del asalariado. Trabajar es para el asalariado un medio al servicio de ese fin. No hay, al contrario, ningún derecho sobre el producto de su trabajo, es decir sobre la obra realizada, que no tiene ningún lugar en este montaje jurídico puesto que esta es cosa exclusiva del empleador. Pero para este mismo empleador, esta obra no es sino un medio al servicio de un fin financiero. El objetivo de las sociedades civiles o comerciales, que ocupan frecuentemente la posición de empleador, es efectivamente según el Código civil «compartir el beneficio o disfrutar de la economía que pudiera […] resultar» de una empresa común a los asociados (art. 1832). Una vez más, estamos ante una instrumentalización de la obra concreta realizada por la empresa, que no tiene otro propósito que obtener un beneficio. Esta instrumentalización se ha agravado a finales del siglo XX por el giro neoliberal de la corporate governance, que ha tenido por objeto y por efecto someter a las direcciones de empresa al objetivo único de creación de valor para los accionistas.

Esta privación total del sentido y del contenido del trabajo la encontramos también a escala de las naciones. Los fines encomendados al Estado social han sido también definidos cuantitativamente, en términos de aumento del producto interior bruto o de reducción de la tasa de paro. Se ha abandonado la aspiración a la democracia económica, que había marcado antes la historia social, o bien ha tomado la forma de nacionalizaciones, sin incidencia sobre el régimen de trabajo en el sector privado. El giro neoliberal iniciado hace treinta años no ha llevado a reabrir un debate democrático sobre la cuestión de saber qué producir y cómo producir, sino que ha establecido para los Estados nuevos objetivos numéricos de disciplinas presupuestarias o monetarias y de reducción de impuestos y prestaciones sociales.

Se ha abandonado la aspiración a la democracia económica, que había marcado antes la historia social, o bien ha tomado la forma de nacionalizaciones, sin incidencia sobre el régimen de trabajo en el sector privado

De modo que a tanto a escala de empresas como de naciones, la explotación del trabajo no descansa ya sobre la promesa de un enriquecimiento sino sobre la amenaza del desclasamiento, la pobreza y la miseria. En las empresas, esta amenaza toma la forma de lo que el Tribunal supremo francés ha llamado «la gestión por el miedo». En la esfera pública, consiste, tal como ha observado Jacques Rigaudiat, en utilizar la deuda como «un arma de disuasión social masiva».

Extendido así a empresas y naciones, el paradigma del trabajo-mercancía ha llevado a la reducción del perímetro de la justicia social a términos cuantitativos del intercambio salarial –intercambio de tiempo de trabajo subalterno contra garantías de seguridad física y económica–, y a excluir del mismo, por el contrario, estas dos cuestiones cruciales: ¿cómo y por qué trabajar? Dicho de otro modo, a excluir el trabajo en tanto que tal, su contenido y su sentido.

El trabajador en acción

Por supuesto, ello no quiere decir que tanto los trabajadores como los directivos de empresa sean de hecho indiferentes a estas cuestiones puesto que la mayoría sabe muy bien que, en el fondo, hacer dinero es todavía no hacer nada. Algunos de ellos se han comprometido recientemente para que la noción de «razón de ser de la empresa» se introduzca tímidamente en el derecho comercial. Y todas las encuestas muestran que muchos no están motivados solamente por el montante de su salario neto o de su activo circulante sino también por lo que  Maurice Hauriou llamaba en su teoría de la institución, una «idea de obra». Las empresas prósperas y duraderas son por otra parte aquellas que tienen una «razón de ser», en la que los trabajadores se pueden reconocer puesto que es ella la que confiere un sentido a su trabajo. Es necesario efectivamente que ese sentido sea percibido claramente por los que trabajan en esa empresa si quieren que su obra tenga éxito. ¿Por qué, se pregunta Franz Kafka en La Muralla de China, hubo que construirla por segmentos y no de forma lineal? Según el narrador, solo esta construcción fragmentaria podía dar sentido a la vida de los que, a diferencia de los que trabajan por jornal y cuya única perspectiva es su salario, estaban animados por el placer del trabajo bien hecho y la ambición de ver un día su obra acabada. De lo contrario, escribe, «la futilidad de un trabajo, que excedía el término natural de la vida de un hombre, los hubiera incapacitado para la obra». Esa futilidad es la que amenaza hoy a todos cuyo trabajo no tiene otra razón de ser que la financiera.

El análisis jurídico confirma de esta forma el diagnóstico pesimista de Cornelius Castoriadis:

Y esta actitud –hacer siempre lo mejor sin esperar un beneficio material– no está presente en el andamiaje imaginario del capitalismo. De ahí […] el vacío moral actual […]. Bajo esta perspectiva, el capitalismo vive agotando las reservas antropológicas formadas durante los milenios precedentes. Igual que vive agotando las reservas naturales.

Esta lúcida constatación debería llevarnos a repensar la justicia social en el siglo XXI. En su actual definición posee dos dimensiones: la distribución de las riquezas, que han aumentado y el reconocimiento de las identidades. Y, además, con la hegemonía cultural del neoliberalismo, la justicia cognitiva, vinculada al ser, ha hecho desaparecer de la agenda política la justicia distributiva, vinculada al tener. De ahí la urgente necesidad de reducir las desigualdades de riqueza, que han aumentado por la deconstrucción del Estado social. Pero por muy necesario que sea, este restablecimiento de la justicia distributiva no bastará para responder a los desafíos tecnológicos y ecológicos de los tiempos actuales. En efecto, hay que también tener en cuenta el carácter insostenible del modelo de desarrollo inherente a la globalización. En la perspectiva de una globalización respetuosa de la diversidad de culturas y de entornos naturales, conviene por tanto abrirse a una tercera dimensión de la justicia social: la de la justa división del trabajo que, vinculada a la acción, responde también al desafío provocado por la revolución informática.

Encontramos en la Declaración de Filadelfia una definición de esta justa división del trabajo, capaz de servirnos de brújula en estos tiempos de desorientación. Propone como objetivo a las «diferentes naciones del mundo» «emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo al bienestar común». Poderosa y hermosa fórmula, que conjuga la cuestión del sentido del trabajo, del «¿por qué trabajar?» (contribuir al máximo al bienestar común) y la de su contenido, del «¿cómo trabajar?» (tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos). La declaración define lo que desde Georges Canguilhem e Yves Schwartz, aunque en una acepción más amplia, hemos propuesto llamar una concepción ergológica del trabajo, es decir una concepción que, partiendo de la experiencia misma del trabajo, restaure la jerarquía de medios y de fines vinculando el estatuto del trabajador a la obra a realizar y no a su producto financiero.

A decir verdad, esta concepción sigue todavía presente no solamente de hecho entre todos aquellos que siguen trabajando lo mejor posible sin esperar un beneficio material, sino también de derecho, en el estatuto jurídico acordado en ciertas funciones. Es el caso del estatuto de las profesiones liberales, cuyos servicios no son (o al menos todavía no completamente) dejados a las leyes del mercado puesto que su calidad requiere el respeto de criterios técnicos propios a cada una de ellas. Es por tanto la naturaleza del trabajo la que manda sobre su régimen jurídico, mientras que su retribución permanece en principio inapreciable, justificando el pago de honorarios y no de salarios. Este estatuto está ahí para recordarnos que la ficción del trabajo-mercancía, como la de la tierra-mercancía, es reciente y no se materializó jurídicamente hasta el siglo XIX. Anteriormente, la noción de trabajo estaba reservada a tareas que no entrañaban la aplicación de cualidades incorporadas en la persona, hoy diríamos la aplicación de una cualificación profesional. Estas tareas eran el conjunto de las «gentes de pena», personas destinadas a trabajos penosos, o «gentes de brazos» (sin oficio, sin estado), las cuales, al contrario que las «gentes de oficio» podían ser identificadas con una cantidad de trabajo medida en el tiempo. Por el contrario, de aquellos cuya tarea suponía la aplicación de la inteligencia no se decía que trabajaban sino que ellos obraban, y la Enciclopedia de Diderot y d`Alembert clasificaba de esta manera en una misma categoría de «obreros» a artesanos y artistas, artes mecánicas y artes liberales.

El otro estatuto profesional que continúa escapando a la ficción del trabajo-mercancía es el de la función pública, regulada también sobre valores no mercantiles de interés general. Es interesante referirse a ella ya que algunos de sus rasgos parecen responder a problemas planteados por la revolución informática y la crisis ecológica. La crisis ecológica nos obliga a considerar el impacto del trabajo sobre ese bien público por excelencia que es nuestro ecúmeno. En cuanto a la revolución informática, su correcto uso supone la adhesión de todos los trabajadores a una obra común. Y es que el espíritu de servicio público reposa precisamente sobre esta idea de obra. El vínculo de subordinación no es un vínculo binario de dominación ya que la superior jerarquía se encuentra ella misma al servicio de lo público. Todo el trabajo en ese ámbito se encuentra regulado en torno a la realización de ese servicio, con el cual todos los agentes se identifican y que confiere una dignidad a la función de cada uno, por modesta que ésta sea. Este espíritu de servicio público es el que anima todavía a todos los agentes de una institución como el Colegio de Francia, y a quienes quisiera aquí rendir homenaje por su compromiso y dedicación a nuestra común misión de elaboración y de transmisión de conocimientos. Tal y como lo indica su cualificación jurídica, la retribución de quienes trabajan así en una misión de interés general no es sino un medio al servicio de ese fin: se trata de una remuneración cuyo montante debe permitirles vivir dignamente y no de un salario vinculado a la marcha del mercado de trabajo.

Los desafíos de la revolución digital y de la crisis ecológica nos sitúan al contrario a ver en ellos los gérmenes posibles de un nuevo estatuto del trabajo que incluya a su objeto –es decir a la obra culminada– y no solamente a su valor de cambio

Es bastante evidente que la función pública así concebida está hoy amenazada por la extensión del paradigma del trabajo-mercancía a todas las actividades que todavía se le escapan. Tal es el sentido del proyecto de reforma de la función pública que está en proceso de discusión, que prevé la apertura a la competencia del sector privado y el público para la ejecución de ciertas tareas de dirección o el recurso al contrato en vez de al estatuto «cuando la naturaleza de las funciones o las necesidades del servicio lo justifiquen». Los sindicatos desde hace ya tiempo han abierto ellos mismos la mano a esta ampliación reivindicando la igualación de la situación de los agentes públicos a la de los asalariados, siempre que esta última les sea más favorable. Pero es sobre todo una franja reducida, pero influyente, de la alta función pública –la de los oligarcas a la manera francesa– que ha comprometido a la misma en un proceso de degeneración corporativa, acumulando las ventajas de lo privado y de lo público, y cultivando la idea de una equivalencia funcional del servicio de interés general con el del mundo de los negocios. Esta fusión se refleja en Francia en el plan de estudios de la escuela de Ciencias Políticas, donde la noción de «asuntos públicos» se ha sustituido recientemente por la de «administración pública». Esta tendencia no ahorra las funciones gubernativas básicas. Al hilo de nuestro informe nos hemos encontrado con el caso pintoresco de la subcontratación de una empresa privada para el trabajo de redacción de la exposición de motivos de la ley de «movilidad». De forma mucho más frecuente, el trabajo de juez se halla hoy en competencia o relegado en el derecho norteamericano, o en los tratados internacionales de inversión, por los recursos a un mercado de arbitraje, que priva de facto a los justiciables de todo recurso a un tercero imparcial y desinteresado. Este caso es emblemático del carácter autodestructor del Mercado Total, porque no hay mercado concreto que pueda funcionar convenientemente en una comunidad política donde la justicia es ella misma gestionada como un mercado.

Esta dinámica del paradigma trabajo-mercancía nos podría llevar a ver en las formas de trabajo que aún se le escapan fósiles llamados a engrosar los manuales de historia del derecho. Pero los desafíos de la revolución digital y de la crisis ecológica nos sitúan al contrario a ver en ellos los gérmenes posibles de un nuevo estatuto del trabajo que incluya a su objeto –es decir a la obra culminada– y no solamente a su valor de cambio. O, por decirlo de otra forma, esos desafíos nos empujan a restaurar el orden de los fines y los medios, reemplazando la concepción mercantil del trabajo por la concepción ergológica subyacente en la Declaración de Filadelfia.

Vicky Ocaña: ‘Color de agua (13)’

 

Un caso de manual: el trabajo universitario

A modo de conclusión de este curso, les sugiero que exploren este camino llevando a cabo un caso práctico. Pero no un caso cualquiera, sino un caso de manual, que es lo que ahora les propongo, ya que se trata de la situación que he venido exponiendo aplicada al trabajo universitario. Tendrán la tentación de verlo por mi parte como una vuelta sobre mí mismo, y no se equivocarán, porque la apelación explícita a la experiencia personal nunca debe excluirse del campo de las humanidades. Pero la elección de este caso también se justifica por el hecho de que la transferencia a nuestras nuevas máquinas de todas las tareas relacionadas con el cálculo y la programación coloca el futuro del trabajo del lado del «trabajo creativo», al que está dedicada la cátedra de mi querido colega Pierre-Michel Menger. Los científicos ocupan solo una parte modesta de este vasto dominio, pero su situación es rica en lecciones sobre las condiciones más adecuadas para poner las máquinas al servicio de la inventiva humana y contribuir de la mejor manera al bienestar común.

Hace ya bastante tiempo que se viene reflexionando acerca de la situación del trabajo de los científicos. La controversia sobre esto se encuentra ya en Platón, para quien los sofistas, al cobrar por sus lecciones, se descalificaban al mismo tiempo que descalificaban su filosofía. En un hermoso libro titulado El precio de la verdad, Marcel Hénaff ha contado la historia de estos debates, desde la Antigüedad hasta el Siglo de las Luces. Pero este libro no hace justicia a la contribución crucial de gente de la Edad Media. En efecto, la condición jurídica de la profesión de científico nació con las primeras universidades en los siglos XII y XIII, y hoy seguimos siendo herederos de aquellas instituciones. Es cierto que este período estuvo, a su vez, marcado por una disputa entre los maestros seculares, que eran remunerados por los estudiantes, y los clérigos de las órdenes mendicantes, que proporcionaban su educación de forma gratuita. Estos últimos invocaban el adagio «Scientia donum Dei est, unde vendi non potest» (el conocimiento es un regalo de Dios, por lo tanto no se puede vender), proveniente de la lectura del Evangelio de Mateo X, 8. Pero los canonistas, representantes del Derecho canónico, consiguieron sin esfuerzo glosar este adagio de manera que legitimara la remuneración de los profesores universitarios. Con este fin, distinguieron entre “scientia” (conocimiento), que no podía venderse, y “labor” (trabajo) requerida por la educación, que, sin embargo, podía medirse y ser recompensada. Los propios recursos hermenéuticos se movilizaron cuando la invención de la imprenta dio paso a la posibilidad de que los autores recibieran una remuneración proporcional a la difusión de sus obras. Luego se hizo una distinción entre el derecho real generado por sus libros como un objeto material, fuente de ingresos legales, y su derecho moral, un derecho personal e intransferible, por ser caro o «sobrevalorado». Estas distinciones se han mantenido operativas hasta hoy, como muestra, por ejemplo, el extenso estudio que Gérard Lyon-Caen dedicó en 1965 a «la publicación de los cursos de profesores universitarios”.

A decir verdad, la cuestión de si los académicos pueden ser remunerados por su trabajo apenas merece consideración, por ser su respuesta tan obvia. Sin embargo, el problema es si el dinero que recaudan es el fin que persiguen o un medio para un fin: el conocimiento científico, que no tiene precio. En otras palabras, la pregunta es si el trabajo de los investigadores puede tratarse como una mercancía. A lo largo de estos años de enseñanza hemos visto que la dinámica del Mercado total iba en ese sentido. Se expresa de forma notable en el concepto de «mercado de ideas» acuñado por el llamado «Premio Nobel de economía» Ronald Coase, y que ahora es utilizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos para definir los marcos legales para la democracia o la religión. ¿Por qué entonces no admitir que la ciencia es también un mercado de ideas y que los científicos están a la venta del mejor postor?

Si el Derecho puede prescindir de bases científicas, la ciencia, sin embargo, no puede prescindir de bases jurídicas

Por analogía, uno puede objetar el peso de una tradición milenaria, que demuestra que la investigación científica gratuita no puede existir sin un marco institucional que la garantice y proteja. Desde finales del siglo XII, fue el Derecho canónico el que, para evitar que mezclásemos a Dios con el arreglo de las disputas humanas, prohibió el recurso a las ordalías e impuso el uso de las llamadas pruebas «racionales», cuya jerarquía anuncia la aparición de las ciencias experimentales. En la ciencia como en el derecho, la verdad solo se descubre a partir del cumplimiento de tres condiciones: es necesario probar los hechos alegados; deben ser interpretados; y estos descubrimientos deben ser probados por medio de su contrastación. Su característica común es establecer jurídicamente una «República de las Letras», es decir, un orden ternario que somete las relaciones entre sus miembros a una misma referencia en la búsqueda de la verdad. Al fijar y sancionar algunas de estas reglas, la Ley participa de lo que Robert Merton llamó «la estructura normativa de la ciencia». En pocas palabras, si el Derecho puede prescindir de bases científicas, la ciencia, sin embargo, no puede prescindir de bases jurídicas. Sé que será muy difícil convencer de esto a muchos de mis colegas, inclinados a reclamar libertad sin prestar atención a las condiciones institucionales que la hacen posible, pero lo intentaré.

Para que la investigación científica se desarrolle libremente debe ser reconocida jurídicamente como un fin en sí misma, por lo que su curso no debe verse obstaculizado por consideraciones políticas, ideológicas, económicas o religiosas. Como legado de la Ilustración y de los ideales de la República de las Letras esta consagración no fue desmentida, sino más bien fortalecida tras la experiencia histórica de Estados que, afirmando descansar sobre bases científicas (como la biología racial o el socialismo científico), trataron de prohibir o desacreditar cualquier investigación que se desviase de estos dogmas. Una experiencia rica de enseñanzas, que demuestra que la libertad de investigación no puede autofundarse. Necesita una base legal que le dé valor y protección, y no está en ninguna parte más amenazada que en un sistema normativo basado en la verdad científica oficial. Esta incapacidad de la investigación científica para autofundarse se explica, como Max Weber percibió adecuadamente, por el hecho de que el significado y el valor de las acciones humanas no están dentro del alcance de las ciencias naturales:

Las ciencias naturales […] dan por sentado que vale la pena conocer las últimas leyes del devenir cósmico, hasta donde la ciencia pueda establecerlas. No solo porque este conocimiento nos permite alcanzar ciertos resultados técnicos, sino sobre todo porque tiene un valor «en sí mismo», ya que representa precisamente una «vocación». Sin embargo, nadie puede demostrar esta presuposición. Menos aún podemos demostrar que el mundo que describen merece existir, que tiene un «significado» o que no es absurdo vivir en él.

Este «valor en sí mismo» del trabajo de investigación está reconocido por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en virtud de la cual «Las artes y la investigación científica son libres. Se respeta la libertad de cátedra” (art. 13). Por lo tanto, aquí es la investigación científica la que tiene una base legal, y no el derecho una base científica. Entre estas bases legales para la investigación científica gratuita se encuentra el estatus profesional reconocido por los investigadores. Desde la Edad Media, la búsqueda de la verdad ha sido tarea de una categoría particular de intelectuales que, desde el principio, reclamarán el reconocimiento de la dignidad e independencia de sus funciones. Desde el siglo XII, los juristas eruditos de las primeras universidades europeas se autodenominaron domini o señores, como los nobles y prelados. Los estatutos de estas primeras universidades ya garantizaban su autonomía. Para defender sus libertades y privilegios, la de París recurrió a la huelga y la secesión, cuyo derecho fue reconocido en 1231 por la bula Parens scientiarum. Un caso más cercano en el tiempo se dio cuando en la Inglaterra del siglo XVIII, el ideal del científico, tal como lo encarnaba Robert Boyle, era el del gentleman, cuya fortuna y estatus garantizaban independencia e imparcialidad con respecto de cualquier tipo de influencia, incluso la de especialización profesional. Condición considerada necesaria para que la verdad se busque como un fin en sí mismo, como un bien común, que es incompatible con la búsqueda de intereses económicos, políticos o religiosos. En Francia, fue la figura del académico la que encarnó al mismo tiempo este ideal aristocrático del científico, trabajando a la vez por el avance del conocimiento y el bien público.

Al formar un ethos común, el requisito de independencia e imparcialidad del científico se tradujo así en diferentes formas de acuerdo con la cultura jurídica específica de cada país. En nuestros días este ensamblaje institucional ha tomado en Francia la forma de cuerpos especiales de funcionarios públicos, que disfrutan tanto de empleo de por vida como de una gran libertad en el ejercicio de sus funciones. En países donde los académicos no dependen del Estado, sino de la universidad que los emplea, se han incluido garantías comparables en un marco contractual. Este es el caso de las tenures de las universidades estadounidenses, cuyo origen medieval es explícito, y que confieren a su titular libertad económica y seguridad laboral en la gestión de un cargo. Equivalente secular de lo que en Derecho canónico se definía como el beneficium adjunto a un officium. Los países con mayor actividad científica también son aquellos que otorgan a los investigadores profesionales un estatus profesional que combina libertad académica y seguridad laboral. Este tipo de situación a menudo se compara con el de los jueces, que también deben estar en condiciones de servir al interés general con plena independencia.

El estatus universitario continúa descansando en los valores aristocráticos cultivados por el mundo erudito desde el siglo XVII: el desinterés, imparcialidad, compromiso con el servicio del bien público. Estos valores están en las antípodas de los ideales mercantiles búsqueda del beneficio y maximización del interés individual

Sin embargo, la efectividad de este tipo de estatus depende del respeto a un código deontológico particular, que obliga a los académicos o magistrados a demostrar que son dignos de los privilegios que les corresponden. Por lo tanto, el principio de independencia de los profesores universitarios reconocidos en Francia por el Consejo Constitucional debe entenderse tanto como una fuente de deberes como de derechos. El estatus universitario continúa descansando en los valores aristocráticos cultivados por el mundo erudito desde el siglo XVII: el desinterés, imparcialidad, compromiso con el servicio del bien público. Estos valores están en las antípodas de los ideales mercantiles búsqueda del beneficio y maximización del interés individual. Forman parte de lo que Émile Durkheim llamó una «moral profesional», esencial según él para proteger una función social del «desencadenamiento de intereses económicos”. La erosión de esta moral, por lo tanto, tiene inevitablemente como resultado una formalización jurídica de las reglas de la profesión, como podemos ver hoy con el florecimiento de textos destinados a prevenir conflictos de intereses y fraudes en el campo de la investigación científica.

De hecho, este estatuto universitario, que combina libertad, seguridad y responsabilidad, está hoy amenazado por la asimilación de la educación superior y la investigación a un mercado sometido a los requisitos de rendimiento y competitividad.

Así, según los términos del artículo 179 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, esta última «tiene por objetivo fortalecer sus bases científicas y tecnológicas, mediante la realización de un espacio europeo de investigación en el que los investigadores, los conocimientos científicos y las tecnologías circulen libremente, y favorecer el desarrollo de su competitividad, incluida la de su industria, así como fomentar las acciones de investigación que se consideren necesarias en virtud de los demás capítulos de los Tratados». Aquí encontramos el fantasma de un orden político «basado» en la ciencia y la técnica. En la medida en que estas bases deben favorecer el desarrollo de la competitividad, es el orden competitivo el que se revela, sin sorpresa, como la base última, «determinante en última instancia», de este ensamblaje normativo. Estamos tratando con un sistema autorreferencial, ya que se supone que el imperativo de la competitividad es el resultado de un orden espontáneo descubierto por la economía. La investigación ya no es un fin en sí misma, sino un instrumento al servicio del logro de objetivos económicos. Está sujeto a los mismos métodos de gestión por objetivos que los implementados en empresas con fines de lucro.

La «organización científica del trabajo» inherente a la segunda revolución industrial no había afectado a los académicos. Hoy es diferente con la gobernanza por números que extiende el imaginario cibernético a todas las actividades humanas. Como cualquier trabajador, el investigador es tratado como un ser programable, sujeto al logro de objetivos cuantificados y comprometido en un proceso interminable de benchmarking, (evaluación comparativa), aplicando las recetas del new public management (la nueva gestión pública con modelos de gestión privados). Creer que un buen investigador es un ser programable significa que nunca se ha topado con alguno de ellos. Los mejores son absolutamente improgramables e impredecibles, al menos en sus obras. Esta es la razón por la que la programación de la investigación los obliga a gastar una energía demencial comparada con el tiempo dedicado a las preguntas que se hacen a sí mismos sobre sus propias investigaciones. Bergson, Valéry, Foucault o Bourdieu habrían tenido sin duda dificultades para producir sus obras si hubieran tenido que ejecutar así su pacto contractual.

Como cualquier trabajador, el investigador es tratado como un ser programable, sujeto al logro de objetivos cuantificados y comprometido en un proceso interminable de benchmarking, (evaluación comparativa), aplicando las recetas del new public management

Hoy esta contractualización de la financiación de la investigación va de la mano de la desestabilización de sus instituciones, cuyos recursos estables no han parado de reducirse y que están involucradas en un movimiento de reestructuración perpetua. Considerada demasiado costosa, la evaluación cualitativa del trabajo universitario tiende a ser suplantada por un enfoque cuantitativo, a base de indicadores: no solo indicadores bibliométricos, número de patentes o publicaciones en revistas revisadas por pares y otros índices h-index, cuya consulta permite evaluar publicaciones sin leerlas; sino también de indicadores de fund raising [recaudación de fondos], que en resumen dan el «precio de mercado» de los investigadores, alentados a incluirlo de manera prominente en su curriculum vitae, porque es una promesa de enriquecimiento para las instituciones que puedan reclutarlos. Según este criterio, Grigori Perelman, uno de los mejores matemáticos de su generación, que publicó su trabajo fuera de revistas revisadas por pares y rechazó los premios más prestigiosos, es un investigador que no vale nada.

La búsqueda de objetivos cuantificados se ha convertido también en la prioridad de las inversiones públicas en investigación. El más famoso de estos indicadores es el ranking de Shanghai, que, sin embargo, debe recordarse que es un subproducto de la planificación soviética y de las «cifras de control» del que se dotaba el Gosplan para medir en las principales áreas de actividad el progreso de la construcción del socialismo científico. Para mejorar su puntuación, Francia se ha embarcado en la fusión de instituciones de investigación dando lugar a enormes mastodontes que supuestamente mejorarán su lugar en este ranking. No hace falta mucha experiencia legal para predecir que estos combinats se derrumbarán tan pronto como dejen de estar nutridos con fondos públicos. Si el objetivo es que la investigación francesa salte a la cima de este podio mundial, sería suficiente con fusionar todas sus universidades en una sola, que podríamos denominar «Universidad de Francia». Si el objetivo es crear condiciones institucionales óptimas para la investigación, sería mejor idea apoyar a las comunidades de trabajo a escala humana, donde se puede cultivar el arte de la conversación científica que, como ha demostrado la historiadora Françoise Waquet, ha desempeñado un papel primordial en el surgimiento de nuevas ideas desde el nacimiento de la ciencia moderna. El Institut d’Études Avancées donde tengo la oportunidad de trabajar en Nantes es una institución de este tipo, que actúa con el objetivo de una verdadera globalización de la investigación en el campo de las ciencias humanas. Este Instituto, reconocido por colegas como uno de los mejores del mundo, se ve amenazado de normalización a corto plazo por la política de investigación pública del gobierno francés.

Los efectos perversos de la gobernanza de la investigación a partir de las cifras son de hecho bien conocidos: incitación al conformismo, confinamiento de la evaluación en bucles autorreferenciales, maquillaje de resultados que llegan hasta el fraude, etc. Un estudio de 2012 en el campo de la investigación biomédica mostró que la tasa de rechazos por fraude de artículos publicados en revistas científicas se había multiplicado por diez desde 1975. Los conflictos de intereses afectan en la actualidad a todas las disciplinas, incluida la investigación jurídica, a pesar de que los casos más conocidos en los últimos años han sido principalmente en las áreas de economía, biología y medicina. Esto genera en el público una duda cada vez mayor sobre la fiabilidad de los expertos científicos, una duda que no descarta a las instituciones más valoradas del mundo dentro del ámbito de la medicina, comenzando por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Consciente de esta creciente duda, el legislador vio en ello la oportunidad de asignar a las humanidades una misión que las alejara de la sospecha recurrente de inutilidad que se cernía sobre ellas. Según el artículo L.111-2 del Código de Investigación:

“La política de investigación a largo plazo se sustenta en el desarrollo de la investigación básica que cubre todo el campo del conocimiento. En particular, a las ciencias humanas y sociales se les dota de los medios necesarios para que puedan desempeñar su papel en la restauración del diálogo entre la ciencia y la sociedad”.

Por lo tanto, lo que sería fundamental en las humanidades y justificaría aún más su financiación sería promover las ciencias exactas. Muchos creen, además, que deben fusionarse por completo para merecer el nombre de «ciencia». Así, un informe reciente de la Alliance Athéna, que coordina todas las instituciones públicas de investigación en ciencias sociales, y con la finalidad de afrontar la radicalización religiosa, recomienda extender a los terroristas los métodos conductuales y neurobiológicos que se practican actualmente en animales. El problema es que, si bien hay muchos perros rabiosos, nadie ha encontrado un perro terrorista. El objeto propio de las ciencias humanas es el enorme aparato simbólico, técnico y lingüístico con el que está dotada la especie humana. El anclaje del homo faber en su aparato biológico es obvio, pero no puede reducirse a él sin hacer desaparecer el objeto que pretende esclarecer. Tampoco se puede reducir la medicina al arte veterinario.

La gobernanza por los números y el cientificismo se combinan hoy para amenazar la libre investigación en las humanidades. Y la mejor defensa contra esta amenaza es un estatus profesional que proteja al científico de las presiones económicas, políticas o religiosas. El estatuto y no el contrato es la condición para la libertad, la asunción de riesgos, el retorno crítico frente a los paradigmas establecidos y el pensamiento «mainstream», mainstream en el que, según la ex presidenta del Consejo Europeo de Investigación, solo nadan los peces muertos. Esta libertad, para desplegarse, necesita instituciones estables, que no se conciban como empresas que operan en un mercado universitario, sino como lugares de polinización del conocimiento y de serendipia. Instituciones donde la capacidad reflexiva de la ciencia no está amenazada por la hiperespecialización y por la primacía otorgada a la competencia sobre la cooperación. Es decir, instituciones cuya administración practica el arte del jardinero, presta atención a las condiciones de eclosión del genio propio de cada planta, y no el arte del pastor que empuña el palo para dirigir su rebaño.

Una vez que admitimos que nuestras nuevas herramientas pueden y deben conducir a la liberación de las capacidades de inteligencia de quienes las utilizan, el poder en la empresa debe dar paso a la autoridad, es decir, a un modo de organización jerárquica donde el gerente es responsable de la realización de un trabajo colectivo y el dinero es solo uno de los medios de su realización

Este arte de la jardinería es precisamente el que deberían cultivar todas las empresas que desean aprovechar al máximo las herramientas digitales y comprometerse en la transición ecológica. Frente a la bancarrota moral, social, ecológica y financiera del neoliberalismo, el horizonte del trabajo en el siglo XXI es el de su emancipación del reinado exclusivo del marchandise. El camino del futuro no es el de someter el trabajo de los hombres a máquinas supuestamente inteligentes, sino estimular y coordinar sus capacidades inventivas y organizativas, en otras palabras, otorgarles libertad en el trabajo. Cualquiera que sea la posición jerárquica de las personas, éstas deben tener una opinión individual o colectiva sobre lo que hacen y cómo lo hacen. Una vez que admitimos que nuestras nuevas herramientas pueden y deben conducir a la liberación de las capacidades de inteligencia de quienes las utilizan, el poder en la empresa debe dar paso a la autoridad, es decir, a un modo de organización jerárquica donde el gerente es responsable de la realización de un trabajo colectivo y el dinero es solo uno de los medios de su realización. Para que masas humanas enteras no sean relegadas a un «subempleo», la legislación laboral debe, por lo tanto, abrirse a ir «más allá del empleo». La ficción del trabajo-mercancía, que hace del trabajo un simple medio al servicio de los objetivos financieros, ya no es ecológicamente sostenible a escala planetaria. Debe dar paso a un estatuto del trabajo que combine libertad, seguridad y responsabilidad. La implementación de tal estatus laboral en las organizaciones productivas, incluso en las cadenas de subcontratación, supone que la responsabilidad de todos está vinculada al grado de libertad y seguridad que se les otorga, en otras palabras, a la capacidad de actuar que le es realmente reconocida.

Gracias al Colegio de France y gracias a una audiencia tan atenta y exigente, pude disfrutar de esta seguridad, usar esta libertad y sentir el peso de esta responsabilidad en el trabajo. Los académicos, por otro lado, a menudo se ven afectados por lo que podría llamarse «el síndrome de Josefina», tomar como una canción extraordinaria lo que en el fondo no es sino un chirrido bastante ordinario. Al emitir yo mismo desde hace demasiado tiempo chirridos de este tipo, simpatizo con Josephine cuando ella reivindica el derecho de no trabajar como todo el mundo. Pero el pueblo de ratones tiene razón al negarle este privilegio puesto que, en una sociedad justa, cada uno debe compartir su parte de penas y alegrías del trabajo. Estas penas además no serán eternas porque, con el tiempo –y estas son las últimas líneas del relato de Kafka–, Josefina «entrará, como todos sus hermanos, en la exaltada liberación del olvido».

[Traducción de Javier Aristu y Javier Tébar]

Si quiere consultar las notas de este artículo pulse aquí.

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Alain Supiot. Profesor Honorario del Colegio de Francia (2012-2019) y profesor emérito del Instituto de Estudios avanzados de Nantes. El texto corresponde a la lección de clausura impartida por Supiot en el Colegio, sesión celebrada el 22 de mayo de 2019.

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Origen:  ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS                              Por Ignacio Muro | julio 2, 2020 | 8 

Si las buenas ideas, las más adecuadas a cada momento, se impusieran por medio del contraste y del diálogo desinteresado, el mundo hace siglos que sería otra cosa. Pero, desgraciadamente, no son las mejores ideas las que, después de una pugna intelectual limpia, acaban siendo asumidas por todos. El viejo Marx nos avisaba de la existencia de una lucha desigual, en el que los grupos y clases dominantes se las apañan (con sus medios, con su fuerza, con su capacidad de comprar y seducir) para convertir en dominantes las ideas que justifican sus intereses y poder.

Mirando al presente, una cosa es lo que el mundo necesita y otra lo que saldrá de esta crisis. Una cosa lo que España necesita y otra el camino que resulte de la batalla de influencias partiendo de la desigualdad de fuerzas de los que defienden una cosa y la contraria, aunque a veces utilicen parecidas palabras.

Lo que España necesita es caminar hacia una economía más proxima, con un centro de gravedad más cercano que de un salto hacia una economía de más calidad, con unas empresas más inclusivas e innovadoras, más nuestras. No es nada ilusorio. El espíritu del momento nos ofrece una oportunidad de integrar tres objetivos en un remozado proyecto de pais:  el primero es disminuir la desigualdad social, verdadero handicap al desarrollo; el segundo, aumentar el musculo de nuestro sistema productivo y el tercero, mejorar el gobierno de las empresas creando climas laborales mas inclusivos y favorecedores de la innovación.

De alguna forma son retos que afectan a la denominada predistribución de las rentas, que son también exigencias institucionales para cambiar el  modelo productivo. En esa dirección, se plantean cuatro actuaciones concretas que son un ejemplo de ideas (otras muchas hay en otras facetas del cambio necesario) que muestran otra forma de afrontar los retos actuales.

A.- Creación de un Fondo Soberano para Inversiones Estratégicas

La definición y apuesta por sectores estratégicos exige reforzar la conexión entre impulsos públicos e interés general. Y ello requiere un nuevo consenso sobre el papel del sector público en estos momentos dotándole de un blindaje institucional suficiente y adaptado a las normas comunitarias.

Significa “repolitizar” la lógica pública pero no en el sentido partidista sino como  impulso de políticas publicas, siguiendo la lógica de la policy anglosajona. Requiere precisar qué sectores merecen un tratamiento prioritario (automóvil, sanidad, tecnológicas, agroalimentación, industrias creativas…), qué rol se le concede al capital público en este momento, qué exigencias comporta y cómo avanzar en el buen gobierno durante y después de pasada esta crisis, qué cuotas merece la pena conservar y en qué sectores y cuáles no.

La creación de un Fondo Soberano para Inversiones Estratégicas parece el instrumento financiero más adecuado para ese impulso, al tratarse de una fórmula muy utilizada por socios europeos desde la crisis del 2008, pues sus objetivos no priorizan obtener altas rentabilidades inmediatas sino garantizar una rentabilidad durante un largo periodo de tiempo, aunque sea más moderada. Esa estrategia ha permitido a Francia o Italia establecer alianzas y participaciones cruzadas con otros fondos soberanos (Noruega, China, Qatar…)  y captar capital tecnológico.

B.- Capitalizar los sacrificios no solo las aportaciones dinerarias

La desigualdad de los programas públicos (Alemania, Francia y los países centrales están multiplicando el tamaño de los programas de apoyo a sus empresas respecto a España) tendrá efectos perniciosos para la competitividad de los países del sur. De un lado, hace que peligre la libre competencia en el mercado interior de la UE. De otro, resulta evidente que las empresas alemanas podrán competir con muchas más ventajas que las españolas e italianas y agravar la desindustrialización del sur.

España debe compensar esas desventajas con un planteamiento social más abierto y decidido y acercarnos así a las prácticas inclusivas que aportan un plus de competitividad a las empresas alemanas y centroeuropeas. De alguna forma, se trata de encontrar formas de flexibilidad interna que resuelvan los ajustes sociales mediante una capitalización adicional a las compañías españolas. Es decir, mediante la monetización de sacrificios a cambio de participación y consenso en las decisiones estratégicas.

Dicho de otro modo: si para evitar despidos hubiera que asumir pérdidas salariales transitorias se debería fomentar soluciones por las que los trabajadores pudieran capitalizar esa renuncia y articularlo como aportaciones a un fondo social que permita monetizar ese sacrificio y capitalizarlo en acciones. Ese paso facilitaría la musculación de grandes empresas ubicadas en sectores estratégicos y estabilizaría y democratizaría el núcleo de poder corporativo mediante la participación de los trabajadores, colocándolo a salvo de OPAS agresivas.

Una vez saneada la economía, esas acciones podrían ser colocadas, o no, en el mercado, recuperando parcial o totalmente lo aportado, como cualquier accionista,  o retenidas parcialmente por los trabajadores como forma de consolidar la participación en “sus empresas”.

Esa participación podría instrumentarse a través de una sociedad intermedia como hacen los planes ESOP, tan populares en EEUU y los países anglosajones. Se trata de una medida especialmente adaptada para las PYMES como reconoce la UE en la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de enero de 2014.

Permite desarrollar un esquema inmediato de blindaje del sistema productivo y de supervivencia evitando sean adquiridas por empresas extranjeras sin incentivos a mantener la localización productiva mientras se prepara, a medio plazo, el relevo generacional en empresas familiares mediante la transmisión de la sociedad a los empleados.

C.- Fortalecer el estatuto de las empresas públicas

Es el momento de fortalecer el modelo de empresa pública que tenemos en España,  excesivamente subsidiaria y débil en la defensa de los intereses nacionales y excesivamente fácil de adaptar a los intereses partidistas del gobierno de turno. No podemos olvidar el vergonzoso caso de Endesa, empresa pública nacional de energía, que, siendo un actor estratégico de un sector crucial,  fue primero privatizada para acabar luego siendo una filial de la empresa pública de energía de otro país, Italia. La consecuencia de ese prodigio de desnacionalización es conocida: lo primero que hizo ENEL fue vaciar las arcas de la tesorería de su filial Endesa.

Las empresas públicas, (con participación de capital público de cualquier nivel municipal, regional, estatal) deben estar obligadas a escalar en las máximas cotas participativas y, al tiempo, ser vanguardia en modelos de gestión eficientes y profesionales para otorgar la máxima estabilidad y coherencia a los proyectos públicos. Esa nueva visión requiere, por supuesto, incorporar a las organizaciones del sector público dosis masivas de talento si se quiere que ejerza liderazgo en la recuperación.

Hay que impulsar una administración profesional que reinterprete “lo público” desvinculándola del planteamiento burocrático y centralizado desarrollada en el siglo pasado: la propiedad pública se debe identificar ahora con “participación social” lo que significa una gestión democrática realizada por los principales involucrados en su proyecto: principalmente sus trabajadores pero también proveedores, consumidores y otros representantes de la comunidad. Definiendo en cada caso la participación en el gobierno de aquellos “stakeholders” que sean identificables y representativos.

Pueden arbitrarse dos lineas de actuación: una solución pasaría por la definición de “contratos de empresa” en los que se acotase el interés público buscado y el control de sus resultados, con indicadores globales de creación de valor.  Otra, podría consistir en organizar el interés general desde la figura de Fundación que tiene la facultad de blindar su misión presentada como la ‘voluntad del fundador’, un recurso más armado que la mera descripción del objeto social incluido en los estatutos. Conviene recordar que es una fórmula empleada por muchos grupos relevantes, tanto en España (Mapfre, El Corte Ingles, Caixabank…) como en otros países europeos.

D.- Incentivar la reinversión productiva de los excedentes

El sistema impositivo español descarga su peso especialmente sobre los impuestos al trabajo mientras alivia la carga impositiva sobre las empresas. La subida de tipos en el Impuesto de Sociedades es una tarea inaplazable.

En este momento, sin embargo, tan importante es aumentar los recursos públicos como incentivar las decisiones que mejoren la capitalización de las empresas y la inversión productiva sobre el reparto de dividendos. Dada la complejidad de la coyuntura, parece conveniente combinar la subida de tipos con otras medidas que compensen parcialmente sus efectos mediante desgravaciones para los beneficios no repartidos.

Un camino sería multiplicar la denominada “reserva de capitalización” que permite reducir la base imponible del ejercicio en un porcentaje (hoy del 10%) del incremento de los fondos propios. De forma que las empresas que intensificaran los recursos productivos vieran compensados una parte significativa de la subida de tipos del impuesto.

La conclusión es evidente: ideas hay. Solo falta que seamos capaces de captar apoyos suficientes hasta convertirlas en tareas de gobierno, que no es poca cosa.

@imuroben

 

 

 

Origen:  ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS                            Por Ignacio Muro | junio 10, 2020 | 8 

El repliegue de la globalización es un hecho, al menos la identificada con pautas multilaterales. El orden internacional olía y huele a unilateralismo y a la ley del más fuerte.

Pero la crisis del Covid19 ha matizado las pautas del nacionalismo neoconservador representada por las diferentes versiones de “nosotros, primero” (EEUU, Reino Unido, Italia, Brasil…) al otorgar al estado el papel de actor económico de última instancia, como prestamista, proveedor y garante de actividad.

Esta crisis ha introducido un nuevo matiz en la lógica local/global que augura cierto consenso. La ruptura de las cadenas de suministro reclama un modo de producción con un centro de gravedad más próximo, es decir una economía más autocentrada, y eso supone un cambio esencial en la globalización económica. Significa, en primer lugar, que se asume y reconoce la existencia de sectores estratégicos (alimentación, sanidad, energía…) como articuladores de un proyecto de pais. No es admisible un futuro en el que el 80% de los principios activos de todos los medicamentos que consumen los europeos se sigan produciendo en China e India.

También significa que se favorecerá un proceso rápido de ‘relocalizaciones” de modo que una parte mucho mayor del abastecimiento de la cadena de suministro se atienda mediante proveedores cercanos. Los clusters de cercanía ganan peso cuando se requieren lógicas de abastecimiento más seguras y no solo más baratas. Esas actuaciones estarán incentivadas mediante políticas públicas. El ejemplo más reciente es el paso dado por Japón, cuyo paquete de medidas de estímulo incluye una abultada partida para subvencionar el retorno de compañías japonesas que fabrican en China.

Empresas nacionalizadas: entre la socialización de pérdidas y el control público.

La idea de una economía autocentrada significa, por último, el fin del tabú respecto a la nacionalización de empresas, que ahora defienden incluso gobiernos conservadores como el método adecuado para garantizar la actividad y el empleo. Por un lado, anticipa una nueva oleada de socialización de pérdidas; por otro, una oportunidad para replantearse el control público de empresas estratégicas.

Pero no nos engañemos. Incluso después de 20 años de fanatismo neoliberal muchos grandes países han conservado el control de empresas estratégicas. En las recientes relocalizaciones de plantas, en especial en el sector del automóvil, pesan no solo el “efecto matriz” sino tambien la presencia de los estados en su accionariado. En el grupo Volkswagen, el Estado de Baja Sajonia retiene el 12% de las acciones con un 20% de derechos de voto y en Renault, es el estado francés el que mantiene el 15% de acciones con el 20% de derechos de voto. La negativa de Renault a fusionarse con el grupo Fiat/Chrysler estuvo motivada por el miedo a  la excesiva dilución de capital público francés en el conglomerado resultante.

Otro caso.La reciente compra de la división de fabricación de trenes de la canadiense Bombardier por la francesa Alstom fue posible porque la CDPQ (la Caja de Depósitos de Quebec) una institución financiera pública canadiense que era, con el 33%, la principal accionista de Bombardier, mantenía el 18% del capital en la nueva Alstom, una posición relevante como primer accionista, superando el 10% de Bouygues, principal grupo privado francés, lo que le garantizaba un control sobre las políticas de producto, alianzas y de asentamiento industrial.

De alguna forma, la lógica del estado emprendedor de Mariana Mazucarto se ha instalado en las mentes de las clases dirigentes a medida que el mercado se ha evidenciado incapaz de organizar el reparto de recursos a largo plazo, algo lógico en un contexto en el que convergen transiciones medioambientales, tecnológicas y sociales que provocan rupturas imprevisibles y añaden un alto riesgo a las decisiones estratégicas. En un momento así, se asume como un imperativo que el sector público dirija la economía y apueste decididamente por la presencia en determinados sectores.

Una España enmarañada en los tópicos neoliberales

Es el momento de fortalecer el modelo de empresa pública que tenemos en España,  excesivamente subsidiaria y débil en la defensa de los intereses nacionales y excesivamente fácil de adaptar a los intereses partidistas del gobierno de turno. La definición y apuesta por sectores estratégicos exige saltarse tópicos y reforzar la conexión entre impulsos públicos e interés general.

No podemos olvidar el vergonzoso caso de Endesa, empresa pública nacional de energía, que, siendo un actor estratégico de un sector crucial,  fue primero privatizada para acabar luego siendo una filial de la empresa pública de energía de otro país, Italia. La consecuencia de ese prodigio de desnacionalización es conocida: lo primero que hizo ENEL fue vaciar las arcas de la tesorería de su filial Endesa.

La presencia pública no tiene por qué ser solo una garantía de último recurso sino guiar, en momentos importantes, actuaciones de interés general.  En España el caso de Bankia ofrece otro contraste paradigmático. Si el Estado controla a través del FROB el 70% del capital social no se entiende que no ejerce ese poder cuando, en esta crisis, necesitaba un banco público con capacidad para garantizar una gestión rápida de los programas de avales y subvenciones, y que se haya “olvidado” de utilizarlo como palanca ante las evidentes dificultades del ICO.

Que ese “olvido” corresponda a un gobierno progresista indica hasta qué punto estamos maniatados por prejuicios ideológicos que nos incapacitan para entender el mundo en el que nos adentramos.

No será posible ningún pacto social de reconstrucción si no se impulsa un nuevo consenso sobre el papel del sector público dotándole de un blindaje institucional suficiente y adaptado a las normas comunitarias.  Y ello obliga a explicitar y precisar qué rol y qué límites tiene el capital público en ese trance, qué exigencias comporta y cómo avanzar en el buen gobierno durante y después de pasada esta crisis, qué cuotas merece la pena conservar y en qué sectores y cuáles no.

Hoy el progreso pasa por relanzar ese debate.

Fortalecer el estatuto de lo público

Ello pasa por definir una administración “ad hoc” a la que estarían sujetas las empresas públicas para hacer de ellas organizaciones que combinen “interés general” con administración autónoma.  Una solución pasaría por la definición de “contratos de empresa” en los que se acotase el interés público buscado y el control de sus resultados, con indicadores globales de creación de valor. Otra solución podría consistir en organizar el interés general desde la figura de Fundación que tiene la facultad de blindar su misión presentada como la ‘voluntad del fundador’, un recurso más armado que la mera descripción del objeto social incluido en los estatutos. Conviene recordar que es una fórmula empleada por muchos grupos relevantes, tanto en España (Mapfre, El Corte Ingles, Caixabank…) como en otros países europeos.

Las empresas públicas, (con participación de capital público de cualquier nivel municipal, regional, estatal) deben estar obligadas a escalar en las máximas cotas participativas y, al tiempo, ser vanguardia en modelos de gestión eficientes y profesionales para otorgar la máxima estabilidad y coherencia a los proyectos públicos. Ello requiere incorporar a las organizaciones del sector público dosis masivas de talento si se quiere que ejerza liderazgo en la recuperación. La colaboración pública-privada no puede poner los servicios públicos al servicio de lógicas mercantiles cortoplacistas.

Hay que impulsar una administración profesional que reinterprete “lo público” desvinculándola del planteamiento burocrático y centralizado desarrollada en el siglo pasado: la propiedad pública se debe identificar ahora con “participación social” lo que significa una gestión democrática realizada por los principales involucrados en su proyecto: principalmente sus trabajadores pero también proveedores, consumidores y otros representantes de la comunidad. Definiendo en cada caso la participación en el gobierno de aquellos “stakeholders” que sean identificables y representativos.

Los sindicatos del sector público no pueden seguir comportándose como “defensores de intereses de parte”, están obligados a interiorizar un nuevo papel e intentar liderar una propuesta de objetivos y metas que ofrezca alternativas a los otros interesados en su futuro. Y eso significa asumir que las empresas públicas deben combinar participación y profesionalidad si queremos impulsar, una economía sostenible como expresión de interés general.

De alguna forma hay que aprovechar esta oportunidad para debatir sobre cuales son nuestras necesidades estratégicas y en los cambios del modo de propiedad como parte de las necesidades del momento. Ese es el reto hoy.

 

PUBLICADO EN CONTEXTO 30/04/2020

 

José Fernández Rodríguez, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO

Agustín Martín Martínez, secretario general de la Federación de Industria de CCOO

Vicente Sánchez Jiménez, secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO

Eddy Sánchez Iglesias, profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM

 

Frente a las políticas de austeridad, existe otro camino: trabajar la productividad, consistente en hacer más con menos, y la innovación, que es hacer cosas nuevas y mejores que las que existían antes

A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra apuesta es recuperar el espíritu de la prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes permitirte pagar 4 euros al mes, apoya a CTXT. ¡Suscríbete!

La crisis sanitaria desatada por la Covid-19, junto a las dificultades de abastecimiento de bienes básicos y elementos sanitarios esenciales, ha demostrado la fragilidad de un modelo productivo que apostó todo por el sector turístico y de servicios en detrimento de la industria, siendo en estos momentos las fábricas localizadas por todo el territorio, un puntal básico para garantizar los elementos físicos que permitan mantener la salud de la población.

Las consecuencias derivadas de la pandemia traerán consigo un escenario de crisis social y económica sin precedentes, como ya todo el mundo ha advertido. Por ello, debemos afrontar el reto de superar los efectos ocasionados por esta enfermedad global, pero esto sólo se logrará en las sociedades que tengan organizaciones productivas propias que lo permitan. Objetivos que solo serán posibles sobre la base de una reindustrialización del país que avance hacia una ‘Nueva España Industrial’.

Debemos afrontar el reto de superar los efectos ocasionados por esta enfermedad global, pero esto sólo se logrará en las sociedades que tengan organizaciones productivas propias

Nuestra capacidad para salir de la crisis, para construir una sociedad más justa, más ecológica, una sociedad en la cual sea posible alimentarse, desplazarse, tener una vivienda, calentarse, curarse, educarse, informarse, investigar, producir, no se parecerá a la de hoy.

Es absurdo continuar por la vía de proyectos económicos ya fracasados. Frente al ajuste salarial o las políticas de austeridad, existe otro camino, relacionado con trabajar la productividad, consistente en hacer más con menos, y la innovación, que es hacer cosas nuevas y mejores que las que existían con anterioridad.

Durante el desarrollo de la actual crisis sanitaria, se ha observado cómo las economías que contaban con sectores industriales más potentes y sectores públicos dinámicos y no jibarizados, están siendo las más preparadas a la hora de afrontar las consecuencias desatadas por el coronavirus, situándose en mejores condiciones para resistir a la crisis económica.

El fortalecimiento de la industria y los servicios públicos constituye una necesidad estratégica y una condición indispensable para la reconstrucción social y económica del país, esfuerzo que se dirige al logro de tres objetivos concretos: la protección de la salud de la sociedad y de los trabajadores, reconstruir social y económicamente el país y, por último, afrontar el reto de la doble transición ecológica y energética, por una parte, y digital, por otra.

La industria y los servicios públicos pueden generar el gran crecimiento de la productividad necesario para reiniciar un desarrollo sostenible y la recuperación del empleo, así como la reconstrucción económica en torno a un nuevo modelo productivo más fuerte.

Para impulsar una industria sobre bases nuevas, es necesario revitalizar la política industrial como instrumento central de política económica, que defina un nuevo marco de intervención pública, por medio de tres objetivos concretos a perseguir:

En primer lugar, se busca diversificar la estructura sectorial incorporando ramas o segmentos de mayor complejidad tecnológica (vertiente horizontal).

En segundo lugar, incrementar el contenido local del producto final, al controlar y dominar más fases del proceso de fabricación final dentro de las cadenas de valor global (vertiente vertical).

En tercer lugar, renovar la base técnica y organizativa de las actividades industriales.

No se trata de defender un marco de intervención ya caduco, sino que respondan a la necesidad de alcanzar con éxito tres prioridades estratégicas: situarse en segmentos de alto crecimiento mundial y con mucho empleo; basarse en tecnologías en las que España dispone de bases propias; y por último, que se concreten en necesidades, objetos, productos o servicios, que responden a una demanda actual o futura centrados en la solución de los nuevos problemas sanitarios, económicos, sociales, territoriales y medio ambientales que nos afectan.

La defensa de una ‘Nueva España Industrial’ es la apuesta por renovar nuestra producción, proponer nuevos objetos y nuevos servicios, en especial apostar por seis sectores motores:

1. La sanidad y la economía del ser vivo, por medio del desarrollo de la oferta industrial en sanidad y biotecnologías, con nuevos dispositivos médicos y equipamientos sanitarios.
2. La transición energética, a través de la renovación térmica de edificios, las energías renovables, las redes eléctricas inteligentes, la calidad del agua y la gestión de la escasez.
3. El conjunto de proyectos relativos a los transportes ecológicos, como el automóvil para todos y todas con un consumo limitado, el vehículo eléctrico, el avión eléctrico y la nueva generación de aeronaves, la autonomía y potencia de las baterías, los vehículos de pilotaje automático y los nuevos materiales de construcción como la fibra de carbono.
4. Los nuevos sistemas digitales como el impulso a las nanotecnologías, la nanoelectrónica o la nanofabricación, la realidad aumentada, los objetos conectados, los servicios sin contacto, las impresoras en 3D y el cloud computing.
5. Es necesario diseñar una política de infraestructuras logísticas y de transporte por medio del fomento de un sistema multimodal integral, que permita combinar los distintos modos de manera más eficiente y sostenible, aportando valor añadido a la cadena de suministro.
6. Añadir la construcción de mejores redes de comunicación, física y digitales, para potenciar el desarrollo industrial de la ‘España vaciada’, cuestión básica para la estabilización de la población en el terreno, impulsando la industria agropecuaria y forestal.

Prioridades para un verdadero pacto de Estado y que serán el punto de convergencia de todos nuestros esfuerzos, el punto de encuentro de todas las fuerzas productivas, de investigadores, ingenieros, diseñadores, trabajadores de todos los sectores de actividad concernidos, pequeño y mediano empresariado productivo, alianza que constituirá un pilar en la urgente reconstrucción social y económica del país.

La crisis del Covid19 ha interrumpido los trabajos desarrollados desde la Plataforma por la Democracia Económica que estaban encaminados a construir una propuesta del armazón normativo imprescindible para impulsar la participación de los trabajadores españoles en las empresas.

Nos parecía imprescindible hacer una revisión histórica de lo que ha supuesto ese camino en otros países y hacer un esfuerzo para actualizar sus planteamientos y concretarlos para España. Para que el fruto de ese propósito fuera un éxito y, sobre todo, para que facilitara un debate político sobre su alcance y contradicciones, había que imaginarlo primero y mejor con todo detalle.

Hemos cubierto buena parte de las vertientes de un proyecto legislativo, desde la exposición de los motivos que justifican dar un paso en ese sentido aquí y ahora, hasta los capítulos y los apartados que deberían formar parte imprescindible de un proyecto de ley, con sus respectivos comentarios, incluido un análisis comparado de las mejores experiencias desarrolladas en los diversos países occidentales.

Un procedimiento intenso y abierto y mas de un año de trabajo habían culminado en la octava versión de un documento con el título “Hacia una ley que impulse la participación de los trabajadores en las empresas” al que se puede acceder desde estas líneas. No es todavía un producto final pero está muy cerca de serlo.

Se trata de una obra colectiva, sometida a un largo proceso de enriquecimiento y filtrado, que acababa de enriquecerse con las aportaciones de un muy selecto colectivo formado por 70 especialistas cualificados en economía y derecho laboral y societario, empresarios y directivos de áreas de RSC en grandes empresas, dirigentes sindicales y de instituciones de economía social y otros representantes de la academia. La alta participación conseguida (con más del 50% de respuestas) y, sobre todo, la alta calidad de las sugerencias y comentarios recibidos son, en sí mismas, un reconocimiento de la entidad del trabajo en curso.

Concluida esta primera fase volcada en mejorar la sustancia de la propuesta, correspondía ahora iniciar una segunda que pretendía recabar el apoyo público en nuevos espacios: de un lado, presentarlo a otras instituciones y personalidades relevantes partidarios de la empresa inclusiva y, de otro, captar la atención del máximo número de ciudadanos mediante la divulgación de sus lineas maestras en los medios de comunicación.

El propósito era disponer de un borrador final que sería presentado formalmente a los representantes de las fuerzas sociales y políticas en el último cuatrimestre de este año con la confianza de que despertara su interés y pudieran incorporarlo, en lo posible, a la próxima agenda legislativa.

Obviamente, en las actuales circunstancias de crisis sanitaria y económica, no nos queda más remedio que esperar a cómo se desenvuelven los próximos meses para ajustar nuestro programa a la nueva realidad.

En cualquier caso, estamos convencidos de que es en las crisis donde se producen las encrucijadas decisivas para la humanidad. Y que solo si salimos de ésta en la dirección que potencia una empresa inclusiva podremos salir fortalecidos en un proyecto país.

En los peores meses de la pandemia ha quedado demostrado el valor de ciertos grupos sociales que en situaciones “normales” son ignorados o despreciados, y que han asumido la tarea de salvar las vidas de nuestros seres queridos y conseguido que la sociedad y las empresas sigan funcionando. La aportación de fondos públicos en proporciones ingentes ha sido la otra pata que nos ha permitido parar el primer embate de la crisis, pero que puede terminar lastrando el futuro de todos en especial de los más jóvenes. Llega el momento decisivo en el que, por encima de cualquier retórica, hay que dar pasos prácticos que resignifiquen el papel del trabajo en las empresas y del sector público en la economía.

El espíritu del momento reclama transparencia y democratización por muchas razones que convergen en una misma idea: si se comparten los sacrificios hay que compartir el control sobre las decisiones. Empieza a ser imprescindible impulsar una empresa y una economía más participativa.

No sabemos cuan lejos llegará la iniciativa que defendemos, nadie lo sabe. Pero, si consiguiera poner de algún modo estos principios en la agenda social el camino habría ya merecido la pena.

Ignacio Muro Benayas

Plataforma por la Democracia Económica

Octubre de 2020