Presentació,

Perspectiva nº 9:

 

Xavier Navarro

Secretario de Comunicación de la FSC-CCOO Catalunya

 

 

 

Hablar de clases, de clase trabajadora, de ciudadanía como sujeto de derechos y de sindicato como expresión organizada de la clase, nos lleva a hacer un debate interesante y aún más en los momentos que vivimos. Con este modesto escrito, quiero plantear algunos apuntes útiles para la reflexión y enmarcar el debate que se propone en este número de PERSPECTIVA.

La clase trabajadora no surge como el sol y la luna, a una hora determinada, sino que es un proceso de construcción y de cambio donde intervienen diferentes elementos. Hablamos de clase y no de clases porque al hablar en plural hacemos expresiones muy descriptivas sobre diferentes situaciones y fenómenos pero se elude el concepto globalizador y unificador. La clase es un fenómeno histórico unificador, algo que se conforma en la medida que personas con experiencias comunes tienen la necesidad de articular los intereses entre ellos y frente a otros intereses diferentes y contrapuestos. Las relaciones productivas están inmersas en un cambio profundo, generando por tanto, un proceso de cambio, no concluido, de lo que hasta entonces entendíamos y identificábamos como clase trabajadora.

Debemos ser conscientes de que el sentimiento de grupo conforma la clase, en un elevado grado. La vinculación emocional, de pertenecer a un grupo. La conciencia es la forma en que se traducen sistemas de valores, ideas… y organizaciones como formas institucionalizadas. La conciencia de clase se conforma en diferentes lugares y ámbitos, pero nunca de la misma manera ya que las experiencias son diferentes. Hoy tenemos una clase en mutación, en plena transformación porque lo que la conforma (las experiencias) han modificado profundamente con los cambios importantes en las relaciones productivas.

La organización, la expresión organizada de la clase, es decir, el sindicato, en sus análisis somos capaces de ver los cambios sociales y productivos, a veces un poco a contrapié, y somos también capaces de hacer breves descripciones de la realidad, pero, en cambio, no avanzamos tanto como deberíamos en la adecuación de la organización a ésta nueva y cambiante realidad, para intervenir en ella, para hacer actuaciones y discursos que permitan generar vínculos emocionales favorecedores de la conciencia entre los trabajadores y trabajadoras no vinculados al modelo productivo que lo hizo nacer.

Un último elemento estrechamente ligado a los anteriores, es la necesaria e importante incidencia de la clase en la política, porque necesitamos posibilitar que el mundo del trabajo vuelva a jugar un papel central en la política, en el discurso y la acción política de las fuerzas que se reclaman como alternativas y transformadoras.

Estos cambios se producen en el marco de la intensa ofensiva conservadora del capital financiero, que tiene por objetivo destruir derechos laborales y la privatización o destrucción de sus conquistas sociales que generalizadas y universalizadas han conformado hasta la fecha los derechos de ciudadanía en una sociedad democrática.

El debate planteado es, pues, pertinente y necesario, y más aún en el marco del debate del proceso congresual que viven el conjunto de las CCOO. Deseamos pues, que las diferentes aportaciones no queden en un interesante ejercicio intelectual sino que ayuden a elaborar estrategias que permitan abordar los retos que se plantean.

En el conjunto de los artículos, encontraremos aportaciones y reflexiones, no todas coincidentes, con un carácter global, y otros que parten de realidades concretas (las pluralidades que nos referíamos al inicio de este escrito): cultura, infancia, juventud, feminismo como un importante factor que aporta elementos importantes en la configuración de la clase….,  todas ellas complementarias y que dan pistas y pie a otros debates que abordaremos desde PERSPECTIVA.

Barcelona, 13 de Enero de 2017

 

Paco Rodríguez de Lecea

Escritor y ex-Secretario de Organización de CCOO Catalunya

 

 

 

«Si el trabajo industrial llegó al apogeo de su emancipación en el momento en que las leyes fundamentales de las democracias contemporáneas hicieron de él la fuente de legitimación de la ciudadanía, la sociedad de los trabajos y los derechos de ciudadanía pertenece también a quien busca trabajo y, pese a tener tal vez un derecho a él constitucionalmente reconocido, no lo encuentra; a quien lo pierde tal vez injustamente, y a quien, más por necesidad que por elección, tiene muchos trabajos y todos distintos.» Umberto Romagnoli (1)

 

I. Del trabajador al ciudadano

La conexión entre trabajo y ciudadanía es una idea rigurosamente contemporánea. Cuando Jordi Pujol expresó, en algún momento de los primeros años ochenta del siglo pasado, los términos de la cuestión en la frase «Son catalanes quienes viven y trabajan en Catalunya», no estaba innovando, pero sí trasladando al lenguaje de la calle algo implícito en una flamante Constitución que definía España como un “Estado social de derecho” y una “democracia avanzada”, y reconocía rango jurídico constitucional a la actividad de los sindicatos democráticos. Trabajar en Catalunya representaba en aquella circunstancia histórica la prueba de un arraigo en el país que determinaba la posesión, sin más requisitos, de unos derechos de carácter civil. El derecho a elegir y a ser elegido para toda clase de cargos públicos, por supuesto, pero también otros más intangibles asociados con la pertenencia a un colectivo en el que todos participan, todos son copartícipes en la misma medida.

En el mundo antiguo las cosas no eran así. Trabajo y ciudadanía existían en la Roma republicana, pero eran incompatibles entre ellos. El trabajo marcaba a fuego a los siervos; la ciudadanía era el signo de los hombres libres, para los que el ocio era inseparable de la dignidad, otium cum dignitate. Estuvo restringida desde tiempos remotos a algunas familias cuya preeminencia era debida por lo general a la propiedad privada de grandes fincas rústicas y urbanas. Su extensión más allá de ese círculo originario de latifundistas y propietarios fue un honor que se concedió de forma paulatina a los habitantes destacados de otras ciudades, o bien latinas o bien aliadas, con gradaciones y matices bastante complejos (2). Así fue hasta que la expansión del imperio, con las nuevas exigencias concomitantes de relación, administración y comercio, fue rompiendo los viejos moldes hasta llevar al emperador Caracalla, en 212 d.C., a extender la ciudadanía de pleno derecho a todos los varones libres del territorio administrado por Roma. Las mujeres romanas libres nunca tuvieron plenos derechos de ciudadanía. No votaban, ni eran elegibles para los cargos públicos. Tampoco estaba bien vista su presencia en el foro durante las discusiones políticas. La virtud romana de la pudicitia las recluía en el hogar, como el joyel más preciado para adorno del marido.

El nuestro no es, evidentemente, el modelo romano de ciudadanía. La propiedad ya no es una clave de acceso a los derechos, si bien conserva numerosas prerrogativas fácticas. El género tampoco es en principio una restricción, aunque se mantienen numerosas trabas de hecho a la participación plena de las mujeres en la vida de la polis. Ya que no por pudicitia, sí en cambio muchas mujeres se ven arrinconadas en el cuidado del hogar y en el de la prole por fallas importantes en los mecanismos de conciliación de los horarios laborales y familiares, o por el hecho de que leyes progresistas como la de dependencia hayan quedado en el limbo de lo inédito a falta de asignación presupuestaria para llevarlas a cumplimiento.

La principal novedad en el moderno concepto de ciudadanía, no obstante, es el acceso a unos derechos comunitarios a partir del trabajo remunerado por cuenta ajena. El contrato de trabajo ha sido el gran pasaporte moderno a los derechos de ciudadanía. Así ha sido sobre todo durante el ciclo largo de prosperidad económica subsiguiente al final de la segunda guerra mundial. Los grandes símbolos emblemáticos de aquel paradigma fueron la fábrica fordista, que “encuadraba” y aglutinaba a la fuerza de trabajo en grandes unidades que funcionaban con plena autonomía respecto de la administración, y el Estado social, que velaba por la armonía de medios y fines y por la distribución adecuada de la riqueza generada por el sistema fabril. Las dos instituciones funcionaban desde años atrás, pero fue en el tiempo preciso de la posguerra mundial cuando cristalizaron en un “modelo” característico de vida y de orden social, bajo la guía de la socialdemocracia. Entre la fábrica y el Estado se sustanció un pacto solemne de colaboración leal a cambio de protección. Fue un pacto cuestionable en algunos aspectos; el que más, el hecho de que los derechos civiles que el empleo fijo concedía “fuera” de los límites de la fábrica, no tenían valor en el interior del recinto. La justicia social y la democracia plena esperaban en la calle; de puertas adentro, reinaban la jerarquía y la sumisión incondicional exigidas por una organización “científica” del trabajo que distribuía de forma inflexible los roles de dirección y los de ejecución.

Pero aquel fue un pacto “inclusivo” en el sentido de que todos cabían, todos estaban implicados en él. Vinieran de donde vinieren, fueran cuales fueren sus circunstancias personales y familiares, su sexo, su nacionalidad, sus creencias, su cultura y sus expectativas, se aseguraba a todos (o a casi todos) los trabajadores y las trabajadoras unos beneficios indirectos que venían a complementar y dar una relevancia especial al salario, pingüe o magro, que constaba en la nómina de la empresa: derechos a la vivienda, a la salud, a la educación, a una pensión al final de la vida activa, y también a la libertad de opinión, de expresión y de asociación, y a la participación social y política sin restricciones.

II. Un cambio de paradigma con seísmo incorporado

El “pacto welfariano”, la fábrica fordista y en cierto modo también el Estado social, por lo menos tal como lo habíamos conocido, han pasado a la historia. Con la rapidez y la brutalidad de un seísmo, han cambiado radicalmente los parámetros del modo de producción dominante en las sociedades avanzadas. No es posible dentro de los límites de este artículo analizar los orígenes y las causas – tecnológicas y de otros órdenes – responsables de ese seísmo; por lo demás, el lector encontrará con facilidad bibliografía abundante sobre las mismas. Baste solo, a los efectos de lo que se ha afirmado antes acerca del binomio trabajo-ciudadanía, señalar las siguientes consecuencias:

O         La economía productiva ha cedido la primacía a la economía financiera, porque los avances tecnológicos han puesto en manos de las finanzas transnacionales herramientas capaces de generar beneficios antes inimaginables, a través de operaciones no productivas sino especulativas. Lo que ocurre hoy con la producción viene a ser, en cierto modo, similar a las carreras de caballos: el resultado en el hipódromo carece de importancia en comparación con lo que sucede en las casas de apuestas.

O         Los procesos de producción de bienes y servicios se han deslocalizado. Las nuevas máquinas permiten una gran movilidad, flexibilidad y versatilidad de la producción, de modo que las grandes empresas pueden externalizar procesos parciales o completos, e incluso secciones vitales de su estructura. La vieja fábrica, con sus muros, sus naves y sus chimeneas, ha hecho explosión y sus restos se han dispersado en muchos (a veces decenas de miles) kilómetros a la redonda. Con su “cuerpo” también se ha dispersado su “alma”, el conjunto de personas reunidas allí y organizadas para llevar adelante la producción.

O         El Estado, por su parte, ha perdido la función que ostentaba como organizador de las solidaridades a través de la redistribución de la riqueza generada por la producción. Toda la estructura global de recompensas ha variado, y la parte principal de la misma recae en los mecanismos y las rutinas propias de los mercados financieros.

O         El trabajo deslocalizado, fragmentado y carente de señas de identidad, ha perdido su condición de llave de acceso a los derechos concretos de ciudadanía. Más aún, el “nuevo trabajo” tiende a invadir los territorios de la vida privada y a acaparar para la actividad laboral el tiempo dedicado antes por el trabajador a lo que el sociólogo Luciano Gallino ha descrito como “rituales de socialización” que favorecen la cohesión social (3).

Un indicador significativo de la devaluación sufrida por el trabajo atomizado es el hecho de que, en los balances de las empresas, el personal empleado ha pasado, de contabilizarse como activo, a figurar en el pasivo. Una plantilla veterana, experimentada y competente era antes un valor objetivo porque garantizaba la solidez de la empresa y su proyección en el futuro. Hoy, sin embargo, el elemento decisivo es el valor actualizado de venta de la empresa en los mercados financieros. El capítulo del personal es entonces un lastre objetivo que empuja hacia abajo el valor, por la previsión necesaria de unos costos considerables de “mantenimiento” y de “amortización”. Las empresas sueñan con volverse etéreas e invisibles, despojándose de todo elemento superfluo hasta reducirse a un valor de mercado abstracto, perceptible solo en los listados virtuales de las cotizaciones de bolsa pero no en las realidades groseras del mundo inferior. Muchas lo consiguen, a fuerza de externalizaciones, de subcontratas, de filiales que no constan en ninguna parte como tales, de diversificación y compartimentación de la cifra global de negocio en firmas fantasmales que operan offshore, y otros recursos de orden parecido. Frente a sus propias responsabilidades de orden laboral, comercial, fiscal y también penal, las empresas oponen un juego de espejos paralelos que, de reflejo en reflejo, remiten al infinito, es decir a la nada.

La doctrina jurídica asocia por lo general las responsabilidades de la empresa con el lugar donde obtiene el lucro principal. Pero en la defensa sindical concreta de unos trabajadores afectados por un conflicto o un despido colectivo, las dificultades se acumulan cuando hay trabajadores fijos, eventuales, prestados por otras empresas, procedentes de una ETT, “autónomos” encargados de tareas auxiliares o periféricas, etc.

La actual “sociedad flexible” sitúa al trabajador en soledad frente a las responsabilidades laborales crecientes que le impone una dirección abstracta y elusiva. Así se acentúa su precariedad y se empequeñecen su espacio y su actividad como ciudadano que interactúa y coopera con sus iguales. Los lazos que ha anudado a través de la socialización se rompen. Está aislado e inerme delante de su “deuda” individual de trabajo. Es menos trabajador, en la medida en que tiene un control menor sobre su ámbito de responsabilidad, y también menos ciudadano.

III. Volver a la clase

No me refiero al aula de los estudios, sino al concepto de clase como elemento básico de estructuración y cohesión social y como eje de una política que ponga su norte en la solidaridad. Dicho con las palabras de Owen Jones, en un reciente artículo en The Guardian: «La izquierda necesita desesperadamente volver a centrar su atención en la clase. Desde los años ochenta en adelante – mientras el movimiento del Labour era aplastado, las viejas industrias derribadas y la guerra fría liquidada –, la clase ha pasado a ocupar el asiento trasero. El género, la raza y la sexualidad parecen temas más urgentes e importantes. Lo cierto es que no debería pensarse en términos de “o esto o lo otro”: ¿cómo se puede entender el género sin la clase, y viceversa, dada la desproporcionada concentración de mujeres con un trabajo precario y mal pagado?»

La derecha neoliberal declaró primero el fin de la historia y el alborear de una sociedad sin clases, la utopía última del comunismo realizada bajo el capitalismo (4); después, anunció el fin del trabajo debido a la digitalización y la robotización de los procesos productivos. Las diversas izquierdas perdieron pie en una situación que volvía del revés, como un calcetín, las premisas sobre las que habían basado su estrategia. El resultado fue que los ingredientes fundamentales que aglutinaban a las clases trabajadoras – el hecho sustancial del trabajo y su reparto equitativo; la forma de desarrollarlo, las condiciones, los tiempos, la remuneración; y el para qué del trabajo, su utilidad medida en términos sociales – desaparecieron de la agenda política o cuando menos, en la expresión de Jones, se colocaron “en el asiento trasero”. Ya no conducían el vehículo de la política, solo iban en él de acompañantes.

Pero las clases trabajadoras siguen existiendo. El trabajo no ha muerto, solo se ha transformado. La historia no ha finalizado, y mantiene su capacidad plena de variar de sentido y de escenario, en función del comportamiento de los agentes que intervienen en la marcha de los acontecimientos. Ha cambiado la “fase” de un ciclo, y con ella los presupuestos y los marcos de actuación de los agentes históricos. Por descontado, es necesario y urgente tomar nota de todo ello desde una perspectiva de izquierda.

El Estado-nación, por ejemplo. En todo el largo período de hegemonía de la socialdemocracia, el Estado regulaba el trabajo y sus leyes, y era el primer empresario, el empresario por excelencia, “estratégico”. El Estado planificaba, y marcaba el rumbo de la economía. Luego fue la economía (el “mercado”) la que empezó a marcar el rumbo, y en la situación actual los Estados ya no regulan, sino que desregulan, el trabajo. No son ellos los que deciden sobre el clásico dilema de fabricar cañones o mantequilla; todo lo más, escuchan o no a los lobistas que reclaman más guerras para dar salida a sus excedentes de armamentos.

La vuelta desde la izquierda a la clase debe tener también otra dimensión: la de situar en su lugar justo a las clases trabajadoras en el seno de una sociedad civil “transversal” en la que es forzosa la convivencia con las clases propietarias y las capas medias, y en la que cualquier equilibrio o consenso debe ser conquistado a través de la negociación colectiva en unos conflictos de intereses en los que, de momento, el Estado ya no tiene la intención de ejercer de árbitro, sino de parte.

Pero el Estado, como el trabajo, como la clase, sigue existiendo. No se ha disuelto en la “aldea global”. Es más bien la aldea global la que se disuelve en su pretensión de regular “científicamente” las relaciones económicas de forma satisfactoria para todas las partes. Y esa es una razón más para insistir en la sustentación de la praxis de la izquierda en los viejos pilares básicos que han vertebrado históricamente la sociedad y tienen capacidad para seguir haciéndolo, aunque repensados en función de los nuevos datos de hecho. Esos pilares insustituibles son el Estado, las clases sociales, y también los partidos políticos, los movimientos sociales y, obviamente, los sindicatos.

La clase trabajadora no tiene las mismas características que la connotaban bajo el modo de producción fordista. No es, probablemente no lo ha sido nunca, una formación disciplinada y uniforme, un bloque homogéneo cuyos componentes comparten una misma concepción del mundo y unos valores, hasta el punto de resultar intercambiables entre ellos y movilizables en masa al grito de “todos a una”. Está atravesada por contradicciones, por expectativas diferentes, por instintos y reacciones difíciles de reducir a un denominador común. Existe la clase, sin duda, porque existe el trabajo; pero es mucho más diversa y más porosa que en otro tiempo. Una “conciencia” común de la clase no puede ser reconstruida políticamente, desde arriba, sino socialmente, desde abajo, a partir de la insistencia en las reivindicaciones comunes más sentidas y en los motivos más amplios y compartidos para la movilización. En palabras del sindicalista y pensador italiano Riccardo Terzi, «ya no es posible representar el trabajo como si se tratara de un conglomerado compacto». El aglutinante más eficaz para una clase fragmentada y desperdigada podría ser, entonces, la sustanciación de nuevos derechos sociales y personales relacionados con la condición simultánea y correlativa de trabajadores/as y de ciudadanos/as (5).

IV. Hacia un sindicalismo de los derechos

Reunificar toda esa fuerza de trabajo sujeta a titularidades, salarios y condiciones de trabajo tan diferentes que convocan de inmediato el agravio comparativo, es una tarea muy difícil. Solo sería posible llevarla a término a través de una concepción más ambiciosa de la negociación colectiva, desplazando el objeto principal de la misma de lo genérico, los derechos de las categorías profesionales, hacia el mundo de las personas concretas y sus circunstancias. Y en la medida en que la deseable protección y conservación del puesto de trabajo resulta imposible en muchas ocasiones, una negociación tendente a incluir, más allá del conflicto inmediato, unos derechos personales y sociales que acompañen de forma permanente a las personas en su trayectoria profesional, a lo largo de su vida laboral y en su doble condición de trabajadoras y ciudadanas.

Eso es precisamente lo que se propone en la cita del profesor Romagnoli que abre este trabajo. En el mismo artículo citado, publicado originalmente en Eguaglianza e libertà, el ilustre jurista va aún más lejos en su propuesta: «Nadie, sin embargo, conseguirá nunca convertir el empeoramiento generalizado de los estándares protectores relativos al ciudadano en tanto que trabajador, en un pretexto para anular el pasaporte que permitió acceder al status de la ciudadanía del que ha sido artífice y es hoy garante la constitución. Más probable es que se extienda la percepción – que de hecho aflora ya en las distintas y aún confusas propuestas de una renta mínima de ciudadanía – de la necesidad de reajustar el centro de gravedad de la figura del ciudadano-trabajador, trasladando el acento del segundo término al primero: o sea, desde el deudor de trabajo hacia el ciudadano en cuanto tal. En el lenguaje de los ingenieros-arquitectos que cuentan con cierta familiaridad con la cultura de la emergencia sísmica, se podría hablar de una relocalización del derecho del trabajo.»

Si en lugar de “derecho del trabajo” colocamos la voz “sindicalismo” en el final de la frase, tendremos una indicación acerca de cómo sería posible actuar en el presente inmediato. Se ha hablado de “refundar” y de “repensar” el sindicato. He aquí una idea nueva, “relocalizarlo” en torno al mismo binomio del ciudadano- trabajador, pero poniendo ahora el acento tónico en el primer factor, en lugar del segundo. ¿Por qué no? En esa dirección apunta la propuesta, avanzada conjuntamente por CCOO y UGT, de una “renta mínima” de inserción, o de ciudadanía, como un derecho que apuntalaría la excesivamente alargada pirámide del trabajo por cuenta ajena.

Sin olvidar nunca que esa renta proporciona tan solo el suelo sobre el que levantar todo un entramado de derechos en torno a la doble condición de trabajador y ciudadano. La propuesta tiene un acusado sabor trentiniano. Bruno Trentin, en su época de secretario general de la CGIL, promovió en el programa fundamental del XII Congreso la formación de un “sindicato de los derechos”. Derechos, obviamente, no tanto civiles y políticos como sociales: unos individuales (en el trabajo, la formación, la salud, un salario justo, en la maternidad y paternidad, en el conocimiento y la información en los centros de trabajo) y otros colectivos (a organizarse sindicalmente de manera voluntaria, la negociación colectiva, la participación en las decisiones de la empresa).  Para Trentin estos derechos, empezando por el derecho al trabajo y a la libertad del y en el trabajo tienen el mismo alcance que los derechos civiles y políticos en el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos.

El proyecto sindical de Trentin recorre un amplio proceso caracterizado por la “reunificación” y la “redefinición cualitativa” de la clase, desde una “cultura de la diferencia”. La clase, ya no aislada sino reunificada y empoderada por los derechos que le competen, está capacitada entonces para la responsabilidad de contribuir en la medida de su propia fuerza a la guía global de la sociedad, a partir  de unos valores democráticos comunes a todos, iguales para todos. Este proceso postula al sindicato de los derechos como un sujeto político (6).

Por eso afirma de Trentin, con razón, Riccardo Terzi, que no concibe los “derechos” como una superestructura, sino como un proceso de transformación de la calidad del trabajo y, a través de él, de la sociedad (7).

 

NOTAS

(1) Ver Umberto Romagnoli, “El derecho del trabajo después del seísmo global”, en http://pasosalaizquierda.com/?p=1875

(2) «A algunas comunidades de las amplias zonas del centro de Italia, los romanos extendieron la ciudadanía romana. A veces esto suponía plenos derechos y privilegios, entre ellos el derecho a votar o a presentarse a las elecciones romanas sin dejar de ser al mismo tiempo ciudadano de una ciudad local. En otros casos, se ofrecía una forma de derechos más limitada conocida como “ciudadanía sin voto”, o civitas sine suffragio (expresión que habla por sí misma). […] Había unos pocos que tenían el pleno estatus de ciudadanía romana. La mayoría tenía lo que se conocía como derechos latinos. No era ciudadanía como tal, sino un paquete de derechos que, según se creía, compartían las ciudades latinas desde tiempos inmemoriales, posteriormente definidos como matrimonio mixto con los romanos, derecho mutuo de establecer contratos, libre movimiento, etc. Era una posición intermedia entre tener la plena ciudadanía y ser un extranjero, u hostis. (Mary Beard, SPQR. Una historia de la antigua Roma. Crítica, 2016, pp. 174-75. Trad. de Silvia Furió).

(3) «El trabajo de una persona constituye un tiempo y un lugar categóricamente distintos del tiempo libre, como también de otros momentos de la vida privada; la familia está obligada a reunirse cada día en torno a la mesa. En la sociedad flexible, en la que trabajar «a golpe de reloj», 7 x 24, representa un elemento arquetípico, hay cada vez menos tiempo disponible para las formas de la ritualidad tradicional. El tiempo de trabajo se entrelaza con los otros tiempos de la vida hasta llegar a ser inseparables. Para muchas personas el trabajo se lleva a cabo, ya sea por necesidad ya sea por las limitaciones formalmente impuestas por la organización flexible, por ejemplo las implícitas en el modelo del «empleo sin despacho» (deskless job), dentro de su mismo hogar, o bien en las salas de espera de los aeropuertos, en el tren, en el hotel, en la autopista. También en el plano del discurso la idea de la festividad, del día festivo igual para todos, es etiquetada como un fetiche que hay que eliminar. El trabajo tiende a convertirse en un tiempo sin límites y, al mismo tiempo, en un no-lugar. Ambas son propiedades contrarias al ejercicio de cualquier forma de ritualidad.» Ver L. Gallino, La sociedad 7 x 24, accesible en la red en http://pasosalaizquierda.com/?p=864

(4) El “profeta” del nuevo orden de cosas fue Francis Fukuyama, un politólogo y economista estadounidense de origen japonés, que convirtió en best-seller global un ensayo mediocre desde el punto de vista técnico, pero oportuno en el sentido propagandístico: The End of the History and the Last Man (1992). En la estela del derrumbe por implosión de la Unión Soviética, sostuvo que la extensión a todo el mundo del sistema político de la democracia liberal y del capitalismo de mercado, unida a la hegemonía cultural de los modos de vida de las sociedades occidentales, señalaba el punto final de la evolución sociocultural de la humanidad y se configuraba como la forma definitiva de gobierno mundial.

(5) La cita completa de Terzi, en traducción catalana de Albertina Rodríguez Martorell, es como sigue: «En el passatge històric de la gran organització de tipus fordista cap a una estructura productiva de tipus nou, dispersa en el territori, molecular i flexible, ja no és possible representar el treball como si es tractés d’un aglomerat compacte amb una identitat ideològica homogènia, sinó que s’ha d’explorar tota la complexitat dels trajectes individuals, i aleshores el tema dels drets es converteix en el teixit connectiu que uneix aquests diversos recorreguts.» (“Conversa entre Riccardo Terzi i José Luis López Bulla sobre Bruno Trentin”, en Canvis i transformacions, Llibres del Ctesc nº 6, Barcelona 2005, p. 184).

(6) «Un sindicato que aspire a ser sujeto político debe poder superar, y no solo de palabra, reunificándolos y no sumándolos, a los diversos sectores de su política reivindicativa. Reunificarlos en un proyecto, en una estrategia basada, no en la suma de los objetivos, sino en su redefinición cualitativa. Eso quiere decir pasar de la asistencia a la promoción, con la adopción de prioridades nuevas y rigurosas.» Bruno Trentin, “Dal welfare state alla welfare society”, intervención conclusiva de la conferencia nacional de la CGIL, Roma 1995. (Traducción mía).

(7) «… ell [Trentin] no ha pensat mai en els “drets” com en una superestructura jurídica, sinó com en un procés de transformació de la qualitat del treball. Els drets, així doncs, s’afermen a través de l’acció sindical, i aleshores es tracta d’alçar el nivell de les nostres plataformes, de plantejar, en l’acció contractual, els problemes de la formació, de l’accés a les informacions, de l’organització del treball i de la participació en les decisions. Aquesta es una tasca que en gran part encara s’ha de fer, i tota la nostra política reivindicativa ha de ser totalment repensada i posada al dia. El risc, per tant, és que l’estratègia dels drets només es jugui en un terreny més estrictament polític, com a denuncia del model neoliberal, i no aconsegueixi incidir en la pràctica real del sindicat.» (“Conversa entre Riccardo Terzi i José Luis López Bulla sobre Bruno Trentin”, loc. cit., p. 185.).

Barcelona, 13 de Enero de 2017

 

 Bruno Estrada López

Economista, adjunto al Secretario General de CCOO.

 

 

 

“El modo de producción aísla a unos de otros, en vez de establecer relaciones mutuas entre ellos (…) y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna unión nacional y ninguna organización política”.

No, no es una definición del precariado del siglo XXI, es la descripción que hacía Carlos Marx en 1852, en el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, del comportamiento político del campesinado francés, criticando su favorable actitud ante el golpe de Estado del sobrino de Napoleón.

El marxismo clásico ha considerado las clases sociales desde dos perspectivas: 1) como una categoría analítica sociológica que es previa al marxismo, esto es, grupos de individuos que se definen por una misma forma de relacionarse con los medios de producción; 2) como un instrumento político, mediante la conciencia de clase, para crear entre los trabajadores una percepción emocional de sentirse parte de una comunidad y gracias a ello ganar hegemonía.

Creo que en las complejas sociedades desarrolladas actuales la clase social no es un instrumento útil para construir comunidad. Los cambios políticos, productivos y sociales de los últimos cuarenta años han generado un mundo del trabajo mucho más diverso: un creciente volumen de jóvenes trabajadores de actividades de servicios (de alta y baja cualificación) con una estructura empresarial muy atomizada y con escasa capacidad, individual y colectiva, de negociación de sus condiciones de trabajo, lo que algunos denominan precariado; una menguante clase obrera industrial pero en la que todavía hay un importante volumen de trabajadores que aun conservan una notable capacidad de negociación colectiva gracias a la actuación de los sindicatos; un número creciente de trabajadores de alta cualificación, formados gracias a un sólido sistema de educación pública, con un elevado poder individual de negociación de sus condiciones de trabajo que en términos de capacidad de consumo les ha permitido ser considerados como clase media.

Que la clase social sea el envolvente emocional colectivo de un abanico de trabajadores tan diverso y plural se me antoja un ejercicio político baldío. Además la pertenencia a una clase no parte  de la libre voluntad del individuo, sino de condicionantes económicos y culturales ajenos a la persona, la clase social no es algo a lo que uno pueda elegir vincularse emocionalmente, como la religión o la patria, viene dada por su relación con los medios de producción y su papel en la organización del trabajo. Insistir en la clase social como elemento que crea comunidad no ayuda a que el mundo del trabajo del siglo XXI recupere la hegemonía cultural de la que disfrutó en Europa durante los “treinta años dorados”.

Los retos que deben afrontar los sindicatos, y en general las fuerzas políticas progresista, para no quedar en la cuneta de la historia son: 1) dar una respuesta organizativa eficaz a los cambios que se han producido en el mundo del trabajo de forma que nos permita seguir defendiendo eficazmente los derechos de los trabajadores, como ha planteado CCOO en el proceso de “Repensar el sindicato”; 2) crear nuevas redes de alta densidad social con otras organizaciones que, aunque no tienen al trabajo como centro principal de su actividad, no son ajenas a él, 3) reconstruir para millones de trabajadores la percepción emocional de ser parte de la misma comunidad desde la ciudadanía democrática: “pertenecemos a una misma comunidad todos los individuos que libremente participamos en la toma de decisiones sobre nuestro futuro colectivo”.

Hay que recordar que ya en 1838 la recién constituida Asociación de Trabajadores de Londres, el primer sindicato, redactó la Carta del Pueblo en la que se exigía el sufragio universal, el voto secreto y la abolición de los requisitos de propiedad para ser miembro de la Cámara de los Comunes.

La ciudadanía democrática debería ser el catalizador de los sentimientos de pertenencia a una comunidad incluyente. La enorme virtualidad social de la democracia es que nos permite sentirnos individuos libres a la vez que formamos parte de una colectividad en cuya definición participamos y que es muy fácil ampliar el perímetro de la comunidad, simplemente ensanchando la base social de quienes pueden participar en la toma de decisiones, sin tener que pertenecer a una misma raza, religión o clase social.

Madrid, 13 de Enero de 2017

 

Gina  Argemir

Economista de la Secretaría de Socioeconomía de CCOO Catalunya

 

 

 

Adaptarse para sobrevivir: éste es el  leitmotiv. El capitalismo se transforma para sobrevivir y se arrecia con éxito, aunque quien sabe si acercándonos aceleradamente hacia el colapso del sistema. En paralelo, el sindicalismo y las izquierdas intentan también adaptarse para hacer frente a las nuevas amenazas, con objeto de hacer sobrevivir unos valores determinados: una idea de vivir y de trabajar en dignidad. Pero en este momento histórico de ruptura de paradigma, el contexto es altamente mutable. Y cambia tan rápidamente que el pensamiento de la izquierda acaba también trasmutando, a veces quedando disuelto en el discurso mayoritario y dominante.

Nuestro sindicato está vivo. Quizás lo tenga todo en contra, pero está vivo. Nuestro sindicato se cuestiona a sí mismo: debate sobre su función, sobre el futuro del mundo del trabajo, sobre los derechos sociales, sobre el sistema económico. El sindicalismo intuye sus retos más inmediatos: ¿hacia dónde nos llevará la globalización?, ¿es la digitalización de la economía una trampa para la clase trabajadora?, ¿el adelanto de los populismos supondrá un retroceso de los valores democráticos? Ante la incertidumbre, si algo tiene presente nuestro sindicato es que su respuesta pasará siempre por colocar el trabajo en el centro del debate.

Marx entendía el trabajo como una actividad transformadora de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas. Veía el trabajo como un medio de autorrealización, una tarea en la cual el hombre se  situaba en el centro. O, más que el hombre, habría que decir los hombres y las mujeres, porque para Marx el trabajo era sobre todo una actividad que se hace en colectividad en consonancia con el carácter social del hombre.

No es necesario hacer grandes análisis para darse cuenta de que el sistema de producción capitalista, consolidado por la globalización y la permanente innovación tecnológica, cada vez aleja más y más esta idea marxista del trabajo y nos acerca a la alienación económica de la que el filósofo nos alertaba. Un tipo de alienación que comporta otros. El trabajador de nuestro tiempo –y, por extensión, el ciudadano- se encuentra alienado de su capacidad autorrealizadora, alienado del objeto producido y alienado socialmente. El puesto de trabajo difícilmente es un lugar donde socializar con los otros. Hoy es, sobre todo, un lugar donde competir, un lugar que aísla al hombre. Y a estos tipos de alienación tan bien descritos por Marx, todavía hay que añadir la alienación filosófica provocada por la manera como nos explican la realidad desde los medios de comunicación.

La falsa realidad cuaja con extrema facilidad en nuestras conciencias, también en la de los sindicatos y las izquierdas. Si hace unos años luchábamos abiertamente contra las deslocalizaciones provocadas por la globalización, hoy, a la hora de hablar de este proceso global, hemos quedado impregnados de la justificación economicista que recibimos de los medios de comunicación. Y es sólo cuando colocamos el trabajo y la ciudadanía en el centro del debate, que acabamos descubriendo de qué va la globalización y la tecnología, y acabamos entendiendo la sorpresiva respuesta sociopolítica que están dando millones de trabajadores y ciudadanos.

La globalización va de división internacional del trabajo y la tecnología, de ultra-especialización. En el actual modelo global de producción, los países del centro están tendiendo hacia sistemas productivos intensivos en capital –que necesita más tecnología e innovación que trabajadores- y, los países periféricos, hacia sistemas intensivos en mano de obra –donde se forman grandes excedentes de trabajadores baratos sin derechos laborales-. Y es en este modelo global de producción que el hombre es más que nunca una mercancía, más que nunca un instrumento para la cadena de producción. El trabajo se ha transformado en una actividad repetitiva y alejada de las capacidades humanas, en una actividad anuladora de la esencia humana. La globalización, mediante las nuevas formas descentralizadas de organizar la producción, está llevando al trabajador a la pérdida de la poca autonomía y libertad que le quedaban. Hoy, en este mundo global, el trabajo y el trabajador pertenecen a alguien que dirige el grupo empresarial desde miles de kilómetros de distancia. Y, en el peor de los casos, el trabajo y el trabajador pertenecen a una máquina que le ordena como organizar su tiempo y su producción.

Mientras la sobreoferta mundial de mano de obra crece año tras año por el incremento de la productividad, y mientras la clase trabajadora se empobrece, el capital  generado por el proceso de globalización y la innovación tecnológica no hace sino acumularse sin ser redistribuido. Mientras el capital se mueve globalmente sin restricciones buscando donde sacar los mayores beneficios, por la parte de los trabajadores y los ciudadanos no se globalizan ni derechos, ni salarios dignos, ni condiciones de trabajo ni, por lo tanto, de vida. Y ante las pésimas consecuencias de la globalización ¿qué discurso estamos haciendo los sindicatos y la izquierda? ¿Está siendo basta contundente?

La alternativa a la globalización no puede ser más globalización. Teniendo en cuenta el carácter internacionalista de nuestro sindicato, la respuesta tampoco pasa por apostar para que “nuestros” trabajadores se libren de formar parte de los países periféricos de trabajo intensivo y pasen a formar parte de los países del centro de capital intensivo. Porque ¿no sería ésta una forma enmascarada de proteccionismo? La alternativa a la globalización no es el proteccionismo del siglo XIX ni el cierre desmesurado de fronteras ni la defensa de discursos excluyentes. De hecho, las izquierdas todavía tenemos pendiente debatir a fondo la alternativa a la globalización. Es necesario hacer la diagnosis correcta. También la diagnosis sobre el auge de los movimientos y los discursos sociopolíticos excluyentes. Porque detrás los populismos y los ultranacionalismos, detrás de la victoria del Brexit y de Trump, hay una petición a gritos por parte de trabajadores y ciudadanos para volver a recuperar el control de las vidas y los trabajos. El suyo, como el nuestro, es un clamor contra la alienación económica provocada por la globalización capitalista.

El miedo siempre llega en los momentos de incertidumbre y, en la actualidad, encontrándonos en medio de dos eras, nos queda mucha incertidumbre por adelantado. Frente a la dificultad de encontrar la decisión adecuada, la pregunta sindical a hacernos es si nuestras decisiones sociopolíticas alejan o acercan a los trabajadores hacia la alienación económica, si ayudan o no a la realización humana. Seguramente los sindicatos seamos los únicos con la organización que hace falta para luchar contra la alienación social del trabajo de la que nos alertaba Marx, los únicos con la capacidad suficiente para defender la humanización del trabajo.

Barcelona, 13 de Enero de 2017

 

Pepe Gálvez

Portavoz de la FSC-CCOO Catalunya

 

 

 

Los conceptos de clase, lucha de clases y ciudadanía han sido y son elementos decisivos de una  confrontación económica, ideológica y política en la que se dirime  la profundización o la estricción de la democracia.

Clase y ciudadanía frente a la dictadura

La negación de la existencia de las clases y sobre todo del conflicto entre las clases tiene una larga tradición en el ideario y en el imaginario de la derecha política, económica y social. La forma de plasmarse esa negación ha variado en el tiempo desde el intento de aniquilamiento, incluso físico, de la expresión política de las clases subalternas, es decir de sus organizaciones sindicales y políticas; hasta las políticas dirigidas a la neutralización, aislamiento o desvirtuación de las mismas.  En nuestra historia más reciente tenemos un ejemplo claro de lo primero en la teoría y práctica política de la Dictadura franquista, las clases se prohibieron por decreto y se creó el engendro del sindicalismo vertical  que pretendía representar y armonizar los intereses de empresarios y trabajadores en la misma organización. Como la realidad del conflicto de intereses se seguía manifestando, sólo se podía mantener la ficción de superación de clases mediante la represión, que, casualmente, no se realizaba sobre los empresarios sino sobre los diferentes intentos de organización autónoma de los trabajadores.

Todo ello en uno régimen político dictatorial que excluía, o limitaba drásticamente, el concepto de ciudadanía como fuente individual de derechos. Es por ello que la relación intrínseca entre la lucha por las reivindicaciones laborales y por las libertades políticas forma parte del ADN de Comisiones Obreras, la expresión organizativa hegemónica del movimiento obrero en la oposición a la dictadura. Su misma existencia y desarrollo no sólo invalidaba el discurso de la no existencia de la lucha de clases, sino que evidenciaba la perdida de utilidad de la forma dictatorial para los intereses de las clases dominantes, ya que no sólo no impedía la manifestación de la lucha de clases sino que en cierto modo la impulsaba políticamente. Es desde esa perspectiva que cobra todo el sentido la afirmación de  Ignacio F. Toxo de que “el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en las fábricas, las minas…  En ese periodo histórico la clase obrera española fue la más firme y eficaz defensora de los derechos de ciudadanía. Incluso posteriormente el sindicalismo español ha sido protagonista de la conquista de derechos sociales de carácter universal que se han incorporado a la mochila de la ciudadanía como: el sistema sanitario, el de previsión social y el de atención a las personas dependientes.

Aunque estos avances se dan dentro de un proceso ambiguo que se desarrolla al mismo tiempo que a nivel mundial avanza triunfante la contraofensiva neoliberal. Aún así la realidad es que la clase obrera española actúa como tal, es decir defendiendo unos intereses comunes, diferenciados y contrapuestos  a los de los sectores oligárquicos del capitalismo, y que en esa defensa asume también la de derechos de la mayoría de la sociedad, y con ello participa en la configuración de una ciudadanía de mayor calidad democrática. Otra cosa son los aciertos y errores en la interpretación de la correlación de fuerzas,  en el análisis de la evolución del capitalismo y en la configuración de un proyecto propio de sociedad.

Insuficiencia democrática en el reino de la economía

En España los pactos de la Moncloa que se realizan al final del franquismo y en medio de una crisis económica general del capitalismo “contemplaban un intercambio político esencial: consolidación democrática a cambio de restricciones salariales. Como se diría, a propósito de los Pactos de la Moncloa, en el Informe General presentado al I Congreso Confederal de CCOO, se trataba de «sanear la economía para consolidar la democracia” (1) pero  “la prolongación de una suerte de “transición socio laboral” debería ir hasta 1985 ó 1986, porque hasta la primera fecha no se aprobó la LOLS, una norma esencial en la definición del sistema democrático de relaciones laborales. Y es que la codificación de los derechos laborales resultó más lenta y costosa que la de los derechos políticos y civiles en la transición política” (2).

Y  no hemos de olvidar que parte del ejercicio de esos derechos, el reconocimiento de la negociación colectiva para los empleados públicos aún se retrasaría mucho más. Tanto en España como en el conjunto de Europa los avances democráticos son fruto de específicas  situaciones de equilibrio en la lucha de clases en el final de la dictadura franquista y de la IIª guerra mundial respectivamente. Equilibrio cuya inestabilidad se manifiesta en que la democracia se quedó a las puertas de la empresa en particular y del campo de la economía en general. Ahora bien, dentro de esos avances democráticos hay que situar el reconocimiento de la negociación colectiva, con lo que de facto se reconocía también que las condiciones laborales no se deciden en una relación individual entre empresario y trabajador, sino que tienen carácter colectivo. Lo anterior no quita que haya una presión continua empresarial por debilitar lo colectivo y dar más espacio a lo individual. De la misma manera que también es permanente la tensión entre la fragmentación y la generalización de la negociación colectiva, tensión tras la que aparece el enfrentamiento entre fortalecimiento y debilitamiento tanto del sentido como de la acción de clase. Sin embargo la organización del trabajo y claro está las decisiones empresariales estratégicas han sido excluidas, vetadas, del ámbito de la negociación colectiva.

Aún así,  hay que señalar también como experiencias positivas  los Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores en Suecia en los años ochenta (3)  o el modelo de cogestión de las empresas en Alemania, que han sido o son espacios, limitados o temporales eso si,  de democracia dentro de las empresas y de la economía.

Ofensiva neoliberal y declive de clase

El estallido de la crisis, su gestión bajo los mismos poderes y criterios que la originaron, el indigerible espectáculo de la desigualdad galopante, la subordinación de las instituciones políticas al poder económico, así como el consiguiente recorte de derechos sociales y políticos han puesto el foco sobre el deterioro de la calidad de la democracia. Y lógicamente se ha planteado la cuestión de la relación entre esa degradación y las tremendas restricciones de esta en el ámbito de las empresas y de la economía, en tanto que la ausencia o la eliminación de mecanismos de control deja campo libre al dominio de la codicia inherente al capitalismo y su consiguiente voracidad destructiva. Pero a esta situación no se ha llegado casualmente o por evolución natural de las cosas, sino como una concreción de la lucha de clases, es decir como consecuencia buscada y conseguida por sectores hegemónicos del capital. Es el fruto de una ofensiva iniciada en los años setenta y que aprovecha la salida de la crisis de aquellos años para desarrollar una estrategia dirigida, con éxito,  a contrarrestar la capacidad de intervención política conseguida por la clase obrera, especialmente en Europa, y a socavar las condiciones sociales y económicas que sustentaban el poder de aquella en las empresas.

Un elemento clave de esa estrategia ha sido la fragmentación de la clase obrera, que se ha desarrollado sobre sus contradicciones y divisiones a nivel internacional, o las que se producen dentro de la misma sociedad como consecuencia del modelo económico-social imperante por la dinámica del proceso de globalización por una parte o por el desarrollo científico-técnico de las fuerzas productivas (4). Ahora bien esa diversidad o pluralidad, no implica por si misma fragmentación, sino que ésta es fruto de dinámicas políticas que expresan los intereses que han hegemonizado dichos procesos. En esa línea se inscriben las actuaciones de Ronald Reagan contra la huelga de los controladores aéreos y de Margaret Thatcher contra la huelga de los mineros. La resolución de estos conflicto se saldó con una victoria contundente del Gobierno y la patronal que debilitó gravemente el poder del sindicalismo en la Gran Bretaña y condicionó la estrategia posterior del movimiento sindical en el primer mundo, favoreció   la aplicación de políticas dirigidas en su contra. Esas derrotas  ejemplificaron un cambio significativo en la evolución de la lucha de clases, pues evidenciaron la perdida del limitado poder político que había disfrutado el mundo del trabajo tras la 2ª Guerra Mundial . Así mismo el carácter aislado, o no suficientemente generalizado , de esas luchas revelaron la perdida de hegemonía respecto al conjunto de la sociedad.

A todo lo anterior hay que añadir el derrumbe de la URSS y del “socialismo real” de los países del Este europeo. Su existencia había tenido un doble efecto contradictorio en las sociedades del bloque occidental. Por un lado en su condición de alternativa había actuado como elemento de presión a favor de la concesión de reformas progresistas y de derechos sociales y políticos. Por otra parte, a medida que el crecimiento económico dentro del capitalismo se consolidaba y con él el consumismo, se evidenciaba no sólo el estancamiento económico sino sobre todo la ausencia de democracia en la supuesta alternativa socialista. Lo peor es que esa ausencia atacaba, desde una supuesta opción de clase, el concepto de ciudadanía que en Occidente se estaba consolidando.  Con ello se transmitía el mensaje de una contradicción entre los conceptos de clase y ciudadanía que en el ámbito de la expansión económica invalidaba esa alternativa al capitalismo y con ella los que la defendían, los partidos comunistas, es decir una buena parte de la izquierda europea que se veía condenada a la marginalidad política, es decir a representar opciones irrelevantes de poder. La vía “eurocomunista” por su parte demostró muy rápidamente su incapacidad para superar esa contradicción.

Implosión consumista de las clases medias

En este contexto claramente desequilibrado política y económicamente se realizó una campaña continua, de lluvia fina, dirigida a devaluar el concepto de clase y a desacreditar el de lucha de clases. A la diversidad de situaciones, que ya hemos mencionado, que se dan en el mundo del trabajo dentro del proceso productivo se unió el elemento de la percepción de la ubicación social,  en la que el poder adquisitivo, la capacidad de consumo, jugó un papel esencial para diluir y hasta anular el sentimiento de pertenencia a la clase obrera y la adhesión a unas ambiguas clases medias.

La provisional mejora económica de las clases subalternas en el primer mundo se acompañaba del debilitamiento de su poder político y la perdida de fuerza de los derechos sociales de la mayoría.  Y es que a medida que se imponía el relato, y sobre todo su traslación política, de la sociedad como agregación de individuos y no como producto de relaciones y conflictos colectivos , los derechos eran asumidos como servicios que dependen de tu capacidad adquisitiva .

La izquierda socialdemócrata se adaptó a ese contexto, tanto que lo hizo suyo sin apenas sentido crítico. La visión y los intereses de clase o se olvidaron o se subordinaron a los una ciudadanía que se definía por su capacidad consumista, y en la disputa electoral por ese centro sociológico fue derivando progresivamente hacia la derecha.

Debilitamiento sindical

En ese proceso de dominación ideológica del neoliberalismo, el sindicalismo del primer mundo, como organización de clase, tuvo que asumir las consecuencias de que los proyectos de sociedad con los que se referenciaba perdieran credibilidad. En consecuencia se redujo tanto notablemente su capacidad de incidencia política como su ámbito de actuación tanto en las empresas como en el conjunto de la sociedad. Para el neoliberalismo el sindicalismo no es más que un mal necesario que debería molestar lo menos posible, es decir un elemento del que no puede prescindir para ordenar las relaciones laborales, pero al que debe mantener permanentemente en un  gran estado de debilidad y así asegurarse su subordinación. Y ha actuado en consecuencia tanto antes como después de la crisis. El sindicalismo confederal de clase en España ha soportado esa ofensiva entre inevitables tensiones entre la aceptación, la adaptación o el rechazo de una situación muy contraria a sus intereses pero que parecía inamovible.

En este contexto se produce además un cierto aislamiento de la actividad sindical, los medios de comunicación actúan como pantalla invisibilizadora tremendamente eficaz al negar en la práctica la existencia del conflicto laboral. Y el sindicalismo no es capaz de diseñar una estrategia que rompa ese muro que en cambio se muestra muy permeable para, ya en plena crisis, magnificar sus errores, defectos y vicios, que haberlos haylos.

Y sin embargo el rey sigue desnudo  

Pero la actual crisis y su permanencia se convierten en una realidad que desborda relatos y replantea la relación entre clase, ciudadanía y democracia. Ahora, son las clases dominantes, y las instituciones políticas que controlan, las que ponen en cuestión el concepto de ciudadanía  como generadora de derechos. El fracaso estrepitoso del paraíso terrenal neoliberal ha supuesto la expulsión del mismo de amplios sectores de la población del primer mundo que se percibían a si mismas como clases medias. Su poder adquisitivo se ha visto reducido radicalmente y con él la capacidad de acceder a servicios, ya asimilados como necesarios y esenciales, por sus propios medios económicos. El mercado ha demostrado su incapacidad para atender necesidades y al mismo tiempo su brutal arbitrariedad, su servilismo hacia los grandes poderes económicos. Las instituciones políticas, por su parte, han desarrollado una política de falsa austeridad dirigida a restringir el gasto público en servicios como la educación, la sanidad, la previsión social, el medio ambiente, la cultura… En resumen el mercado ha demostrado ser injusto e insuficiente para atender las demandas en que se concretan los derechos sociales de ciudadanía, y al mismo tiempo las instituciones políticas han desmentido en los hechos la igualdad política entre ciudadanos al actuar al margen y en contra de las demandas de la mayoría social y al servicio de la minoría oligárquica.

De esta forma vuelve a tomar fuerza dentro de la ciudadanía la percepción de que la fuente de sus derechos  no está en la suma de acciones individuales, ni en la frágil capacidad adquisitiva, sino en la movilización colectiva; y ahí  la actuación como clase sigue teniendo una importancia clave. Porque la crisis ha evidenciado que el rey está desnudo, o sea que el enfrentamiento entre capital y trabajo sigue moviendo el mundo, como proclamó Warren Buffet. El paro, la precarización de las condiciones laborales, las reducciones y desigualdades salariales ya habían dejado claro testimonio de la permanencia de la lucha de clases. Así mismo, la experiencia más reciente ha evidenciado también que si se pierden derechos laborales se debilita la calidad de los derechos como ciudadanía. El enfrentamiento o disociación entre clase y ciudadanía ha demostrado ser negativo a largo plazo para la calidad de la democracia.

Confluencia de clase y ciudadanía

Vivimos un momento de graves amenazas para la democracia, pero también de grandes potencialidades. La actuación de las oligarquías financieras y la respuesta del populismo de extrema derecha alimentan una espiral muy peligrosa. Frente a ella  puede y debe ser clave el posicionamiento de clase a favor de la democracia, de su defensa y ampliación. Y con ello disputar el concepto de ciudadanía a las propuestas ideológicas del neoliberalismo y del populismo de extrema derecha. Frente al primero ha de situar la ciudadanía como fuente de igualdad no sólo política sino social y económica. Y sólo desde una defensa radical de la democracia que se extienda al ámbito de la economía y las empresas, que actúe para limitar, controlar y neutralizar el poder de la oligarquía financiera, que impulse formas colaborativas y cooperativas de producción y distribución, se podrá atajar el ascenso del populismo reaccionario.

La confluencia entre clase y ciudadanía pasa por recuperar la centralidad social del trabajo o sea por situar al trabajo en el centro del proyecto democrático de la sociedad. Para ello es necesario tanto que el mundo del trabajo supere su fragmentación como que sea capaz de integrar en sus propuestas y alternativas la solución a las necesidades de la mayoría de la sociedad.  Así, la defensa de la calidad del trabajo (en su pluralidad) está ligada a la disputa por la riqueza, por como se conforma y como se distribuye, a la pugna por quién detenta el poder de la creación, del conocimiento, batallas que  son claves para la evolución de la lucha de clases y  la configuración social del concepto de ciudadanía.

1. Repensar el sindicato
2. Repensar el sindicato
3. Bruno Estrada: http://radicaleslibres.es/la-suecia-los-anos-ochenta-paso-del-socialismo-mercado/
4. según el desarrollo económico del capitalismo diluía el concepto de proletariado, el supuesto agente director de la revolución socialista, y la clase obrera se diversificaba y subdividía, era cada vez más complicado hacer encajar la realidad en los esquemas, lo que ponía en serios apuros toda la construcción teórica marxista clásica. Carlos Tuya. Pensar el socialismo

Barcelona, 13 de Enero de 2017

 

Juan Manuel Tapia

Miembro del Consejo Nacional de la CONC y del CERES (Centre d’Estudis i Recerca Sindicals)

 

 

Un recordatorio pertinente

La relación entre el movimiento sindical y los derechos sociales de ciudadanía es genética, desde los mismos orígenes del movimiento obrero. Este fenómeno histórico tiene una doble dirección simultánea: la propia afirmación del derecho social de existencia del movimiento obrero organizado –génesis del derecho del trabajo, codificado con perfil propio a través de una lenta y progresiva evolución en el tiempo-, y la lucha por la extensión y profundización de la democracia política.

Este ejercicio de indagación histórica es un ejercicio imprescindible, para comprender la propia naturaleza del sujeto sindical. La lucha por el derecho del sindicato, que es el derecho sindical para ejercer la acción colectiva en la negociación con el capital de las condiciones de trabajo y de vida; es, al mismo tiempo, la lucha por construir la protección social del trabajo, y una  organización política de la sociedad plenamente democrática, en que las clases trabajadoras pudieran expresar y hacer valer su fuerza organizada para la transformación social, para la alteridad y superación del propio sistema capitalista.

Este itinerario, ahora de siglos, que desde la izquierda social y política –casi indistinta y confusa en la primera internacional, luego cristalizando en dos sujetos diferenciados: sindicatos de clase y partidos de las izquierdas políticas-, es el que desemboca en la conquista civilizatoria del estado social, en la construcción del estado del bienestar, y los derechos sociales de ciudadanía. Ciertamente, con muy distintas intensidades en las diversas áreas del mundo, y con distintas características en las diversas fases del propio desarrollo del modo de producción capitalista.

No ha sido, lógicamente, un camino sin interrupciones y retrocesos, porque se produce en el escenario permanente de la lucha de clases. También es un proceso de divergencias entre las propias tradiciones y concepciones de la izquierda, y con relaciones conflictivas entre sindicato y partido.

Lo cierto es que la democracia política moderna no puede entenderse sin el constante empuje del movimiento sindical, desde el principio, con las luchas por el sufragio universal –de los varones- del movimiento cartista en Gran Bretaña, las huelgas generales en Bélgica, o el soporte del movimiento obrero español y catalán a la revolución de 1868, que conquista al mismo tiempo el derecho de asociación obrera y el sufragio universal. La continuidad con una izquierda política que se consolida como tal, y en etapas más recientes en el tiempo, la lucha antifascista en general, la nuestra en particular, con el papel de CCOO en la recuperación de las libertades democráticas, la liberación del tercer mundo y las luchas contra las diversas dictaduras. Son solo ejemplos

En paralelo, el estado social del bienestar, resulta de una permanente lucha del sindicalismo por construir, desde el vínculo del trabajo, en un primer momento, protección social para las personas trabajadoras y sus familias. Vino después, en esa dinámica de empuje conjunto, del  movimiento sindical y la izquierda política, la extensión legislativa del derecho social.

A título, también de ejemplos, la relación del socialismo francés con Jean Jaurès y  la CGT, aún en transición desde el sindicalismo revolucionario, para la universalización de los derechos sociales básicos de protección, las pensiones de jubilación, el desempleo y la protección de la salud.

O el caso alemán, con Bismark, empujado por la socialdemocracia y su sindicato a establecer los primeros sistemas de protección social moderna –incluso cuando pone en píe las “leyes antisocialistas”-, completado después, por el mismo empuje, con la construcción, con rango constitucional, del primer estado social y del bienestar, en la República de Weimar. Constitucionalización del derecho social y sindical, con el primer reconocimiento constitucional del derecho a la negociación colectiva- que, como todo este amplio proceso, no fue pacífico, y dio lugar al mayor lock-out patronal de la historia.

Los años 30 y la postguerra generalizaron el reconocimiento constitucional de los derechos sociales de ciudadanía y el propio derecho del trabajo.

Con toda la modestia que se quiera, nadie puede negar la importancia de la conquista de la izquierda social y política, del reconocimiento constitucional del 78, de nuestra configuración como estado social de derecho o como economía social de mercado.

La participación del sindicalismo es, también, clave en la universalización de la sanidad, la consolidación y extensión de la educación pública, los servicios sociales y determinante en la aparición de las rentas de ciudadanía y dependencia, en diversas modalidades y aún necesitadas de una clara mejora y perfeccionamiento.

El sindicalismo ha sido sujeto activo en el nacimiento de una nueva generación de derechos sociales, relacionados con el medioambiente, la movilidad sostenible o la igualdad en todas sus dimensiones.

Como dice el profesor Joaquín Aparicio Tovar, “el estado social no ha sido un regalo”. Este largo viaje hasta la democracia social, del que es protagonista esencial el movimiento obrero. Este viaje en que los trabajadores organizados extienden su derecho social del trabajo al conjunto de la ciudadanía y constituyen la “ciudadanía social”, no debe ser olvidado. La desmemoria de la ardua conquista debilita su defensa.

Crisis del estado social de derecho y debilitamiento del estado del bienestar.

Es cierto que los nuevos desarrollos del modo de producción capitalista, en esta fase que por comodidad denominamos postfordismo,  la organización del trabajo informatizada y en red, la financiarización de la economía, y la dinámica de la globalización, y las consecuencias que estos cambios tienen sobre la vida social y de las personas, exige que nuestro estado social del bienestar deba de sufrir un proceso de adaptación a las nuevas necesidades sociales.

Ahora bien, esa evidencia no justifica en absoluto el retraimiento o retroceso de los derechos sociales de ciudadanía. El cuestionamiento del estado social del bienestar y los derechos sociales de ciudadanía es expresión de la ofensiva ideológica neoliberal que amenaza los valores propios del estado social y, simultáneamente, a las conquistas democráticas más avanzadas, y trastoca, también, incluso a una parte de la izquierda que sufre un paulatino proceso de “asimilación” ideológica.

Advierto, personalmente pienso que es un mito que la democracia sea consustancial al capitalismo. Puede sobrevivir el capitalismo con una democracia debilitada, mientras mantenga mecanismos de dominación eficientes y sistemas para desaguar el conflicto social.

Esbozo para una nueva fase de desarrollo de los derechos sociales de ciudadanía.

Estamos, desde hace tiempo, ante una encrucijada civilizatoria. La crisis del estado social y del estado del bienestar, solo puede resolverse, salvo su paulatino desmantelamiento, fortaleciendo los derechos sociales de ciudadanía, extendiéndolos, y dando respuesta a las nuevas necesidades sociales que genera el nuevo paradigma productivo.

Como indica Umberto Romagnoli en referencia al derecho del trabajo, “la tutela del ciudadano-trabajador se ha desplazado del segundo al primero”. Dice a continuación “…muchos acarician la idea de que es posible reconstruir el derecho del trabajo donde y como era…para reproducirlo igual en lo desigual, es metahistoria.”

Es un símil útil para abordar la cuestión de los nuevos desarrollos de los derechos sociales. Defender los que tenemos, no debe ser contradictorio con la necesidad de repensarlos y elaborar nuevas estrategias a la ofensiva.

Por lo que respecta a nuestro sindicalismo, debe acentuar su perfil sociopolítico en la nueva realidad productiva y social. Desde la peculiar experiencia de CCOO como sindicato sociopolítico, puesta en común con las diversas experiencias de otras tradiciones sindicales en la misma dirección, es urgente abrir una reflexión general en el movimiento sindical internacional y europeo sobre la cuestión.

La nueva izquierda política emergente debe comprender que el sindicato, desde su naturaleza de sujeto social, es también un sujeto político, autónomo e independiente, interesado en actuar e influir en todas las dimensiones de la vida social y las políticas públicas. Hace tiempo que el movimiento sindical definió su propio perfil, lejos de los tiempos de la división de funciones sindicato-partido.

Tres deberían ser las direcciones interdependientes para avanzar en el desarrollo de los derechos sociales de ciudadanía:

En primer lugar, la recuperación del estado del bienestar, tan disminuido en nuestro país, para pasar a una fase de nuevo crecimiento en todos los campos: sea la sanidad y la educación pública, los servicios sociales y de dependencia, la protección social y las pensiones públicas, las administraciones y los servicios públicos.

Un estado social del bienestar que debe ser el sostén material de la extensión y reformulación de la nueva generación de derechos de ciudadanía. Unos derechos que deben construirse alrededor de la filosofía del derecho a los medios y recursos suficientes para una vida digna de las personas, con carácter integral, y durante todo el ciclo de la vida, con independencia de la concreta vinculación al trabajo. Es la filosofía de las rentas básicas, pero no solo, debe acompañarse con nuevos derechos a la salud, la igualdad, medioambientales y de movilidad sostenible, a la vivienda, a la cultura y la diversidad, etc.

En segundo lugar, políticas públicas para la transformación del modelo productivo. Un nuevo modelo productivo que en nuestro país debe suponer, también, la revitalización de un sector industrial innovado. Un nuevo modelo productivo que debe incorporar una nueva concepción de control democrático de la economía y en especial de los sectores estratégicos, sea en el sector energético, los transportes, financiero y de gestión, en general, de servicios públicos y de interés general.

En tercer lugar, abrir nuevas políticas sindicales para que los derechos de ciudadanía se abran paso, también, en el núcleo duro del sistema: la empresa. Hacer realidad el objetivo soñado por Bobbio, inteligentemente popularizado por nuestro Marcelino Camacho: que la “democracia entre en las empresas”, que los derechos colectivos y personales, se ejerzan, también en los centros de trabajo.

Esta es una operación de envergadura y múltiple, en que el sindicato es el elemento central, y sin la cual, las dos anteriores direcciones que hemos apuntado carecerían de un verdadero anclaje. Se trata de, sin abandonar las estrategias sindicales y políticas de actuar en la esfera de las políticas redistributivas, actuar en el corazón de la producción, y para ello no basta con influir en las políticas económicas macro.

Se trata, por un lado, de establecer nuevos derechos de participación y control sindical en el proyecto empresarial y en la toma de decisiones, sin abandonar por ello la alteridad crítica y conflictual que el sindicato representa frente al capital.

Por otro, de nuevos desarrollos cualitativos del objetivo de un trabajo digno, que incluye el ejercicio, en el marco de los derechos y la negociación colectiva, de derechos personales. La apertura de espacios de decisión de las personas o lo que, desde hace tiempo, denomino los espacios de “personalización” de las relaciones de trabajo.

Dimensión cualitativa que supone una nueva centralidad de la igualdad desde la diversidad en todas sus facetas, de la salud, de la autogestión del tiempo y de la formación y la innovación como patrimonio personal. Hablamos de que los derechos de las personas no pueden decaer a la puerta de las empresas, hablamos de humanizar el trabajo. Es una operación de centrar al sindicato en la intervención sobre la organización del trabajo. Una organización del trabajo que debe entenderse en el nuevo paradigma productivo: en red y en toda la cadena de valor.

Finalmente, estos nuevos derechos sociales de ciudadanía deben consolidarse y garantizarse en un nuevo proceso constitucional. Un proceso constituyente que refleje al mismo tiempo un nuevo derecho del trabajo y nuevos derechos sociales como pilares de la renovación del estado social de derecho. Ambicioso pero a la altura de los retos de la encrucijada en que vivimos.

Barcelona, 13 de Enero de 2017

 

Ignacio Muro Benayas

@imuroben

Economista i profesor de comunicación en la Universidad Carlos III

 

 

El hecho de vivir del propio trabajo, intelectual o manual, ha constituido durante mucho tiempo un cemento suficiente para favorecer una identidad común. Siempre fue, no obstante, una identidad trabajada que ha utilizado cada conflicto como una ocasión para articular un frente de intereses de las mayorías. “Sumar” a los diferentes colectivos es la labor que ha justificado al sindicato de clase, una organización especializada en observar el mundo desde los ojos del trabajo.

El sindicato así visto es un intelectual colectivo cuyo objeto es ayudar a construir una identidad común a largo plazo mientras articula intereses y participa, de forma inteligente, en una dialéctica de propuestas de resistencia, confrontación o colaboración integradas en un mismo discurso. Cual debe ser ese discurso en un contexto en el que el trabajo lleva décadas a la defensiva, es la cuestión.

La realidad se nos muestra tozuda. La frontera entre el trabajo y el no-trabajo se diluye en el espacio y el tiempo mientras las empresas reducen su perímetro. La creación de riqueza se convierte en un todo integrado a nivel global pero los procesos se fragmentan y las conexiones físicas desaparecen. La complejidad y globalidad de los procesos productivos y tecnológicos diluye la solidaridad primaria tradicional pero las formas de trabajo y explotación simples prosperan. Las tecnologías permiten trabajar en red pero la penosidad y el riesgo laboral se sufren en solitario. El trabajo intelectual gana parcelas al manual pero los profesionales más cualificados son arrastrados al desempleo y la precariedad. Aumenta la productividad del trabajo pero en mayor medida la apropiación por el capital del valor creado. La economía impulsa la colaboración horizontal pero se acentúa la concentración vertical de poder en los primeros ejecutivos y la exclusión de los trabajadores en la gestión de las empresas.

Políticas de resistencia que permitan pasar a la ofensiva

Todo ello desarrolla un contexto social marcado hace décadas por la tendencia a la individualización de las relaciones laborales que coloca al mundo del trabajo a la defensiva, una circunstancia que el cambio tecnológico va a acentuar. Y obliga a plantear claramente al sindicalismo qué políticas de resistencia son más eficaces y qué planteamientos son los adecuados para revertir esa situación.

En ese contexto, acertar en los los marcos ideológicos es algo decisivo, porque, cuanto más leves son las conexiones físicas, más importante es la construcción de un discurso que haga de pegamento para amalgamar intereses cada vez más dispersos.

El desarrollo social y tecnológico permite no solo imaginar un futuro sino construir un presente en el que el empleo no sea un bien escaso, en el que jornadas reducidas permitan generar tiempo libre para el desarrollo propio y el de la familia, en el que el trabajo pase a ser visto como la actividad colectiva de ciudadanos libres organizados para producir bienes y servicios, en el que la creación de riqueza se asocie al impulso de relaciones colaborativas y a la superación de la servidumbre de los mercados.

Optar entre un camino de servidumbres o de libertad, entre asumirse como ciudadanos que toman las riendas de su futuro o como individuos pillados en eternas relaciones de servidumbre, entre ciudadanos libres o siervos precarios son las alternativas que rodean al mundo del trabajo. Sólo en un marco como ése se puede argumentar las resistencias y construir un nuevo interés general que utilice como hilo conductor la democratización de la economía,  la democracia económica.

Democracia económica, objetivo del sindicalismo de clase

El sindicalismo de clase lo es en la medida que es capaz de construir en cada momento una identidad común para el mundo del trabajo. Esa identidad exige hoy incorporar la democracia económica como exigencia de la lógica productiva e implica el reto de asumir la construcción de una oferta general inclusiva para toda la sociedad desde la defensa del trabajo.

Significa también combatir las miradas cortas. Asumir que los impulsos corporativos surgen en todas las actividades sindicales y que la única forma de superarlos es ampliando el foco e incorporando una visión sociopolítica que aporte luz a las perspectivas inmediatas de orden funcional, sectorial, territorial que surgen espontáneamente en cualquier colectivo de trabajadores.

Conectar trabajo y ciudadanía, luchas en el centro de trabajo y en la sociedad, supone precisar los pasos que hoy nos hacen avanzar hacia la democracia económica. Entre ellos, destacaría tres: el primero es la conexión entre las retribuciones indirectas y la defensa de los bienes públicos (sanidad, educación, pensiones, dependencia) lo que supone acentuar la participación del sindicato en la concertación. El segundo, es la defensa del principio de la renta básica antes incluso de precisar sus caminos y formas. Si las prestaciones sociales equivalen a un salario indirecto resultado de la solidaridad entre contemporáneos, lo que la renta básica nos dice es que la productividad del trabajo de hoy es herencia de las aportaciones al saber general generado por la tecnología, las instituciones y el trabajo de las generaciones anteriores de las que nadie, por el mero hecho de nacer en este tiempo debería ser excluido. El tercero, es la participación de los trabajadores como factor de innovación no solo como consecuencia de una lógica participativa.

Sólo así se podrá transitar por un camino de libertad real para todos los ciudadanos y no sólo para unos pocos.

Madrid, 13 de Enero de 2017

 

Berta Cao

Asesora de Igualdad en el Gobierno de Madrid, Comisionada del Ayuntamiento de Madrid para la celebración del World Pride (Orgullo Mundial), miembro electo de la Mesa de Coordinación de Ahora Madrid y colaboradora en el diario digital Cuarto Poder (cuartopoder.es)

 

No sé cuántas personas, fuera del entorno sindical (e, incluso, dentro) sienten que el concepto “clase social” está obsoleto, porque también lo está el de “clase”, sobre todo enmarcado en contextos reivindicativos. Parecen lejanos, de otro tiempo, como   también lo parecen aquellos días donde quienes teníamos un trabajo, a modesto que fuera, debíamos situarnos como clase media. Y a base de ser clase media, engordamos un modelo en el que nos fuimos desclasando dentro del consumo, la apariencia. Donde tener era más importante que ser. Olvidamos que somos, y que desde ese “somos” debemos construirnos como colectivo en el que reconocernos, con objetivos comunes.

Aquellos años que con ser parte de la sociedad, con sentirnos “dentro”, integradas o integrados, íbamos alimentando ese imaginario en el que el posicionamiento social estaba más cercano al cambio de coche que al ejercicio de los derechos, al tiempo que adelgazábamos lo que se consideraba innecesario, como los espacios de reconocimiento de derechos, de exigencia del mantenimiento y ampliación de los mismos.

Durante ese tiempo hubo muchas personas, trabajadoras, autónomas, estudiantes, emprendedoras, hombres y mujeres, que creyeron que la democracia se mantenía y desarrollaba por inercia, que no requería compromiso, participación…. Y el capital se frotaba las manos mientras perdíamos derechos y posición.

Hasta que llegó el día en el que despertamos del sueño, o de la pesadilla, y comprobamos que había que empezar a sembrar en el terreno esquilmado. Esquilmado, como los salarios, como los derechos laborales, como los derechos sociales. Esquilmado, porque aún escuchamos voces que preguntan ¿dónde estaba la izquierda, dónde estaban los sindicatos cuando estalló la crisis? Como si la izquierda o los sindicatos (de clase) estuvieran compuestos por entes de otra madera, a los que no afectaran las turbulencias de las burbujas.

Y así nos encontramos, a diez años de la hecatombe económica que trajo consigo el descalabro de la incipiente sociedad del bienestar que habíamos levantado con mucho esfuerzo, sobre todo de las mujeres, descubriendo que “ciudadanía” no es la traducción de un concepto francés sin contenido en castellano –que hasta eso hemos tenido que escuchar- sino que representa el reconocimiento de los derechos que, como individuos y como colectividad, tenemos –o debemos tener-. Esos derechos que  se conquistan, no se conceden generosamente, y que de poco nos sirven si no tenemos posibilidades para ejercerlos.

Hemos visto cómo el vendaval de la crisis deja un erial en el que las estructuras que forman el entramado democrático se tambalean. Y los sindicatos, el Sindicato –que no es otro que CCOO- tienen que afrontar los cambios que sufre el mercado laboral, desregulado salvajemente en este último período.

La cuestión es cómo re-posicionarnos para ser de nuevo el referente en la demanda de los derechos, cuando tenemos una buena parte de las personas con trabajo que perciben unos salarios de infamia, que no les alcanzan para cubrir los gastos básicos, que no permiten a jóvenes con una formación impecable desarrollar su conocimiento y  sus capacidades, y si lo hacen es con retribuciones de miseria, y sin rechistar, que hay cientos detrás con otras penurias. Cómo establecer un referente sindical en estas condiciones, cuando la gente preparada tiene que emigrar y aquí recibimos a personas de otros países, a las más capacitadas también, para ofrecerles migajas.

Quizás deberíamos volver la mirada hacia el mediocre empresariado, que es mayoritario por estos lares, del que sorprende que no tenga ninguna perspectiva de futuro y que su objetivo sea el enriquecimiento rápido. O volver a los clásicos y elaborar estrategias de pedagogía social para lograr una mínima hegemonía que facilite la transformación del mercado, de tal manera que los derechos no sean moneda de cambio, sino los pilares a partir de los cuales se van estructurando las oportunidades de vida, de negocio, la sostenibilidad y el progreso…

En cualquier caso, a la hora de ponernos a pensar qué hacemos con estos viejos  mimbres y cómo ensamblamos los nuevos, no se nos olvide que, además de las energías renovables, las nuevas formas de producción, la robótica y la extensa automatización de la industria, tenemos que incluir los nuevos sujetos y sus demandas. La ecología; el multiculturalismo; las identidades sexuales con sus variados acosos y discriminaciones; por supuesto, el papel de las mujeres y su reconocimiento, frente a sus brechas salariales y sus segregaciones horizontales y verticales.

Porque cuando se disipa la niebla que deja la crisis, no tenemos certezas de que haya clase obrera, pero lo que está claro es que el sujeto de derechos ya no es únicamente el hombre blanco heterosexual, y a eso también tenemos que hacernos y, adelanto, no es el más sencillo de los retos que tenemos que afrontar y resolver.

 

Alfonso Labrador

Director del CERES de CCOO Catalunya

 

 

 

Los cambios que se han producido en la sociedad y en el mundo del trabajo hacen aún más necesario el papel del Sindicato como defensor de intereses generales. Es más, el futuro del sindicalismo de clase pasa en buena parte por esta función.

Visiones clásicas, como la división de funciones, propia de la socialdemocracia entre partido y sindicato, o la correa de transmisión en los partidos comunistas han quedado hoy completamente obsoletas.

En el primer caso, el sindicato atendía fundamentalmente las cuestiones laborales (mejora de los salarios y de las condiciones de trabajo) y delegaba en el partido la responsabilidad de velar por los intereses generales de la clase trabajadora.

En cuanto a la correa de transmisión entre el partido y el sindicato, dejando de lado visiones simplistas que la reducían a una relación puramente instrumental, respondía a la idea de que la finalidad del sindicato (considerada por esencia reformista) debía subordinarse a la del partido que era el agente transformador de la sociedad.

La superación de estas visiones ha venido de la mano de la conquista de la independencia sindical. No está tan lejos en el tiempo. Sólo hay que remontarse a la relación conflictiva entre UGT y el Gobierno del PSOE de Felipe González cuando el sindicato se negó a avalar su política. O en el caso de CCOO, cuando firmó acuerdos generales que entendía beneficiosos por su contenido para los trabajadores y trabajadoras, mientras el PCE consideraba que suponían un “balón de oxígeno” para el Gobierno de turno.

El hecho de que CCOO se haya definido desde su comienzo como un sindicato sociopolítico ha favorecido esta transformación. En sus Estatutos, CCOO “asume todas las reivindicaciones que afectan de forma directa o indirecta la vida del conjunto de trabajadores y trabajadoras, en la plena afirmación del papel fundamental e insustituible que el sindicato tiene en el desarrollo de la sociedad democrática y en la creación de las condiciones para establecer una sociedad socialista”.

Conquistas laborales y derechos sociales

Esto conlleva no sólo luchar por conquistas laborales sino también por los derechos sociales, es decir, para conseguir unos mejores servicios públicos en sanidad, educación, pensiones, vivienda, transporte, etc.

Desde esta visión, el Sindicato coopera con los partidos de izquierdas para conseguir unos objetivos comunes, pero no delega sus responsabilidades. A su vez, ejerce una función crítica sobre la acción de gobierno valorándola por sus hechos.

Sin dejar en un segundo plano lo prioritario para el Sindicato, y de dónde saca su fuerza y ​​legitimidad, como es la organización y representación de los trabajadores en las empresas, profundizar en la defensa de intereses generales le puede permitir afrontar mejor los graves problemas de paro, precariedad y desigualdad que hay en nuestra sociedad y conectar con los agentes implicados en el cambio.

Estamos asistiendo a cambios en el papel de los sujetos sociales. Se ha ido generando una nueva dinámica sociopolítica de carácter democrático frente a la crisis y sus responsables.

La articulación de esta mayoría social, que padece la situación de paro y precariedad y las consecuencias de las políticas de recortes, necesita de la aportación del sindicalismo, de su fuerza y ​​representatividad, para extender las movilizaciones.

El incremento de las desigualdades tiene su origen en el injusto reparto de las rentas del trabajo y en una fiscalidad regresiva que no favorece la redistribución de la riqueza, por eso es imprescindible la presencia y el protagonismo de los Sindicatos en la lucha para transformar la sociedad.

Barcelona, 13 de Enero de 2017

 

Roger Molinas Amorós

Arqueólogo

 

 

 

Este 2016 hemos visto como el auge de diferentes propuestas situadas en la extrema derecha han arrasado electoralmente en diferentes países. Lo más preocupante, no obstante, es que en todos los casos el aumento del populismo xenófobo ha venido impulsado desde los sectores humildes, las clases trabajadoras manuales sin calificación académica.

Esto ha venido acompañado  de racismo y de nacionalismo que han llenado el vacío que ha dejado la desaparición de la conciencia de clase y la pérdida de influencia social de los sindicatos como principales vehículos del conflicto social.

La globalización neoliberal ha agudizado la alienación respecto a un proceso productivo a escala planetaria,  porque hemos deslocalizado la fuerza de trabajo manual a zonas del planeta donde la inversión salarial es más baja. Por otra parte, las negociaciones entre capital y trabajo ya no se producen a nivel local o nacional sino internacional y mengua así la influencia de los sindicatos en las decisiones laborales. Una globalización sin ninguna frontera en el capital o en las mercancías, pero, en cambio, con trabas a los proletarios que quieren migrar para buscar un futuro mejor.

La respuesta aparentemente más fácil es la proteccionista, es decir, volver mágicamente a un pasado ideal donde la producción industrial estaba concentrada en un Occidente privilegiado, sin flujos planetarios de migración y mercancías. Pero tratar de desconectarnos de la globalización poniendo aranceles, levantando muros y fronteras o endureciendo el racismo institucional, no es una alternativa realista. Es imposible detener las transacciones económicas en un sistema planetario conectado digitalmente. Estas ocurrencias populistas tan sólo conducen a arruinar las exportaciones, a producir una inflación galopante y a dirigir el descontento contra los elementos más débiles de la sociedad, las personas migradas, en vez de hacerlo contra los poderosos.

Los sindicatos tienen que ser agentes del cambio global. Tienen que internacionalizar las luchas en vez de proteger los intereses de unos trabajadores nacionales en contra de los derechos de sus vecinos. Hace falta un marco laboral transfronterizo donde las organizaciones de trabajadores puedan negociar de tú a tú con un capital el cual no conoce fronteras. Hay que parar los tratados de libre comercio que avalan las desregularizaciones neoliberales. Se tienen que poner sobre la mesa medidas que eviten el “dumping” fiscal y salarial, impulsando organismos supranacionales que redistribuyan la riqueza y la deuda. En definitiva, nos hace falta una globalización alternativa y social, donde el papel del mundo del trabajo será fundamental para regular los mercados, para así igualar los derechos laborales a escala global.

Barcelona, 13 de Enero de 2017

 

Manel Garcia Biel

Sociólogo y ex Secretario de Comunicación de CCOO Catalunya
 

 

El proceso de industrialización capitalista fue parejo a la lucha de la clase obrera por su emancipación y por la mejora de sus condiciones de vida y trabajo. Estas luchas comportaban también la de los derechos del conjunto de la ciudadanía por unas sociedades más justas y libras. Al finalizar la II Guerra mundial, y como consecuencia de la misma, del arraigado proceso de industrialización, de la existencia de un modelo alternativo simbolizado por la URSS y el bloque bajo su dominio, así como la fuerza del movimiento obrero y sus sindicatos, se produjo un Contrato Social implícito, no escrito, a los países de la Europa Occidental. Este contrato social se basaba en dos vectores en tensión: la justicia del mercado y la justicia social.

El Contrato Social en Europa Occidental entre capital y trabajo comportó tres largas décadas de oro, desde 1945 al inicio de los 80, en cuanto a la mejora de las condiciones y los derechos de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Fue un periodo histórico excepcional por la reducción de desigualdades y la implantación de un estado de bienestar con amplia cobertura de prestaciones sociales y redistribución de la riqueza mediante los impuestos, con el reconocimiento de amplios derechos civiles y libertades sociales (universalidad de la salud y la educación pública y el acceso a la ocupación entre otros) resultado de la acción de los gobiernos y de la negociación colectiva de los sindicatos. Hay que decir que las bases de este modelo eran compartidas por el conjunto de las principales fuerzas políticas y sociales. En aquel periodo las propuestas del liberalismo a ultranza eran para la gran mayoría inimaginables y totalmente minoritarias.

A principio de los 80 se inicia la Revolución Conservadora de la mano de Reagan y Thatcher con su propuesta de fundamentalismo económico basado en mercados libres de todo control y reducción de la acción del estado a pesar de mantenerlos como proveedores de los grandes oligopolios y garantes del nuevo orden. Según ellos el mercado mantiene el equilibrio por sí mismo y genera resultados racionales y de eficiencia entre los cuales incluye la estabilidad y la plena ocupación.

Es una doctrina que rechaza por principio todo aquello público y colectivo y potencia la extensión del mercado a todos los ámbitos de la vida, es el fomento del individualismo, del llamado “capitalismo popular” y la segmentación de la clase trabajadora y las clases medianas. El mercado asigna a cada uno recursos según su merecimiento.

La revolución conservadora responde a un cambio en el sistema productivo. En los estados desarrollados de Europa se produce una progresiva reducción de la producción manufacturera con el desmantelamiento de la industria que se desplaza a países en vías de desarrollo donde la producción es más barata. Esto provoca un proceso de tercerización de la economía en los países más desarrollados, con un predominio cada vez más grande del capital financiero especulativo sobre el capital industrial, así como un cambio cualitativo en el seno de la clase trabajadora con la sustitución del obrero industrial por trabajadores del sector servicios. Con la desaparición del sentido comunitario y fomentador del instinto de clase industrial y la menor conciencia de clase entre los nuevos sectores de trabajadores se produce el consiguiente debilitamiento del sindicalismo de clase, fruto también de una legislación regresiva en lo laboral y lo sindical.

El objetivo de las empresas es la maximización del beneficio y la máxima remuneración al accionista. Los beneficios son cada vez mayores en relación al coste de producción. La revolución conservadora se ve potenciada por la globalización derivada de la aplicación de las TIC, la práctica del “Offshoring” global como ecosistema mediante el cual el movimiento de capitales se oculta total o parcialmente a las autoridades y a la sociedad y permite eludir la jurisdicción de los Estados-nación.

Todo ello consigue su plenitud a partir de la Gran Recesión de la primera década del siglo XXI. La hegemonía del neoliberalismo provoca un cambio radical en la “ventana de Overton” cómo describe acertadamente Owen Jones, “la concepción que era marginal en la etapa anterior es la hegemónica ahora, y lo que entonces se consideraba normal ahora es algo anticuado y en todo caso definido como radical”.

Es evidente que para el éxito de esta hegemonía conservadora se han precisado varias variables: Inexistencia de alternativa al sistema desde la implosión del bloque soviético; transformación de la estructura y la organización del trabajo y en consecuencia del poder y la capacidad sindical; el deslizamiento hacia el individualismo consumista y la ausencia de todo sentido de solidaridad y ciudadanía nacional e internacional.

Así hemos llegado a una situación extrema en lo referente a la desigualdad y la cohesión social. El individualismo hegemónico convierte al otro en un competidor, todo el diferente es un enemigo y alguien que te puede disputar tu precaria posición social. Es el renacimiento de la insolidaridad especialmente respecto al diferente y el repliegue hacia la idea del nacionalismo excluyente a través de los populismos nacionalistas. Y todo esto ha puesto en crisis el propio proyecto europeo.

Y a pesar de esto la alternativa es Europa como concepto, no hay alternativa en el regreso al Estado-nación. La única alternativa capaz de cambiar la orientación de las políticas y fomentar alternativas sólo puede darse a escala europea. La lucha para establecer un Nuevo Contrato Social y un mantenimiento con reformas del Estado del Bienestar sólo será posible si se plantea a escala europea.

La alternativa no puede basarse únicamente en intereses socioeconómicos sino fundamentalmente en valores progresistas que cuestionen los costes sociales y ambientales a que nos conduce el neoliberalismo sin control. Para esta alternativa se precisa una alianza entre los movimientos indignados de las clases medianas con un sindicalismo reforzado que sea capaz de representar los intereses de las plurales y segmentadas clases trabajadoras. Y es imprescindible plantearlo para operar en el ámbito del conjunto de Europa.

Su objetivo tiene que ser establecer un Nuevo Contrato Social mediante la construcción de otra Europa con más democracia, con mayor capacidad para la creación de empleo, con políticas públicas inclusivas y con respecto a la diversidad, más Europa monetaria, fiscal, económica, social, ecológicamente sostenible y política, y desde el respecto a cierto grado de soberanía de los estados. Y para lo cual se debe establecer un nuevo relato para una nueva era, capaz de encarnar un nuevo propósito colectivo, un ideal político que tiene que ser esta nueva “Europa social”.

Barcelona, 13 de Enero de 2017

 

Isaura Navarro Casillas

Diputada a Las Cortes Valencianas por Compromís, abogada de CCOO PV en excedencia

 

 

La ciudadanía sustantiva

El peso de las grandes luchas por la emancipación de la ciudadanía en su condición de clase trabajadora siempre ha recaído en los sindicatos de clase que, con sus errores y aciertos, libran una dura batalla frente a la hegemonía neoliberal.

A lo largo de la historia, a las demandas sindicales de defensa, protección y respeto de los derechos de los trabajadores se han sumado las reivindicaciones de mayor democracia. Hoy, nacidas de una ciudadanía que se siendo ignorada y vilipendiada por los poderes públicos, una ciudadanía que ha observado como el dinero de sus impuestos –en un modelo fiscal en el cual la clase mediana es quien más aporta y sustenta la recaudación fiscal- ha dejado de destinarse a las políticas de bienestar y, por lo tanto, de igualdad social, para dirigirse al rescate de las entidades bancarias. Éstas, carentes de cualquier perspectiva social los han desahuciado, negando préstamos, estafando con la venta de acciones preferentes y cobrando comisiones hasta la asfixia.

Esta coexistencia de reivindicaciones no es más que dos voces para una misma demanda, que sitúa al ciudadano como protagonista y titular de los derechos que le corresponden como tal y también como trabajador. De manera indivisible, la ciudadanía comprende la suma de los derechos sociales, políticos y civiles. El resultado: la reivindicación de democracia real es la suma de estas múltiples demandas, la suma de luchas que tienen que cohesionarse y trabajar de manera coordinada porque el objetivo es el mismo y la batalla es titánica. Los derechos laborales se suman a los derechos políticos y civiles, y conforman la ciudadanía. No hay democracia cuando alguno de estos derechos se tambalean. No hay ciudadanía cuando se vulneran.

De hecho, los avances producidos a partir del S. XIX en la conquista de la ciudadanía como conjunto de derechos se deben en parte al uso colectivo que los sindicatos realizaron de los derechos civiles en el ámbito industrial, sumándose a los derechos políticos en proceso de conquista. Esta vertiente de la ciudadanía propia del ámbito laboral impregnó al conjunto de la sociedad, impulsando la institucionalización de los derechos frente a su consideración como algo puramente individual (concepción más propia del capitalismo del momento).

No es de extrañar, pues, que una de las batallas bregadas por el capitalismo neoliberal sea devolver a la concepción individualista de los derechos en el ámbito laboral, como demuestra la última reforma laboral de 2012 que promueve los pactos individuales y de empresa, frente a la institucionalización de los derechos mediante la negociación colectiva. Ésta sufre un profundo ataque con el objetivo de extraer al mayor número posible de trabajadores y trabajadoras del ámbito de protección del convenio colectivo.

Precisamente, la extensión de la llamada clase mediana institucionalizó esta nueva reivindicación colectiva de carácter instrumental: el colectivismo instrumental, la unión de esfuerzos como un medio para conseguir finalidades individuales, intereses personales que afectan a colectivos, un modelo de lucha que hoy perdura en la forma de movimientos sociales, que es muy diferente del que representan los sindicatos de clase, en los cuales el fin y meta colectiva es mejorar la vida de toda la ciudadanía a través del incremento del bienestar, protegiendo las políticas públicas de sanidad, educación y servicios asistenciales, promoviendo la igualdad económica con medidas fiscales y defendiendo la propiedad pública.

Los derechos laborales se suman así a los derechos políticos como partes fundamentales de la ciudadanía. Los sindicatos son, por lo tanto, actores fundamentales en esta batalla que se brega, en tensión permanente entre la institucionalización de los derechos y el individualismo, entre el estado social protector y el capitalismo del “sálvese quien pueda”, donde los periodos de crisis han servido más para su rearme que para su declive.

No tenemos que olvidar que los mismos que vacían de contenido el Estatuto de los Trabajadores, reforma laboral tras  reforma laboral, son aquellos que aprueban leyes mordaza y se niegan a incorporar la dación por pago a nuestro marco jurídico. Aquéllos que encarcelan a sindicalistas. Aquéllos que imponen el copago farmacéutico y niegan la sanidad a las personas inmigrantes no regularizadas, o imponen un modelo educativo excluyente y no integrador. Aquéllos que inventan tasas para impedir el acceso a la justicia a los humildes. Aquéllos que alternan cargos de gobierno con lugares en los consejos de administración de las empresas que en su momento fueron públicas, que tienen que suministrar necesidades básicas y que obtienen beneficios millonarios mientras cortan la luz o el gas a las personas más humildes sin ningún pudor. La misma batalla se brega en lugares diferentes y los afectados son los mismos: la clase trabajadora.

Desmantelan los derechos laborales al mismo tiempo que van derogando los derechos políticos y civiles. Atacan a los sindicatos para que pierdan su influencia social utilizando los medios que poseen, con una profesión periodística mercenaria en gran medida y totalmente en declive.

La quiebra de esta democracia, a través precisamente de las decisiones de los gobiernos, ha traído la crisis de ciudadanía y de la clase política, vista esta última como un instrumento o de poca utilidad o al servicio de estos poderes fácticos insaciables. Todo esto ha arrastrado en parte a los sindicatos, incapaces de hacer frente al mensaje neoliberal que ha ido calando en la gente a través de unos medios de comunicación la propiedad de los cuales recae en las mismas manos nada inocentes.

En este contexto, nacen colectivos de protesta y denuncia la movilización y demandas de los cuales son incorporados a las reivindicaciones de los grupos políticos o partidos de izquierda. Protestas que sufren la contradicción de considerar a las fuerzas sindicales como parte del establishment, renegando de su labor, y seguramente debido a su desconocimiento. Y digo contradicción porque en el marco ideológico de la izquierda, cuestionar la labor de los sindicatos a pequeña y gran escala en defensa de los derechos de los trabajadores y en conjunto de los ciudadanos, es ignorar la realidad y, sencillamente, caer en la trampa mediática construida desde la derecha.

No hay ciudadanía sin derechos laborales, no hay derechos laborales sin sindicatos.

La participación ciudadana como pionera de la democracia

Con la crisis del parlamentarismo y la desafección política, los ciudadanos han encontrado en la participación ciudadana un modelo con legitimidad social, un mecanismo de democracia directa por el cual  se pueden sentir parte del sistema político y parece ser la herramienta que permitirá que las demandas empiecen a ser escuchadas. Un mecanismo que da respuesta a la crisis de la democracia representativa y puede establecer las bases para la construcción de una nueva democracia auténticamente participativa.

Así, las calles se llenan de asambleas y las webs o redes municipales de mecanismos de participación directa; los procesos participativos están a la orden del día como la nueva forma de hacer política, mediante votos telemáticos, consultas ciudadanas o presupuestos participativos. Todo esto en la busca de la regeneración democrática necesaria, que implique a la gente en las decisiones públicas, más allá de votar cada cuatro años.

Pero un proceso que en teoría puede presentarse como la “nueva democracia”, tiene infinidad de problemas prácticos a los cuales los partidos de izquierdas se enfrentan cada día, al practicar el sistema asambleario de información y debate, tan tradicional en el mundo sindical y tan nuevo para los políticos, más acostumbrados a hablar en actos públicos de aplauso de los acólitos del partido, que a bregar con las cuestiones que plantea la ciudadanía de sus decisiones de gestión.

La gente pide participar más activamente a lo largo del proceso de decisión para  ser escuchada. La izquierda no se rinde a pesar de las dificultades intrínsecas y el miedo inherente a la pérdida de capacidad de control sobre la propia gestión, y sigue buscando mecanismos de participación que la acerquen al sentir ciudadano en un contexto donde el individualismo genera suspicacias de todo aquel que levanta la cabeza para reivindicar o protestar.

Una asignatura pendiente: la igualdad

La ciudadanía sustantiva llegó mucho más tarde para las mujeres, y por ahora, a pesar del reconocimiento formal, en la práctica dista mucho la igualdad real, especialmente en cuanto a los derechos sociales.

No sólo el voto ha sido una ardua batalla que todavía se brega en gran cantidad de países, también lo han sido el derecho de propiedad y de decisión, centrándose hoy las reivindicaciones en el ámbito laboral (mayor precariedad, techos de cristal, desigualdad salarial…) y de representación.

A pesar de que el movimiento feminista se encuentra afianzado en nuestra sociedad, llama la atención que según el CIS de abril de 2016 sólo el 1,3% de la población se define como feminista, y esto en una sociedad en la cual la mujer es discriminada e invisibilizada, maltratada e incluso asesinada. Quizás la demonización del término feminista haya calado pero también lo han hecho las ideas feministas, pues se ha conseguido que la sociedad se escandalice ante afirmaciones machistas y los valores del feminismo se han traducido en abundantes leyes que regulan el divorcio, el aborto, la violencia de género, y las cuotas de la ley de igualdad. A pesar de todo, la sociedad obvia o desconoce que feminismo no es más que reivindicación de la igualdad y hoy pocas personas (la mayoría perteneciente a la jerarquía eclesiástica) se atreven a afirmar en público que son contrarias a la igualdad entre hombres y mujeres.

En el ámbito político, fue necesario imponer cuotas de género por ley para incrementar la presencia femenina en los parlamentos de más de 60 países. En el Estado español fue a través de la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Si bien es cierto que gradualmente se había producido un incremento de la presencia de mujeres en la política, especialmente gracias a los partidos del ala izquierda, que han ido incluyendo previamente estas cuotas en sus propios estatutos, además de otros mecanismos que no son legalmente obligatorios como las “listas cremalleras”. Pero todo y con esto, los cargos de mayor responsabilidad suelen estar en manos de los hombres (“el techo de cristal”). Los portavoces parlamentarios suelen ser hombres, las candidaturas a Presidencia del Gobierno son ocupadas únicamente por hombres y son pocas las mujeres que consiguen labrarse un nombre en política sin que se las tilde de despiadadas o cualquier otro calificativo sobre su supuesta personalidad; analizando formas de ser que nunca se valoran en los hombres. Las mujeres estamos, pero no formamos parte de los ámbitos de decisión. El principio de presencia equilibrada en los nombramientos del art. 55 de la ley 3/2007 se ha quedado en buenas intenciones y pocos resultados reales.

Así mismo, la conciliación familiar y laboral sigue considerada socialmente como un problema que afecta a las mujeres, para conseguir pasar más tiempo con su descendencia y poder dedicar tiempo a las tareas del hogar. En el ámbito de la política, precisamente se observa una diferencia sustancial entre ellas y ellos: el estudio 2827 CIS analizó las dificultades de conciliación laboral-familiar de las diputadas y diputados autonómicos y de las Cortes Generales, el resultado fue que solamente el 21% de los diputados no tienen pareja, frente al 38% de las diputadas; un 33% de las diputadas no tiene hijos, frente a un 14% de los diputados.

La desigualdad en el desempeño de las tareas domésticas es vista como causa relevante en la marginación laboral de la mujer a nivel europeo, según se desprende de la Encuesta Social Europea de 2010.

En el ámbito sindical existe cierta diferencia de afiliación entre hombres y mujeres, si bien gracias a la labor interna de los sindicatos en cuanto a los cargos orgánicos existe una práctica igualdad en el sindicatos mayoritarios (49% en el caso de CCOO, 51% en el de UGT); esta igualdad se rompe, no obstante, en las secretarías generales territoriales en las cuales la gran mayoría recae en hombres.

(http://www.eldiario.es/politica/sindicatos-mayoritarios-suspenden-materia-igualdad_0_162733962.html).

En el sector privado la cobardía del contenido de la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 ha hecho que sea una ley cargada de buenas intenciones prácticamente ineficaz por cuanto exige medidas únicamente en las empresas de más de 250 empleados (Arte. 45.2.), y así el sector directivo empresarial sigue en manos de la mitad masculina de la sociedad, obviando las capacidades directivas de la otra mitad. En el ámbito público, ha sido gracias a la batalla sindical que se avanza mediante los planes de igualdad, si bien sigue existiendo brecha salarial y techo de cristal, especialmente en los nombramientos de libre designación y en los altos cargos.

La imagen de la mujer en los medios de comunicación continúa siendo un objeto utilizado como reclamo de venta con no pocas connotaciones sexuales. Su presencia en los programas de TV suele estar asociada más a la presencia estética que en el debate de temas de relevancia política y social, escaseando las tertulianas a pesar de abundar tertulianos de ínfimo nivel profesional.

En cuanto a los medios de comunicación social y la publicidad, por su influencia, son elementos básicos de reforzamiento de los estereotipos sexistas. Las mujeres utilizadas ya sea como objetos de reclamo, ya sea como público objetivo de los diferentes productos, son uno de los centros del mundo publicitario y en algunos casos y en ciertos aspectos puede contribuir a la perpetuación de modelos degradantes para las mujeres.

La Ley 34/88, de 11 de noviembre, General de Publicidad, modificada por la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el artículo 3 establece que “Es ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución especialmente en cuanto a la infancia, la juventud y la mujer”, incluyendo específicamente “Los anuncios que presentan a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como simple objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneran los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvante a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

Además de esta Ley, hay un elevado número de normas que tienen como objeto poner límite a la publicidad sexista, tanto generales como en campos específicos. Gracias a estas normativas no hay duda de que la publicidad sexista constituye una modalidad de publicidad ilícita. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, las normas son de carácter abierto y por lo tanto tiene que analizarse cada caso concreto y las circunstancias que lo rodean para poder declararlas ilícitas. El sexismo en los anuncios no siempre es explícito, por eso es importante saber detectar el sexismo en la publicidad. En la evolución del machismo en la publicidad hemos pasado de un machismo explícito a uno implícito; y eso, a veces puede ser incluido más peligroso, en cuanto a que la ciudadanía incorpora en su marco cognitivo como normal comportamientos que no tienen que ser aceptados.

En cuanto a los roles y estereotipos de género podemos señalar el uso de estereotipos en el reparto de labores tanto dentro del hogar como en el ámbito laboral, donde las mujeres nunca se ven ocupando lugares laborales de dirección o poder asociados al prestigio social.

Además, este tipo de publicidad ya se refleja desde la infancia, ya en las campañas de juguetes de navidad, o en las tiendas de juguetes transmiten explícita o implícitamente mensajes según los cuales un juguete está principal o exclusivamente dirigido a los niños o a las niñas.

Por lo tanto, es evidente que los mecanismos existentes no son suficientes para frenar la utilización denigrando de las mujeres como reclamo publicitario.

Parece que existe un claro interés por mantener el status quo que relega a la mujer en un papel servil hacia el hombre.

En definitiva, la mujer sigue careciendo de buena parte de los derechos de ciudadanía aunque en teoría los posea todos, mientras la sociedad se construye bajo la mirada de una mitad de la gente, obviando a la otra mitad.

La crisis de la ciudadanía de la mano de la crisis del llamado Estado de Bienestar

Llevamos años oyendo que el Estado de Bienestar se encuentra en crisis, y con esta crisis se ha producido una pérdida de capacidad de incidencia de los partidos políticos, que se identifican con una reivindicación que respeta el modelo económico como única fuente posible de crecimiento y riqueza. Los partidos de izquierdas han renunciado, en su mayoría a la crítica hacia el modelo capitalista, optando por encontrar la forma de mitigar los daños que este modelo causa a la sociedad. Así, se limitan a reivindicar una mayor aportación a las partidas sociales, centrando el debate en cuánto bienestar se puede permitir el Estado y defendiendo que el Estado de Bienestar es el único mecanismo para garantizar la igualdad.

No obstante, nos encontramos ante un nuevo contexto social en el cual la ciudadanía cuestiona el modelo de democracia de arriba abajo, con mayor o menor miedo a los cambios, pero siempre con descontento hacia esta democracia que ha dejado vacíos los derechos que nos explicaron que poseíamos por lo pronto en una Constitución que está vigente.

Así, nuevas voces buscan modelos productivos que potencien la igualdad, atacando la raíz del problema, sin llegar a ser capaces de ofrecer una alternativa palpable a aquello ya conocido y sufrido que sea comprensible por la ciudadanía. A pesar de que hay que afirmar que la popularidad del modelo económico de capitalismo llevado a su máximo apogeo, a través del rescate bancario se encuentra también en crisis, identificado por la ciudadanía como fuente de desigualdad e injusticias, y por lo tanto, culpable de la inaccesibilidad de los derechos de ciudadanía políticos y sociales. Pero ¿cuál es la alternativa? Y en este contexto ¿cuál es el papel que tienen que jugar los sindicatos de clase?

Es precisamente en este contexto, donde el individual vence al colectivo, donde los sindicatos juegan un papel determinante, por cuanto son precisamente los encargados de nuestra defensa como sociedad, como clase mayoritaria, la trabajadora, que requiere la inversión del Estado en políticas sociales y que exige los derechos que representa la ciudadanía. El sindicato no es percibido como un candidato electoral que anhela el poder. El sindicato es la voz de este trabajador que a pesar de trabajar sigue siendo pobre, es la voz de todos los trabajadores que reclaman seguridad, acceso a una vivienda digna, renta social básica, impuestos proporcionales, economía al servicio de las personas, una justicia con recursos y accesible para todos; es quien pone voz a tus derechos.

Quizás sea la defensa de los intereses colectivos uno de los motivos por los cuales los jóvenes no se afilian a los sindicatos, a pesar de que los estudios sociológicos los sitúan como personas preocupadas por sus intereses individuales mientras son castigados colectivamente. Incapaces de comprender que el sindicato es un instrumento clave para mejorar su situación colectiva.

Evidentemente los sindicatos son actores fundamentales en la defensa de los derechos sociales, parte activa en la lucha por los derechos políticos e impulsores de las conquistas de derechos civiles. No es de extrañar que los sindicatos de clase cuenten con secretarías que cubren todos estos ámbitos de lucha y reivindicación, conscientes que en esta batalla por la recomposición de la ciudadanía, la estructura organizativa sindical es fundamental para conseguir algún éxito. Quienes hablan de la crisis de los sindicatos dada la pérdida de afiliación o de influencia obvian que no existe otra organización social tan potente, con tanta implantación, que defienda las políticas de bienestar al mismo tiempo que ejerce la representación y defiende individual de los trabajadores.

La reforma de la Constitución: hagamos ciudadanía

La Constitución vigente, nacida de un contexto social y económico muy diferente del actual, ha sido incapaz de consolidar y proteger los derechos que caracterizan al constitucionalismo social y, por lo tanto, de garantizar y alcanzar todos los ámbitos propios de la ciudadanía sustantiva más allá de los reconocimientos formales. Unos derechos recogidos como derechos fundamentales, otros como principios rectores, en cualquier caso muchos de estos derechos forman parte de una serie de palabras vacías de contenido para buena parte de la sociedad.

La Constitución española de 1978 cuenta ya con treinta ocho años desde su aprobación. Ni los problemas de aquel momento son los de ahora ni está pensada para los retos con que nos encontramos en la segunda década del siglo XXI. La parte dogmática de la Constitución (derechos y libertades) no está al nivel de los avances que se han dado en otras latitudes, y las garantías, como ya hemos comentado, son frágiles y limitadas o sencillamente inexistentes, propias de un constitucionalismo débil. El hecho que el artículo 53 de la Constitución disponga que determinados derechos sean de primera, de segunda o de tercera categoría – incluyendo dentro de éstos prácticamente todos los derechos sociales, que no cuentan con garantías para su aplicación- ha hecho posible el desmontaje del Estado Social, con la legalidad propia de una Constitución débil, pero sin la legitimidad de la decisión popular.

La gente se pregunta si el derecho al trabajo que recoge la Constitución sirve para algo ante las reformas laborales de los unos y los otros y con más de cuatro millones de parados. La igualdad formal como derecho fundamental que recoge este texto escrito a solas por hombres y carecido de perspectiva de género, ya hemos visto que no ha supuesto la igualdad material, dado que no cuenta con derechos y obligaciones que transforman la realidad. Los cambios han venido de la mano del feminismo, la Constitución no daba los instrumentos.

Otro derecho fundamental ampliamente cuestionado en cuanto a su eficacia es el derecho a la información, prácticamente sin desarrollo, a pesar de los esfuerzos de CCOO por la existencia de un Estatuto del Periodista que fue tomado en consideración en el Congreso de los Diputados de la VIII legislatura (2004-2008) se quedó sin tramitar por las presiones de los grandes grupos mediáticos sobre el gobierno socialista de entonces.

En el ámbito sindical, si bien el derecho a la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 28 CE) obtienen la categoría de fundamentales y por lo tanto son derechos especialmente protegidos, el derecho a la negociación colectiva y el conflicto colectivo (art. 53.2 CE) o a la participación institucional (art. 129 CE) quedan fuera de ese núcleo reforzado, a pesar de constituir tareas fundamentales del ejercicio propio de la acción sindical. Un texto constitucional de hoy tendría que proteger los derechos de la clase trabajadora, dejar claro cuál es el contenido del derecho a la libertad sindical, protegiendo las múltiples acciones que llevan a cabo los sindicatos, dando así cumplimiento al encargo del art. 7 del mismo texto: “contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que los son propios.”

La parte institucional, a la vista está, tampoco responde a las necesidades de hoy. Tres décadas de autonomías han creado las condiciones para avanzar hacia un nuevo tipo de descentralización, más evolucionado, que reconozca la plurinacionalidad del Estado y la necesidad de qué los fundamentos de la convivencia se organizan democráticamente y en igualdad entre todos los componentes sociales del Estado, para quién quiera formar parte del mismo. Hay que avanzar sin miedo.

La impotencia ciudadana ha generado un clima de desconfianza hacia la capacidad de la Constitución como garante de las conquistas sociales de la democracia y la capacidad para hacer frente al empujón de los poderes fácticos, el poder financiero, con un poder decisorio sobre el gobierno de turno que acontece cada día más evidente para la gente. Y más todavía ha acontecido una rémora sobre los necesarios avances y mejoras en una democracia cuestionada y deslegitimada por los sucesivos escándalos de corrupción que afectan incluso a las entidades encargadas del control económico y político.

El hecho de mantener anacronismos, como la monarquía, y dentro de ésta, la inviolabilidad de la figura del Rey o la preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión del trono, evidencian que el texto de la norma fundamental requiere ser debatido, actualizado conforme la sociedad de hoy y ratificado por la ciudadanía actual.

A esto, tenemos que sumar que hoy por hoy la mayoría de la población no votó la constitución vigente. Tres de cada cuatro españoles de hoy no pudieron votar la Constitución el 6 de diciembre de 1978.

Es necesario iniciar un proceso constituyente en el Estado español, que conduzca a la reforma constitucional, a fin de que el pueblo recupere la soberanía, se debata y nazca un nuevo texto que garantice un Estado Social y democrático avanzado.

La realidad es que el proceso constituyente de 1978 fue más el producto de la negociación de partidos políticos sobre la forma de Estado, la estructura territorial o los derechos y sus garantías. No hubo un proceso constituyente participativo, sino sólo un referéndum del conjunto del texto en que la gente que quería democracia tenía una sola opción.

La interacción de la ciudadanía y de los agentes de representación de los intereses sociales es imprescindible para garantizar que el debate trascienda los muros de los redactores y que el texto alcance el mayor consenso social posible.

Hay que decir que la Constitución de 1978 votada en su día ni siquiera es el texto vigente, dado que ha sufrido dos reformas explícitas y algunas mutaciones constitucionales sin ser sometidas a referéndum de alguien. Las reformas explícitas afectaron los artículos 13 y 135; la primera, para hacer posible la ratificación del Tratado de Maastricht de 1992 y la creación de la Unión Europea, tal como hoy la conocemos, incluida la competencia monetaria en manos del Banco Central Europeo; la segunda, en 2011, para constitucionalizar el principio de estabilidad monetaria y someterse así a las decisiones de la troika comunitaria. Una reforma del art. 135 CE que dio pie a La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaría y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Además, ninguno de los tratados de integración europeos ratificados por España ha sido sometido a referéndum; el único, la fallida “Constitución Europea”, que nunca estuvo vigente gracias a la oposición ciudadana en países como Francia y Holanda.

De hecho, hay que recordar que, según los barómetros del CIS de los últimos años, existe en la ciudadanía un anchísimo desencanto por la política, siendo la clase política, los partidos y la política en general uno de los principales problemas. Si bien es cierto que la clase política nunca ha sido muy popular, desde el 2007 hasta ahora la confianza se ha reducido a la mitad tanto en los políticos como en el Parlamento, poniendo en entredicho el modelo y funcionamiento del sistema democrático que tenemos. Evidentemente la corrupción es considerada como una causa relevante de esta desafección, al percibirla como elemento que ataca la efectividad y la imparcialidad institucional. La última encuesta del CIS de abril de 2016 recoge que de cada 4 personas 3 creen que los políticos toman decisiones para sus intereses personales.

Frente a esto, la única solución es la democrática. Regenerar la sociedad en el marco de la reconstitución del estado, tanto institucional como territorial, donde las personas puedan decidir como pueblo lo que hasta ahora se les ha vetado: quién somos, quién quiere formar parte del Estado, cuáles son nuestras prioridades de vida en común, qué mecanismos de participación queremos incorporar, y qué es la naturaleza de las funciones públicas y el control hacia los gobernantes, por poner algunos ejemplos.

Esta decisión sólo se puede realizar a través de un proceso constituyente.

Construyamos democracia. Hablemos, dialoguemos y lleguemos a consensos de derechos civiles, políticos y sociales inalienables. Hagamos ciudadanía.

Bibliografia:

• El poder político en España: parlamentarios y ciudadanía, CIS, 2016.
• Por una Asamblea Constituyente, Sequitur, 2012.
• Ciudadanía y clase social, Alianza Editorial, 1998.
• Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas y perspectivas, Centro de estudios Políticos y constitucionales, 2016.
• Libertad sindical y constitución, Ediciones Laborum, 2002, Isabel Marin Moral.
• Los sindicatos en España frente a los retos de la globalización y del cambio tecnológico, Laboratorio de Alternativas, 2008, Holm-Detlev Kohler.

Valencia, 13 de Enero de 2017

 

 

Gaspar Llamazares

Diputado de IU en la Junta General del Principado de Asturias

 

 

 

Nunca asumiremos que no se puede hacer nada para cambiar el estado de las cosas, sobre todo cuando  existen oportunidades reales de poner en marcha un proyecto alternativo de regeneración y de progreso social. Un proyecto que defienda los derechos sociales y lo público, que ponga en el centro a los trabajadores y subordine los intereses corporativos o de parte.

Desde la llegada al poder de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, la derecha española  ha tenido muy presente  la lucha de clases. Por eso atacó al Estado social para acrecentar sus beneficios,  cercenar los derechos laborales, bajar los salarios, generalizar la precariedad laboral, degradar la enseñanza y la sanidad, reducir las becas y desprestigiar a los sindicatos mientras aumentan las grandes fortunas.

Ahora bien, entre los primeros problemas para revertir los efectos de las políticas en curso está la necesidad de un cambio en la relación de fuerzas. Y para que cambie esa relación de fuerzas se requiere un amplio apoyo ciudadano, diversas alianzas y mayor capacidad de movilización, hasta ahora paralizada por la incapacidad de la izquierda para llegar a un entendimiento político. La derecha sabe que la multiplicidad de movilizaciones en su contra carece de suficiente articulación y todavía no tiene un referente político adecuado capaz de proyectarlas en una alternativa solvente.

Por supuesto que una alternativa solvente no se construye en dos días. Pero no queda demasiado tiempo. El riesgo es que el gobierno del PP dure más de una legislatura y que, quizás, para entonces el país se haya convertido en un erial en lo social, en la igualdad de oportunidades y hasta en el ejercicio de las libertades.

Algo equivalente cabría temer con lo que presenciamos en el sistema sanitario público y hasta lo que viene anunciándose sobre las pensiones. En suma, aunque todavía quepa decir que el viejo modelo de Estado del Bienestar no está muerto, tampoco puede asegurarse que el nuevo que va perfilando nuestro Gobierno a golpe de recortes y retrocesos no acabe por imponerse. Cabría preguntarse también sobre lo que puede derivarse de reformas fiscales que graviten sobre los impuestos indirectos, o seguir la estela de lo que vemos que ocurre con los servicios sociales, la justicia, la cultura, la investigación, o, en otra dirección, con la consolidada tendencia al aumento de las desigualdades y de los índices de empobrecimiento y de exclusión social.

Cuando las fronteras se difuminan y el mundo se convierte básicamente en un gran mercado las respuestas tradicionales no valen. En todo caso, la necesaria recuperación de la soberanía democrática perdida sobre la política económica no pasa por la salida de la UE, sino por un proceso renovado de construcción europea, único capaz de ofrecer alternativas frente a la presión de los mercados financieros globales.

Nueva política, viejas divisiones

La “nueva política” ha creado artificialmente nuevas disyuntivas con un maniqueísmo innecesario. Ha sustituido la clase por la “gente”, el antagonismo derecha/izquierda por “arriba/y abajo”, “la casta o la élite”/la ciudadanía; ha enfrentado la democracia representativa con la plebiscitaria; y ha menospreciado a los sindicatos como legítima representación de los trabajadores.

De manera general, el mundo del trabajo es un mundo que la “nueva política” ignora, cuando no oculta intencionadamente bajo el disfraz de la “gente”.

Creían que para ganar la partida bastaban las redes sociales, el liderazgo carismático y la gente empoderada, pero no ha sido así, a falta de proyecto, de propuesta y de programa.

Con la consigna del “que no nos representan” o las convocatorias de “Rodea el Congreso”, ya no cuestionan a un partido político u otro, sino a la totalidad de los partidos políticos, al sistema de partidos políticos, es decir al sistema democrático. Se trata de una intimidación explícita ante un acto fundamental de la vida democrática como es la elección de un presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, única sede de la soberanía popular.

Por eso, alejar la ciudadanía de las instituciones representativas, comparar ese ejercicio propio del Estado de Derecho con un golpe mafioso, como preconizan los organizadores de la protesta, es un sinsentido que tiene como objetivo cuestionar la legitimidad de la democracia representativa.

Del mismo modo hay que rechazar el desprecio que hacia la Constitución mantienen los que la desfiguran y hacen el doble juego de estar dentro y fuera del sistema. Habría que recordarles aquella carta de Togliatti a Pietro Nenni en la que decía, «ha pasado el momento de la agitación al de hacer política». 

La dinámica perversa según la cual lo prioritario es quedar por encima del otro ha empezado a producir efectos negativos de gran magnitud. Conviene recordar a las formaciones de la izquierda, que pugnan entre ellas por la supremacía mientras dejan a la derecha que aparezca ante la ciudadanía como la única alternativa de gobierno, que la teoría del sorpasso nació en Italia como expresión de voluntad de superación frente a la derecha, no de competencia por la hegemonía en el campo de la izquierda.

El corolario de la división de la izquierda ha sido la continuidad de la derecha, con su legado de austeridad, corrupción y autoritarismo y el fracaso del cambio político, enterrado bajo líneas rojas, vetos y hemorragias internas.

Tres pilares complementarios

El nuevo cuadro político de nuestro país, más allá de la configuración del gobierno, permite una mayor versatilidad de las relaciones de los sindicatos con las fuerzas políticas.

Izquierda, Parlamento y sindicalismo de clase son tres pilares complementarios e indispensables para una política de progreso. En la nueva Legislatura que se abre, los sindicatos de clase pueden ser parte esencial del necesario giro político a la izquierda en la política, la economía y lo social.

La mejora de las condiciones laborales necesita cambios políticos para que el Trabajo pueda negociar con el capital en condiciones más igualitarias y recomponer el Estado de Bienestar; condiciones que en su día permitieron conquistas como el Estatuto de los trabajadores o el Estatuto de los empleados públicos, pero también derechos sociales como el sistema de la sanidad pública o la previsión social.

La actual situación política, económica y social exige transformar las estructuras y las leyes en España y adecuarlas a las nuevas demandas de los ciudadanos que exigen respuestas a sus problemas reales: Desempleo, corrupción, futuro de las pensiones, reforma laboral, Estado del bienestar, desigualdad, reforma fiscal, educación, sanidad, justicia, financiación autonómica y municipal, así como una salida negociada al conflicto territorial planteado en Cataluña.

Buen ejemplo de iniciativas parlamentarias que podrían fructificar en esta nueva Legislatura ha sido la presentación conjunta de una propuesta de revalorización de las pensiones por parte del PSOE, Podemos, PNV, ERC y Grupo Mixto, con el respaldo expreso de los secretarios generales de CC.OO. y de UGT. Una iniciativa suscrita por una mayoría de 178 diputados que prefigura la capacidad de alternativas en el Congreso de los Diputados.

Hubo, y todavía las hay, posibilidades de una búsqueda para conquistar, aquí y ahora, nuevos espacios de libertad en la actual relación de trabajo y de remoción de la soledad del trabajador subordinado, demediado en su unidad de ser pensante y despedazado en su dignidad. Por lo tanto, de su existencia.

Por eso, no nos resignamos.

La investidura de Rajoy significa también la frustración del ciclo de cambio y la reafirmación del continuismo en minoría pero con la complicidad y debilidad de la oposición. Debilidad del PSOE pero también de la deriva de Podemos.

En consecuencia, se frustra de nuevo el ciclo de resistencias y movilizaciones frente a la crisis y las políticas de austeridad, que si bien ha cambiado el modelo de representación política y buena parte de sus representantes, no ha logrado cambiar los respectivos gobiernos. Cambia la representación pero no cambia el poder político.

Un compromiso por parte del PSOE más tradicional que culmina una estrategia de veto a su izquierda y al nacionalismo y que tendrá consecuencias en la continuidad de la política conservadora pero también en una mayor debilidad de la izquierda en la oposición y en la división de las fuerzas de cambio. Algo similar pudiera ocurrir si las fuerzas del cambio se enredan de nuevo en sus respectivos pulsos y líneas rojas de partido en la oposición. Nada avala que quienes han sido incapaces de trasladar la mayoría de cambio al gobierno puedan coordinarse en la oposición. Es más probable que de nuevo la estrategia del PP y sus propios pulsos y vetos ahonden su división y faciliten una mayoría de geometría variable al gobierno Rajoy.

El resultado servirá también para reverdecer la estrategia del sorpaso y con ella a anteponer los pulsos a los compromisos por el cambio.

El único factor común es la irrupción de la nueva representación política.

Pero a pesar de su pujanza, y del cambio en la relación de fuerzas en la izquierda, la derecha se afianza en el gobierno.

Asturias, 13 de Enero de 2017

 

Isàvena Opisso Atienza

Bibliotecaria

 

 

 

Las bibliotecas se han convertido en uno de los agentes clave para garantizar el derecho de acceso a la cultura y la participación en la vida cultural, así como responder a las necesidades de información y conocimiento, especialmente de la clase trabajadora.

En los últimos años han aumentado las buenas prácticas en dos aspectos fundamentales para garantizar el acceso a la cultura: en primer lugar garantizar el acceso y las necesidades de información de la ciudadanía en su diversidad, lo que supone responder a las necesidades los usuarios con diversidad funcional, hablantes de pluralidades de lenguas, etc.

Y un segundo aspecto de buenas prácticas es que desde las bibliotecas se han llevado a cabo diversas iniciativas para acercar y hacer llegar sus servicios a los usuarios potenciales que habitualmente no hacen uso. Más allá de responder a las necesidades de los usuarios que van a la biblioteca, se ha tendido a analizar porque hay un alto porcentaje de población que nunca estuvo y planear acciones inclusivas de acercamiento. Cabe destacar en este ámbito las acciones que se han realizado en zonas con los índices de abandono escolar y analfabetización funcional, para hacer de la biblioteca un espacio donde encontrar recursos para el aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje formal e informal que puede suponer la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo o de mejorar la situación laboral, así como también posibilidad de adquirir conocimiento por el placer de saber y convertirse en un punto de encuentro para la ciudadanía.

No debemos olvidar que en zonas con altos índices de abandono escolar, la biblioteca es a menudo vista como un “templo de la cultura escrita” y la escritura considerada como un camino privilegiado de acceso al trabajo y a los recursos controlados por las instituciones. Una falta de dominio de la lectoescritura puede suponer un límite de acceso de la clase trabajadora en el mundo del trabajo, especialmente después de la desvalorización de la mano de obra no calificada como consecuencia de la desindustrialización.

Pero, ¿quién está llevando a cabo estas iniciativas de dotar a las bibliotecas de un valor social? Si bien es cierto que últimamente existen buenas prácticas de las instituciones competentes, tanto de Ayuntamientos como Diputaciones y de la Generalidad de Cataluña especialmente en selección de fondos y recomendaciones mediante guías temáticas sobre diversidad funcional y compromiso social y si bien también es cierto que desde Comisiones Obreras se han llevado a cabo acciones de difusión cultural, programación conjunta de actos culturales y una apuesta por la publicación de libros de lectura fácil con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía al acceso a la cultura y a la participación en la vida cultural, debemos tener presente que el principal grueso de las iniciativas para dotar un valor social en las bibliotecas provienen de la iniciativa individual de las personas que trabajan.

Habría que, por un lado, reclamar a las instituciones competentes que realicen una apuesta firme, continuada y sistemática, la falta de la cual se puede interpretar, no sólo como la consecuencia de los recortes presentes que han sufrido últimamente los servicios públicos, sino también como una estrategia para conseguir un modelo de sociedad inculto, que significaría una población acrítica.

Es necesario también que todos los agentes implicados, trabajadores, usuarios y sindicatos sepamos vehicular las demandas y necesidades y organizarnos en una fuerza aglutinadora más allá de las iniciativas individuales, como se ha hecho en otros sectores como la educación o la sanidad. Sólo así dotaremos a las bibliotecas de valores firmes de inclusión social y podremos reclamar que se garantice en todo y para todo el mundo el derecho que tenemos los ciudadanos de acceso a la cultura.

Barcelona, 13 de Enero de 2017