Presentación

Perspectiva nº 19:

 

Xavier Navarro
Responsable de Estudios y Cultura de la FSC-CCOO

 

 

 

En este número de PERSPECTIVA, hemos querido abrir un debate fundamental, dado que afecta de manera transversal al territorio, a los habitantes del mismo y a los derechos que pueden ejercitar en él. Asistimos, desde la pasividad a la conmoción, al vaciamiento provocado o resultado de la fagotización de tejido productivo (y habitantes) por parte de importantes focos en el centro representado por Madrid y por el levante, en especial Barcelona. El trasvase descrito empobrece grandes zonas, vacía de población, servicios y derechos públicos necesariamente esenciales y acaba por generar una nueva e importante desigualdad.

El desequilibrio someramente descrito es también consecuencia, y no cabe olvidarlo, de modelos de crecimiento y desarrollo capitalista.

Esta realidad bosquejada necesita ser analizada con urgencia, pero sin caer en mensajes sencillos y simplistas que acaben por desdibujar una realidad compleja, que interfiere en muchos elementos sociales, económicos y de la calidad democrática.

El debate es acuciante, y el sindicalismo que representa CCOO debe impulsarlo y plantear propuestas sociales, económicas, políticas, que permitan generar el giro necesario y favorecer el reequilibrio territorial.

Marzo de 2020

Llorenç Planagumà i Guàrdia
Centre per a la Sostenibilitat Territorial
Sant Privat d’en Bas

 

 

 

En la España rural como en la mayor parte de las regiones rurales del mundo existe una dinámica social de emigración a ciudades causando un vaciado y envejecimiento de la población, paralelamente se dan frecuentemente conflictos ecológicos por la disputa distributiva respecto los recursos naturales entre diferentes actores que pueden ir des de la implantación de grandes infraestructuras en zonas naturales o agrícolas, la captación de agua para las ciudades, recursos mineros, etc… Sin población estos conflictos se diluyen beneficiando frecuentemente a grandes empresas y sus lobbies de interés. La ausencia de conflictos genera una peligrosa pérdida de biodiversidad y de suelos agrarios necesarios para las generaciones futuras. Las protestas de la población se tiene que visualizar en positivo aunque sigue predominando una visión negativa del conflicto que ofrece ciertos obstáculos a la implementación de procesos consensuales, por ejemplo: la creencia de la inherente enemistad entre administraciones y plataformas. Pero sin conflicto tendríamos actualmente zonas devastadas a causa de un urbanismo sin control, la construcción de infraestructuras sin sentido o la extracción de minerales o áridos en zonas de elevado interés ecológico i/o paisajístico. Conservar el territorio también es que no cierren escuelas i que se mantenga la población con los servicios que el estado del bienestar ofrece en otros lugares más poblados. Servicios que en los barrios obreros no han sido regalados y solo cabe recordar las luchas por el transporte público, el agua, la urbanización de las calles, etc, que se dieron durante los años 70. Por eso la importancia de las movilizaciones sociales en estos territorios, sea en contra de la construcción de un pantano o reivindicando la mejora de una línea de ferrocarril. Pero también se tiene que pensar a largo plazo y buscar soluciones para recuperar población y el acceso a servicios básicos. El camino a seguir es complejo y difícil reconocerlo pero sí que hay una serie de principios que indican la dirección para mantener con vida la ruralidad y avanzarse a los conflictos que están por venir.

Poner en valor los servicios ecosistémicos. Servicios que ofrecen los ecosistemas a la sociedad y que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. Estos ecosistemas se encuentran en su mayoría en la España vaciada y son ejemplos de ello las cabeceras de los ríos, la formación de suelos, la regulación del clima por parte de los bosques, la polinización, etc. Si no somos capaces de conservarlos, su degradación conduce a perjuicios significativos en el bienestar humano. Estos servicios se tienen que poner en el centro de las políticas y dotar de recursos y herramientas a los territorios para su conservación y mejora.

Los contratos agrarios en la agricultura de montaña. El mosaico agrícola y muchas veces agroforestal que muchas zonas de España existía y se está perdiendo genera una triple problemática, la pérdida de biodiversidad y cultural y el peligro delante de grandes incendios cada vez más frecuentes con el cambio climático. La Política Agraria Europea no ha ayudado a mantener este tipo de agricultura (al contrario) y actualmente no pueden competir con precios de mercado respecto zonas llanas y de agricultura intensiva. Por eso y por el valor que hacen a la sociedad manteniendo tierras de cultivo que a veces ni maquinaria puede entrar es necesario establecer compensaciones para las explotaciones agro-ganaderas por su contribución a la recuperación y al mantenimiento del paisaje rural tradicional de alto valor ambiental y cultural (como los muros y cabañas de pared seca que se encuentran en muchos márgenes).

La participación de la población en la toma de decisiones en la construcción de infraestructuras. La construcción de vías para trenes de alta velocidad, líneas de alta tensión, autovías, presas y otras infraestructuras ocupan territorio y eso lleva a la perdida de terrenos agrícolas, espacios naturales y a su fragmentación. Estas infraestructuras se deben justificar bien su necesidad y para eso se debe integrar en su diseño y planificación a población del territorio afectada, no solo se debe tomar la decisión desde un despacho.

Una de las infraestructuras que se tiene que poner especial atención por su importancia en la lucha contra el cambio climático son las referentes a la energía renovable como los huertos solares o los parques eólicos. Para la transición energética su instalación es clave pero esto no es excusa para no planificar y tener en cuenta que se van a instalar en zonas rurales y por tanto ocupar un espacio agrícola o natural que también es de gran valor. Solo con la participación de los actores del territorio va a ser posible sino van a aparecer conflictos sociales en contra o lo que es peor abusos de grandes empresas energéticas a municipios poco poblados aprovechando su debilidad.

Un espacio natural protegido o una asociación es mucho más rentable que ampliar una carretera. Durante casi todo el siglo XX progreso se equiparaba con la construcción de una carretera. Esta premisa ya no es cierta si es que nunca lo fue, mejorar la infraestructura no va a vacunar un territorio contra su despoblación. Progreso y por lo tanto mejorar las condiciones materiales de la gente que vive en un pueblo es crear un Parque Natural que aporta valor añadido y multiplica por nueve cada euro que se invierte en el territorio, es también apoyar a una asociación cultural o ecologista que acabará dinamizando el territorio. En el siglo XXI los recursos públicos a invertir tienen que tener otras finalidades que el cemento i el asfalto.

Como conclusión para revertir las dinámicas del siglo XX que nos han llevado a que los trabajadores y trabajadoras se desplacen del campo a la ciudad creyendo que así mejoraba sus condiciones de vida no se puede seguir haciendo lo mismo, son necesarias nuevas políticas para estos retos. La ciudad tiene que reconocer a las zonas rurales como lugares llenos de vida y cultura y el campo reconocer a las ciudades como aliados para romper las dinámicas neoliberales de la globalización que han llevado a quitar el valor añadido que tiene la proximidad. Solo de esta manera se podrá encarar una alianza campo–ciudad para así mantener sanos los servicios ecosistémicos tan necesarios para el metabolismo de una ciudad y que algunos de los nietos de los y las trabajadoras que se fueron a la ciudad vuelvan al campo.

Marzo de 2020

 

Pepe Gálvez
Sindicalista, crítico, guionista

La España vaciada es un pueblo que ha perdido la mayoría de sus habitantes, cuando no todos.

 

Es un pueblo con calles en las que es más fácil, y mucho más rápido, contar las casas ocupadas que las vacías. Ausencias que la gran mayoría de las cuales se relacionan con nombres propios o apodos de personas y/o familias que, en un momento u otro, se fueron a ganarse la vida a las ciudades.

Es un pueblo en el que abundan mucho más los entierros que los nacimientos y los funerales son el acto social más frecuente y frecuentado, aunque a veces pueden pasar horas, días y a veces hasta meses sin que la muerte de uno de sus habitantes sea conocido por los demás.

Es un pueblo del que se va mucha gente joven fuera, a estudiar o a trabajar; y regresa muy poca a vivir en él, y aún menos mujeres.

Es un pueblo en el que escasean las risas infantiles salvo en los veranos, cuando las casas de los abuelos se convierten en pequeñas colonias familiares.

Es un pueblo en el que a partir de otoño y hasta la llegada del calor puedes pasear por sus calles acompañado por el silencio y sin cruzarte con nadie la mayoría de las veces.

Es un pueblo cada vez más aislado en la sociedad hipercomunicada. Los medios de comunicación públicos, autobuses y trenes, no llegan o lo hacen con velocidades del siglo pasado, mientras que la cobertura telefónica suele ser precaria e insuficiente y la conexión digital apenas asoma la cabeza.

La España vaciada es ese pueblo y muchos otros que forman grandes zonas rurales despobladas, en las que los balances demográficos van progresivamente empeorando hacia un mañana, cada vez más cercano, de desertización. No es de extrañar pues que en la España vaciada se extienda cada vez más el sentimiento de ausencia de futuro. Un sentimiento que toma derroteros fatalistas cuando el peso aplastante de la realidad se impregna del conformismo conservador aprendido del dominio caciquil. Aunque frente a esta posición derrotista se han alzado movimientos sociales como Teruel existe o Soria ¡ya!, que con sus movilizaciones han planteado al conjunto de las instituciones y de la sociedad española su responsabilidad en el problema del despoblamiento. Porque no se trata de problemáticas localizadas sino de situaciones que afectan a partes importantes de nuestro territorio y por tanto al equilibrio territorial.

Estamos hablando de un estado de decadencia de una parte de nuestra sociedad que debe ser contemplado y analizado desde diferentes perspectivas además de la demográfica: como la socio-económica, la cultural, y la medioambiental. Y es que es un tema relacionado con la función y peso de la agricultura y la ganadería dentro de la economía y de la sociedad, así cómo de la visión estratégica del territorio: Se trata de los bienes y servicios que aportan los diferentes componentes del territorio al equilibrio del conjunto de la sociedad y de la consiguiente distribución de recursos, inversiones.

Además hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales en el actual desarrollo de nuestras sociedades: la crisis medioambiental y la revolución digital. La revolución digital está trastocando el concepto de la producción industrial, así como la de la misma organización empresarial, de la actividad productiva presencial en la empresa. Está cambiando la relación de la producción con el espacio, la posibilidad de descentralizar gran parte de los procesos de creación o de producción industrial, abre un espacio a otro tipo de descentralización: la poblacional. Por su parte la crisis medioambiental cuestiona las grandes aglomeraciones urbanas por sus altos costes contaminantes. Así mismo dicha crisis plantea el uso de la agricultura y ganadería para revertir los efectos de la emergencia climática.

Finalmente, a la hora de plantearse la respuesta al despoblamiento, hay que partir de que no se trata tampoco de un fenómeno inevitable consecuencia del desarrollo natural de la economía. El concepto natural tiene muy poco que ver con la economía como gestión de los recursos en orden a obtener un objetivo. La definición de objetivos, la priorización de recursos así como de su utilización no se realizan de manera espontánea y siguiendo leyes de la naturaleza, sino a través del entramado institucional en el que se construyen equilibrios y desequilibrios que reflejan, e interactúan, con equilibrios y desequilibrios de intereses. El vaciamiento poblacional de amplias zonas de nuestro territorio fue la consecuencia de un modelo de crecimiento económico que no fue inevitable e indudablemente no tuvo nada de democrático. Se desarrolló bajo una dictadura que primó intereses privados, no tuvo en cuenta posibles alternativas y no valoró los costes sociales y territoriales a medio y largo plazo. Fue fruto de una serie de correlaciones de fuerzas e intereses que nunca han tenido nada de espontánea naturalidad.
Por el contrario el combate contra la despoblación en un contexto democrático ha de ser fruto de consensos, mayoritarios en la sociedad, que den respuestas conjuntas a la necesidad de reequilibrio territorial. Consensos en los que deben participar los movimientos sociales mencionados, a los que se les debe reconocer institucionalmente capacidad de propuesta y de seguimiento de las medidas a adoptar.

Marzo 2020

 

Plataforma Soria ¡YA!

 

 

 

Todos y cada uno de los sorianos ‘practicamos’ el artículo 31 de la Constitución y contribuimos al sostenimiento del gasto público de acuerdo con nuestra capacidad económica. Todos los años, unas 400 familias sorianas envían lejos a sus hijos para darles una educación superior, sabiendo que no tendrán la oportunidad de aplicar profesionalmente en su provincia natal cuando concluyan. Los jóvenes sorianos no retornan porque esos “poderes públicos” del artículo 40 de la Constitución no promueven aquí “las condiciones favorables para el progreso social y económico” ni contribuyen a distribuir “una renta regional y personal más equitativa”.

La provincia de Soria es el territorio con menor densidad de población en España y uno de los más bajos de Europa. Y pese a ello ‘exporta’ su capital humano más cualificado contribuyendo al crecimiento de otros territorios. Y no sólo ahora, sino que este éxodo lleva produciéndose desde mediados del siglo XX, momento en el que la provincia de Soria contaba 156.472 habitantes. Hoy no llegamos a 89.000…

Este escenario es fruto de una historia de discriminaciones que se materializa en el reparto de presupuestos que las administraciones regional y nacional realizan en función del número de habitantes (y por tanto número de votantes) y que hace que no lleguen las inversiones necesarias en materia de telecomunicaciones, infraestructuras (energéticas, de transporte, etc…) o servicios. Y mientras, no olvidemos que los sorianos seguimos ‘practicando’ el artículo 31 de la Constitución y contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos, a la vez que aportando recurso humano al desarrollo de otros territorios.

La Confederación de Consumidores y Usuarios realizó hace unos años un estudio por Comunidades Autónomas de cuánto cuesta criar a un hijo hasta los 18 años. De dicho informe se derivó un dato que evidenciaba el incumplimiento del artículo 14 de la Carta Magna, sobre la igualdad de todos los españoles. Resultó que criar a un bebé en Castilla y León puede llegar a ser un 4% más caro que en Madrid. La diferencia crece hasta un 27% si se trata de un adolescente. No hay referencia de las diferencias dentro de una comunidad autónoma, pero haberlas, haylas. De esto los sorianos, sabemos mucho.

Tantas como desigualdades existen a la hora de repartir los fondos públicos, entre otros el de Compensación Interterritorial. En la última anualidad fiscalizada, del dinero que el Estado destinó a Castilla y León sólo llegó a Soria un 0,79%. Unos exiguos 152.000 euros para la provincia más despoblada de España y la menos cohesionada de Castilla y León.

Así que el soriano, por razón de nacimiento o residencia (derecho éste recogido también en el artículo 19 de la Constitución), no puede disfrutar de las infraestructuras que han contribuido al desarrollo de otras provincias, a la vez que ve cómo su vida se encarece por la falta de servicios que ha de buscar en otros territorios con un alto esfuerzo personal y familiar al que no están obligados otros compatriotas.

Enfermar en la provincia de Soria resulta más caro que en otras provincias: el limitado catálogo de servicios del hospital soriano obliga a derivar pacientes a otros hospitales, a veces tan alejados de Soria como el de Salamanca, deslocalizando al paciente y obligando al familiar acompañante a costearse unos gastos que se disparan en función del tiempo de hospitalización. En este punto, sepamos que la “ayuda” por alojamiento que ofrece la administración sanitaria, es de 18 euros por día y de 5 euros para manutención diaria… En 2018, 3.872 sorianos fueron derivados a hospitales de otras provincias. Sobran las palabras y es evidente que ésta no es la igualdad del artículo 1 de nuestra Constitución. Parece que los poderes públicos no están vinculados con los derechos constitucionales de los sorianos, cuyo esfuerzo por crecer y asegurar el futuro de esta tierra no encuentra correspondencia en la obligación legal que tienen de promover las condiciones para que “la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” (artículo 9.2 de la Constitución).

Los principios constitucionales de nuestro orden político dejan claras las reglas del juego que debieran servir para construir España. Incluso en lo relativo al gasto. En este sentido, el artículo 31 marca la necesidad de “una asignación equitativa de los recursos públicos” bajo los criterios de “eficiencia y economía”. También la Unión Europea establece la necesidad de promover acciones encaminadas a reforzar la cohesión económica, social y territorial a la par que predica “especial atención” a las zonas rurales y a las regiones que padecen desventajas demográficas “graves y permanentes”. Por desgracia esos mecanismos no han llegado nunca al territorio soriano.
Ahora parece que todos los gobiernos dicen tener una sensibilidad con el reto demográfico, si bien ninguno ha ido más allá del análisis de la situación y la inacción política continúa siendo la tónica dominante.

Por parte de la Plataforma Soria ¡YA! llevamos 20 años denunciando este abandono institucional, esta desigualdad de derechos a que nos vemos abocados los sorianos. Y no sólo denunciando, sino también proponiendo soluciones a este gravísimo problema. Sólo falta que los políticos escuchen, que quieran corregir el problema, afrontarlo de manera integral más allá de lo que dura una legislatura y que traten de forma desigual a los desiguales…Como en la música, la armonía territorial se ha de construir con acciones simultáneas y diferentes, pero acordes siempre con la realidad de un problema, el demográfico, que exige pasar ya a la acción. Y eso es lo que demandamos desde Soria ¡YA! Basta ya de planes, de palabras, de promesas…Necesitamos hechos: políticas ambiciosas para problemas complicados como es el de la despoblación que ayuden de una vez por todas a que todos los ciudadanos, con independencia de donde vivamos, disfrutemos de los mismos derechos.

Marzo de 2020

Miguel Jurado
Sindicalista FSC-CCOO

 

 

 

En España, por desgracia, se está produciendo la despoblación de los pueblos, lo que se denomina la España Vaciada”, provocando que grandes zonas de nuestro territorio se queden vacías y sólo pequeños grupos de personas las habiten, dándose la circunstancia que de estos mínimos colectivos son de una edad avanzada y muy alejados de las nuevas tecnologías.

Parece evidente que esta despoblación es un problema que demanda una solución con carácter inmediato, pero no creamos que esta labor se podrá realizar en un corto periodo de tiempo, tenemos que visualizarla con una perspectiva a largo plazo y que afectará a varias legislaturas. Esto hará necesario que se plantee una estrategia integral que afecte desde la productividad y el empleo de estas zonas hasta su atractivo social y la recepción de los servicios públicos.

En base al padrón municipal a 1/1/2019 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 51,52 % de los municipios españoles contaban con menos de 1.000 habitantes, es decir 5.002 con una población total de 1.459.845 habitantes es decir 3,12% de la población total de España. Si nos fijamos en aquellos municipios de menos de 50.000 habitantes estaríamos hablando de 7.983 municipios con una población total de 22.150.046 habitantes, casi la mitad de la población española.

Por ello, es imprescindible comenzar a definir estrategias de actuación y empezar a ponerlas en marcha, prioritario avanzar en las mejoras de las infraestructuras (carretera, ferroviarias y de telecomunicaciones), así como garantizar la cobertura de los servicios públicos y también de servicios básicos.

Si importante es hoy en día pode desplazarse con unas mínimas garantías de seguridad, más importante puede llegar a ser la conexión de internet o la llamada telefónica. Una carretera une pueblos, pero la fibra óptica te conecta con el mundo, por eso -sin obviar la imprescindible necesidad de mejorar las infraestructuras de carretera y de ferrocarril- las infraestructuras de telecomunicaciones en el mundo de la digitalización se hace todavía más necesarias, sin que el objetivo de la rentabilidad económica sea la única fuente de decisión.

La apuesta de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC CCOO) es la de la digitalización de la sociedad adecuadamente regulada, acordada y en un escenario en que los beneficios sean compartidos, de forma que disminuya la desigualdad social y se incremente la cohesión social para todos y todas las ciudadanas españolas.

El uso acertado de la digitalización debe contribuir a reducir las desigualdades económicas y sociales, por lo que también hemos denunciado aquellas actuaciones que pudieran poner en peligro el reparto equitativo de los beneficios de la digitalización de la economía.

Nadie duda de que la digitalización es imparable. Esto nos sitúa en la antesala de una nueva era a nivel global, ya que nos encontramos en una nueva fase en la extensión de las TIC en la que se unen el aumento de la capacidad de computación y de la conectividad. Ambas forman parte de unas transformaciones económicas basadas en ganancias de productividad, competitividad y el fortalecimiento de la adecuación a la demanda y a las necesidades de la ciudadanía.

El desarrollo de las infraestructuras de Telecomunicaciones junto con el impulso de la I+D+i son las piezas básicas e imprescindibles para garantizar el avance en la digitalización de la economía. Por ello, se debe abrir un marco negociador que fije las estrategias del desarrollo de estas infraestructuras, buscando disminuir y eliminar la importante ´brecha digital entre territorios ´que existe en España.

Desde la FSC de CCOO entendemos que no se puede vincular el impulso de estas infraestructuras sólo a la rentabilidad económica de las operadoras de telecomunicaciones, sino que las administraciones deben habilitar mecanismos que garanticen que la cobertura universal de las redes de alta velocidad real.

Las nuevas tecnologías podrían tener el potencial de promover una mayor participación de la ciudadanía, trabajadores y trabajadoras en el diseño y la prestación de los servicios, pero solamente si se aplican de forma que fortalezcan la prestación de servicios públicos orientada al bien común y no la rentabilidad. De esta forma, la digitalización podrá mejorar la responsabilidad democrática y fortalecer unos servicios públicos de calidad.

Actualmente, lo indica la propia Comisión Europea, la fibra óptica es el medio recomendado para conectar la red básica con las redes secundarias finales para el acceso inalámbrico 5G y que necesitan redes de muy alta capacidad, es decir velocidades al menos de 1Gbps, para garantizar la cohesión territorial, para que todos los ciudadanos en todas las comunidades de toda Europa puedan participar y beneficiarse del mercado único digital.

Así mismo, la CE indica que en la mayoría de las áreas rurales y remotas, la conectividad a Internet puede desempeñar un papel fundamental en la prevención de la brecha digital, el aislamiento y la despoblación, al reducir el coste de la entrega de los bienes y servicios y compensar parcialmente el alejamiento.

Las empresas pueden reducir costes mediante las videoconferencias, el acceso en línea a los servicios de la administración, el comercio electrónico o el almacenamiento de datos en la nube. El desarrollo rural y la agricultura moderna se apoyan cada vez más en aplicaciones en línea que sirven para el seguimiento de cultivos mediante sensores o de apoyo para el sector turístico y el uso de drones en el comercio y la agricultura.

Según datos del análisis geográfico de los servicios de banda ancha y despliegue NGA en España de la CNMC del año 2018, en España -aunque somos uno de los Estados con mayor extensión de fibra óptica de Europa- también existe esta grandísima diferencia entre núcleos de población, la denominada brecha digital de las infraestructuras. A título de ejemplo la penetración de los accesos de Fibra Óptica (HFC DOCSIS 3.0) en Madrid o Barcelona están sobre los 30 accesos por cada 100 habitantes, mientras que en los núcleos urbanos de 10.000 a 50.000 habitantes está escasamente en el 10,61% y en los municipios con menos de 1.000 habitantes es del 0,6%.

Como podemos comprobar con estos datos, las diferencias son abismales y lo peor es que siguen aumentando. Por ello, desde la FSC de CCOO, hemos propuesto en diferentes ámbitos políticos y sociales la necesidad de implementar medidas para paliar esta situación. Las Administraciones Públicas, que son las garantes de universalizar las infraestructuras TIC que permiten el acceso a los servicios de la digitalización en España (el 5G), deben apostar por asegurar la red capilar básica de estas infraestructuras.

Pero no puede ser sólo base de subvenciones como el Plan PEBA, con una dotación en el año 2019 de 150 millones de €, que solamente garantiza que se alcancen los 30 megas en el 90% de los municipios de menos de 5.000 habitantes, ya que esta estrategia deja fuera de muchos aspectos de la digitalización a esos municipios.

Es necesaria la implementación de la Fibra Óptica (FTTH) en la totalidad de los municipios españoles, apostar por el futuro directamente sin pasos intermedios que supongan una inversión en infraestructuras automáticamente obsoletas y que no garantizan el acceso en las condiciones óptimas.

Para lo que, la Administración General del Estado debe garantizar esta cobertura apostando por la que, desde nuestro punto de vista, es la opción menos costosa y más rentable: diseñar y realizar -mediante la colaboración público-privada (Estado-operadoras de telecomunicaciones)-, toda la red de fibra óptica, que garantice que esta llega a todos y cada uno de los 8.116 municipios que conforman el Estado Español.

Marzo de 2020

Natalia Castro
Gestora de la Reserva de la Biosfera de Omaña-Luna

 

 

 

La Cordillera Cantábrica en su cara sur, espacio poblado durante milenios por la raza humana, dibuja un paisaje modelado por una economía de subsistencia, de aprovechamiento de todos los recursos que ofrecía el territorio. Este territorio, hoy en día, ofrece una gran riqueza natural y cultural reconocida por la UNESCO mediante la declaración de siete Reservas de la Biosfera.

En las Reservas de la Biosfera se valora el equilibrio alcanzado entre las poblaciones humanas y el territorio que han habitado durante generaciones y se reconoce su capacidad de actuar como laboratorios de sostenibilidad donde ensayar buenas prácticas que puedan ser extrapolables a otros lugares de similares características.

En los años 60 se inició en esta zona el primer éxodo de pobladores rurales hacia las ciudades y con él llegó el abandono de los usos agrarios y la despoblación; el cambio de los usos del suelo y la función de las montañas en la sociedad tradicional hacen que estos espacios sean hoy islas de biodiversidad en precario equilibrio ya que una de sus especies clave, el ser humano, está a punto de desaparecer del ecosistema.

El modelo económico que creó los paisajes que hoy definen estos territorios de montaña prácticamente ha desaparecido en manos de una economía de escala que marca nuevas reglas de relación entre los seres humanos, nuevas maneras de habitar los territorios y nuevos flujos de recursos y servicios desde los espacios rurales hacia las grandes urbes.

El gran problema que está asfixiando a los territorios despoblados en la actualidad se presenta cuando criterios económicos de rentabilidad y eficiencia se aplican también a los servicios básicos que mantienen el contrato social, privando a los escasos pobladores de sanidad, educación, abastecimiento de agua y alimentos, infraestructuras, comunicación….

En un rural diseminado y escasamente poblado el coste de ofrecer los mismos servicios a los pobladores, habitantes de estos mundos rurales, que a los ciudadanos, los que habitan las ciudades, supone un coste por individuo mucho más elevado bajo criterios de economía clásica. La rentabilidad política (escaso número de votos) y la económica, están empujando a empresas y administraciones a retirar sus esfuerzos de estos espacios.

Pero, ¿Qué ocurre si dejamos de hablar de economía clásica y pasamos a hablar de economía ambiental? ¿Qué ocurre si introducimos el concepto de servicios ecosistémicos?

La comunidad científica es unánime en cuanto a la pérdida de biodiversidad en el planeta y el deterioro de los ecosistemas. La buena salud de los ecosistemas es imprescindible para garantizar el bienestar de pobladores y ciudadanos y para mantener el sistema económico ya que el ser humano siempre ha dependido y dependerá de los bienes y servicios de los ecosistemas en forma de comida, agua, fertilidad del suelo o calidad del aire, entre otros muchos.

Zonas como la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna, con menos de 4 habitantes por km2, aporta esos servicios sin recibir compensación por ello, dándose el caso, por ejemplo, de que en su territorio se ubique el embalse de Luna, bajo cuyas aguas descansan la mitad de los pueblos del Valle de Luna y sus mejores tierras de labor, que permite dar de beber a toda la ciudad de León y hectáreas y hectáreas de regadío en el sur de la provincia, mientras que los pobladores del territorio tienen problemas de abastecimiento de agua ya en la actualidad, dificultades que se prevé se agraven en un futuro cercano.

Desde la económica ambiental, se ve necesario valorar cuantitativamente estos servicios, incluyéndolos en las cuentas que hablan de la eficiencia de invertir en estos territorios. Cada euro de inversión en mantener un mundo rural vivo, con una dinámica demográfica saneada, mejora la provisión de servicios ecosistémicos y por tanto el bienestar de la población, urbana y rural, y el mantenimiento de la propia economía.

Y dando un paso más, hablaríamos de economía basada en los ecosistemas que lleva a cambiar de estrategia en la planificación territorial pasando de los tradicionales modelos de “gestión de recurso” a nuevos enfoques de “gestión ecosistémica”, asumiendo principios éticos de sostenibilidad y equidad. Dicho en otras palabras, incluir intangibles y decidir y establecer previamente las líneas rojas que no pueden traspasarse, asumiendo la prioridad de respetar los derechos de todos los habitantes del estado y de las generaciones futuras.

Como sociedad no podemos permitirnos esta confrontación CIUDADANOS VERSUS POBLADORES: que los unos generen crecimiento económico a expensas e insertos en unos servicios ecosistémicos que mantienen los otros, que van perdiendo cada día más derechos que sustentan el contrato social por no cumplir los criterios de eficiencia de la lógica económica.
Se perfila como solución la integración de este concepto de servicios ecosistémicos no solo en el pago directo por los mismos, sino con criterios de economía basada en los ecosistemas, incluyendo la valoración de intangibles y asumiendo la prioridad de respetar los derechos de todos los habitantes del estado y de las generaciones futuras.

Marzo de 2020

 

Zaida Llamas Álvarez
Fundacinó Cerezales Antonino y Cinia

 

 

 

Conozco a muchas personas que trabajan en el medio rural español y en otros contextos geográficos, pero sin duda conozco aún a más que desearían poder hacerlo y a las que no les resulta posible, en la actualidad, encontrar espacios laborales en este marco, donde poder aplicar todos sus conocimientos, responsabilidad y habilidades.

Hace 10 años que comencé a desempeñar mi labor dentro de una institución cultural en la montaña de León y mi campo de conocimiento está ligado a la historia del arte y la gestión cultural. Para ser trabajadora de una institución cultural situada en una región con una densidad de población de 9,2hab/km2, como es la que me acoge, es necesario aprender a desmontar numerosos tópicos impuestos y cristalizados con el paso del tiempo para hacer espacio real a propósito como los que la Unión Europea recogía hace no demasiado en su Declaración de Cork 2.0 (2016), entre los que se proclamaba la necesidad de “una vida mejor en el medio rural”.

Cada día, entre los vecindarios de este territorio, percibimos la energía que vuelcan todas las personas que lo pueblan en hacer realidad ese aserto que se esfuerza en repetir la UE, en construir espacios de vida colectivos que respeten la diversidad de quienes los habitan, sin embargo aún está lejos y las diferencias entre lo que ello implica en unos u otros lugares son radicales. Nuestro día a día en la labor educativa y cultural, desde el equipo del que formo parte, trata de detectar niveles de relación entre todo lo que nos rodea, que ayuden a consolidar esos espacios de vida de los que somos huéspedes antes que anfitriones, donde caben ciencias y saberes, humanos y no humanos, costumbres y formas de poblar inéditas que comienzan a formar parte de este tejido.

Por todo esto nos gustaría que la atención puesta sobre quienes estamos ligados a estos medios rurales, y en toda la diversidad que los enriquecen, no sea un eslogan pasajero más, un modo de renovar y blanquear ese viejo ghetto que todos conocimos, de seguir marcando distancias con aquello que para muchas personas e instituciones continúa siendo lo inhóspito, lo periférico o, directamente, lo “insostenible”. Es imprescindible lograr un reconocimiento consciente, colectivo y a largo plazo de la interdependencia vital, ecológica y, por supuesto, laboral, que nos une a quienes estamos unidos de todas las maneras posibles no a una tierra sino a la Tierra –vidas earthbound, como sostienen pensadores de la talla de Bruno Latour o Donna Haraway–, confinados a un mismo planeta.

En ese contexto no es posible dejar de lado el papel que desempeñan cada día los grupos históricamente más frágiles e invisibles: mujeres, infancia, minorías de distinto signo o colectivos informales y formales como polos que aglutinan y hacen evolucionar gran parte de la vida a la que nos referimos. Grupos humanos que contribuyen de manera decisiva a la articulación del territorio y que somos dependientes de servicios e infraestructuras en desaparición u objeto de especulación bajo criterios de rentabilidad: transportes, colegios, consultorios médicos, vías, redes de telecomunicaciones, abastecimientos eléctricos…
Directamente e indirectamente, todos esos servicios suponen savia nueva e injertos, también desde el plano laboral, llamados a equilibrar los flujos de trabajadores, residentes y población flotante que decrecen o desaparecen en otros ángulos.

Los programas culturales que abordan posibilidades de transformación a largo plazo, así como sus diferentes tipos de agencias y agentes son un sector mal identificado cuando no caricaturizado e infravalorado en sus capacidades para aportar perspectiva y energías para mejorar la compresión de lo que suponen los medios rurales. Dichos programas suelen quedar amalgamados y sepultados al fondo de discursos y estrategias que priman lo inmediato y cuantitativo por encima de lo cualitativo. Mi trabajo se desempeña a través de una rara avis en este lugar: una institución de raíz privada, vinculada a prácticas culturales contemporáneas, creada por personas que tuvieron que emigrar en busca de futuro. Colaborar con artistas plásticos o de cualquier tipo de lenguajes, músicos, cineastas, investigadores y otros agentes que son portadores de saberes indispensables para poder considerar escenarios de futuro, me sitúa ante todo tipo de casuística, contingencias laborales en riesgo de precarizarse y escenarios que urge corregir. En ello volcamos buena parte de nuestra actividad, construyendo espacios de relación laboral dignos y articulados contractualmente. Un lugar así me permite comprobar que resta mucho por hacer, que la demanda de mayor presencia tanto privada como pública en estos lugares es una reivindicación constante y justa, y que esta solo será posible si hacemos que la frase que une mejores espacios de colaboración con legislaciones sensibles y actualizadas para quienes habitan en los medios rurales deje de ser otro tópico, ya casi inaudible, por desmontar.

Marzo de 2020

Os invitamos a consultar EL DOBLADILLO 27 de CTXT NÚMERO 258 · MARZO 2020, dedicado a La España Vacía , donde encontrareis interesantes aportaciones a este importantísimo debate sobre una realidad del conjunto de las Españas, donde se producen pérdidas importantes de servicios, de población, de derechos de ciudadanía   http://www.ctxt.es/es/?tpl=77&tpid=512