La España ‘vaciada’ y el 5G


Miguel Jurado
Sindicalista FSC-CCOO

 

 

 

En España, por desgracia, se está produciendo la despoblación de los pueblos, lo que se denomina la España Vaciada”, provocando que grandes zonas de nuestro territorio se queden vacías y sólo pequeños grupos de personas las habiten, dándose la circunstancia que de estos mínimos colectivos son de una edad avanzada y muy alejados de las nuevas tecnologías.

Parece evidente que esta despoblación es un problema que demanda una solución con carácter inmediato, pero no creamos que esta labor se podrá realizar en un corto periodo de tiempo, tenemos que visualizarla con una perspectiva a largo plazo y que afectará a varias legislaturas. Esto hará necesario que se plantee una estrategia integral que afecte desde la productividad y el empleo de estas zonas hasta su atractivo social y la recepción de los servicios públicos.

En base al padrón municipal a 1/1/2019 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 51,52 % de los municipios españoles contaban con menos de 1.000 habitantes, es decir 5.002 con una población total de 1.459.845 habitantes es decir 3,12% de la población total de España. Si nos fijamos en aquellos municipios de menos de 50.000 habitantes estaríamos hablando de 7.983 municipios con una población total de 22.150.046 habitantes, casi la mitad de la población española.

Por ello, es imprescindible comenzar a definir estrategias de actuación y empezar a ponerlas en marcha, prioritario avanzar en las mejoras de las infraestructuras (carretera, ferroviarias y de telecomunicaciones), así como garantizar la cobertura de los servicios públicos y también de servicios básicos.

Si importante es hoy en día pode desplazarse con unas mínimas garantías de seguridad, más importante puede llegar a ser la conexión de internet o la llamada telefónica. Una carretera une pueblos, pero la fibra óptica te conecta con el mundo, por eso -sin obviar la imprescindible necesidad de mejorar las infraestructuras de carretera y de ferrocarril- las infraestructuras de telecomunicaciones en el mundo de la digitalización se hace todavía más necesarias, sin que el objetivo de la rentabilidad económica sea la única fuente de decisión.

La apuesta de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC CCOO) es la de la digitalización de la sociedad adecuadamente regulada, acordada y en un escenario en que los beneficios sean compartidos, de forma que disminuya la desigualdad social y se incremente la cohesión social para todos y todas las ciudadanas españolas.

El uso acertado de la digitalización debe contribuir a reducir las desigualdades económicas y sociales, por lo que también hemos denunciado aquellas actuaciones que pudieran poner en peligro el reparto equitativo de los beneficios de la digitalización de la economía.

Nadie duda de que la digitalización es imparable. Esto nos sitúa en la antesala de una nueva era a nivel global, ya que nos encontramos en una nueva fase en la extensión de las TIC en la que se unen el aumento de la capacidad de computación y de la conectividad. Ambas forman parte de unas transformaciones económicas basadas en ganancias de productividad, competitividad y el fortalecimiento de la adecuación a la demanda y a las necesidades de la ciudadanía.

El desarrollo de las infraestructuras de Telecomunicaciones junto con el impulso de la I+D+i son las piezas básicas e imprescindibles para garantizar el avance en la digitalización de la economía. Por ello, se debe abrir un marco negociador que fije las estrategias del desarrollo de estas infraestructuras, buscando disminuir y eliminar la importante ´brecha digital entre territorios ´que existe en España.

Desde la FSC de CCOO entendemos que no se puede vincular el impulso de estas infraestructuras sólo a la rentabilidad económica de las operadoras de telecomunicaciones, sino que las administraciones deben habilitar mecanismos que garanticen que la cobertura universal de las redes de alta velocidad real.

Las nuevas tecnologías podrían tener el potencial de promover una mayor participación de la ciudadanía, trabajadores y trabajadoras en el diseño y la prestación de los servicios, pero solamente si se aplican de forma que fortalezcan la prestación de servicios públicos orientada al bien común y no la rentabilidad. De esta forma, la digitalización podrá mejorar la responsabilidad democrática y fortalecer unos servicios públicos de calidad.

Actualmente, lo indica la propia Comisión Europea, la fibra óptica es el medio recomendado para conectar la red básica con las redes secundarias finales para el acceso inalámbrico 5G y que necesitan redes de muy alta capacidad, es decir velocidades al menos de 1Gbps, para garantizar la cohesión territorial, para que todos los ciudadanos en todas las comunidades de toda Europa puedan participar y beneficiarse del mercado único digital.

Así mismo, la CE indica que en la mayoría de las áreas rurales y remotas, la conectividad a Internet puede desempeñar un papel fundamental en la prevención de la brecha digital, el aislamiento y la despoblación, al reducir el coste de la entrega de los bienes y servicios y compensar parcialmente el alejamiento.

Las empresas pueden reducir costes mediante las videoconferencias, el acceso en línea a los servicios de la administración, el comercio electrónico o el almacenamiento de datos en la nube. El desarrollo rural y la agricultura moderna se apoyan cada vez más en aplicaciones en línea que sirven para el seguimiento de cultivos mediante sensores o de apoyo para el sector turístico y el uso de drones en el comercio y la agricultura.

Según datos del análisis geográfico de los servicios de banda ancha y despliegue NGA en España de la CNMC del año 2018, en España -aunque somos uno de los Estados con mayor extensión de fibra óptica de Europa- también existe esta grandísima diferencia entre núcleos de población, la denominada brecha digital de las infraestructuras. A título de ejemplo la penetración de los accesos de Fibra Óptica (HFC DOCSIS 3.0) en Madrid o Barcelona están sobre los 30 accesos por cada 100 habitantes, mientras que en los núcleos urbanos de 10.000 a 50.000 habitantes está escasamente en el 10,61% y en los municipios con menos de 1.000 habitantes es del 0,6%.


Como podemos comprobar con estos datos, las diferencias son abismales y lo peor es que siguen aumentando. Por ello, desde la FSC de CCOO, hemos propuesto en diferentes ámbitos políticos y sociales la necesidad de implementar medidas para paliar esta situación. Las Administraciones Públicas, que son las garantes de universalizar las infraestructuras TIC que permiten el acceso a los servicios de la digitalización en España (el 5G), deben apostar por asegurar la red capilar básica de estas infraestructuras.

Pero no puede ser sólo base de subvenciones como el Plan PEBA, con una dotación en el año 2019 de 150 millones de €, que solamente garantiza que se alcancen los 30 megas en el 90% de los municipios de menos de 5.000 habitantes, ya que esta estrategia deja fuera de muchos aspectos de la digitalización a esos municipios.

Es necesaria la implementación de la Fibra Óptica (FTTH) en la totalidad de los municipios españoles, apostar por el futuro directamente sin pasos intermedios que supongan una inversión en infraestructuras automáticamente obsoletas y que no garantizan el acceso en las condiciones óptimas.

Para lo que, la Administración General del Estado debe garantizar esta cobertura apostando por la que, desde nuestro punto de vista, es la opción menos costosa y más rentable: diseñar y realizar -mediante la colaboración público-privada (Estado-operadoras de telecomunicaciones)-, toda la red de fibra óptica, que garantice que esta llega a todos y cada uno de los 8.116 municipios que conforman el Estado Español.

Marzo de 2020