Provincia de Soria: cuando los derechos no son iguales para todos

 

Plataforma Soria ¡YA!

 

 

 

Todos y cada uno de los sorianos ‘practicamos’ el artículo 31 de la Constitución y contribuimos al sostenimiento del gasto público de acuerdo con nuestra capacidad económica. Todos los años, unas 400 familias sorianas envían lejos a sus hijos para darles una educación superior, sabiendo que no tendrán la oportunidad de aplicar profesionalmente en su provincia natal cuando concluyan. Los jóvenes sorianos no retornan porque esos “poderes públicos” del artículo 40 de la Constitución no promueven aquí “las condiciones favorables para el progreso social y económico” ni contribuyen a distribuir “una renta regional y personal más equitativa”.

La provincia de Soria es el territorio con menor densidad de población en España y uno de los más bajos de Europa. Y pese a ello ‘exporta’ su capital humano más cualificado contribuyendo al crecimiento de otros territorios. Y no sólo ahora, sino que este éxodo lleva produciéndose desde mediados del siglo XX, momento en el que la provincia de Soria contaba 156.472 habitantes. Hoy no llegamos a 89.000…

Este escenario es fruto de una historia de discriminaciones que se materializa en el reparto de presupuestos que las administraciones regional y nacional realizan en función del número de habitantes (y por tanto número de votantes) y que hace que no lleguen las inversiones necesarias en materia de telecomunicaciones, infraestructuras (energéticas, de transporte, etc…) o servicios. Y mientras, no olvidemos que los sorianos seguimos ‘practicando’ el artículo 31 de la Constitución y contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos, a la vez que aportando recurso humano al desarrollo de otros territorios.

La Confederación de Consumidores y Usuarios realizó hace unos años un estudio por Comunidades Autónomas de cuánto cuesta criar a un hijo hasta los 18 años. De dicho informe se derivó un dato que evidenciaba el incumplimiento del artículo 14 de la Carta Magna, sobre la igualdad de todos los españoles. Resultó que criar a un bebé en Castilla y León puede llegar a ser un 4% más caro que en Madrid. La diferencia crece hasta un 27% si se trata de un adolescente. No hay referencia de las diferencias dentro de una comunidad autónoma, pero haberlas, haylas. De esto los sorianos, sabemos mucho.

Tantas como desigualdades existen a la hora de repartir los fondos públicos, entre otros el de Compensación Interterritorial. En la última anualidad fiscalizada, del dinero que el Estado destinó a Castilla y León sólo llegó a Soria un 0,79%. Unos exiguos 152.000 euros para la provincia más despoblada de España y la menos cohesionada de Castilla y León.

Así que el soriano, por razón de nacimiento o residencia (derecho éste recogido también en el artículo 19 de la Constitución), no puede disfrutar de las infraestructuras que han contribuido al desarrollo de otras provincias, a la vez que ve cómo su vida se encarece por la falta de servicios que ha de buscar en otros territorios con un alto esfuerzo personal y familiar al que no están obligados otros compatriotas.

Enfermar en la provincia de Soria resulta más caro que en otras provincias: el limitado catálogo de servicios del hospital soriano obliga a derivar pacientes a otros hospitales, a veces tan alejados de Soria como el de Salamanca, deslocalizando al paciente y obligando al familiar acompañante a costearse unos gastos que se disparan en función del tiempo de hospitalización. En este punto, sepamos que la “ayuda” por alojamiento que ofrece la administración sanitaria, es de 18 euros por día y de 5 euros para manutención diaria… En 2018, 3.872 sorianos fueron derivados a hospitales de otras provincias. Sobran las palabras y es evidente que ésta no es la igualdad del artículo 1 de nuestra Constitución. Parece que los poderes públicos no están vinculados con los derechos constitucionales de los sorianos, cuyo esfuerzo por crecer y asegurar el futuro de esta tierra no encuentra correspondencia en la obligación legal que tienen de promover las condiciones para que “la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” (artículo 9.2 de la Constitución).

Los principios constitucionales de nuestro orden político dejan claras las reglas del juego que debieran servir para construir España. Incluso en lo relativo al gasto. En este sentido, el artículo 31 marca la necesidad de “una asignación equitativa de los recursos públicos” bajo los criterios de “eficiencia y economía”. También la Unión Europea establece la necesidad de promover acciones encaminadas a reforzar la cohesión económica, social y territorial a la par que predica “especial atención” a las zonas rurales y a las regiones que padecen desventajas demográficas “graves y permanentes”. Por desgracia esos mecanismos no han llegado nunca al territorio soriano.
Ahora parece que todos los gobiernos dicen tener una sensibilidad con el reto demográfico, si bien ninguno ha ido más allá del análisis de la situación y la inacción política continúa siendo la tónica dominante.

Por parte de la Plataforma Soria ¡YA! llevamos 20 años denunciando este abandono institucional, esta desigualdad de derechos a que nos vemos abocados los sorianos. Y no sólo denunciando, sino también proponiendo soluciones a este gravísimo problema. Sólo falta que los políticos escuchen, que quieran corregir el problema, afrontarlo de manera integral más allá de lo que dura una legislatura y que traten de forma desigual a los desiguales…Como en la música, la armonía territorial se ha de construir con acciones simultáneas y diferentes, pero acordes siempre con la realidad de un problema, el demográfico, que exige pasar ya a la acción. Y eso es lo que demandamos desde Soria ¡YA! Basta ya de planes, de palabras, de promesas…Necesitamos hechos: políticas ambiciosas para problemas complicados como es el de la despoblación que ayuden de una vez por todas a que todos los ciudadanos, con independencia de donde vivamos, disfrutemos de los mismos derechos.

Marzo de 2020