Presentación

Perspectiva nº 1:

Por unos tratados de libre comercio con una armonización al más alto nivel posible de las normas sobre medio ambiente, trabajadores y consumidores!

 

CGIL Llombardia

CISL Llombardia

DGB Nieder Sachsen

DGB Baden Wurtenber

CGT Rhones Alpes

CCOO Catalunya

SERTUC UK

 

Actualmente, la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EE.UU.) están negociando un tratado de comercio transatlántico (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, TTIP, por sus siglas en inglés). Desde nuestro punto de vista, las conversaciones sobre comercio entre la UE y EEUU serían provechosas si se utilizaran para ayudar a definir una política de comercio que pusiera las bases de unas normas para una globalización más justa. El objetivo debe ser aportar una mayor prosperidad para un segmento más amplio de la población, mejorar las normas económicas, sociales y medioambientales, y crear estructuras para una competencia justa así como buenas condiciones laborales.

En este sentido, las actuales negociaciones del tratado de libre comercio entre la UE y EEUU se encaminan en el sentido equivocado. Tanto las reglas confidenciales como la falta de transparencia están evitando el adecuado debate público. Algunos elementos que han salido a la luz pública causan gran preocupación y críticas generales. La principal razón para la preocupación radica en los diferentes niveles de protección para las personas consumidoras, el medio ambiente y los trabajadores y trabajadoras. Bajo determinadas circunstancias, un tratado de comercio que aún liberaliza más los mercados, incrementando por lo tanto la intensidad de la competencia, podría presionar los reglamentos europeos o erosionar la cogestión y los derechos sindicales.

• Seis de los ocho derechos fundamentales de las normas básicas del trabajo de la OIT no han sido ratificados por los EEUU. Entre ellos, hay convenciones de importancia vital para los sindicatos, relativos a la libertad de reunión y el derecho a la negociación colectiva. Es absolutamente necesario que los dos socios contractuales se comprometan a ratificar e implementar los convenios internacionales y las normas sobre la protección del medio ambiente, el trabajo y el consumo, lo antes posible. Esto incluiría, antes de ninguna firma, la ratificación de las normas básicas del trabajo de la OIT, otras normas del trabajo que la OIT considera relevantes y las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales.
• En los campos de la protección del medio ambiente, la protección del consumo, y la regulación de la banca y del mercado financiero, el TTIP pretende crear la armonización y el reconocimiento mutuo de procedimientos de regulación y aprobación que pueden ser peligrosos, permitiendo que niveles de protección más bajos (con correspondientes precios y costes bajos) se conviertan en la norma. Esto sería el resultado tanto de acordar una norma “más débil” como de mecanismos de mercado que desplazan productos con unos estándares “más altos” (y precios y costos más altos) a favor de otros con estándares “más bajos”.
• La liberalización de los servicios deseada por TTIP podría poner los servicios públicos bajo la presión de la privatización. Las protecciones especiales también en otras áreas de servicios que los sindicatos consideran necesarias podrían ser eliminadas. Hay que excluir los servicios públicos de las negociaciones con EEUU, como la educación y la sanidad, los relacionados con el mercado laboral y social, los servicios audiovisuales y culturales, así como el abastecimiento de agua corriente y los servicios postales o de transporte público municipal. Todos ellos no deberían ser temas de negociación, incluso si una de las dos o las dos partes contractuales las hubieran ya liberalizado. Las autoridades públicas locales o regionales deben ver garantizada un área permanente y exhaustiva de operaciones para designar servicios de interés económico general.
• Las negociaciones con EEUU deben servir para reforzar el principio de adquisición pública responsable ecológicamente y socialmente. Es decir, ligar la concesión de contratos al cumplimiento de los convenios colectivos, el pago de salarios mínimos y en condiciones similares. Bajo ningún concepto, los mercados de adquisición liberalizados en el contexto del TTIP pueden llevar a situaciones donde se dejen de aplicar las reglas existentes en la contratación pública.
• En caso de que el TTIP introduzca reglas que permitan una amplia interpretación de términos tales como “expropiación indirecta” o “tratamiento justo y equitativo”, los inversores extranjeros podrían definir toda nueva legislación medioambiental o de derechos laborales reforzados como una infracción de sus derechos como inversores. Haciendo uso de derechos especiales de indemnización (Acuerdo sobre la disputa estado-inversor, ISDS, por sus siglas en inglés), los inversores privados podrían atacar estas leyes ante tribunales opacos de arbitraje. No se puede aceptar que la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, los derechos medioambientales y otras medidas gubernamentales para el bien público estén subordinadas a los intereses de los inversores extranjeros. Las regulaciones de protección de la inversión no son necesarias en un acuerdo entre EEUU y la UE, y no deben ser introducidas a través de un TTIP. Hay que rechazar, en cualquier tipo de acuerdo, el arbitraje inversor-estado y las definiciones mal hechas sobre términos legales como “tratamiento justo y equitativo” o “expropiación indirecta”.
• Se ha sabido de planes para utilizar el TTIP de cara a crear un “consejo de cooperación reguladora” transatlántico que controlaría y evaluaría nuevas normas y leyes una vez el acuerdo haya entrado en vigor. Esto podría preparar el terreno para la influencia de los lobbys y restringir las posibilidades que tendrían los gobiernos y los parlamentos de aprobar leyes sensatas a favor del interés público. Se debería excluir el hecho de poner en peligro, debilitar o sortear el derecho democrático de hacer reglas pensadas para proteger temas de beneficio común. Los parlamentos y los gobiernos tienen la autoridad de aprobar leyes y regulaciones para beneficio de sus ciudadanos y de acuerdo con sus deseos. No se puede permitir que todo esto sea más difícil gracias a la creación de un “consejo de gobierno” en el contexto de la cooperación reguladora.

Dadas estas preocupaciones, habría que suspender las actuales negociaciones del TTIP. Habría que establecer nuevos objetivos. Habría que utilizar esta suspensión para redefinir una autoridad negociadora de la UE que sea transparente, de cara a establecer un nuevo enfoque fundamental en la política global del comercio que se centrara en la creación de relaciones comerciales justas, es decir, un marco regulador y político más equitativo para la globalización en interés de la mano de obra y los consumidores, en vez de sólo incrementar las presiones competitivas a través de la desregulación y la liberalización del mercado.

Bajo ningún concepto pueden reducirse los niveles de protección para el medio ambiente, para los trabajadores y trabajadoras, y para los consumidores, ya sea de forma directa o indirecta. No debe haber un reconocimiento mutuo de normas, que no son equivalentes en cuanto a efectos reguladores o de funciones. El objetivo debe ser la armonización de las normas de medio ambiente, trabajo y consumo al nivel más alto posible, lo que excluiría la competencia basada en el dumping. Es más, cualquier acuerdo debe contener una cláusula de revisión que haga posible corregir desarrollos erróneos e indeseables.

 

Joan Coscubiela Conesa

Ex-secretario general de la CONC y diputado por ICV

 

 

 

 

La crisis económica iniciada en 2007, de la que nos encontramos muy lejos de poder salir, se ha convertido en una crisis social, política y democrática de primera magnitud. Entre otras cosas porque sus orígenes son políticos y democráticos: la pérdida de soberanía real de la sociedad y las instituciones democráticas en beneficio de unos mercados de capital cada vez más poderosos políticamente, que imponen las políticas a los estados.

En España y otros países europeos lo hemos sufrido de manera muy directa durante estos últimos años. Los mercados de capital han exigido, para financiar la deuda pública provocado por el endeudamiento privado -fundamentalmente bancario y empresarial-, que España pusiera en marcha políticas de reducción del gasto público y reformas estructurales que incluyen desde la reducción del estado social hasta la precarización de las condiciones de trabajo, incluida una reducción estructural de los salarios.

Esta transferencia antidemocrática de soberanía tiene su origen en el gran desequilibrio de fuerzas entre unos mercados que actúan en el marco de una economía globalizada y unas instituciones que actúan en los estrechos márgenes del estado nación.

Este no es un proceso nuevo. Los primeros síntomas de estos cambios tan radicales aparecen entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado. Con expresiones institucionales, entre las que destaca la reducción de fronteras comerciales, y con expresiones ideológicas como la del capitalismo popular de la Thatcher, que tenía la intención, y lo consiguió, que las personas dejaran de considerarse a sí mismas ciudadanas para convertirse en consumidoras y capitalistas. La estafa financiera de las participaciones preferentes ha sido posible, entre otras cosas, por esta colonización ideológica de la mente de las personas.

Cada vez es más evidente que la lucha determinante del siglo XXI es que los ciudadanos recuperen la soberanía. Una batalla por la soberanía que ya no es, como en los siglos XIX y XX, entre los estados, sino que se entrega, y cada vez más, entre la sociedad organizada social e institucional en espacios plurinacionales y los mercados de capitales.

En esta lucha democrática para decidir quién tiene la soberanía, la próxima batalla, la que ya se está realizando, es la del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y la Unión Europea. Como suele ocurrir con estos tratados, su negociación se casi clandestina, con cláusulas explícitas de confidencialidad que se imponen a los negociadores. El oscurantismo va acompañado de un intento de vender gato por liebre. Como siempre, los poderes económicos venden sus estrategias en aras de la libertad y del progreso económico y social.

Así, el TTIP se presenta y se defiende en nombre de la libertad de comercio, de la reducción de fronteras entre las dos partes del Atlántico, y va acompañado de todo tipo de alabanzas a su capacidad de generar crecimiento económico, empleo y bienestar social. ¿Quién puede estar en contra de un panorama tan paradisíaco?

Pero la realidad es mucho más oscura y dura. Cuando todavía estamos sufriendo las consecuencias de una crisis que tiene sus orígenes en un modelo de globalización económica sin derechos y reglas; cuando asistimos al vergonzante espectáculo de unos jefes de estado y de gobierno europeos que se niegan a ceder soberanía a las instituciones europeas, pero se someten a las decisiones de espacios y organismos no democráticos -no elegidos por la ciudadanía- como la troika , ahora nos plantean otro paso más en esta dirección de globalización económica sin reglas políticas ni controles democráticos.

Este es, de hecho, el elemento central, determinante del TTIP. Mientras en la Unión Europea se libra una batalla para determinar cuál será su naturaleza definitiva, si sólo un espacio de libertad de capitales, mercancías y servicios, o bien un espacio político con instituciones democráticas propias -no sólo intergubernamentales-, los poderes económicos, encabezados por los mercados de capitales, han lanzado un nuevo proyecto que va en la dirección de una globalización sin derechos ni reglas democráticas.

Parece evidente que si no queremos ceder del todo la soberanía democrática de las instituciones, debemos negar a que se pongan en marcha nuevos espacios económicos que no vayan acompañados de un espacio democrático y político de regulación política y democrática. Y el TTIP, más allá de los detalles es, sobre todo, un proyecto para crear un gran espacio comercial sin ningún control político. O lo que es peor, un proyecto en el que el regulador sea el mismo mercado, sin seguir reglas democráticas, sino las reglas de los mercados.

En su fase actual de negociación, tenemos evidencias de que el proyecto de TTIP pasa por sustituir las instituciones democráticas por procesos reguladores que, vía armonización a la baja, determinarán los mercados en temas tan importantes como la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria, la salud pública, los derechos de los consumidores, y los derechos laborales.

Incluso se pretende generalizar la lógica privada en la solución de los conflictos entre empresas y entre empresas y estados, trasladando la solución de los conflictos del ámbito de los tribunales en el ámbito de los mecanismos arbitrales privados. El arbitraje puede ser un buen mecanismo para resolver conflictos entre empresas, siempre que no suponga la capacidad de los tribunales arbitrales privados para imponer decisiones a los estados, como ya ha ocurrido en algunos casos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los objetivos del TTIP han quedado muy claros en las declaraciones del portavoz del lobby de la industria alimentaria de EEUU, cuando ha declarado que el TTIP debería suponer la reducción de exigencias de seguridad alimentaria que están establecidas en la Unión Europea que, según él , no aportan más seguridad que la de EEUU y, en cambio, dificultan la creación de un mercado alimentario transatlántico. Más claro, el agua.

Entre los objetivos clave del TTIP está la reconversión ideológica del papel y la naturaleza de los servicios públicos. Mientras en la UE los servicios públicos constituyen uno de los pilares del estado social y los servicios que se garantizan tienen la consideración de derechos sociales, uno de los objetivos del TTIP es convertir, como ya ocurre en otros países, especialmente en los EE.UU., los derechos sociales en mercancías, reguladas no por la lógica de la ciudadanía, sino por la lógica de los mercados.

Pero el objetivo último es generar un nuevo mercado de servicios para las multinacionales, a partir de la apertura del importante sector económico de los servicios públicos en los países de la Unión Europea a la posibilidad de ser gestionados y gobernados por empresas privadas. Nada que en Cataluña nos venga de nuevo, porque los procesos de privatización de la gestión de importantes instituciones sanitarias van en la misma lógica.

Deberíamos tener claro que los derechos sociales de la ciudadanía y las condiciones de trabajo de los empleados públicos del siglo XXI nos las jugamos en la batalla frente al TTIP. Si no lo detenemos, las lágrimas pueden subir más el nivel del mar que el calentamiento global.

 

 

Lesbia Mezquita

Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco (MSICG)

 

El DR-CAFTA[1]  es un paso más en la consolidación de los intereses de Estados Unidos  por extender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) al hemisferio Americano y crear un Área de Libre Comercio de las Américas que permita imponer de manera unilateral los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos.

El TLC, a parte de no tomar en cuenta las asimetrías existentes entre las diferentes economías, de no incluir un trato especial y diferenciado, como el que se plantea de manera discursiva en la Ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio, de no incluir mecanismos que pudieran ayudar a nivelar las condiciones para garantizar un comercio con mínimos de justicia y equilibrio, impulsa un modelo de apertura comercial, de desregulación de servicios, inversiones, privatización de los bienes públicos y recursos naturales, y precarización de las condiciones de trabajo, entre otros aspectos que llevan a una desregulación que otros países en desarrollo se han negado a aceptar incluso en la Organización Mundial del Comercio, especialmente en lo atinente a temas como agricultura, propiedad intelectual e inversiones.

A casi una  década de  suscripción del TLC puede afirmarse que las  promesas respecto a fomentar la atracción de inversiones productivas permanentes, impulsar la generación de empleo y fuentes de trabajo decente, de proteger los derechos de los nacionales y promover los sectores de pequeños y medianos productores han quedado desvirtuadas en toda la región.

En el caso específico de Guatemala el número de trabajadores sin contratos de trabajo o que laboran con contratos de naturaleza no laboral que simulan la relación de trabajo existente, sin acceso a la seguridad social, a la sindicalización, al pago del salario mínimo fijado legalmente, es decir, sin el goce de sus derechos laborales más básicos,  pasó de representar del 68% en el año 2003,  al 74% en el año 2012,  y el 70.4% en el año 2013. [2]

Las tasas de desempleo pasaron de representar el 2.8% en el año 2004 al  3.5% en el año 2010 y el 2.9% en el año 2013. [3]  Este dato debe ser evaluado teniendo en cuenta que en países como Guatemala el seguro social sólo cubre precariamente los riesgos de enfermedad común, supervivencia, accidentes, invalidez,  vejez, y maternidad,  es decir que ningún trabajador goza de seguros de desempleo. En consecuencia, la pérdida del empleo obliga a la incorporación inmediata del trabajador o trabajadora a alguna actividad por cuenta propia.

Asimismo después de la entrada en vigencia del TLC el número de personas pobres en Guatemala se ha incrementado, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística –INE- respecto a la  Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI- para el año 2006 el número de personas pobres en el país ascendía a 6, 625,891 (51% de la población); y para el año 2011 el número de pobres ascendía a 7, 861,257.17 (53.7% de la población) siendo los  más pobres las mujeres y las personas que viven en el área rural.[4]

Otro impacto importante ha sido el alarmante deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras para acceder a los satisfactores que comprende la Canasta Básica Vital con el salario devengado mensualmente.  Los datos oficiales ponen en evidencia que los trabajadores pasaron de ganar en promedio mensualmente el 64.85% del Costo de la Canasta Básica Vital a devengar el equivalente al 37.14%  en el año 2013.[5]

 

 

 

 

Elaboración propia con datos del INE

 

Esta realidad está íntimamente relacionada con una serie de subsidios salariales facilitados y establecidos por el mismo TLC. Posteriormente a la entrada en vigencia del Tratado, a efecto de ampliar las subvencioness a la actividad de exportación, el Gobierno de Guatemala, aún y cuando el Salario Mínimo en el país no alcanza para cubrir siquiera el 50% del Costo de la Canasta Básica Vital –CBV-, implementó un salario mínimo diferenciado e inferior al salario mínimo establecido para las actividades agrícolas y no agrícolas aplicable para las denominadas actividades de maquila y exportación, las cuales hasta ese momento se les reconocía como salario mínimo el que se fijaba para actividades no agrícolas.

Este subsidio en costos laborales, implementado desde el 2008, se ha mantenido de manera progresiva a través de la diferenciación del salario mínimo usando como criterio no el tipo, naturaleza, intensidad o riesgo del trabajo sino el destino de los productos, la actividad exportadora del patrono y los subsidios fiscales de que el mismo goza.

La medida ha venido incrementando de manera permanente un subsidio a través de la reducción de los costos laborales para quienes realizan actividades de exportación y de maquila.   La regulación no se limita a la maquila textil y de confección sino abarca una gama casi ilimitada de actividades lo cual ha permitido que los subsidios, tanto el fiscal como el laboral, se hayan puesto al alcance de muchas empresas sólidas y tradicionales.

Este subsidio laboral ha significado que  aquellos empleadores que ya se benefician fiscalmente de no pagar impuestos  en virtud del Decreto 29-89 del Congreso de la República, Ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila; del Decreto 65-89 del Congreso de la República, Ley de Zonas Francas y de todos los que se dedican a la exportación hayan obtenido una ventaja basada en una competencia desleal sobre la base del ahorro en costos laborales traducido en una carga al salario de las trabajadoras y trabajadores de dichos patronos.

Si bien es cierto en Guatemala no existen actualmente estadísticas oficiales respecto a la cantidad de trabajadores y trabajadoras laborando en las denominadas actividades de exportación y de maquila, es necesario ilustrar lo que este subsidio ha implicado en concepto de ahorro en costos laborales a los patronos de estas actividades exportadoras, teniendo en cuenta que, como ya se indicó, este salario no solamente abarca a la maquila textil sino a las empresas sujetas a los subsidios fiscales previstos en el Decreto 29-89 y en el Decreto 65-89 del Congreso de la República, y todas las que se dediquen a la exportación se harán los cálculos sobre una base ínfima de 100,000 trabajadoras y trabajadores haciendo la aclaración de que este número abarca, según datos publicados por el sector empresarial,  únicamente a quienes laboran en la maquila textil y de confección y  no a la totalidad de actividades de exportación y maquila a quienes se les aplican tales subsidios.

Sobre esta base, puede estimarse que los subsidios otorgados con motivo de la ratificación y entrada en vigencia del DR-CAFTA han representado un subsidio salarial a los empresarios dedicados a la exportación y maquila que, siendo conservadores, en el año 2,008 ascendieron por lo menos a Q.34,126,000.00 (USD$ 4,375,128.21); en 2,009, Q.193,379,000.00 (USD$ 24,792,179.49); en el 2,010, Q.193,379,000.00 (USD$ 24,792,179.49); en el 2,011, Q.193,379,000.00 (USD$ 24,792,179.49); en el 2,012, Q.250,255,000.00 (USD$ 32,083,974.36); en el 2,013, Q. 262,641,000.00 (USD$ 33,671,923.08) y; en el 2,014, Q.274,674,000.00 (USD$ 35,214,615.38)[6]

En otras palabras, desde el año 2,008 al año 2,014, los empresarios de las actividades de exportación y de maquila han sido beneficiados con un subsidio que asciende por lo menos a  Q.1,401,833,000.00 (USD$ 179,722,179.49) el cual ha sido directamente cargado a las remuneraciones que perciben las trabajadores y trabajadoras.

A esto se suma un nuevo mecanismo de incremento de la precarización del salario, al haberse aprobado, con la participación de las organizaciones sindicales designadas por el gobierno como parte de las Comisiones Paritarias y la Comisión Nacional del Salario,  la fijación para el año 2015 de salarios mínimos por circunscripción municipal, los cuales, al tenor de las propuestas que se han hecho públicas hasta el momento, pretenden reducir en promedio en un 50% los salarios mínimos actuales.

Por otro lado, se generalizaron subsidios fiscales a favor de los capitales exportadores en detrimento de la capacidad de recaudación del Estado.  Según las estimaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- los subsidios fiscales otorgados a las empresas que se dedican a la exportación implicaron un Gasto Tributario para el Estado de Guatemala durante los  años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 en concepto de los principales impuestos que les fueron exonerados (dentro de ellos el Impuestos Sobre la Renta) de Q 104,068.4 millones de quetzales, un estimando en promedio para cada año del alrededor del 7% del PIB.[7] La gráfica que se presenta a continuación ilustra de mejor manera el impacto que estos subsidios tienen para el Estado y el desarrollo de las políticas públicas.

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos de la SAT

 

Por otro lado han existido y continúan existiendo fuertes presiones por parte del Gobierno de Estados Unidos para desregular las protecciones que el Estado pueda proporcionar a sus ciudadanos y para desregular la legislación nacional en diversos ámbitos.

En los años 2,005 y 2,006 el Gobierno de los Estados Unidos presionó a los parlamentos de los Estados parte del TLC para que aprobaran una serie de modificaciones a las legislaciones  nacionales que aseguraran que estas no prevalecerían sobre las disposiciones del primero y  la nula intervención del Estado en todos los asuntos atinentes al mismo.

Ejemplos de esto, en el caso específico de Guatemala, lo constituyen las reformas aprobadas al Decreto 94-96 del Congreso de la República, Ley General de Telecomunicaciones mediante la cual se prohíben la regulación y aprobación Estatal de todos los aspectos relaciones a las telecomunicaciones; las Reformas a la Ley de Propiedad Industrial,  Decreto 57-2000 del Congreso de la República, mediante los cuales se modificaron las regulaciones respecto a la denominación de origen, marca e indicación geográfica y que en la práctica obligan al Estado a otorgar las patentes solicitadas, Reformas al Decreto 33-98,  Ley de derechos de autor y derechos conexos, en el mismo sentido que la anterior; se introducen además una serie de tipos penales para asegurar la aplicación de las disposiciones del TLC y se someten los conflictos derivados de la aplicación del mismo a un fuero internacional.  Esto ha afectado particularmente el acceso a los medicamentos genéricos por parte de la población al haber pasado ha ser estos propiedad de un grupo reducido de farmacéuticas.

Con fecha 26 de junio de 2014 fue publicado en el Diario de Centro América  el Decreto  Número 19-2014 Del Congreso de la República, LEY PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES, mediante el cual se regulaba la privatización de todas las especies vegetales existentes en el país. Contra esta Ley el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- libró una dura batalla en todos los niveles, en primera instancia acudió ante la Corte de Constitucionalidad a plantear la Inconstitucionalidad  General Total de la Ley  logrando que el máximo tribunal del país suspendiera la entrada en vigencia de la misma de manera provisional  lo que abrió las puertas para que a través de diversas movilizaciones masivas el Parlamento terminará derogándola. No obstante esto el MSICG aún mantiene acciones legales y de movilización para que se deroguen disposiciones introducidas por presiones derivadas del  Tratado en la Ley de Propiedad industrial que contiene regulaciones en similar sentido.

De la misma forma se exigió al Estado ratificar diversos instrumentos internacionales y las  presiones legislativas se mantienen constantemente no sólo en estos ámbitos sino también para la exoneración generalizada de impuestos, la desregulación de las relaciones laborales, la baja de salarios y la desregulación de las leyes ambientales.

Actualmente se ha impuesto al Estado de Guatemala la obligatoriedad de imponer reformas al Código de Trabajo para inutilizar la Inspección General de Trabajo imponiéndo a los inspectores e inspectoras funciones conciliatorias ante violaciones a la Leyes de trabajo y un procedimiento lento, ineficaz de sanciones por violaciones a las leyes laborales, estas reformas se conocen dentro de la Iniciativa de Ley 4703; se impone también la aprobación de la Iniciativa de Ley que dispone aprobar el trabajo por hora sin ningún tipo de protección social y laboral, y una nueva Ley de inversión y empleo para generalizar el no pago de impuestos de los empresarios y transnacionales que operen en Guatemala.

De momento, tanto la iniciativa de Ley de inversión y empleo como las otras iniciativas han logrado ser frenadas por el MSICG después de múltiples diálogos entablados con los distintos bloques legislativos pero, al final, son imposiciones que se aducen por parte del Gobierno como emanadas del TLC y por las cuales existen muchas presiones sobre los Estados.

Cabe resaltar que aunque los TLC con Estados Unidos incorporan cláusulas laborales, las mismas se circunscriben a la declaración de buenas intenciones de los Estados parte de cumplir y hacer cumplir los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y la legislación laboral nacional  y aducen que el incumplimiento de estos provocará la instalación de un panel arbitral para evitar el dumping social.

No obstante ello, esto es parte también del doble discurso de Estados Unidos como lo ha probado el MSICG después de documentar durante varios años ante ese  Gobierno las graves y sistemáticas violaciones a los  Convenios de OIT y el curso  de acción e inacción sostenido por el Gobierno de Guatemala para dejar de aplicar su legislación laboral en detrimento del comercio entre las partes obteniendo hasta la fecha, luego de enfrentar una exclusión arbitraria de casos y situaciones al restringir la aplicación del mecanismo a empresas que comercien directamente con EEUU obviando las violaciones incurridas por el propio Estado de Guatemala, una negativa absoluta del Gobierno de Estados Unidos para instalar el panel arbitral correspondiente ello porque al final de cuentas el TLC está diseñado como quedó ilustrado para abaratar las mercancías a través de la sobreexplotación de los y las trabajadoras, del sacrificio fiscal del Estado y de la transferencia de los recursos naturales al país hegemónico.

Esta situación ha sido agravada con la aprobación y puesta en vigencia del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que no contiene siquiera la exigua cláusula social que prevé el DR-CAFTA aún y cuando observa una composición muy similar al mismo en términos de exigencias “facilitadoras” del Comercio.

La experiencia de Guatemala en lo relativo a la aprobación de tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio permite concluir que los mismos producen un recrudecimiento de las asimetrías entre economías con distinto grado de desarrollo al privilegiar el aspecto comercial sobre las decisiones soberanas de los Estados que pudieran propiciar el bienestar de sus habitantes.

En términos de desarrollo industrial, este tipo de instrumentos profundizan la desigual redistribución del trabajo a nivel regional y global, limitando las expectativas de los países menos desarrollados a la producción de materia prima, de productos sin mayor valor agregado o de explotación de recursos naturales no renovables, empujándolos a convertirse en reservas de mano de obra barata y forzando a la fuga de recursos humanos más calificados a países de mayor desarrollo en la búsqueda de oportunidades que no encuentran en su país.

No cabe duda que los grandes perdedores de los TLC somos los trabajadores y las trabajadoras y que una vez éstos se aprueban la esperanza de construir un mejor futuro para todas y todos se aleja más y cada día es una batalla legal y política decidida previamente por las transnacionales y por Estados que no son los nuestros sobre cuál es nuestro destino y nuestro rol en la cadena de ensanchamiento de la riqueza de unos pocos.

 

[1] En adelante citado como TLC o Tratado indistintamente.

[2] Encuestas Nacionales de Empleo e Ingreso -ENEI- 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2012, 2013.

[3] Ibíd.

[4] Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida, 2000, 2006 y 2011.

[5] Dirección de Índices y Estadísticas Continuas, Instituto Nacional de Estadística 

[6] Cálculo realizado tomando como referencia un cambio de Q.7.80 por 1 USD$.

[7] Superintendencia de Administración Tributaria. Estimaciones del gasto tributario del Gobierno Central 2005-2009. Julio del año 2010. Estos son los últimos datos disponibles.

 

Ricard Bellera

Responsable de Internacional de CCOO de Cataluña

 

 

 

1.076 palabras. Este es el esfuerzo de transparencia que ha hecho la Comisión Europea para explicar los avances logrados antes de empezar, el pasado 13 de julio en Bruselas, la sexta ronda de negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones UE-EEUU (TTIP, por sus siglas en inglés). El documento publicado por la Comisión (State of Play), el pasado 11 de julio, pretendía hacer frente a las críticas que se han hecho por la opacidad y el secretismo con los que se ha conducido la negociación desde su inicio, en marzo de 2013. No lo han conseguido, y parece evidente que cuando en democracia hay algo para ocultar, la mayoría tenemos algo que perder. En el caso del TTIP, lamentablemente, es mucho y muy importante lo que nos puede terminar costando. La pérdida de cohesión y la precariedad social y laboral que ha arrastrado la implantación de tratados de libre comercio en otros lugares de la geografía global conlleva, como lo muestra el magnífico artículo de Lesbia Mezquita en el caso de Guatemala, una amenaza grave contra nuestro modelo social, pero también contra nuestra identidad cultural y nuestra soberanía política en el marco de una democracia que nos costó mucho ganar.

La exclusión del debate público del TTIP, incluso en el contexto de las recientes elecciones en el actual Parlamento Europeo que deberá aprobar el tratado, supone un déficit democrático importante y demuestra un desprecio claro por parte de la Comisión Europea en la ciudadanía europea. Está en sintonía con la subordinación a los mercados de los intereses públicos y los derechos sociales, laborales y políticos que se ha hecho patente en el marco de la gobernanza económica europea, y supone un paso más allá en la estrategia de los grandes actores financieros y económicos, para aprovechar las contradicciones y debilidades de la Unión Europea actual para conquistar espacios de soberanía y de control social y económico. El TTIP pretende abrir así, mediante un cambio estructural en nuestra arquitectura de garantías y derechos políticos y sociales, una rendija que pueda forzar una nueva competencia a la baja. Si tiene éxito, ésta se sumará a la que ya nos ha sobrevenido con la ofensiva de la austeridad y que ha encendido la actual deflación competitiva europea tanto en cuanto a la pérdida de calidad y alcance de las prestaciones y servicios públicos, como por lo que supone en pérdida de derechos y condiciones sociales y laborales.

A pesar de que se intenta presentar como un gran avance en la dinamización de los flujos mercantiles y, por tanto, en la producción industrial, con efectos muy positivos en la creación de empleo, el TTIP va mucho más allá de la rebaja de aranceles, que ya son bastante bajos entre la UE y EEUU. De lo que se trata es de eliminar lo conocido como obstáculos burocráticos, esto es, los reglamentos y las normas que ponen trabas a los derechos corporativos ya las garantías de inversión que el capital reclama en su expansión. Si consideramos que los EE.UU. y la UE suman cerca del 50% del PIB mundial, podremos entender bien pronto qué es lo que está en juego. Más aún cuando la economía de los dos grandes actores atlánticos pretende crear y preservar su mercado natural para reforzar su posición dominante en un mundo donde han comenzado a tomar conciencia geopolítica las economías que ya hace bastante tiempo que emergieron. Ante los riesgos que conlleva esta dinámica por los intereses de las grandes multinacionales americanas y europeas, ahora toca reforzar su vocación hegemónica, mejorando la posición de dominio estratégico y las condiciones de lo que algunos, desgraciadamente, entienden por competitividad.

En el caso del TTIP se trata, para empezar, de debilitar los derechos laborales. EEUU no han firmado seis de las ocho normas básicas de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellas las que regulan la libertad de reunión, la negociación colectiva, la igualdad en la remuneración, la abolición de la discriminación o la edad mínima para empezar a trabajar. Sin la ratificación de estas normas básicas por parte de EEUU, la consecuencia lógica es que, a la larga, la presión de los lobbys acabe debilitando los derechos laborales en la UE y sacrificando su carácter de derechos y libertades fundamentales a las libertades y codicias del capital. Así, el acuerdo transatlántico prevé un mecanismo de solución de diferencias estado-inversor (ISDS, por sus siglas en inglés) que ya en su propio nombre demuestra que, en este debate, la posición entre estado y empresa se ​​considera que es de igual a igual. También el previsto Consejo de Regulación de la Cooperación (Regulatory Cooperation Council), que quiere “armonizar las regulaciones” en caso de conflicto, refuerza la idea de un acuerdo al dictado de los grandes intereses empresariales, que creará los instrumentos para ir rebajando las reglas y normas que protegen los intereses de los europeos y europeas como trabajadores, consumidores y consumidoras, y ciudadanos.

Porque el TTIP va más allá. La negativa de los EE.UU. a la hora de firmar el protocolo de Kyoto, de poner límite a los transgénicos o de asegurar la calidad de la cadena alimentaria en cuestiones tan espurias como los tratamientos hormonales supone que, en caso de una armonización a la baja gracias a procedimientos e instancias de reconocimiento mutuo, Europa tenga que sufrir también un retroceso en sus avances en el marco de la lucha contra el cambio climático o a la hora de disfrutar de los beneficios de una ganadería y una agricultura más sostenible y ecológica. Lo mismo ocurre con los derechos y las políticas culturales, bastante afectados ya por el GATT (General Agreement on Tariff and Trade), o con las patentes, que pueden conllevar cambios sustanciales a la hora de acceder a medicamentos o a otros productos de primera necesidad . Finalmente, el TTIP supone también una amenaza muy evidente para nuestros servicios públicos y para la gestión de recursos comunes como el agua. Un acuerdo con proyección política que considere como obstáculos los criterios de calidad en la provisión de los servicios que necesitamos en cuestiones como la educación o la sanidad supondrá una fuerte presión añadida en un ámbito donde los recortes y la externalización forzada ya han provocado bastantes males.

El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión vuelve a remachar el clavo en la estrategia de privatización, desregulación y precarización de las condiciones y los derechos de las trabajadoras y trabajadores en el marco de la globalización económica. Como establece CCOO en su resolución de julio, puede “contribuir a una degradación de la legislación laboral, social y medioambiental de la UE y de sus estados, así como favorecer la privatización de los servicios públicos”. Por eso hay que pedir que cesen inmediatamente las negociaciones. Como decíamos desde CCOO de Cataluña, el mes de mayo, en nuestra resolución, “la Unión Europea tiene suficientes problemas para hacer frente a las consecuencias de la crisis y de la respuesta equivocada que se le ha dado en el marco de las políticas de austeridad y de la gobernanza europea, como para abrir un nuevo frente de liberalización en el marco de las relaciones atlánticas “. Por eso hemos participado activamente en la campaña del “No al TTIP ” y en las jornadas internacionales “Soberanía secuestrada, derechos en juego”, del 10 y 11 de octubre. La plataforma que se ha creado continuará trabajando en los próximos meses para tratar de detener el proceso. Para ello es imprescindible contar con el apoyo de las afiliadas y afiliados, y de las delegadas y delegados de CCOO de Cataluña. Son todas estas personas las que tienen que trasladar las razones de esta lucha al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y las que pueden sensibilizar a la ciudadanía ante la grave amenaza que supone el TTIP para la paz, la justicia y el progreso social.

 

 

Gina Argemir

Economista del Gabinete Técnico Jurídico de CCOO de Cataluña

 

 

Publicar un comentario político en Twitter, hacer una donación bancaria a una asociación, reenviar un mail confidencial de empresa, hacer la reserva de un vuelo: nuestras actividades privadas a diario generan datos de un valor del que aún no somos conscientes. En la era de la datificación del mundo, a cada minuto estamos informando quiénes somos, dónde estamos, qué pensamos y sentimos, tanto a empresas como a entes gubernamentales y data brokers que masivamente comercian, analizan y almacenan datos para un posible uso en el futuro.

Estamos en el inicio de la expansión de la economía digital y Europa destaca como núcleo mundial de tráfico electrónico, concentrando el 94% de la conexión con el Norte de África, el 72% con el África Sub-Sahariana, el 85% con Oriente Medio y cerca del 46% con el Sur de Asia. La oferta de bajos precios de IP, las oportunidades de peering entre proveedores y la amplia infraestructura terrestre y submarina de cableado, están favoreciendo el crecimiento de su capacidad. Además, su localización geográfica resulta especialmente atractiva al dar acceso a data centers ubicados en ciudades europeas, preferibles a destinos más lejanos. Europa también es, junto con EE.UU., la mayor economía exportadora e importadora de servicios digitales.

El flujo de datos electrónicos es uno de los puntos más controvertidos de la negociación del TTIP a la vez que evidencia una gran diferencia cultural. Porque, ¿qué consideración legal debe darse a los usuarios digitales? ¿Somos ciudadanos o consumidores?

En la UE la protección de datos privados es un derecho de ciudadanía. Reconocido en las Libertades de la Carta de los Derechos Fundamentales, viene desplegado por la Directiva 95/43/CE que prohíbe las transferencias de datos a países que no garanticen una protección homóloga. Por el contrario, EE.UU no cuenta con una ley específica de protección a la privacidad, y sólo la presión de agentes privados -compañías, abogados y asociaciones de comercio- ha hecho posible un cuerpo de leyes para sectores específicos como el financiero o el sanitario. Ahora bien, esta profesionalización de la privacidad se ha desarrollado en el marco exclusivo de derechos de consumidores y nunca de derechos ciudadanos.

Si bien las diferencias legales se han salvaguardado hasta ahora con acuerdos safe harbor de adhesión voluntaria a los principios de la Directiva, empresas estadounidenses como Google, Microsoft, Facebook o LinkedIn, han sido reiteradamente acusadas de incumplimiento por no encriptar los datos transferidos y permitir su interceptación. Ante estas acusaciones y a fin de asegurar los intereses económicos, la administración Obama ha anunciado anteproyectos para proteger legalmente la privacidad, una declaración de intenciones que enseguida se revela de corto recorrido. Primero porque, en EE.UU., con la aprobación de la Ley Patriótica tras los atentados del 11S, la balanza entre seguridad y privacidad se desequilibró abiertamente a favor de la primera. La ampliación del poder de vigilancia daba carta blanca al espionaje ciudadano sin necesidad de orden judicial o aprobación del congreso, hasta el punto de que varias sentencias judiciales estadounidenses han declarado la inconstitucionalidad de la ley, a la vez que han denunciado la violación de derechos humanos y libertades civiles. Pero debe tenerse en cuenta que las agencias de espionaje no trabajan solas. La Ley de Protección y Uso Compartido de la Ciberinteligencia estadounidense se aprobó con el copatrocinio de 111 grupos económicos entre los que destacan Oracle Corporation, Google, Microsoft, IBM, Intel y Symantec.

Gracias a Edward Snowden, hoy sabemos que la complicidad entre estas empresas y la NSA se extiende más allá de las fronteras estadounidenses y que, mediante el programa de vigilancia masiva PRISM, juntas han participado en el espionaje de más de 35 líderes europeos. Google, Microsoft, Facebook y Apple, entre otras, habían facilitado a la NSA el acceso a servidores y el registro de correos electrónicos de ciudadanos europeos, de sus fotografías, direcciones IP, transferencias de archivos y perfiles de redes sociales.

No hay duda de que las revelaciones de Snowden han dinamitado la confianza de los líderes europeos en el gobierno estadounidense y la posibilidad de cerrar un acuerdo comercial, el TTIP, que engloba el 50% del PIB mundial. Es cierto que la UE y EE.UU. intercambian datos por razones de seguridad. Y también es cierto que la diplomacia admite un cierto umbral de espionaje. Pero la facultad jurídica de estos usos, lejos de utilizarse para perseguir amenazas cibernéticas o terroristas, se ha usado para vigilar de forma masiva, indiscriminada, y a una escala sin precedentes, a la ciudadanía europea.

El Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo, poco después de las revelaciones, emitió un informe en el que denunciaba la violación de los estándares legales y, en especial, de la Carta de los Derechos Fundamentales. Se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y confidencialidad, el derecho a la privacidad, a la protección de datos, etc. Y más importante aún, el Comité expresó su temor de que la vigilancia masiva tuviera un objetivo diferente al de la seguridad nacional. Alertó del peligro de que, en un futuro hipotético, un cambio de régimen político condujese a un mal uso de la información. No sabemos cuándo ni para qué, bajo qué democracia o dictadura se recuperarán nuestros datos pero, a día de hoy, para el Comité la vigilancia masiva es incompatible con los pilares de la democracia.

Ahora las negociaciones del TTIP se encuentran en un punto de gran incertidumbre. Incluso la oferta norteamericana más laxa no convence al Parlamento Europeo. Pero los grupos tecnológicos y de servicios digitales continuarán presionando a la Comisión Europea para que el flujo de datos se incorpore sin restricciones al TTIP. La protección de datos es, para ellos, una barrera no comercial a desmantelar en nombre del libre comercio. Lo que la UE llama derechos fundamentales, ellos lo llaman proteccionismo, un obstáculo que merma sus beneficios y los hace incurrir en riesgos de ser denunciados legalmente. Queda claro que la protección legal ciudadana les supone un estorbo.

¿Podemos imaginar las repercusiones de la vigilancia masiva en un escenario en el que el TTIP se ha impuesto a la Carta de los Derechos Fundamentales?, ¿en el que los ciudadanos hemos pasado a ser simples consumidores? ¿Qué protección legal nos quedaría? Mientras el flujo de datos no se dé bajo garantías de seguridad, incorporarlo al TTIP supone la oficialización de prácticas abusivas que recuerdan al ACTA. Hoy Internet está proporcionando a gobiernos y grupos tecnológicos la mayor información que nunca han tenido sobre los ciudadanos, pero Internet debe ser un espacio de poder equilibrado donde rijan los principios democráticos. La UE tiene la obligación de respetar y hacer respetar estos principios y, en este sentido, ningún acuerdo comercial debe acabar sometiendo nuestros derechos y libertades.

 

 

Pau Llorens

Secció Sindical Alliance Healthcare (Polinyà)

 

 

El Tratado de Comercio Transatlántico y de Invesiones (TTIP) en sus siglas inglesas, es una propuesta de crear el área comercial y económica más grande del mundo. Lo está negociando el Comisario Europeo de Comercio Sr. Karel de Gutch y el Secretario de Comercio de los USA, Sr. Michael Froman. Actualmente ya se han celebrado 6 rondas negociadoras, cuyos contenidos han sido confidenciales hasta hace muy poco. No obstante eso ya se han producido movilizaciones ciudadanas en contra de su aprobación, así como una opinión a favor del Partido Demócrata en USA y de los Grupos Popular, Socialista y Liberal en el Parlamento Europeo.

Actualmente las exportaciones europeas a USA es de 356.800 millones de Euros y las de USA a la UE de 457.100 millones de Euros. El Think Tank ECIPE dice que las exportaciones europeas crecerían entre un 7 y un 18% y las norteamericanas entre un 8 y un 17%. En 2012 en España, exportaron a USA 23.400 empresas de las que 18.015 vendieron menos de 50.000 euros.

El aumento de las exportaciones mutuas no vendría por suprimir los aranceles aduaneros que ya son muy bajos. Los USA dejarían de ingresar 67.100 millones de Euros y los estados de la UE no ingresarían 68.600 millones de Euros, con la consiguiente presión sobre el presupuesto de Hacienda. El mayor aumento de las exportaciones vendría por la armonización regulatoria y de certificaciones a partir del principio de “reconocimiento mutuo” por el que cada parte da por buenas las garantías de la otra.

La Fundación Bertelsman dice que la renta de los europeos crecería un 6,6% y que en España se crearían unos 150.000 empleos y 2.000.000 en la UE.

La industria farmacéutica española vendió a USA en el año 2012 un valor de 595.567.000 Euros.

El principio de “reconocimiento mutuo” haría un gran favor a los costos de investigación y producción americanos, pues estos son más bajos que los mismos requisitos en la Unión Europea.

Los norteamericanos quieren patentes por más de 20 años, retraso en la entrada de genéricos, limitar la información de los ensayos solamente a su eficacia, reducir requisitos para nuevas  patentes, introducirse en los organismos del Estado que fijan precios de medicamentos,  e incluso establecer normas propias para el registro, calidad y seguridad al margen de la OMS y por fin crear un Comité entre Industria – Gobiernos para hacer un seguimiento del Tratado.

Todo lo anterior corta con la política actual del Gobierno de control, limitación y eficacia del Servicio Público de medicamentos, pues dejaría en manos privadas los precios y el abastecimiento de los mismos, suprimiendo por tanto un derecho universal en nuestro país.

No sólo hay desigualdad de costes por investigación, también en costes salariales. Si bien los costes españoles son algo más bajos que los americanos, es también cierto que USA no ha firmado 6 de los 8 acuerdos fundamentales de la OIT y además si su producción estuviese deslocalizada en Méjico (con el que tienen firmado otro Tratado de Libre Comercio) no habría comparación posible. Es decir la desregulación y los salarios pueden ser un elemento de desigualdad en contra de la UE, es decir de dumping.

Si los laboratorios productores pueden aumentar libremente de precio los medicamentos y servirlos a quienes quieran, el papel del almacén mayorista de farmacia quedará afectado  en cuanto a financiación de los stocks y posibles desabastecimientos, así como una disminución en su cifra de ventas. También deberá enfrentar una caída de la demanda de la Seguridad Social Pública así como un menor poder negociador frente a las grandes multinacionales.

La liberalización de los mercados puede traer también, las cadenas de farmacias de propiedad de aseguradoras o inversionistas, con el consiguiente hundimiento del modelo actual de farmacia en España. Los grandes Fondos de Inversión, de Pensiones y otros inversores, pueden querer el apetitoso pastel del medicamento español.

Las farmacias españolas gozan de una protección legislativa coherente con un Sistema Público y Universal de Sanidad. Si el Tratado se aprobase, hay que esperar su conversión en empresas que competirán entre ellas y con los grandes inversores y aseguradoras, es decir se enfrentan a la desaparición del modelo actual.

El TTIP hará irreversibles las privatizaciones parciales hechas hasta ahora y abrirá a la competencia un sector público que está siendo muy mal tratado por el Gobierno del PP y CiU, lo que aboca a negras perspectivas si no lo impedimos.

El TTIP impondrá la ley del más fuerte, el de las multinacionales, en su mayoría norteamericanas.

El TTIP hará más grande el negocio de algunos grandes inversores y perjudicará la SALUD PUBLICA UNIVERSAL Y DE CALIDAD.

DIGAMOS NO AL  TTIP

QUEREMOS UN REFERENDUM EUROPEO

SI A LA SANIDAD PUBLICA UNIVERSAL Y DE CALIDAD

NO A LAS PRIVATIZACIONES