El Tratado Transatlántico y los servicios públicos

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Joan Coscubiela Conesa

Ex-secretario general de la CONC y diputado por ICV
 
 
 
 

La crisis económica iniciada en 2007, de la que nos encontramos muy lejos de poder salir, se ha convertido en una crisis social, política y democrática de primera magnitud. Entre otras cosas porque sus orígenes son políticos y democráticos: la pérdida de soberanía real de la sociedad y las instituciones democráticas en beneficio de unos mercados de capital cada vez más poderosos políticamente, que imponen las políticas a los estados.

En España y otros países europeos lo hemos sufrido de manera muy directa durante estos últimos años. Los mercados de capital han exigido, para financiar la deuda pública provocado por el endeudamiento privado -fundamentalmente bancario y empresarial-, que España pusiera en marcha políticas de reducción del gasto público y reformas estructurales que incluyen desde la reducción del estado social hasta la precarización de las condiciones de trabajo, incluida una reducción estructural de los salarios.

Esta transferencia antidemocrática de soberanía tiene su origen en el gran desequilibrio de fuerzas entre unos mercados que actúan en el marco de una economía globalizada y unas instituciones que actúan en los estrechos márgenes del estado nación.

Este no es un proceso nuevo. Los primeros síntomas de estos cambios tan radicales aparecen entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado. Con expresiones institucionales, entre las que destaca la reducción de fronteras comerciales, y con expresiones ideológicas como la del capitalismo popular de la Thatcher, que tenía la intención, y lo consiguió, que las personas dejaran de considerarse a sí mismas ciudadanas para convertirse en consumidoras y capitalistas. La estafa financiera de las participaciones preferentes ha sido posible, entre otras cosas, por esta colonización ideológica de la mente de las personas.

Cada vez es más evidente que la lucha determinante del siglo XXI es que los ciudadanos recuperen la soberanía. Una batalla por la soberanía que ya no es, como en los siglos XIX y XX, entre los estados, sino que se entrega, y cada vez más, entre la sociedad organizada social e institucional en espacios plurinacionales y los mercados de capitales.

En esta lucha democrática para decidir quién tiene la soberanía, la próxima batalla, la que ya se está realizando, es la del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y la Unión Europea. Como suele ocurrir con estos tratados, su negociación se casi clandestina, con cláusulas explícitas de confidencialidad que se imponen a los negociadores. El oscurantismo va acompañado de un intento de vender gato por liebre. Como siempre, los poderes económicos venden sus estrategias en aras de la libertad y del progreso económico y social.

Así, el TTIP se presenta y se defiende en nombre de la libertad de comercio, de la reducción de fronteras entre las dos partes del Atlántico, y va acompañado de todo tipo de alabanzas a su capacidad de generar crecimiento económico, empleo y bienestar social. ¿Quién puede estar en contra de un panorama tan paradisíaco?

Pero la realidad es mucho más oscura y dura. Cuando todavía estamos sufriendo las consecuencias de una crisis que tiene sus orígenes en un modelo de globalización económica sin derechos y reglas; cuando asistimos al vergonzante espectáculo de unos jefes de estado y de gobierno europeos que se niegan a ceder soberanía a las instituciones europeas, pero se someten a las decisiones de espacios y organismos no democráticos -no elegidos por la ciudadanía- como la troika , ahora nos plantean otro paso más en esta dirección de globalización económica sin reglas políticas ni controles democráticos.

Este es, de hecho, el elemento central, determinante del TTIP. Mientras en la Unión Europea se libra una batalla para determinar cuál será su naturaleza definitiva, si sólo un espacio de libertad de capitales, mercancías y servicios, o bien un espacio político con instituciones democráticas propias -no sólo intergubernamentales-, los poderes económicos, encabezados por los mercados de capitales, han lanzado un nuevo proyecto que va en la dirección de una globalización sin derechos ni reglas democráticas.

Parece evidente que si no queremos ceder del todo la soberanía democrática de las instituciones, debemos negar a que se pongan en marcha nuevos espacios económicos que no vayan acompañados de un espacio democrático y político de regulación política y democrática. Y el TTIP, más allá de los detalles es, sobre todo, un proyecto para crear un gran espacio comercial sin ningún control político. O lo que es peor, un proyecto en el que el regulador sea el mismo mercado, sin seguir reglas democráticas, sino las reglas de los mercados.

En su fase actual de negociación, tenemos evidencias de que el proyecto de TTIP pasa por sustituir las instituciones democráticas por procesos reguladores que, vía armonización a la baja, determinarán los mercados en temas tan importantes como la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria, la salud pública, los derechos de los consumidores, y los derechos laborales.

Incluso se pretende generalizar la lógica privada en la solución de los conflictos entre empresas y entre empresas y estados, trasladando la solución de los conflictos del ámbito de los tribunales en el ámbito de los mecanismos arbitrales privados. El arbitraje puede ser un buen mecanismo para resolver conflictos entre empresas, siempre que no suponga la capacidad de los tribunales arbitrales privados para imponer decisiones a los estados, como ya ha ocurrido en algunos casos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los objetivos del TTIP han quedado muy claros en las declaraciones del portavoz del lobby de la industria alimentaria de EEUU, cuando ha declarado que el TTIP debería suponer la reducción de exigencias de seguridad alimentaria que están establecidas en la Unión Europea que, según él , no aportan más seguridad que la de EEUU y, en cambio, dificultan la creación de un mercado alimentario transatlántico. Más claro, el agua.

Entre los objetivos clave del TTIP está la reconversión ideológica del papel y la naturaleza de los servicios públicos. Mientras en la UE los servicios públicos constituyen uno de los pilares del estado social y los servicios que se garantizan tienen la consideración de derechos sociales, uno de los objetivos del TTIP es convertir, como ya ocurre en otros países, especialmente en los EE.UU., los derechos sociales en mercancías, reguladas no por la lógica de la ciudadanía, sino por la lógica de los mercados.

Pero el objetivo último es generar un nuevo mercado de servicios para las multinacionales, a partir de la apertura del importante sector económico de los servicios públicos en los países de la Unión Europea a la posibilidad de ser gestionados y gobernados por empresas privadas. Nada que en Cataluña nos venga de nuevo, porque los procesos de privatización de la gestión de importantes instituciones sanitarias van en la misma lógica.

Deberíamos tener claro que los derechos sociales de la ciudadanía y las condiciones de trabajo de los empleados públicos del siglo XXI nos las jugamos en la batalla frente al TTIP. Si no lo detenemos, las lágrimas pueden subir más el nivel del mar que el calentamiento global.