Los días 12 y 13 de mayo teníamos previsto realizar, en la ciudad de Valencia, las terceras jornadas PERSPECTIVA bajo el lema DEMOCRACIA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

Desgraciadamente no pudimos realizarlas debido a la situación de emergencia sanitaria y de salud. Por este motivo  hemos creído conveniente abrir este espacio donde podamos publicar algunas aportaciones que se recibieron  para los debates de las jornadas, así como algunas ponencias que han sido enviadas con nuevas aportaciones y algún artículo y nueva aportación interesante, que hemos considerado oportuno publicar.

Creemos que es importante mantener un espacio donde publicar ideas, reflexiones en torno a situación actual, escenarios de futuro. Esperamos os sea útil.

Xavi Navarro, Responsable de Estudios y Cultura de la FSC-CCOO

22/05/2020

 

Javier Pacheco

Secretario General de CCOO Catalunya

 

 

Vivimos en tiempos de la digitalización, del big data, la robotización y la inteligencia artificial. Afrontamos una inaplazable transición energética hacia la descarbonización que acompaña a las políticas ambientales que puedan revertir el letal cambio climático. Cambios culturales en la esfera global que debe abordarse por las diferentes sociedades que constituyen la humanidad. Sociedades económicas, productivas, del trabajo,  políticas, científicas, culturales, educativas y sociales.

Vivimos tiempos líquidos para la economía global de capitales y las transacciones financieras. Irrumpen nuevos valores bursátiles vinculados a la información y el conocimiento, intangibles de un nuevo paradigma de la especulación económica que desplaza más si cabe,  la economía productiva, la economía real.

Una economía que cada vez estrecha los vínculos de la propiedad de capitales en menos manos, que concentra poder y supera con creces al de los estados-nación. Un poder que en términos geoeconómicos ha cambiado el mapa mundial, donde China y la India irrumpen como nuevos operadores del poder económico mundial, disputándoselo a los Estados Unidos y relegando a Europa a un escenario de una cierta irrelevancia. Una concentración de poderes que pone en cuestión el modelo de democracias, que atenta contra las libertades individuales y colectivas y que restringe a unas grandes élites la capacidad de decisión en el marco estratégico de un modelo de convivencia que está ampliando de manera bochornosa las desigualdades sociales, entre pueblos y entre clases.

¿Cómo el sindicalismo debe hacer frente al conflicto tradicional capital-trabajo?, vigente ayer, hoy y en el futuro sin ningún género de dudas. Donde hay relaciones de trabajo hay conflicto de intereses.

Hoy la izquierda política y social y el sindicalismo de clase, confederal y sociopolítico debe vertebrar su posición sobre tres grandes vectores de cambio:

• los derechos laborales y sociales- El trabajo
• la lucha contra el cambio climático 
• el feminismo

Tres vectores que deben tener un hilo conductor común, la profundización de la democracia en el terreno económico. La democratización de la economía y el trabajo como mejor fórmula para garantizar un reparto de la riqueza justo y combatir el patriarcado para que términos como democracia o libertad incluyan a todas y a todos independientemente de su sexo, género, clase, origen u opción.

La participación directa de las clases trabajadoras en el desarrollo de las políticas económicas y en las decisiones de las empresas debe ser una conquista del movimiento sindical a escala global.

El trabajo seguirá siendo la principal fuente de emancipación individual y colectiva de las sociedades del presente y el futuro. Pero el trabajo debe cambiar el rol que hoy juega el concepto de propiedad empresarial.

En el trabajo del futuro, los principales activos no serán materiales. La información, los datos de las personas y el conocimiento ocuparan el mayor porcentaje del valor de las empresas.

El conocimiento y la información no deben ser tratados con carácter individual para una mayor flexibilidad en la comercialización de los mismos. Mis conocimientos y mis datos tienen valor en función de cómo se relacionan con los conocimientos y los datos del resto de mi entorno, sea personal, laboral o social. Por tanto, el concepto de propiedad debe cambiar radicalmente en la relación capital-trabajo, ya que el mayor valor radica en las personas, en las y los trabajadores.

Para cambiar el rol de la propiedad empresarial en las relaciones de trabajo se hace imprescindible la participación de los trabajadores/as en la organización del trabajo en las empresas, en las decisiones de las líneas de negocio, en la gobernanza empresarial. Esta participación no debe interpretarse de manera individual, detrás del talento, porque abocaríamos a una organización horizontal sesgada. Se despreciaría la construcción de la inteligencia colectiva del conjunto de una organización empresarial. La participación debe estructurarse, garantizarse el carácter colectivo, la solidaridad de la mano de la competencia profesional, la colaboración en lugar de la competitividad y por supuesto el crecimiento equitativo del conjunto de los que componen la organización. Aquí opera la herramienta de la organización de los trabajadores, el sindicato como mejor instrumento para la participación colectiva y estructurada en el marco de la empresa.

Democratizar la empresa, democratizar la economía de la mano de las nuevas tecnologías, de los nuevos activos de valor, para la construcción de un nuevo modelo de sociedad.

La visión del feminismo y la lucha por la igualdad real es la estrategia que debe facilitar los nuevos valores de una sociedad que debe reconocer los trabajos remunerados y no remunerados, el trabajo productivo con el reproductivo, la corresponsabilidad y la conciliación. Solo desde un modelo democrático en el marco de la empresa, podemos redefinir los conceptos del trabajo incorporando las necesarias reivindicaciones feministas para la construcción de una sociedad en términos de igualdad.

El trabajo nos facilita los bienes materiales, pero desde el trabajo podemos repensar el valor de las plusvalías que genera una empresa. El tiempo y un nuevo concepto del valor de los tiempos, la convivencia y el valor que podemos darle a la comunidad en relación a los cuidados hoy no reconocidos por el tradicional conflicto capital-trabajo, son reflexiones que deben convertirse en propuestas concretas.

Del mismo modo la lucha contra el cambio climático debe cambiar los valores de una sociedad en su manera de producir-distribuir y consumir. Un cambio de paradigma que cambia las relaciones clásicas del tejido productivo y su entorno. Pasar de una economía lineal a una circular es una oportunidad que puede cuestionar radicalmente el actual modelo económico. Desde la proximidad, el respeto al planeta y con participación democrática en una economía, pública y privada que fomente la participación directa de los trabajadores/as-ciudadanos/as, podemos construir una sociedad más libre y más justa con altos índices de cohesión social, en igualdad de género, una sociedad inclusiva y desde el respeto absoluto a los recursos que el planeta nos ofrece.

El sindicalismo confederal y de clase puede ser un factor de vanguardia de este cambio por su fuerte implantación en la empresa, por nuestra más que conocida experiencia en el marco de concertación social y por nuestro  claro perfil sociopolítico. Vertebrar los tres vectores fundamentales para el cambio, Trabajo, Medioambiente y Feminismos ha de ser nuestro principal objetivo futuro y nuestro reto de presente.

22/05/2020

José Fernández Rodríguez, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO

Agustín Martín Martínez, secretario general de la Federación de Industria de CCOO

Vicente Sánchez Jiménez, secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO

Eddy Sánchez Iglesias, profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM

30/04/2020

Frente a las políticas de austeridad, existe otro camino: trabajar la productividad, consistente en hacer más con menos, y la innovación, que es hacer cosas nuevas y mejores que las que existían antes

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La crisis sanitaria desatada por la Covid-19, junto a las dificultades de abastecimiento de bienes básicos y elementos sanitarios esenciales, ha demostrado la fragilidad de un modelo productivo que apostó todo por el sector turístico y de servicios en detrimento de la industria, siendo en estos momentos las fábricas localizadas por todo el territorio, un puntal básico para garantizar los elementos físicos que permitan mantener la salud de la población.

Las consecuencias derivadas de la pandemia traerán consigo un escenario de crisis social y económica sin precedentes, como ya todo el mundo ha advertido. Por ello, debemos afrontar el reto de superar los efectos ocasionados por esta enfermedad global, pero esto sólo se logrará en las sociedades que tengan organizaciones productivas propias que lo permitan. Objetivos que solo serán posibles sobre la base de una reindustrialización del país que avance hacia una ‘Nueva España Industrial’.

Debemos afrontar el reto de superar los efectos ocasionados por esta enfermedad global, pero esto sólo se logrará en las sociedades que tengan organizaciones productivas propias

Nuestra capacidad para salir de la crisis, para construir una sociedad más justa, más ecológica, una sociedad en la cual sea posible alimentarse, desplazarse, tener una vivienda, calentarse, curarse, educarse, informarse, investigar, producir, no se parecerá a la de hoy.

Es absurdo continuar por la vía de proyectos económicos ya fracasados. Frente al ajuste salarial o las políticas de austeridad, existe otro camino, relacionado con trabajar la productividad, consistente en hacer más con menos, y la innovación, que es hacer cosas nuevas y mejores que las que existían con anterioridad.

Durante el desarrollo de la actual crisis sanitaria, se ha observado cómo las economías que contaban con sectores industriales más potentes y sectores públicos dinámicos y no jibarizados, están siendo las más preparadas a la hora de afrontar las consecuencias desatadas por el coronavirus, situándose en mejores condiciones para resistir a la crisis económica.

El fortalecimiento de la industria y los servicios públicos constituye una necesidad estratégica y una condición indispensable para la reconstrucción social y económica del país, esfuerzo que se dirige al logro de tres objetivos concretos: la protección de la salud de la sociedad y de los trabajadores, reconstruir social y económicamente el país y, por último, afrontar el reto de la doble transición ecológica y energética, por una parte, y digital, por otra.

La industria y los servicios públicos pueden generar el gran crecimiento de la productividad necesario para reiniciar un desarrollo sostenible y la recuperación del empleo, así como la reconstrucción económica en torno a un nuevo modelo productivo más fuerte.

Para impulsar una industria sobre bases nuevas, es necesario revitalizar la política industrial como instrumento central de política económica, que defina un nuevo marco de intervención pública, por medio de tres objetivos concretos a perseguir:

En primer lugar, se busca diversificar la estructura sectorial incorporando ramas o segmentos de mayor complejidad tecnológica (vertiente horizontal).

En segundo lugar, incrementar el contenido local del producto final, al controlar y dominar más fases del proceso de fabricación final dentro de las cadenas de valor global (vertiente vertical).

En tercer lugar, renovar la base técnica y organizativa de las actividades industriales.

No se trata de defender un marco de intervención ya caduco, sino que respondan a la necesidad de alcanzar con éxito tres prioridades estratégicas: situarse en segmentos de alto crecimiento mundial y con mucho empleo; basarse en tecnologías en las que España dispone de bases propias; y por último, que se concreten en necesidades, objetos, productos o servicios, que responden a una demanda actual o futura centrados en la solución de los nuevos problemas sanitarios, económicos, sociales, territoriales y medio ambientales que nos afectan.

La defensa de una ‘Nueva España Industrial’ es la apuesta por renovar nuestra producción, proponer nuevos objetos y nuevos servicios, en especial apostar por seis sectores motores:

1. La sanidad y la economía del ser vivo, por medio del desarrollo de la oferta industrial en sanidad y biotecnologías, con nuevos dispositivos médicos y equipamientos sanitarios.
2. La transición energética, a través de la renovación térmica de edificios, las energías renovables, las redes eléctricas inteligentes, la calidad del agua y la gestión de la escasez.
3. El conjunto de proyectos relativos a los transportes ecológicos, como el automóvil para todos y todas con un consumo limitado, el vehículo eléctrico, el avión eléctrico y la nueva generación de aeronaves, la autonomía y potencia de las baterías, los vehículos de pilotaje automático y los nuevos materiales de construcción como la fibra de carbono.
4. Los nuevos sistemas digitales como el impulso a las nanotecnologías, la nanoelectrónica o la nanofabricación, la realidad aumentada, los objetos conectados, los servicios sin contacto, las impresoras en 3D y el cloud computing.
5. Es necesario diseñar una política de infraestructuras logísticas y de transporte por medio del fomento de un sistema multimodal integral, que permita combinar los distintos modos de manera más eficiente y sostenible, aportando valor añadido a la cadena de suministro.
6. Añadir la construcción de mejores redes de comunicación, física y digitales, para potenciar el desarrollo industrial de la ‘España vaciada’, cuestión básica para la estabilización de la población en el terreno, impulsando la industria agropecuaria y forestal.

Prioridades para un verdadero pacto de Estado y que serán el punto de convergencia de todos nuestros esfuerzos, el punto de encuentro de todas las fuerzas productivas, de investigadores, ingenieros, diseñadores, trabajadores de todos los sectores de actividad concernidos, pequeño y mediano empresariado productivo, alianza que constituirá un pilar en la urgente reconstrucción social y económica del país.

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Carlos Tuya, periodista

Pepe Gálvez, sindicalista y guionista

 

No basta dar pasos que algún día puedan

llevar a la meta, sino que cada paso

debe ser meta, sin dejar de ser paso.

Goethe

Introducción

Ninguna consideración estratégica sobre la trasformación socioeconómica puede abstraerse del efecto tectónico provocado por la pandemia Covid-19, cuya incidencia en el sistema productivo capitalista puede tener un efecto acelerador en los procesos iniciados por la Revolución Digital (RD). La gravedad de la situación, que algunos comparan a la crisis de los años treinta del siglo pasado, se ve potenciada por la retroalimentación del triple shock -sanitario, económico, medioambiental- lo que puede impulsar la transformación de un sistema productivo desbordado e ineficaz frente a este desafío existencial, inédito en la historia de la humanidad. En este inesperado escenario debemos encuadrar la propuesta del Gobierno de acuerdo para la Reconstrucción Social y Económica que se debate en el seno de la comisión parlamentaria creado a tal efecto. Ya desde sus primeras sesiones se evidencia la dificultad de concretar espacios de concurrencia entre intereses tan distintos, muchas veces contrapuestos, y consensuar las medidas sociales y económicas necesarias para la nueva normalidad, por utilizar el feliz oxímoron (continuidad en el cambio). En última instancia, habrá que abordar el espinoso tema de los futuros recortes dado el fuerte endeudamiento, el elevado déficit, y la alta destrucción del empleo.[1] De ahí que el debate no sea tanto recortes si o recortes no, porque salvo una poco probable radical reconsideración del neoliberalismo dominante en la UE, tarde o temprano se nos exigirán, sino sobre recortes dónde y recortes a cambio de qué. Esa es la cuestión, ser o no ser de la negociación.[2]

Y no parece fácil conciliar la perspectiva ultra y neoliberal con las necesidades de la mayoría social, incluso si se acepta que el capitalismo es el único sistema productivo posible. Ya resultó evidente durante la crisis de 2008, donde Merkel impuso el rigor mortis de la austeridad con un aumento dramático de la desigualdad, un incremento notable de las brechas sociales (económica, laboral, digital, etc.), y la extensión del daño medioambiental. Es cierto que los defensores de la ortodoxia económica capitalista perciben el riesgo de aplicar las mismas recetas que en la crisis del 2008, porque los sistemas sociales tienen memoria,[3] lo que reduce las probabilidades de que se repita la historia (salvo como farsa).[4] La FAES de Aznar, hoy el Estado Mayor del PP, lo expresa de manera clara y directa: hay riesgo de que el gobierno de coalición intente un cambio de régimen.[5] Este burdo diagnóstico-alarma tiene la virtud de señalar la zona de conflicto que supone poner sobre la mesa aspectos esenciales que afectan al estatus quo socioeconómico y su sistema distribuido de poder, donde impera la propiedad privada como principio fundamental.[6] Por eso, reducir la acción política al intento de construir una respuesta común con quienes solo aceptan hablar y negociar acuerdos que no pongan en cuestión el capitalismo, pese a sus evidentes disfuncionalidades e injusticias que ya nadie niega, es una clara muestra de ceguera posicional.[7] De ahí que el dilema al que se enfrenta el Gobierno de coalición es si plantearse la Reconstrucción desde los presupuestos neoliberales ya experimentados en la crisis de 2008, o propiciar un gran Pacto de legislatura con las fuerzas sociales y políticas progresistas, incluyendo aquellos partidos independentistas que se reclaman de izquierdas, y donde deben jugar un destacado papel de los sindicatos, ya que sin su participación no será posible implementar las medidas de una salida a la crisis, cuyos principales ejes estratégicos son:

1. Política de redistribución de rentas, que incluya una fiscalidad más justa y progresiva, que recupere el impuesto sobre el patrimonio y la sucesión, y una renta básica o ingreso mínimo vital garantizado y permanente.
2. Ampliación de la propiedad social, favoreciendo la democratización en el ámbito de la empresa mediante la participación de los trabajadores en el capital. Una formula podría ser utilizar el dinero público invertido en el rescate de las empresas, creando mecanismos de cogestión y autogestión, como ya existe en otros países europeos.[8]
3. Consolidación de la dimensión social del Estado, que blinde el Estado de bienestar, impidiendo que los ajustes fiscales se hagan en sus áreas de asistencia y protección social.
4. Racionalización de la economía, impulsando la digitalización de la actividad productiva y la regulación del mercado sobre bases científicotécnicas, potenciando su reconversión verde, así como la reindustrialización en los sectores estratégicos vinculados al Estado de bienestar.

Objetivos alcanzables que no suponen un cambio régimen, pero crean las condiciones estratégicas para todo proyecto de transformación, que debe basase en las posibilidades creadas en el presente. En realidad, se trata de ampliar el acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE, porque las fuerzas progresistas capaces de llevarlo a cabo configuran una mayoría escasa y poco estable, particularmente por la actitud errática de ERC. El Gobierno se encuentra ante una delicada situación que exige visión estratégica y habilidad táctica para sortear los riesgos y aprovechar adecuadamente las oportunidades que ofrece una situación límite. Hay que saber combinar la ambición en los objetivos a medio y largo plazo con la prudencia en el desarrollo del proceso. Para ello es fundamental hacer pedagogía con los hechos. Teniendo en cuenta que el objetivo estratégico es una gradual y pragmática transformación del sistema socioeconómico que conserve todo lo conquistado en los años de lucha y democracia, reforme lo que ha demostrado resultar poco o nada operativo, y genere nuevos espacios para la democracia económica y la propiedad social. Y sin olvidar que, parafraseando al astrofísico británico Arthur Stanley Eddington (1882 -1944), los avances que puedan lograrse son huellas en la playa de lo desconocido. Lo que dicho de manera menos poética es la inevitable consecuencia de los sistemas dotados de un gran número de grados de libertad.

Tener o no tener, esa es la cuestión

El impacto dramático de la pandemia del coronavirus, con su secuela de vidas, empleos y riqueza, no debe hacernos perder de vista que tiene lugar en los inicios de la Era Digital, y que que la Covid-19 está acelerando las grandes mutaciones del sistema socioeconómico capitalista generadas bajo el impacto de la Revolución Digital. Se trata de esos momentos históricos en los que la solución de lo inmediato no puede desvincularse del diseño del futuro. Lo que nos interpela sobre cómo afrontar sus efectos para garantizar la irreversibilidad de las conquistas sociales, laborales y políticas, al tiempo que logramos nuevos espacios de justicia e igualdad. Ello exige actuar sobre las relaciones de propiedad (producción, distribución, financiación, digitalización, información, datos, etc.), modificando las relaciones de poder en que se sustentan, lo que presupone alcanzar la hegemonía ideológica y su expresión política, las mayorías parlamentarias necesarias. Sin olvidar que en una situación en la que los trabajadores serán los principales damnificados de la crisis, y sobre cuyos hombros recaerá los principales esfuerzos para superarla, la actividad sindical necesita transcender el mero papel reivindicativo y actuar también como agente de transformación, conquistando nuevas relaciones de poder en el seno de la empresa que rompan con la actual asimetría en el binomio capital/trabajo mediante la cogestión, y reconfigurando las relaciones de propiedad en la empresa con la participación de los trabajadores en el accionariado (propiedad social) que rompa con la omnipotencia de los accionistas mayoritarios.[9] Solo así podremos combatir eficazmente los efectos negativos generados por el sistema productivo capitalista, optimizando de forma sostenible el desarrollo económico y su justa distribución de la riqueza.[10] Y hacerlo de acuerdo a las condiciones concretas configuradas por la Revolución Digital (RD), y las exigencias de la  lucha contra el cambio climático, con el triple objetivo de reducir las desigualdades, cambiar las viejas relaciones de producción, y defender el hábitat natural de nuestra especie, como parte fundamental de la nueva normalidad.[11]

El aspecto nuclear del sistema socioeconómico capitalista es su carácter desigualitario, lo que impide resolver adecuada y eficazmente los graves problemas derivados del triple shock y la creciente digitalización. El resultado es un incremento de las desigualdades que las clásicas políticas socialdemócratas basadas en activas políticas fiscales no han conseguido erradicar.[12] El resultado: países razonablemente ricos, pero gobiernos absurdamente pobres.[13] Por eso, a la hora de encarar una estrategia transformadora en la Era Digital que define las sociedades neopropietaristas del Siglo XXI, resulta fundamental plantearse cómo reconfigurar las actuales relaciones trabajador/empresario, y corregir su grave desequilibrio en favor de la propiedad, incrementado con las reformas laborales, tanto del PSOE (Zapatero) como del PP (Rajoy), que otorgan un poder enorme a los empresarios para adaptarse a los nuevos paradigmas digitales (automatización, robótica inteligente, redes sociales, plataformas, procesamiento de datos, etc.). Esto choca con la sacralización de la propiedad y su armadura ideológica: la creación de riqueza descansa en la empresa privada, con el mercado y la competencia como motores de progreso. Este soporte ideológico del capitalismo se basa en el supuesto de que el esfuerzo individual es la base de la riqueza y causa de la pobreza, por lo tanto de la desigualdad, que sería consecuencia de la naturaleza humana y no del sistema productivo. Pero este esquema argumental, reforzado por el fracaso del llamado socialismo real, se ve socavado por los efectos disruptivos de la automatización, la robotización inteligente, y el cada vez más amplio uso de algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) en todas las actividades productivas, lo que relativiza, cuando no anula, la coartada ideológica del esfuerzo personal.[14] Así, a la desigualdad congénita del capitalismo, y en general de todas las sociedades propietaristas, se añaden la precariedad y la inempleabilidad, entre otras negatividades de la RD.[15] De ahí la constatación apesadumbrada de organismos internacionales, y dirigentes empresariales, ante el incremento de la desigualdad.[16] Como consecuencia de todo ello cada vez está más clara la necesidad de reajustar y readaptar el funcionamiento del capitalismo en sus distintas versiones: reformar, refundar, regular, o embridar, pero siempre dentro de la lógica neopropietarista. La alternativa es cómo superar las relaciones de producción y propiedad del capitalismo para que la adaptación evolutiva del sistema socioeconómico satisfaga las necesidades de la gran mayoría social.

Nuevas herramientas para viejos objetivos

Con la Era Digital la lucha por la igualdad cobra un nuevo impulso. Los avances científicotécnicos, particularmente el uso de la IA en la toma de decisiones, posibilitan la implementación de políticas públicas de planificación económica, la regulación del mercado en base al big data generado por el propio sistema, y una más eficaz gestión empresarial desvinculada de la propiedad. Estas posibilidades son la base material para una estrategia de transformación, más allá del voluntarismo revolucionario alumbrado por la Revolución Industrial.[17] Posibilidades que permiten plantearse la reconfiguración de las relaciones de propiedad de forma que los trabajadores sean agentes decisorios en las nuevas relaciones de producción.[18] Para alcanzar estos objetivos no basta con la acción política ni con acuerdos parlamentarios, aunque sean su base legal e institucional. Es fundamental la participación social, no solo en movilizaciones defensivas y reivindicativas, sino en la propia actividad democrática y económica. En ello juegan un papel determinante la RD y sus procesos de socialización, información, difusión del conocimiento, participación, movilización y coordinación de las redes sociales, utilizadas por más de 4.000 millones de personas en todo el mundo, que pueden ser una poderosa herramienta emancipadora.[19] Sin embargo, esta gigantesca actividad virtual, dominada por unas pocas corporaciones, ofrece aspectos inquietantes: manipulación, fake news, ciberterrorismo, etc. Su uso por organizaciones con capacidad de plantearse objetivos de poder, generalmente inscritos en una perspectiva geopolítica, ya está alterando el juego democrático y propiciando el auge del populismo. Y no solo eso: el dominio tecnológico vinculado a la propiedad empresarial puede llevar al capitalismo de vigilancia,[20] lo que en el ámbito del trabajo supone nuevas formas de control y explotación; por ejemplo, mediante trazabilidad productiva. A su vez, el control de las redes sociales y plataformas ha convertido la actividad privada en una mercancía muy rentable. De ahí que el nuevo horizonte de transformación deba incluir aspectos como la propiedad de los datos generados en la actividad virtual, la garantía ante los sesgos de los algoritmos que inciden en la vida laboral y privada, la protección de la intimidad y la ciberseguridad individual y colectiva, la participación en los beneficios derivados de la actividad en Internet, el acceso libre y gratuito a la red y los datos (open data), etc. cuya reivindicación debería contemplarse en una Carta de Derechos (Bill of Rights) de la Ciudadanía vinculados a la reconfiguración de las relaciones de propiedad.[21]

La centralidad del trabajo 

Por otra parte, la pandemia ha puesto de relieve ante la opinión pública el valor social del trabajo como soporte central de la sociedad, reforzando el papel de las organizaciones sindicales, en especial CCOO y UGT. La lucha contra la Covid-19 ha evidenciado la necesidad de los trabajos de atención y cuidado a las personas (cuidatoriado), infravalorados socialmente, y que se han tenido que prestar en condiciones muy precarias. Además, esta función esencial para garantizar la realización de los derechos que conforman la arquitectura del Estado del bienestar está asociada casi absolutamente a los servicios públicos, instituciones y empresas estatales. De ahí que sus déficits estructurales fruto de los recortes y la mala gestión hallan resaltado con brutal nitidez el tremendo desequilibrio de riqueza y de poder económico en nuestro país. La ecuación salud-beneficio siempre se resuelve en favor del este último cuando la gestión y propiedad se deja en manos empresariales y fondos de inversión.

En estas circunstancias el sindicalismo de clase, y especialmente CCOO, tiene la obligación (y la capacidad) de defender en lo inmediato y concreto las condiciones de los millones de personas que verán afectadas gravemente sus condiciones laborales, e incluso de subsistencia, actuando en las empresas e instituciones, tejiendo alianzas sociales y políticas para dar respuesta a lo que ya es una catástrofe social y de paso levantar un muro frente a la posible utilización demagógica de esa situación por la extrema derecha. Y hacerlo con visión estratégica de futuro, participando en la definición de las líneas básicas de la Reconstrucción Social y Económica con el objetivo desarrollar mecanismos de participación y de control de la mayoría de la sociedad sobre el poder económico. Para realizar esta tarea, CCOO cuenta con una gran capacidad organizativa y de intervención social, al tiempo que posee un potencial cultural de valores, ahora revalorizados, como la solidaridad, la continua reivindicación del componente social de la riqueza, la práctica habitual de la cooperación; y un largo aprendizaje en acumular fuerzas y tejer alianzas ante correlaciones de poder adversas.

Para avanzar en la democratización de la economía es necesario revertir el actual autoritarismo empresarial, potenciado por las últimas contrarreformas laborales.[22] Para ello hay que garantizar que la negociación colectiva se desarrolle en condiciones reales de igualdad, acabando con el monopolio del empresario en las decisiones sobre la organización del trabajo. Hay que conseguir que los convenios de sector den cobertura a la totalidad de las personas que viven de su trabajo. Lo que exige su fortalecimiento legal y operativo mediante la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Pero hay que ir más allá e insistir en la reivindicación de la propiedad social de la empresa que reconozca que la aportación del trabajo es esencial para el funcionamiento de la empresa, al menos tanto como la de del capital. En este sentido hay que avanzar decisivamente en la conquista de la cogestión y la participación en el accionariado ya mencionados, y conseguir la participación de los representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas medianas y grandes, con voto y capacidad de decisión. Es cierto que existen algunas experiencias negativas, pero hemos de aprender de ellas impulsando la transparencia informativa y la gestión participativa. Ello nos obligará a elaborar alternativas de gestión propias tanto sobre la empresa como sobre la economía en general, y a hacerlo con la máxima implicación de las secciones sindicales, comités de empresa y conjunto de estructuras sindicales. Con ello se ganará credibilidad y representatividad ante los sectores de trabajadores especializados tanto en el desarrollo de las nuevas tecnologías como en la generación de conocimiento y su aplicación a la empresa, sectores que ahora se escapan a las dinámicas sindicales tradicionales.

Porque ninguna lucha reivindicativa es posible sin tener en cuenta los instrumentos de la RD, desde el punto de vista de la organización, participación, movilización, coordinación, o debate. Las clásicas formas de socialización de los trabajadores van perdiendo centralidad, al tiempo que se difuminan los antaño grandes espacios de concurrencia generados por el fordismo, particularmente en las sociedades de capitalismo desarrollado y globalizado. Las clásicas luchas obreras, mayoritariamente de carácter empresarial, local y sectorial, que tiene su máxima expresión en la huelga, son cada vez más limitadas y poco eficaces en una economía globalizada.[23] Esta disminución de la eficacia y potencialidad de las huelgas, particularmente, las generales, estrecha la capacidad  reivindicativa del sindicalismo, forzado en la mayoría de lo casos a jugar su papel negociador en el cada vez más estrecho espacio del ultra y neoliberalismo imperante, además de por las exigencias de la RD. Por eso, tener como base estratégica el presente recordado (Gerald Edelman) reduce el papel del sindicalismo a gestionar la protesta, sin casi margen de maniobra, lo que está suponiendo su paulatino debilitamiento y fragmentación.

Por otra parte, el colectivo cada vez mayor de trabajadores vinculados a la digitalización, con relaciones laborales abiertas, no se sienten representados por el sindicalismo clásico, lo que impide articular una respuesta adecuada y eficaz en temas como la flexibilidad, un factor con el que hay que contar para moldear el futuro. Solo la llamada flexiguridad de los países nórdicos, promovida por la Comisión Europea, se ha planteado encarar el problema, aunque no de manera plenamente satisfactoria al no incidir en las relaciones de propiedad.[24] Por eso, es urgente establecer una nueva modelización del sindicalismo que ofrezca al conjunto de los trabajadores herramientas eficaces en la lucha reivindicativa, inscrita en una estrategia transformadora, para no verse encerrados en la paradoja digital del capitalismo: los avances científicotécnicos de la RD suponen un notable incremento de la productividad y generación de riqueza, pero al enorme coste social de la precariedad laboral, la inseguridad económica, y el incremento de las desigualdades y las brechas (de género, digital, territorial). Una realidad de la que parecen ser más conscientes las grandes corporaciones de la RD que sus principales damnificados.[25]

De ahí que las propuestas concretas de empresa se han de encuadrar en alternativas generales del sindicalismo de clase tanto en el ámbito nacional y supranacional. Ya que se inscriben en un marco macroeconómico en el que se han de optar por decisiones políticas clave tanto sobre la redistribución de la riqueza como sobre el modelo económico y productivo. Especialmente cuando se trata de garantizar el derecho a la vida, que engloba con cada vez más urgencia el equilibrio medioambiental. En este sentido es necesario institucionalizar el reconocimiento no sólo del diálogo social sino de la capacidad específica de propuesta legislativa de las organizaciones sindicales mayoritarias. A nivel europeo habría que plantearse restricciones a la actuación de los lobbys que hoy en día multiplica la capacidad de influencia de las élites económicas.

Resumen

Finalmente lograremos convivir con el virus, pero no es necesario ni deseable hacerlo bajo las reglas y condiciones de un sistema productivo en el que las crisis se resuelven incrementando las desigualdades, profundizando en las brechas socioeconómicas, y alimentando el deterioro medioambiental. Mantener como hasta hoy las relaciones distribuidas de poder vinculadas a las relaciones de propiedad empresarial, que incluye los poderosos instrumentos de la RD (datos, algoritmos, plataformas, redes sociales, etc.) no es una opción. De ahí la necesidad de reconfigurar las relaciones de propiedad para equilibrar las relaciones de poder. Tarea en la que lucha sindical reivindicativa debe dotarse de en una estrategia de transformación, bajo la bandera de la democracia económica, que dote de contenido igualitario a la democracia política. Lo que pasa por la participación institucionalizada de los trabajadores en la gestión mediante la autogestión (pública) y la cogestión (privada), así como su participación en el accionariado de las empresas, que permita establecer un nuevo equilibrio trabajo/capital, en la perspectiva estratégica de la transformación del sistema socioeconómico capitalista. Como ayer en la Gran Recesión, hoy el Gran Confinamiento nos enfrenta a una situación donde la deriva desigualitaria puede acrecentarse o suponer el avance hacia un nuevo modelo de sociedad donde la libertad y la igualdad sean las caras de una misma moneda. Piketty lo llama socialismo participativo.[26]

 

NOTAS

[1] Las previsiones económicas de la Comisión Europea para España en 2020 describen un panorama desolador:  el PIB caerá un 9,2%, el déficit ascenderá al 10,34% del PIB, la deuda subirá al 115,5%, y el paro alcanzará el 19%.

[2] Véase la contundente respuesta de Juan Torres López al fatalismo realista de José Carlos Díez: www.youtube.com/watch?v=e7vmBSQwD2M&feature=youtu.be

[3] El concepto de memoria es fundamental para entender el funcionamiento de los sistemas complejos dinámicos, donde los inputs de salida están modulados por el histórico de los inputs de entrada. Se trata de un requisito adaptativo de supervivencia.

[4] Cada vez son más las voces autorizadas que reclaman una reforma del capitalismo, como Lynn Forester de Rothschild, fundadora de Coalition for Inclusive Capitalism, en Financial Times: Puede y debe encontrarse espacios comunes con los que quieren una reforma completa del capitalismo para hacerlo más sostenible e inclusivo.[4] Ver: Miguel Ángel García Vega, Las grietas del capitalismo obligan a su reinvención (https://elpais.com/economia/2019/10/18/actualidad/1571397259_309335.html)

[5] El catedrático de derecho administrativo Santiago Muñoz Machado dedica un artículo en El País a poner la venda antes de la herida haciéndose eco de supuestos planes de estatalización de la economía bajo influjo del Covid-19.

[6] Un sistema distribuido es un conjunto de instancias o componentes, en este caso económico, políticos, científicotécnicos, mediáticos, culturales, etc. que pese a su distinto grado de autonomía actúan como un único sistema mejorando la tolerancia a fallos.

[7] La ceguera posicional es un fenómeno habitual en ajedrez, sobre todo en principiantes, pero tambien en campeones, cuando uno de los jugadores no ve adecuadamente la posición de las piezas, y por tanto el correcto desarrollo de las jugadas.

[8] En España puede parecer una ensoñación izquierdista, pero existen precedentes, como la ley alemana de 1976 sobre cogestión que contempla la obligación de reservar a los representantes de los trabajadores la mitad de los puestos y de los derechos de voto en los consejos de administración. En Dinamarca y en Noruega, los trabajadores tienen derecho a un tercio de los puestos en empresas con más de 35 y 50, respectivamente. Ver: Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Participación financiera de los trabajadores en Europa (www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1375-2010_ac_es.doc). En todo caso, la propiedad social y la cogestión, tal como se han experimentado hasta hoy (capitalismo renano y escandinavo), no deben considerarse soluciones cerradas ni definitivas ya que son fruto de las luchas sindicales y movilizaciones políticas desarrolladas durante la segunda mitad del siglo XIX y gran parte del siglo XX.

[9] La ley alemana de 1976 sobre cogestión contempla la obligación de reservar a los representantes de los trabajadores la mitad de los puestos y de los derechos de voto en los consejos de administración. Inspirado en el Labour Law Manifesto, el Partido Laborista llevaba en su programa para las últimas elecciones en Gran Bretaña la propuesta de crear fondos de trabajadores con voz propia en los consejos de administración (y acceso a sus correspondientes dividendos) en empresas con más de 250 empleados. En Dinamarca y en Noruega, los trabajadores tienen derecho a un tercio de los puestos en empresas con más de 35 y 50, respectivamente. Ver: Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Participación financiera de los trabajadores en Europa. www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1375-2010_ac_es.doc.

[10] Las sociedades propietaristas nacieron bajo el supuesto ideológico de la emancipación individual, vinculada al acceso universal a la propiedad, y de armonía social, garantizada por el Estado mediante su actividad para reducir las desigualdades. La gran crisis de 2008 mostró sus debilidades y el proceso de digitalización del sistema productivo sus límites dando lugar al neopropietarismo y con el a nuevas tareas vinculadas con el Estado Social y democrático de Derecho y poder político de la mayoría social trabajadora.

[11] El nuevo Estatuto de los Trabajadores puede ser una pieza fundamental para institucionalizar las nuevas relaciones de poder en el seno de la empresa.

[12] Una tributación justa debe basarse en un equilibrio entre tres formas legítimas y complementarias de tributación progresiva: el impuesto sobre la renta progresivo, el impuesto de sucesiones progresivo y el impuesto anual progresivo sobre la propiedad. Piketty. Op.cit. En todo caso, una fiscalidad justa y progresiva solo es factible en espacios globales de decisión que impidan el dumping de otras naciones, como todavía ocurre en la UE.

[13] O, dicho de otra forma, riqueza pública negativa que se corresponde a una situación en la que los propietarios privados poseen, a través de sus activos financieros, no solamente la totalidad de los activos y edificios públicos, por los cuales perciben unos intereses, sino, además, una suerte de derecho al cobro futuro sobre los impuestos pagados por el contribuyente. En otras palabras, el total de propiedades privadas es superior al cien por cien del capital nacional, puesto que los propietarios privados poseen, en cierto modo, a los contribuyentes (o, al menos, a una parte) … los intereses de la deuda podrían terminar por absorber una parte creciente y potencialmente considerable de la recaudación tributaria. Piketty. Capitalismo e ideología, Deusto 2019.

[14] La caída del sistema soviético ha supuesto la transformación en Rusia en hipercapitalismo cleptocrático; por su parte China ha evolucionado en un capitalismo privado y de Estado conviviendo bajo la dictadura del PCCh.

[15] Cabe destacar la brecha educativa, vital en la terciarización de la economía, y la digital, que afecta a la empleabilidad en la actividad productiva

[16] Ver: Miren Etxezarreta, La preocupación por la desigualdad (https://blogs.publico.es/dominiopblico/30817/la-preocupacion-por-la-desigualdad/ )

[17] Los avances científicotécnicos provocan mutaciones en el sistema socioeconómico que impulsan su evolución. Una evolución que, al contrario de la biológica, no es aleatoria ni azarosa, sino fruto de la propia actividad humana, lo que posibilita su transformación por los sujetos sociales afectados e involucrados.

[18] El hecho de que una parte significativa de la mayoría trabajadora, fundamentalmente clase media y media alta, sea también propietaria (bienes muebles e inmuebles, activos financieros, derechos intelectuales, etc.) exige un nuevo enfoque en la estrategia de reconfiguración democrática del sistema neopropietarista.

[19] Movilizaciones en las primaveras árabes, movimientos como 15 M, Occupy Wall Street, o #MeetToo, etc. Ver: Geoffrey Pleyers. Movimientos sociales en el siglo XXI. Perspectivas y herramientas analíticas.  Clacso, 2018. (http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181101011041/Movimientos_sociales_siglo_XXI.pdf)

[20] Shoshana Zuboff. Capitalismo de vigilancia, Paidós 2020.

[21] Ver: Carlos Tuya. El Robot Socialista, Amazon 2019. (págs. 313-3154)

[22] La democratización de la economía en la fase de reactivación o reconstrucción ha de tener en cuenta que el microtamaño dominante en el tejido empresarial, se ha manifestado como una de las grandes debilidades de nuestro modelo económico. Por ello, una política de recuperación progresista debe oponerse, y generar obstáculos efectivos, a la política de externalizaciones de las grandes empresas. Así mismo se debe favorecer la autogestión y la economía social como alternativa a la microempresa y a la figura-trampa del emprendedor. En esta perspectiva no estaría de más tener en cuenta la experiencia de las sociedades anónimas laborales.

[23] Son claros ejemplos la lucha de la plantilla de Alcoa contra el cierre en las plantas de A Coruña, San Cibrao (Lugo) y Avilés; el cierre de la planta en Fuenlabrada de CocaCola; la plantilla de Amazon en San Fernando; plantilla de Airbus en Puerto Real, etc.

[24] Ver: Andranik Tangian, Flexiguridad europea. (www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/viewFile/3102/2728)

[25] El creador del lenguaje computacional Java y exjefe científico de la compañía Sun Microsystems, Bill Joy, pertenece a la minoría que advierte sobre esos alcances y riegos. En su famoso artículo Why the Future doesn’t need us señala: estoy probablemente trabajando en la creación de instrumentos capaces de generar una tecnología que reemplace a nuestra especie. (Wired, abril 2000)

[26] Thomas Piketty. Capital e ideología, Deusto 2019.

22/05/2020

 

Paco Rodríguez de Lecea

Sindicalista, jubilado, miembro del Consejo de Redacción de la revista digital Pasos a la Izquierda

 

 

1. Un poco de historia

Las Comisiones Obreras nacieron estrechamente ligadas al territorio. En la época anterior a la legalización, la implantación del nuevo movimiento se hacía de centro a centro de trabajo, pero no por ramas y sectores de la producción y los servicios sino por proximidad geográfica. En la gran oleada de huelgas que marcó el final del franquismo y los inicios de la democracia, la extensión de las luchas y el apoyo solidario se aseguraban a través de coordinadoras locales interrama y de entidades radicadas en la población, el barrio, el sector o el polígono: asociaciones de vecinos, parroquias, movimientos de mujeres, recogidas solidarias de fondos de resistencia en los mercados, etc.

Tampoco fue un problema en ese primer momento la relación entre el nuevo movimiento sociopolítico y los partidos, aún clandestinos o recién emergidos a la superficie. Los partidos se nutrieron de cuadros y de militantes obreros jóvenes, y acrecentaron de esa forma su base social y su influencia. Por su parte, los sindicalistas fogueados en las fábricas tuvieron ocasión de beneficiarse de la mayor experiencia y del horizonte cultural más amplio presentes en la política de los partidos, y en algunos casos también de la formación política y económica que se impartía dentro del partido a los militantes de los “movimientos de masas”, como los llamaban.

Fue más tarde cuando aparecieron problemas en los dos frentes. El esfuerzo organizativo de la central sindical ya en la legalidad se dirigió sobre todo a mejorar y unificar mediante la negociación colectiva las condiciones de trabajo por ramas  y sectores, y de preferencia en los ámbitos estatal o provincial. De alguna forma la “fábrica”, el taller, la oficina, o más en general el lugar de trabajo, se despegaron del territorio en el que estaban radicados, en beneficio de una mayor proximidad virtual entre empresas o centros distantes entre sí pero dedicados al mismo tipo de producción.

En relación con los partidos, un funcionamiento en amplia medida “taylorista” (el partido tomaba las decisiones, el sindicato las ejecutaba) derivó hacia contradicciones y encontronazos crecientes. En los estatutos de la Confederación figuraba de forma destacada la independencia del sindicato respecto de los partidos; pero los comités centrales solían entenderla como una independencia “hacia afuera”, hacia las bases sindicales sin afiliación política, y no “hacia dentro”, porque en la casa la norma válida seguía siendo el centralismo democrático, es decir la obediencia estricta a las decisiones democráticamente adoptadas por la dirección.

2. Las carencias heredadas

La fase cambió, ya antes de los cruciales años noventa que vieron la desaparición práctica de los partidos “tal como eran”; pero las dos deficiencias mencionadas han dejado secuelas. Por una parte, a pesar de los cambios en el modelo de empresa con la consolidación de un nuevo paradigma productivo y tecnológico de una forma tan repentina como arrasadora (desprofesionalización, “flexibilidad”, externalizaciones y deslocalizaciones, cortoplacismo en la toma de decisiones, rotación creciente y precarización generalizada del empleo), el sindicato no ha cambiado aún en lo sustancial su esquema organizativo asentado en grandes federaciones de rama o sector, un modelo que se adecuaba bien a una organización fordista de la producción, pero que hoy aparece progresivamente “en precario”, en más de un sentido.

De otro lado, la distribución tácita de funciones entre partido y sindicato de la etapa anterior se ha prolongado en una situación en la que, rota definitivamente la “correa de transmisión”, el sindicato ha seguido en alguna medida la misma rutina de trabajo. El modelo de negociación de las grandes empresas no se ajusta a las necesidades de las medianas y pequeñas, ni a las condiciones de precariedad, ni a las modalidades de flexibilidad; y por muchos esfuerzos que se realizan, algunas condiciones no se superan a través de la negociación colectiva. La ruptura de las cadenas de valor produce tantas disrupciones como modelos de ganancia existan, incluidas las provocadas por la financiarización o la especulación.

Dando la vuelta a la tan repetida formulación de Norberto Bobbio, sigue siendo cierto que la democracia no se debe detener a las puertas de la fábrica; pero como los trabajadores y las trabajadoras entran y salen de la fábrica en una rotación cada vez más rápida, hace falta además extender esa democracia, peleada dentro de la fábrica, de puertas afuera, a un entorno personal, social y geográfico que aparece cada vez más constreñido y más propicio a la marginación y a nuevas formas de servidumbre.

Al abrir las puertas de la fábrica, lo que aparece al otro lado son personas “de bulto redondo”, con una vida, una historia y unas expectativas; y un territorio, no abstractamente administrativo, sino poliédrico, correspondiente a una geografía determinada y dotado, o no, de un patrimonio material y cultural, de unas características históricas y ecológicas determinadas, y de una red muchas veces reducida e insatisfactoria de servicios comunes: sanidad y asistencia social; centros educativos y de formación permanente; vivienda; políticas activas de empleo; consumo, relación, ocio, participación.

Teniendo en cuenta las características actuales del trabajo heterodirigido, la movilidad extrema del “lugar” de trabajo, la ambigüedad de la relación laboral misma, la flexibilidad infinita en los horarios, es necesario que la acción del sindicato se esfuerce por cubrir y amparar situaciones que antes le eran ajenas, para una protección adecuada de la vida entera de personas crecientemente desempoderadas y privadas de derechos. Una protección que, para ser eficaz, no puede limitarse al lugar y el tiempo del trabajo, sino que debe extenderse al lugar y el tiempo de la vida, a todo el hábitat complejo en el que se enmarcan trabajo y vida.

Para decirlo con una fórmula sintética del sociólogo italiano Aldo Bonomi, es tarea del sindicato reunir la conciencia de clase y la conciencia de lugar.

La conciencia de lugar adquiere hoy mayor trascendencia por el hecho de que las empresas con grandes cifras de negocios se deslocalizan a efectos fiscales y tienden a convertirse en artefactos jurídicos sin patrimonio material, sin plantilla fija y con sede legal en paraísos fiscales blindados.

La respuesta sindical adecuada no puede ser la de “transnacionalizarse” a imitación de la contraparte, en la negociación de las condiciones de trabajo. Sería un despegue aún más considerable respecto del territorio y de la base social. No es una cuestión viable, ni asumible, por más que son necesarias las acciones coordinadas de carácter internacional, para no vincular al Estado “nacional” reivindicaciones que dependen de decisiones transnacionales.

Pero tampoco puede consistir esa respuesta en la asunción de un protagonismo principal del sindicato en la labor de una protección completa a todos los aspectos de la vida de las personas que trabajan. Ese “pansindicalismo” sería ineficaz y además indeseable.  De puertas afuera del lugar de trabajo, la tarea del sindicato puede consistir en cambio en incidir, estimular y colaborar con otros organismos, instituciones y movimientos variados asentados en el territorio, cada uno de ellos dotado de su propia esfera de autonomía. Potenciando, así, el eje sociopolítico que ha sido abandonado en algunos períodos.

Dicho de otro modo. El sindicato empobrece su significación y su representación si se autolimita a la labor muy especializada de un organismo experto en negociar con la “libre empresa” soluciones técnicas dirigidas a mejorar los niveles salariales, los tiempos de trabajo o las condiciones ambientales, de higiene y de seguridad en la prestación física del trabajo. La presencia del sindicato en el universo plural del trabajo tiene necesariamente que ir más allá, sin desnaturalizar su función esencial. El norte de su actuación es siempre la consideración del trabajo humano, no como una mercancía, sino como un vehículo necesario para la vertebración social y la autorrealización personal. Ese objetivo exige de la gran casa sindical formas nuevas de organización, de relación y de representación más allá del lugar estricto de trabajo.

El sindicalista y filósofo italiano Riccardo Terzi explicaba así esta vertiente de la acción sindical, en un Seminario para cuadros de la CGIL en Bérgamo, 16 marzo 2015: «En los años de oro, la gran fábrica era el corazón del movimiento. Hoy las cosas son distintas y es necesario considerar la relación fábrica-territorio, ver a los trabajadores no solo en el ejercicio de su trabajo sino como miembros de una comunidad, ver en consecuencia la condición social en su conjunto, organizar no tanto el trabajo como sistemas territoriales, en relación con otros cuerpos sociales intermedios. Mientras que la política tiende a centralizar, nosotros podemos construir alianzas, un asociacionismo capaz de llegar también a la red institucional de los municipios, de las regiones, hacer del sindicato un sujeto activo en un proceso abierto, pero intentando representar todo lo que hoy no está representado, pedazos del mundo del trabajo que carecen de representación o que tienen una representación muy débil, en precario…» (1)

Ciertamente, este enfoque configura al sindicato como sujeto no solo social sino político, aunque político de “determinada manera”. El carácter sociopolítico ha estado presente desde los inicios del movimiento de las Comisiones Obreras. Recientemente lo han reafirmado entre nosotros José Luis López Bulla y Javier Tébar Hurtado, en un artículo publicado en InfoLibre que comienza del modo siguiente: «El sindicalismo confederal es independiente de todos los partidos políticos, pero no es indiferente al marco institucional que construye la política. Está fuera de duda la beligerancia del sindicalismo para lograr un marco político-institucional que defienda, propicie y amplíe los derechos sociales y la reducción de las desigualdades.» (2)

3. Los problemas acuciantes que reclaman una intervención sindical en el territorio

Julián Sánchez-Vizcaíno expuso así, hace ya algunos años (Nueva Tribuna, 10.5.2012), el núcleo “duro” de esta cuestión pendiente para el sindicato:

«En este periodo histórico la defensa de los intereses sociolaborales del conjunto de las clases subalternas hace necesario movilizar y poner en valor los recursos del Sindicato para intentar ofrecer soluciones a los trabajadores y trabajadoras no solo en el centro de trabajo, o en el ámbito institucional de la concertación social, sino también de forma prioritaria para abordar las consecuencias derivadas de la precariedad y la deslaboralización, desplegando acciones solidarias de proximidad, poniendo en marcha experiencias de apoyo sociolaboral y a la auto-organización, la formación y el cooperativismo en los núcleos urbanos en los que se concentra la población más vulnerable al paro o la inseguridad, y que encuentra su identidad y sus tiempos de vida en el lugar de residencia, más que en el lugar de trabajo, tan precario como su relación laboral.» (3)

Si desgranamos uno a uno los problemas diferentes, sin ánimo de ser exhaustivos, esto es lo que nos encontramos:

1. Las deslocalizaciones y externalizaciones de todo tipo que ocultan las cadenas de valor, y las nuevas formas de organizarse las empresas (singularmente, las llamadas “plataformas”).
2. El desempleo: trabajadores/as sin trabajo. En algunos casos, de larga duración.
3. Los cuidados: trabajadores/as con un trabajo no remunerado.
4. El mundo flotante de los falsos autónomos, de los falsos emprendedores y de los falsos socios de cooperativas. En una palabra, los trabajadores que se explotan a sí mismos hasta agotarse en la ambición de un ascenso social que nunca llega porque no hay currículos ni méritos que consten en ninguna parte, y cada día es necesario volver a empezar desde cero.
5. Las nuevas formas de la prestación laboral “a demanda”, que conducen a un estar a disposición del empleador en horarios exhaustivos 7×24, todas las horas de todos los días de la semana.
6. La necesidad de conciliar trabajo y vida, producción y reproducción. Con incidencia muy especial para las mujeres, implicadas en primera línea en esa contradicción.
7. El problema de la representación y la tutela jurídica de quienes no están representados ni tutelados, o lo están de forma manifiestamente insuficiente.
8. Los socorros mutuos, bella tradición del movimiento obrero desde sus inicios en la época de la primera revolución industrial. En una comunicación reciente, Gabriel Abascal ha difundido una experiencia ejemplar al respecto (4).
9. Las nuevas formas de cualificación y recualificación que puedan evitar la exclusión social o la dualización ante los desafíos de la digitalización, la automatización y las nuevas tecnologías en la producción o los servicios (5).

4. Y una última razón, no menor, para la acción sindical en el territorio

En su último libro publicado en vida, Inequality, What Can Be Done? (2014), el economista Anthony B. Atkinson enumeró una serie de “propuestas más radicales” (more radical proposals) para combatir la desigualdad creciente. Después de señalar a modo de provocación que «se habla de la tecnología como si viniese de otro planeta y acabara apenas de aterrizar en la Tierra», incluyó entre dichas propuestas la siguiente: «La dirección del cambio tecnológico debería ser una preocupación explícita de los políticos, y estos deberían estimular la innovación tendente a aumentar la empleabilidad de los trabajadores y enfatizar la dimensión humana en la oferta de servicios.»

En su argumentación de la medida, Atkinson mencionó la insuficiencia, cuando no la falacia, de medidas tales como la bajada de impuestos, la promoción de la libre competencia, la flexibilización del trabajo o las privatizaciones.

Señaló asimismo que dejar la innovación en manos de intereses oligopólicos tan poderosos como los que representan Google, Amazon o Uber, es dejar libre el campo para una tecnología concebida como el instrumento de dominación más sofisticado e irresistible que haya conocido el género humano. La tecnología no es neutral en sí misma: debe ser dirigida políticamente, desde los poderes públicos, los cuerpos intermedios y la acción colectiva de la ciudadanía.

Entre esos “cuerpos intermedios” mencionados por el prestigioso economista, sin duda ha de estar presente el sindicato. Desde su autonomía, el sindicato puede y debe implicarse en participar en una “dirección” consciente de la innovación, hacia objetivos de mayor ocupación y bienestar social, y no como promoción de la ganancia privada.

En relación con el territorio, eso representa rescatar una idea renovada de “comunidad”, de lo “común” a personas diferentes que viven en un mismo entorno geográfico. Pero no el tipo de comunidad cerrada, alimentada por el rencor, que desconfía de todo lo que es distinto y de lo que supone una novedad; sino una comunidad inclusiva de la diversidad y favorecedora de la igualdad y de la representación adecuada de esa diversidad.

Desde ese tipo de comunidad concebida como proyecto común, es posible abordar una transformación de largo alcance y sostenible del modelo de desarrollo, del cuidado escrupuloso del medio ambiente, del arrumbamiento de los estereotipos de género y de nuevos modelos de formación profesional, de aprendizaje a lo largo de la vida, que promuevan una ciudadanía activa sin exclusiones.

Hoy estamos situados frente a grandes desafíos: la llamada “revolución verde” representa un objetivo global para el planeta, pero también oportunidades de recuperación económica de la llamada “España vacía”, mediante la instalación estratégica de nuevas plantas tecnológicamente avanzadas productoras de energías limpias: solar, eólica, hídrica, geotérmica. Esa nueva industria energética tendrá capacidad para revitalizar regiones atrasadas y atraer a ellas población joven y nuevo empleo.

La puesta en valor del inmenso patrimonio cultural de nuestro país, y su inserción en una oferta turística más valiosa y consistente que el consabido “sol y playa”, es otra ventana de oportunidad que no se debe desaprovechar. Nuevas iniciativas sostenibles protagonizadas por nuevos actores económicos pueden generar nuevo empleo y una puesta en valor de poblaciones y comarcas afectadas por una larga decadencia. Eso significa planificar estratégicamente las políticas activas de empleo y en particular una formación profesional equitativa y de calidad.

Otras oportunidades nacerán de un estudio atento de las posibilidades particulares de cada lugar, de cada entorno, para convertir una economía rutinaria y caciquil basada en la mera extracción de rentas, en otra innovadora y centrada en la mejora del horizonte vital de personas, comunidades y territorios.

En Italia, esa iniciativa amplia ha dado lugar a un plan sindical ambicioso (6). Algo parecido podría y debería hacerse también en nuestro país.

 

Notas

(1) CGIL Bergamo. Gruppo di lavoro Riccardo Terzi, Sindacato, política, autonomía. A cargo de Francesco Mores y Eugenia Valtulina. Ediesse, 2016.

(2) López Bulla, José Luis y Tébar Hurtado, Javier: “Sindicalismo y política en la nueva legislatura”, https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/02/04/sindicalismo_politica_nueva_legislatura_103538_2003.html

(3) Sánchez-Vizcaíno, Julián: El reto de Comisiones Obreras, ver en  https://www.nuevatribuna.es/opinion/author/el-reto-de-comisiones-obreras/20120510132159075050.html

(4) Os refiero brevemente los elementos de esta nueva acción sindical en el territorio. Se trata de la iniciativa social de la FIOM-CGIL desarrollada en Pomigliano d’Arco, en la región metropolitana de Nápoles, región con altos niveles de desocupación, precariedad y pobreza. En esa ciudad y en la vecina Nola existen centros productivos y logísticos de FIAT-Chrysler. En 2010 se puso en marcha el conocido en Italia como “modelo Marchione” por el nombre del ejecutivo procedente de FIAT, fallecido hace unos meses, que lo implementó. La nueva organización del trabajo rompía radicalmente con el modelo basado en el Estatuto italiano de los trabajadores y con la negociación colectiva: eliminación de las pausas en la cadena de montaje, incremento abusivo de los ritmos de trabajo, inaplicabilidad del contrato colectivo nacional del sector, imposición autoritaria de los turnos productivos, exclusión de los sindicatos disconformes con estas medidas en cualquier proceso negociador dentro de la fábrica. La implementación de este modelo de organización del trabajo se vio favorecida por algunas medidas laborales adoptadas por los gobiernos Renzi (Jobs Act, de 2015, etc). En el caso de Pomigliano estas medidas supusieron que más de 2.000 trabajadores quedaran fuera de la empresa durante años consecutivos (en lo que en Italia se conoce como cassa integrazione, en definitiva, un ERE indefinido) 

La FIOM-CGIL en solitario trató de revertir la situación mediante movilizaciones, huelgas, etc. y de que se creara un nuevo turno de trabajo, objetivo no conseguido. Ante ello y la situación de pobreza y precariedad que afectaba de manera creciente a muchos trabajadores y sus familias, la FIOM-CGIL lanzó en febrero de 2015 la idea de crear una caja de socorros mutuos o fondo social para combatir la pobreza severa entre los trabajadores y las familias de la región. El dinero del fondo se ha nutrido en sus orígenes de las aportaciones de los afiliados y delegados de la FIOM-CGIL en la empresa, a partir de la diferencia retributiva entre las horas normales y las trabajadas (obligatoriamente, por imposición de la empresa) los sábados. A partir de esa iniciativa de la FIOM, posteriormente se han añadido campañas solidarias, de artistas, intelectuales, profesionales, etc., para incrementar los fondos. Este fondo social mutual o caja de socorros mutuos se constituyó formalmente por la FIOM-CGIL en octubre de 2015 y el sindicato, articulando una política de alianzas, acordó que la gestión financiera del fondo lo llevara la entidad LIBERA (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, www.libera.it ) y el trabajo con los beneficiarios lo llevara la sección local de Cáritas, respondiendo a una correcta filosofía de que cada uno haga “lo que mejor sabe hacer”.

(5) Méda, Dominique: Los efectos de la automatización en el trabajo y en el empleo; Acosta, Estella: Digitalización y cualificaciones: el empleo y la clasificación profesional, en Pasos a la izquierda n^o 10; Una digitalización justa y equitativa, en la misma revista n^o 9, y en el blog de ISEGORÍA.

(6) Sateriale, Gaetano: El potencial innovador del Piano del Lavoro, en Pasos a la Izquierda n^o 18, marzo de 2020. Ver: https://pasosalaizquierda.com/el-potencial-innovador-del-piano-del-lavoro/

22/05/2020

 

Carmen Juares

Responsable de Nuevas realidades del trabajo y precariedad de CCOO de Catalunya, Integradora social y activista, Fundadora de Mujeres migrantes

 

Al pensar en feminismo en estos días de confinamiento a raíz de la crisis sanitaria de la Covidien-19, no puedo evitar pensar en las muchas conversaciones que he tenido con tantas mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados. La mayoría de las conversaciones giran sobre temas laborales, situación económica y maneras de hacer frente a esta situación de manera común, para ayudarnos entre todas. A pesar de las situaciones de angustia, de miedo y de incertidumbre, estamos fuertes!, Porque sabemos que no estamos solas, sabemos que las mujeres unidas, luchando juntas somos capaces de lograr cosas extraordinarias.

Estos días nos preguntamos, cómo es posible que el Gobierno español considere a las trabajadoras de los cuidados en domicilios particulares como trabajadoras esenciales durante esta crisis del coronavirus, pero que, a la vez, a estas mujeres trabajadoras no se les reconozcan los mismos derechos laborales que en el resto de trabajadores y trabajadoras, también considerados esenciales ¿cómo es eso posible?

Las mujeres trabajadoras de los cuidados en domicilios privados que cotizan a la seguridad social lo hacen dentro del régimen especial de la seguridad social, que no las protege, sino todo lo contrario, las deja en una situación de vulnerabilidad. Estas mujeres trabajadoras no tienen derecho al paro, no están protegidas por la ley de protección de riesgo laboral ni por fondos de garantía salarial (FOGASA).

Un 98% son mujeres y cerca del 70% extranjeras, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (2 019) Un dato, esta última, poco precisa, ya que las personas de origen extranjero que han sido nacionalizadas no cuentan como trabajadoras extranjeras. Desde el inicio de esta crisis las primeras despedidas, sin derecho a nada, han sido las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados y las que aún mantienen el trabajo han visto cómo su jornada laboral ha sido aumentada de manera exponencial, ya que se han visto obligadas a pasar el confinamiento allí donde trabajan, pero no su sueldo, otros están cuidando de personas mayores que han dado positivo de coronavirus sin lugar a material de protección como mascarillas y guantes, poniendo en riesgo su salud. Muchas de estas mujeres trabajadoras son conscientes de que si pierden el trabajo, pierden también, la vivienda como es el caso de las mujeres que trabajan como cuidadoras internas.

“Escuché relatos profundamente inquietantes sobre las condiciones de trabajo, mujeres que trabajaban cerradas durante años en lo que sentían como una” prisión “, sufriendo acoso sexual, horas extraordinarias sin compensación y sin acceso a la seguridad social o las pensiones” (Philip Alston, Relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos 2020).

Durante esta crisis del coronavirus, las primeras en perder el trabajo han sido estas mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados, que fruto de los salarios tan bajos que cobran y la falta de derechos laborales, les es muy difícil poder ahorrar y hacer frente a situaciones sobrevenidas. Muchas se han autoorganizado y han creado cajas de resistencia, reparto de productos alimenticios y reparto de materiales de protección como mascarillas y guantes.

La historia nos demuestra que las mujeres somos capaces de llevar a cabo acciones y denuncias que transforman la sociedad y que marcan el camino hacia una democracia real. El movimiento sufragista es uno de estos ejemplos, denunciaba la discriminación de la mujer y pedían el acceso al voto y el mundo público, del que habían sido excluidas. Igualmente reivindicaban el derecho a la educación, un trabajo remunerado, así como otras demandas. Igualmente, fruto de esta herencia de lucha de las mujeres, a finales de los años 70 surge el movimiento feminista, que denuncia la situación de discriminación que sufren las mujeres en la sociedad. Reivindican el derecho al aborto, la paridad, para acabar con el poder y la jerarquía masculina, que el trabajo doméstico sea reconocido y compartido. Muchas de estas demandas se recogidas en la agenda de los poderes públicos, lo que dio lugar a la creación de políticas específicas para evitar la discriminación hacia las mujeres, aun así las mujeres siguen siendo discriminadas, pero se ha conseguido crear conciencia de esta situación.

Considero que uno de los grandes logros del movimiento feminista ha sido poner la violencia machista como problemática social, sacar esta violencia del sí del domicilio. Creo que otro reto del movimiento feminista, como herramienta de transformación social es poner los cuidados en el centro, sacar la calle todas estas situaciones de esclavitud que se dan dentro de los domicilios de nuestra sociedad y, que muchas veces, muchas mujeres acaban rompiendo el techo de cristal porque hay otra mujer recogiendo los cristales. También, muchas veces defender los derechos de las mujeres nos lleva al terreno laboral, por lo tanto, considero que es necesario que el movimiento feminista y los sindicatos crean alianzas para poder defender los derechos laborales de todas las mujeres y avanzar hacia una igualdad real.

Como movimiento feminista debemos exigir que el estado da respuesta a la grave crisis de cuidados que estamos viviendo en la sociedad y que ésta no recaiga sobre los hombros de mujeres explotadas laboralmente o en mujeres que no tienen otra opción que cuidar de su familiar porque no existen recursos suficientes y terminen tenemos una doble o triple jornada laboral. Si queremos conseguir la emancipación de las mujeres debemos exigir políticas públicas que lo hagan posible.

22/05/2020

 

Miriam Pinillos Carrascosa

Secretaria de Políticas Públicas de FSC-CCOO

 

 

Los servicios públicos resultan ser un pilar básico de la democracia y la herramienta fundamental para la cohesión territorial y social y para la correcta redistribución de la riqueza de un país.

Los servicios públicos son VIDA

La pandemia producida por el covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de tener unos servicios públicos adecuados, con plantillas correctamente dimensionadas que puedan afrontar cualquier tipo de circunstancias ordinarias o extraordinarias que pudieran producirse, como en estos momentos está siendo esta crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente.

La propuesta neoliberal por reducir los servicios públicos, con la excusa indecente de la austeridad en el gasto o reducción del déficit público, solo está justificado por lo que subyace de fondo, que no es más que el negocio lucrativo que hay detrás de su privatización. Las personas no son importantes, solo la economía y la seguridad, o lo que es lo mismo, los mercados, un estado, una bandera. Que el pueblo viva dignamente resulta secundario o, en todo caso, es una cuestión que de manera individual debe procurarse cada uno.

La falta de inversión y de plantillas adecuadas, así como el incremento de las privatizaciones, ha supuesto desde el año 2010 y con más intensidad a partir de 2012, la pérdida real de miles de puestos de trabajo en todos los servicios públicos, lo que ha devenido en la falta de calidad del empleo, solo salvada en gran parte por la profesionalidad y entrega de las empleadas y empleados públicos.

Las ciudadanas y ciudadanos son conscientes de ello cuando acuden a las ventanas y balcones para aplaudir todos los días a las ocho de la tarde, a las y los profesionales de la salud, de los servicios sociales, a policías, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, Protección Civil, profesorado, personal de limpieza, mantenimiento o seguridad, entre otros.

Esta pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la fuerza del trabajo, se están visibilizando como nunca determinadas profesiones que pasaban del todo desapercibidas: personal de limpieza, de mantenimiento, cajeras, pero también, en el marco público, el resto de servicios públicos que están resultando imprescindibles: personal técnico y administrativo de los servicios de empleo, SEPE, de Seguridad Social, Hacienda, Justicia, etc. que aun en estas condiciones excepcionales, siguen trabajando o teletrabajando desde sus domicilios particulares, con medios propios, realizando horas extraordinarias en muchos casos y sin descansar los días festivos, para que la administración no se paralice y la ciudadanía pueda seguir teniendo acceso a estos servicios esenciales, como son el cobro de prestaciones, ayudas, atención telefónica o cualquier tramitación que requiera.

No podemos olvidar el trabajo extraordinario llevado a cabo por las empleadas y empleados en los centros asistenciales, como las residencias de personas mayores, con discapacidad, menores, la atención domiciliaria a personas vulnerables, instituciones penitenciarias… a pesar de los recortes y años de disminución de las plantillas. Su esfuerzo ha puesto ya de manifiesto la importancia de mantener estos servicios esenciales en el marco público, por su mayor y mejor capacidad de respuesta ante esta grave pandemia que se está viviendo.

La gestión directa de los servicios públicos esenciales es una apuesta decidida de CCOO como única garantía para que se cumpla el papel de universalidad, equidad y calidad que deben tener estos servicios. Además, la prestación directa está demostrando ser más eficiente y estar en mejores condiciones para acometer cualquier tipo de circunstancia extraordinaria, como la producida por el covid-19. La situación sufrida en determinadas residencias privadas, aún sostenidas en muchos casos con fondos públicos a través de conciertos o plazas concertadas, es buena prueba de ello.

Una administración cercana, ágil, de calidad, con seguridad y una atención personalizada es lo que la ciudadanía demanda y es la prioridad de CCOO, a la vez que la defensa de los derechos de sus mayores valedores: las empleadas y empleados públicos. Unos servicios públicos de calidad requieren unas plantillas estables y con dignas condiciones de trabajo. Por ello, recuperar los estándares de calidad de empleo y resto de condiciones de trabajo son objetivos prioritarios del sindicato.

Por todo ello, desde CCOO exigimos asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos, con una financiación, estable y adecuada, prestando especial atención a la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales y dependencia, pero sin olvidar la importancia del resto de servicios públicos, como la justicia, el ciclo integral del agua, la protección y vigilancia del medio ambiente, la Seguridad Social, los servicios públicos de empleo, la gestión asistencial y de prestaciones, etc., así como el resto de servicios de la administración.

De igual forma, hemos de insistir en que las políticas públicas deben centrar sus objetivos en materias hoy por hoy ya imprescindibles, como inversión en I+D+i, la formación, la cualificación profesional, así como mejorar en materia de infraestructuras y transportes, tanto ferroviarios como por carretera, puertos y aeropuertos y aguas, entre otras, que resultan esenciales para una mejor cohesión social y territorial y el tan necesario cambio de modelo productivo.

La deriva neoliberal, con unas derechas compitiendo entre sí, ponen en grave peligro el ya deslustrado Estado de Bienestar, único soporte para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a unos servicios que requiere y merece la ciudadanía.

La democracia o, mejor dicho, las democracias, están en serio peligro de extinción si la ciudanía no reacciona. Debemos hacer un esfuerzo extraordinario por alzar la voz del pueblo, defender nuestro estado de derecho y esto solo lo conseguiremos, defendiendo los servicios públicos y las personas que los sustentan.

22/05/2020

 

Javier Pacheco

Secretario General de CCOO Catalunya

Artículo publicado en SINPERMISO el 17/05/2020

 

Los trabajadores y trabajadoras de Nissan han recibido la noticia publicada en el diario japonés Nikkei sobre el cierre de sus fábricas en Barcelona debajo de la carpa de un piquete de huelga que lleva activa desde el día 4 de mayo. Un mazazo a la moral de la gente que de manera decidida se han volcado a defender el futuro de sus 3000 puestos de trabajo e indirectamente otros 20.000 más, con una huelga indefinida en previsión de un anuncio que la multinacional pueda acabar confirmando.

Una decisión que afectaría gravemente al tejido productivo industrial y el mercado laboral de Catalunya. Un sector como el del automóvil que genera más de 130 mil puestos de trabajo en Catalunya de la mano de dos empresas constructoras de vehículos, Seat y Nissan. Un sector en transformación impulsado por el agotamiento de los vehículos de motor de combustibles fósiles y la irrupción del vehículo eléctrico, híbrido o de hidrogeno en un futuro cada vez más próximo. Un sector también que ha iniciado una carrera en innovación para dar respuesta a la movilidad compartida, inteligente, autónoma y sostenible, que cada vez es más exigente por parte de una sociedad que cambia sus hábitos culturales en la relación con los coches y sobre todo en su forma de desplazarse. La concentración poblacional cada vez más en grandes urbes y sus zonas metropolitanas  obliga a reforzar las medidas de protección medioambiental y es el sector de  automoción un factor clave para conseguirlo.

Es por eso, que en un momento donde los cambios deberían proyectar una nueva etapa del sector del auto en Catalunya incorporándose a la vanguardia de los cambios que deben producirse de manera inminente en los próximos años, la decisión de Nissan puede tener efectos inmediatos dramáticos para la economía industrial y sobre todo para los y las trabajadoras afectadas por la pérdida de empleo, pero también a medio plazo, perdiendo masa crítica sectorial, reduciendo la capacidad instalada en el sector de componentes y reduciendo la capacidad de inversión en la reconversión tecnológica del sector.

La lucha de los trabajadores y trabajadoras de Nissan, como la de tantos otros en multitud de ocasiones, tiene un sentido estratégico para el modelo económico del país, motivo por el que deben recibir todo el apoyo efectivo y no únicamente anímico de todas las instituciones de nuestro país. Es necesaria la creación de un frente común que no escatime en el uso de todos los instrumentos económicos, normativos, técnicos y diplomáticos para conseguir que Nissan decline abandonar sus operaciones industriales en España.

Para trabajar en este sentido conviene conocer las posibles causas de las decisiones que se han ido tomando en los últimos tiempos y sobre todo la que puede adoptarse si se confirman las filtraciones de la prensa japonesa.

Nissan en los años 80 inicia su incursión en Europa en Sunderland, Inglaterra, un territorio castigado por la crisis minera y la desertización industrial del entorno que la política de Margaret Tatcher propició con la grave consecuencia de la pérdida de miles de puestos de trabajo. Encontró Nissan terreno yermo para impulsar su primera internacionalización de su aparato productivo. Posteriormente siguió con su política de expansión y a los pocos años compró la histórica Motor Ibérica en España, la que hoy conocemos como Nissan Motor Ibérica. Pero aquí a diferencia de Sunderland encontró un país en desarrollo, una empresa arraigada productiva y laboralmente y no consiguió los mismos lazos de entendimiento para la inmersión de la cultura de trabajo nipona y su famoso Gemba Kanri.

Es por eso, que la relación con la planta inglesa siempre fue más estrecha que la española, cosa que los directivos de nuestro país nunca supieron compensar. Fueron los directivos de la fábrica británica los que ocuparon los puestos de mando en la dirección que Nissan estructuró en el continente Europeo, una vez organizaba su estructura global de empresa en las diferentes áreas geográficas del mundo. Fueron los ingleses los que consiguieron los resortes en los centros de decisión y alcanzaron incluso, puestos de dirección en el comité ejecutivo de la multinacional a nivel mundial.

Hecho que conllevó a un crecimiento paulatino de su capacidad de producción y sobre todo desarrollar los vehículos con más capacidad de penetración en el mercado, como las plataformas SUB, que se han demostrado de éxito y beneficios. En cambio a las plantas españolas especializadas en vehículos comerciales y todo terrenos, han ido vaciando progresivamente su capacidad productiva hasta llegar a la situación actual que no alcanza ni el 30% de su capacidad.

También es necesario conocer el factor que ha jugado la alianza con su socio principal Renault desde el año 1999 y que posteriormente se ha completado con la entrada de Mitsubishi en el tablero. Una relación complicada que se originó en una crisis financiera de la empresa nipona a la que acudió al rescate Renault participada del gobierno francés y que adquirió el 44% de las acciones japonesas. Porcentaje suficiente para tener derecho de veto en las decisiones de la empresa, participando del control de la compañía, según establece la legislación japonesa.

Desde entonces también se ha establecido una rivalidad desigual sobre la cartera de modelos que se comercializaron en Europa que ha provocado la limitación en la oferta de Nissan, para evitar la competencia con la fuertemente instalada marca francesa en el mercado europeo.

Una encrucijada que ha dificultado la progresión de una empresa como Nissan Motor Ibérica que ha sufrido las consecuencias del poder ejecutivo de los ingleses en el mundo Nissan y la limitación comercial provocada por la alianza Nissan-Renault, en favor de los franceses en Europa.

Todo ello en una empresa que ha conseguido resultados operativos positivos incluso en una situación de infra utilización productiva, gracias a la capacidad de gestión, flexibilidad productiva (hasta 5 modelos diferentes se han producido en las plantas de Barcelona) los altos índices de calidad que han permitido suministrar productos a empresas del nivel de Mercedes, gracias al talento y experiencia de una plantilla que lleva en su mochila la memoria de más de 80 años de historia.

Todos los indicadores para hacer de un proyecto empresarial una experiencia de éxito. Y este ha de ser el motor de estímulo para conseguir una alternativa al posible cierre de la empresa.

Los trabajadores y trabajadoras lo tienen claro, no dudan, fuerzan con las herramientas que tienen en sus manos, la presión para conseguirlo. Una mano izquierda que ofrecen como lo han hecho siempre para poner a disposición su conocimiento en el desarrollo de un plan de futuro. Pero también una mano derecha que con firmeza enseñan su capacidad de ejercer el conflicto, con la convocatoria de una huelga indefinida para no dejar lugar a duda de su capacidad de lucha y presión para revertir la situación.

Además lo han tenido que hacer frente a una situación excepcional sin precedentes en nuestro país. Una huelga en medio de un estado de alarma decretado por el gobierno para dar respuesta a una pandemia mundial no conocida en más de 100 años. Nuestras generaciones no hemos conocido situación igual. La economía paralizada, Nissan también. Millones de trabajadores y trabajadoras afectadas por el desempleo, temporal o estructural. Los y las de Nissan también en un expediente de regulación de empleo temporal por causa de fuerza mayor. Y una sociedad confinada, limitada en sus relaciones sociales guardando la distancia social necesaria, con limitación de la movilidad y afectada por las consecuencias sanitarias y las miles de muertes provocadas por el virus Covid 19.

¿Cómo hacer una huelga en estas circunstancias que pueda ejercer presión a una multinacional que está valorando cerrar sus operaciones en nuestro país? Pues han encontrado la fórmula.

Nissan necesitó reactivar su producción para entregar los últimos vehículos de un acuerdo comercial con Mercedes de 1.900 coches y también poner en marcha la producción de piezas que fabrica para producciones de la fábrica de Sunderland y algunas fábricas de Renault. Para ello desactivó parcialmente el ERTE y llamó a trabajar a más de 1000 trabajadores y trabajadoras. En ese momento encontraron el motivo para ejercer presión y decidieron convocar la huelga para evitar que Nissan cumpliera sus compromisos y facilitara un plan de contingencias que impidiera que un conflicto largo y duro que se puede prever si deciden el cierre, se llevara a cabo.

Pero tenían que superar las dificultades logísticas de una huelga en un estado de alarma. Y encontraron la forma con la paralización de la planta de estampación de piezas que con un impacto limitado de trabajadores/as en huelga, algo más de 60, con el apoyo solidario del resto de la plantilla mediante una caja de resistencia para garantizar los ingresos de los huelguistas, han paralizado la totalidad de la producción. Paradojas de la globalización productiva, la organización de la producción fragmentada ha permitido el éxito de la huelga.

A su vez han tenido la inteligencia de impulsar una acampada en los piquetes de huelga durante las 24 horas del día y todos los días de la semana manteniendo las medidas de seguridad sanitaria, garantizando la presencia con un cuadrante de turnos  para evitar aglomeraciones que ponga en riesgo el ejercicio de la huelga. Han hecho posible el ejercicio de derechos fundamentales como los de reunión, huelga y concentración, así como el de la libertad sindical, poniendo en valor lo estipulado en la constitución y recogido en el decreto de alarma y sus posteriores resoluciones. El derecho sindical y el derecho de huelga son inalienables incluso en periodo excepcional como es un estado de alarma.

Ya han ganado la primera batalla, fundamental para seguir acumulando correlación de fuerzas para conseguir una alternativa al futuro de sus puestos de trabajo.

Y esta alternativa debe trabajarse con el objetivo de revertir los déficits políticos que denunciábamos anteriormente en el marco de una alianza multinacional en Europa, recuperando la capacidad de influencia gracias al valor que un proyecto de empresa debe tener en el proceso de transformación que las compañías deben abordar en un sector cambiante.

Nissan tiene su centro productivo más importante en el mismo puerto de Barcelona, en el polígono de la Zona Franca de la ciudad. Una ciudad que es de referencia mundial para el mundo de los negocios y que en los últimos años se ha convertido en un hub tecnológico que de la mano del Mobile World Congres va consolidando un ecosistema en la innovación y el desarrollo en nuevas tecnologías.

A su vez el área metropolitana y sus administraciones están comprometidas con un modelo de movilidad sostenible donde la combinación del transporte público, la movilidad compartida y el respeto al medioambiente apuntan fuertes inversiones en infraestructuras que facilitan la implantación de los retos que apuntábamos, tiene el sector de automoción, la motorización eléctrica, movilidad inteligente y autónoma.

Un escenario del todo favorable para un proyecto empresarial de la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi que impulse en Barcelona el centro de referencia para el desarrollo de los cambios que debe implementar en todas y cada una de sus plantas de producción y en sus centros de diseño y redes comerciales.

Esta es una oportunidad de futuro en la que debemos trabajar estrechamente agentes sociales e instituciones. Un proyecto que tiene efectos multiplicadores para el sector de automoción, no solo para los y las trabajadoras de Nissan. Conocemos perfectamente las dificultades financieras, comerciales y políticas que las multinacionales pueden ofrecer y por ello la capacidad de actuación ha de ser compartida, coordinada y proactiva. Los gobiernos estatal, autonómico y local deben estar a la altura de las circunstancias.

Hay elementos de trabajo, no es una causa perdida, tenemos la fuerza de los y las trabajadoras en huelga, y los resortes estructurales de un territorio que debe ser un acicate para superar las barreras financieras que sufre hoy la multinacional nipona. Invertir en un futuro para Nissan es invertir en el futuro del auto en Catalunya y España, es invertir en industria, en valor añadido y en bienestar social. Construyamos un Futuro Para Nissan Ya.

22/05/2020

 

Javier Ojer

Periodista, policía foral, sindicalista

 

 

INDICE

1) Qué es la Seguridad Ciudadana

1.- LO 4/2015

2.- CONSTITUCIÓN

3.- LO FCS 2/86: somos los garantes del ejercicio de la libertad y los derechos de la ciudadanía

2) La primera de todas las fuerzas que dirige el mundo es la mentira

1.- Jean Francois Revel, 1989, EL CONOCIMIENTO INÚTIL

2.- Libertad de Expresión, artículo 20 CE

3.- Libertad frente a la Seguridad

3) España es un país pesimista

4) ¿Hacia dónde vamos como sociedad?

 

1) ¿Qué es la Seguridad Ciudadana?

1.-  Constitución Española

Artículo 104.1  

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Artículo 149.1.29

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

Posteriormente, la doctrina y la jurisprudencia han venido interpretando, con matices, estos dos conceptos como sinónimos, entendiendo por tales la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana.

2.- Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana

La seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de eficacia jurídica. En este sentido, la seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho. Preámbulo de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La Constitución Española de 1978 asumió el concepto de  seguridad ciudadana (artículo 104.1), así como el de seguridad pública (artículo 149.1.29.ª). Posteriormente, la doctrina y la jurisprudencia han venido interpretando, con matices, estos dos conceptos como sinónimos, entendiendo por tales la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana.

Para garantizar la seguridad ciudadana, que es una de las prioridades de la acción de los poderes públicos, el modelo de Estado de Derecho instaurado por la Constitución dispone de tres mecanismos: un ordenamiento jurídico adecuado para dar respuesta a los diversos fenómenos ilícitos, un Poder Judicial que asegure su aplicación, y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces en la prevención y persecución de las infracciones.

Ya si nos vamos al artículo 1 de esta Ley Orgánica leemos lo siguiente:

La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes.

3.- LO FCS 2/86: somos los garantes del ejercicio de la libertad y los derechos de la ciudadanía

Artículo primero.

1. La Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación.
2. Las Comunidades Autónomas participarán en el mantenimiento de la Seguridad Pública en los términos que establezcan los respectivos Estatutos y en el marco de esta Ley.
3. Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el marco de esta Ley.
4. El mantenimiento de la Seguridad Pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estatales, autonómicas y locales tienen el deber y la obligación de velar porque la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos en plena libertad, de acuerdo a lo establecido en las Leyes.

2) La primera de todas las fuerzas que dirige el mundo es la mentira.

1.- Jean Francois Revel, 1989, EL CONOCIMIENTO INÚTIL.

Ésta es la segunda idea que quiero traer a colación. Ya en Primero de Carrera nos invitaron amablemente a leer y escribir una reseña sobre este libro. Un ensayo de uno de los periodistas y estudiosos de la información más conocidos en Europa, Jean Francois Revel.

El libro, EL CONOCIMIENTO INÚTIL, puso ya el acento de la información o lo que desde hace poco se denomina FAKE NEWS hace más de 30 años. Ya por aquel entonces se decía y vivíamos e íbamos a vivir cada vez más en la era de la información. Nunca tantos hombres y mujeres han tenido acceso a tal masa de informaciones, y, en términos generales, de conocimientos. Nunca la comunicación ha sido tan abundante, tan rápida y tan omnipresente. Así pues, teóricamente, nunca desde los orígenes de la humanidad, quienes toman las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales han trabajado en mejores condiciones.

La opinión pública dispone de todos los elementos necesarios para poder juzgar a sus dirigentes y para orientarse. Por consiguiente, el mundo debería estar mejor que nunca. Pero todos sabemos que en muchos aspectos no es así. ¿Por qué?

Pregunta crucial. No nos faltan conocimientos, pero ¿queremos utilizarlos?  Revel ya escribía entonces que el siglo XXI sería la época en la que la información constituirá el elemento central de la civilización. Qué duda cabe que hoy tenemos más acceso a la información que nunca. Y esta frase se quedará obsoleta antes de que acabe mi intervención, puesto que se están inventando ahora mismo nuevas aplicaciones para esos engendros de la falta de libertad y el control que conocemos como Smart-phones. Tenemos más información como ciudadanos. Los que mandan manejan más información que antes. ¿Somos mejores, somos más libres, estamos más controlados, estamos más seguros…?

Tenemos esa sensación de ser más libres porque tenemos más acceso a la información a través de esos ordenadores personales que, entre otras cosas, a veces usamos para llamar por teléfono. Verdaderos VIGILANTES de nuestros movimientos que, sin saberlo, nos controlan todas y cada una de nuestras actividades. Controlan nuestros movimientos, nuestros gustos, los momentos en los que viajamos, los que estamos quietos, nuestras búsquedas en las redes, nuestra geo-posición, incluso, a más de uno le habrá pasado, tras conversaciones determinadas nos comienzan a aparecer en nuestro terminal publicidad relacionada con éstas. En resumen, un MONSTRUO QUE VIENE A VERNOS A TODAS LAS HORAS. 

2.- Libertad de Expresión, artículo 20 CE

Hablamos de LIBERTAD en el sentido más amplio, y aquí, por mi querencia al periodismo, he querido centrarla en la LIBERTAD DE INFORMACIÓN, en el DERECHO A LA INFORMACIÓN, en la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, recogida en el Artículo 20 de la Constitución Española.

Artículo 20

1. Se reconocen y protegen los derechos:
2. a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
3. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
4. c) A la libertad de cátedra.
5. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

¿Dónde está la frontera, la línea roja entre la LIBERTAD y la SEGURIDAD CIUDADANA O SEGURIDAD PÚBLICA…? Yo lo tengo muy claro. Mi libertad acaba donde empieza la del otro. Esto es como no decir mucho, pero en el fondo sí que tiene mucho sentido.

No me corresponde a mi establecer dónde empieza una y dónde acaba otra. De eso saben mucho más los juristas y los jueces, pero lo que está claro es que la LIBERTAD en sentido amplio no está justificada al margen de la ley. De alguna manera es necesario acotarla, porque la LIBERTAD, ya sea de información, de expresión, de movimientos, de creación de empresas, de lo que se quiera, debe estar enmarcada en un perímetro del que todos formemos parte y del que conozcamos las reglas de antemano.

Un ejemplo que me toca de cerca. De un tiempo a esta parte nos desayunamos diariamente con noticias en todos los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, televisión) con noticias sobre “sucesos” o hechos delictivos que se producen en nuestro entorno. Muchas veces la información que se ofrece al consumidor de noticias es tal que entra en discusión con la propia LIBERTAD de las personas implicadas en esos hechos, ya sean las víctimas o los presuntos culpables. El ansia de algunos responsables de comunicación de los cuerpos policiales, quizás empujados por sus responsables políticos, hace que se filtre a la prensa informaciones delicadas que, incluso en muchos casos, llegan a las portadas de los medios antes que a los juzgados correspondientes.

Casos en la prensa que han tenido su correspondiente reprimenda, cuando menos, por parte de algunos jueces por lo que consideran, y yo creo de manera muy fundada, una revelación de secretos. LIBERTAD DE INFORMACIÓN, frente a la INSEGURIDAD JURÍDICA a la que se ven sometidas las personas afectadas.

Y si hablamos de la PRENSA como el CUARTO PODER, podemos estar de acuerdo en que ahora mismo, en la España o el mundo del año 2020 el PERIODISMO como Profesión está en decadencia por la INTROMISIÓN ESCANDALOSA de los usuarios de las REDES SOCIALES. Ahora todo el mundo es capaz de publicar en VIVO Y EN DIRECTO cualquier hecho que sucede a su alrededor. ¿ES IMPORTANTE SU VERACIDAD O NO…? Pues a mi entender esa es la principal diferencia entre quien es PERIODISTA de verdad, con su formación y el contraste de la información, y el que se arroja esta profesión por el mero hecho de DECIR ALGO EN LAS REDES SOCIALES. 

3.- Libertad frente a la Seguridad

En artículo 1 de la Constitución Española se dice que:

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Está claro que las sociedades democráticas lo son porque gozan, entre otros valores superiores, de la LIBERTAD DE SUS CIUDADANOS Y CIUDADANAS. Lo que he comentado antes, sin SEGURIDAD no hay LIBERTAD.

3) España es un país pesimista

En noviembre de 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una declaración de Principios Básicos sobre las Víctimas de los Delitos. Su punto primero dice así: “La palabra víctima se refiere a las personas que, ya sea de forma individual o colectiva, han sufrido algún daño, incluyendo las lesiones físicas o mentales, el sufrimiento emocional, la pérdida económica o una violación de sus derechos fundamentales, a través de actos u omisiones que conculcan las leyes penales”.

Aunque siempre existe cierta probabilidad (generalmente pequeña) de ser víctima de un delito, el miedo al delito y el grado en que se percibe inseguridad, no parecen guardar una relación directa y unívoca con la probabilidad real de delito. Por ejemplo, en una encuesta internacional de victimización, del año 2000, en que se analizaron, entre otros, distintos países europeos, en el que cada país está representado a partir de dos datos: porcentaje de personas victimizadas (habitualmente, cuando están fuera de casa), y porcentaje de quienes expresan sentirse inseguros fuera de su casa.

Existen países que podrían denominarse “realistas” (Francia, Suiza e Inglaterra), en los que sus ciudadanos muestran un considerable equilibrio entre las tasas de victimización experimentadas (el riesgo real, podríamos decir) y sus percepciones de inseguridad; países calificables como “optimistas” (Suecia y Países Bajos), en que la percepción de inseguridad es inferior al índice real de victimización; y países “pesimistas” (Portugal y, especialmente, España), en que la percepción de inseguridad es muy superior a sus índices fácticos de victimización.

En el caso de España, aun teniendo una de las tasas de victimización más bajas de Europa (19%), su índice de inseguridad percibida casi doblaba a la cifra anterior (34%).

¿Si no hay relación directa entre victimización delictiva y miedo al delito, de qué puede depender el mayor o menor sentimiento de inseguridad de los ciudadanos?

En investigaciones desarrolladas en Estados Unidos, se halló una notoria relación entre miedo al delito y la mayor exposición de los ciudadanos, en horarios de máxima audiencia, a programación de alto dramatismo en torno a la violencia, especialmente cuando se trata de televisiones locales o regionales (que transmiten mayor proximidad al individuo); y esta relación violencia televisiva-miedo al delito se identificó con independencia de las características sociodemográficas de las poblaciones evaluadas (edad, sexo, etc.) y del nivel real de riesgo para el delito que exista en los barrios de residencia. En un estudio de opinión pública desarrollado en Italia, diferenciaron entre miedo al delito y percepción del delito como problema social.

Se encontró que el miedo personal al delito dependería principalmente de la previa victimización de las personas encuestadas, así como también de algunas variables sociodemográficas, tales como que residan en zonas urbanas, tengan mayores problemas socioeconómicos, y experimenten cierta degradación socio-cultural y aislamiento social.

En cambio, la percepción del delito como problema social dependería mucho más del influjo de los medios de comunicación, así como de los estilos generales (tremendistas) mediante los que las personas se representan y valoran su mundo social. Parecidos efectos de relación entre exposición a programas televisivos sobre violencia e incremento del miedo al delito se hallaron también en estudios realizados en Finlandia.

En España, este miedo exagerado al delito suele evidenciarse también en estudios criminológicos específicos. Por ejemplo, Serrano Gómez et al. (2007) compararon, para el periodo 1998/2005, la evolución de los delitos conocidos por la policía, en el conjunto del Estado Español y en diferentes comunidades autónomas, y la preocupación de los ciudadanos por la delincuencia/inseguridad ciudadana, según datos de los barómetros del CIS.

Su conclusión principal fue que, mientras que la delincuencia experimentó una tendencia de estabilidad —ligero descenso— a lo largo del conjunto del periodo 1998/2005, tanto el miedo al delito como la percepción pública de inseguridad oscilaron y aumentaron sin relación aparente con la evolución de los delitos.

Por otro lado, Fernández-Molina y Tarancón Gómez (2010) evaluaron, mediante cuestionario y entrevista, en una muestra de 250 sujetos de ambos sexos y diferentes edades de la ciudad de Albacete, sus actitudes hacia la delincuencia juvenil, y hacia el tipo de estrategias, más educativas o más punitivas, que deberían utilizarse con los jóvenes infractores. Sus dos grandes conclusiones fueron las siguientes: la primera, que, contrariamente a lo que suele afirmarse, los ciudadanos encuestados, en relación con los delincuentes juveniles, se decantan más por la conveniencia de utilizar medidas educativas y rehabilitadoras (en la familia y la justicia juvenil), que no meramente punitivas; la segunda constatación, de cariz más negativo, fue que muchos ciudadanos tienen una percepción y preocupación distorsionada y exagerada acerca de la frecuencia, gravedad y empeoramiento de la delincuencia juvenil, y de un supuesto mal funcionamiento de la justicia juvenil (incluyendo policía, tribunales de menores…), todo lo cual no se corresponde con los datos reales al respecto. Por ejemplo, hasta un 79,5% de los sujetos de la muestra consideraban que los delitos juveniles habían aumentado durante los últimos años, particularmente los delitos violentos (34,1%), conclusión a la que decían haber llegado a partir de las “noticias de prensa/radio” (46,8%), o en función de “lo que otra gente habla de ello” (22,2%).

En este estudio, la mayoría de los sujetos (67,6%) opinaba que la delincuencia había aumentado durante los dos últimos años, algo más de la mitad (57%) creía que general mente los delitos eran hechos violentos, y una mayoría (67,4%) consideraba que eran cometidos por delincuentes reincidentes. Creencias todas que no coinciden con los datos reales sobre la delincuencia en España la delincuencia permanece esencialmente estable o tiende a reducirse ligeramente, la mayoría de los delitos consiste en hurtos en vehículos (siendo muy minoritarios los delitos violentos), y un porcentaje considerable de ellos son cometidos por personas no fichadas por la policía o con escaso historial delictivo.

En un estudio nacional de victimización, para el conjunto de España, García España indagaron la percepción de seguridad o inseguridad que manifestaban los ciudadanos encuestados. Para ello analizaron dos aspectos distintos.

En primer lugar, la percepción que tenían acerca del posible aumento de la delincuencia, a partir de la siguiente pregunta: “¿Cree que en los últimos años la delincuencia ha crecido?” La perspectiva pública a este respeto se mostró decididamente pesimista: un 51% de los encuestados consideró que la delincuencia había crecido “mucho”, y un “37,4%” que “bastante”, frente a un 8,9% y un 2,3% que, respectivamente, afirmaron que había aumentado “poco” o “nada”. A pesar de ello, y contrariamente al estereotipo más común, las personas encuestadas afirmaron, en su mayoría, sentirse “muy seguras” (18%), o “bastante seguras” (47,9%) cuando caminaban solas en su barrio de noche, frente a quienes manifestaban sentirse en dicha circunstancia “muy inseguros” (1,6%) o ni siquiera “atreverse a caminar” solos de noche por su barrio (7,6%).

¿Suele ser generalmente exagerada la preocupación ciudadana por la delincuencia?

La preocupación por la delincuencia y la seguridad no constituye un sentimiento separado e independiente de los restantes problemas sociales, sino que todos ellos están interrelacionados, y, según las circunstancias del momento, unas preocupaciones pueden desplazar a otras. De este modo, a finales de 2012, en plena crisis económica y bajo el impacto de los problemas económicos y sociales de ella derivados, que afectan a millones de personas, la preocupación por el delito había pasado en España a un segundo plano.

Cuando se preguntaba a una muestra representativa de los españoles cuáles eran los tres problemas principales en España, se obtiene una lista de inquietudes que varía parcialmente a lo largo del tiempo.

4) ¿Hacia dónde vamos como sociedad?

Vivimos en lo que ya hace muchos años se denominó la ALDEA GLOBAL. Nuestros problemas como sociedad son, en gran medida, los mismos problemas que tienen los países de nuestro entorno. La SEGURIDAD PÚBLICA O SEGURIDAD CIUDADANA no es algo que esté circunscrito a nuestro país o a Europa. Estamos relacionados y correlacionados con otros países. La delincuencia tradicional sigue estando en nuestra sociedad, y se ha hecho global en el sentido de que trasciende a nuestras fronteras. España es un país clave en la geoestrategia de Europa y es parte de la frontera de la Unión Europea. Los Estados Unidos de Europa deben caminar hacia la colaboración, cooperación, coordinación entre los diferentes países que conforman la Unión.

La criminalidad, la inseguridad y con ello, la libertad o la falta de libertad tienen mucho que ver con la globalización de estos conceptos. La delincuencia en las redes, la ciberdelincuencia no entiende de fronteras. Europa debe impulsar decididamente una política común de seguridad de su ciudadanía que vele por la libertad y el libre ejercicio de los derechos de sus ciudadanos. Organismos como FRONTEX o incluso EUROPOL deben desarrollarse de manera firme para proteger nuestro entorno.

Frontex es la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Se creó en 2004 para ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE. Como agencia de la UE, Frontex está financiada con los presupuestos de la UE y con las contribuciones de los países asociados a Schengen. Antes de 2020 la Agencia contará con unos 1 000 agentes, casi un cuarto de ellos enviados en comisión de servicio por los Estados miembros que regresarán a su servicio nacional una vez finalizado su mandato en Frontex.

En 2016, la Agencia se amplió y modernizó para convertirse en la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y se ampliaron sus competencias del control de las migraciones a la gestión de las fronteras, además de asumir una mayor responsabilidad en la lucha contra la delincuencia transfronteriza. Actualmente, Frontex disfruta de reconocimiento como una de las piedras angulares del espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE. La búsqueda y el salvamento también pasaron oficialmente a formar parte de su mandato, siempre que tales situaciones se produzcan en el contexto de la vigilancia de las fronteras marítimas.

Frontex es una agencia operativa, con más de 1 500 funcionarios de los Estados miembros desplegados en el territorio de la Unión. Para potenciar su capacidad de control de situaciones nuevas y situaciones que evolucionen rápidamente, el Centro de Situación Frontex, responsable de la vigilancia de las fronteras exteriores, funciona ahora veinticuatro horas al día, siete días a la semana.

Europol es la agencia de la Unión Europea en materia policial. Nuestro principal objetivo es contribuir a la consecución de una Europa más segura para beneficio de todos los ciudadanos de la UE.

Desde nuestra sede principal en La Haya (Países Bajos), asistimos a los 27 Estados miembros de la Unión en su lucha contra la gran delincuencia internacional y el terrorismo. Colaboramos asimismo con numerosos estados asociados no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales.

Las redes de delincuencia y terroristas a gran escala constituyen una amenaza significativa para la seguridad interna de la UE y para la seguridad y los medios de vida de sus ciudadanos. Las amenazas más graves para la seguridad se derivan de:

• el terrorismo;
• el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero a escala internacional;
• el fraude organizado;
• la falsificación de euros;
• y el contrabando de personas.

Crecen además nuevos peligros, como la ciberdelincuencia y la trata de seres humanos. Las redes que subyacen a tales formas de delincuencia en cada una de estas áreas aprovechan con rapidez las nuevas oportunidades que se les plantean, y resisten con tenacidad las medidas encaminadas a velar por el cumplimiento de la ley.

¿De verdad es posible cambiar el mundo? Muchos dicen que es imposible, que ya es tarde. Que no nos comprometemos. Vivimos tiempos extraños. Cuanta más información, menos sabemos. Cuanto más conectados, menos nos fiamos…Cuantas más injusticias, menos sentimos. Allá donde miras, sientes incertidumbre y desconfianza.

Vivimos entre palabras manipuladas que no por mucho repetirlas se convierten en verdad. Se amontonan palabras, se construyen discursos que nos arrebatan la esperanza la fe en nosotros mismos.

22/05/2020

 

Carmen Martínez

Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras, miembro de Asociación ciudadana de ayuda al toxicómano (Andalucía) y vicepresidenta de Red de atención a las adicciones UNAD, coordinadora de la comisión de adicciones y justicia penal de UNAD

 

Los espectaculares cambios que estamos viviendo en las dos últimas décadas, sobre todo tras la crisis económica de 2008, y los que tendrán lugar tras la crisis sanitaria mundial causada por la salida en escena del llamado COVID19, por su trascendencia, merecen una frenada y una reflexión pausada sobre cuestiones muy básicas que afectan a la configuración legal de nuestro sistema sociopolítico y económico, y ello porque algunas conquistas relativas a los derechos humanos están en serio peligro.

El Estado Social de Derecho hoy

El Estado de derecho es la forma de estado liberal que surgió en Europa en los Siglos XVIII y XIX como reacción de la burguesía frente al absolutismo monárquico y se articuló bajo los principios de libertad e igualdad[1]. Este modelo de Estado, íntimamente ligado al liberalismo económico y a su libre concurrencia de mercancías y sujetos, era por naturaleza abstencionista, poco desarrollado, con escaso aparataje y burocracia, y se ocupaba básicamente de mantener el orden público y la seguridad exterior (se desconfiaba del Estado).

Los pilares básicos del Estado de Derecho Liberal son: a) la garantía de los derechos fundamentales individuales (los llamados derechos civiles y políticos); b) la separación de poderes (los tradicionales legislativo, ejecutivo y judicial); c) el principio de legalidad; d) y el principio de seguridad jurídica.

Más adelante, con el desarrollo industrial y la aparición en escena de la clase trabajadora, surgieron los derechos sociales, evolucionando el Estado de Derecho hacia el Estado Social[2], que añadió estos derechos de segunda generación a los tradicionales derechos civiles y políticos[3]. Derechos sociales como el derecho a la educación, al trabajo, a la seguridad social o a la asistencia sanitaria, fundamentan obligaciones de prestaciones por parte del Estado, que busca la igualdad real de las personas a través de la intervención pública.

Finalmente, el Estado Social de Derecho ha ido incorporando los llamados derechos de tercera generación, entre los que se encuentran el derecho a la cultura, a un medio ambiente saludable o a la libertad informática.

Este es el modelo acogido por la mayor parte de las naciones europeas, incluyendo el Estado español, con importantes fricciones en las dos últimas décadas. Así, el neoliberalismo presiona a los Estados para que reduzcan sus intervenciones sociales, dejen de prestar servicios públicos y bajen los impuestos, en definitiva, para vaciar de contenido al Estado del Bienestar, tendencia de la que no ha escapado España. En las últimas décadas, las privatizaciones de empresas públicas de servicios esenciales como suministros de energía o transportes y la privatización progresiva de servicios básicos como la sanidad o la educación son bien conocidas y han aumentado la brecha de la desigualdad social. No en vano, el 7 Febrero 2020, el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, que  prevé presentar su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en 2020,  ofreció en Madrid una rueda de prensa en la que destacó el grave aumento de la desigualdad en España tras la gestión de la crisis de 2008, con la consecuente concentración del poder económico cada vez en menos manos. Dichas declaraciones se produjeron tras una completísima visita que incluyó varias ciudades de distintas comunidades autónomas, incluyendo Madrid y Barcelona, y reuniones con personas afectadas por la pobreza, funcionarios del Gobierno del ámbito municipal, autonómico y central, activistas, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, trabajadoras domésticas, comunidades gitanas, etc.

Como señala Elías Díaz, en la sociedad de masas postindustrial, el Estado del Bienestar se está reduciendo y no todos los agentes sociales tienen el mismo poder de negociación.  Afirma que se trata de un “Estado fuerte con los débiles, y débil con los fuertes”.[4]

A menudo se ha tergiversado el término “Estado de Derecho”. Un claro ejemplo es el protagonizado por el nazismo, dentro del cual el jurista Schmitt perfiló la teoría del Estado “total”, idea que, a través de una producción normativa meticulosa, culminó con la instauración de un régimen ajeno a los derechos humanos en el que la sociedad fue absorbida por el Estado.

Del mismo modo, hoy en día, todos los Estados se apuntan a lo que llaman Estado de Derecho, pero “no todo Estado es Estado de Derecho” aunque se dicten normas jurídicas en el seno del mismo (Elías Díaz[5]).

1. Pérez Royo, en un artículo publicado en el diario Ara (6-03-18), realiza una reflexión muy relevante y que comparto en su integridad: “Considerar que todo lo que es legal es democrático sin tomar en consideración esta realidad ¿no supone caer en el riesgo de transformar “l’Etat de Droit” [el estado de derecho] en verdadera “Dictature de la loi” [dictadura de la ley]?”

En España algunos gobiernos han abusado del término Estado de Derecho, usándolo de paraguas para instaurar importantes e injustificados recortes de derechos fundamentales y como arma para otorgar un más amplio poder coactivo estatal frente a la ciudadanía, de manera que se podría decir que el término “de Derecho” ha quedado vacío de su contenido auténtico[6].

El neoliberalismo imperante utiliza la estrategia del miedo (el shock) para acometer reformas regresivas en los ordenamientos jurídicos estatales y para vaciar a pasos agigantados el Estado del bienestar, ofreciéndose la empresa privada (con exclusivos intereses lucrativos particulares) como la sustitutiva del Estado prestador de servicios. Las grandes corporaciones pueden manejar a los Estados a través de la presión a sus dirigentes, sin olvidar que, a menudo, dirigentes estatales y dueños del capital -y de los medios de comunicación- son la misma cosa.

Retos en el Estado español

España no escapa a este devenir ni ha encarado estos riesgos. El Estado del Bienestar se desinfla y el ordenamiento jurídico, a menudo dispuesto para favorecer a la banca, a los grandes propietarios y a las grandes empresas, lleva décadas de retrocesos represivos en materia penal dirigidos principalmente a la delincuencia común y a colectivos en exclusión social[7], habiendo llegado a su cifra más elevada en 2009 con más de 76.000 personas encarceladas[8].

Mientras tanto, los políticos gozan de inmunidad para ser enjuiciados, de manera que a ellos sólo se les puede someter a enjuiciamiento penal por el Tribunal Supremo (si son políticos estatales) o por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas (si son políticos autonómicos), siguiendo un procedimiento especial. La amplitud del blindaje de los políticos en España no tiene parangón con ninguna otra democracia occidental, siendo muy preocupante el problema de la corrupción.

En su obra “Derechos y garantías: la ley del más débil”, el jurista italiano Luigi Ferrajoli llama la atención sobre la grave crisis que sufre la democracia, que se manifiesta en una crisis de la legalidad, una crisis del Estado social y una crisis del Estado nación y desde ahí realiza su propuesta garantista.  Ferrajoli propone “un sistema de poder mínimo que concibe los derechos fundamentales como límites, a través de los cuales se maximiza la libertad y se minimiza la arbitrariedad e impunidad por parte de los gobernantes.”[9]

Teniendo en cuenta lo anterior, en materia de derechos fundamentales, los ordenamientos jurídicos hoy en día deberían partir de garantizar su respeto y su defensa a ultranza, y deben servir de límite infranqueable al poder del Estado. Estos derechos tienen las lógicas limitaciones asociadas al ejercicio de dichos derechos por las demás personas y al principio de solidaridad aplicable en la persecución de la igualdad efectiva de las ciudadanas y ciudadanos. Además, el Derecho tiene hoy el fundamental papel de controlar a los poderes públicos y evitar abusos y arbitrariedades, asegurando su sometimiento a la Justicia sin prerrogativas. Por último, y esto es lo más novedoso, el Estado social de derecho tiene el importante reto de articular los mecanismos legales que permitan proteger a la ciudadanía del desmedido poder de las grandes corporaciones, evitando su injerencia en los poderes ejecutivo y legislativo. El principio de igualdad debe seguir siendo una de las columnas vertebrales del sistema, siendo el Estado el encargado de garantizar su efectividad a través de las intervenciones necesarias desde la idea de solidaridad.

De esta crisis del Estado Social de Derecho no se escapa la Justicia, que en España se ha visto devaluada por el pueblo de manera relevante en los últimos años, con un cada vez más notorio divorcio entre Justicia y sociedad y la percepción generalizada de que el sistema judicial está al servicio del poder de turno y de la inexistencia de una verdadera separación de poderes.

A ello hay que añadir la obsolescencia de algunas normas procesales, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la endémica infradotación de la Justicia por parte de los poderes públicos competentes, tanto en medios personales como materiales y técnicos, lo que impide que contemos con un sistema ágil y provoca descrédito en la ciudadanía.

La Justicia española clama por una reforma sustancial y una verdadera modernización que incluya la actualización de las normas procesales así como la suficiente dotación de personal judicial (España ocupa uno de los últimos puestos de Europa en número de profesionales de la judicatura por 100.000 habitantes, con 12 frente a la media de más de 21) y de medios materiales (España invierte en Justicia la mitad o tres veces menos que países como Alemania o Luxemburgo, con 80 euros por persona, frente a 150 o 200)[10].

En cuanto a la independencia judicial, España se encuentra entre los países europeos más descontentos con la independencia del sistema judicial; urgen reformas que fortalezcan la separación de poderes.

Por lo que respecta a quiénes llegan a ser jueces y juezas, se produce una selección indeseable por la capacidad económica, por ello el Estado debería arbitrar los medios necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a la carrera judicial, como por ejemplo becas, dejando de ser un obstáculo insalvable la situación de pobreza o la insuficiente capacidad económica para mantenerse varios años sin trabajar afrontando los gastos de la preparación de las oposiciones.

Con ello, además de perseguir la igualdad efectiva de todos los ciudadanos y ciudadanas en el acceso a la carrera judicial, el cuerpo de jueces y magistrados sería un reflejo más ajustado de la realidad social y de las distintas sensibilidades de sus gentes.

Por otro lado, la capacitación judicial habría de completar los conocimientos teóricos, con el entrenamiento o la exigencia de una serie de aptitudes para impartir Justicia.

La crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID19 ha motivado que casi todos los países hayan decretado estados excepcionales tales como el estado de alarma que, en España, ha supuesto la suspensión efectiva (y no la simple restricción) del ejercicio de algunos derechos fundamentales tales como el derecho a la libertad o el derecho de reunión.

Asimismo, se han planteado, y algunos estados ya lo han hecho, importantes restricciones al derecho a la intimidad como por ejemplo el control de los movimientos y contactos de los ciudadanos y ciudadanas a través de la localización GPS de los dispositivos de telefonía móvil o de la medición de su temperatura para acceder a determinados lugares. Habrá que prestar atención a las próximas reformas legislativas que afecten a estas cuestiones pues, sin duda, supondrán intromisiones del Estado en los derechos y las libertades individuales.

Por otro lado, proliferan los delitos a través de internet, sobre todo las estafas, con  profesionales del engaño que a menudo, y de manea organizada, usan los datos identificativos y bancarios de las personas usuarias de la red y que actúan amparados por un tráfico internacional de datos que excede de las fronteras el Estado de derecho, dificultando su persecución. La protección de ciudadanos y ciudadanas, ahora “internautas”, ha de ser un objetivo de los Estados, pero no sólo desde el derecho penal, sino, fundamentalmente, desde la regulación comercial, la protección de datos de carácter personal y el derecho a la intimidad, poniendo límites técnicos a las agresiones de los delincuentes a dichos derechos, fijando límites jurídicos a las intromisiones del Estado en los derechos de la ciudadanía y garantizando que las empresas que operen dentro de nuestras fronteras tengan una sede también en España, a fin de poder exigirles un compromiso en la lucha contra este tipo de crimen.

 

[1] Su primera descripción se sitúa en el alemán Robert von Mohl, si bien no cabe duda de que este modelo de Estado se inspiró en Hobbes, Rousseau, Locke y Montesquieu, que fueron los primeros teóricos del Estado moderno.

[2] También conocido como Welfare State, la Constitución de Weimar en Alemania fue la primera que los incorporó.

[3] VILLAR BORDA, LUIS: Estado de derecho y Estado social de derecho. Disponible en

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Para%20leer-Jornadas%20Valencia%20Mayo/Dialnet-EstadoDeDerechoYEstadoSocialDeDerecho-3400539.pdf

El autor habla de dos tendencias, la una revolucionaria y la otra reformista, que nacieron de los movimientos socialistas y obreros del Siglo XIX, representada la primera por Carlos Marx y la segunda por Ferdinand Lasalle. Todos perseguían una sociedad más justa.

[4] DÍAZ, ELÍAS (2001): Estado de derecho y democracia. Disponible en file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AR0PBW3D/Dialnet-EstadoDeDerechoYDemocracia-831255.pdf

[5] DÍAZ, ELÍAS (1966): Estado de derecho y sociedad democrática. Edit. Cuadernos para el diálogo (edic. 2010). Madrid.

Ha habido más ejemplos. Así, dentro de la noción formalista de Estado y del positivismo jurídico, la tesis de Hans Kelsen de que “Todo Estado es Estado de Derecho” ha servido a regímenes no democráticos.

[6] Por ejemplo, por gobiernos de distinto signo, se ha utilizado al Estado de derecho como legitimación de los excesos normativos en la lucha contra el terrorismo, como coartada en las reformas penales regresivas contra la pequeña delincuencia o para aprobar normas limitadoras de derechos básicos so pretexto de proteger la seguridad ciudadana. Es significativo el Plan de Lucha contra la Delincuencia que llevó a cabo el gobierno Aznar en 2002-2003, dentro del más puro “populismo punitivo”, desarrollado en la década anterior en los EEUU junto a la política de ”Ley y orden” instaurada en la ciudad de Nueva York por el Alcalde Rudolph Giuliani.

[7] GARCÍA MARTÍNEZ, J Y OTROS (2009): “La realidad penitenciaria de la Comunidad Autónoma de Aragón”. Cáritas Española Editores. Madrid. 2009. El estudio hace referencia al siguiente perfil de persona presa: varón (94,1%), entre 21 y 40 años (33,4% tiene entre 18-30 años, y 36,6% entre 31-40), español (60%), con una condena media de 8,3 años, condenado por un delito contra la propiedad (52,6%) o de tráfico de drogas (31,5%), con bajo nivel formativo (5,6%, no sabe leer ni escribir, 9,1%, no tiene estudios, y 49% tiene formación básica reglada), con problemas de adicción (53% presenta algún problema de adicción), y con importantes problemas de salud mental (el 50% de las consultas de atención primaria tuvieron relación con deterioro salud mental).

Dicho informe dedica un buen número de páginas a analizar la corresponsabilidad colectiva en el origen y consecuencias del delito (págs. 487 y ss), con un análisis, no exclusivamente centrado en las personas que están en prisión, “sino, sobre todo, al sistema político y social que fomenta, también en este campo, la exclusión.” (pág. 18)

“Cansados como estamos de estudios que miran exclusivamente la delincuencia desde el análisis de las personas que están en prisión, pretendemos, primera y principalmente, hacer una reflexión sobre las causas sociales y estructurales que marginan y criminalizan, queremos que, por una vez, la mirada se dirija a la sociedad, a la política, al sistema que excluye, y no, necesaria y únicamente, a las personas que padecen privación de libertad. Es la hora de entornar la mirada y recuperar la capacidad crítica, de dedicar tiempo y esfuerzos para volver a construir los entramados sociales que justifican el actual e injusto sistema social, penal y penitenciario” (pág. 46).

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (2019). “Análisis Sociológico y Delincuencia. Trayectoria, estructura y perfil de la población reclusa”. MINISTERIO DEL INTERIOR, GOBIERNO DE ESPAÑA Madrid, 2019.

En el más reciente estudio estadístico del propio Ministerio del interior, se recoge que el perfil mayoritario sigue siendo el del interno varón, español, drogodependiente y encarcelado por delitos contra el patrimonio y contra la salud pública, si bien están aumentando los penados por delitos de violencia de género y seguridad vial (pág 9).

[8] De 44.147 personas reclusas en 1999, se pasó a 76.079 en 2009, presentando una de las tasas de encarcelamiento más elevadas de Europa. Afortunadamente, estas cifras han ido bajando, contando en diciembre de 2019 con 58.517 personas reclusas. No obstante, España sigue figurando entre los primeros de Europa en tasa de encarcelamiento. Fuente: Estadísticas penitenciarias, SGIP, Ministerio del Interior

[9] AGUILERA Y LÓPEZ (2011): “Los derechos fundamentales en la teoría garantista de Ferrajoli”.  Universidad

Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México.

[10] La UE publica cada dos años el Informe sobre el funcionamiento de la Justicia. Esto datos se refieren a 2018.

22/05/2020

 

Xavi Navarro

Responsable de Estudios y Cultura de la FSC-CCOO

Artículo publicado en NUEVATRIBUNA

 

Seguridad Ciudadana es un concepto sobre el que la izquierda social y política ha reflexionado poco, o por lo menos no lo ha hecho con la suficiente profundidad,  permaneciendo por tanto en el campo de la falta de una alternativa a la realidad que vivimos.

Las izquierdas no han ido mucho más allá de la elaboración de programas electorales, en el caso de grupos políticos, en especial en el ámbito municipal; y en el caso del sindicalismo de clase, el esfuerzo es mayor, en especial en la defensa de los derechos laborales y sociales de los cuerpos policiales, especialmente CCOO, consiguiendo la jubilación anticipada y planteando elementos de igualdad, etc, dibujando en definitiva un modelo policial, que no es poca cosa.

A pesar de estas actuaciones comentadas, conceptualmente, lo elaborado -fundamentalmente los programas electorales- por las izquierdas, se sitúan en el marco del debate que la clase hegemónica y dominante plantea, asimilando así el concepto de Seguridad Ciudadana al de Garantía del Orden Público. Es decir, asumiendo el discurso ideológico neoliberal en el que se plantean siempre recetas simplistas a una realidad compleja como es el caso de la Seguridad Ciudadana, recetas que vienen vestidas de discursos muy mediáticos a los que el periodismo que busca la audiencia fácil, les hace el juego cada día. Las propuestas bárbaras de algunos están pensadas para que la ciudadanía vea en ellos a sus defensores.

Ante esto, las izquierdas, siguen sin plantear seriamente propuestas globales relativas a la seguridad ciudadana, un elemento fundamental del debate político como se ha demostrado recientemente en Brasil.

Cuando hablamos de seguridad ciudadana tenemos que ser conscientes que los conceptos nunca son estáticos, responden a realidades sociales, pero aunque técnica y tecnológicamente son hoy diferentes a los tiempos pretéritos, lo simplista sigue instalado en el mismo plano. Si vemos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, su artículo 9 dice: “Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre y cuando su manifestación no altere el orden público establecido por la ley”. Este artículo, junto con el 4 de la misma declaración, el cual establece “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial para el otro….”, definen la visión liberal del concepto de orden público, visión que ha perdurado a lo largo de los años, evolucionando con posterioridad hacia el concepto de Seguridad Ciudadana que es el que nos ocupa, siendo éste un concepto mucho más amplio y que teóricamente incorpora los valores del Estado Social y Democrático de Derecho.

La evolución planteada, no es un simple cambio de denominación sino que conlleva un cambio importante del contenido, aunque en gran parte de Europa aún siguen hablando de Orden Público y Seguridad Pública. A pesar de haber avanzado conceptualmente, que no mucho en su denominación, se siguen contemplando las respuestas simples para problemas complejos, siendo esto una importante contradicción y al mismo tiempo la evidencia de la hegemonía ideológica neoliberal. El Estado Español, vive una mayor contradicción, puesto que tiene asumida la denominación de Seguridad Ciudadana aunque los debates y las respuestas son igual al resto e incluso más acentuadamente simples y por tanto más situadas en un concepto de Orden Público.

La Seguridad Ciudadana como garantía de derechos es el concepto que debemos desarrollar, la alternativa. El concepto de Seguridad Ciudadana va más allá de la de la seguridad de los ciudadanos de no ser víctimas de hechos delictivos (aunque esto es muy importante), pues tiene que ver con conceptos como salud, educación, vivienda, trabajo, ocio, es decir con todos los ámbitos de bienestar social, elementos todos que se desarrollan y consolidan en el marco de una sociedad democrática avanzada, en contradicción, por tanto, con el discurso actualmente hegemónico. Hablar de seguridad ciudadana, de garantía de derechos de los ciudadanos, comporta, necesariamente, respuestas complejas, propuestas y actuaciones complejas e interrelaciones con diferentes ámbitos de la actuación política, pero es necesario hacerlas, y lo que es más importante, explicarlas de manera sencilla al conjunto de la ciudadanía.

La Seguridad es un bien  fundamental para el avance  democrático, y  conforma una parte importante de la democracia avanzada que hemos de construir. Promover la Seguridad es un bien no consistente, en exclusiva y sobre todo, en hacer de policía o en recurrir al sistema penal. Policía y sistema penal han de existir pero formando parte de una política integral de Seguridad Ciudadana, un elemento más de esta pero no un elemento exclusivo, lo cual está en contradicción con el discurso actualmente hegemónico.

Las políticas integrales de seguridad, deben tender a promover , actuaciones preventivas en todos los ámbitos, desarrollando políticas generadoras de igualdad, favoreciendo así la integración frente a la exclusión, aislando fenómenos de carácter criminal generadores de importantes sensaciones de inseguridad y bandera de las políticas de respuesta neoliberal, porque la inseguridad no es simplemente el temor al robo, a la agresión. La inseguridad la provoca también un entorno de precariedad, el miedo a no disponer de servicios que aporten protección.

Desarrollar la alternativa al modelo neoliberal y las respuestas hegemónicas, comporta  realizar actuaciones que ayuden a reducir aquellas percepciones de mayor impacto entre las personas, las que genera la delincuencia común y los actos incívicos que aun no siendo delitos sí generan una percepción de inseguridad.

Los medios de comunicación, en este combate por generar una real Seguridad Ciudadana, juegan un papel fundamental para tratar la noticia sobre “el delito” de manera responsable, racional y objetiva, favoreciendo una opinión positiva de las políticas preventivas en un sentido amplio, y favorecer así las políticas de Seguridad Ciudadana frente al neoliberalismo de respuesta simplista. El neoliberalismo tiene un magnífico aliado en los efectos de la maximización de las noticias sobre comportamientos que crean una inmediata sensación de inseguridad (sólo ver como tratan los medios y con qué intensidad algunos actos delictivos), que no se ajusta a la realidad, impulsando así respuestas simplista y desproporcionadas que favorecen  la reducción de derechos y libertades y una visión exclusivamente policial que no por ello más eficaz.

Desarrollar el concepto de Seguridad Ciudadana comporta, por tanto, un importante avance democrático, generando mayores derechos sociales, favoreciendo respuestas mucho más racionales respecto a los elementos que generan inseguridad, y sobre todo aislando las acciones delictivas y tratándolas de manera proporcionada, tomando siempre las medidas necesarias para reducir el miedo al crimen.

Comporta también, el desarrollo de amplios espacios de participación de la ciudadanía, siendo los municipios, los espacios fundamentales para el desarrollo de la Seguridad Ciudadana: desde un modelo urbanístico a una policía de proximidad, etc. Las administraciones municipales son, y aún han de ser más, las instancias más accesibles y las mejor informadas sobre las sensaciones de crisis ( de inseguridad ) reales o potenciales.

A modo de conclusión podemos decir que:

• Que la Seguridad es un problema complejo donde no solo se pueden dar respuestas policiales puesto que necesitan respuestas políticas globales, transversales, ya que generar Seguridad está ligado a la activación de políticas públicas de diferentes disciplinas y administraciones.
• Para la ciudadanía, la inseguridad es, fundamentalmente una cuestión de percepción subjetiva. Esta percepción la genera fundamentalmente el delito ordinario y no el gran delito puesto que el delito ordinario es el que vive mucho más cerca.
• El concepto de Seguridad, desde la perspectiva de la percepción, necesita ser trabajado, junto al combate por la hegemonía y el avance democrático, en primerísima instancia en el ámbito de la ciudad de manera conjunta con la ciudadanía

22/05/2020

 

 

Carmen Martínez

Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras, miembro de Asociación ciudadana de ayuda al toxicómano (Andalucía) y vicepresidenta de Red de atención a las adicciones UNAD, coordinadora de la comisión de adicciones y justicia penal de UNAD

 

 Acercamiento  a la idea de Justicia

Sin entrar en disquisiciones filosóficas ni analizar las distintas acepciones de la Justicia, los ideales de Justicia guardan una estrecha relación con el bienestar social y con los derechos fundamentales e históricamente han estado imbuidos por valores morales. La Justicia, según Max Weber, ofrece soluciones abstractas, mientras que la “equidad”, entendida como” Justicia viva, es la elección de la norma justa para el caso concreto”.

Señala Julien Freund que hay dos maneras de concebir la Justicia “una se atiene exclusivamente a las reglas del orden jurídico −es justo lo que está establecido y conforme a la letra o a la lógica del sistema− y la otra tiene en cuenta la situación, las intenciones de los individuos y las condiciones generales de su existencia”. Por eso mismo el juez tiene dos formas de pronunciarse: limitándose a aplicar estrictamente la disposición legal o intentando comprender lo que parece más equitativo, preocupándose de que su decisión sea efectivamente justa”[1].

A esta brevísima y parcial aproximación a la idea de Justicia, yo le añadiría el concepto de Justicia social, aquella que de forma transversal llama la atención a la “justa distribución de los bienes entre todos los hombres de la tierra; a una conmutación que tenga en cuenta no sólo el valor material de las prestaciones y contraprestaciones, sino también las condiciones materiales del trabajador y de su familia; y en fin, a una contribución al bien común que no mire sólo al disfrute personal de los bienes comunes, sino también a las necesidades de los demás”[2].

La Justicia social lleva en su ADN el principio/derecho a la igualdad y la consecuente obligación de la comunidad -del Estado- de intervenir para hacer efectivo el citado derecho, incluso con intervenciones discriminatorias, por ello es un concepto que está íntimamente ligada al Estado del Bienestar.

La Justicia que hemos de potenciar

Como operadora jurídica a mí me interesa, particularmente, la idea de Justicia desde su potencial transformador de la sociedad[3], vinculada al bien común y a los derechos humanos.

En cualquier ámbito del derecho, especialmente en el orden penal que es al que me dedico más, me interesa una Justicia que mire a la persona y no sólo a ésta etiquetada como víctima o como delincuente, que se procure humanizar la ley y su aplicación de manera que no se provoque más daño del que ya se causó con el conflicto concreto sobre el que hay que decidir.

Una Justicia en la que los operadores jurídicos escuchemos y nos hagamos comprender por las ciudadanas y ciudadanos, que seamos creativos en las soluciones dentro del marco legal, que no provoque daños añadidos[4]. Una Justicia que incorpore los postulados de la Justicia restaurativa en la que se trabaje la responsabilización confrontando la negación. Una Justicia en la que la incorporación social de la persona que ha delinquido (o su resocialización) sea el fin principal junto al de restaurar los daños producidos, alejándonos de las ideas extendidas en torno a la expresión “nothing work” (nada funciona) que pusiera de moda el norteamericano Robert Martison en 1974[5]. Las alternativas a la prisión se presentan como la mejor herramienta que tenemos a nuestro alcance para lograr estos fines resocializadores, pues ofrecen medidas que inciden en las causas que han llevado a la persona a delinquir y persiguen, no sólo su resocialización, sino en los casos de delincuencia primaria y/o puntual, evitar los efectos negativos del encarcelamiento[6].

Por ejemplo, en el ámbito de las drogodependencias, es imprescindible atender a los informes de las y los expertos en tratamiento de adicciones y trabajar las recaídas que pueden conducir a una recidiva en el delito, tomando conciencia de las situaciones de riesgo. El supuesto de las personas con problemas de salud mental o discapacidad intelectual es especialmente complejo porque su tratamiento penal depende en gran medida de la atención comunitaria, no penitenciaria, de estas situaciones. A mejor y más amplia atención comunitaria de las mismas, menor presencia en el sistema penal de las personas afectadas.

Como es obvio, en esta tarea, quien tiene la responsabilidad de impartir justicia necesita de la asistencia de equipos de expertos en materia socio-sanitaria y, en general, se hace imprescindible que estén disponibles los recursos sociosanitarios suficientes para, a través de alternativas al encarcelamiento, facilitar la integración pacífica en la comunidad de la persona que ha delinquido.

El derecho penal hoy

En esta sociedad moderna y compleja necesitamos unas normas que ordenen la convivencia y que permitan que ésta sea lo más pacífica posible. En el día a día de nuestra vida en sociedad, profundamente marcada por la cultura neoliberal en la que estamos inmersos, se producen multitud de conflictos que son producto de las relaciones humanas. Los Estados democráticos procuran proveer a la sociedad de estas normas básicas. A mayor complejidad social mayor complejidad de las normas que nos regulan. Así, tenemos normas de todo tipo que atienden a las relaciones privadas entre los ciudadanos, a las relaciones económico-financieras de las empresas, a la relación laboral o a las relaciones de las administraciones con los administrados. Las personas tenemos desencuentros, diversos puntos de vista y, a veces, no respetamos los derechos de las demás personas. Somos capaces de dañar al otro.

El derecho penal en los Estados democráticos de nuestro contexto cultural, está destinado a proteger los bienes jurídicos considerados más relevantes (por ejemplo el derecho a la vida, a la salud, a la integridad moral, a la intimidad, a la indemnidad sexual, a la libertad, a la propiedad), y pretende proteger estos bienes jurídicos de las agresiones más graves, dejando para las agresiones menos graves otras ramas del derecho. Es lo que se llama Derecho Penal Mínimo. Y debe ser mínimo porque supone la mayor intromisión del Estado en los derechos y libertades de los ciudadanos.

Hasta el momento no hemos sido capaces de inventar otra forma de abordar este tipo de conflictos graves y mantener la paz social, monopolizando el castigo de una manera más objetiva y respetando unos derechos y garantías básicos para evitar así que cada cual se tome la Justicia por su mano. Aunque pueda resultar increíble, aún hay en Europa ejemplos de esto, como sucede en relación a la Vendetta en Albania, la venganza de sangre, una costumbre que se remonta a la edad media y que aún no se ha podido erradicar (aún no forma parte de la EU, es candidato).

 Las finalidades del Derecho Penal

Se atribuyen al derecho penal diversas finalidades y no sólo la de castigar. Dejando de lado la dogmática penal y la filosofía del derecho, nos vamos a centrar en la finalidad resocializadora.

Aunque hay otras tendencias, como sociedad pedimos al Derecho Penal que busque la resocialización de la persona que ha delinquido. Así se recoge claramente en el art. 25.2 de la CE cuando dice,

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

 Las alternativas a la prisión

Las alternativas a la prisión han de jugar un importante papel, en primer lugar, desde el punto de vista preventivo especial positivo, como evitadoras de la pena de prisión y como favorecedoras de la incorporación social del penado y, en segundo lugar, como solución para paliar la desproporción en el castigo a determinados delitos asociados a las clases más desfavorecidas.

El principio de resocialización está plenamente vigente, pero no tanto, o no sólo, a través del tratamiento penitenciario sino, principalmente, a través del ofrecimiento de oportunidades al margen de la prisión. Porque la prisión es una institución tremendamente desestructuradora y se caracteriza precisamente por su capacidad para desocializar. El principio resocializador, en la actualidad, ha de servir de límite a la pena privativa de libertad en su compromiso por evitar la desocialización del sujeto y, a la vez, como fundamento que sustenta otras respuestas penales alternativas a la privación de libertad mucho más acordes desde el punto de vista preventivo especial positivo y en sintonía con el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho.

En la actualidad las tendencias político-criminales en materia de seguridad discurren por otros derroteros y la sensación de inseguridad ciudadana, sentida o inducida, ha conducido a planteamientos represivos, de Derecho Penal máximo y, a menudo, poco garantistas. Pese a ello, la ciudadanía no parece mostrarse reticente a la aplicación de alternativas a la prisión a personas con problemas de exclusión social, salud mental o drogodependientes. Merece, por tanto, la pena desarrollar aún más las alternativas a la prisión en el entorno del Estado español, y ampliar la red de recursos socio-sanitarios y educativos que son imprescindibles en la tarea socializadora, estrategia que sin duda nos beneficiaría como sociedad porque es más efectiva para evitar la reincidencia en el delito y supone un menor coste económico.

Parto de la necesidad de un Derecho Penal Mínimo, con todas las garantías, que requiere una reducción del uso de la pena de prisión en los niveles de plasmación legal, concreción judicial y ejecución penal.

En el Derecho Positivo español, a pesar de su desarrollo paulatino, son aún escasas las alternativas a la pena privativa de libertad, contando solo con otras penas para infracciones muy leves y con sustitutivos penales destinados, por lo general, a evitar los efectos negativos del cumplimiento de las penas cortas de prisión. Resta por incorporar sin complejos figuras como la probation o la Justicia restaurativa.

La probation, figura usada desde hace décadas en los países anglosajones y otros de nuestro entorno cultural (a veces con otro nombre), va más allá de la suspensión del cumplimiento de la pena de prisión, de manera que lo que queda en suspenso en determinados casos es el propio procedimiento penal, a cambio del cumplimiento de unas condiciones, en primer lugar, la de no delinquir y, en su caso, las obligaciones o reglas de conducta que se estimen necesarias.

La Justicia restaurativa/mediación en el proceso penal, también usada en otros países americanos y europeos, es otra forma más constructiva de resolución de conflictos y pacificación mediante acuerdos restaurativos, en la que se procura la responsabilización de quien ha hecho daño y la satisfacción de quien lo ha sufrido.

Vinculación de nuestro modelo penal con el Estado social de derecho.

Este modelo de derecho penal que planteo tiene dos pilares básicos, la garantía de los derechos fundamentales y la finalidad de incorporación social. Ambos son inseparables del Estado de derecho, por cuanto supone de garantía de los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas; y del Estado social, por la necesidad de que el Estado realice intervenciones positivas para paliar las diferencias sociales en su búsqueda de la igualdad efectiva de las personas, disponiendo la comunidad de recursos sociosanitarios y educativos públicos que den cobertura a intervenciones prosociales y a las alternativas a la prisión.

 

[1] MENDES-QUEZADO FERRÁNDEZ, A (2018). Res publica (Madrid), 21(1) 2018: 31-46

[2] POOLE DERQUI, DIEGO. Lección Quinta. La Justicia(2009). Merino M. y Porto P. J. (2009).

[3] ATIENZA, MANUEL (2017). Filosofía del derecho y transformación social. Trotta, Madrid.

[4] Ver concepto de Justicia terapéutica de David Wexler.

David B. Wexler & Bruce J. Winick. (1996), Law in Therapeutic Key: Developments in Therapeutic Jurisprudence xvii (1996)

[5] En 1974 R. Martison publica un artículo en el que concluye que la actividad de tratamiento de los reclusos no funciona y que se están malgastando preciosos recursos en una labor de la que no se obtiene beneficio.

[6] VALVERDE MOLINA, J (1997).: La cárcel y sus consecuencias: la intervención sobre la conducta desadaptada, Madrid, Segunda edición, 1997. Ed. Popular, colección Al Margen (Sobre las condiciones de vida en prisión y las consecuencias somáticas y psíquicas, pág. 67-134).

GOFFMAN, E (1984).: Internados, Buenos Aires, 1984. Ed. Amorrortu. Págs. 15-132

22/05/2020