Presentación

Perspectiva nº 12:

 

Xavier Navarro

Responsable de Estudios y Cultura de la FSC-CCOO estatal

 

 

Un nuevo número de PERSPECTIVA: Seguridad Ciudadana, el debate pendiente de las izquierdas. Un nuevo debate abierto, con diferentes análisis, visiones, propuestas, y alternativas. La Seguridad Ciudadana es un concepto sobre el cual la izquierda social y política ha reflexionado poco, o al menos no lo ha hecho con la suficiente profundidad, permaneciendo por lo tanto en el campo de la falta de una alternativa a la realidad que vivimos.

Las izquierdas no han ido mucho más allá de la elaboración de programas electorales, en el caso de grupos políticos, especialmente en el ámbito municipal; y en el caso del sindicalismo de clase, si bien el esfuerzo es mayor, especialmente en la defensa de los derechos laborales y sociales de los cuerpos policiales, especialmente CCOO, no hemos superado el listón de intentar plantear un modelo policial que no es poca cosa.

A pesar de estas actuaciones comentadas, conceptualmente, el elaborado – fundamentalmente los programas electorales- por las izquierdas, se sitúan en el marco del debate que la clase hegemónica y dominante plantea, asimilando así el concepto de Seguridad Ciudadana al de Garantía del Orden Público. Es decir, asumiendo el discurso ideológico neoliberal en el cual se plantean siempre recetas simplistas a una realidad compleja como es el caso de la Seguridad Ciudadana.

Las izquierdas, políticas y sociales, hemos abordado por tanto, muy de paso este tema, porque una especie de pudor y algunas contradicciones nos han podido siempre, y cuando lo hemos hecho ha sido de manera poco profunda. Iniciar este debate es la voluntad de PERSPECTIVA, con diferentes artículos, alguno más global que enmarca el conjunto del debate, y otros artículos que abordan tanto propuestas sindicales de CCOO como análisis parciales del concepto de SEGURIDAD CIUDADANA, desde una visión legislativa y jurídica, urbanística, en relación a la violencia de género, una visión criminológica y penitenciaria, y alguna aportación más personal y partidaria…

Miércoles, 14 de Febrero de 2018

 

Gemma Galdon Clavell

Doctora en políticas de seguridad y tecnología

 

 

La seguridad (tanto ciudadana como nacional y exterior) se ha convertido en una preocupación evidente de las políticas públicas y en un elemento de importancia creciente en la agenda urbana. Apoyado en el miedo a una amenaza que es global (ISIS) pero que actúa localmente (Nueva York, Madrid, Bruselas, Barcelona…), el discurso securitario entronca también con una progresiva exigencia de control y eliminación de la incertidumbre en la vida en las ciudades. De la reivindicación de la aventura urbana, el descubrimiento, el encuentro del otro, la incertidumbre y la sorpresa como valor positivo, la modernidad líquida (Bauman 2000) parece buscar en las esquinas las certitudes perdidas en la vida personal, en el trabajo, en la política. Mientras muchos teorizaban el potencial del gobierno de la proximidad en términos de representación, responsabilidad y rendición de cuentas, lo que realmente ha ido emergiendo en nuestras ciudades fue la erosión de garantías democráticas y la eliminación de la tolerancia como ingrediente imprescindible de la vida urbana. Ante la emergencia de una seguridad ontológica, ligada a la erosión de la cohesión social y del papel redistributivo de los estados del bienestar, las sociedades i ciudades del siglo XXI tienden a buscar respuestas en las estrategias policiales.

Sin embargo, la seguridad (social, jurídica, vital) fue también una de las grandes conquistas de los movimientos emancipadores de la modernidad. Se reconocía entonces que la falta de seguridad afecta sobre todo a aquellos que menos tienen, a los que no pueden comprarla en el mercado privado. Las presiones actuales para convertirla en moneda de cambio (seguridad versus libertad), en un privilegio (para quién pueda pagarla) o en patrimonio policial y del estado ponen en evidencia la centralidad del concepto en el combate por la democracia, y hacen aún más incomprensible la inexistencia de alternativas y de discursos que desde el compromiso con los derechos reivindiquen una seguridad basada en la igualdad y la cohesión social.

Que el vínculo entre democracia, crisis y seguridad no sea para muchos inmediatamente evidente muestra cuánto se ha ignorado en los últimos 35 años la conceptualización y construcción de la seguridad en democracia. Hoy, sumidos en la crisis que quiere poner fin a los avances sociales y políticos de la posguerra mundial, ese olvido se hace más evidente que nunca –la represión no sorprende porque no se imaginan fuerzas de seguridad no represivas; se culpa a la delincuencia de la inseguridad porque nunca se ha desarrollado un discurso de la seguridad basado en los derechos, la cobertura social y la cohesión; y se sigue pensando que la seguridad es algo ajeno a la salida de la crisis, como si la seguridad material y simbólica no fuera uno de los elementos clave del combate por la igualdad de derechos.

Parece que la permanente excepción justificada por la amenaza terrorista ha acabado de apuntalar una seguridad conservadora, centrada en la prevención de un ‘mal’ que emerge al calor de un choque de civilizaciones y que se difunde a través de los usos impropios del espacio público. En este contexto, derechos y valores que parecían irrenunciables, como la privacidad, la libertad o la equidad pasan hoy a segundo plano y se intercambian por seguridad, con la esperanza de que el sacrificio permita el blindaje de la vida urbana a las inseguridades de la era del ‘terror global’. Con la esperanza de poder volver a agarrarnos a algo sólido. Nos dormimos con Liberté, Égalité, Fraternité y nos levantamos con Securité, Securité, Sécurité.

El problema es que, lejos de aumentar los niveles de seguridad, la obsesión securitaria no parece hacer que la sociedad se sienta más segura. A pesar de la inversión continua en seguridad y del descenso generalizado de las tasas de delincuencia en la mayor parte del mundo occidental durante los últimos 30 años, los sentimientos de inseguridad y la demanda de seguridad no deja de aumentar. Sacrificar la justicia y la igualdad no parece haber aportado más seguridad, con lo que al final nos hemos quedado sin justicia, sin igualdad y sin seguridad. Parecería, pues, que en la búsqueda de la seguridad, hemos estado sacrificando precisamente lo que no deberíamos sacrificar. Los valores que apuntalarían una seguridad humana centrada en las personas y los derechos.

Pero poco parece quedar ya de las buenas intenciones de la ONU, sus intentos de avanzar hacia una ‘seguridad humana’ y de la voluntad de avanzar hacia una comprensión compleja de la inseguridad y el sentimiento de inseguridad, una comprensión que incluya factores y preocupaciones sociales e incorpore el impacto psicológico de las desigualdades y la falta de redes de apoyo públicas fuertes. Una seguridad que entienda que la inseguridad afecta sobre todo a los más vulnerables, y que por lo tanto debe formar parte de todo programa de emancipación basado en la igualdad y la justicia.

¿Existen alternativas? Sólo si parten de una redefinición de la seguridad, la inseguridad y el papel de la seguridad pública en la consolidación de las garantías democráticas y los derechos colectivos. Sólo si entendemos la inseguridad como mucho más que la ausencia de delitos –como el andamio social y legal de las sociedades democráticas. Sólo si los que quieren ser protagonistas del futuro dejan de mirar para otro lado cada vez que alguien recuerda que la utopía no debería ser sólo igualitaria y justa, sino también segura.

Miércoles, 14 de Febrero de 2018

 

Manuela Oliva

Responsable de Seguridad Pública de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO

 

 

El reconocimiento y el trabajo de las especificidades concretas de algunos colectivos, no deben alejarnos del marco común en la defensa de los derechos laborales, y no podemos dejar que, en aras a normativas concretas y especificidades únicas,  no se incorporen al debate y al trabajo sindical algunos colectivos.

La participación de toda la estructura debe mantenerse y afianzarse ante los nuevos retos que hoy tenemos sobre la mesa, la respuesta sindical debe ser clara y precisa, ni debemos ni podemos dejar que la seguridad pública se aleje del marco de la Función Pública, que es en definitiva el anclaje que debe perdurar en el recomiendo de sus derechos y deberes laborales, aceptando una especificidad concreta y precisa que debemos mantener y gestionar.

En este periodo inmediato que iniciamos debemos abordar una apuesta de presente y futuro en relación con las policías locales que verán rejuvenecidas sus plantillas, a corto y medio plazo, si finalmente se produce el anticipo de su edad de jubilación.

En CCOO debemos ponernos en marcha y ser capaces de asumir nuevos retos y diseñar estrategias que acoja a estos colectivos, concretos e identificados.

Los objetivos generales  fundamentalmente son:

• Continuar con los trabajos iniciados en periodos anteriores y que debemos concluir.
• Abordar la lucha contra el corporativismo feroz que tiene sumido a los cuerpos policiales en la defensa de sus intereses y derechos, exclusivamente, sin tener en cuenta las peticiones, implicaciones o derechos del resto del personal de las Administraciones Públicas, a las que pertenecen, causándose así un perjuicio al propio colectivo y a terceros.

Estos objetivos generales se concretan en los siguientes objetivos específicos:

1. Conseguir del anticipo de la edad de jubilación del personal integrante de las policías locales.
2. Elaborar una guía sobre  Prevención de Riesgos para las policías locales.
3. Establecer criterios sindicales en las normas marco de seguridad local.

Para llevar adelante los objetivos y tareas planteadas, debemos contar  con el equipo de responsables en el ámbito de la seguridad local, ya designados por las coordinadoras o los  responsables de los sectores locales territoriales, así como con el conjunto de integrantes de la Comisión Ejecutiva del Sector Estatal de la Administración Local, y dada la transversalidad que pretendemos llevar a cabo,  trabajaremos de forma coordinada y conjunta con algunas de las secretarías de la Comisión Ejecutiva Federal,  colaborando activamente con las federaciones territoriales, allí donde la demanda en este colectivo se identifique y solicite.

Sobre las perspectivas de futuro como una parte importante de la seguridad ciudadana

• Establecer criterios sindicales en las normas marco de seguridad local

La Constitución española dedica varios de sus preceptos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, circunstancia excepcional en nuestra tradición constitucional, y en el contexto de las Constituciones de los Estados miembros de la Unión Europea que contienen regulaciones de menos entidad que nuestro texto constitucional.

En primer lugar, debemos destacar el artículo 104 apartado 1, que establece “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. En este precepto se contienen dos mandatos, de una parte, la dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Gobierno, a las que también se refiere el artículo 97, y por otra parte la misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

En el apartado 2 del artículo 104, de la CE a su vez establece que: “Una Ley Orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” lo que establece la regulación mediante ley orgánica del desarrollo de su trabajo.

El apartado 1 punto 29º del artículo 149.1 de la Constitución, además de atribuir al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública, prevé la posibilidad de la creación de las policías autonómicas en el marco de una ley orgánica. Y el apartado 1 punto 22º del artículo 148.1 hace también referencia expresa a la coordinación de las policías locales, que se encomiendan a las Comunidades Autonómicas.

Marco normativo de las Policías Locales

De lo expuesto en esta introducción se deduce claramente, que las policías locales, se enmarcan en un complejo y difuso marco normativo, que a continuación desglosaremos.

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, define más específicamente, el marco jurídico y estatutario de las diferentes policías españolas y en su artículo 2, define en primer lugar quienes componen dichas fuerzas “Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”:

a)Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación.

b)Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas.

c)Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.

En el Título V, de la citada Ley Orgánica se regulan las Policías Locales. Para ello se fijan en los artículos 51 al 53 la creación del cuerpo de policía local, su ámbito territorial, dejando patente su naturaleza y su estructura y organización jerarquizada, y en cuanto a su régimen estatutario se enmarcan en lo establecido en la normativa marco, dictadas por las correspondientes Comunidades Autonómicas y los reglamentos específicos en sus Ayuntamientos.

El mapa en la actualidad se compone de un  total de 2034 Ayuntamientos en todo el estado con cuerpos de policía local, y el número total de policías locales asciende a 72.650 aproximadamente, que  se regulan mediante 17 Leyes de Coordinación dictadas por sus respectivas Comunidades Autonómicas, que a su vez se desglosan en otro 17 reglamentos marco que las desarrollan y varios reglamentos y órdenes específicas de materia concretas, mandatados por el propio reglamento marco, siendo desglosado este reglamento en su conjunto en adaptaciones reglamentarias en los 2.034 cuerpos de policías locales. En el caso de Ceuta y Melilla, por su consideración de ciudades autónomas, se regulan mediante reglamento marco exclusivamente.

Con esta amplia y cambiante normativa, que coordina y regula todos los cuerpos de policías locales en el estado, es absolutamente necesario la coordinación y que desde CCOO se fijen criterios de referencia en la posición que este  sindicato debe mantener en términos globales. Nuestra participación en todas las leyes de coordinación es un hecho probado con nuestra presencia en las comisiones de coordinación, al amparo de la representación que tenemos en todos los territorios, y ello hace que las consultas y la petición de datos e informes sea constante, a lo que debemos añadir la complejidad de la sentencias que se dictan, tanto en el ámbito laboral como profesional que tienen una repercusión muy importante en el colectivo.

Este es en el sentido que trabajaremos, potenciando la coordinación de todas las personas responsables territoriales, incrementando la eficiencia con la incorporación de nuevas tecnologías, que hagan más accesible  la información y las consultas,  la incorporación de informes de juristas y otros expertos en materias profesionales que hagan más eficaz y eficiente nuestro trabajo.

• Anticipo de la edad de jubilación del personal integrante de las Policías Locales

Actualmente, nos encontramos, a la espera del  informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio, que se encuentra pendiente de informe del Ministerio de la Presidencia  para las Administraciones Territoriales y del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para su posterior remisión al Consejo de Estado y de ahí al Consejo de Ministros para su aprobación, según la información emitida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social el 10 de noviembre de 2017, y una vez finalizado este proceso, y que todo apunta  que pudiéramos estar hablando del primer trimestre de 2018.

Otra cuestión será  su  aplicación ya  que requiere de la aprobación de una norma con rango de ley para el establecimiento de los coeficientes que deberán ser aplicados, y ésta bien podría ser la propia Ley de Presupuestos 2018. Respecto a este nuevo escenario,  nuestro trabajo consistirá en llegar al máximo de policías, siendo necesario para ello planificar asambleas en los territorios para la explicación del Real Decreto, la elaboración de dípticos informativos, la difusión  y explicación de la puesta en marcha del nuevo proceso, así como la preparación de  guiones y presentaciones de asambleas,  para facilitar  el trabajo de los compañeros y compañeras  ayudándonos, como elemento clave, del gabinete especializado en seguridad social de este sindicado, para las dudas y las cuestiones controvertidas, derivadas de la aplicación del Real Decreto.

Para desarrollar este trabajo, contaremos con un equipo preparado y formado, de responsables de seguridad  en cada territorio, desde donde explicar nuestro trabajo como plataforma y como sindicato presente en todo el proceso,  diferenciando claramente ambos papeles.

• Elaborar una guía sobre Prevención de Riesgos para las policías locales

La prevención hay que llevarla a cabo con la participación plena y real de los trabajadores y trabajadoras, todos ellos tienen derecho a la información y a la formación práctica y teórica en materia preventiva. El derecho a la participación no es sólo individual, sino sobre todo es un derecho colectivo, que se ejerce a través de la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, los delegados y delegadas de prevención.

Ya  en nuestra legislación se establece con total claridad que cualquier daño a la salud en relación con el trabajo debe ser contemplado, el papel fundamental de la prevención es eliminar los riesgos, si el mismo puede ser evitado, es deber de la empresa   hacerlo y si esto no es posible tendrá que evaluarlo, elaborar un plan para controlarlo, en su origen, con las medidas necesarias.

Esto supone uno de los elementos más importantes y valiosos  para las trabajadoras y los trabajadores, la prevención de los riesgos laborales, pieza clave y fundamental, como herramienta de la acción sindical y base de las reivindicaciones que desde todos los ámbitos del trabajo se deben llevar adelante, en el caso de la seguridad, con cierta controversia dada la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La elaboración de  una guía completa sobre la aplicación de la normativa básica y especifica en el ámbito de las policías locales, que ayude tanto a los delegados de prevención de las policías como a los responsables territoriales para ayudar e  incorporar en las diferentes normativas básicas de coordinación o reglamentarias y a los  propios agentes en su trabajo diario, será todo un reto que llevaremos a cabo de forma inmediata, dada la carencia que sobre esta materia tenemos en el ámbito de la seguridad pública local.

Miércoles, 14 de Febrero de 2018

 

Jaume Bosch

Licenciado en Derecho. Coordinador de proyectos transversales. Instituto de Seguridad Pública de Cataluña

 

 

Vivimos una época convulsa. El incremento del peligro terrorista vinculado, es necesario no olvidarlo, a una situación internacional injusta, la globalización de la delincuencia o las nuevas formas de criminalidad han propiciado el ambiente adecuado para que determinadas ideologías nos propongan la necesidad de sacrificar las libertades para que el Estado pueda mantener la seguridad.

Ante estas ideologías reaccionarias, muy presentes en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en el Estado español, la izquierda se mueve desde hace tiempo entre dos extremos: el de considerar que el derecho a la seguridad es cosa de la derecha y que la izquierda no se tiene que preocupar de un tema que no le es propio, y el de hacer seguidismo acrítico de las opciones conservadoras por miedo a perder votos. Es imprescindible que la izquierda entre en el debate de la seguridad desde una perspectiva progresista, que no menosprecie la lógica preocupación de buena parte de la ciudadanía por esta cuestión, que se muestre beligerante con los discursos demagógicos, xenófobos y machistas, y que aporte un proyecto propio sobre el papel que quiere que juegue la policía. Jaume Curbet, el teórico, catalán y de izquierdas, que inspiró nuestro actual modelo de policía escribió sobre la obsesión por la seguridad en una sociedad del riesgo: “No parece tener mucho sentido la reiterada y conflictiva contraposición política entre seguridad (estabilidad) y libertad (innovación); porque las dos, en su justa medida, constituyen ingredientes esenciales para cualquier fórmula de gobierno que pretenda garantizar la convivencia y el desarrollo humanos” ^(1). Interesante reflexión, que se confronta a los ataques constantes a la libertad perpetrados en nombre de la seguridad impulsados por unos Estados que nos quieren hacer creer que la solución a los problemas que sufre la sociedad es un progresivo y constante endurecimiento de la legislación, la obsesión punitiva y la limitación de los derechos de la ciudadanía.

Afirma Michel Benichou, presidente del Consejo de la Abogacía Europea: “Si se sacrifica la libertad por la seguridad, no se tendrá ni libertad ni seguridad” ^(2). Las políticas reaccionarias esconden unos intereses muy determinados. Escribe Loïc Wacquant, profesor de la Universidad de California-Berkeley: “Si los mismos que exigen un Estado mínimo para liberar las fuerzas creativas del mercado y someter a los más desfavorecidos a la picadura de la competencia no dudan a erigir un Estado máximo para garantizar la seguridad cotidiana, es porque la pobreza del Estado social con el telón de fondo de la desregulación suscita y exige la grandiosidad del Estado penal” ^(3). Es decir, los poderes económicos necesitan un Estado débil en relación al mercado y un Estado fuerte en relación al mantenimiento del orden y la seguridad.

Sebastian Roché, director de Investigación del Centro de Ciencias Politicas de la Universidad de Grenoble, profesor de la Escuela Nacional Superior de Policía de Francia, y autor de la obra “La policía en democracia” ⁽⁴⁾ afirma: ” Ante la amenaza terrorista, los gobiernos se sienten obligados a aumentar los poderes de la policía. La razón es principalmente política: se trata de una estrategia para evitar recibir críticas por parte de la oposición. No tenemos pruebas de la eficacia de una legislación más severa en cuanto a la criminalidad pequeña y mediana, a pesar de que las policías sean muy a menudo favorables a este tipo de acercamiento. En cuanto a los jóvenes, sabemos que la severidad penal incluso aumenta la reincidencia. Eficacia práctica y eficacia política son dos cosas muy diferentes” ^(5).

El antes citado Wacquant ⁽⁶⁾ explica como los datos y las investigaciones serias han echado por tierra la teoría denominada del “vidrio roto” que afirmaba que la represión inmediata y severa de las infracciones menores en la vía pública frena la aparición de grandes criminales; es decir, que arrestar a los ladrones de huevos permitiría parar asesinos potenciales. Esta teoría fue invocada por la policía de Nueva York, en la época del alcalde Giuliani (1994-2001): la idea de la impunidad cero o tolerancia cero.

En nuestra casa también hemos recibido estas influencias ideológicas: La Ordenanza de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona de la época del alcalde Clos, aprobada en 2005 con los votos de PSC, ERC y CIU, la abstención del PP y el voto en contra de Iniciativa, se inspiraba en aquella tendencia. Igual que las políticas de seguridad impulsadas por el consejero Felip Puig desde el Departamento de Interior de la Generalitat (2010-2012) con aquella frase que lo explicaba todo: “Tenemos que ir hasta el límite de la ley y algo más allá”. O, no hay que decirlo, la Ley Orgánica 4/2015, del 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, llamada “Ley mordaza”, aprobada por el PP y considerada inconstitucional por el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.

Tampoco se escapa de este debate el análisis de la actuación policial del día uno de octubre del año pasado, en motivo del intento de celebración de un referéndum en Cataluña. Pudimos observar la aplicación de dos concepciones contrapuestas de la seguridad: la del cuerpo de Mossos d’Esquadra que, superada la época Puig, consideró que había que respetar las instrucciones de la magistrada que reclamaba impedir el referéndum “sin afectar la normal convivencia ciudadana” y la del Ministro Zoido que, herido por el ridículo de no haber encontrado las urnas, consideraba prioritario restablecer el orden a través de la actuación de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía por encima de los derechos de la ciudadanía. Las dos actuaciones se encuentran bajo la fiscalización del poder judicial. Ante un choque entre corderos a proteger, ¿cuál era superior? ¿Cómo se aplicó el principio de proporcionalidad? De cómo se resuelva la cuestión se deducirá la apuesta por una determinada manera de entender la seguridad y de interpretar el papel de los cuerpos policiales cuando actúan como policía judicial y su comportamiento en relación al mandato del artículo 104 de la Constitución que se les fija como misión “proteger el libre ejercicio de los derechos y de las libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. Sin olvidar, como elemento desencadenante de la polémica, los centralistas celos provenientes de los días posteriores a los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, cuando se evidenció ante el mundo entero que la policía básica en Cataluña era el cuerpo de Mossos d’Esquadra, hecho que provocó la indignación “patriótica” de determinados poderes del Estado.

Para acabar de recoger alguno otro apunte sobre el tema que nos ocupa es necesario no olvidar nunca que Europa vive la manipulación que fuerzas xenófobas y de extrema derecha hacen del doloroso fenómeno de los refugiados, presentados como peligro para la seguridad y la convivencia.

Hay motivos para la preocupación y para la esperanza. En el Nueva York de Giuliani, dieciséis años después, Bill de Blasio ha ganado las elecciones municipales con treinta puntos de ventaja sobre el candidato del presidente Trump. Y en Virginia, ha sido reelegido gobernador Ralph Northman, acusado por Trump de “connivencia con los criminales del M-13, los Mara Salvatrucha”, de potenciar “la delincuencia rampante” y de enemigo de la Segunda Enmienda para querer legislar en la dirección de un mayor control de las armas: la seguridad y la inseguridad muy presentes en las campañas electorales de los Estados Unidos.

Hasta aquí el diagnóstico. Detectar los problemas es relativamente fácil si los prejuicios ideológicos no nos enturbian la visión. Lo difícil es construir la alternativa. Pero es condición imprescindible que las izquierdas políticas y sociales sean conscientes de que hay que hacerlo, también en el campo de la seguridad. Para avanzar en esta línea es necesario combatir la idea de que la izquierda es incapaz de administrar la seguridad con eficacia sin abandonar sus convicciones. Durante el periodo 2006-2010, en el que Joan Saura, de ICV, dirigió el Departamento de Interior de la Generalitat, mientras aquí una parte de la izquierda se entretenía criticando la decisión de haber asumido esta difícil responsabilidad, representantes del Gobierno del Frente Amplio de Uruguay o de los Verdes alemanes venían a Cataluña para analizar las novedades que se estaban impulsando: queda pendiente un balance serenado de los claros y oscuros de aquella experiencia. Unos cuantos años después, en 2015, al inicio del mandato de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, algunos medios de comunicación y algunos sectores sociales presuponían que la inseguridad se incrementaría en la ciudad. La Encuesta de Servicios Municipales de Barcelona del año 2016 demuestra que la ciudadanía considera que la seguridad mejoró en relación al año anterior por primera vez desde 1999. La Guardia Urbana logra su mejor nota histórica, un 6’2 de valoración. Y en relación a cuál es el principal problema de la ciudad, la inseguridad baja del 7’6 al 6 por ciento. Nada es definitivo, y cuando se analice en 2017 habrá que ver cuál ha sido el impacto del atentado de agosto. Pero estos datos positivos nos permiten constatar que la izquierda en materia de seguridad no tiene que actuar acomplejada. Tiene que aparcar apriorismos, como seguramente ha hecho la misma alcaldesa de Barcelona, y tiene que aplicar sus políticas con rigor y sin miedos.

Notas:

1. Jaume Curbet. Un mundo inseguro. La seguridad en la sociedad del riesgo. CCG ediciones. Girona, 2011.

2. Michel Benichou. Entrevista en Mundo Jurídico. ICAB, 2017.

3. Loïc Wacquant. Poner orden a la inseguridad. Polarización social y recrudecimiento punitivo. Revista Catalana de Seguridad Pública., número 24. Generalitat de Catalunya. 2011.

4. Sebastian Roche. De la Police en democratie. Grasset, 2016.

5. Sebastian Roche. Entrevista a Notas de Seguridad. Departamento de Interior. Generalitat de Catalunya, 2017.

6. Loïc Wacquant. Sobre algunos cuentos de seguridad pública venidos de América. A Seguridad: aportaciones desde la izquierda verde. Revista Nuevos Horizontes, número 194. 2009.

Miércoles, 14 de Febrero de 2018

 

Dolors Clavell

Abogada especialista en derecho administrativo

 

 

El entorno físico afecta las relaciones entre personas y genera sentimientos de pertenencia y de no pertenencia, incluso de miedo. Por eso se estudia si es posible prevenir problemas de delincuencia -o de percepción de la misma- a partir del diseño del espacio de nuestras ciudades.

Fijémonos que las ciudades se han dotado siempre de mecanismos defensivos, desde las murallas que se construyeron hasta el siglo XIX a las rejas que rodean muchos barrios actuales. Cuando la ciudad burguesa destruyó la ciudad medieval eliminando las murallas que lo habían protegido, lo hizo entre otras causas para enfrentar los problemas de higiene y enfermedades, facilitar la movilidad y permitir mayor densidad de población. Pero esta actuación hizo más porosas las fronteras entre espacio público y privado y, por lo tanto, provocó nuevas inseguridades vinculadas en los espacios públicos como lugares de mayor diversidad, tolerancia y reconocimiento del otro.

Más adelante la ciudad contemporánea (ideas Le Corbusier) se construyó a partir de la planificación y la estandarización, del orden y el aislamiento frente a todo aquello inesperado, no planificado, casual, que generaba ansiedad y pérdida de estatus.

Las ideas planificadoras fueron fuertemente cuestionadas por los defensores de la vida comunitaria, y el principal exponente de este planteamiento fue Jane Jacobs, una mujer que teorizó el urbanismo a mediados del S.XX desde una perspectiva feminista y progresista. Ella planteó que la racionalidad excesiva en el diseño urbano era contraria a la misma idea de ciudad, pues suponía un rechazo a las personas, sus relaciones y su complejidad. Desde la perspectiva seguritaria, seguramente Jacobs fue la primera al articular una propuesta que todavía hoy tiene vigencia y evoluciona: El espacio público es seguro si hay gente, y más si hay otra gente que desde las ventanas y escaparates ve el espacio público. Se puede prevenir el delito a partir de la intervención comunitaria y la construcción de barrios habitables, sin vallas, con bajos permeables, comercios abiertos y un control informal entre el dentro y fuera (los ojos en la calle). También se defiende una buena iluminación, que proporciona una sensación de control y seguridad a las personas que transitan por la noche.

Más adelante apareció la “teoría de las ventanas rotas” según la cual las conductas incívicas son contagiosas y a la vez provocan la expulsión de las personas cívicas del espacio. Se defiende que el desorden en el espacio provoca delito, y por lo tanto hay que buscar el orden para evitarlo. A partir de aquí se impulsan acciones de “tolerancia cero” y control férreo del espacio público, también de esfuerzo por la corresponsabilización de las personas residentes, que tienen que ser agentes de este control. La deriva de estas teorías ha supuesto la justificación de la sanción a pequeñas infracciones y actos incívicos pero no delictivos.

En este contexto emergió la metodología llamada en inglés CPTED (Crime Prevention Through Enrironmental Design), que se basa fundamentalmente en la teoría que el delincuente escoge racionalmente su acción y, por lo tanto, el urbanismo preventivo tiene que ser una herramienta de intervención para evitar la presencia del potencial perpetrador del delito, o bien eliminar la presencia del objetivo deseado, o bien vigilar formalmente o informalmente que no se cometa el delito, o bien entorpecer esta acción poniendo obstáculos en el espacio donde se puede cometer el delito. Con este enfoque se sistematiza un complejo conjunto de propuestas y categorías de actuación, como la introducción de la idea de propiedad del espacio, la eliminación de lugares que no son de nadie, o la vigilancia por parte de los residentes o de forma mecánica (cámaras). Pero hoy ya se habla del CPTED de segunda generación, dirigido a complementar la perspectiva del urbanismo preventivo con aspectos más sociales y el estudio de contextos sociológicos.

Los diversos enfoques que hemos resumido brevemente cuentan con experiencias interesantes y otras no tanto, y no existen datos concluyentes de su éxito. Se ha demostrado que sólo con más luz en el espacio público a menudo no se resuelven los problemas de inseguridad (si hay luz pero no hay gente, también tenemos miedo); o que una excesiva afluencia de personas puede llegar a ser un espacio para el delito, como sería el caso de las aglomeraciones al metro o en determinados calles; o que la represión policial genera nuevos conflictos. Por lo tanto, la realidad no facilita planteamientos rígidos en este tema.

Podríamos concluir pues que pensar en el diseño urbano como mecanismo para potenciar la seguridad de un entorno es adecuado, que el trabajo conjunto entre especialistas en diseño y planificación y los expertos en delincuencia puede dar sus frutos. Pero a la vez hay que ver que resulta muy difícil extender unas pautas de actuación exitosas y útiles en todas partes y en toda circunstancia. Somos complejos y no hay recetas objetivamente eficientes.

¿Esto significa que la ciudad de hoy está condenada a no encontrar salidas? A pesar de que algunos observadores así lo razonan, otros plantean vías de superación. Richard Sennet, por ejemplo, recuperando a Jane Jacobs, defiende que el espacio público tiene que incentivar el encuentro, el descubrimiento, la innovación, y levanta la bandera de la complejidad, la diversidad y la disonancia. La ciudad abierta sería la ciudad democrática en un sentido físico, donde se pueda practicar la ciudadanía y la participación, construir pasillos entre el “dentro y fuera”, entre el “ellos y nosotros”, y reclamar el espacio público como espacio político.

Nuestra conclusión es que el debate sobre el rol del espacio como conformador de seguridad continúa siendo muy abierto y de alguna forma poco explorado desde el punto de vista práctico. Apostamos por una incentivación de las políticas urbanas basadas en la cohesión social, la mezcla y la generosidad en cuanto a los usos del espacio. No podemos olvidar que el urbanismo va ligado al espacio y a su aspecto, a la realidad física y a la forma urbana, pero que también regula los usos del suelo y, por lo tanto, incide en formas de utilización de este espacio. La seguridad tendría que ser una consecuencia de la aplicación de estos principios, pero no el parámetro central a partir del cual crear nuestras experiencias urbanas.

Podéis encontrar conocimiento sobre la materia leyendo, entre otros, a: Zimbardo, Saskia Sassen, Richard Sennet o David Harvey.

Miércoles, 14 de Febrero de 2018

 

Luis Antonio Salvadores Roure

Abogado del Gabinete Jurídico CONC

 

 

Con la aprobación  en el año 2015 de la nueva ley de seguridad ciudadana denominada ley orgánica  4/2015, y por la ciudadanía “ley mordaza” se volvió a replantear el viejo debate entre seguridad y derechos fundamentales.

En el proyecto presentado por el PP la seguridad era definida como un derecho equiparable a un derecho fundamental estableciendo que la seguridad y la ”tranquilidad ciudadana” eran un requisito indispensable para el ejercicio de los derechos fundamentales, equiparando ambos y anteponiendo la seguridad al fijarlo como requisito previo.

Posteriormente en el debate parlamentario por enmienda del grupo vasco dicha equiparación fue suaviza y se estableció que la seguridad es “garantía” del ejercicio de dichos derechos. La diferencia no es solamente semántica sino de calado pues el siempre concepto difuso de seguridad no es un derecho por si mismo equiparable a los derechos de huelga, manifestación o reunión o el de libertad de Expresión.

Indicar que esta segunda ley de seguridad ciudadana, al igual que la primera, llamada de “la patada a la puerta”, se promulgaron con la única finalidad no de garantizar los derechos fundamentales sino precisamente de limitar su ejercicio y que los límites de su ejercicio estuvieran bajo el control de la Administración  y no del el “poder judicial”. Y es así porque  las nuevas formas de ejercer los derechos de reunión y manifestación, así como las convocatorias de las huelgas generales consecutivas entre el 2009 y el 2012,  evidencia que la vieja ley del 92 había quedado obsoleta para reprimirlas: 15M, concentraciones ante el Congreso diputados, acampada plaza del Sol; plaza Catalunya; escraches, concentraciones para evitar desahucios y un largo etc. La nueva Ley sirve para fortalecer  el poder coercitivo del Estado ampliando su poder discrecional y sancionador dando prevalencia a las manifestaciones de los agentes  que forman parte de los cuerpos de seguridad  al tiempo que limita el control judicial sobre la actuación sancionadora administrativa mediante las costas en el proceso contencioso administrativo.

Como siempre previamente se orquesta o se inventa una escusa, en este caso  la despenalización de las falta penales para  ampliar las faltas administrativas sancionables (pasan de 26 a 44)  y evitar simultáneamente, con otra escusa, la saturación de los tribunales,  que la judicatura  no tuviera que juzgar esas nuevos tipos de expresiones de la protesta ya que comenzaron a dictarse sentencias en donde se absolvía a los supuestos infractores del Código Penal razonando en que esos ciudadanos  que hacían “escrache” o se concentraban para evitar desahucios ejercía derechos fundamentales y no podían ser sancionados por ello.

De esa forma lo que se pretende con la nueva Ley es limitar el ejercicio de los derechos fundamentales bajo la coacción de sanciones administrativas  que pueden llegar a 600.000 euros las muy graves (4 supuestos) y las graves hasta 30.000 euros (23 supuestos). A eso hay que unir la creación de un Registro de Infractores para tener identificados y controlados a los ciudadanos que protestan  y poderles aplicar mayor sanción en caso de reincidencia.

También en este marco se procede a aplicar el artículo 315.3 del Código penal para intentar impedir la actuaciones de los piquetes informativos de huelga solicitando penas de cárcel para sus integrantes  si ejercían ”coacción” término también difuso que se puede aplicar a una multitud de supuestos. Un artículo del Código penal heredado del código penal del tardofranquismo que se mantuvo en el nuevo código penal de la democracia aprobado en el año 1995 como respuesta a la huelga general de 1994 pero se había utilizado pocas veces en la práctica. Simplemente estaba en el cajón pero listo para ser aplicado cuando fuera necesario. Esa necesidad se da ante las nuevas movilizaciones sociales que se producen en el marco de la crisis del 2008, y el Gobierno del PP da instrucciones a la Fiscalía para que acuse por ese artículo a los componentes de los piquetes en las huelgas generales del 2010 y del 2012.

Este pequeño repaso Histórico, es suficiente para evidenciar la que las Leyes de Seguridad nacen en periodos de crisis y contestación social simplemente para ampliar el poder sancionador del Estado e intimidar a los ciudadanos  y no como una necesidad de estos. Las propias encuestas del CIS durante el periodo de aprobación de la última ley de seguridad acreditan que los ciudadanos que consideraban  la inseguridad como el principal problema no llegaban al 1% de la población. No había demanda social para fortalecer la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Lo que había era contestación social contra la política de recortes y el desmantelamiento del llamado Estado del Bienestar

El cambio en la exposición de motivos introduciendo el término de que la seguridad  es “garantía” de los derechos fundamentales difícilmente cambia la naturaleza de la Ley  y no impedirá que mediante la misma se intente sancionar a los ciudadanos  que ejerciten sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución del 88 ante nuevas situaciones de crisis económicas en el futuro próximo que serán mucho más profundas y reiteradas que las pasadas al agravarse las causa económicas por el cambio climático y los movimientos migratorios.

En mi opinión la única “garantía” del ejercicio de los derechos fundamentales es precisamente la derogación del 315.3 del Código penal así como  la derogación parcial de la Ley de Seguridad en concreto de las faltas previstas en la ley de seguridad ciudadana que limitan  los derechos fundamentales  de los ciudadanos (libertad de expresión, reunión , manifestación y huelga esencialmente). Es precisamente el ejercicio de esos derechos en una sociedad moderna los que garantizan la tranquilidad de los habitantes de nuestro país y no al revés.

Miércoles, 14 de Febrero de 2018

 

Ana Méndez Gorbea

Abogada

Miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) y de Legal Sol

 

Dos años y medio desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza. Dos años y medio de recortes de derechos y de represión silenciosa a los ciudadanos y ciudadanas de a pie que tenemos que caminar masticando el fétido olor a corrupción del partido que la aprobó.

La Ley Mordaza entró el 1 de julio de 2.015 dispuesta a silenciar todas las voces de aquellas que luchamos por una sociedad mucho más justa y equilibrada y que vimos en un momento dado con ilusión esa acampada de Sol.

Han sido muchas las personas que han sentido directamente cómo se les intentaba aplacar la voz a base de sanción: hombres y mujeres que han visto cómo su economía se veía quebrantada por salir a la calle, o por poner un tuit o por acudir a parar un desahucio; en definitiva por luchar en las calles haciendo de todas y PARA TODAS esa lucha.

Esa María que poniéndose en la puerta de Pepe y Juan miraba a sus pequeñajos con tristeza en los ojos cuando la Delegación de Gobierno le notificaba que por acudir ese día a ayudar a quienes son sus vecinos, debía pagar por no obedecer lo que él consideraba una orden de un policía absolutamente injusta como era el que abandonara a los suyos. Multa de 601 euros.

O esa Ana, que junto a otras 20 compañeras decidió proclamar a los cuatros vientos que la lucha feminista sigue y que está en las calles, en las plazas y que no estamos solas. Esa Ana que junto con otras 20 más fue sancionada por este Gobierno con otros 400 euros cada una.

Y así, muchas Marías, Anas, Pepes, Juanes, hasta miles y miles.

Para el Gobierno, robar no sólo es supuestamente cuestión de “sobres”.

Y yo pienso en esa cínica definición que se hace del concepto de seguridad ciudadana como “la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía”: definición que se ha traducido en una reforma del Código Penal y en una Ley Mordaza que legislan retrocediendo en muchas de nuestras victorias de derechos y libertades alcanzadas, restringiéndolos de una manera absoluta a través de un sistema punitivo donde además quien sanciona es parte. Auténtica locura jurídica.

Y yo me pregunto, ¿dónde estamos después de dos años y medio? Pues estamos con más de 34.000 sanciones que obedecen a conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información y donde el concepto de resistencia y desobediencia es utilizado en manifestaciones donde no ha existido ningún atisbo de violencia.

Donde las más de 19.500 sanciones por las faltas de respeto a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad están amparadas por la capacidad de discrecionalidad del agente pues es éste quien decide si nuestro comportamiento puede considerarse bajo tal consideración. Retorcido sistema donde el Juez y una de las partes es la misma: el Gobierno. Escandaloso el que lleven recaudados sólo por esta sanción más de Tres Millones de Euros.

Alarmante porque seguimos sin casa, sin sanidad, sin educación, sin poder expresarnos libremente en un contexto de desesperanza social donde además la corrupción se ha instaurado y campa a sus anchas; conscientes de que las movilizaciones tendrían que ser la fuerza iniciadora de un cambio colectivo y cohesionado.

Y esperando ese cambio, las movilizaciones han disminuido, consiguiendo el Estado “amordazar” a mucha más gente de la que se ha multado pues frente a las 37.861 de 2014, se pasó a 28.890 en 2.016 y mucho me temo que este año,  a falta de datos, no haya mejorado la cifra o de hacerlo, mínimamente.

Pero yo sigo pensando en los cambios y en trabajar por ello y en que va a resultar duro… ya lo era antes, pero sonreímos en la Puerta del Sol.

Eduardo Galeano decía que “La justicia es como las serpientes, que solo muerde a quien va descalzo”

Yo sueño con un mundo donde realmente los descalzos sean los corruptos, los que nos han llevado a esta situación y siguen sonriendo con todo el descaro y la soberbia del poder. Y sigo soñando y creyendo en un mundo donde seguridad ciudadana sea un término amable y no algo que cuando se pronuncia genera una mirada de desconfianza y dolor.

Donde seguridad ciudadana sea el derecho a que todos tengamos una vivienda; a que podamos debatir libremente y expresar nuestra opinión sin que nadie calle nuestras voces.

Donde el término seguridad ciudadana permita construir una sanidad pública de acceso libre y universal para todos y todas y una educación pública y de calidad.

Una seguridad ciudadana que colabore para que el acceso a la justicia se haga en condiciones dignas y solventes

Como mujer, como madre, como abogada y como activista, esta es mi seguridad ciudadana.

Solo desde la lucha se hace justicia.

Es cuestión de tiempo.

¡Seguimos!

Miércoles, 14 de Febrero de 2018

 

Begoña Marugán Pintos

Profesora de  Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid y Adjunta a la Secretaría de las Mujeres de la FSC CCOO

 

 

La situación de las mujeres más que de seguridad se caracteriza por la falta de la misma. Los datos sobre la violencia de género son implacables a este respecto. El número de víctimas mortales entre los años 2003 y 2017 ha sido de 923. Sólo el último año 49 mujeres y 9 menores fueron asesinados por sus parejas/ exparejas y padres. El asesinato es la expresión más brutal y visible de la violencia de género, pero además de ésta hay otras expresiones de la misma que permanecen ocultas. Según la última Macroencuesta sobre violencia de género (2015) el 12,5% de las mujeres de 16 o más años residentes en España han sufrido violencia física y/o violencia sexual de sus parejas o exparejas en algún momento se la relación. Cifra que obviamente disminuye (al 2,9%) cuando se trata de dimensionar el número de mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual de su pareja actual. Por tanto, las 140.000 denuncias anuales están lejos de perseguir toda la violencia física y sexual que padecen las mujeres.

Por otra parte, y a pesar de que las denuncias se presentan como solución, un 36,4% de las mujeres asesinadas en 2016 habían denunciado a su agresor e incluso 6 de las 44 víctimas mortales contaban con medidas de protección en vigor (Boletín Estadístico Anual, 2016). Unas medidas que a pesar de no ser infalibles protegen a las  mujeres y que cada vez  se dan en menor proporción. En 2016 un 40% de las solicitudes de órdenes de protección fueron denegadas (Consejo General del Poder Judicial, 2017).

Esta perspectiva aumenta la situación de vulnerabilidad de las mujeres cuando la Unidad Familia Mujer (UFAM) de la policía nacional a nivel periférico no ofrece asistencia las 24 horas. En horario nocturno y festivo las víctimas son derivadas a Oficinas de Atención al Ciudadano, atendidas por personal no especializado. Por otra parte, las y los policías encargados del seguimiento y protección de las víctimas tienen un excesivo número de casos asignados, llegando a quintuplicar los aconsejados. La escasez de personal en la Policía Nacional aún es mayor en la Guardia Civil.

A la esta falta de medios personales hay que añadir la escasez de medios materiales, que impiden, tal y como demandan los distintos protocolos por su valor en sede judicial, efectuar reportajes fotográficos e inspecciones técnico policiales, tanto a las víctimas como al lugar de los hechos.

Por otra parte, tal y como se menciona en el Informe sobre la Violencia de Género de la FSC CCOO (2015:6), pese a que el  Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, y el Protocolo de actuación y coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y abogados y abogadas ante la violencia de género, establecen que “el abogado o abogada de guardia deberá estar localizable en todo momento, en la forma y condiciones establecidas por cada colegio, garantizando la asistencia letrada inmediata a la víctima”, se obvia en muchos casos tal inmediatez, llegando a aducir cuestiones económicas, posponiendo la entrevista con la víctima a minutos antes de su declaración en sede judicial.

Y todo ello sin mencionar que el sistema de protección policial se establece a través del conocido popularmente como VioGen, un sistema informático para la Valoración de Riesgo Policial (VPR) y las posteriores evaluaciones de seguimiento (VPER). Lo que no deja de ser una fría herramienta informática que determina el nivel de protección de las víctimas y en el cual  sólo 714 de las personas que han denunciado están en riesgo alto y 53 en riesgo extremo. Esto, al margen de la idoneidad o falta de la misma del sistema, tiene una estrecha relación con el número de policías existentes. Existe un problema de falta de recursos porque cada mujer calificada en situación de riesgo extremo precisa 6 personas para su vigilancia y en este momento – debido a los recortes en las Administraciones públicas- no se dispone del número de policías suficientes para realizar esta labor.

Las mujeres no se sienten seguras y tienen miedo en muchas ocasiones aunque no necesitan para ello haber sufrido una agresión. Se les educa en la prevención de.., en el temor a …, en la sanción y la culpabilidad si les pasa algo, en agitar la provocación. Por contra, muy pocas veces se manejan y difunden mensajes hacia los que deben evitar hacer daño, causar miedo, agredir, violar, insultar, menospreciar y no respetar a las mujeres.  Hay demasiados hombres que no aman a las mujeres y unos poderes públicos que parece que tampoco.

Las mujeres no se pueden estar seguras cuando observan como una Ley aprobado por toda la Cámara Baja no acaba de implantarse y no se ponen medios estatales para erradicar este delito. No sólo se han recortado las partidas presupuestarias  y en la actualidad son menores que en 2008, sino que han desaparecido servicios esenciales como determinados puntos de encuentro familiar y se han limitado los servicios de información y atención de los ayuntamientos con la de reforma de la Administración local.

Ante esta violencia inadmisible y continuada en el tiempo las feministas se unieron para reclamar la implicación estatal para evitar los asesinato de las mujeres y los/as menores a manos de sus parejas y padres. La presión popular consiguió que se elaborara y se aprobara – no por todos los partido- en el Congreso un Pacto de Estado el 28 de septiembre de 2017. Sin embargo, en febrero de 2018, en un estado de emergencia social frente a la violencia contra las mujeres, aún no se ha puesto ninguna de las medidas en marcha.

Miércoles, 14 de Febrero de 2018

 

Ángel Moreno

Secretaria de Salud Laboral de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO

 

 

La definición del concepto de Estado ha sido una constante dentro de las ciencias sociales y requiere un análisis más exhaustivo que desborda los objetivos de este artículo, sin embargo, sí que parece necesario fijar una concepción previa que nos sirva para sustanciar el desarrollo posterior de las reflexiones que vamos a desarrollar durante nuestra exposición. Desde una tradición política marxista, el Estado es un sistema de dominación de clase, es una relación social que recoge y articula todos los conflictos de clase y que a su vez está compuesta por múltiples instituciones, como el aparato de seguridad del Estado, el poder judicial, el parlamento, el poder económico, la administración, etc.

Dentro de esa multiplicidad de instituciones adquiere un valor predominante el aparato coercitivo del Estado o el aparato de seguridad, que será el objeto de interés en este artículo.

El debate sobre el aparato coercitivo del estado y el propio modelo de seguridad es un debate inherente a las diferentes concepciones políticas. En las democracias complejas el aparato coercitivo y por tanto la política de seguridad está sometida al Parlamento que es quien legisla y en consonancia con ello es un poder colectivo delegado por las ciudadanos y ciudadanas, con el objetivo de garantizar la libertad y la ley. En otros regímenes políticos no democráticos, el aparato coercitivo o de seguridad del Estado, es un elemento de control social y por tanto la seguridad se convierte en un instrumento para someter al conjunto de las instituciones del Estado a unos intereses de clase determinados.

La calidad democrática de un país viene determinada por su modelo de seguridad pública. El principio de autoridad y por lo tanto la ejecución de la capacidad coercitiva debe pertenecer exclusivamente al conjunto de la ciudadanía a través de sus instituciones legitimas de gobierno, fruto de una delegación colectiva y debe servir por tanto para garantizar a esa colectividad los derechos humanos.

Otro aspecto a reseñar en este debate, es la mercantilización de la seguridad pública a través de la privatización de diferentes partes del aparato coercitivo del Estado, hablaríamos de la vigilancia privada, la privatización de las prisiones, los ejércitos privados, etc en aras de una supuesta rentabilidad o eficacia que por supuesto carece de cualquier análisis objetivo que lo corrobore.

Empezando por la segunda de las ideas señaladas, la mercantilización de la seguridad pública del estado. Debemos resaltar en primer lugar el papel de lobby que ejerce la patronal de la seguridad privada, con profundas conexiones con el poder económico y político de nuestro país.

Los enormes intereses que giran en torno a la economía de la seguridad, tienen una consecuencia de extrema gravedad en cuanto al propio fin de la misma, si convertimos la seguridad pública en un nicho más de mercado ponemos en peligro el principio de sometimiento de la seguridad a la democracia. Cuanto más entran en juego los criterios de mercado en la seguridad pública de nuestro país y más afecta a sus elementos coercitivos más se tambalea el Estado social y de derecho.

Dos han sido las ideas que se han venido manejando por parte del sector de la seguridad privada para construir un relato favorable a sus intereses, por un lado, la necesidad de colaboración público-privada mejora la eficiencia y rebaja los costes (eufemismos que viene a endulzar el concepto de privatización de lo público), cuestión que carece de ningún análisis serio que lo sustente.

La realidad parece otra, estudios nada sospechosos de estar sesgados hacia las posiciones de defensa de los servicios públicos, y que nosotros sostenemos, ponen en cuestión la afirmación economicista de menor coste para los ciudadanos de estos servicios prestados privadamente. Por ejemplo, The United States Bureau of Justice Statistics afirma que el ahorro de costes que prometen las prisiones privadas “simplemente no se han materializado.”, o un estudio  sobre las prisiones privadas en el Estado de Arizona en el año 2010 (uno  de los paradigmas de la privatización) señala cómo son un 15% más caras que las públicas, a pesar de que no admiten los presos más costosos (presos más violentos, con patologías severas crónicas, o con delitos más graves). Por otro lado, la supervivencia del sector y del empleo, vinculado a él, requiere el desarrollo de nuevas actividades profesionales. Dentro de esta segunda idea podemos incluir el intento del Ministerio de Interior de justificar la privatización de la seguridad exterior de los Centros Penitenciarios, para recolocar a los escoltas de Euskadi por los servicios prestados. La realidad en este caso también se encargó de señalar que el objetivo de privatizar la seguridad exterior de las prisiones era otro, ya que las empresas de seguridad privada apenas contrataron escoltas.

La capacidad de influir del lobby de la seguridad privada tuvo uno de sus hitos en la actual ley de vigilancia privada. La Ley de Vigilancia Privada del año 2014 abre enormes espacios de la seguridad pública a la privatización y viene a ampliar desaforadamente el espectro de competencias de la antigua Ley de Seguridad Privada de 1992. En ese sentido hacemos mención al art. 41, que viene a desarrollar aquellos servicios de vigilancia y protección que pueden ser desempeñados por vigilantes privados. Este artículo contiene una amplia gama de competencias que permiten privatizar enormes espacios de la seguridad pública. Así, en su apartado 3.d), establece La participación de la vigilancia privada en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. Estas funciones, como refiere el enunciado del articulado, se harán bajo las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con la redacción de este párrafo se establece una cláusula abierta que nos lleva a afirmar, sin ambages, que toda la seguridad pública es susceptible de privatizar. En ese mismo artículo se recoge la posibilidad de que la seguridad perimetral de los centros penitenciarios sea desarrollada por la seguridad privada, lo que supone el inicio de la privatización de Instituciones Penitenciarias.

Tras esta política de privatización de la seguridad nos encontramos con los grandes emporios económicos de seguridad que han impregnado nuestra realidad capitalista, donde los intereses de seguridad acaban de configurar escenarios de conflictos que desembocan en la construcción de un imperio del sufrimiento con múltiples tentáculos. Sírvanos de ejemplo más paradigmático la enorme influencia de la seguridad en EEUU y sus implicaciones sobre la geopolítica mundial.

Una vez hecho un primer esbozo sobre los intereses para mercantilizar la seguridad como nicho de negocio, retomamos nuestro primer planteamiento de la seguridad pública como instrumento para el control social. En nuestro país el actual Gobierno ha diseñado una arquitectura normativa del miedo, donde a través de dos normas de especial relevancia introduce un sesgo de clase y de control social.

La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y Ley Orgánica 1/2015, que modifica el Código Penal, acotan los espacios de protesta para amordazar el desencuentro entre las políticas de desmantelamiento del Estado del bienestar y el conflicto social. Es, en este espacio, donde se encuentran más coartadas las actividades propias del sindicalismo de clase y confederal de CCOO. El Gobierno por tanto introduce elementos normativos para detener la lucha de clases.

Ley Orgánica 1/2015, que modifica el Código Penal, no ha derogado el art. 315.3 que regula el delito de coacción a la huelga, delito que se está consolidando en el seno de nuestra justicia penal con el inestimable auxilio de una actitud beligerante por parte del Ministerio Fiscal, y que constituye un ejemplo más de criminalizar la protesta, que de no atajarse podría acabar con buena parte de la virtualidad del derecho de huelga. El actual Código Penal sigue manteniendo penas de hasta tres años por la coacción a la huelga. Tenemos que señalar que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha declarado que “cualquier sanción impuesta por actividades ilegítimas relacionadas con huelgas debería ser proporcional al delito o falta cometida, y las autoridades deberían excluir el recurso a medidas de encarcelamiento contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica”. En consecuencia, obliga a los tribunales penales, cuando enjuicien casos en virtud de la presunta comisión del delito de coacción a la huelga, a hacer una interpretación de éste delito compatible con dicha doctrina del Derecho internacional de los derechos humanos.

El actual Código Penal también viene a aumentar el reproche penal sobre delitos relacionados con el orden socioeconómico, castigando con mayores penas el hurto, incluso posibilitando que se puedan reprender con penas privativas de libertad lo que anteriormente eran faltas. Estamos, sin duda, ante lo que podemos considerar una criminalización de la pobreza.

Igualmente de preocupante es la nueva redacción dada a los delitos contra el orden público, donde también se aumenta el reproche penal y se establecen circunstancias agravantes directamente dirigidas a criminalizar la protesta, como es el incluir como agravante en los delitos de alteración de la paz publica el que los hechos causantes se produzcan en manifestaciones.

Por otro lado, podemos destacar, que se regula como sujeto pasivo del delito de atentados y desobediencia pasiva a la vigilancia privada, lo que nos lleva a inducir la intención de utilizar a las trabajadoras y los trabajadores privados para funciones de seguridad pública en aquellos aspectos esenciales en un Estado de derecho como la libertad de expresión y manifestación.

Por todo ello, el Código Penal ha venido a convertirse en un instrumento de clase con unos objetivos claros de criminalización de la protesta y la pobreza, interviniendo como una herramienta más de las clases dominantes en el conflicto de clase en el que estamos inmersos.

El segundo parámetro de esta ecuación, la que hemos querido definir como  la arquitectura del miedo, es la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Esta ley, conocida como la ley mordaza, se manifiesta como tal en la exhaustiva regulación de las infracciones. Nos encontramos con apartados dedicados exclusivamente a la protesta, recogiendo aspectos como la negativa a identificarse, las protestas anti-desahucios, las protestas de yayoflautas en bancos, cuestiones que se abordan desde la subjetividad y la indefensión para los ciudadanos y ciudadanas que ejerzan su derecho legítimo a la defensa. Todas estas conductas, que están calificadas como faltas graves, pueden ir sancionadas económicamente desde los 601 euros a los 30.000.

La cuestión parece clara, a la protesta o se la calla mediante cárcel o mediante multas. Si los trabajadores y trabajadoras y los ciudadanos en general quieren ejercer su derecho legítimo a la protesta pueden enfrentarse a la cárcel o al expolio económico.

Una vez analizada como se esta configurando la seguridad pública en nuestro país y como la normativa va construyendo un escenario reaccionario con una alta implicación en el proceso de lucha de clases, nos podemos encontrar con un futuro donde la protesta y la pobreza no sólo sea reprimida con los instrumentos penales creados al efecto, sino que también sea combatida con ejércitos de vigilancia privada sometidos a la precariedad y bajo los intereses concretos del poder económico de este país.

No se trata de un relato distópico sino de la realidad que se está construyendo en nuestro país, inmerso en un proceso de desmantelamiento democrático que avanza a pasos agigantados y que tiene todos los visos de consolidarse.

Y es este contexto socio político y en esta realidad de deterioro democrático donde debemos situar el actual servicio público de prisiones. Si hay algún espacio coercitivo que requiere una especial sensibilidad son las prisiones de un país, si hay alguna parte del estado donde las tendencias economicistas deberían estar menos presentes es en los centros penitenciarios.

La calidad de la democracia de un país se mide por las características de su sistema penitenciario, por las condiciones objetivas de las personas privadas de libertad. En nuestro país el marco constitucional y normativo es claro la pena privativa de libertad está orientada a la reinserción de las penas privadas de libertad. Fruto de ese mandato legal y constitucional deberían articularse todos los medios necesarios en un Estado para la consecución de dichos objetivos.

Sobra decir el coste económico que tiene el delito sobre el conjunto de un estado, con todo un aparato coercitivo configurado en torno a él, pero tampoco debemos olvidarnos del peso social que conlleva el delito, el delito tiene una enorme relevancia en la construcción de un tejido social y no repercute sólo sobre la victima sino sobre la configuración socio político donde se desarrolla.

Tampoco queremos huir de debates criminológicos como el del sentido de la pena y del propio sistema penitenciario, que nos llevarían a reflexiones sobre la existencia o no de centros penitenciarios, el de las cárceles  como reflejo de los fracasos como sociedad y la necesidad de impulsar las medidas alternativas a la prisión, debates siempre presentes cuando se aborda la concepción penitenciaria , pero que no son objeto de este análisis donde queremos desgranar el modelo penitenciario como parte de la seguridad del estado.

Partimos de la premisa de que la única garantía para que el sistema penitenciario cumpla los mandatos legales es que las prisiones sean un servicio público más. Y no sólo está en juego el carácter reinsertador del sistema penitenciario sino las propias condiciones objetivas de las personas privadas de libertad, es decir los propios derechos humanos que no se pierden con la imposición de una pena privativa de libertad. Esta conclusión no sólo es una posición ideológica sino que parte del análisis de otras realidades penitenciarias con un carácter privado.

Nos vamos a parar durante las próximas líneas en el sistema penitenciario de EEUU, el mayor paradigma de privatización. Estados Unidos tiene la mayor tasa de encarcelamiento en el mundo. Esta tasa casi se ha cuadruplicado desde 1980 pese a la disminución del índice de delincuencia. En 1980 la tasa fue de 221 por cada 100.000 residentes. Hoy la tasa es 716 presos por cada 100.000. El número de presos federales de los EE.UU. ha aumentado en un 790% desde 1980. Para poner la cuestión en perspectiva,  EE.UU. tiene 700.000 más presos que China, aunque China tiene cuatro veces más población.

El inicio de la privatización se inició con el mandado de Reagan, experimentó un crecimiento tímido pero real en los ocho años que siguieron, fue aumentando algo más decididamente en el mandato de Bush y experimentó un impulso decisivo al entrar a cotizarse en Wall Street, durante el período de Clinton. En 2003 eran ya 100 con 62.000 plazas , en 2005 se acercaban a las 500.000 plazas y actualmente superan el millón de plazas.

La industria de los presidios es, sin duda, uno de los sectores económicos con mayor expansión y mejores perspectivas para la inversión privada: En torno a este negocio ha aparecido una pujante industria periférica: las empresas especializadas en la construcción de prisiones, las empresas que comercializan los bienes consumidos en las prisiones, las empresas de mantenimiento de prisiones, las empresas de vigilancia privada, las empresas que utilizan el trabajo de las personas internas etc.

Algunos sectores apuestan claramente por la introducción de sus negocios en las prisiones. Así, por ejemplo, la totalidad de todos los cascos militares, correajes, chalecos blindados, tarjetas de identificación camisas, pantalones, y demás material para la intendencia militar, se fabrican en las cárceles privadas, evidenciando una alianza entre el complejo militar-industrial y el penitenciario. Otras cifras son, así mismo, espectaculares: en el interior de las prisiones privadas se fabrica ya hoy el 93% de las pinturas y pinceles de los pintores, el 92% de todos los elementos de mobiliario de cocina, el 36% de todos los utensilios caseros, 30% de los audífonos y altavoces, el 21% de todos los muebles para oficina.

Varias son las consecuencias del sistema penitenciario de EEUU, un sistema deshumanizado donde prima el beneficio de las empresas que invierten en el sistema frente a la reinserción, un desmesurado numero de conflictos en las prisiones, la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con un sistema que requiere de normas penales muy duras para favorecer el engranaje del modelo y las plusvalías que genera.

En definitiva, el modelo semiprivatizado de EEUU no garantiza los derechos humanos de las personas privadas de libertad y es un negocio sometido a las presiones de los diferentes lobbys que sobre él actúan.

Desde nuestra perspectiva político sindical la apuesta debe ser exclusivamente por una gestión pública del sistema penitenciario en todos sus aspectos de la seguridad, como única garantía de los derechos humanos y de nuestro marco normativo penitenciario.

En esa dirección debemos señalar que la máxima salvaguarda para que los servicios públicos ligados a la seguridad sean públicos, es que estén desempeñados por empleadas y empleados públicos.

Resulta difícil de articular qué aspectos básicos de la seguridad del Estado puedan estar desempeñados por trabajadoras y trabajadores privados, sometidos a las tensiones del mercado de trabajo, al chantaje de la precariedad y dentro de grandes holdings empresariales, verdaderos ostentadores del poder real del Estado.

Las trabajadoras y los trabajadores públicos penitenciarios obtienen su trabajo a través de procesos selectivos públicos que garantizan el mérito, la capacidad y la estabilidad del puesto de trabajo. Y esta estabilidad e independencia supone el mejor aval para el desempeño de sus funciones de acuerdo con la ley, sin estar sometidos a criterios economicistas

Muchos de los peligros de la privatización están empezando a conformar nuestro servicio público de prisiones, el trabajo y explotación de las personas privadas de libertad, el inicio de los procesos de privatización de la seguridad exterior, la consolidación de los procesos de la externalización de servicios como el mantenimiento o la limpieza, el deterioro del empleo público y de las condiciones de trabajo en prisiones.

Por ello, como sindicato de clase nuestra posición debe ser la defensa de un modelo público de prisiones con empleadas y empleados públicos, como apuesta estratégica dentro de una concepción pública de la seguridad.

Miércoles, 14 de Febrero de 2018

 

Pau González

Educador y criminólogo

 

 

Quien haya leído con ojos críticos la interesante novela de Joël Dicker, El libro de los Baltimore, habrá observado una constante en la rama acomodada de la familia. Viven rodeados de seguridad privada. Las visitas son custodiadas hasta la entrada de su mansión, incluidas las familiares, y al chaval protagonista le gustaría que le identificaran como miembro de esa élite próspera y protegida. Los vigilantes nunca entran en ese juego. Si nos preguntáramos porqué no se le reconoce ese parentesco al joven Goldman, la respuesta sería tan sencilla como evidente: él no les paga.

En las últimas décadas se ha vivido una transformación silenciosa pero imparable de la mano de la ola liberalizadora: la privatización del espacio público. Y esa realidad existe en nuestro país. Zonas residenciales a las que no se puede acceder si no eres residente o invitado; zonas comerciales urbanas con vigilancia privada en sus calles, seguridad privada en los transportes públicos, empresas de seguridad que instalan cámaras en recintos que protegen y así un incesante goteo de medidas que tienen en común el binomio riqueza y seguridad. Hasta el punto que al ciudadano común le parece normal esta asociación.

Pero ¿donde queda la seguridad de ese ciudadano? ¿Dónde encontramos la seguridad ciudadana? ¿Qué han hecho los poderes públicos para favorecer esa seguridad? Las respuestas pueden ser controvertidas. La seguridad es un valor y como ciudadanos tenemos derecho a ella, de hecho la pagamos con nuestros impuestos, unos 240.000 sueldos públicos en todo el Estado.

El concepto y la función policial han evolucionado de una faceta represora en la dictadura y la Transición, garantes del orden público, a un rol protector de los derechos y libertades de la ciudadanía. Pero la percepción por los contribuyentes ha variado según el momento y muy asociada a la gestión política y la evolución de la crisis sistémica de la última década. La instrumentalización política ha perjudicado la función policial, mientras se  reforzaba el negocio de la seguridad privada de bajo coste. Sólo la más inocente de las criaturas no vería una relación entre ambas realidades.

Si la seguridad es un problema de percepción política, ¿qué modelo ha presentado la izquierda? La respuesta es ninguno, porque debe reformular su discurso de manera fáctica, desde la realidad. Somos un país con mucha policía, muy por encima de la media europea, con una cifra similar a Alemania para una población que casi nos duplica. Pero nuestro modelo es absolutamente descentralizado y descoordinado, tampoco ayuda la dispersión territorial. En las últimas décadas del siglo XX un gobierno municipal que pretendiera ganar las elecciones, impulsaba su policía municipal, aunque no la necesitase. Hoy en día varias comunidades autónomas estudian crear sus policías autonómicas, aunque no la necesitan. El cuestión está en qué modelo policial necesita este país, y que podemos aportar desde una visión progresista y experta. Resulta curiosa la asociación de ambos calificativos porque la derecha asocia una visión romántica e ilusa de la realidad al concepto de seguridad que esgrime la izquierda, y en gran medida le ha ido muy bien. Y la izquierda le reprocha la asociación represión y control con la derecha y acierta.

CCOO lideró a inicios de la década pasada las propuestas de coordinación policial a nivel estatal, y se publicaron interesantes conclusiones. Desgraciadamente pocas se han llevado a la práctica. El gestor político tiene otras prioridades. Pero el debate es inaplazable. Miles de policías están a las puertas de la jubilación y no hay relevo previsto. ¿Será la antesala a la mayor privatización de seguridad ciudadana de nuestro país? Esperemos que no.

Encontraremos dos niveles de intervención muy diferenciados, uno asociado a la proximidad, la prevención, el liderazgo social y la mediación comunitaria, donde las policías locales deben ejercer un papel abanderado por el conocimiento que tienen del terreno y su realidad social.

A un nivel estatal, federal si se prefiere, hay dos líneas de trabajo inaplazables. La primera la creación de una verdadera policía judicial. Son dos los artículos que hablan de policía en la Constitución, sea incluso con el largo eufemismo de fuerzas y cuerpos de seguridad. El art. 104,dentro de la Administración y bajo la dependencia del Gobierno y en el art. 126 dentro del título del Poder judicial, único Poder llamado como tal. Dos grandes polos siempre en liza, prevención y represión del delito. Los jueces y Tribunales deben contar entre sus órganos auxiliares, como ha pasado con los forenses, con policías expertos en investigaciones. Sólo así hablaremos de un poder judicial independente y haremos posible una efectiva y rápida lucha contra la corrupción.

Y por otra parte, desarrollar una política de seguridad efectiva en la lucha contra el crimen organizado. Donde van a ser las unidades especializadas de los cuerpos estatales quienes van a desempeñar esa función, y donde se incluyan acciones contra el fraude, la corrupción, los paraísos fiscales, el blanqueo de capitales o la adulteración de la libre competencia. En esta línea, el BOE del 21 de diciembre de 2017 publica la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 e identifica como principales amenazas los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado. La incidencia de la gran criminalidad afecta al ciudadano de a pie más de lo que se imagina, porque alcanza a los poderes públicos y destruye la gobernanza económica, además de dinamitar la convivencia social. Y quien tenga dudas que le pregunte a los vecinos de las ciudades donde han de luchar contra los narcopisos, o la trata de mujeres para su explotación sexual delante de sus casas.

Y para concluir, la izquierda puede aportar un valor singular, la cultura de la legalidad y la cooperación. Pilares de la seguridad y patrimonio de las fuerzas progresistas, que incluyen una perspectiva del desarrollo socioeconómico inclusivo, colaborando con el tejido social en la lucha contra la criminalidad, y la implantación de auditorias sociales de seguridad y rendición de cuentas de servicio público. Teniendo siempre presente la sensibilización y diferenciación en la atención a mujeres, menores y minorías como colectivos potencialmente vulnerables.

Miércoles, 14 de Febrero de 2018

 

 

Marta Reina

Coordinadora del círculo de Políticas de Seguridad

Podemos Catalunya

 

 Cuando la política se convierte en parte de tu vida, y es un asunto no solamente laboral, si no también personal, entiendes que son numerosos los factores que día a día se van potenciando, y más cuando tu perspectiva política es comunista.

Desde el año 2011 en que, sin poder estar en la famosa plaza de Catalunya con el 15M, pero si apoyando y siguiéndola, y desde el 16 de enero de 2014 que se funda PODEMOS hasta hoy, puedo decir que cada día que pasa creo más en la gestión política de PODEMOS para dar un giro a las políticas de este país. La corrupción, la mala gestión política en todas sus facetas y una casta política que cree que el congreso de los diputados es su casa y el “aquí mando yo”, hace que veas que este país necesita un cambio político para dar la vuelta a todo un sistema podrido.

Pero ser Policía y contribuir con una política de seguridad como digo comunista, no es nada fácil, y te asombras al ver y observar que la Policía está olvidada de los programas electorales y más aun de sus cargos políticos. Es por eso que decido entrar en PODEMOS y ayudar a dar un empuje a estas políticas, ya que tan importante son las demás secretarias como la de interior o seguridad.

Al frente del Circulo de políticas de Seguridad en Catalunya, estoy muy orgullosa de estar en PODEMOS y poder contribuir en este tipo de políticas, necesarias y útiles para nuestra sociedad.

Cuando hablamos de la policía, a la mayoría de la población le viene a la cabeza orden público, aquellos policías de dos metros que van con ropa militar y disparan pelotas de goma, que, por lo general son los peores mirados, ya que estamos acostumbrados a verlos en manifestaciones donde habitualmente la sociedad se manifiesta para reclamar sus derechos. Es por ello que es complicado tener una visión positiva de la policía en las políticas de izquierda. De hecho, ya hemos visto en alguna ocasión que lo más habitual es cuando se llega a un cargo político, es reducir o eliminar a las unidades de intervención, lo vimos en Barcelona con Ada Colau, retirar la UNOC era uno de sus objetivos.

Sin duda alguna la policía es muy necesaria en nuestra sociedad y más en un mundo globalizado donde son numerosos los delitos que traspasan nuestras fronteras, por citar algunos: Tráfico de seres humanos, Terrorismo. Estos serían los dos más actuales, pero ni mucho menos los más importantes. Realmente nos acordamos de la policía cuando la necesitamos y no reconocemos el trabajo que día a día realiza por medio de las tantas unidades que dispone una institución como la policía.

Pero muy diferente es, cuando hablamos de la policía a nivel político, la mayoría soplamos y pensamos que lo mejor que nos puede pasar, es que siempre tengamos que elogiar las actuaciones de la policía, más que tener que salir en medios de comunicación a dar explicaciones por alguna mala praxis. Pero esto ha de cambiar las malas praxis o los policías corruptos o simplemente aquellos que no cumplan con su deber deben ser sancionados como cualquier ciudadano, y no por el mero hecho de ser funcionarios de policía deben tener ningún privilegio.

Las políticas de seguridad están olvidadas en la gran mayoría de los partidos políticos, que en sus programas tanto municipales como autonómicos y estatales son deficitarios, pobres y de escaso contenido sobre todo en formaciones de izquierda donde realmente la policía nunca ha estado bien vista.

Cabe destacar que los partidos políticos de derechas, la policía es para ellos una estructura beneficiosa más que un dolor de cabeza. En un país donde la separación de poderes existe a medias tintas, la policía se convierte en una herramienta fácil de manipular mediante la cadena de mando que está más en contacto con el gobierno. Justamente ahí es donde la gran mayoría de casos de corrupción se han dado.  Las cloacas del estado es un video donde se puede observar el grado de implicación de jefes de policía y el ministro del interior Jorge Fernández Díaz.

La ley orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la que aún manteniendo que la seguridad pública es competencia exclusiva del estado, añade que las comunidades autónomas y las corporaciones locales a través de sus propios cuerpos de seguridad, participarán en el mantenimiento de la seguridad pública.

Por tanto, será el resto de ordenamiento jurídico, bien estatutos de autonomía o reformas en la ley la que irá mejorando el modelo.

Un tercer bloque que creo es muy importante citar en este sistema tridimensional es la coordinación del CNI y servicio de vigilancia Aduanera.

Sin embargo, tres comunidades autónomas Catalunya (Mossos d’Esquadra) País Vasco (Ertzaintza) y Navarra (Policía Foral) han logrado dicha competencia implantando cuerpos policiales propios e integrales. Canarias y Galicia han creado su propio cuerpo, pero sin todas las competencias transferidas una y aun sin plantilla la otra.

A todo esto, destacar que en la LOFCS existen los mecanismos de cooperación política mediante el Consejo de política de seguridad y la junta local de seguridad respectivamente, en los tres ámbitos (Estatal, autonómico local) pero todos ellos han y continúan fracasando en sus competencias, por la inexistencia de canales operativos permanentes, no hay mecanismos de coordinación operativa.

Por lo tanto, uno de los grandes problemas del modelo policial español es la ausencia de estructuras interpolaciones de coordinación operativa.

Por otro lado, cabe destacar que el modelo policial español, es un modelo que está contando con numerosos problemas de cooperación internacional a nivel autonómico, esto repercute en las investigaciones sobre delitos transnacionales que requieren una rápida y efectiva respuesta policial. En numerosos casos estos canales tienen unos filtros muy lentos y dificultosos para las policías autonómicas y evidentemente para las policías locales.

El sistema actual español es el más caro de la unión europea, pero paradójicamente sus miembros perciben los salarios bajos. Además, podemos añadir que está plagado de ineficiencias y desequilibrios estructurales, de esta manera lo importante es tener el control y la seguridad de que la policía está controlada para proteger a los gobiernos en todas sus facetas.

La mayoría de analistas coinciden en que nuestro modelo policial no reúne los mínimos exigibles en un sistema donde actúan diversos cuerpos policiales. En relación a este punto no existe una lógica ni en la estructura ni en las competencias de los distintos cuerpos policiales que conforman el modelo español.

Además, España mantiene la cifra más alta de funcionarios policiales de toda Europa siendo la ratio en diciembre del 2012 del 5,3; en el caso de los países de la eurozona la ratio europea seria 3,62. Sería inviable tener que reducir plantillas, pero no sería descabellante abrir canales de inspección para controlar de manera exhaustiva la plantilla que presta sus servicios en oficinas o en seguridad de edificios.

La policía ha de encargarse de la seguridad ciudadana y de la investigación de delitos, en numerosas ocasiones estas unidades que requieren una especialización se ven disminuidas sobre todo en policías autonómicas y en muchas ocasiones se solapan las investigaciones con otros cuerpos policiales. La cooperación entre cuerpos policiales es el gran problema en la mayoría de los casos.

La coordinación entre ellos tiene todo tipo de carencias, la más notoria seria la unificación de las bases de datos siendo algo fundamental para combatir la criminalidad.

Las mejoras deben ser por ambas partes sistema policial y sistema judicial ya que la colaboración es importante en el ámbito de la investigación policial y judicial.

Cuando hablamos del sistema judicial, hay que hacer hincapié en la necesidad de reducir gastos con la presencia de policías en la vista judicial como testimonios y utilizar las vías telemáticas para la gran mayoría de actos judiciales, la presencia física de policías es un gasto económico que en muchos casos se puede reducir.

Sin duda alguna debemos plantearnos muy seriamente realizar un estudio a nivel estatal donde se mejoren estas estructuras policiales y se unifiquen las FFCCSS de tal manera que priorice la seguridad en todos sus conceptos antes que beneficio político.

En nuestro país la configuración debe ser y es a medias tintas un modelo de servicio público integral que incluye la realización de funciones preventivas como de investigación y restablecimiento de la seguridad, así como proteger el libre ejercicio de los derechos fundamentales  por parte de los ciudadanos, y que además involucra a la institución policial en el desarrollo de actividades de ayuda y satisfacción de las necesidades de la comunidad, que, sin tener un contenido estrictamente policial, sin embargo forma parte de la seguridad pública con la que los miembros de los cuerpos policiales están comprometidos.

Las relaciones con la comunidad son buenas y se realizan campañas de difusión y divulgación de la actuación de la policía con el fin de aumentar la valoración de los ciudadanos y su confianza en la institución, difundiendo una imagen de cercanía y disposición de servir a la sociedad, es decir, se trata de maximizar la percepción de la policía como un servicio público más de la comunidad.

Es el modelo típico de las democracias más avanzadas, y forma parte del llamado estado del bienestar, éste es el modelo español actual.

Sin duda alguna y para acabar, como bien digo, el modelo arriba citado, sería el modelo a seguir por nuestro país, pero se aleja mucho del actual, y retrocede debido a unas políticas de derechas haciendo que sea más un modelo autoritario que un modelo de servicio público, ya que confunde y altera las que deberían ser sus relaciones ordinarias con las instituciones al servicio de los ciudadanos.

Debemos trabajar por un futuro mejor y unas políticas de seguridad serias y bien gestionadas, donde la base sea la aplicación de los derechos humanos y el código ético policial, una policía modelo, donde la diversidad y la paridad sea el relejo de la sociedad actual.

Miércoles, 14 de Febrero de 2018