Presentación

Perspectiva nº 2:

 

Carolina Recio Cáceres

Profesora asociada Universitat Autònoma de Barcelona e investigadora del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)

 

Hace pocos meses fue noticia un pequeño altercado en el Centro de Servicios Sociales del barrio de Ciutat Meridiana, de la ciudad de Barcelona. Más allá del eco mediático y la criminalización del movimiento vecinal, aquel hecho puso de manifiesto lo que muchas veces desde los territorios, desde asociaciones de profesionales de los servicios sociales, y/o sectores vinculados a la investigación académica hacía años que denunciábamos: la necesidad de repensar el modelo de servicios sociales. En el año 2000 parecía que todo empezaba a moverse con la aprobación de la conocida Ley de Dependencia y la aprobación de la Ley de Servicios Sociales en Cataluña. Si bien esas dos normativas caminaban hacia una concepción universalista de los servicios sociales, pasados ​​los años se ha demostrado que no fueron un motor real de cambio, ya que en su redactado final y sobre todo, en su aplicación, no se rompía con un modelo de servicios sociales caracterizado por la escasez de recursos, la centralidad de las mujeres de las familias en las tareas de cuidado de las personas y la dependencia de entidades privadas para la gestión de los servicios.

En 2015, en un contexto de crisis, los déficits de los servicios sociales son mucho más evidentes. Cada vez hay más personas que viven en situación de emergencia social permanente y los servicios sociales deben atender a un abanico más amplio de problemáticas. Sin embargo, es necesario hacer una reflexión sobre los límites de los servicios sociales, unos límites que van mucho más allá de la falta de recursos y que tienen que ver con la concepción del propio modelo social. Un modelo todavía muy deudor del carácter familista de la sociedad española y enfocado hacia la individualización de las problemáticas.

La tradición de los servicios sociales

Los servicios sociales nunca estuvieron pensados ​​ni diseñados para ser uno de los grandes sistemas del estado del bienestar como la educación y la sanidad. Desde el feminismo se ha señalado que el cuidado cotidiano de las personas nunca formó parte de los pactos para la construcción de los sistemas de bienestar europeos. Los estados del bienestar y el pacto capital-trabajo se construyeron sobre la aceptación de la división sexual del trabajo. Décadas más tarde, con los cambios en los mercados de trabajo, las transformaciones de las estructuras familiares y el envejecimiento de la población, los servicios sociales han tenido que hacer frente a los cambios, ampliando y revisando los servicios y las prestaciones. Sin embargo, su desarrollo tardío coincidió en el tiempo con el avance de políticas neoliberales que apostaron por una consolidación de sistemas de servicios sociales no universalistas y por la privatización de la gestión de los servicios.

En España y Cataluña los servicios sociales se han definido tradicionalmente por su asistencialismo, que quiere decir que el acceso a los servicios no es universal, sino que sólo ciertos grupos pueden acceder a determinados servicios y prestaciones. Para acceder a ella hay que demostrar que se reúnen las condiciones para poder ser titular del servicio o de la prestación. Por tanto, existe una lógica de comprobación de medios, en el que continuamente tienes que demostrar que eres suficientemente pobre para poder tener una prestación. Este esquema tiene un impacto importante sobre los imaginarios de las personas hacia los servicios sociales. Entre aquellas personas que no son usuarias se instala un sentimiento de rechazo por tener que pagar, vía impuestos, por unos servicios que nunca podrán utilizar. Asimismo, hace que otras personas, ante el temor de ser controladas socialmente y la connotación negativa de los servicios, rehúyan de las ayudas, servicios y prestaciones. Ser pobre es un estigma, y ​​los servicios sociales son servicios para pobres. Por otra parte, cabe señalar que los servicios sociales vienen de una tradición familista del estado del bienestar. Este factor implica que generalmente los servicios y las formas de acceder continúan pensándose bajo el ideal “en casa y con la familia”, que quiere decir que prevalece la máxima de que la institución familiar es quien debe resolver las necesidades de atención a las personas. De nuevo esta tradición también forma parte de los imaginarios colectivos, tanto de usuarios como de las personas profesionales. Este aspecto es muy evidente en el ámbito de la dependencia, donde a menudo se han promocionado y proporcionado ayudas vinculadas al cuidado informal por delante de otras soluciones que rehúyen la centralidad de la familia en las tareas de cuidado, por ejemplo, soluciones residenciales de diferentes tipos. En este breve repaso histórico no hay que olvidar el papel central de la Iglesia católica en el proceso de construcción del sistema de servicios sociales español y catalán. De hecho, personas expertas en la historia de los servicios sociales señalan que Cáritas fue precursora de los servicios sociales en España; en 1957 la organización religiosa crea la Sección Social de Cáritas Nacional con la intención de superar “la acción benéfica” y sustituirla por “la acción social” – actividades técnicas de atención asistencial, organizaciones cooperativas, iniciativas de desarrollo social de grupos y promoción de equipamiento social de las comunidades. El papel central de la iglesia católica en la provisión de servicios también ayuda a entender la persistencia de un cierto carácter caritativo en la provisión de prestaciones y servicios sociales.

Finalmente, en este repaso de los elementos que definen la cultura de los servicios sociales no hay que perder de vista la historia propia en Cataluña y la contribución especial de los 23 años de gobierno pujolista para la construcción de un sistema residual, privatizado y defensor de la familia como eje vertebrador de la sociedad catalana. A modo de ejemplo, cabe recordar que la ley de servicios sociales del año 1994 fue la primera ley autonómica en dotar de un papel central a organizaciones privadas y de limitar la autonomía local en la prestación de servicios, dando más poder a los Consejos Comarcales. Como explica el sociólogo José Adelantado, los gobiernos de CiU contribuyeron a crear un modelo de servicios sociales “jerarquizado, reglamentarista, asistencialista y burocrático”.

¿En qué punto estamos?

Si hacemos caso a la historia y los rasgos que definen los servicios sociales, es más fácil entender las limitaciones que hoy en día tienen los servicios sociales para poder ofrecer servicios que procuren bienestar a la ciudadanía. Hay que situar la problemática histórica de los servicios sociales en un contexto de crisis económica caracterizado entre otras cosas por: el empeoramiento de las condiciones de trabajo avaladas por la aprobación de reformas laborales y el ataque contra los procesos de negociación colectiva , las políticas continuadas de recortes de los servicios públicos que han afectado tanto a usuarios como personas trabajadoras, el fin del modelo de crecimiento basado en la construcción y el impacto de políticas de vivienda que se han manifestado nefastas para la vida de las personas, etc. En definitiva, la promoción de políticas de austeridad está generando sociedades más desiguales donde se incrementan el número de personas que viven sin trabajo o con un trabajo precario con sueldos de miseria, con dificultades para mantener una vivienda, con dificultades para poder hacer frente a servicios básicos como es el suministro de agua, luz o gas. Todas estas cuestiones han puesto en evidencia todas las carencias que ya eran propias de servicios sociales y las han agravado, ya que además de tener que seguir atendiendo temas que les eran propios, ahora estando gestionando otras áreas que les son nuevas: ayudas para el comedor escolar que en teoría debería ser competencia de Educación, la gestión de aspectos de emergencia habitacional, competencia que correspondería a Vivienda, o ayudas alimentarias que tienen los bancos de alimentos como recurso básico, unas ayudas que tradicionalmente gestionaban autónomamente entidades sociales – principalmente órdenes religiosas – y que actualmente entran también dentro del circuito de servicios sociales. Sin olvidarnos de que el sistema asistencialista supone, además, un largo laberinto de informaciones confusas, trámites y gestiones farragosas que son necesarias para acceder a servicios y prestaciones. Asimismo, los recortes también han afectado a las personas trabajadoras de los servicios sociales, sobre todo con la falta de recursos personales suficientes y la sobrecarga de trabajo, y también la angustia personal que supone tener que hacer frente a un número elevado y disperso de problemáticas sin tener una buena dotación de recursos. Esta falta de recursos se traduce en un colapso de los servicios que retrasa la intervención y en una incapacidad de respuestas globales para hacer frente a las necesidades sociales. Todas estas cuestiones obligan a hacer reflexiones profundas y que deben ir más allá de la denuncia de la falta de recursos, ya que el problema de los servicios sociales es un problema de concepción de modelo de sociedad y de forma de pensar, diseñar e intervenir políticamente.

La individualización, el éxito personal y el ascenso social como perspectiva son hoy en día valores incuestionables. Valores reforzados por discursos sobre la excelencia y el valor del conocimiento y la calificación técnica, discursos aceptados y compartidos por amplias capas de la población. Sin duda, esto también está detrás del modelo de servicios sociales, de la concepción de persona usuaria y de su relación y uso de los servicios y prestaciones. El discurso, a menudo hegemónico, entiende que las ayudas sociales deben facilitar el diseño de estrategias individuales para salir de su situación de pobreza. Este posicionamiento no tiene suficientemente en cuenta el contexto en el que se vive y los recursos con los que se cuenta (culturales, simbólicos, económicos, etc.) para poder diseñar una estrategia satisfactoria. Esta concepción se fundamenta en el éxito individual, y olvida la vieja idea de la dignidad de la clase obrera; como bien explica Owen Jones en su libro sobre la demonización de la clase obrera en el Reino Unido, lo que se potencia y lo que se desea es dejar de ser clase obrera, serlo se criminaliza ya que, bajo el paradigma del éxito , implica que los individuos no se esfuerzan por mejorar su situación social. Una criminalización reforzada por estereotipos mediáticos muy potentes –  por ejemplo, la imagen de la “choni” o el “poligonera”, jóvenes sin formación y con prácticas culturales cuestionables -. Esta concepción también forma parte de cómo se piensan y cómo se articulan las políticas sociales, estigmatizando a aquellos que se consideran pasivos en el modelo hegemónico sobre la emprendeduría personal. Los que no son proactivos y parecen tener dificultades para tejer estrategias individuales son a menudo tachados de aprovechados del sistema: personas que viven de las rentas mínimas, que sacan provecho de las ayudas con malas prácticas (por ejemplo haciendo un “mal uso” de los bancos de alimentos) y que no hacen nada para encontrar un nuevo trabajo. Esto puede ayudar a entender el diseño concreto de las políticas públicas de servicios sociales. Son políticas que se traducen en ayudas puntuales, de carácter parcial y con una capacidad relativa de promoción de mejoras en las condiciones de vida. Ofrecer ayudas alimentarias, ofrecer soluciones habitacionales temporales, ayudas para pagar servicios básicos, o dinero para pagar el cuidado informal de la persona dependiente son medidas paliativas, pero que en ningún caso ayudan a salir de la situación de necesidad.

La reflexión sobre los servicios sociales también implica pensar en cómo se están gestionando estos servicios. El modelo aceptado es el de la externalización y privatización de la gestión de los servicios. El ataque neoliberal hizo creer que al externalizar la gestión del servicio a entidades privadas – entidades mercantiles y del tercer sector social – se prestaría un servicio más eficiente y con menos costes para el estado. Una visión bien aceptada tanto por las grandes empresas que hoy están presentes en el sector como por parte de un tercer sector que se ha expandido gracias al desarrollo de nuevos servicios públicos. Aunque no existen evidencias sobre las bonanzas de este sistema ni que resulte una buena opción económica. Al contrario, la privatización de la gestión tiene muchas sombras tanto desde la perspectiva de la calidad del servicio que se presta como desde el punto de vista de la calidad de la ocupación que se genera. El sistema de gestión se ha basado en muchos casos en el abaratamiento de costes, es decir, en la expansión de un sistema de servicios de bajo coste, que ha facilitado la entrada de grandes grupos empresariales del país y ha sido bien aceptado por la gran red de entidades del tercer sector del país. Además del coste, la problemática de la externalización plantea déficits desde el punto de vista del seguimiento y control del servicio prestado por parte de la entidad gestora de los servicios. En este sentido y a modo de ejemplo, nos podríamos encontrar que una entidad que ha sido denunciada por incumplimiento de convenio se vuelve a presentar y ganar un concurso público de gestión del servicio. Desde el punto de vista de las condiciones de trabajo hay que decir que es un sistema nefasto ya que esta competición a bajo coste se traduce en salarios bajos, malos horarios de trabajo, tener que renegociar condiciones cada vez que se cambia la entidad que gana el concurso de gestión, etc. No hay que olvidar que aquellos servicios externalizados han sido los más intensivos en trabajo y aquellos donde el contenido del trabajo es considerado no cualificado por su proximidad al trabajo invisible de cuidado informal de las personas.

Ideas para repensar los servicios sociales

Es urgente repensar los servicios sociales y las políticas sociales. En primer lugar, es insoslayable la defensa de un sistema de acceso universal a los servicios sociales, ya que es absolutamente necesario para la construcción de una sociedad igualitaria desde la perspectiva del derecho. En la sociedad actual no aceptamos que una persona que esté enferma no reciba ningún tipo de atención médica, o no aceptamos que ningún niño se quede sin escolarizar. Sin embargo, asumimos con tranquilidad la no respuesta por parte de los servicios sociales, asumimos que un abuelo o abuela no sólo no tenga acceso a una plaza residencial pública, sino que los servicios sociales no colaboran en la búsqueda de soluciones alternativas. Aceptamos que se nos pregunte si la persona dependiente tiene familiares que se pueden hacer cargo, especialmente mujeres. Es necesario, por tanto, una revisión profunda del modelo que conduzca al reconocimiento del derecho individual a recibir una atención adecuada. Evidentemente, este cambio conceptual no será posible sin un cambio radical de otras instituciones y políticas públicas. Son necesarios, por tanto, cambios en las políticas laborales, en los sistemas impositivos y en el reparto de la carga total de trabajo que implique una redistribución más igualitaria de los tiempos y trabajos entre hombres y mujeres.

Repensar los servicios también significa apostar por la re-municipalización de servicios personales. Un reto ambicioso, sobre todo si tenemos en cuenta la actual reforma de gobiernos locales que elimina competencias municipales para la gestión de servicios sociales y la histórica infradotación de recursos a los gobiernos locales. Apostar por repensar el modelo aceptado de externalización de los servicios tiene que ver con la necesidad de mejora del servicio, que integrándose de nuevo al sistema público podrá ofrecer una atención más multidisciplinar e integrada mejorando, además, las condiciones de trabajo de las trabajadoras. Trabajar en equipos integrales y recuperar la gestión seguro que también facilitaría un cambio en el tipo de servicio más centrado en las necesidades de las personas.

Finalmente, hay que repescar el espíritu de los primeros años 80, de efervescencia del trabajo social. En este sentido, sería bueno apostar por una perspectiva de trabajo en red entre agentes y entidades de los territorios, de trabajo de calle, de trabajo diagnóstico de la situación individual y contextual. Las personas que se dedican al trabajo social no pueden ser gestoras de la miseria y guardianas de un orden social injusto. Hay, pues, que pensar que la ciudadanía debe ser más incisiva en la defensa de los servicios sociales ya que son servicios que nos proporcionan bienestar a todas las personas, pero también los profesionales tienen el deber y la responsabilidad de denunciar los déficits. Un buen ejemplo lo hemos visto en esta última semana con la protesta de los trabajadores sociales municipales de Barcelona que se han negado a jugar un papel colaborador en los procesos de desahucio, porque entienden que su labor debe ser preventiva de las situaciones. Esto nos obliga a situar el cuidado de las personas en el centro de la concepción política del sistema y de las demandas sociales, sólo así entenderemos que con los servicios sociales nos jugamos el bienestar de la sociedad.

 

 

Gina Argemir

Economista del Gabinete Técnico Jurídico de CCOO Cataluña

 

 

El nuevo año ha puesto fin a las restricciones al libre movimiento de trabajadores rumanos y búlgaros en el seno de la Unión Europea. Una medida estéril teniendo en cuenta la reacción de algunos Estados miembros dispuestos a limitar derechos como el de residencia o el acceso a servicios públicos por parte de migrantes intraeuropeos. De forma simultánea al levantamiento de las restricciones, el mismo David Cameron iniciaba las primeras reformas “radicales” – las que pretende proponer también para el conjunto de la Unión- con el objetivo de frenar lo que él llama abusos del estado del bienestar. Uno de los sorprendentes argumentos de Cameron es considerar el sistema del bienestar un “club nacional”, al que le parece injusto poder acceder en igualdad de condiciones que los ciudadanos británicos, como si los derechos humanos o de ciudadanía vinieran regulados por los estatutos de un club exclusivo.

Desgraciadamente, Gran Bretaña no es el único país que se ha propuesto impedir el acceso de los trabajadores europeos a los servicios públicos. Con el miedo al desequilibrio presupuestario como coartada, Bélgica el año pasado expulsó 4.812 europeos entre los que se encontraba beneficiarios de ayudas para la integración social, parados receptores de prestaciones, pero también trabajadores empleados a tiempo completo o con contratos especiales de reocupación. Otro caso sonado es el litigio vivido en Alemania, el cual dio lugar, a finales de 2014, una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE la que resolvía que el derecho de residencia está condicionado, no sólo a la duración de la estancia en el país, sino también a que la persona económicamente inactiva tenga “recursos suficientes propios”. De esta manera, por lo tanto, ciertos derechos quedan formalmente supeditados a los recursos personales.

Una de nuestras funciones es denunciar constantemente que noticias como éstas se presentan a la ciudadanía en forma de falsa objetividad como exentas de trasfondo ideológico, y darnos cuenta de que a menudo acaban convirtiéndose en una profecía autorrealizada, es decir, que la propia definición de la situación es de hecho la causa de que acabe cumpliéndose. La batalla ideológica y sus argumentos se han mantenido con los cambios de siglo y, en la sociedad actual, la fiebre posmoderna del individualismo no es más que la consolidación ideológica de una determinada visión del mundo.

La historia de la humanidad parece dividir la sociedad en dos, donde una parte -aquella en la que prevalece la competición sobre la cooperación- tiende a perseguir el ejercicio de poder en términos de exclusividad. Recordemos, por ejemplo, como la reforma protestante impulsora del capitalismo y el individualismo adaptó esta visión divisoria originando la doctrina de la doble predestinación. Dentro del marco discursivo de David Cameron, esto equivale a su idea de formar parte de un club exclusivo donde los escogidos, además de disfrutar de riqueza, bienestar y un plus de derechos, tienen la salvación divina garantizada. Por cierto, sobre la exclusividad de unos pocos, tuiteaba recientemente  Vidal-Quadras que: “la opulencia y la extravagancia de una minoría selecta es la condición indispensable para el progreso general”.

Y así como hoy se apela al equilibrio presupuestario como condición para el progreso – no el general sino el progreso financiero que persiguen las élites- hace más de un siglo el impulsor de la desprestigiada teoría del darwinismo social, Herbert Spencer, defendía que lo que hace peligrar el progreso es el esfuerzo de los gobiernos en velar por la supervivencia de los “débiles”. Esta es una etiqueta desenfocada que obvia que los poderosos están donde están, no por ser los más aptos, sino por ser propietarios de recursos y de derechos extraordinarios. Algunos de ellos, además, están donde están por ser los más tramposos y por romper las normas colectivas implícitas en la teoría de juegos que mueve la sociedad. Porque, dicho en términos darwinianos o naturalistas, los ecosistemas en absoluto sobreviven sin colaboración.

Pero volviendo a la actualidad de la Unión Europea, también la sentencia de su Tribunal de Justicia -la que niega derechos a los que no tienen recursos para que no sean una carga para el sistema – desprende un fuerte componente ideológico. Comparte exactamente los principios utilitaristas que argumentaba William G. Sumner, partidario de que caiga el que no produce, o las ideas de Grover Cleveland, para quien el deber de los gobiernos no pasa por intentar aliviar el sufrimiento individual. Sabemos que, para el modelo político individualista, que se sustenta sobre la creencia del egoísmo como principal conducta racional, las capacidades humanas no sólo definen a las personas sino también sus derechos, los cuales se rigen por el principio de la no interferencia, ya sea entre los individuos o entre el individuo y el Estado.

Es fácilmente deducible que, en el modelo ideológico individualista, difícilmente tiene cabida el cumplimiento de los derechos humanos – el derecho universal a un nivel de vida que asegure la salud de todos, el bienestar, el acceso a la atención médica, a los servicios sociales. .. -, derechos que se sustentan sobre la colaboración en la defensa de la dignidad de la vida humana. También parece difícil que así pueda realizarse una Europa con una democracia verdadera y plena donde las instituciones actuales trabajen para conseguir la satisfacción de la ciudadanía y la armonía social. Pero, ante estas dificultades y buscando un futuro más esperanzador, es bueno recordar que nuestra lucha diaria por los derechos sociales trasciende nuestro momento histórico, ya que trata una vez más de la defensa que hacemos la mayoría, los “inclusivos”, de nuestra especial visión del mundo.

 

 

Carlos Sánchez-Valverde

Educador Social y profesor de la Universidad de Barcelona

 

 

El ataque a la sociedad civil y sus conquistas

El actual Conseller de Sanidad Catalán afirma que se ha aplicar socialmente un modelo de “seguros privados obligatorios”, es decir, de Mutuas. Este y otros mensajes en la misma línea, forman parte del bombardeo comunicativo que sufrimos desde hace algunos años que quiere hacer realidad, otra vez, el principio de que “una mentira repetida se convierte en verdad”. Todo ello dentro de una campaña mediática que afirma la inevitabilidad de duras medidas para “salvar el país” y de alabanza a las bonanzas del sector privado,^[1] de representar como si fueran parásitos a los miembros de la sociedad civil, a los representantes sociales (políticos, sindicalistas, ONGs, etc.) y de denostación de lo público y de sus profesionales…

Deberíamos no olvidar que “la Mutua de las clases populares es el Estado”.

La filiación social ha ido asumiendo diferentes paradigmas a lo largo de la historia. En la modernidad la filiación la encarna “el estado”, al haber demostrado la religión su incapacidad para seguir haciendo de filiadora social, de todos, todas y cada uno, desde el siglo XVI. Pierre Legendre, en 1985, nos decía: “el estado es el deseo político de Dios”, en una metáfora cargada de significados.

Ahora, en el inicio del siglo XXI, este paradigma está en cuestión y la filiación vuelve a manifestarse como profundamente imperfecta e incompleta en ese nuevo sistema que se está dibujando marcado por los discursos neoliberales.

Las respuestas de contenido social (el estado social) que hemos vivido en Europa desde la irrupción de las políticas Bismarkianas a finales del XIX, no eran nada más que una corrección “digna” sobre los excesos del “estado mínimo” de los liberales utilitaristas que “confiando ciegamente en los mercados” habían llevado a las sociedades a unos niveles de pauperización jamás vistos y que actuaban, además, como caldo de cultivo de violentas (y temidas) revoluciones. El seguro social promovido por el estado frente al mercado, basado en una corrección y redistribución social de la riqueza para evitar la indignidad y la indignación de las personas que provoca la ciega técnica mercantil, es la garantía de dignidad.^[2]

El contexto y el momento: cambio de época

El episodio histórico de recuperación desde el neoliberalismo del discurso del “estado mínimo”, y el ataque a los valores que se oponen a ello (entre ellos la solidaridad), tiene una trascendencia que supera lo coyuntural para colocarnos en un escenario de cambio de época de inciertos futuros.

La denominada crisis está dejando fuera, sin filiación social (es decir: sin lugar), a ingentes sectores de población. Son los excedentes sociales (los y las “desechables”, como denominan en Colombia a los pobres) o el precariado del que hablan autores como Standing: nuevas clases sociales que ni tienen expectativas, ni reciben “ayuda” o solidaridad social. Porque han perdido sus derechos, deberíamos decir.

La modernidad, como proyecto humano y social centrado en el crecimiento y el progreso y en la confianza absoluta en la fuerza de la razón y del consenso, se está desmoronando rápidamente. El “pacto social que posibilitó el estado del bienestar” ha sido roto unilateralmente por una de las partes firmantes (simbólicamente), como nos recuerda el profesor Fontana. Ahora nos ha tocado a nosotros, países del sur de Europa, experimentarlo y sufrirlo. Otros lo vivieron antes (EEUU e Inglaterra en los 1990, Alemania en 2000).

Este proceso de cambio tiene sus orígenes en las consecuencias de la revolución de mayo del 68 (que coloca la identidad y el individualismo en el centro, en el núcleo del discurso político y social, frente a la centralidad de la igualdad presente desde la revolución francesa), que fue aprovechada por las propuestas neoliberales como el trampolín de su batalla o “guerra” (según las palabras de Warren Buffet,^[3] una de las mayores fortunas del mundo, quien reconoce pagar “menos impuestos que su secretaria”), guerra no tan sólo ideológica,  que ha hecho que la consolidación social de los postulados ultraliberales sean los dominantes, cuando no hegemónicos.

Las consecuencias de una pérdida de peso del estado y la privatización de la solidaridad:¿qué les quedará a los vulnerables?

La propuesta y la práctica del “MENOS ESTADO”, que se defiende tanto desde la ultraderecha (ese es el lema del “Tea party”[4]), como desde los movimientos más alternativos (por ejemplo, y sorprendentemente, aquellos que defienden el decrecimiento), deja abierto un panorama en el que la lucha por el monopolio de la solidaridad, desde su privatización, está en el orden del día.

La postmodernidad, con su contenido “flexible” (Sennett) y “líquido” (Bauman), ha hecho que la vulnerabilidad haya pasado a ser una categoría que engloba a la mayoría de la población, profundizando en su caracterización como proceso.

El peligro y el riesgo en estos momentos, para toda y todos, es que se cumpla la profecía de Margaret Thatcher cuando afirmaba ya en los años 80 que “la sociedad no existe, sólo existen los individuos y las familias”. Y que esto nos lleve a una desaparición de lo político como consecuencia de la desaparición del estado y de su sustitución por el mercado y la caridad privada.

La desaparición de la solidaridad social puede acercarnos a una escenario que otros autores nos recuerdan (Boris Buden del EIPCP: Instituto Europeo para las Políticas Culturales Progresivas), en el que sea toda la sociedad la que colapse.^[5]

Josep Fontana va más lejos todavía y nos previene de que sufrimos el peligro de volver a una privatización de las relaciones sociales y un retroceso hacia modelos de relación similares a los que se dieron a la Edad Media.

Las profesiones de la acción social

De la misma manera que “el estado es la Mutua de los vulnerables y de las clases populares”, que ha ejercido esa función (la solidaridad) de una manera delegada por el encargo social en un sistema de distribución de las acciones que generaban la filiación social, no hemos de olvidar que fue como consecuencia de ese juego de delegaciones y encargos, donde se configuraron las profesiones de lo social. Existimos, como profesiones, como una más de las consecuencias del ejercicio del estado de su función como Mutua solidaria, en su aspiración a la filiación de toda la población.

Pero estamos retornando a una situación en la que los riesgos que están sufriendo la acción social y la intervención social (y que nos atraviesan como agentes-sujetos actuantes en estos espacios) pasan, otra vez, por el aumento de los encargos de control social y de gestión diferencial de las poblaciones, como diría Robert Castel. Todo nos indica que hay fuerzas sociales muy interesadas en volver a las situaciones superadas del siglo XIX, de caridad y beneficencia, cuando la acción social se entendía, en palabras del jurista y político liberal español Manuel Colmeiro y Penido, en 1850, así:

“La caridad social (beneficencia) no es derecho de requerir auxilio, de exigir una prestación determinada, ejercitando el individuo una acción contra el Estado para obtener asistencia. Es una esperanza de alivio; no una reclamación de deuda, sino demanda de beneficio”.

Como profesionales sociales y como ciudadanos y ciudadanas, deberíamos estar en disposición de dar respuesta a estas nuevas situaciones. Situaciones que generarán aumentos en las demandas, no tengamos dudas al respecto, en ese encargo controlador. Algunas ya están aquí: el acceso a los derechos de salud por parte de los colectivos “irregulares” de inmigrantes, o los listados de ocupantes ilegales de determinados asentamientos urbanos, etc. Y estas demandas nos interpelan sobre de qué nos hemos de ocupar: si ¿de las personas y sus derechos? o ¿del encargo? Todo ello en una dirección muy similar a las posibles implicaciones para las profesiones de la acción social referidas a “la asignación de destinos” que estos profesionales pueden acabar realizando.

Las preguntas sobre quiénes son (/somos) los excluidos o sobre si, como profesionales, somos antídotos o factores de estigmatización y etiquetado, o sobre si trabajamos en el “control y gestión” o en la elaboración de estas situaciones con las poblaciones vulnerables que la padecen, están aquí y con más actualidad que nunca.

La naturaleza de nuestra manera de estar el mundo (social y profesional) de las profesiones sociales: la tensión

Las profesiones sociales (trabajadores sociales, educadores, psicólogos, pedagogos, animadores, etc. y todos los roles y funciones asociados), estamos sujetos a una tensión continuada derivada del núcleo constitutivo de nuestra intervención (en la práctica presente en la mayoría de las profesiones de ayuda), que podría representarse en este gráfico,

ENCARGO (explícito):De aquel que nos “paga”	→→→	PROFESIONAL SOCIAL	←←← PERSONA / GRUPO(a los que se       acompaña): Encargo/demanda implícitos
↓CONTROL			↓DERECHO / CIUDADANIA

Lo que tiene que ver con la columna de la izquierda (Encargo) tiende hacia “el control social”. Y lo que deriva de la columna de la derecha, está relacionado con el ejercicio efectivo de los derechos humanos y el desarrollo de la ciudadanía.

La caracterización del modelo español

El debate se ha desplazado y se centra ahora en “¿quién ejerce la solidaridad?”. El control y el ejercicio social de la solidaridad se han convertido en este principio del siglo XXI en el espacio donde se está llevando a cabo la batalla ideológica del neoliberalismo. Y desde su mercantilización y privatización, estamos asistiendo a una batalla cerrada que no sabemos dónde nos llevará.

El proceso de privatización de la solidaridad tiene en nuestro país una articulación especialmente peligrosa: la debilidad de nuestra sociedad civil, que quedó desmantelada por el franquismo y que aún estaba en proceso de fortalecimiento. Nuestra sociedad civil NO PUEDE DAR RESPUESTA a las nuevas necesidades y ese nuevo escenario, dado el elevado grado de dependencia de sus acciones de los presupuestos públicos. Y la iglesia, desde un tratamiento (fiscal y de transferencia de capitales) “de favor”, lleva los últimos 30 años fortaleciéndose, lo que la está colocando en situación de una clarísima ventaja. Las posibilidades de monopolio o de “dumping social” son en nuestro caso mayores que en otros países europeos.

Todo ello cuando la eclosión de las actuales manifestaciones de necesidades viejas (la pobreza y el hambre, que creíamos controladas), parece que dirigen las prioridades hacia la subsistencia y la asistencia y hacen que hablar en estos momentos de derechos no esté de moda desde la presión de la urgencia de lo cotidiano. Esperemos “que los árboles no nos impidan ver el bosque”.

¿Dónde estarán encuadrados y para quién trabajaran las próximas generaciones de profesionales sociales? ¿En las grandes pseudo ONGs, dominadas por la iglesia, auxiliares-substitutivas del estado que ocuparán el espacio del Tercer Sector? ¿En las mutuas de las que habla el conseller Boi Ruíz? ¿O en el sector público?

Final

Tomar consciencia de todo ello, interpelarnos y tenerlo presente en nuestra acción social del día a día, resulta crucial para no caer subyugados en lo institucional y reproductorio del ejercicio mecánico de la profesión.

Vivimos, profesionalmente, en la tensión entre el encargo y las personas. Y hemos de reflexionar sobre ello, en nuestra práctica también, desde esa tensión constitutiva de nuestra identidad, porque es fundamental para seguir ofreciendo cada día una respuesta centrada en la dignidad. Y porque en esa tensión entre el encargo y las personas, sería deseable que no perdiéramos de vista que nos debemos a las personas y a sus Derechos (Humanos).

Para acabar, quizás debamos volver a creernos lo que dice Carlos Taibo: “Tenemos que buscar una salida del capitalismo, no de la crisis”.^[6]

 

[1] Como expresión del máximo de las paradojas de la política que estamos viviendo en los últimos años en Catalunya, donde se ha “puesto a los lobos a cuidar del corral de los corderos”, se nombró Conseller de la Generalitat a Boi Ruiz, responsable de los hospitales de la Mutuas Privadas, quien ideó un plan para privatizar el sistema sanitario público, “aplicando un modelo de seguros privados obligatorios a partir de un nivel determinado de renta” (ver: http://politica.elpais.com/politica/2011/11/29/actualidad/1322598149_462223.html) y que ha sido capaz de afirmar que “ “la salut és un bé privat que no depèn de l’Estat” (la salud es un bien privado que no depende del Estado – ver: http://www.ara.cat/societat/Govern-sanitat-ICS-Boi_Ruiz-model-Iese_0_578942252.html)

[2] Ver http://www.social.cat/opinio/2484/sobre-la-dignitat

[3] “Hay lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y vamos ganando”. Warren Buffet, citado por The New York Times, 26 de noviembre de 2006.

[4] Ver http://www.jotdown.es/2014/02/el-tea-party-instrucciones-de-uso/

[5] Ver http://eipcp.net/transversal/0407/buden1/es

[6] Ver http://www.jotdown.es/2013/02/carlos-taibo-tenemos-que-buscar-una-salida-del-capitalismo-no-de-la-crisis/

 

 

José Adelantado

Grupo de investigación GEPS (Globalización, Educación y Política Social). Departamento de Sociología (UAB)

 

 

Introducción

Los recortes en los derechos sociales (pensiones, empleo y desempleo, sanidad, educación, servicios sociales) que están teniendo lugar en España desde el verano de 2010, no son una novedad; desde mediados de los años 90 del siglo XX en los Estados del Bienestar (EB) de la UE-15 ha habido más contracción que expansión; incluso en España, después del fortalecimiento del EB desde la transición democrática, se constata que en los últimos quince años, a pesar del crecimiento del Gasto en Protección Social y de los Ingresos Medios Equivalentes; la riqueza se ha repartido peor, y que por tanto, ha aumentado la desigualdad en la distribución de rentas y el riesgo de pobreza.

El desmantelamiento del Estado del Bienestar en España 

Desde mediados de los 90’s los especialistas hablaban de un posible desmantelamiento y sobre las estrategias de remercantilización, contención de costes, o recalibración, que habrían emprendido los EB para adaptar las viejas estructuras de protección a los nuevos riesgos sociales. Mientras unos estudios sustentaban la supervivencia otros constataban la contracción (retrenchment). La evidencia de los recortes fue en aumento, pero no se trataba simplemente de menos de lo mismo. Muchos autores desde principios de los 2000’s se han interesado por el cambio de dirección que habrían tomado los EB; se interrogan sobre la interpretación que se hace del contexto para definir los problemas a resolver, sobre los valores y objetivos que se persiguen, y sobre los distintos instrumentos, medios y técnicas que se utilizan para la gestión y provisión del bienestar. En España, durante los últimos quince años se ha combinado una reducción de la intensidad protectora del EB, con un cambio cualitativo en la orientación de las políticas sociales hacia la remercantilización de las condiciones de vida, con tímidas medidas de activación. Los argumentos presentados se pueden resumir en tres ejes: la naturaleza de los problemas con los cambios de contexto; el cambio de objetivos, valores y discursos, con los diagnósticos realizados; y los cambios de instrumentos medios y técnicas, con los contenidos y dinámicas de las reformas.

Cambios de contexto

También a mediados de los 90’s culminaría la expansión del EB español y todavía con gobiernos del PSOE comenzarían las contrarreformas. Las variables socioeconómicas muestran que a pesar del crecimiento nominal del Producto Interior Bruto, de los Ingresos Medios y del Gasto en Protección Social; en términos reales se ha producido una reducción de las rentas por trabajo y transferencias; el crecimiento del empleo ha hecho que aumente la riqueza, pero no ha mejorado su redistribución. En este período la desigualdad de ingresos y el riesgo de pobreza han tendido a aumentar. Las reformas en el sistema contributivo (pensiones, bajas laborales y desempleo) han endurecido el acceso. En las sucesivas reformas hacia la flexibilización del mercado de trabajo se han reducido derechos laborales, y en la última (2012), se ha llevado a cabo un severo golpe al poder sindical. El crecimiento económico se ha combinado con una reducción de los impuestos directos (beneficios empresariales, grandes fortunas, rentas altas del trabajo) y en un aumento de los indirectos (IVA, Impuestos especiales, tasas). La incorporación de España en la Comunidad Europea en 1986 y la firma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 1992 para acceder al euro, conllevó la adopción de nuevos discursos y nuevos compromisos. Con la primera oleada de reformas, se instaló una tendencia que diferenciaba el grado de protección social según la inserción en el mercado de trabajo. La Seguridad Social contributiva sólo sería para los insiders, y para los demás, programas asistenciales con acceso filtrado mediante la técnica de comprobación de medios (means testing). Pero al tiempo que se restringe la protección contributiva sólo para los insiders, también pierde intensidad. Además, debido a la infrafinanciación de los servicios públicos de educación y sanidad, la calidad de éstos decrece y segmentos de renta media-alta son atraídos por el mercado que les permite privatizar su bienestar.

Primera oleada de reformas en España (desde principios a finales de los 90’s)
Contexto	Diagnóstico	Contenido y dinámica de de las reformas	Consecuencias
-Recesión económica a principios de los 90-Persistencia de déficits públicos y del desempleo-Presiones globalizadoras (Maastricht) Mercado Unico  y Criterios de convergencia para el euro (1992) -Crecimiento vertiginoso de la inmigración extra-comunitaria	-Los mercados de trabajo son demasiado rígidos-El gasto en contribuciones sociales es demasiado alto-Es preciso limitar el gasto social para salvar el sistema	-Las reformas deben ser negociadas-Incremento de la contributividad a la SS (Pacto de Toledo 1996)– Implementación de nuevos programas asistenciales en la periferia de los sistemas de protección (Plan de Empleo Rural en la SS y Rentas Mínimas de Inserción en las CCAA) (Rasgos liberales)-Los impuestos generales financian las prestaciones no contributivas, especialmente sanidad (1986) y educación (1985 y 1990) (Rasgos socialdemócratas) -Europeización de las políticas sociales -Desarrollo del aseguramiento privado en las pensiones (1987 y 1995) -Flexibilización del mercado de trabajo (Reforma de 1994) -Movilizaciones contra las reformas (Huelgas Generales 1988, 1992, 1994) -Reducción de las prestaciones por desempleo	-Tendencia hacia la dualización del bienestar. SS para insiders (trabajadores con empleo fijo a jornada completa) y asistencia para outsiders (trabajadores  con empleos eventuales y jornadas a tiempo parcial)-Introducción de la comprobación de medios en las prestaciones asistenciales-Tendencias Privatizadoras y hacia el Tercer Sector -Enorme presión hacia los Servicios Sociales derivada de la exclusión social (antes pobreza)
Fuente:  Elaboración propia a partir de: Moreno,  2009; Palier, 2010 y Guillén  & León, 2011

Sobre el diagnóstico y cambio de objetivos 

A lo largo de este período se ha podido comprobar la reducción de la protección contributiva y como consecuencia una mayor presión hacia la protección asistencial. En esta década se propagan en Europa nuevas ideas sobre los EB; en la cumbre de Lisboa de 2000 la Unión Europea refuerza su papel como think tank. Las políticas de tipo workfare, que se habían extendido en los países anglosajones con buenos resultados, se reformularon en el continente como políticas activas. La empleabilidad significa que para las personas en búsqueda o mantenimiento del empleo, el hecho de poseer competencias dinámicas y actualizadas, y dar cuenta de un comportamiento adecuado, voluntarioso y orientado en el sentido de las demandas que efectúa el mercado de trabajo, es clave para la integración. Así, la empleabilidad se abre paso como objetivo de la política social mientras que las ayudas asistenciales se vinculan más a la inserción laboral y a la responsabilidad individual. Se establecen contratos con contrapartidas que hay que justificar para mantener la subvención. Este cambio de objetivos, valores y discursos, se concreta en el EB español mediante un cambio simultáneo de reducción de la intensidad protectora (como se ha visto) y el desarrollo de políticas asistenciales. A finales de los 80’s se desarrollan y generalizan en toda Europa y en España (a partir de las Comunidades Autónomas) las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), difundiendo el derecho a la inserción por el que debía velar el EB. Para muchos analistas las RMI constituían un cierre del EB Protector (EBP), pero en realidad fueron el principio de la puesta en marcha de las Políticas Activas (PAs) y el cambio de rumbo hacia los EB Inversores (EBI). Progresivamente, las RMI se han ido vinculando a las PAs acentuando el vínculo entre renta y formación ocupacional. Así mismo se han desarrollado distintas modalidades de empleo protegido y ampliaron su radio de acción con la Renta Activa de Inserción (2006).

Segunda oleada de reformas en España (desde finales de los 90’s al 2008)
Contexto	Diagnóstico	Contenido y dinámica de las reformas	Consecuencias
-Reducción del déficit público pero las reformas anteriores no han resuelto el desempleo -Cambios sociodemográficos  (envejecimiento de la población, familias monoparentales…)-Nuevos riesgos sociales -Propagación de un nuevo paradigma de política social (del EB Protector al EB Inversor)	-Los sistemas de bienestar son parcialmente la causa de la crisis; necesitan una profunda adaptación al nuevo contexto económico y social-Las elevadas contribuciones dañan la competitividad y provocan desempleo-El exceso de regulación pública y los impuestos elevados sobre los beneficios empresariales perjudican la inversión -La dependencia del estado promueve pasividad	-Mantenimiento del diálogo social, pero con cambio progresivo en la correlación de fuerzas: debilitamiento de los sindicatos y fortalecimiento del poder empresarial-Paradigma de intervención basado en la provisión de activación-Más flexibilización mercado de trabajo (Reforma  2002)-Huelga General 2002 -Desarrollo de la provisión privada de la salud  (Ley 15/97) y educación superior -Desarrollo políticas de care (Ley de atención a la Dependencia 2006) y de conciliación de géneros (2007) -Bonificaciones en las cotizaciones sociales por contratación de empleo -Reducción del tipo marginal máximo del IRPF (2007) -Supresión del impuesto sobre el patrimonio (2008) -Ampliación de la protección asistencial de la SS (Renta Activa de Inserción, 2006) -Cambios en el modo de acceso a los recursos (de las contribuciones a la comprobación de medios) -Nueva Gestión Pública -Territorialización y descentralización	-Consolidación de las tendencias dualizadoras en el mercado de trabajo, en la protección social (contributiva+privada versus asistencial) y en la sociedad (insiders/outsiders)-Cambio de objetivo de la SS. Del mantenimiento de ingresos a la activación-El enfoque normativo de la política social pasa a ser la empleabilidad preventiva -Enfasis en las obligaciones y la responsabilidad individual. Contractualización -Meritocracia. A cada uno según su capacidad y esfuerzo -Individualización del riesgo -Mayor reconocimiento (libertades individuales, género, sexualidades, etnicidad) pero menor redistribución y escaso reconocimiento -Remercantilización para unos (insiders), privatización del bienestar para otros (pensiones, sanidad, educación), y asistencia para los demás (outsiders, sobre todo mujeres)
Fuente:  Ídem anterior

Sobre las reformas y el cambio de instrumentos, medios y técnicas

Una tercera línea tiene que ver con el cambio de los EBP a los EBI y está relacionada con los procesos de descentralización y desmonopolización del estado en la prestación de recursos para el bienestar por una parte, y los cambios en la financiación y las condiciones de acceso por otra. La reducción del sector público ha tenido su contrapunto en la expansión del sector privado, tanto el mercantil con ánimo de lucro, como la iniciativa social (Leyes sobre voluntariado, ONG’s, Tercer Sector), que vino a ocupar espacios no rentables y no atendidos por la iniciativa pública. En este período, a pesar del crecimiento de la riqueza y del empleo, se produce una remercantilización de las condiciones de vida que afecta más a quienes están más alejados del mercado de trabajo. Las consecuencias de las reformas desde que explota la burbuja inmobiliaria en 2008 hasta la actualidad, no sólo ha llevado al traste la cara más amable del futuro que presentaban las políticas activas, sino que también ha endurecido sus aspectos más sombríos. Se ha fortalecido la comprobación de medios para controlar el supuesto fraude de los outsiders, se han reducido los derechos laborales, sindicales, a la educación y a la sanidad. Han aumentado los impuestos indirectos y se ha extendido la financiación a través de tasas y copagos (sanidad, justicia, dependencia, formación profesional, matrículas universitarias). El EB español, ha dejado de ostentar el ya de por sí escaso control monopólico de los recursos sociales y no ha sido capaz de conseguir una amplia estatalización y universalización de servicios. La expansión del sector privado con ánimo de lucro se ha producido en los ámbitos rentables de la protección social, que ha dejado de ser un simple coste de la reproducción de la fuerza de trabajo; especialmente en las pensiones, la sanidad, la atención a la dependencia y, en menor medida, en la educación. A su vez, los déficits de inclusividad de las políticas públicas tradicionales de los Servicios Sociales, han abierto un espacio para ser ofrecidos de forma más económica por el Tercer Sector y la Economía Social, lo que puede afectar a las condiciones laborales de los voluntarios-trabajadores y a los derechos de la población. Respecto a la financiación, se ha comprobado la tendencia hacia una reducción de los impuestos directos y un aumento de los indirectos, junto a una redistribución regresiva de la riqueza. Paralelamente se ha extendido la aportación mediante copagos y tasas, y simultáneamente se han modificado las condiciones de categoría, circunstancia y conducta para acceder a las prestaciones. Las condiciones de conducta se han hecho más explícitas. Junto a los derechos han tomado protagonismo los deberes (justificar que se está buscando trabajo activamente); y también se ha extendido la firma de contratos (para cobrar una RMI, por ejemplo) que vinculan al receptor con obligaciones a satisfacer de forma individualizada.

Tercera oleada de reformas en España (de 2008 hasta 2012)
Contexto	Diagnóstico	Contenido y dinámica de las reformas	Consecuencias
-Explosión de la burbuja inmobiliaria-Rápida caída de ingresos (en contribuciones e impuestos directos)-Rápido aumento de gastos (por desempleo y ayudas a la banca)-Desbordamiento del déficit público y de la deuda (sobre todo de origen privado) -Rápida expansión del desempleo	-Para cumplir los objetivos de déficit comprometidos con la UE, es preciso recortar gastos-El derecho laboral y el poder de los sindicatos perjudica la creación de empleo-La democracia y la soberanía nacional obstaculizan los cambios estructurales-El Estado del Bienestar es insostenible hay que reducirlo para mantenerlo -Los trabajadores del sector público (y otros insiders) están excesivamente protegidos	-Reducción fiscal de cinco puntos en el impuesto de sociedades, pymes y autónomos (2009)-Reducción salarial de los empleados públicos (2010)-Huelga general por la reforma laboral del PSOE (sept 2010)-Congelación de las pensiones contributivas (2010) -Acuerdo gobierno (PSOE) y sindicatos para la reforma de las pensiones (febrero 2011) -Aumento del IVA y de los impuestos sobre la renta de los asalariados (PP nov 2011) -Reforma Laboral (2011 y 2012). Despido más barato. Descentralización de la negociación colectiva -Huelga general por la reforma laboral del PP (marzo 2012) -Imposición de decisiones (reforma constitucional sobre estabilidad financiera sin referéndum) -Desprecio de los sindicatos como interlocutores legítimos -Congelación desarrollo Ley de Atención a la Dependencia -Recortes semanales en educación y sanidad (marzo-abril 2012)	-Reducción general del volumen de empleo y de los derechos laborales (para insiders y outsiders)-Debilitamiento de la protección contributiva para los insiders-Fortalecimiento de la comprobación de medios para controlar el fraude de los outsiders-Extensión de la financiación a través de tasas y copagos (sanidad, justicia, dependencia, matrículas universitarias…) -Las empresas de las grandes corporaciones sólo pagan al fisco un tipo medio efectivo del 11,6% -Incremento de las privatizaciones (sanidad) -Debilitamiento del poder sindical -Debilitamiento de la calidad de la democracia representativa
Fuente:  Ídem anterior

 

También han ido apareciendo, de un lado, nuevas desigualdades vinculadas a una concepción poco integradora de algunas políticas clásicas del EBP. Por ejemplo, la reducción selectiva de los niveles de prestaciones contributivas combinada con estrategias de desplazamiento de un buen número de personas hacia subsidios asistenciales. O bien las importantes cifras de no graduación en el sistema educativo reglado, con un nítido sesgo de clase social. Se ha ido consolidando, de otro lado, el carácter poco inclusivo de ciertos mercados de bienestar con una presencia pública muy débil; por ejemplo, los mercados de suelo y de vivienda. Hecho que provoca grandes dificultades de acceso, y el mantenimiento de pautas de segregación social en el territorio. Por último, los servicios sociales han operado mayoritariamente desde concepciones selectivas, no universales, reactivas y de corte asistencial. Eso ha provocado importantes déficits de cobertura pública de necesidades de atención personal, la resolución de las cuales se desplaza al mercado en las capas de rentas altas, o se internaliza en un ámbito familiar sobrecargado -con enormes impactos para las mujeres- en el resto de la sociedad.

 

Bibliografía

-Adelantado, J y Calderón, E (2005) “Globalización y estados del bienestar: ¿respuestas semejantes a problemas parecidos?. Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 23 núm. 2. Págs. 15-44

-Guillén, Ana Marta and León, Margarita (ed) (2011): The Spanish Welfare State in European Context. Farham: Ashgate

-Moreno, Luis (ed) (2009) Reformas de las Políticas del Bienestar en España. Madrid: Siglo XXI

-Palier, Bruno (ed) (2010) A Long Goodbye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform in Continental Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press

[1] Esta colaboración es una adaptación de un trabajo inédito y mucho más extenso del autor, quien ha permitido su publicación en nuestra revista.

 

 

Toni Salvador

Concejal de servicios sociales del Ayuntamiento de Terrassa

 

 

Distrito barcelonés de Nou Barris, octubre de 2014. Un grupo de personas accede a la Oficina de Servicios Sociales del barrio y se producen varios incidentes, entre ellos el destrozo de algún mobiliario. Nada dramático en términos objetivos pero sí suficiente como para dar visibilidad mediática a una tensión latente en los últimos años en Barcelona y probablemente en todo el sur de Europa. Pocos días después de este incidente, un medio digital publicaba un artículo de Ernesto Morales que ya apuntaba acierto en su título “¿Por qué a nosotros? Servicios sociales, entre la emergencia y los derechos” En él se apuntaba la siguiente diagnóstico: “El episodio de la Ciudad Meridiana tiene que ver con un desencaje entre las funciones que hoy puede asumir los servicios sociales y una demanda, convertida en exigencia por los movimientos organizados, de dar respuesta inmediata ante situaciones de emergencia social y derechos sociales básicos como son la vivienda o la alimentación. Una tensión que es insalvable con el marco existente, al menos en determinados territorios “.

Efectivamente, me temo que éste es el quid de la cuestión: a los servicios sociales municipales se nos ha cambiado, de forma repentina, el objeto de intervención. Hasta hace pocos años nos enfrentábamos a un problema cuantitativamente acotado y cualitativamente bastante perfilado. Simplificando: la vieja pobreza, la exclusión social tal como la habíamos entendido tradicionalmente. Este “objeto de trabajo” es el que se explicaba en nuestras facultades de trabajo y educación social, es por el que teníamos dimensionadas nuestras plantillas, presupuestos y dispositivos de atención.

En pocos años hemos pasado de este escenario a otro completamente diferente. De entrada ingresa mucha más gente por la puerta. Un municipio como Terrassa ya puede tener el 15% de su población como usuaria de servicios sociales. Pero la principal novedad no creo que sea tanto cuantitativa como cualitativa. Los perfiles de nueva pobreza se están convirtiendo en los más habituales. Ciudadanos con una biografía que hasta hace poco estaba plenamente “normalizada”, a menudo sin ninguna de las características que tradicionalmente definían el usuario tipo: sin problemas psicosociales, sin problemas formativos o de experiencia laboral, sin patologías ni adicciones… Ciudadanos que simplemente perdieron su empleo y, unos meses más tarde, sus prestaciones sociales y de desempleo. Ciudadanos que te cuentan cosas del tipo: “el verano pasado estaba en Eurodisney con mis hijos y ahora soy usuario del banco de alimentos”.

¿Cuál es el problema entonces? Que los servicios sociales municipales y las entidades sociales nos vemos abocados a cubrir, casi en solitario, las carencias de ingresos derivados de la destrucción de empleo y de los recortes en las políticas de garantía de rentas. Cuando las tasas de cobertura de las prestaciones sociales eran relativamente elevadas, quedarse sin trabajo no era sinónimo (casi inmediato) de quedarse en la exclusión social. Los diversas recortes en las prestaciones y los subsidios de paro, en la RMI, en el Prepara, etc. nos han dejado con unas tasas de cobertura que (según la EPA) apenas llegan a una de cada tres personas sin trabajo. O se recupera ese “colchón” o no habrá política social que aguante e iremos cayendo en un asistencialismo cada vez más precario.

En este ejercicio de cobertura de necesidades básicas en que nos hemos convertido los Servicios Sociales, creo que nos vamos saliendo en uno de los flancos: las necesidades alimentarias. ¡Quién nos iba a decir hace apenas unos años que acabaríamos abriendo comedores sociales, que las becas-comedor de las escuelas se convertirían en un recurso asistencial y que tendríamos un cuarto de millón de catalanes dependiendo de los bancos de alimentos para poder comer!. En otras ramas de recursos básicos como son los suministros, los ayuntamientos estamos aguantando el grueso de impagados ante la inacción de la administración autonómica competente. Otros campos, como el residencial, tienen más dificultades para ser atendidos por diversas razones. Desde la tradicional falta de parques públicos de vivienda de alquiler social en nuestro país hasta el problema de los sobreendeudamientos.

Esta priorización de las necesidades más básicas es obligada por razones evidentes pero tiene un punto  frustrante para el sector del trabajo social. Habíamos necesitado muchos años y muchos esfuerzos para superar el tradicional asistencialismo y entrar en dinámicas diferentes, de inserción, de empoderamiento, de trabajo comunitario para el fomento de la autonomía. Ciertamente, estas claves siguen están en el trabajo pero con un peso ciertamente desplazado por el objetivo más prosaico de garantizar la supervivencia del usuario. Recordemos, además, que una sociedad básicamente salarial como la nuestra tiene la inserción laboral como hito de éxito típica de la mayoría de itinerarios de inserción con que trabajan los servicios sociales. Pero en un marco como el actual de nulo creación de puestos de trabajo… ¿inserción?¿dónde? Se abre, por tanto, la necesidad de explorar caminos alternativos al mercado laboral que al menos garanticen provisionalmente la entereza psicosocial de los usuarios. En Terrassa hemos iniciado varias experiencias de este tipo como un huerto comunitario o un restaurante del tiempo pero queda todavía mucho camino por recorrer probablemente en clave de fomento de la actividad cooperativa y la economía social.

No quisiera terminar este artículo sin mencionar aún otro condicionante, éste más institucional. La capacidad de intervención de los servicios sociales municipales va camino de apretarse por la acción de una tenaza. Por un lado, tenemos las constricciones presupuestarias derivadas de los recortes y (sobre todo) de los impagos de la Generalitat a los entes locales para la prestación de los servicios sociales que le delega. La otra rama de la tenaza es la limitación competencial impuesta por la reforma local del PP que, combinada con el factor anterior, pone en riesgo la fórmula de prestación de los servicios sociales desde la proximidad del municipio en concierto con el gobierno autonómico competente. La próxima legislatura será clave para ver si se cumplen o no los pronósticos de desmantelamiento que algunos nos tememos.

 

 

Rafael López y Zaguirre

Educador social

 

 

Son tiempos convulsos para los servicios sociales. Para mí, que vengo del mundo local aún más. La máquina arrolladora del neoliberalismo no para y sigue poniendo en riesgo nuestro estado de bienestar y, concretamente, la acción social que tantos y tantos años nos ha costado construir.

Hay, en estos momentos, tres procesos que de una u otra manera tendrán influencia en el futuro inmediato de los profesionales de la acción social y, más preocupante aún, en las ciudadanas y los ciudadanos (usuarios y consumidores dicen las nuevas tendencias) que son los receptores de nuestro trabajo en el día a día: la aplicación de la ley reguladora de las bases de Régimen Local, modificada por la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)¹, que a priori sólo debe afectar a los servicios sociales municipales; el proyecto de Ley de servicios y colegios profesionales² y, por último, la Directiva 2005/36 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.³

Hagamos un pequeño repaso de estas iniciativas que, de una u otra forma, influirán el devenir de los y las profesionales de la acción social.

Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)

Los servicios sociales básicos o de atención primaria, para los que todavía nos gusta mantener el romanticismo de “la primaria” tienen que sufrir, teóricamente, una modificación sustancial a partir del 1 de enero de 2016.

La RSAL, entre otras cuestiones, ha cambiado las funciones que se definen como propias de las entidades locales y que históricamente vienen definidos por la ley reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). En concreto, hasta la aprobación por la LRSAL, el artículo 25.2 letra k de la LRBRL definía como función propia de los municipios la “prestaciones de los servicios sociales, de promoción y reinserción social”. En estos momentos, esta función se ha sustraído de los municipios que sólo pueden hacer la “Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social” (artículo 25.2. Letra e) dejando los servicios sociales, en su sentido más amplio, como competencia de las comunidades autónomas. Obviamente, las comunidades autónomas podrán delegar en los municipios estas funciones, pero siempre que vayan acompañadas de la correspondiente financiación.

Este hecho, en estos momentos y, a pesar de la disposición transitoria segunda punto 1 de la LRSAL  dispone que “Con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales, las comunidades autónomas deben asumir la titularidad de las competencias que se preveían como propias del municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social” está provocando ya cambios más que sustanciales en los ayuntamientos como: limitaciones de contrataciones de servicios de atención domiciliaria o de la gestión de los centros abiertos, no más allá del 31 de diciembre de 2015; solicitud por parte de los interventores/as municipales de informes contradictorios al Departament de Benestar Social i Familia sobre la prestación de algunos servicios de servicios sociales, informes desfavorables en las tramitaciones de ayudas económicas a las familias o de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que tienen como objeto el apoyo a las familias.

Hay quien piensa que el 1 de enero de 2016 no pasará nada, pero hay quienes estamos viendo que YA está pasando, aunque podríamos tener la “suerte” de que como la ley de servicios sociales es anterior a la aprobación de la LRSAL y que las competencias en materia de servicios sociales son de las comunidades autónomas, no pase nada. No hay que distraerse, YA está pasando.

Proyecto de Ley de servicios y colegios profesionales

Es de esperar que este proyecto de ley no vea la luz en el mandato que queda del Partido Popular al frente del gobierno del Estado. Pero los viernes son tenebrosos y, en cualquier momento, el lobo ataca.

Esta iniciativa deja los y las profesionales de la acción social totalmente desprotegidos y desamparados ante una sociedad que requiere cada día más una acción profesional de calidad.

La disposición transitoria 4ª de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y más concretamente en lo relacionado a : “… la obligación de colegiarse en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en las que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas … “. Los y las profesionales de la acción social, teniendo presente las funciones que nos otorgan las diferentes legislaciones vigentes, atendemos habitualmente en nuestros servicios personas que se ven afectadas en materia de seguridad personal, jurídica e incluso en su integridad física, por lo que siempre hemos creído que es imprescindible el control del ejercicio profesional por parte del o de los colegios profesionales.

¿Por qué?

El Tribunal Constitucional, en Sentencia 194/1998, dice que “la obligatoriedad de incorporarse a un colegio profesional para el ejercicio de la profesión se justifica no en atención a los intereses de los profesionales sino como garantía de los intereses de los destinatarios de sus servicios “.

La existencia de colegiarse obligatoriamente está directamente relacionada con diversos aspectos, que aseguran que los profesionales que ejercen los cumplan en pro de los fines de:

– Ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.

– Velar para que la actividad profesional se adecue a los intereses de la ciudadanía.

Estos aspectos son:

– Cumplir con los códigos deontológicos de las profesiones, como conjunto de principios y normas que orientan la acción y la conducta profesional.

– Ejercer unas funciones profesionales determinadas y no otras, evitando así situaciones de intrusismo profesional.

– Dar un servicio de calidad encaminado a cubrir las necesidades de la ciudadanía. Las personas receptoras finales de los servicios tienen la garantía de que la atención social se lleva a cabo por un profesional que tiene la formación y experiencia profesional adecuadas para el ejercicio profesional.

Pues bien, el proyecto de Ley de servicios y colegios profesionales hace caso omiso a estas cuestiones, dejando la obligación de colegiarse para sólo unas cuantas profesiones, ninguna del ámbito social.

Directiva europea relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales

El objeto de esta directiva es establecer las normas según las cuales un Estado miembro que subordina el acceso a una profesión regulada o su ejercicio, en su territorio, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales, reconocerá para el acceso a esta profesión y su ejercicio las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros y que permitan al titular de dichas calificaciones ejercer en él la misma profesión.

Básicamente hablamos de la circulación de profesionales entre Estados miembros, pero mientras que siempre se había hablado de la “libre” circulación, ahora nos encontramos con “condiciones”.

La Directiva define entre otros:

– «Profesión regulada», actividad o conjunto de actividades profesionales el acceso, el ejercicio o una de las modalidades de ejercicio de las cuales, están subordinadas de forma directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales; en particular, se considerará modalidad de ejercicio el empleo de un título profesional limitado por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas a quien posea una determinada cualificación profesional.

– «Cualificaciones profesionales», las cualificaciones acreditadas por un título de formación, un certificado de competencia (definido en el artículo 11, letra a), inciso i), y / o una experiencia profesional;

– «Título de formación», los diplomas, certificados y otros títulos expedidos por una autoridad de un Estado miembro, designada conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de este Estado, que sancionan una formación profesional adquirida de manera preponderante en la comunidad.

– «Formación regulada», toda formación orientada específicamente al ejercicio de una profesión determinada y que consista en un ciclo de estudios completado, en su caso, por una formación profesional, un período de prácticas profesional o una práctica profesional.

Así pues, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el estado miembro de acogida permitirá al beneficiario acceder en ese estado miembro a la misma profesión que aquella por la que está cualificado en el Estado miembro de origen y ejercerla con los mismos derechos que los nacionales. Por tanto, la profesión que se propone ejercer el solicitante en el Estado miembro de acogida es la misma que aquella para la que está cualificado en su Estado miembro de origen si las actividades cubiertas son similares.

Pero el ámbito de la acción social es el gran ausente de esta Directiva. El Gobierno del Estado ha empezado a trabajar, desde el Ministerio de Educación y en relación con la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) esta cuestión, pero muy probablemente las profesiones del ámbito social no estén entre las que se prioricen regular en nuestro Estado.

Además, hay elementos que no ponen fácil la traslación entre estados de los diferentes estudios del ámbito social ya que se dan diferencias en la duración de los estudios, en las posibles salidas profesionales y en la falta de unos criterios claros para establecer las enseñanzas claves de estas profesiones.

El papel de los y las profesionales de la acción social en este panorama

Ante este panorama, a veces desolador, hay que volver a plantearnos que debemos ser los altavoces de aquellas personas que, como consecuencia de las políticas sociales que se están llevando a cabo, se encuentran cada vez más con situaciones de desigualdad, pobreza y sufrimiento.

Creo que algunas de las líneas a trabajar, por parte de los profesionales de la acción social, son las que se manifestaron en la Declaración de Valencia⁴, con el que concluyó el VI Congreso Estatal de Educación Social “Nuevas visiones para el educación Social, experiencias y retos de futuro “, que son:

– Compromiso buscar soluciones a las alternativas que se están dando para superar la actual crisis económica, ofreciendo propuestas basadas en la dignidad, las capacidades y fortalezas de las personas, rompiendo el fatalismo imperante.

– Compromiso a plantearnos nuestra acción desde una posición ética de crítica y denuncia, asumiendo la voz de los que sufren por un sistema injusto.

– Implicación en la creación de las condiciones sociales, educativas, económicas, participativas, necesarias para que todas las personas puedan ejercer plenamente todos sus derechos.

– Ánimo y deseo de devolver a la ciudadanía el hecho de ser consciente de sus propios derechos y de sus responsabilidades reales en la construcción del estado de bienestar social, que sabemos posible y viable.

– Apuesta por un contrato social, para trabajar y fomentar una educación social de calidad, entendida como derecho de ciudadanía, para hacer un mundo más justo y solidario.

– Actuación efectiva y con firmeza,  colaborando con otras instituciones, organizaciones y entidades sociales y educativas, hacia el establecimiento de programas de formación permanente, de acción socioeducativa y cultural, de investigación-reflexión, entre otros, dando respuesta a las inquietudes y necesidades de las y los educadores sociales.

– Colaboración y comunicación estrecha e intensiva con las y los profesionales del ámbito social que persigan la cobertura de las necesidades de la ciudadanía, creando las condiciones para que emerjan nuevos sujetos sociales de representación profesional de la acción social.

Pero todo esto difícilmente lo conseguiremos si no tomamos conciencia de la necesidad de “militar” activamente en las organizaciones sociales que pueden tomar el pulso a los dirigentes políticos actuales y cuando digo militar me refiero tanto en las organizaciones sindicales, como colegios profesionales, como asociaciones de personas afectadas, como la Marea Naranja, como …

 

“El futuro Tiene muchos números. Para los débiles es el inalcanzable. Para los temerosos, el desconocido. Para los valientes es la oportunidad. “

Victor Hugo (1802-1885)

 

[1] http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756-C.pdf

2 http://www.redaccionmedica.com/contenido/images/anteproyecto_ley_colegios_11N.pdf

3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:es:PDF

4 http://www.eduso.net/res/res/?b=23&c=250&n=791

 

 

Daniel Kaplún

 Sociólogo

 

 

El tema de la pobreza en España ha ido cobrando creciente presencia en los medios de comunicación y en el debate público, como lógico efecto de su crecimiento exponencial a consecuencia de la crisis económica que padecemos (la mayoría de los españoles) desde hace ya no menos de 6 años.

Esa presencia se ha visto frecuentemente seguida o precedida (respectivamente) de “apellidos” o de “prefijos” que le acompañan: pobreza “infantil”, pobreza “energética”…, o por el otro lado el “umbral” de la pobreza, o el “riesgo” de pobreza…

Estas formas de “apellidar” o “prefijar” a la pobreza, parecen poner el foco en un solo y único síntoma, como si la pobreza “energética” (por ejemplo) consistiese únicamente en que se carece de recursos para caldear o iluminar la vivienda, pero sí se tienen para vestirse, desplazarse, alimentarse adecuadamente o incluso llevar una vida social plena; en definitiva, todo aquello que nos permite vivir dignamente como seres humanos (y consiguientemente sociales). O como si (aún más absurdo) la pobreza “infantil” afectase únicamente a los niños, mientras los padres disfrutasen de los bienes y servicios básicos, pero se los negasen a sus hijos.

Y lo mismo podría decirse del “umbral” de la pobreza o del “riesgo” de pobreza:

• El “umbral” de la pobreza es un límite más o menos arbitrario que se fija para determinarquiénes pueden o deben ser considerados pobres y quiénes no; límite fijado generalmente en términos de renta, ya sea familiar o per cápita (y no es para nada lo mismo una cosa que la otra, como trataré de explicar más adelante).
• El “riesgo” de pobreza es un concepto aún más difuso, puesto que se trata de determinar a personas o colectivos que, sin serlo de facto, estaríanamenazados de forma más o menos inminente de caer en la pobreza; en otras palabras, pobres “potenciales”, lo que en términos operativos suele determinarse mediante una franja o intervalo inmediatamente por encima del “umbral”, y siempre en términos de renta.

A mi modesto entender, la pobreza es un fenómeno único y global, que afecta a la totalidad del núcleo de convivencia y a cada uno de sus integrantes, aunque generalmente no en la misma medida, ni de la misma manera. Y en muchos casos también al entorno del núcleo afectado, particularmente a sus familiares más directos que, movidos por el amor y la solidaridad, suelen privarse a sí mismos de bienes o servicios esenciales para apoyar la supervivencia de los afectados más directos.

Lo que puede divergir son los síntomas que exteriorizan y hacen visible la pobreza. Síntomas que suelen ser el resultado de una elección, quizá no siempre consciente ni necesariamente deliberada, sobre aquello de lo que se puede prescindir y lo que se debe mantener. Es decir, de una escala de prioridades que lleva a decidir la supresión o reducción del acceso a determinados bienes o servicios y la conservación de otros.

La experiencia empírica nos indica que, con frecuencia, dicha escala de prioridades suele estar más regida por elementos socio-culturales que puramente racionales. Porque se suele otorgar prioridad a aquellos bienes o servicios que permitan disimular u ocultar las dificultades económicas por las que está atravesando la familia, por una parte, y sobre todo a proteger a los hijos de esa visibilidad y de sus posibles consecuencias en su entorno social.

Dicho en términos coloquiales, la escala de prioridades suele estar muy influenciada por la intención de guardar las apariencias. Y esta intención está, a su vez, íntimamente relacionada con los sentimientos y vivencias afectivas que se suelen generar en torno a la pobreza:

• Laculpabilidad, y su consecuencia directa
• Lavergüenza

Estas vivencias resultan especialmente intensas cuando el ingreso en la situación de pobreza es sobrevenido después de una vida de (relativa) abundancia o, al menos, exenta de dificultades económicas importantes. Y se acentúa cuando dicha situación de empobrecimiento sobrevenido se produce de forma individual, y no afecta al conjunto del entorno residencial o laboral del afectado.

Aunque pueda parecer contradictorio con lo sostenido hasta ahora, podríamos proponer por lo tanto dos nuevos “apellidos” para la pobreza:

• La pobrezacrónica o estructural, es decir aquella que se ha padecido “desde la cuna”
• Elempobrecimiento sobrevenido a consecuencia de la pérdida o reducción drástica de los ingresos de que se dispone

Esta última situación es la que ha crecido de forma exponencial en estos años de crisis, ocasionando a su vez una profunda transformación en la estructura social española, que se expresa en un fenómeno de movilidad vertical descendente, para la que no estábamos en absoluto preparados, después de una década de (aparente) sobreabundancia.

Este fenómeno de movilidad social descendente genera, a su vez, una profunda crisis de identidad en quienes lo padecen: su capacidad adquisitiva no se corresponde en absoluto con las necesidades y hábitos adquiridos durante la vida precedente, que determinan la identidad de clase subjetiva de cada individuo y, consiguientemente, de quienes conforman su núcleo de convivencia.

Se produce, por lo tanto, una ruptura entre la posición social objetiva y la identidad percibida, que impulsa a ese ocultamiento y ensimismamiento al que me refería anteriormente, potenciada por una moral social, profundamente enraizada en nuestra cultura, que nos impulsa a la búsqueda del éxito individual, tanto en términos materiales como de prestigio social. Moral social que, a la vez que premia el éxito (sin prestar mayor atención a los procedimientos por los que se lo ha alcanzado), tiende a estigmatizar el fracaso, culpabilizando de él a quien lo vive y negándole oportunidades de redención posterior.

De ahí la culpa con la que se suele vivir, al menos en una primera etapa, el empobrecimiento sobrevenido, y la necesidad de ocultarlo a nuestro entorno, en particular a aquellos de los que tememos una respuesta hostil. Esa culpa afecta especialmente a quienes se ven obligados a dejar de pagar sus deudas (particularmente los créditos, y en especial los relacionados con la vivienda) y los costes derivados del mantenimiento de los servicios esenciales: energía, agua potable, etc.

Dentro de esa tendencia al ocultamiento de la pobreza sobrevenida habría, por lo tanto, una gradualidad, determinada por la menor o mayor visibilidad externa de sus efectos, por una parte, y por quiénes se vean afectados por ellos. Así, cabe pensar que la denominada “pobreza energética” se encontraría en uno de los primeros estadios de la decadencia (en una sociedad en la que se tiende a facilitar muy poco el acceso a la vivienda a personas ajenas al entorno familiar más directo), mientras que la “pobreza infantil” se situaría en las últimos eslabones de la cadena, puesto que la protección a la infancia constituye, a su vez, una parte esencial de nuestra cultura social.

En cualquier caso, quienes luchamos por la construcción de un modelo social igualitario nos enfrentamos a un enorme desafío: el de transformar la culpa en rebeldía, ésta a su vez en solidaridad y, finalmente, la solidaridad en lucha colectiva organizada. En otras palabras, y retomando el lenguaje marxiano que, al menos en mi caso, he mamado desde mis primeros (y ya lejanos) pasos en la militancia política y social, transformar lo que en este momento sería una “clase en sí” en “clase para sí”. Con la dificultad añadida de que se trata de un estrato social que escapa en buena medida a los modelos clásicos en los que nos hemos formado, y se hace por lo tanto necesario generar, sobre este fenómeno del empobrecimiento sobrevenido, una teoría sociológica que nos permita interpretarlo en su globalidad para poder abordarlo con acierto.

Aunque con frecuencia a tientas y sin un marco teórico exhaustivo, algunos movimientos sociales han logrado avances muy significativos en ese proceso de empoderamiento o adquisición de consciencia de clase (como se le prefiera llamar). De todos ellos, probablemente la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es uno de los que más profunda y acertadamente ha reflexionado y actuado las raíces ideológicas y actitudinales del fenómeno. Pero su acción sigue limitada al núcleo de quienes han tomado la iniciativa de aproximarse al movimiento.

Sigue faltando, por lo tanto (al menos en mi modesta opinión), una adquisición de consciencia de carácter masivo, capaz de impulsar la transformación social profunda que se necesita en este país y en esta coyuntura. Las razones por las que, a mi juicio, las organizaciones políticas actualmente existentes no son capaces (algunas) o no se proponen (otras) dicha transformación serían largas de explicar y deberían por tanto ser objeto de otro artículo.

 

 

Rafi Redondo

Coordinadora del Sector de la Intervención Social y Atención a las Personas de la FSC – CCOO Cataluña

 

 

Los servicios sociales en Cataluña son definidos en la Ley 12/2007 de 4 de octubre, como un conjunto de actuaciones orientadas a mejorar el bienestar del conjunto de la ciudadanía con el fin de “asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida, mediante la cobertura de sus necesidades personales básicas y de las necesidades sociales…”. Así, nacen con voluntad de servicio público y de proximidad, clasificados en niveles según las necesidades de atención específicas y bajo el principio de universalidad en el acceso a estos servicios.

Y bajo este principio corresponde a los poderes públicos la responsabilidad de asegurar al conjunto de la ciudadanía un nivel aceptable de bienestar que permita vivir en condiciones dignas mediante el diseño de políticas públicas dirigidas a garantizar la cobertura de las prestaciones que contempla el Sistema Público de Servicios Sociales. Prestaciones tan diversas como la atención domiciliaria, servicios residenciales clasificados según el colectivo destinatario (personas mayores, niños y adolescentes, adultos), atención a la dependencia, servicios para personas con discapacidad, salud mental, prestaciones económicas, .. .

Si realmente nos queremos engañar, pensaremos que con la ley en la mano, disfrutaremos de las expectativas de vivir con la certeza de que si nos encontramos en una situación de necesidad social los poderes públicos responderán y nos darán cobertura. Pero también podemos echar un vistazo a nuestro entorno y comprobar cómo, desde que nos gobiernan los partidos neoliberales imponiendo políticas de austeridad que, está comprobado, han acabado beneficiando a quien más tiene en detrimento de quien más recursos necesita (curiosamente los ricos son más ricos y el resto somos más pobres), la premisa de que las personas tenemos “derecho a vivir dignamente” tiene la misma credibilidad que una rueda de prensa del Rajoy sobre cómo ha bajado el índice de desempleo.

En el contexto económico y social en el que vivimos, soportando una tasa de paro socialmente insostenible, con familias enteras sin ingresos para hacer frente a los gastos básicos para vivir al día, con la destrucción masiva de puestos de trabajo, la reducción de la protección social en las prestaciones de desempleo, con una tasa de riesgo de pobreza entre la población infantil superior a la de las personas adultas, es incontestable que la prioridad presupuestaria debe recaer directamente en las personas, impulsando políticas públicas que fomenten la cohesión social , dotando de financiación suficiente los servicios dirigidos a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la población con carácter urgente. Financiación que debe abarcar los recursos orientados a la protección de colectivos en situación de vulnerabilidad, de menores tutelados, de mujeres que sufren violencia machista. Estos colectivos han visto como, en el último año, se ha reducido el gasto destinado a la gestión de los recursos que, en el caso de los Servicios de Intervención Especializada en violencia machista ya sus hijos (SIE), el Departamento de Bienestar y Familia disfraza el recorte presupuestario de “reestructuración del modelo de los SIE”, comportando la eliminación de puestos de trabajo que suponen una importante reducción en la atención a las usuarias ya sus hijos e hijas, en un momento en que los casos de violencia machista deben considerarse en un problema social de primer orden.

Éste es sólo un ejemplo de las carencias de un sistema donde prevalece un supuesto ahorro en gasto social, justamente cuando más incremento necesita, a la calidad de los servicios que, no olvidemos, son de titularidad pública y cobertura universal. Tampoco ayuda que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) dé preferencia a en las adjudicaciones de los servicios a la presentación de ofertas económicas por debajo de aquellas que las propias administraciones han cuantificado como coste del servicio. Al carro se apuntan tanto las empresas mercantiles como aquéllas sin ánimo de lucro, esperando llevarse el gato al agua, presentando proyectos a precios más bajos que lo que las administraciones admiten poder pagar. Una subasta en toda regla con consecuencias devastadoras que comprometen la calidad de los servicios ofertados y afectan las condiciones de trabajo del conjunto de profesionales y, de rebote, con repercusiones negativas sobre la negociación colectiva.

Desde el Sector de la Intervención Social y Atención a las Personas de la FSC de CCOO trabajamos en la detección de aquellos pliegos de condiciones que regulan la prestación de servicios sociales que contienen cláusulas, por acción u omisión, que contravienen lo establecido en los diferentes convenios colectivos de aplicación. A menudo nos encontramos con la necesidad de presentar alegaciones a los pliegos que, consideramos, entran en contradicción con los acuerdos adoptados en los convenios que resulten de aplicación, o simplemente obvian la referencia al convenio sectorial correspondiente. Incluso, algunos cuantifican el coste del servicio a un precio hora razonable, pero la ley de Contrato del Sector Público (LCSP) establece unas reglas de cálculo para las que limita la rebaja de las ofertas presentadas por las empresas respecto del precio de salida. La limitación se calcula sobre la media de las ofertas presentadas en las que se suman unos puntos porcentuales determinados y el resultado se llama “baja temeraria”. Toda una declaración de intenciones teniendo en cuenta que, cuanto más cerca de la baja temeraria, más difícil será prestar el servicio con el nivel de calidad exigible, y a la vez garantizar las herramientas necesarias para que las trabajadoras y trabajadores desarrollen sus funciones preservando unas condiciones de trabajo dignas.

La expresión máxima de lo que he expuesto lo encontramos en el último procedimiento para la adjudicación del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de la ciudad de Barcelona. Es el caso más significativo por varias razones: por el volumen de horas de atención estipuladas y cuantificadas en más de un millón y medio de euros, por ser considerado por las propias empresas como un buen negocio, lo que más llama la atención es la virulencia de las ofertas presentadas llegando a concurrir a 14,67 euros la hora cuando el ayuntamiento estaba dispuesto a pagar 18, y, por último porque un año y pico después, las empresas adjudicatarias manifiestan tener problemas para garantizar la aplicación del convenio colectivo. Es evidente que en este escenario el conflicto está garantizado.

Las empresas y entidades sociales han encontrado en las administraciones un aliado para dinamitar la negociación colectiva, pretendiendo condicionar el resultado aquéllos que ellas mismas provocan en los procesos sujetos a contratación pública.

Hay un punto de perversidad en el hecho de concurrir a una licitación pública reventando precios, utilizar el argumento de que es el Gobierno quien recorta las partidas sociales para justificar que no se pueden hacer avances en la negociación colectiva, y al mismo tiempo reivindicar más recursos públicos para hacer las empresas viables económicamente sin permitir que ningún beneficio revierta en una mejora de las condiciones de trabajo.

¿Hasta qué punto alguien puede pretender sacar provecho de la gestión de un servicio poniendo en riesgo la finalidad del propio servicio que, per se es un beneficio público, obteniendo márgenes para la gestión a costa del propio beneficio público?. Pues parece que muchos dada la proliferación en los últimos años de empresas privadas y entidades sociales de nueva creación que nacen con la voluntad de gestionar este servicio y lo que es peor aún, que los poderes públicos sean los principales promotores de la degradación de un sistema de derechos sociales que constituye uno de los pilares del estado de bienestar. Se está perdiendo la finalidad de los servicios.

Desgraciadamente ésta no es la única amenaza que tenemos que afrontar. Está por ver la afectación que puede tener en los servicios públicos el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) aprobado recientemente por el que una multinacional podría optar a la gestión de cualquier servicio social a un precio muy inferior. Del mismo modo, habrá que ver si los gobiernos y los partidos políticos reaccionan a favor de las necesidades de la ciudadanía o, una vez más, prefieren responder a las necesidades del mercado.

Los servicios sociales no están en venta. Es público, es tuyo. Sálvalo!