Una reflexión sobre los servicios sociales en un contexto de crisis

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Carolina Recio Cáceres

Profesora asociada Universitat Autònoma de Barcelona e investigadora del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)

 

Hace pocos meses fue noticia un pequeño altercado en el Centro de Servicios Sociales del barrio de Ciutat Meridiana, de la ciudad de Barcelona. Más allá del eco mediático y la criminalización del movimiento vecinal, aquel hecho puso de manifiesto lo que muchas veces desde los territorios, desde asociaciones de profesionales de los servicios sociales, y/o sectores vinculados a la investigación académica hacía años que denunciábamos: la necesidad de repensar el modelo de servicios sociales. En el año 2000 parecía que todo empezaba a moverse con la aprobación de la conocida Ley de Dependencia y la aprobación de la Ley de Servicios Sociales en Cataluña. Si bien esas dos normativas caminaban hacia una concepción universalista de los servicios sociales, pasados ​​los años se ha demostrado que no fueron un motor real de cambio, ya que en su redactado final y sobre todo, en su aplicación, no se rompía con un modelo de servicios sociales caracterizado por la escasez de recursos, la centralidad de las mujeres de las familias en las tareas de cuidado de las personas y la dependencia de entidades privadas para la gestión de los servicios.

En 2015, en un contexto de crisis, los déficits de los servicios sociales son mucho más evidentes. Cada vez hay más personas que viven en situación de emergencia social permanente y los servicios sociales deben atender a un abanico más amplio de problemáticas. Sin embargo, es necesario hacer una reflexión sobre los límites de los servicios sociales, unos límites que van mucho más allá de la falta de recursos y que tienen que ver con la concepción del propio modelo social. Un modelo todavía muy deudor del carácter familista de la sociedad española y enfocado hacia la individualización de las problemáticas.

La tradición de los servicios sociales

Los servicios sociales nunca estuvieron pensados ​​ni diseñados para ser uno de los grandes sistemas del estado del bienestar como la educación y la sanidad. Desde el feminismo se ha señalado que el cuidado cotidiano de las personas nunca formó parte de los pactos para la construcción de los sistemas de bienestar europeos. Los estados del bienestar y el pacto capital-trabajo se construyeron sobre la aceptación de la división sexual del trabajo. Décadas más tarde, con los cambios en los mercados de trabajo, las transformaciones de las estructuras familiares y el envejecimiento de la población, los servicios sociales han tenido que hacer frente a los cambios, ampliando y revisando los servicios y las prestaciones. Sin embargo, su desarrollo tardío coincidió en el tiempo con el avance de políticas neoliberales que apostaron por una consolidación de sistemas de servicios sociales no universalistas y por la privatización de la gestión de los servicios.

En España y Cataluña los servicios sociales se han definido tradicionalmente por su asistencialismo, que quiere decir que el acceso a los servicios no es universal, sino que sólo ciertos grupos pueden acceder a determinados servicios y prestaciones. Para acceder a ella hay que demostrar que se reúnen las condiciones para poder ser titular del servicio o de la prestación. Por tanto, existe una lógica de comprobación de medios, en el que continuamente tienes que demostrar que eres suficientemente pobre para poder tener una prestación. Este esquema tiene un impacto importante sobre los imaginarios de las personas hacia los servicios sociales. Entre aquellas personas que no son usuarias se instala un sentimiento de rechazo por tener que pagar, vía impuestos, por unos servicios que nunca podrán utilizar. Asimismo, hace que otras personas, ante el temor de ser controladas socialmente y la connotación negativa de los servicios, rehúyan de las ayudas, servicios y prestaciones. Ser pobre es un estigma, y ​​los servicios sociales son servicios para pobres. Por otra parte, cabe señalar que los servicios sociales vienen de una tradición familista del estado del bienestar. Este factor implica que generalmente los servicios y las formas de acceder continúan pensándose bajo el ideal “en casa y con la familia”, que quiere decir que prevalece la máxima de que la institución familiar es quien debe resolver las necesidades de atención a las personas. De nuevo esta tradición también forma parte de los imaginarios colectivos, tanto de usuarios como de las personas profesionales. Este aspecto es muy evidente en el ámbito de la dependencia, donde a menudo se han promocionado y proporcionado ayudas vinculadas al cuidado informal por delante de otras soluciones que rehúyen la centralidad de la familia en las tareas de cuidado, por ejemplo, soluciones residenciales de diferentes tipos. En este breve repaso histórico no hay que olvidar el papel central de la Iglesia católica en el proceso de construcción del sistema de servicios sociales español y catalán. De hecho, personas expertas en la historia de los servicios sociales señalan que Cáritas fue precursora de los servicios sociales en España; en 1957 la organización religiosa crea la Sección Social de Cáritas Nacional con la intención de superar “la acción benéfica” y sustituirla por “la acción social” – actividades técnicas de atención asistencial, organizaciones cooperativas, iniciativas de desarrollo social de grupos y promoción de equipamiento social de las comunidades. El papel central de la iglesia católica en la provisión de servicios también ayuda a entender la persistencia de un cierto carácter caritativo en la provisión de prestaciones y servicios sociales.

Finalmente, en este repaso de los elementos que definen la cultura de los servicios sociales no hay que perder de vista la historia propia en Cataluña y la contribución especial de los 23 años de gobierno pujolista para la construcción de un sistema residual, privatizado y defensor de la familia como eje vertebrador de la sociedad catalana. A modo de ejemplo, cabe recordar que la ley de servicios sociales del año 1994 fue la primera ley autonómica en dotar de un papel central a organizaciones privadas y de limitar la autonomía local en la prestación de servicios, dando más poder a los Consejos Comarcales. Como explica el sociólogo José Adelantado, los gobiernos de CiU contribuyeron a crear un modelo de servicios sociales “jerarquizado, reglamentarista, asistencialista y burocrático”.

¿En qué punto estamos?

Si hacemos caso a la historia y los rasgos que definen los servicios sociales, es más fácil entender las limitaciones que hoy en día tienen los servicios sociales para poder ofrecer servicios que procuren bienestar a la ciudadanía. Hay que situar la problemática histórica de los servicios sociales en un contexto de crisis económica caracterizado entre otras cosas por: el empeoramiento de las condiciones de trabajo avaladas por la aprobación de reformas laborales y el ataque contra los procesos de negociación colectiva , las políticas continuadas de recortes de los servicios públicos que han afectado tanto a usuarios como personas trabajadoras, el fin del modelo de crecimiento basado en la construcción y el impacto de políticas de vivienda que se han manifestado nefastas para la vida de las personas, etc. En definitiva, la promoción de políticas de austeridad está generando sociedades más desiguales donde se incrementan el número de personas que viven sin trabajo o con un trabajo precario con sueldos de miseria, con dificultades para mantener una vivienda, con dificultades para poder hacer frente a servicios básicos como es el suministro de agua, luz o gas. Todas estas cuestiones han puesto en evidencia todas las carencias que ya eran propias de servicios sociales y las han agravado, ya que además de tener que seguir atendiendo temas que les eran propios, ahora estando gestionando otras áreas que les son nuevas: ayudas para el comedor escolar que en teoría debería ser competencia de Educación, la gestión de aspectos de emergencia habitacional, competencia que correspondería a Vivienda, o ayudas alimentarias que tienen los bancos de alimentos como recurso básico, unas ayudas que tradicionalmente gestionaban autónomamente entidades sociales – principalmente órdenes religiosas – y que actualmente entran también dentro del circuito de servicios sociales. Sin olvidarnos de que el sistema asistencialista supone, además, un largo laberinto de informaciones confusas, trámites y gestiones farragosas que son necesarias para acceder a servicios y prestaciones. Asimismo, los recortes también han afectado a las personas trabajadoras de los servicios sociales, sobre todo con la falta de recursos personales suficientes y la sobrecarga de trabajo, y también la angustia personal que supone tener que hacer frente a un número elevado y disperso de problemáticas sin tener una buena dotación de recursos. Esta falta de recursos se traduce en un colapso de los servicios que retrasa la intervención y en una incapacidad de respuestas globales para hacer frente a las necesidades sociales. Todas estas cuestiones obligan a hacer reflexiones profundas y que deben ir más allá de la denuncia de la falta de recursos, ya que el problema de los servicios sociales es un problema de concepción de modelo de sociedad y de forma de pensar, diseñar e intervenir políticamente.

La individualización, el éxito personal y el ascenso social como perspectiva son hoy en día valores incuestionables. Valores reforzados por discursos sobre la excelencia y el valor del conocimiento y la calificación técnica, discursos aceptados y compartidos por amplias capas de la población. Sin duda, esto también está detrás del modelo de servicios sociales, de la concepción de persona usuaria y de su relación y uso de los servicios y prestaciones. El discurso, a menudo hegemónico, entiende que las ayudas sociales deben facilitar el diseño de estrategias individuales para salir de su situación de pobreza. Este posicionamiento no tiene suficientemente en cuenta el contexto en el que se vive y los recursos con los que se cuenta (culturales, simbólicos, económicos, etc.) para poder diseñar una estrategia satisfactoria. Esta concepción se fundamenta en el éxito individual, y olvida la vieja idea de la dignidad de la clase obrera; como bien explica Owen Jones en su libro sobre la demonización de la clase obrera en el Reino Unido, lo que se potencia y lo que se desea es dejar de ser clase obrera, serlo se criminaliza ya que, bajo el paradigma del éxito , implica que los individuos no se esfuerzan por mejorar su situación social. Una criminalización reforzada por estereotipos mediáticos muy potentes –  por ejemplo, la imagen de la “choni” o el “poligonera”, jóvenes sin formación y con prácticas culturales cuestionables -. Esta concepción también forma parte de cómo se piensan y cómo se articulan las políticas sociales, estigmatizando a aquellos que se consideran pasivos en el modelo hegemónico sobre la emprendeduría personal. Los que no son proactivos y parecen tener dificultades para tejer estrategias individuales son a menudo tachados de aprovechados del sistema: personas que viven de las rentas mínimas, que sacan provecho de las ayudas con malas prácticas (por ejemplo haciendo un “mal uso” de los bancos de alimentos) y que no hacen nada para encontrar un nuevo trabajo. Esto puede ayudar a entender el diseño concreto de las políticas públicas de servicios sociales. Son políticas que se traducen en ayudas puntuales, de carácter parcial y con una capacidad relativa de promoción de mejoras en las condiciones de vida. Ofrecer ayudas alimentarias, ofrecer soluciones habitacionales temporales, ayudas para pagar servicios básicos, o dinero para pagar el cuidado informal de la persona dependiente son medidas paliativas, pero que en ningún caso ayudan a salir de la situación de necesidad.

La reflexión sobre los servicios sociales también implica pensar en cómo se están gestionando estos servicios. El modelo aceptado es el de la externalización y privatización de la gestión de los servicios. El ataque neoliberal hizo creer que al externalizar la gestión del servicio a entidades privadas – entidades mercantiles y del tercer sector social – se prestaría un servicio más eficiente y con menos costes para el estado. Una visión bien aceptada tanto por las grandes empresas que hoy están presentes en el sector como por parte de un tercer sector que se ha expandido gracias al desarrollo de nuevos servicios públicos. Aunque no existen evidencias sobre las bonanzas de este sistema ni que resulte una buena opción económica. Al contrario, la privatización de la gestión tiene muchas sombras tanto desde la perspectiva de la calidad del servicio que se presta como desde el punto de vista de la calidad de la ocupación que se genera. El sistema de gestión se ha basado en muchos casos en el abaratamiento de costes, es decir, en la expansión de un sistema de servicios de bajo coste, que ha facilitado la entrada de grandes grupos empresariales del país y ha sido bien aceptado por la gran red de entidades del tercer sector del país. Además del coste, la problemática de la externalización plantea déficits desde el punto de vista del seguimiento y control del servicio prestado por parte de la entidad gestora de los servicios. En este sentido y a modo de ejemplo, nos podríamos encontrar que una entidad que ha sido denunciada por incumplimiento de convenio se vuelve a presentar y ganar un concurso público de gestión del servicio. Desde el punto de vista de las condiciones de trabajo hay que decir que es un sistema nefasto ya que esta competición a bajo coste se traduce en salarios bajos, malos horarios de trabajo, tener que renegociar condiciones cada vez que se cambia la entidad que gana el concurso de gestión, etc. No hay que olvidar que aquellos servicios externalizados han sido los más intensivos en trabajo y aquellos donde el contenido del trabajo es considerado no cualificado por su proximidad al trabajo invisible de cuidado informal de las personas.

Ideas para repensar los servicios sociales

Es urgente repensar los servicios sociales y las políticas sociales. En primer lugar, es insoslayable la defensa de un sistema de acceso universal a los servicios sociales, ya que es absolutamente necesario para la construcción de una sociedad igualitaria desde la perspectiva del derecho. En la sociedad actual no aceptamos que una persona que esté enferma no reciba ningún tipo de atención médica, o no aceptamos que ningún niño se quede sin escolarizar. Sin embargo, asumimos con tranquilidad la no respuesta por parte de los servicios sociales, asumimos que un abuelo o abuela no sólo no tenga acceso a una plaza residencial pública, sino que los servicios sociales no colaboran en la búsqueda de soluciones alternativas. Aceptamos que se nos pregunte si la persona dependiente tiene familiares que se pueden hacer cargo, especialmente mujeres. Es necesario, por tanto, una revisión profunda del modelo que conduzca al reconocimiento del derecho individual a recibir una atención adecuada. Evidentemente, este cambio conceptual no será posible sin un cambio radical de otras instituciones y políticas públicas. Son necesarios, por tanto, cambios en las políticas laborales, en los sistemas impositivos y en el reparto de la carga total de trabajo que implique una redistribución más igualitaria de los tiempos y trabajos entre hombres y mujeres.

Repensar los servicios también significa apostar por la re-municipalización de servicios personales. Un reto ambicioso, sobre todo si tenemos en cuenta la actual reforma de gobiernos locales que elimina competencias municipales para la gestión de servicios sociales y la histórica infradotación de recursos a los gobiernos locales. Apostar por repensar el modelo aceptado de externalización de los servicios tiene que ver con la necesidad de mejora del servicio, que integrándose de nuevo al sistema público podrá ofrecer una atención más multidisciplinar e integrada mejorando, además, las condiciones de trabajo de las trabajadoras. Trabajar en equipos integrales y recuperar la gestión seguro que también facilitaría un cambio en el tipo de servicio más centrado en las necesidades de las personas.

Finalmente, hay que repescar el espíritu de los primeros años 80, de efervescencia del trabajo social. En este sentido, sería bueno apostar por una perspectiva de trabajo en red entre agentes y entidades de los territorios, de trabajo de calle, de trabajo diagnóstico de la situación individual y contextual. Las personas que se dedican al trabajo social no pueden ser gestoras de la miseria y guardianas de un orden social injusto. Hay, pues, que pensar que la ciudadanía debe ser más incisiva en la defensa de los servicios sociales ya que son servicios que nos proporcionan bienestar a todas las personas, pero también los profesionales tienen el deber y la responsabilidad de denunciar los déficits. Un buen ejemplo lo hemos visto en esta última semana con la protesta de los trabajadores sociales municipales de Barcelona que se han negado a jugar un papel colaborador en los procesos de desahucio, porque entienden que su labor debe ser preventiva de las situaciones. Esto nos obliga a situar el cuidado de las personas en el centro de la concepción política del sistema y de las demandas sociales, sólo así entenderemos que con los servicios sociales nos jugamos el bienestar de la sociedad.