Servicios sociales, municipio y derechos de ciudadanía

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Toni Salvador

Concejal de servicios sociales del Ayuntamiento de Terrassa

 

 

Distrito barcelonés de Nou Barris, octubre de 2014. Un grupo de personas accede a la Oficina de Servicios Sociales del barrio y se producen varios incidentes, entre ellos el destrozo de algún mobiliario. Nada dramático en términos objetivos pero sí suficiente como para dar visibilidad mediática a una tensión latente en los últimos años en Barcelona y probablemente en todo el sur de Europa. Pocos días después de este incidente, un medio digital publicaba un artículo de Ernesto Morales que ya apuntaba acierto en su título “¿Por qué a nosotros? Servicios sociales, entre la emergencia y los derechos” En él se apuntaba la siguiente diagnóstico: “El episodio de la Ciudad Meridiana tiene que ver con un desencaje entre las funciones que hoy puede asumir los servicios sociales y una demanda, convertida en exigencia por los movimientos organizados, de dar respuesta inmediata ante situaciones de emergencia social y derechos sociales básicos como son la vivienda o la alimentación. Una tensión que es insalvable con el marco existente, al menos en determinados territorios “.

Efectivamente, me temo que éste es el quid de la cuestión: a los servicios sociales municipales se nos ha cambiado, de forma repentina, el objeto de intervención. Hasta hace pocos años nos enfrentábamos a un problema cuantitativamente acotado y cualitativamente bastante perfilado. Simplificando: la vieja pobreza, la exclusión social tal como la habíamos entendido tradicionalmente. Este “objeto de trabajo” es el que se explicaba en nuestras facultades de trabajo y educación social, es por el que teníamos dimensionadas nuestras plantillas, presupuestos y dispositivos de atención.

En pocos años hemos pasado de este escenario a otro completamente diferente. De entrada ingresa mucha más gente por la puerta. Un municipio como Terrassa ya puede tener el 15% de su población como usuaria de servicios sociales. Pero la principal novedad no creo que sea tanto cuantitativa como cualitativa. Los perfiles de nueva pobreza se están convirtiendo en los más habituales. Ciudadanos con una biografía que hasta hace poco estaba plenamente “normalizada”, a menudo sin ninguna de las características que tradicionalmente definían el usuario tipo: sin problemas psicosociales, sin problemas formativos o de experiencia laboral, sin patologías ni adicciones… Ciudadanos que simplemente perdieron su empleo y, unos meses más tarde, sus prestaciones sociales y de desempleo. Ciudadanos que te cuentan cosas del tipo: “el verano pasado estaba en Eurodisney con mis hijos y ahora soy usuario del banco de alimentos”.

¿Cuál es el problema entonces? Que los servicios sociales municipales y las entidades sociales nos vemos abocados a cubrir, casi en solitario, las carencias de ingresos derivados de la destrucción de empleo y de los recortes en las políticas de garantía de rentas. Cuando las tasas de cobertura de las prestaciones sociales eran relativamente elevadas, quedarse sin trabajo no era sinónimo (casi inmediato) de quedarse en la exclusión social. Los diversas recortes en las prestaciones y los subsidios de paro, en la RMI, en el Prepara, etc. nos han dejado con unas tasas de cobertura que (según la EPA) apenas llegan a una de cada tres personas sin trabajo. O se recupera ese “colchón” o no habrá política social que aguante e iremos cayendo en un asistencialismo cada vez más precario.

En este ejercicio de cobertura de necesidades básicas en que nos hemos convertido los Servicios Sociales, creo que nos vamos saliendo en uno de los flancos: las necesidades alimentarias. ¡Quién nos iba a decir hace apenas unos años que acabaríamos abriendo comedores sociales, que las becas-comedor de las escuelas se convertirían en un recurso asistencial y que tendríamos un cuarto de millón de catalanes dependiendo de los bancos de alimentos para poder comer!. En otras ramas de recursos básicos como son los suministros, los ayuntamientos estamos aguantando el grueso de impagados ante la inacción de la administración autonómica competente. Otros campos, como el residencial, tienen más dificultades para ser atendidos por diversas razones. Desde la tradicional falta de parques públicos de vivienda de alquiler social en nuestro país hasta el problema de los sobreendeudamientos.

Esta priorización de las necesidades más básicas es obligada por razones evidentes pero tiene un punto  frustrante para el sector del trabajo social. Habíamos necesitado muchos años y muchos esfuerzos para superar el tradicional asistencialismo y entrar en dinámicas diferentes, de inserción, de empoderamiento, de trabajo comunitario para el fomento de la autonomía. Ciertamente, estas claves siguen están en el trabajo pero con un peso ciertamente desplazado por el objetivo más prosaico de garantizar la supervivencia del usuario. Recordemos, además, que una sociedad básicamente salarial como la nuestra tiene la inserción laboral como hito de éxito típica de la mayoría de itinerarios de inserción con que trabajan los servicios sociales. Pero en un marco como el actual de nulo creación de puestos de trabajo… ¿inserción?¿dónde? Se abre, por tanto, la necesidad de explorar caminos alternativos al mercado laboral que al menos garanticen provisionalmente la entereza psicosocial de los usuarios. En Terrassa hemos iniciado varias experiencias de este tipo como un huerto comunitario o un restaurante del tiempo pero queda todavía mucho camino por recorrer probablemente en clave de fomento de la actividad cooperativa y la economía social.

No quisiera terminar este artículo sin mencionar aún otro condicionante, éste más institucional. La capacidad de intervención de los servicios sociales municipales va camino de apretarse por la acción de una tenaza. Por un lado, tenemos las constricciones presupuestarias derivadas de los recortes y (sobre todo) de los impagos de la Generalitat a los entes locales para la prestación de los servicios sociales que le delega. La otra rama de la tenaza es la limitación competencial impuesta por la reforma local del PP que, combinada con el factor anterior, pone en riesgo la fórmula de prestación de los servicios sociales desde la proximidad del municipio en concierto con el gobierno autonómico competente. La próxima legislatura será clave para ver si se cumplen o no los pronósticos de desmantelamiento que algunos nos tememos.