Política social

 

 

Pau González

 

 

 

El mantenimiento del Estado del Bienestar (EB) es una cuestión clave en las democracias occidentales, y también un paradigma a emular por todos los modelos económicos, aunque su creación y sostenimiento no sean una cuestión pacífica, y donde los posicionamientos ideológicos enrarecen su debate constructivo.

Circunscritos entre el modelo socialdemócrata y el conservador por entorno sociopolítico y cultural, la integración europea es un factor de confluencia, pero incluso en este contexto la definición del modelo de EB, su regulación y sostenimiento son complejos y requieren de un consenso político previo. El modelo meridional europeo, con una fuerte impronta moralista e ideológica, se encuentra en revisión por los cambios sociodemográficos, culturales en la acepción más amplia, pero también por las transformaciones técnico-productivas que impactan sobre el tejido productivo y de consumo. En la última mitad del siglo XX, el esfuerzo de la acción pública consistió en socializar el riesgo, hasta el punto que terminó muriendo de éxito y se produjo la conocida disidencia de los triunfadores. Se había roto el contrato social.

Y este es el epicentro del debate, la reconstrucción de un nuevo modelo de contrato social, que solidarice el riesgo y actué preventivamente ante él, pero que integre a toda la sociedad. Sociedades que cada vez están más fragmentadas. Los retos de las sociedades actuales son tan enormes, que difícilmente nos saldremos si no es con un planteamiento holístico e integrador de todos los actores sociales. Y la pregunta clave es cómo reconstruir y mantener un EB en el siglo XXI. La respuesta requiere definir previamente qué modelo queremos, que extensión debe tener, cómo lo revisaremos y cómo lo sostendremos. Y ninguna de estas cuestiones tiene una respuesta unívoca.

Nuestro modelo ha crecido muy rápido y se ha descentralizado más rápido todavía. Existen realidades territoriales que son productivas y otras que son extractivas, el principio de universalidad de determinadas protecciones también ha estado en cuestión hasta hace poco. Parte de nuestras prestaciones son contributivas, pero otras no, en sintonía con el principio de universalidad. Qué esfera social concretiza cada prestación y cómo se financia o se dota de recursos. Es evidente que sobre todo en la última década, con la crisis económico-financiera, la transformación del welfare en workfare ha pivotado sobre el mundo laboral, a la par que este se precarizaba, lo que comportaba una desafectación de las clases populares del modelo socioeconómico, pero también del modelo de democracia liberal, que es el que sustenta el welfare.

Por tanto, en primer lugar y como antes apuntábamos, es preciso la reconstrucción de los consensos básicos de la acción pública, establecer el modelo de gobernanza que dé cabida a todos los operadores público-privados del EB. Establecer el catálogo de servicios y prestaciones del EB con sus órganos de seguimiento y revisión porque las necesidades de hoy pueden no ser las de mañana. Ejemplos como el Pacto de Toledo para el seguimiento y revisión del sistema de pensiones, pueden ser una base para establecer otros consensos. Las políticas de transparencia son fundamentales para garantizar el control público y la adhesión de los agentes y beneficiarios del sistema. La determinación de estos estándares dará cabida a la gestión privada pero complementaria y subsidiaria de la acción y gestión pública. La economía feminista, de la reproducción y el cuidado de las personas deben ser una base del sistema público del EB.

Hemos señalado esta cuestión al final de anterior párrafo porque tiene una importancia capital. Un problema que presenta el EB, y que genera desafectación entre los jóvenes, incluso entre el joven precariado, es que lo ven como un sistema perpetuador de las desigualdades y desequilibrios sociales. Pero la transformación de todo el sistema posiblemente no sea viable, de hecho sería una ruptura. Por tanto, es importante introducir los cambios donde existe un mayor desequilibrio o una mayor externalidad negativa, y esto se produce en las funciones sociales que representa y defiende la economía feminista.

Para finalizar, queda la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema, la ecología del sistema del EB, porque hay que considerarlo algo vivo, que genere los recursos que necesita, que sea autosuficiente. Las políticas económicas, fiscales, financieras, contributivas y prestacionales, deben están suficientemente financiadas y dotadas. Es preciso eliminar políticas subvencionadoras ociosas, transformar el modelo económico productivo buscando mayor impacto de actividades con mayor rendimiento y productividad intensiva, limitar la fiscalidad de los elementos de primera necesidad, incluida la primera vivienda. Gravar las actividades especulativas, generalizar fiscalidad pigouviana sobre el impacto en el medio ambiente, limitar las desgravaciones fiscales regresivas, y evitar el clientelismo político sobre el sector público. Estas modificaciones fiscales deberían ser tener como objetivo aliviar presión fiscal sobre las personas con ingresos medios de dos-tres veces el SMI, e incrementar la fiscalidad en rentas medias y altas progresivamente, así como reformar la fiscalidad empresarial, actualmente regresiva y que beneficia a grandes empresas. El objetivo debería ser poder financiar todas estas reformas y transformaciones del sistema, incrementando el gasto público al menos un 1% durante al menos dos legislaturas, a la vez que se avanza en un modelo de renta básica universal, que supondría la integración consolidada del sistema no contributivo actual.