Javier Tébar Hurtado

Historiador

 

 

Los diferentes estudios e índices sobre la calidad de la democracia en el mundo actual nos hablan de su recesión. Las “olas democratizadoras” de la décadas pasadas parecen haber encontrado su dique. Ante estos diagnósticos no está de más hacer una primera precisión: la democracia no ha existido nunca a lo largo de la historia. Tampoco, es algo obvio, han existido otros modelos ideales que planteaban cómo organizar el gobierno de la sociedad. Es lógico, porque como modelo ideal es inalcanzable y siempre imperfecto. La democracia en estado químicamente puro no ha existido nunca y en ningún lugar. Otra cuestión es que, de las diferentes formas y propuestas políticas sobre su contenido y funcionamiento, la democracia liberal sea una materialización histórica concreta de aquel ideal que llega hasta nuestros días. Ahora bien, esta democracia liberal desde el primer momento que inició su camino estuvo en crisis porque, de forma simultánea a su creación, comenzaron las luchas por desvirtuarla. Parto de esta idea para reflexionar en torno a la crisis de las democracias liberales en la actualidad, preguntándome cómo y por qué se produce esta crisis y pensando en una posible salida. Avanzo que la complejidad del problema no tiene una respuesta ni una solución fáciles, simples.

La historia de esta democracia en el sentido moderno del término –seguir apelando a la democracia ateniense debería sonrojar a quien lo hace- es la historia de su propia desvirtuación. Podría decirse que esta es, en buena medida, la historia política de Occidente desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Así pues, la democracia es crisis y hoy está en un contexto crítico como, por otro lado, lo ha estado en etapas anteriores. Aunque, tal vez, se podría objetar que la democracia no sea permanente crisis sin control, una crisis que conduce a otra situación difícil de cualificar como democrática, porque el enfermo, en el cambio súbito, mejora o empeora de manera definitiva. En primer lugar, no toda crisis democrática corresponde a un mismo contexto, a unas mismas presiones y respuestas ante los problemas planteados en cada momento histórico. En segundo lugar, las teorías politológicas tienden a obviar, a menudo, el contexto de la crisis y sus particularidades. Bastante preocupadas están en ofrecer una teoría de gran potencia explicativa adecuada sobre este asunto.

No debería menospreciarse, sin embargo, la idea de que la democracia liberal es un producto histórico. No es necesario quedar atrapado por la historia, pero sí atender el trayecto que ha recorrido porque la historia, parafraseando, se ha dicho que supuestamente, al novelista norteamericano Mark Twain: la Historia no se repite. Pero rima. La propia naturaleza de los contextos de las crisis no son siempre los mismos y sus resultados tampoco lo son en todo tiempo y lugar: la crisis de la República de Weimar durante el período de entreguerras del pasado siglo XX, por poner un ejemplo relevante y con frecuencia mencionado, indicaría que existen crisis que ponen fin a una democracia en crisis. Se acepte o no, se requiere echar mano de la historia, de un análisis del presente en clave histórica -como ha defendido el historiador Jaume Suau (https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v3nr1-suau/0)- para tratar de ofrecer un cuadro general de la situación por la que las democracias, en particular las europeas, pero no exclusivamente, están atravesando en la actualidad. Es decir, que lo que los historiadores denominan factor contextual y diacronía son herramientas útiles para analizar el presente y aproximarse al análisis multicausal de los fenómenos Aunque es necesario reconocer que es desde el campo de la politología de donde proceden la mayor parte de las contribuciones y las propuestas para desentrañar las claves de la crisis de la democracia liberal que estamos viviendo.

La democracia liberal, así pues, pasaría por diferentes crisis que se expresan a través de la tensión en la búsqueda de conducirlas y encontrar una salida, es la disputa plural de alternativas para la distribución del poder en la sociedad y la dirección de su gobierno. En la actualidad las fuentes del problema, aunque se expresen cosas o monstruos inquietantes que hacen pensar en el regreso al pasado, se añaden otras propias de un mundo distinto. Resulta posible comparar con experiencias pasadas igual que resultaría estéril tratar de equipararlas. Si las nociones democracia y ciudadanía, de matriz liberal, que utilizamos cuentan con una densa sedimentación histórica producto de la decantación de conquistas sociales y políticas, junto con derrotas y con acuerdos, quiere decir que no han sido ni serán inmutables en el tiempo.

La democracia es un producto histórico y también cultural, tiene una parte de su cuerpo en lo jurídico-constitucional y otra en el propio aprendizaje y práctica política de esa noción a la que llamamos ciudadanía. Por esta razón es necesario recordar que sería conveniente asumir que en su recorrido, la democracia ha protagonizado avances y retrocesos en los últimos dos siglos. Incluso que no han sido únicamente los aspectos procedimentales y la filosofía política los que han moldeado el estado democrático de derecho, sino que las fuerzas sociales y los proyectos políticos han empujado en una determinada dirección los valores de libertad e igualdad fundantes del liberalismo democrático, así como la propia construcción de la democracia como sistema de gobierno. Si no aceptamos esto, entonces nos situamos en una idea de democracia como un sistema de estrictas reglas de juego, supuestamente entre iguales, como un ideal, deslizándonos hacia el terreno metahistórico. Queda la filosofía, la norma, la función y la estructura de la democracia, por completo necesarias, pero falta la carne y los huesos de su materialización concreta.

Hoy, y de nuevo, se habla y debate sobre la democracia liberal en crisis. Esta situación ha sido analizada con solidez, teórica y empírica, por autores como Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (Cómo mueren las democracias, 2018), politólogos e intelectuales norteamericanos, nada sospechosos de ser antiliberales, que alertan sobre las crisis como momentos de probada eficacia para socavar la democracia, en la que las pulsiones autoritarias terminan debilitándola no a través de una acción espectacular propia de otras etapas históricas (revolución o golpe de estado), sino de manera poco ruidosa pero muy efectiva: bloqueando el círculo virtuoso de su funcionamiento de manera silenciosa. Se ha hablado también de democracia i-liberal como fenómeno de fondo que viene de lejos, tal como planteó el científico social y periodista norteamericano de origen indio Fareed Zakaria en un artículo con el que alertaba sobre el auge de lo que llamó entonces “democracias iliberales” (“The Rise of illiberal Democracy”, Foreign Affairs; Nov/Dec 1997), en las que si bien se actúa dentro de los sistemas de elección (“democracia electoral”) se cuestiona a fondo el Estado de derecho y las libertades individuales. Se han acuñado otras nociones como democracia con tentaciones autoritarias, autoritarismo por consenso, autoritarismo postdemocrático o bien post-democracia. Me detengo en este concepto de post-democracia inicialmente formulado por el sociólogo y politólogo británico Colin Crouch (Postdemocracia, 2004). Una posible caracterización del fenómeno ha sido formulada por la también politóloga belga Chantal Mouffe (Agonística. Pensar el mundo políticamente, 2014), quien lo caracteriza como el espacio y las reglas en las que se ha venido desarrollando durante los últimos treinta años lo que califica de post-política, es decir, la indistinción entre izquierda y derecha dado que los ejes ideológicos estarían guiados por una voluntad ecuménica, adoptando un consenso básico en torno a la idea de que el centro político sería el terreno privilegiado de actuación política. El último lustro parecería haber socavado esta idea. Recientemente, en una entrevista, el propio Colin Crouch ha empleado una metáfora en algunos aspectos útil para el análisis de la situación actual. Este autor sostiene que la democracia hoy sería como una calabaza, atractiva por fuera pero llena de gusanos por dentro (https://www.lavanguardia.com/lacontra/20180905/451633111494/la-clase-media-pierde-poder-y-por-eso-busca-mas-identidad.html). La pregunta que parece pertinente es: ¿De dónde salen los gusanos de los que nos habla? Desde mi punto de vista, parece necesario examinar qué agente o agentes han introducido los elementos necesarios para que la vida de los gusanos surja en el interior de la democracia. Sin negar por completo lo que plantea Crouch, podría afirmarse que la democracia liberal hoy está dañada tanto más desde fuera que desde dentro.

Una posible interpretación no debería limitarse a los componentes genéticos de la democracia, sino también a los elementos ambientales, por tanto de contexto, que actúan sobre ella. Entonces cabe preguntarse: ¿son las ideas de la democracia liberal las que propician esos “gusanos” que la horadan o bien son los agentes externos quienes intervienen para crear su caldo de cultivo? ¿Quiénes son esos agentes externos? Desde fuera es atacada por la marea alta, el impulso de los extremismos de diferente signo, pero estos son una manifestación de la crisis democrática, no son la causa sino la consecuencia de una democracia pluralista frágil, identificada con una noción de la libertad incompleta en la medida que deja fuera otro concepto fuerte de ese árbol de la tradición democrática occidental que es la igualdad. De aceptar que esto sea así, podría decirse que está teniendo lugar la operación del “taxidermista de la democracia”, desvirtuando, modificando las características propias de la democracia liberal en la línea de la tesis inicialmente planteada en este texto. Sobre la democracia liberal se está aplicando el arte mediante el que sus partes han sido extraídas o están en vías de extirpación para mantener el aspecto exterior aparentemente no modificado. Esta es, por tanto, una nueva desvirtuación de la democracia.

Lo que quedaría es la calabaza atractiva por fuera a la que se refiere Crouch, repleta de gusanos, atacada en su fuente de vitalidad. En este método los agentes actúan desde fuera hacia dentro. La hipótesis que planteo es que ha sido la identificación de democracia y mercado, o la democracia de los mercados, el agente que explica ese proceso de disecación. Por esta razón, para abordar este complejo asunto, sostengo que estamos ante una democracia progresivamente disecada. Este proceso se produce mediante la permanente interferencia de los intereses privados en la res pública, del desplazamiento del papel del Estado convertido en zombi –vivo, pero muerto- ante la colonización mercantil de sus funciones y atributos. También de la progresiva definición de la clase política como inquilina de una soberanía amenazada, de manera sarcástica, de desahucio. De esta forma tiene lugar el vaciado de órganos vitales de los poderes democráticos tanto en los aspectos de representación de gobierno como de impartición de la justicia, de la opacidad en las decisiones que afectan al interés general a partir del protagonismo de organismos supranacionales no elegidos por la ciudadanía, del debilitamiento y abandono de amplias sectores de la sociedad ante vendaval globalizador y miedo ante el futuro. Hoy el miedo como agente político es el líquido empleado para mantener la forma sin fondo, el continente sin contenido. El libro “El miedo” de Bob Woodward, una magnífica investigación periodística sobre la llegada en 2017 de Donald J. Trump a la Casa Blanca, nos alerta sobre alguna de estas consecuencias. Así pues, estemos atentos: el Trumpismo es una metáfora que nos ofrece pistas para abordar analíticamente el fenómeno.America first como recreación, no como una exacta traslación, es entre otras cosas la voluntad de un regreso al pasado del nacionalismo norteamericano de los años veinte. Aunque lo cierto es que el discurso y la política anti-élites refuerza a esas propias élites. Su ejemplo se extiende con variantes, no como una única fórmula aplicable en todos los Estados. Aquello que une a las diferentes familias y grupos del extremismo ultranacionalista es que hacen visible los resultados de la taxidermia como arte y técnica de disecación.

La conclusión es que hoy estaríamos ante una democracia disecada en un proceso que parece avanzar sin frenos suficientes, por el momento, para revertirlo. Se debe hacer frente a las fuerzas de retroceso que se manifiestan en EE.UU. y también en Europa, pero fundamentalmente al taxidermista que actúa sobre los pliegues de la economía, sociedad y política, destejiéndolos.

Para enfrentar este desafío cabe tener en cuenta que lonovedoso durante los últimos años es que el capitalismo en su nueva fase de globalización ha instaurado unos mecanismos de control realmente mundiales, globales. Lo ha hecho mediante una “gobernanza” mundial” (Banco Mundial, FMI, Unión Europea, G-8, G-20, etc.) contra los que es muy difícil actuar a partir de los Estados aislados. Y esto no había sucedido nunca antes en la historia. Así pues, en el caso de la crisis actual por primera vez existen unos mecanismos globales de control que funcionan y condicionan las políticas de los Estados: las políticas de austeridad de Bruselas (el famoso: si lo dice Bruselas…) y la actuación de las las corporaciones condicionando la política democrática. No es necesario recordar que democracia y capitalismo han mantenido una relación conflictiva, la historia ofrecen numerosos ejemplos de ello: desde el derrocamiento de la Unidad Popular chilena en 1973 hasta el actual “socialismo de mercado” chino, por mencionar dos casos contrapuestos. Es necesario, por tanto, ser conscientes de aquello a lo que hay que hacer frente, a quién y cómo plantear la disputa del poder, sino el fracaso está garantizado de antemano. Es imprescindible para ello conocer cuáles son los mecanismos actuales de dominación. Muchos de estos mecanismos actúan a nivel global, coartando la soberanía de los Estados y, por tanto, la capacidad de actuación de los actores sociales y políticos. Pero aceptar que las dos fuerzas actuantes, presiones globales y la crisis democracia liberal, exclusivamente, conducirían a la actual situación de crisis sería una simplificación. De ser así sus presiones deberían dar  siempre el mismo resultado en todo tiempo y lugar. Pero esto, lo sabemos, no es así. Y no lo es porque básicamente la respuesta que se da ante ambas fuerzas no es igual en toda unidad política y no se genera en un  mismo momento. Esto es así porque las sociedades responden en función de una cultura política y una tradición, entren otras variables, que establecen coordenadas en los mapas de actuación de los actores sociales y políticos en un contexto y en un estado concreto. Así pues, no parece suficiente hacer referencia a las dos presiones globales que con frecuencia suelen aducirse para explicar lo que pasa en el mundo actual. Siempre a lo largo de la historia las sociedades han generado respuestas diferentes, y en diferentes momentos, a presiones globales.

Hoy el control de las instancias supranacionales también se combina con mecanismos control interno de los estados-nación. Y, efectivamente, su resultado es una democracia debilitada o una democracia débil. Para hablar desde el punto de vista de los mecanismos de control interior me referiré al caso de España. Es necesario subrayar la gravedad de lo que representa la actuación de una denominada “policía patriótica”, en realidad corrupta y presuntamente a las órdenes de un poder impune instalado en un ministerio del Gobierno de España, para la vigilancia de organizaciones políticas con el fin de condicionar las expectativas políticas en un momento determinado, como, al parecer, pudo pasar con Podemos durante el último ciclo electoral. Pero además el control de las élites políticas y económicas sobre los medios de comunicación propicia que la información que llega a la ciudadanía no tenga una base fiable. Son conocidos los intentos de control de los medios de comunicación que, en teoría, deberían suministrar una información neutra, objetiva, a los ciudadanos para que estos puedan elegir en base a criterios informados en el momento de las convocatorias electorales, pero esto no es así. El propio presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, cuando fue defenestrado por el grupo dirigente del PSOE, declaró públicamente que había sufrido estas presiones. Pero también algunos profesionales han denunciado cómo determinadas élites políticas y económicas intentan controlar los medios de comunicación españoles (David Jiménez, El director. Secretos e intrigas de la prensa narrados por el exdirector de El Mundo. Madrid, Libros del K.O., 2019).

Es decir, que lo que se constata es que a lo largo de las últimas décadas las sociedades se han configurado tendencialmente como sociedades oligárquicas. Esto, sin duda, es una inflexión en relación con la etapa anterior. Por tanto, el núcleo del problema no serían sólo y exclusivamente el tipo de presiones globales sino las respuestas que generan en cada unidad territorial, en cada estado. Y es aquí donde actúan los agentes sociales y políticos de los respectivos tejidos sociales. Esta sería la forma de aprovechar el margen de actuación para revertir la crisis de la democracia. El proceso de oligarquización plena de la democracia liberal todavía no se ha producido, y, por tanto, tal como el politólogo Fernando Fernández-Llebrez sostiene sería posible una democratización, concebida como ampliación frente a la reducción de la democracia, partiendo de la institucionalidad vigente como medio y como fin para llevar a cabo ese proceso en el que cabría sostener y ampliar el conjunto de bienes democráticos conquistados, aunque algunos han sido erosionados y otros se ven hoy amenazados. Es necesario advertir, no obstante, que las retóricas de la intransigencia, sobre las que, ya hace décadas, teorizó Albert Hirschman (Retóricas de la Intransigencia, 1991) ocupan buena parte del espacio en la agenda política, a través de un tipo de realismopolítico que se mueve entre la falacia de la futilidad y la de la perversión.

Esta situación apela con fuerza a buscar la forma de construir una nueva agenda reformista. Un nuevo pacto o acuerdo. Un programa que se proponga la cohesión social. Un propuesta de una izquierda necesaria y no sólo posible, que pasa, aunque no exclusivamente, por fortalecer identidades que fueron fuertes en el pasado y desde la que se construyó una ampliación de la democracia. Ciertamente, la situación de la que se parte es la de una clase trabajadora segmentada y dividida, diluida y demonizada, situada en el extrañamiento de la cultura política de las izquierdas y, al mismo tiempo, interpelada para formar parte del contingente necesario para poner en marcha una guerra entre los pobres. Aun reconociendo que la identidad colectiva de clase se ha debilitado a causa de la desindustrailización y de la desorientación de la izquierda durante la etapa postfordista, existe margen para la acción política y propositiva desde la izquierda. Existe margen para demostrar que la política sirve para cambiar las cosas, para contribuir a fortalecer y ampliar la democracia. Esta nueva agenda reformista debería tener en cuenta al menos cinco tipos de medidas.

En primer lugar, ofrecer una relectura y actualización de las políticas de gasto social para garantizar a la ciudadanía un mínimo vital. Esta es una condición imprescindible porque es la base de un republicanismo genérico, en el terreno de los valores, para el que debe existir un suelo a partir del que ser, y no sólo sentirse, libres. Y aquí se trataría de debatir sobre la Renta Básica, en las formulaciones varias y enfrentadas que se han propuesto, no como una panacea sino como instrumento transformador y modificador de las lógicas imperantes en la actual democracia de  mercado, como defiende David Casassas (Libertad incondicional: La renta básica en la revolución democrática, 2018).

En segundo lugar, la voluntad de cambio deber estar impulsado por el nuevo brío del feminismo no sólo como reivindicación de la igualdad de las mujeres con los hombres sino como proyecto social emancipador, tal como ha planteado Silvia Federici (Caliban y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, 2010), frente al capitalismo depredador de bienes y de vidas en su lógica de acumulación.

En tercer lugar, es igual de necesario pensar de nuevo las políticas redistributivas junto con otras que aborden, en su origen, las crecientes desigualdades (una sociedad desigual liquida cualquier tipo de sociedad decente) que surgen de la relación entre trabajo y capital del nuevo sistema productivo del siglo XXI. No sólo reconociendo, sino legitimando el papel de equilibradores sociales que ha tenido el sindicalismo en la construcción de la democracia. No denostando y anatemizando al mundo sindical como rémora o como agente de retraso tal como se viene haciendo desde la revolución neoliberal de los años ochenta (José Luis López Bulla & Javier Tébar Hurtado, No tengáis miedo de lo nuevo Trabajo y sindicato en el capitalismo globalizado, 2017). Las mutaciones del mundo del trabajo y los efectos de la revolución tecnológica, convertida hoy en una nueva religión del siglo XXI, están en el corazón de la concentración del poder y en el terreno de su disputa desde un proyecto de reimpulso democrático.

En cuarto lugar, la asunción del riesgo hoy, no mañana, de los efectos antrópicos sobre el problema medioambiental y el sistemático incumplimiento de los acuerdos globales para hacer frente a la destrucción del Planeta, así como en modelo de formas consumo que tengan en cuenta estos límites, tal como planteó Joaquim Sempere ya hace algunos años (Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica, 2009).

Por último, y en quinto lugar, cabe plantearse la relectura del gasto social y las políticas distributivas en la medida que éstas deben completarse a partir de la necesidad de emprender el camino hacia la democratización de la economía, de iniciativas de participación del trabajo en las formas de producción. Hoy es necesario pensar e imaginar con vigor en torno a la entrada de la democracia en la economía y en las empresas, tal como ha planteado el economista Bruno Estrada (La revolución tranquila, 2018). Se trata de la utopía de la humanización del trabajo propuesta por el sindicalista y teórico Bruno Trentin en su obrera “La ciudad del trabajo” (La ciudad del trabajo. Izquierda y crisis del fordismo, 2013; ver también http://metiendobulla.blogspot.com/), como propuesta para completar la condición de ciudadanía que es hoy una promesa del ideario democrático lejos de cumplirse por completo. La falta de democratización de la economía comporta un riesgo social y, por consiguiente, los riesgos que amenazan frenar el llegar a completar proyecto social distinto al actual que pasa por profundizar y hacer compatible la mayor libertad y la mayor justicia social. Existe margen porque, más allá de las falsas leyes de la historia, de la inevitabilidad, dependerá de aquello que decida y de cómo actúe la sociedad.

Estas medidas afectan tanto a la política distributiva como a la economía productiva, a la reproductiva y a las pautas de consumo. Unas dimensiones completamente necesarias para proponerse una condición de ciudadanía plena. En definitiva, hablo de una nueva agenda del reformismo fuerte que incluya un nuevo sentido común sobre las transiciones tecnológicas, energéticas y sociales en curso con la finalidad de fortalecer la democracia hoy en crisis. Se trata de elaborar un proyecto de sociedad que abra un nuevo horizonte de oportunidades. Este proyecto hoy está amenazado por la marea alta del extremismo como metáfora que expresa y condesa los resultados de la operación del “taxidermista de la democracia”.

Al referirse a los debates sobre los orígenes modernos de la democracia que tuvieron lugar tres siglos antes, el político laborista Aneurin Bevan utilizaba en 1942 una compleja figura retórica que expresaría, en buena medida, las contradicciones que vivimos en la actualidad y el proceso de disecación de la democracia actual: “O bien la pobreza deberá utilizar la democracia para destruir el poder de la propiedad, o bien la propiedad destruirá la democracia por miedo a la pobreza“.

 

 

Joan Carles Gallego y Herrera

Director del Boletín “Treball, Economia i Societat” de CCOO de Catalunya

 

 

 

Poner en el centro de la acción del sindicato la lucha por la igualdad es consustancial a su propia razón de ser. Las trabajadoras y trabajadores se agrupan y organizan para defender sus condiciones de trabajo y de vida frente al poder unilateral de los empresarios y para influir en las políticas públicas. Y lo hacen, más allá de las justas reivindicaciones gremiales y corporativas, defendiendo intereses generales que se confrontan a un modelo de sociedad que fomenta la desigualdad y la injusticia social.

Cuando observamos que la riqueza creada por el trabajo se reparte de manera injusta, que hay importantes tasas de crecimiento económico y aumenta la tasa de ganancias del capital pero no mejoran la calidad del empleo ni la calidad de vida de amplios sectores de la población, el combate contra la desigualdad se convierte en reto prioritario por el sindicalismo. Una desigualdad que tiene sus derivadas de género, generacional o de origen, que hay que conocer y combatir. No podemos obviar que la actual precarización vital de los y las jóvenes condiciona el futuro de las sociedades.

Del 2008 al 2017 el 20% de la población con mayores ingresos ha pasado de acumular un volumen de renta de 4’8 a 5’7 veces superior a la dispuesta por el 20% de la población con menores ingresos. No es una realidad inevitable, ni es una evolución justificable. Es el resultado de una determinada forma de organización social, de la manera en que producimos y distribuimos la riqueza, de las relaciones sociales que alrededor de estos procesos se establecen. Y de las políticas que se aplican.

Observamos una creciente tendencia a agrandar las brechas de renta y riqueza a nivel internacional: los salarios pierden peso en la distribución de la Renta Nacional, las condiciones de trabajo se precarizan y el desempleo crece, el poder empresarial se concentra, se imponen reformas regresivas en derechos sociales y se recorta la protección social, etc. La desigualdad social se convierte en todo el mundo en fragmentación social y debilitamiento democrático.

La gestión política de la crisis conlleva un aumento preocupante de la desigualdad. Las políticas neoliberales empleadas enmarcan en un modelo de gobierno político-ideológico de la globalización, que considera la desigualdad consustancial al crecimiento económico. Argumentan que la obtención de grandes beneficios y su apropiación privada es garantía de reinversión productiva y, por tanto, motor del crecimiento económico. Por neoliberalismo el crecimiento económico es un proceso natural que conlleva necesariamente desigualdad. Pero la teoría económica clásica es claramente cuestionable y refutable, ya que la realidad económica y social muestra una correlación negativa entre desigualdad y crecimiento: a más desigualdad, menos crecimiento.

La percepción de injusticia social es evidente cuando los niveles de desigualdad en una sociedad son elevados. Para los sectores ricos la desigualdad tiene un valor positivo, ya que en el futuro los más ricos serán más ricos. Pero para los más pobres es negativo, sus ingresos futuros irán disminuyendo. La desigualdad de ingresos condiciona un desigual acceso a la educación y a la salud y determina las relaciones sociales que se establecen en base a la desigual posición social de las personas: las personas en las posiciones sociales más bajas acaban siendo excluidas de las mejores oportunidades de empleo y de promoción social. Un hecho que limita la movilidad intergeneracional. La población en los niveles sociales bajos tiene dificultades para garantizar a sus hijos que una parte de los beneficios que se derivan del crecimiento económico les lleguen, en especial educación y capital social. Asistimos a la cronificación de la desigualdad. Quien se encuentra en posición de pobreza relativa participa en menor proporción del pastel de la riqueza nacional creada y de las diferentes oportunidades de que dispone quien está en la parte superior de la pirámide social. Son más vulnerables socialmente y más frágiles emocionalmente como evidencia la correlación negativa entre desigualdad y diversas variables como mortalidad infantil, esperanza de vida, embarazos no deseados, tasas de abandono escolar o incidencia de enfermedades mentales, entre otros.

De lo contrario los sectores sociales situados en la parte superior de la pirámide de la riqueza son también los que disponen de mayor poder político, lo que les permite la defensa y promoción de sus propios intereses y blindarse su posición social. Esta situación genera dinámicas sociales contradictorias, por un lado consolida la situación de exclusión social y falta de igualdad de oportunidades, por otro, dificulta la cohesión social favoreciendo el conflicto de intereses y la inestabilidad social. Y la inestabilidad dificulta el propio crecimiento económico, al desincentivar la inversión de los beneficios acumulados por los sectores sociales ricos.

La desigualdad abre la brecha social, consolida la fragmentación social y debilita la democracia. Esto genera ineficiencias económicas, no sólo por la pérdida del potencial que representan todas aquellas personas que no pueden desarrollar plenamente sus potencialidades personales y contribuir al progreso económico y social, sino también porque conlleva que la propia organización social debe destinar más recursos a mantener unos niveles básicos de cohesión social y porque la desconfianza en el funcionamiento de las instituciones democráticas alimenta la sensación de descontrol, fácilmente manipulable, y rompe la cultura del diálogo y negociación social, polarizando las posiciones.

La desigualdad tiene, además, una clara afectación de género. La desigual posición de la mujer en una sociedad que se estructura y funciona sobre la base de una concepción patriarcal la mantiene subalterna en las diversas esferas de la vida social: las mujeres asumen los trabajos de cuidado de las personas y el hogar, hay una importante brecha salarial de género en el mundo laboral, las posiciones de decisión, sea en el mundo de la empresa, las organizaciones sociales o la esfera del poder político, cuentan con una presencia marginal de las mujeres, etc. Esta posición social desigual no se justifica en diferencias “naturales” sino en la existencia de valores sociales y culturales dominantes. Una importante movilización social, que hay que mantener y acentuar en los diversos ámbitos de intervención social y política, está generando una amplia sensibilización y presiona para cambiar esta realidad y se están produciendo avances, aunque limitados dado la existencia de importantes espacios de desigualdad.

La percepción social de injusticia por el aumento de la desigualdad se hace más punzante con la salida de la crisis. Del total del incremento del PIB de la economía española, entre el 1er trimestre de 2007 y en 2017, el 80% ha remunerado el capital y el 20% el trabajo, lo que conlleva una pérdida de peso de los salarios en la distribución de la riqueza del país. En Cataluny6a, la tasa de riesgo de pobreza (2017, Idescat) es del 24’8% (con un claro sesgo de género: 23’9% de hombres y 25’6% de mujeres). Datos preocupantes que evidencian enormes déficits en las políticas públicas y la actividad económica que hay que combatir. Hay múltiples causas imputables, tanto el funcionamiento de mercado laboral, donde la precariedad laboral y la presión a la baja de los salarios explican una tasa de pobreza laboral del 12’2%, muy por encima de la Unión Europea, 9’6%, la alta tasa de paro (aunque supera el 10%, a pesar de la disminución, y estamos lejos del 7% de los años previos a la crisis) y la baja cobertura de protección (en 2017 el 70’3% de las personas en situación de paro no reciben ninguna prestación) y la brecha salarial de género (23% en términos anuales, datos de 2016); como el insuficiente gasto en protección social, que en Catalunya el año 2014 era el 21’3% del PIB frente al 28’4% en la zona euro, que explica que en la UE las transferencias sociales son capaces de disminuir en más de 8 puntos la población en riesgo de pobreza hasta el 16’9%, mientras en Catalunya con un impacto de 4’8 puntos, la población en riesgo de pobreza una vez aplicadas las políticas sociales es el 20%.

En el combate por la igualdad debemos ser capaces de establecer las diversas actuaciones que permitan paliar las consecuencias que se generan en términos de injusticia e ineficiencia social pero, también y sobre todo, atacar las causas que originan y aumentan las desigualdades.

Necesitamos políticas públicas que ayuden a paliar las consecuencias, compensando los desequilibrios que se generan y promoviendo la igualdad de oportunidades y aquí tenemos que hablar de prestaciones asistenciales, sanidad, becas, renta garantizada, indemnizaciones por despido, pensiones alimenticias entre ex cónyuges, etc.

Pero también políticas y marcos regulatorios justos, que permitan intervenir mejor donde se crea la riqueza, equilibrando el poder de los diferentes agentes sociales para disputar su distribución y garantizar el acceso igualitario de todas las personas a la riqueza social generada, como pueden ser la educación pública, la formación profesional y las políticas activas de empleo, el salario mínimo (y el máximo), el derecho a la negociación colectiva, las políticas de igualdad, las pensiones, la democracia en la empresa, las políticas de acceso a la vivienda, etc.

La crisis ha sido utilizada como excusa para imponer reformas legales y normas fiscales regresivas que han querido debilitar el poder de las organizaciones sindicales de los trabajadores, y de las organizaciones sociales en general, y facilitar el ejercicio del poder unilateral de los empresarios; que han limitado y endurecido las condiciones de acceso a la protección social; que han recortado la provisión de bienes y servicios públicos y limitado la atención a las personas con necesidades especiales; han promovido modelos educativos segregadores; privatizado el acceso a determinados niveles de calidad de la sanidad, etc. Se ha querido así limitar las posibilidades de repartir la riqueza en el momento de su creación y dificultar la capacidad de las políticas públicas para compensar los desequilibrios que se generan.

Por eso el reto que se nos abre es revertir buena parte de las contrarreformas impuestas estos últimos años, empezando por la laboral, y recuperar los niveles de gasto público social para adecuarlos a los estándares propios de un estado del bienestar. Pero también de actuar en la negociación colectiva y la concertación social para establecer nuevas respuestas -equitativas, justas, solidarias- a las necesidades y urgencias que aparecen en el combate contra la desigualdad en un contexto complejo marcado por la digitalización y robotización y la necesidad de hacer frente al cambio climático.

En cualquier caso, hay una profunda reforma fiscal, que establezca un sistema más justo, con respecto a las contribuciones de los diferentes grupos sociales, y suficiente, con respecto a la necesidad recaudatoria de ingresos públicos que doten la necesaria gasto e inversión pública . Es una condición necesaria e inaplazable para hacer frente a los retos sociales, tecnológicos y medioambientales que se vislumbran y que hay que abordar garantizando el progreso social y la igualdad.

Recuperar la credibilidad de la política democrática, del conjunto de instituciones democráticas, pasa por definir objetivos de políticas públicas y de intervención social y sindical que conecten con las demandas reales y den respuestas a los problemas reales. Hay que aumentar el grado de conciencia contra las desigualdades e impulsar nuevos consensos sociales que promuevan la igualdad.

http://ccoo.cat/ceres/comunicacio/butlleti_TreballSocietat/201904_bts/editorial.html

 

Xosé Carlos Arias

 

 

 

Aunque es frecuente pensar que el capitalismo contemporáneo se dispone en una única modalidad, férreamente unificada en sus criterios, resulta más enriquecedor e interesante el argumento de que existen diversas variedades del capitalismo. Es cierto que allá por la década de 1970 se impuso una tendencia común hacia un modelo de acumulación flexible, en el que no cabía más que la idea de eficiencia, el énfasis en la absoluta preeminencia del mercado y el principio de maximización del valor en favor del accionista. Pero ese modelo no se impuso con la misma fuerza en todos los países. Fue en las economías anglosajonas donde el sistema de mercado puro avanzó de un modo más intenso y consistente, mientras que en un buen número de economías europeas pervivieron algunos elementos de “coordinación”, tanto en las formas de intervención del Estado, como en la estructura y la organización de las empresas. Y en este último punto destaca la presencia de algunos mecanismos de participación de los trabajadores en los órganos de decisión de las corporaciones empresariales.

Es éste un asunto en gran medida desconocido por nuestra opinión pública. Por eso es interesante destacar que algunas de las economías más dinámicas del mundo incorporan alguna fórmula de cogestión. Serían esos los casos de algunos países escandinavos, que suelen encabezar las clasificaciones a escala mundial en cuanto los factores institucionales que en mayor medida contribuyen al progreso económico. Pero el ejemplo más representativo de participación de los trabajadores lo encontramos en Alemania. En ese país la cogestión fue aprobada en 1976, y desde entonces hasta ahora –mediando varias reformas, la más importante de las cuales fue en 2004- ha estado vigente. Supone la presencia paritaria de representantes elegidos por la plantilla en los consejos de administración de las empresas; eso sí, afectando únicamente a las  de gran tamaño (de más de dos mil trabajadores).

En los últimos años son varios los países en los que ha venido imperando el modelo puro de mercado en los que han surgido propuestas diversas cuya finalidad es la de introducir alguna medida de participación de los trabajadores en los órganos de gestión empresarial. Y aunque ninguna de ellas ha fructificado en reformas legales efectivas, cabe mencionar que en Estados Unidos, en estos momentos, está a discusión una iniciativa legislativa de la influyente senadora Elisabeth Warren, en el sentido de aprobar una nueva Ley de Capitalismo Responsable (Accountable Capitalism Ac) que, en el caso de ser aprobada, introduciría instrumentos de representación social inéditos en aquel país. Algo en este momento imposible, dada la correlación de fuerzas parlamentarias, pero interesante en sí mismo por lo que pudiera tener de efecto anuncio pe cara los años próximos.

Aquí cabe formular una pregunta de bastante calado: centrándonos en Alemania, ¿han supuesto las fórmulas de cogestión un inconveniente, una rémora,  para la capacidad competitiva de aquella economía? Si nos atenemos a las declaraciones de algunos altos responsables de su política económica, no lo parece. Por mencionar una única declaración, el partido hegemónico en el gobierno, CDU, afirmaba en marzo de 2016: “Nuestro modelo de cogestión es uno de los principales motivos para el éxito económico de las empresas alemanas, así como del bienestar en el país… Los derechos de participación en las decisiones empresariales incrementan la identificación con las empresas y mejoran notablemente la calidad de las decisiones empresariales. Por tanto, nuestro modelo de cogestión es una ventaja en el marco de la competencia internacional”.  Los datos conocidos –por ejemplo los relativos a la posición de las empresas alemanas en el comercio mundial- parecen darle la razón.

Estos últimos comentarios sugieren que detrás de ese modelo de participación hay bastante más que una cierta idea de transparencia, de “democracia social” o de “capitalismo inclusivo” (sobre el cual, en todo caso, no sobraría una conversación pública en tiempos en los que el malestar social se extiende). Hay también razones puramente económicas que parecen avalarlo. Es oportuno mencionarlo, subrayando que la cogestión forma parte del famoso “modelo económico alemán”. Y lo es sobre todo porque es de sobra conocido que desde el comienzo de la crisis en la eurozona la política económica del conjunto de los países europeos –y desde luego, de España- ha estado muy marcada por el dictat alemán; sin embargo, de aquel modelo hemos recogido sólo el aspecto de la visión macroeconómica ordoliberal, pero manifiestamente hemos ignorado otras facetas, menos acordes, digamos, con las inercias doctrinales imperantes.

Porque la cuestión de la participación de los trabajadores en los órganos de gestión de las empresas apenas se ha asomado al debate público en España, más allá de las posiciones de algunas fuerzas sociales. Recae sobre ella una especie de tabú, pues pareciera un asunto muy poco apropiado para el funcionamiento normal de una economía de mercado. Algo que, por lo demás, supondría una carga adicional al funcionamiento empresarial en tiempos en que la flexibilidad, la movilidad y la toma rápida de decisiones marcan la barrera entre el éxito y el fracaso. Poco importa que algunos importantes expertos en organización empresarial –como el profesor Vicente Salas- detecten en nuestra economía un déficit en lo que llaman “capital organizacional”: habría márgenes para mejorar la productividad, introduciendo cambios en los modelos de gestión. Y aquí aparecería, cuando menos, un motivo para una discusión acerca de si una mayor participación de los trabajadores puede contribuir a esa mejora.

¿Hubiera permitido una eventual aplicación de ese modelo en España evitar el desastre del empleo a partir de 2009, mediante acuerdos internos de reducciones provisionales de salarios y reparto del empleo dentro de las propias empresas,  tal y como ocurrió, con gran éxito, en Alemania? No lo sabemos, porque el asunto es más complejo, pero una discusión en profundidad sobre ello no sobraría. Parece claro, en todo caso, que existen formas distintas de entender la flexibilidad, y que la que se registra en el interior de las empresas pudiera ser facilitada por la existencia de instancias efectivas de representación.

Ciertamente hay razones para pensar que la introducción de algún tipo de cogestión en España no sería ninguna panacea; por ejemplo, nuestro alto grado de minifundismo empresarial restringiría mucho su aplicación. También hay restricciones que tienen que ver con motivos culturales. Pero es sin duda muy sorprendente –y también revelador de la pobreza que el debate político-económico registra entre nosotros- que sobre esta cuestión siga recayendo un oscuro y denso velo.

 

Alejandra Ortega Fuentes

Secretaría de Internacional y Cooperación CCOO

Responsable para Países Árabes, África y Asia / Consejera técnica CCOO para OIT

 

Las organizaciones sindicales españolas durante la Conferencia Nacional Tripartita, El Futuro del Trabajo que queremos recordaban que^[1], “la iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo fue propuesta por el Director General de la OIT en la Memoria presentada a la 102ª reunión (2013) de la Conferencia Internacional del Trabajo con el título Ante el centenario de la OIT: realidades, renovación y compromiso compartido. Posteriormente, con una propuesta mucho más elaborada y con un plan de aplicación en tres fases, hasta la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) del año 2019, la iniciativa relativa al futuro del trabajo formó parte de la Memoria del Director General en la 104ª CIT (2015)”.

Con esta iniciativa, la OIT reconoce la necesidad de reflexionar en profundidad sobre los cambios que están transformando el mundo del trabajo para poder dotarse de los instrumentos necesarios para cumplir su mandato, de garantizar la justicia social, la paz permanente y luchar contra la necesidad en su segundo siglo de existencia, tal y como así se expresa en el Informe que desarrolla esta iniciativa.

Las organizaciones sindicales además de compartir la oportunidad y conveniencia de esta iniciativa para el Centenario de la OIT, se comprometieron además a contribuir activamente al debate sobre el futuro del trabajo y al desarrollo eficaz de esta iniciativa del Centenario, en especial en estos tiempos de inseguridad e incertidumbre económica, política y social, en los que continúan aumentando las desigualdades, la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, el deterioro de las condiciones de trabajo y la sustracción de los derechos fundamentales de los trabajadores^[2].

Mientras el trabajo y su dignidad han ido perdiendo centralidad en el espacio político y económico. Así ha descrito la situación el Director General de la OIT en sucesivas años en sus memorias ante la Conferencia Internacional del Trabajo: mayor desigualdad social, desempleo y subempleo masivos, aumento de la informalidad, menor participación ciudadana, deterioro de la democracia y una mala gobernanza del trabajo.

Probablemente, el principal desafío al que se enfrenta este debate sea además el del papel que ha de tener la OIT ante la intromisión de otros organismos internacionales de carácter financiero y económico en la gobernanza social. Todo ello en contextos donde la desigualdad y la democracia conviven sin la participación ciudadana. Se extiende además la idea de que las normas internacionales del trabajo suponen un obstáculo al empleo y al crecimiento económico^[3].

En este marco hay que recordar que en enero de 2016 entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. La adopción, el 25 de septiembre de 2015^[4], del documento de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» ofrece a todo el sistema de las Naciones Unidas y a la OIT en particular una excelente oportunidad de apoyar a los Estados Miembro en su empeño por alcanzar unos ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que reflejan un consenso amplio en torno a una amplia gama de prioridades urgentes e interrelacionadas^[5].

Ya en diciembre de 2015 la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la OIT puso su foco de atención en el desarrollo e implementación de los ODS. ACTRAV, cuyo mandato es el fortalecimiento de los sindicatos independientes y democráticos en todos los países, es el principal vínculo entre la Oficina Internacional del Trabajo y los trabajadores y trabajadoras y coordina el conjunto de actividades de la OIT que conciernen a las organizaciones sindicales, tanto en la sede en Ginebra como en el terreno^[6].

Entonces las organizaciones sindicales señalaban que “era muy importante que en la Agenda 2030 se hubiera reconocido que los Gobiernos por sí solos no eran capaces de llevar a la práctica un programa tan ambicioso y que todos los actores de la sociedad, a todos los niveles – mundial, regional, nacional y local y local–, deberían contribuir a este objetivo”.

Así recordaban que era “fundamental que los sindicatos participen en la aplicación de la Agenda 2030. Es también esencial que se comiencen a diseñar estrategias sobre la forma de conceder a los sindicatos la voz y la influencia necesarias para llevar la Agenda 2030 a la práctica, y que se asegure que la ambición plasmada en los objetivos y metas se materialice en todos los niveles (mundial, regional y específicamente a nivel nacional)”.

La OIT estima que más de 600 millones de nuevos empleos deberán ser creados de aquí a 2030. Ese número permitiría únicamente seguir el ritmo de crecimiento de la población mundial en edad de trabajar y representa alrededor de 40 millones de empleos al año. La agencia tripartita observa también que se necesita mejorar las condiciones de 780 millones de hombres y mujeres que trabajan pero que no ganan lo suficiente para superar el umbral de la pobreza de 2 dólares al día^[7].

Así para la OIT y para las organizaciones sindicales como mandantes tripartitos de la misma se revela como fundamental la importancia del trabajo decente para realizar el desarrollo sostenible como está puesto de manifiesto en el Objetivo 8 (de entre los 17 objetivos que se recogen) cuya finalidad es “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.

Aunque muchos de los ODS hacen referencia de algún modo al mandato de la OIT y a los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente^[8], el análisis de la concreción del Objetivo 8 enlaza lógicamente con gran parte de los proyectos y objetivos desarrollados por la agencia. Así la OIT tiene un mandato para centrarse en la implementación del objetivo 8 de los ODS y hay otros elementos del Programa de Trabajo Decente que están contemplados en otros objetivos.

Dedicado al Trabajo Decente, este objetivo señala la necesidad de “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Este objetivo supone las siguientes obligaciones: “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.

En este sentido la OIT nos ha recordado a todos los mandantes, gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales que convertir el trabajo decente en una prioridad es fundamental y en su valoración la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “constituye una declaración política histórica de los líderes mundiales acerca de un amplio conjunto de 17 objetivos y metas universales y transformativos de gran alcance y centrados en las personas”. La Agenda 2030 de la ONU señala que en el trabajo del futuro “nadie puede quedarse atrás”. Para lograr todos estos objetivos, conviene recordar como ya se dijo en la Conferencia Nacional Tripartita celebrada en marzo de 2017 la necesidad de reforzar las normas internacionales del trabajo como un elemento que no se puede soslayar en esta lucha.

Así y aunque parezca una obviedad para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en especial el Objetivo 8 relativo al Trabajo Decente, aprobados por la comunidad internacional en septiembre de 2015, se requiere de una participación transparente y una verdadera inclusión y participación de la ciudadanía que han de formar parte de manera contundente en el futuro del trabajo que queremos.

^[1]Aportaciones de las organizaciones sindicales españolas a la Conferencia Nacional Tripartita, El Futuro del Trabajo que queremos, que se celebró en el Palacio de Zurbano de Madrid el 28 de marzo de 2017. Las actas y aportaciones de esta Conferencia fueron editadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Para más información, véase: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—europe/—ro-geneva/—ilo-madrid/documents/publication/wcms_615486.pdf

^[2] Ídem.

^[3]A. Baylos, “El Futuro de las normas del trabajo que queremos”, en Ministerio de Empleo y Seguridad Social (ed.): El futuro del Trabajo que queremos, Madrid, 2017, p. 498.

^[4]Véase Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015, http://actrav-courses.itcilo.org/library/sdgs/copy_of_en/major-documents-2/transforming-our-world-the-2030-agenda-for-sustainable-development (Consulta: 15-1-2016)

^[5]A. Ortega, “La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: el papel de las organizaciones sindicales”, Revista Española de desarrollo y cooperación, 40, 2017, pp. 145-153.

^[6]Véase Quiénes somos: http://ilo.org/actrav/about/lang–es/index.htm (15-1-2017).

^[7]Véase el Portal sobre el Trabajo Decente de la OIT: http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang–es/index.htm (Consulta: 14-2-2017).

^[8]Véase Trabajo Decente y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, OIT, Ginebra, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/publication/wcms_470340.pdf (Consulta: 14-2-2017).

 

 

Gabriel Flores

 

 

La crisis financiera global que estalló en 2008 y las políticas económicas aplicadas para atajarla han afianzado un modelo de gestión empresarial y unas reformas estructurales del mercado de trabajo que han logrado incrementar la capacidad de presión efectiva y rápida de las empresas sobre sus plantillas y costes laborales. En paralelo, se han deteriorado derechos laborales, bienes públicos y protección social. Los grandes grupos empresariales han logrado recuperar y aumentar sus tasas de rentabilidad a pesar de la crisis y el bajo crecimiento económico de la última década. En España, por ejemplo, tras dos fuertes recesiones y los duros ajustes sufridos, los beneficios antes de intereses, impuestos y dividendos han más que duplicado su peso en porcentaje del PIB (desde el 8% de 2008 al 18% en 2017), superando con creces las tasas de beneficios más estables de Alemania, Italia o Francia (alrededor del 13% en el caso alemán y en torno al 10% en los otros dos países).

¿Existen vías alternativas a la que se está siguiendo en los últimos años para impulsar la modernización de las empresas? ¿Es posible compatibilizar la modernización de las empresas y el logro de mayores niveles de eficiencia en la gestión con su democratización? ¿Hay fórmulas que permitan incorporar en la toma de decisiones de las empresas a sus trabajadores y al conjunto de agentes económicos y sociales involucrados o afectados por la actividad de las empresas? De que se encuentren respuestas afirmativas a estos interrogantes, con experiencias prácticas que puedan replicarse y adaptarse a muy diferentes circunstancias, actividades y modelos de empresas, dependerá en gran parte el bienestar futuro de la mayoría social y las posibilidades de consolidar sociedades en las que la convivencia y la estabilidad sean sostenibles.

En el primer epígrafe de este artículo se señalan los rasgos generales de los cambios que han propiciado la extensión y consolidación en Europa de un modelo particular de gestión de las empresas que se complementa con las políticas de austeridad y devaluación salarial aplicadas para atajar la crisis global iniciada en 2008 y que, lejos de terminar, aún pervive en muchos de los problemas económicos, financieros e institucionales que esperan solución.

En el segundo epígrafe, se identificarán los factores principales que empujan en sentido contrario a la democratización en la gestión de las empresas y que obstaculizan la participación de la ciudadanía en las tareas de identificación y definición de políticas económicas más favorables al bienestar de la mayoría social.

El tercer y último epígrafe se adentrará por los caminos menos transitados de señalar una experiencia que pueda servir de reflexión en la tarea práctica de impulsar el debate sobre la democratización de la empresa y a la hora de mostrar que la democratización es compatible y conviene a la modernización de las empresas y a la mejora de sus resultados y relaciones con la sociedad.

1. Un modelo de gestión empresarial acorde con las políticas de austeridad

La crisis de 2008 alentó una nueva ola de reformas desreguladoras del mercado laboral que, en aras de una mayor flexibilidad de la gestión de la fuerza de trabajo, lograron abaratar los costes laborales (salarios, seguridad social a cargo de las empresas y otros costes, como el de los despidos) y, de paso, pero no por ello menos importante, reducir el alcance de la negociación colectiva, eliminar la prevalencia del convenio sectorial y la ultraactividad o ampliar la tipología de los contratos laborales y las fórmulas de relación mercantil y “colaborativa” que enmascaran relaciones de dependencia laboral. También contribuyó a incrementar la competencia entre países para reducir la presión fiscal sobre los beneficios empresariales, logrando disminuir significativamente los tipos impositivos, y sobre los costes de la seguridad social que soportan las empresas. Y para favorecer la recuperación de los beneficios empresariales como mecanismo prioritario para reactivar la economía se ampliaron los espacios en los que se impone la lógica mercantil a costa de reducir los bienes públicos y la protección social.

Como consecuencia de todos estos movimientos se debilitó la posición, representación y capacidad de actuación de unos sindicatos obligados a reorganizarse y adaptarse a las nuevas condiciones en las que se desarrollan los conflictos (y los acuerdos) con la patronal y a las mayores dificultades para organizar y representar las reivindicaciones y los intereses de un mundo del trabajo más fragmentado y polarizado.

Esas tendencias están presentes y son visibles desde hace al menos tres décadas. No hace falta acudir a apocalípticos escenarios emergentes, relacionados con la que se denomina con frecuencia nueva revolución industrial, para explicar la precarización de una parte notable del empleo y la fragmentación de la clase obrera. Pero no se puede negar que el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales ha abierto nuevos caminos a ese proceso de creciente polarización del mercado laboral y a un potente movimiento de reestructuración de los procesos productivos globales del que han emergido victoriosos los grandes negocios sustentados en plataformas digitales (Google, Amazon, Facebook, Uber o Airbnb) y los grandes grupos industriales que han sido capaces de robotizar su producción o implantar plataformas digitales en la relación con sus clientes.

El resultado de esta evolución ha sido la ampliación de un concurrido espacio social en el que personas con empleos precarios (por cuenta propia o ajena) obtienen bajos ingresos que suponen su incorporación permanente a los márgenes cada vez más anchos de la pobreza relativa, que afecta especialmente a jóvenes, mujeres y mayores de 55 años. Y al tiempo que se extienden los empleos precarios, se multiplican los empleos que requieren altos niveles de formación y cualificación en las actividades y empresas más innovadoras y abiertas al mercado global y, en contrapartida, obtienen altas remuneraciones salariales. Esta polarización del mercado de trabajo favorece la ampliación de la exclusión social y, en paralelo, el aumento del número de empleos de alta cualificación y remuneración que participan de los beneficios y ventajas que producen la globalización y las rentas de monopolio que generan la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos de producción y comercialización. Aunque la cuantía de estos empleos con altas remuneraciones es muy inferior al de los empleos de bajos salarios, su crecimiento en términos porcentuales es de parecida intensidad, al igual que sus impactos cualitativos en términos de dispersión, desestructuración y fragmentación de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social trabajadora, que dificultan la acción sindical y la construcción de reivindicaciones comunes. Un escenario laboral variopinto y complejo al que hay que sumar a las personas que el mercado de trabajo rechaza por completo y se suman en las estadísticas del paro de larga duración o a la población inactiva desanimada que ya no busca empleo.

Un doble problema, el del retroceso de la capacidad de negociación del trabajo frente al capital y el de la creciente fragmentación y polarización del mundo del trabajo, que se expresa políticamente en forma de debilitamiento de los sindicatos y la acción sindical, una menor entidad de los problemas específicos de las clases trabajadores en la opinión pública y en la labor institucional de los partidos políticos de izquierdas y una crisis de representación política que ha hecho emerger a izquierda y derecha nuevas fuerzas políticas populistas. Un doble problema o dos problemas interrelacionados causados por el asentamiento de un modelo de gestión empresarial obsesionado con la rentabilidad a corto plazo y, de forma complementaria, por la hegemonía de principios y políticas económicas neoliberales que han logrado descargar sobre la parte obrera los ajustes y costes de las crisis (la actual y las futuras) y acaparar un porcentaje más que notable del valor añadido generado en los ciclos de expansión económica (como el que experimenta la economía europea desde 2014) impulsando una tendencia preexistente, robusta y global que provoca la deformación de la distribución del valor añadido a favor de las rentas del capital. La remuneración de los accionistas es demasiado elevada y no responde a que asuman mayores riesgos que los que afectan a los empleos y los salarios de los trabajadores. Los beneficios y demás rentas del capital se han independizado (o han ganado autonomía) del ciclo económico, al cargar los costes y riesgos de las recesiones sobre el factor trabajo, a través del recorte de plantillas y costes laborales, y lograr apropiarse de la mayor parte del nuevo valor añadido que se genera en los ciclos de expansión.

2. Factores contrarios a la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa

En sentido contrario a las tendencias dominantes que han provocado retrocesos de las rentas y los derechos de mundo del trabajo y una concentración de los riesgos en las personas asalariadas, se ha generado una creciente preocupación social por el funcionamiento interno de las empresas, por su gestión y por los impactos que ocasionan en sus entornos económicos, sociales y medioambientales. La inquietud incluye también la discutible capacidad demostrada por las empresas (más allá de los gastos en campañas publicitarias de responsabilidad social corporativa) para aceptar una carga fiscal equilibrada y justa, respetar los ámbitos en los que deben predominar los bienes públicos y, más en general, sintonizar sus objetivos con los valores e intereses que expresa la ciudadanía. En la ciudadanía prima una preocupación reactiva, frente a los impactos negativos de la actividad empresarial que se perciben, antes que una búsqueda activa de herramientas y buenas prácticas que permitan intervenir o influir en la tarea de impulsar la modernización de las empresas y la ampliación de sus capacidades y responsabilidades, tanto en el objetivo de integrar los intereses de sus asalariados como en el impulso de una inversión productiva innovadora, un reparto más justo de sus resultados o un compromiso claro y explícito de reducir los impactos medioambientales negativos de su actividad económica.

Frente al interés social y económico de integrar los intereses de los trabajadores y el conjunto de la sociedad en las tareas de gestión o en el impulso de la modernización de las empresas, potentes fuerzas económicas empujan en sentido contrario y se suman a transformaciones de carácter internacional, no sólo de la eurozona, que vienen de hace décadas y conforman la tendencia dominante.

Las reformas denominadas estructurales (en realidad desreguladoras) de los mercados laborales forman parte de esas transformaciones, pero otros muchos factores han actuado en el mismo sentido. Mencionemos tres de los más relevantes.

Uno. Las decisiones de las empresas están marcadas por el objetivo prioritario de maximizar la rentabilidad financiera inmediata que obtiene el capital o, con la fórmula que ha hecho fortuna, crear valor para los accionistas. Los directivos están presionados por la consecución de ese objetivo a corto plazo, del que también dependen la valoración y la retribución de su labor. Las rentas de los accionistas devienen así demasiado elevadas, poco cíclicas y poco arriesgadas. Y para garantizarlas, la presión sobre los costes laborales y fiscales es constante. Los costes de cualquier episodio de recesión o crisis son soportados, casi en exclusiva, por los asalariados, a través del ajuste de empleos y salarios.

Dos. El crecimiento económico se ha desconectado de los salarios y de la inflación. La reactivación económica y la disminución de las tasas de desempleo en los últimos años deberían haber ocasionado un aumento de los salarios y la inflación, pero tanto los salarios como la inflación subyacente han aumentado muy poco. Las reformas de los mercados laborales han provocado que el crecimiento del producto se concrete en más empleos precarios, pero no en más salarios. No hay reacción al alza de los salarios ante el descenso de las tasas de desempleo. Y cuando, excepcionalmente, se logran incrementos reales de los salarios, tales aumentos no suelen trasladarse a precios, porque los amplios márgenes conseguidos y la competencia externa permiten (y obligan) a las empresas a encajar la subida de costes.

Y tres. El impulso de las nuevas tecnologías digitales, la robotización industrial y la aplicación creciente de la inteligencia artificial a los procesos económicos están teniendo importantes efectos sobre los mercados de trabajo, contribuyendo a incrementar la polarización del mercado de trabajo y la desigualdad de rentas y deformar la distribución de la renta a favor del capital y de las empresas tecnológicas y de plataforma que cuentan con rendimientos crecientes y rentas de monopolio, contribuyendo de esta manera a distribuir las ganancias de productividad y la rentabilidad de las empresas de forma muy desigual, entre sectores y entre empresas del mismo sector.

A las reformas laborales llevadas a cabo en los últimos años para presionar a la baja los costes laborales y a los tres factores mencionados antes, hay que añadir al menos dos choques específicos sufridos por las relaciones entre capital y trabajo para comprender las causas de la creciente complejidad de los sectores sociales que podrían considerarse clases trabajadoras, su retroceso y el consiguiente debilitamiento sindical.

En primer lugar, la incorporación de China y las desaparecidas economías de tipo soviético del Este de Europa al mercado mundial en los años 90 del pasado siglo ha duplicado la oferta de trabajo mundial, desde casi 1.500 millones de trabajadores y trabajadoras a cerca de 3.000 millones. Como consecuencia, la fuerza de trabajo se ha hecho mucho más abundante en términos absolutos y, más aún, relativos y la relación entre capital y trabajo (el equipo de capital asociado a cada trabajador) se ha reducido notablemente, impulsando el retroceso relativo de las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital.

Y en segundo lugar, la ola globalizadora de carácter neoliberal que se inicia en los primeros años 80 eliminó restricciones a los movimientos del capital financiero y facilitó una deslocalización de actividades productivas (y los empleos asociados) que ha impactado especialmente sobre los trabajos más rutinarios y los empleos de menos cualificación y valor añadido de los países capitalistas desarrollados. Y sobre los sectores vinculados a tales empleos, en parte desaparecidos y en parte degradados.

3. Avanzar en la democratización de la empresa y la política económica

Hay pendiente un debate ciudadano a propósito de la democratización de las empresas. Fuerzas económicas y políticas conservadoras y liberales querrán reconducir y amansar las críticas al actual modelo de gestión de las empresas y a las políticas económicas de austeridad y devaluación salarial aplicadas, para no renunciar prematuramente a los beneficios que les ofrecen. En sentido contrario, fuerzas progresistas y de izquierdas intentarán convertir el malestar social existente en reformas que equilibren los intereses de las partes, amplíen y afiancen derechos, impidan el deterioro del medioambiente, reduzcan las múltiples expresiones de la desigualdad social y mejoren las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social. Difícilmente se podrá esquivar, en sociedades avanzadas y democráticas, ese debate pendiente sobre la función de las empresas y su gestión.

La incógnita no es si se producirá tal discusión pública, que es insorteable, sino qué efectos tendrá y quién representará y liderará las aspiraciones de la sociedad a intervenir en la gestión y los objetivos de las empresas.

La indignación surgida al calor de los altos costes económicos, políticos, sociales y ecológicos causados por la crisis y por la fallida estrategia conservadora de salida de la crisis ha hecho trizas y puesto en cuestión el principio liberal que concibe a la empresa como un proyecto en el que los socios capitalistas mayoritarios son los poseedores en exclusiva de la capacidad de tomar decisiones y, por tanto, se consideran absolutamente libres de hacer todo lo que sea lícito (que es todo lo que la ley no prohíbe) para maximizar sus beneficios. No se debería pretender en este debate definir qué valores morales deben predominar a través de reformas legislativas o, lo que es lo mismo, identificar (o confundir) el derecho con la virtud. Se trataría, más sencillamente, de equilibrar y hacer compatibles los derechos, obligaciones y riesgos de los accionistas con los de los trabajadores y demás agentes económicos y sociales relacionados con la actividad de las empresas. Se trata, de entrada, de conseguir un menor desequilibrio entre las partes para maximizar la libertad y el bienestar del conjunto, sin que los derechos y la prosperidad de los propietarios del capital, ocasionen o pretendan intensificar y perpetuar, como en los últimos años, los costes, la subordinación y el malestar del resto.

Si se pretende defender el Estado de bienestar, la cohesión social y una salida de la crisis que tenga en su mira, en un lugar prioritario, las necesidades de la mayoría social, es necesario reforzar la participación de la sociedad en la gestión de las empresas y de la política económica. No se trata sólo de un problema sindical, es un problema del conjunto de la sociedad. Sin embargo, a nadie se le escapa que sin fortalecer la negociación colectiva y la capacidad de acción de los sindicatos será imposible revertir las reformas desreguladoras del mercado de trabajo o recuperar y consolidar los derechos laborales y sociales que se han eliminado o restringido. Los sindicatos deberían estar en condiciones de ser una pieza clave en el impulso de buenas prácticas que animen el debate social en torno a estas cuestiones, popularizando los ejemplos de participación de las plantillas en la gestión de las empresas y, en un escalón inferior, también imprescindible, las iniciativas de transparencia y control de la gestión.

No obstante, faltaría un paso más. Sabido lo difícil que es ese cambio a favor de la democratización de las decisiones económicas y, a la vez, que es imprescindible para mejorar la vida y los empleos de la mayoría social, haría falta cambiar el sentido común dominante que considera a la gestión empresarial una función exclusiva de directivos controlados por consejos de administración y a las decisiones de política económica, una responsabilidad exclusiva de gobernantes controlados por parlamentos. Habría que llevar la democracia un paso más allá. La democracia no puede quedarse a las puertas de las empresas. Hay que alentar e institucionalizar la participación de las plantillas y del conjunto de sectores relacionados o afectados por las actividades de las empresas en la gestión empresarial. De igual modo, hay que ampliar los cauces y los instrumentos de participación social en la identificación de políticas y reformas que alienten la modernización de la oferta productiva, la definición del modelo de crecimiento y el impulso de cambios estructurales (especialmente en los dominios fiscal y medioambiental) que sustenten un mayor nivel del crecimiento potencial y hagan posible extender el bienestar a la mayoría social.

¿Se puede hacer? ¿Hay experiencias de las que se pueda aprender? Probablemente, haya muchas, de muy dispar calado y en muy diferentes terrenos. Lo que falta es sistematizarlas, extraer enseñanzas y ponerlas a disposición de los trabajadores y las trabajadoras y sus representantes sindicales para que sirvan de emulación y reflexión sobre las prácticas capaces de sostener y animar el debate social sobre la democratización de las empresas.

Sirva de ejemplo lo sucedido en Francia hace unos meses para evaluar los límites, posibilidades y vericuetos del debate social y político por hacer en España sobre la democratización de las empresas. De entrada, conviene remarcar que el debate desarrollado en Francia ha estado liderado directamente por el presidente Macron y dirigido por el  gobierno liberal de La República en Marcha (LRM), mucho más amigos de la gran patronal y del capital financiero que de los sindicatos de clase a los que, muy probablemente, consideren instituciones obsoletas, puede que necesarias durante un tiempo, a las que es necesario neutralizar para que no se conviertan en un obstáculo a los planes de reforma, flexibilización y modernización del tejido empresarial que consideran obligado y urgente llevar a cabo pese a la oposición radical de una parte de los sindicatos.

Durante la última campaña electoral a la presidencia francesa (mayo de 2017), Macron subrayó con especial énfasis la necesidad de realizar un debate público nacional sobre la transformación de las empresas, tanto en el ámbito de su reforma jurídica como en lo que se refiere a su funcionamiento, misión y objetivos. Las pretensiones enunciadas por Macron estaban en línea con sus preocupaciones y obsesiones: facilitar el crecimiento y la financiación de las empresas francesas; aumentar su competitividad; favorecer una economía más respetuosa con la ciudadanía y el medioambiente; conseguir una mayor integración de las plantillas, ampliando sus posibilidades de participación en la gestión y en el accionariado…

Dicho y hecho, en los últimos meses de 2017 y primeros de 2018 se organizó y llevó a cabo en Francia una campaña y un debate social de envergadura. El 23 de octubre 2017, se lanzó el Plan de acción por el crecimiento y la transformación de la empresa (PACTE) y se creó un Grupo de Trabajo dirigido por un diputado de LRM y por la presidenta del Instituto Francés de Administradores (IFA), bien conectado con la gran patronal francesa. Durante la primera fase del Plan, entre octubre y diciembre, cerca de 600 instituciones y especialistas fueron recibidos y escuchados por dicho Grupo de Trabajo.

El 5 de enero de 2018, se constituyó una Misión Interministerial sobre “Empresa e Interés general” coordinada por Nicole Notat (antigua secretaria general del sindicato CFDT) y Jean Dominique Senard (presidente del grupo Michelín) y se inicia la segunda fase del Plan con una consulta pública en la que cerca de 8.000 participantes realizaron 13.000 propuestas que obtuvieron alrededor de 64.000 apoyos. El 9 de marzo, la Misión Interministerial presentó un informe recomendando diferentes reformas que acabó siendo la base sobre la que se redactó un proyecto de ley que llegó al Consejo de ministros el 18 de junio y comenzó a ser examinado recientemente, el 5 de septiembre, por una comisión especial de diputados, para pasar a debate parlamentario a finales de este mes de septiembre. Teniendo en cuenta que es un texto de cerca de 1.000 páginas con 73 artículos que ya ha recibido por parte de la oposición más de 2.000 enmiendas, el debate será largo y su aprobación podría retrasarse hasta principios de 2019.

Macron se ha puesto a la cabeza, encauzando, promoviendo y liderando una preocupación social: modernizar las empresas francesas, mejorar sus posibilidades e instrumentos de financiación, integrar en mayor medida que hasta ahora los intereses de los asalariados en su gestión y apreciar en todo el valor (y los costes) que tienen las consecuencias sociales y medioambientales de la actividad empresarial. Se ha producido una notable participación de la patronal, asesorías, especialistas y académicos con puntos de vista, apreciaciones e intereses muy diferentes con intención de influir en las reformas, incorporar sus respectivos objetivos y tratar que el texto de la futura ley recoja sus particulares intereses. En cambio, la participación de los sindicatos (divididos en la valoración de la iniciativa y de sus intenciones) ha sido bastante débil; así como la de los partidos de izquierdas en la oposición, que han preferido esperar y participar con sus enmiendas para intentar eliminar los contenidos más dañinos de la futura ley.

No se trata aquí de valorar el articulado de la ley, sino el proceso puesto en marcha por el presidente Macron. Ni tampoco, criticar los evidentes objetivos de la iniciativa de Macron para dividir a los sindicatos, debilitar la representación y capacidad de acción sindical de los trabajadores y estrechar las relaciones de su gobierno con la gran patronal y el capital financiero. Esas críticas ya las harán, con más rigor y conocimiento, parte de los sindicatos y la oposición de izquierdas en el Parlamento de Francia. Se trata de servirse de un ejemplo que ha permitido interesar a una parte significativa de la ciudadanía francesa y a diversas organizaciones en un tema de gran relevancia política y económica que, hasta ahora, aparecía como un tema propio de expertos que permanecía alejado del debate público.

¿Hay algo que aprender de esta experiencia? ¿Se podría impulsar y desarrollar en aquí un debate similar con otros objetivos, más proclives a los intereses de la mayoría social? Creo que sí, pero son los sindicatos de clase y los partidos de izquierdas los que tienen la palabra. Los que tienen que valorar si está a su alcance o es de su interés organizar y promover un debate público en el que se sientan involucrados todas las partes y el conjunto de la ciudadanía, con la pretensión de tomar el pulso a la opinión de los trabajadores y la sociedad civil y escuchar sus ideas a propósito del nuevo lugar que deben ocupar las empresas en la sociedad y las mejores formas de participación de la sociedad y las plantillas en la gestión de las empresas y la definición de sus objetivos.