Presentación

Perspectiva nº 5:

 

Xavier Navarro

Secretario de Comunicación de la FSC-CCOO Catalunya

 

 

 

En el momento de publicar este número de PERSPECTIVA, la FSC de Cataluña, con la colaboración de la secretaria de política internacional de la FSC Estatal Fátima Aguado, acaba de realizar una serie de encuentros en Bruselas (invitados por el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun) con los eurodiputados Ernest Urtasun de ICV, Tania Gonazález de PODEMOS , Paloma López de IU y Ana Moura del BLOC DE GRIETA portugués, así como con una importante delegación de la EPSU (Federación Sindical Europea de Servicios Públicos) y con ETF (Federación Europea de los trabajadores del transporte). Unos encuentros que han tenido un denominador común: las políticas de austeridad y las necesarias alternativas a éstas.

De las políticas de austeridad, de las afectaciones de las mismas, y de las necesarias alternativas, son los diferentes artículos que publicamos en este número. Artículos de diferentes compañeros del mundo sindical europeo, catalán y español; así como diferentes visiones políticas y aportaciones interesantes de analistas e historiador formando un conjunto, creemos, muy interesante.

Barcelona, 2 de febrero de 2016

 

Javier Doz

Miembro del Comité Económico y Social Europeo por CCOO

 

 

 

Dejaré de lado en este artículo el diálogo social que se desarrolla en el Comité Económico y Social Europeo (CESE), institución ya contemplada en el Tratado de Roma (1957), de carácter consultivo y con capacidad de iniciativa y que, junto a los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales de cada uno de los Estados miembros, integra también a los de aquellas que son denominadas del “tercer sector”  (agrarias, de consumidores, de la economía social, etc.). Me referiré sólo a las instituciones y prácticas de negociación y consulta de ámbito europeo, en las que intervienen directamente los interlocutores sociales europeos; tanto las de carácter bipartito como tripartito.

El proceso de Val Duchesse

El diálogo social europeo, interprofesional y sectorial, tal y como lo conocemos hoy, tiene su origen en el llamado proceso de Val Duchesse (1985). Con anterioridad a esta fecha se encuentran antecedentes como el Comité Consultivo de la CECA[1], o las instituciones y prácticas impulsadas en los años 70, a partir de la constitución de organizaciones representativas de los interlocutores sociales de carácter europeo. Estas organizaciones comienzan a superar una tendencia anterior por la que sindicatos y patronales, sobre todo estas últimas, parecían preferir presionar en defensa de “sus” intereses europeos a través de los gobiernos nacionales. Entre estos antecedentes, impulsados por la cumbre del Consejo de La Haya (1969), destacan la creación del Comité Permanente para el Empleo (1970), las mesas paritarias de los interlocutores sociales y los encuentros tripartitos, en los que, además de la Comisión Europea (CE), intervenían los ministros de economía o/y los de empleo y asuntos sociales de los gobiernos nacionales. A partir de 1974, la CE desarrolló con carácter plurianual el Programa de Acción Social (posteriormente Agenda Social) que era consultado con los interlocutores sociales.

Los sujetos del diálogo social europeo han sido siempre la Confederación Europea de Sindicatos (CES), creada en 1973 con carácter unitario, y tres patronales europeas: Business Europe (creada en 1958, se llamó UNICE hasta 2006, y representa al sector privado), el Centro Europeo de Empresas con Participación Pública y Empresas de Interés Económico General (CEEP, fundada en 1961), y la Asociación Europea de Artesanos, Pequeñas y Medianas Empresas (UEAPME, 1979). Los interlocutores del diálogo social sectorial son las federaciones sindicales europeas, que están integradas en la CES y hoy son diez, y las organizaciones sectoriales de las patronales (alrededor de 40).

La cumbre del Consejo Europeo que se celebró en 1985 en el Castillo de Val Duchesse, situado en el sur de Bruselas, marca el inicio de las formas de diálogo social europeo que han pervivido, con altibajos, hasta el día de hoy.  El impulso lo dio la Comisión presidida por Jacques Delors, bajo la consideración de que un diálogo social supranacional europeo fuerte contribuiría al proceso de integración al tiempo que serviría de instrumento para la construcción del pilar social que compensaría la construcción del Mercado Único y la Unión Monetaria bajo los principios del liberalismo económico.

El Protocolo Social del Tratado de Maastricht

Se crearon instrumentos como el Comité de Diálogo Social (1991), que se sumó al preexistente Comité de Empleo y, tras consulta con los interlocutores sociales, se promulgó, en 1989, la Carta de Derechos Fundamentales de los Trabajadores. Se promovieron  prácticas de diálogo social avanzadas cuya expresión más potente fue la posibilidad, consagrada en el Protocolo Social del Tratado de Maastricht (1991), de que acuerdos bipartitos de los interlocutores sociales europeos se transformasen en leyes europeas (directivas).  Esto confería al diálogo social bipartito una gran fortaleza, superior a la de cualquier modelo de diálogo social nacional. El Acuerdo sobre política social de octubre de 1991, suscrito por la CES y las patronales europeas, consagraba la apuesta por la primacía de un diálogo social bipartito basado en la negociación entre los interlocutores sociales europeos.

Al mismo tiempo, se estableció la consulta obligatoria de todas las normas sociales. Si los interlocutores sociales se comprometían a negociar, dentro de determinados plazos, el contenido de las iniciativas de la CE, las directivas recogerían el contenido de lo acordado como fruto de dicha negociación. Si los interlocutores sociales no llegaban a un acuerdo, la CE se reservaba el derecho a promover la norma. En los años 90, como resultado del diálogo social bipartito se aprobaron tres directivas: permisos parentales (1996), trabajo a tiempo parcial (1997) y contratos de duración determinada (1999).

Además del diálogo social interprofesional, se fomentó el diálogo social sectorial. Se crearon hasta 37 comités de diálogo social sectorial. Una de las dificultades a superar ha sido el exceso de patronales europeas de carácter sectorial: más de 50 federaciones. Los resultados del diálogo social sectorial han sido muy desiguales. Destacan los resultados en el sector del transporte, en donde las negociaciones bipartitas sobre jornada de trabajo llevaron a acuerdos, que también se transformaron en directivas europeas, que afectan a subsectores como el marítimo, la aviación civil, los ferrocarriles y el transporte por carretera.

Del comienzo del declive a la ruptura del contrato social europeo

El cambio de siglo ofreció resultados paradójicos, como también lo fue en cierto sentido la década de los noventa. En esta última, coincidiendo con la hegemonía ideológica y política del neoliberalismo a nivel mundial, en Europa como hemos visto se iba a contracorriente; al menos en parte. A principios de la década inaugural del Siglo XXI parecía que la UE iba a tener un nuevo impulso en su construcción política y que se no iba a relegar su pilar social.  La Cumbre del Consejo de Laeken (2001) creó nuevos instrumentos como la Cumbre Social Tripartita o el Diálogo Macroeconómico del Alto Nivel. Al tiempo, se iniciaban los procesos que, a través de convenciones, iban a redactar la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el proyecto de Constitución Europea. La CES intervino activamente en ambas convenciones. Sin embargo, en el Siglo XXI ha terminado sucediendo todo lo contrario, hasta el punto de anular o congelar el diálogo social europeo y dejar completamente vacías de contenido sus principales instituciones.

El impulso político terminó con la aprobación de la Carta, de contenido avanzado en términos democráticos y sociales. El proyecto de Constitución quedó paralizado por los resultados contrarios de los referendos de Francia y Holanda (2005). Pero los factores contrarios,  tanto a una mayor integración política europea como aquellos que han promovido un serio debilitamiento de su pilar social, estaban ya en marcha. La crisis financiera y económica y la gestión política de la misma han culminado un profundo proceso de deterioro del modelo social europeo que ha afectado muy seriamente al diálogo social y la negociación colectiva. A partir de 2010 se ha prescindido incluso de las formas: las instituciones de la UE, bajo la hegemonía ideológica del neo-ordoliberalismo alemán y la política del gobierno presidido por Angela Merkel, han impuesto la austeridad y la devaluación interna sin ningún respeto por el acervo social europeo. La CES ha calificado esta acción política como la ruptura del contrato social europeo construido tras la 2ª Guerra Mundial. Pero no se debe olvidar que una parte importante de esta regresiva agenda de economía política ya había sido formulada por altos funcionarios de la DGECFIN[2] y del BCE bastante antes del estallido de la crisis como recogen las publicaciones especializadas.

Desde los primeros años del nuevo siglo los gobiernos nacionales fueron girando a la derecha y los partidos de derecha y centro derecha se radicalizaron en la misma dirección,  al calor del surgimiento de corrientes nacionalistas y de extrema derecha en sus países. Las presidencias de la Comisión y del Consejo quedaron en manos de políticos del PPE. Sólo hubo un corto intervalo, entre 2008 y 2010, en el que se quebró esta tendencia, cuando las instituciones europeas se plegaron de no muy buen grado a las orientaciones macroeconómicas neokeynesianas del G20, mientras que Nicolás Sarkozy  declaraba aquello de que había que “refundar el capitalismo”. La reunión del Ecofin del 9 y 10 de mayo de 2010 cierra abruptamente esta corta etapa. Austeridad y devaluación interna se convirtieron en los paradigmas de la economía política europea con las conocidas consecuencias de agudizar y prolongar la crisis; aumentar el paro, la pobreza y la desigualdad; y promover la divergencia entre los Estados y la ruptura de la cohesión europea. En suma: promover la profunda crisis política que vive hoy la UE.

La orientación neoliberal de las políticas europeas fue reforzada por los nuevos países del centro y el este de Europa que ingresaron en la UE a partir de 2004. También la tendencia atlantista, opuesta a los valores de la política exterior europea, que tuvo su culmen en el apoyo al gobierno de George W. Bush en la insensata aventura de Iraq, en oposición frontal a la “Vieja Europa”.

La patronal europea ya no quiere normas europeas

Las patronales europeas manifestaron desde 2000 un nulo interés en seguir promoviendo, a través del diálogo social bipartito, directivas laborales o sociales europeas. Expresaban su oposición al exceso de regulaciones europeas, en particular las de carácter social. En los últimos 16 años sólo se utilizó una vez ese poderoso instrumento de diálogo social y negociación colectiva supranacional europea: fue en 2008, para acordar el texto de la  directiva de empresas de trabajo temporal. Las patronales europeas aceptaron, en un principio, utilizar la otra vía que contemplaba el Protocolo Social del Tratado de Maastricht: la de los acuerdos que obligan a las partes. De esa manera se alcanzaron acuerdos entre los que cabe destacar los de estrés laboral, violencia y acoso en el trabajo y teletrabajo. El carácter obligatorio de los contenidos de estos acuerdos está, sin embargo, lejos de alcanzar a todas las empresas y todos los trabajadores, habida cuenta del complejo proceso de aplicación en cada país y de la existencia de muy diferentes tradiciones de diálogo social nacional.

Pero en los últimos acuerdos entre la CES y Business Europe y las otras patronales europeas sobre los programas trianuales del diálogo social europeo, apenas aparecían compromisos de negociación de acuerdos obligacionales de las partes. En ellos, prácticamente sólo se hablaba de análisis, opiniones u orientaciones conjuntas, análisis o códigos de buenas prácticas, etc. Es decir instrumentos sumamente débiles, que no obligan a las partes y que no son sino la expresión del vaciamiento del diálogo social europeo, de su profunda crisis.

Coincidiendo en el tiempo, las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) en los  casos Laval, Vicking , Rüffert , Luxemburgo supusieron un claro sostén al dumping salarial llevado a cabo mediante el desplazamiento temporal de trabajadores de un país comunitario a otro, para la realización de una obra o la prestación de un servicio, con los salarios y las condiciones de trabajo del país de origen de la empresa. El TJE se apoyó en la mala regulación de la Directiva de desplazamiento de los trabajadores (1996)[3]para, yendo más allá, dictaminar la primacía de la libertad de establecimiento empresarial sobre los derechos laborales y sindicales fundamentales.

Lo ocurrido, a partir de los primeros años de la década 2000-2010, es que mientras que los nuevos instrumentos de diálogo social creados por la cumbre de Laeken nunca llegaron a funcionar con resultados apreciables, los anteriormente potentes del proceso de Val Duchesse fueron perdiendo progresivamente su fuerza, hasta quedar unos y otros congelados por la imposición de las políticas de austeridad. Como testigo directo de las reuniones de las Cumbres Tripartitas del Diálogo Social y del Diálogo Macroeconómico de Alto Nivel puedo afirmar que, a partir de 2010, se convirtieron en un insufrible diálogo de sordos.

La responsabilidad de los dirigentes políticos de la Comisión, el BCE y el FMI, integrantes de la Troika, y del Consejo Europeo en el proceso de degradación del diálogo social y la negociación colectiva ha ido mucho más allá, puesto que han intervenido de forma decisiva y coactiva para degradarlos también en numerosos ámbitos nacionales. A través de los memorandos de condiciones de los planes de rescate de las finanzas públicas o privadas (fue el caso de España) o de las recomendaciones específicas por país de la Comisión Europea dentro de los procedimientos del Semestre Europeo se han impuesto duros recortes del gasto social y se ha promovido la devaluación salarial, vulnerando para ello las legislaciones sobre negociación colectiva y los convenios fundamentales de la OIT y congelando todas las formas del diálogo social. En su caso, imponiendo o promoviendo reformas laborales que debilitaran la negociación colectiva para facilitar la disminución de los salarios (caso de España y otros países).

En el pobre documento de los “cinco presidentes”[4] que plantea  un conjunto bastante limitado de medidas para avanzar en la realización de la Unión Económica y Monetaria, el pilar social de la construcción europea ha quedado totalmente olvidado. Como gran aportación para mejorar la competitividad no se les ha ocurrido otra cosa que la creación en todos los países de la Eurozona de unas “autoridades nacionales de la competitividad”, formadas por expertos independientes, que, entre otras funciones, propongan los aumentos salariales compatibles con su concepto de competitividad. Aunque la propuesta de la Comisión, que desarrolla este punto, lo matiza algo -habla de “consejos nacionales de la competitividad” y afirma que hay que respetar los procedimientos de  negociación colectiva de cada país-, la acción de dichos consejos interferiría necesariamente en la libertad y autonomía de los interlocutores sociales en la negociación colectiva.

Algunas conclusiones

Una primera conclusión extraigo de esta historia: si la legislación, las instituciones y los procedimientos del diálogo social y la negociación colectiva pueden facilitar o dificultar su realización o sus resultados, estos, en última instancia, terminan dependiendo más de la voluntad de los sujetos políticos y sociales, de la correlación de fuerzas y del marco político existente.

La segunda es que el diálogo social europeo vive una profunda crisis que está en consonancia con la también profunda crisis política que vive la Unión Europea.

La prioridad del sindicalismo europeo –de la CES y sus federaciones sectoriales europeas y de las centrales nacionales- debería ser la de construir una correlación de fuerzas que permita terminar con las políticas de austeridad y las reformas estructurales de carácter neoliberal.

La CES debería formular una propuesta de revitalización del diálogo social europeo y procurar su puesta en práctica. Habría que llenar de nuevos contenidos el funcionamiento de los órganos e instituciones existentes, cambiando eso sí los métodos de trabajo. En particular, habría que diseñar con precisión cómo se participa mediante un diálogo social estructurado en los nuevos instrumentos de gobernanza económica europea, los del Semestre Europeo, tanto a nivel europeo como en los ámbitos nacionales. Y procurar una articulación eficaz entre ellos.  El Dialogo Macroeconómico de alto nivel y las Cumbres Tripartitas del Dialogo Social no son de una gran utilidad con los métodos y prácticas desarrollados hasta el momento. Sin embargo, a partir de sus reuniones y mediante la creación de estructuras especializadas pueden acoger este nuevo diálogo social estructurado para el gobierno económico y social de la zona euro con proyección hacia el conjunto de la UE. Podrían establecerse estructuras diferenciadas para el ámbito euro y el general.

Recobrar la capacidad de negociar normas laborales y sociales europeas a través del diálogo social bipartito debería ser un objetivo permanente. Requiere un consenso sindical previo fuerte sobre lo que se quiere regular, perseverancia y fuerza.

Finalmente, en mi opinión, el sindicalismo europeo debería implicarse en la formulación de un proyecto de refundación política europea basado en la profundización de la integración sobre bases democráticas y de justicia social. Aunque sólo sea porque si no se resuelve la crisis política que hoy vive la UE difícilmente se podrá progresar en el campo social.

Europa necesita más reflexión y nuevas propuestas y prácticas.

[1] CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero, creada en 1951; antecesora  de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la UE.

[2] DGECFIN: Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea

[3] La Directiva 1996/71 sobre el desplazamiento de los trabajadores en el marco de una prestación de servicios fue complementada, 18 años después y tras el fuerte conflicto que las sentencias del TJE motivaron, por una directiva de aplicación y de garantía de su cumplimiento, la Directiva 2014/67, que no satisface ni mucho menos las críticas planteadas por los sindicatos.

[4] Promovido el pasado mes de junio por Jean Claude Jean Claude Juncker (Comisión), y refrendando por los también presidentes Martin Schulz (Parlamento), Jeroen Dijsselbloem (Eurogrupo), Donald Tusk (Consejo) y Mario Draghi (BCE).

 

Fabio Ghelfi

Responsable de Internacional de la CGIL de la región de Lombardía

 

 

 

En relación a las políticas de austeridad y la ideología que las promueve, la reflexión que creo que hay en el inicio de este 2016 surge de una exigencia de análisis estratégico y táctico. Un análisis sobre el plan de acción para poner en marcha una visión alternativa de forma robusta y estructurada, de manera que pueda ser conocida y difundida entre los ciudadanos europeos.

Tenemos ya confirmaciones provenientes de instituciones al margen de toda sospecha sobre la ineficacia a la hora de sacar a Europa de la crisis iniciada en 2008 y de las recetas económicas y sociales de la austeridad. Esto nos puede dar algo de satisfacción, aunque no mucho.

Igualmente, sin embargo, como sindicalista y en general activista por una alternativa al neoliberalismo, creo que debemos preocuparnos bastante de como la estrategia de las políticas de austeridad y la reducción de los costes y de los gastos, recortando las garantías sociales y los derechos, no es de hecho muy útil a la hora de encontrar la receta para reactivar la economía europea; al contrario. De hecho, puede que incluso de forma no muy consciente por parte de los promotores, es una operación eficaz para fijar aún otros puntos en beneficio de una visión liberal de la economía y de la organización de la sociedad.

Para ello, sólo hay que liberarse de las estructuras de tutela y reconocimiento de los derechos democráticos y sociales que todavía en Europa forman parte de la receta socio-institucional.

Para conseguirlo, está en curso desde hace años una ofensiva cultural por la austeridad. Se ha construido un relato del mal necesario, de la necesidad ineludible de que no se puede evitar y menos rechazar, pues conllevaría la catástrofe o el precipicio. Y poco importa que los efectos positivos no se vean, lo que cuenta es que se inculcan en la mente de los ciudadanos la certeza de la ausencia de cualquier alternativa.

Este es el mayor peligro, ya que determina un ambiente angustioso en el que no hay ninguna viabilidad ni espacio de maniobra para un pensamiento alternativo.

Esta es la percepción que tengo observando la situación desde la perspectiva italiana.

Como movimiento sindical hemos estado en condiciones, estos años, de elaborar una visión sobre cómo reformar la situación y afrontar la modernidad, ya sea en términos de derechos como de políticas económicas. En el plano analítico las propuestas de la CGIL están muy estructuradas, comportan soluciones y proponen estrategias de forma clara.

Dos documentos serán, para nosotros, fundamentales durante 2016: el “Plan de Trabajo” y la “Carta de los derechos fundamentales de los trabajadores”. Con el primero, ya hace algunos años, hemos puesto en marcha una propuesta sobre cómo reactivar la economía del país dando respuestas a los enormes problemas que le afectan. Hacemos propuestas de política industrial junto con otras sobre medidas para resolver problemas estructurales, tales como el desequilibrio hidrogeológico o las carencias de las redes locales de transporte público. Con un papel como el de promotores de la esfera pública, podemos activar según creemos iniciativas virtuosas así como crear empleo. Con la carta, nuestros juristas han elaborado una propuesta de ley que reordena, por primera vez desde el inicio de la desestructuración iniciada en los años noventa, el derecho laboral. El objetivo está claro desde las primeras líneas del texto: afirmar en una normativa el principio concreto de la paridad de derechos y condiciones para todos los trabajadores y trabajadoras -tengan o no contratos de trabajo estándar-, definir la normativa que regula el mercado laboral con la determinación de las fórmulas contractuales útiles para conjugar calidad, derechos, flexibilidad y estabilidad laboral, y establecer que en el mundo laboral así como en su representación el principio fundamental es la democracia, con reglas seguras sobre el cómputo de la representación y del ejercicio de los derechos sindicales.

Como en el plan de inversiones de la CES, en estos documentos hay un pensamiento alternativo a la insuficiencia de las políticas de los recortes de los gastos, pero sobre todo hay algo que podría ser de interés para los ciudadanos a los que consiguiéramos hacer llegar el mensaje; y aún mejor si consiguiéramos contarles la historia de las razones y de las soluciones que hay detrás de estos documentos.

Evidentemente, sin embargo, esto no es suficiente. Sobre los conflictos específicos, el sindicato está en condiciones de establecer una relación de comprensión recíproca con trabajadores y ciudadanos, en la afirmación de las directrices de un pensamiento que tiene la ambición de permanecer autónomo y alternativo al pensamiento único; aunque no estamos todavía en condiciones de jugar el partido de forma eficiente.

Los factores que nos podrían fortalecer son obviamente múltiples; no creería nunca en la posibilidad de resolver un problema de esta magnitud con una única solución.

Pero dicho esto, pienso que como conclusión de esta breve reflexión, sería útil hacer hincapié en un factor por encima de los demás: nuestra capacidad de desarrollar relatos eficientes así como de poder difundirlos y hacer que se escuchen.

Creo mucho en este elemento de la táctica de resistencia y contraataque que tenemos que saber desplegar, pero a la vez soy del parecer que no es fácil de poner en práctica.

De hecho, pensando en la necesidad de explicar lo que proponemos y las razones por las que lo hacemos, veo elementos de la receta que debemos recuperar:

En primer lugar, encontrar el vínculo sentimental del análisis técnico de nuestras soluciones con los hombres y las mujeres a los que nos dirigimos (en la práctica pienso que si tengo una buena idea sobre cómo mejorar las condiciones de trabajo, es con los trabajadores y las trabajadoras con quién la he de elaborar y a quién debo hacer aceptar y difundir la bondad de mi idea).

Y también, definir con trabajadores y activistas la necesidad de aceptar que las batallas que queremos llevar adelante son batallas, quizás, de muy larga duración y que en todo caso no las disfrutarán ellos sino sus propios hijos. Parece absurdo pero, desde esta gran limitación, a causa de no poder obtener todo inmediatamente (como quisiera por otra parte la cultura extendida entre nuestra sociedad del uso y consumo inmediato y del just in time) quizás podría derivarse un elemento de fuerza. Se trataría, desde mi punto de vista, de la fuerza de estar convencidos de hacer algo útil, de actuar por el prójimo, de dar y de darse una perspectiva.

Si pienso en las generaciones de activistas que han hecho grandiosa la historia del movimiento obrero, sólo puedo convencerme de que esa historia ha sido hecha por hombres y mujeres que tenían una perspectiva, que les daba fuerza y ​​ánimos para convencer a los demás de estar a su lado.

En definitiva, pienso que un relato para contrastar la austeridad nos sería útil, pero también que este relato serviría para vehicular las muchas y buenas ideas que hemos conseguido generar. Creo también que en el relato reside un factor generador de fuerza y ​​de agrupación. Pienso sobre todo que un buen relato ayudaría a apoyar y a definir una perspectiva sobre cómo se podría hacer todo esto de forma mejor y diferente y que, además, serviría para darnos el aliento que nos entra por los pulmones cuando conseguimos levantar la mirada hacia el horizonte.

(Traducción de José María Benito y Michela Albarello)

Barcelona, 2 de Febrero de 2016

 

Ricard Bellera

Secretario de Internacional, Migraciones y Cooperación de CCOO Catalunya

 

 

 

Hay buenas razones para entender que la crisis en la que seguimos inmersos no es de carácter coyuntural sino estructural. Lo que hemos vivido desde el año 2008 no tiene solución cambiando las reglas, ni poniendo tiritas públicas en las heridas del modelo neoliberal. La crisis es sistémica y certifica el agotamiento y perversión de una ortodoxia económica que es profundamente contraria a nuestros valores democráticos y sociales. La cultura del riesgo, de la incertidumbre y de la dependencia, esta manera de hacer que nutre la codicia y genera beneficios al precio de la corrupción política, de la pérdida de cohesión social y de la destrucción del medio ambiente, está condenada. Puede languidecer durante unos años y degenerar hasta derrumbe en sí misma. Puede dar pie a autoritarismos más o menos atroces, o puede, de nosotros depende, ser transformada en un modelo que conlleve mayor estabilidad y capacidad para incidir en aquellos problemas reales que nos afectan y nos amenazan de manera inminente. Hay dos realidades que tienen un papel importante a jugar en esta transformación. Desgraciadamente la crisis las ha debilitado, pero tienen un valor estratégico clave para superar la injusticia y la desigualdad. Hablamos del sindicalismo y de Europa.

A pesar de los pronósticos interesados ​​de la política española, catalana o europea, las señales de una supuesta recuperación no tienen una base real. La bajada del precio del petróleo, la devaluación del euro y las facilidades de liquidez mediante la expansión cuantitativa (quantitative easing) promovida por el BCE, pueden oxigenar temporalmente el tejido empresarial y económico, pero no pueden arreglar el déficit estructural que le es congénito, también en el plano económico y financiero, al modelo neoliberal. Al igual que en el caso del Plan Juncker, la recuperación es poco más que una ficción alimentada por el marketing institucional y la sonrisa agradecida del capital privado que se beneficia, pero al final del día no pondrá fin ni a la creciente desigualdad social , ni tampoco a la pérdida de legitimidad de nuestra democracia. El modelo neoliberal se ha hecho omnipresente. Se ha trasladado hasta el punto de materializarse en la arquitectura institucional de la Unión Europea. Se ha convertido en parte de su “anatomía” y marca profundamente su funcionamiento. La gobernanza económica certifica esta transformación neoliberal de Europa que tiene por clave de bóveda una moneda común que se ha convertido el tótem del proyecto común.

Los problemas estructurales de Europa nacen en Maastricht, pero se han pronunciado aún más con el Tratado de Lisboa y con la estrategia 2020. La coordinación presupuestaria que introduce el Semestre Europeo amplía la falta de fundamento democrático y de transparencia que caracteriza el funcionamiento e interacción de los tres principales actores europeos; el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea. Se suma así al déficit en la definición del papel y en el control político sobre el Banco Central Europeo que se ha convertido en el artífice, no sólo monetario, sino también económico, de un drama social protagonizado por una moneda sin país. Este modelo expone a los estados a la ‘confianza’ de los mercados, o, mejor dicho, los vende, porque son éstos los que establecen los intereses a los que se tienen que endeudarse cuando, faltos de moneda propia, deben ‘ganar ‘con reformas estructurales y privatizaciones su ‘credibilidad’. Ante esta situación, incluso economistas de herencia liberal como Paul de Grauwe no ven más que dos alternativas: O hay una autoridad europea legitimada por el Parlamento y con competencias presupuestarias, o más tarde o más temprano la moneda común desaparecerá.

Con el fracaso social de sus políticas económicas, el proyecto europeo ha optado sin embargo, por volcarse en una huida hacia delante sin precedentes. Si consideramos las propuestas de ‘mejor regulación’ (Better regulation) o el programa REFIT por la adecuación y eficacia de la legislación, que reducen la iniciativa y función legislativa de la Comisión, vemos que la crisis de Europa afecta incluso a su ‘Ejecutivo’ que parece batirse en retirada. Los esfuerzos ingentes para concluir a cualquier precio el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) con los EEUU, son una prueba fehaciente de esta huida hacia delante. Europa no tiene problemas con su balanza comercial (a diferencia de los EEUU) y tiene de dónde sacar el dinero que necesita para invertir, recuperar el pulso económico y reforzar su modelo social. El billón de Euros anuales que se evaden, se defraudan o eluden cada año en la Unión, daría para 30 Planes Juncker sin palancas ni garantías para la inversión privada. Pero lamentablemente, a estas alturas, la competencia fiscal a la baja y el dumping social y laboral, siguen siendo la médula ósea de la consolidación de esta Unión Europea al servicio del capital financiero y de las transnacionales.

Se hace patente que no es tanto que el modelo esté en crisis, sino que el modelo es la crisis permanente. Su ubicuidad global (la evolución en China o en Brasil son buena prueba), su naturaleza polimórfica, con facetas que atraviesan todos los ámbitos, ya sea el económico, político, ecológico o social, y su resistencia pertinaz al cambio, la convierten en una amenaza sin precedentes. Y Europa se ha inmerso de lleno en esta crisis global. Su modelo social, hasta hace poco un referente a nivel mundial, se está malgastando el precio de adaptarse a una globalización que, bien visto, es poco más que un argumento de autoridad para subordinar la democracia al dictado de los mercados. Al ser las propias instituciones europeas las responsables de esta deriva, la Unión es percibida cada vez más por la ciudadanía como una amenaza. Lo vemos en cada nuevo proceso electoral. Ante la laxitud y pérdida de orientación ideológica de una socialdemocracia europea que es tomada de un pragmatismo que a menudo incluso supera el de la democracia cristiana, la extrema derecha se hace con el discurso social y lo lleva al ámbito del compromiso patriótico, alimentando una tendencia a la renacionalización de Europa que es profundamente preocupante.

Se ha visto con la reacción ante la emergencia migratoria reciente que ha supuesto el retorno a la Europa de las fronteras y del alambre militar. Las carencias en la política de vecindad y en el desarrollo de una verdadera política internacional, otro factor constitutivo de un ente político global siempre vacilante y a la deriva, pasan factura. La Unión parece haber perdido con su modelo social y su vocación transformadora su razón de ser. La tendencia actual es un retorno al pasado que conlleva amargas reminiscencias de tiempo demasiado recientes y no aporta ninguna alternativa. No existe otro camino adelante que el triunfo de la justicia y la cohesión social como elementos centrales del proyecto europeo. Esto no será posible si no se recupera la centralidad del trabajo como elemento de redistribución de las rentas y como fundamento de la sostenibilidad de este modelo social que debe dar certeza y procurar bienestar a las personas. Esta debería ser, junto con la mejora de la calidad democrática, la máxima prioridad para recuperar la razón de ser del proyecto europeo, y es aquí donde también los sindicatos tenemos una responsabilidad que es relevante.

Hacerle frente supone para el trabajo organizado en Europa superar dos retos, uno de carácter externo y otro interno que la crisis ha hecho evidentes. Por un lado los esfuerzos para detener las políticas de austeridad, a pesar de las fuertes movilizaciones en los países afectados, se han estrellado contra la intransigencia de los gobiernos que han entendido el conflicto social como un pulso que se tenía que ganar a cualquier precio. A nivel político se ha hecho evidente que ya no son operativas las alianzas tradicionales con la socialdemocracia, pero tampoco ha sido posible confluir con plena fuerza con los movimientos sociales que se articulan en el marco del que se llama la ‘nueva política’. Ni el diálogo social ni tampoco la negociación colectiva, con una patronal que ha renunciado a defender su autonomía y se ha dejado anular por unos gobiernos obsesionados con devaluar el papel de los interlocutores sociales, han podido articular la respuesta a un contexto socioeconómico que requería de un fuerte consenso. Si la interlocución ha fallado a nivel de los estados, tampoco se ha podido activar a nivel europeo. Aquí se ha hecho más evidente la complejidad de la coordinación de la respuesta sindical a las políticas europeas en el marco de una crisis con países ‘ganadores’ y ‘perdedores’.

Pero si se ha hecho evidente la necesidad de reforzar aún más la cohesión del movimiento sindical a nivel europeo, una respuesta efectiva a la ofensiva neoliberal requiere además de la intervención reforzada de las organizaciones europeas en la lucha por la igualdad. En la misma medida en que las diferencias entre países suponen un reto añadido a la hora de articular una respuesta única de los trabajadores europeos, la segmentación del mercado de trabajo y la precarización de colectivos laboralmente más vulnerables (jóvenes, mujeres, inmigrantes ) precisan de nuevas estrategias. Disputarle el reparto de la renta al capital precisa de una clase trabajadora cohesionada a nivel europeo, pero también en nuestros mercados laborales nacionales. Los sindicatos aún no han triunfado a la hora de ayudar a estas nuevas categorías de trabajadores a organizarse. El sindicalismo debe negociar políticas económicas diferentes que aseguren trabajo de calidad, más protección y mejores salarios, pero al mismo tiempo ha de iniciar estrategias para organizar el trabajo precarizado e incorporarlo a su lucha.

La renta mínima garantizada y la introducción del salario mínimo en algunos países han sido pasos importantes en esta dirección. Tal como se vio en el XII Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos en París, el pasado octubre, el movimiento sindical es perfectamente consciente del reto pendiente y ha puesto la ‘solidaridad’ como eje central de su estrategia. ‘Actuar en solidaridad por el empleo de calidad, los derechos de los trabajadores y una sociedad justa en Europa’ fue precisamente el lema de este congreso que lanzó un mensaje sindical fuerte y único a nivel europeo. Ahora se trata de hacer realidad este mensaje, pasar a la acción y recuperar la iniciativa. Para ello será necesario intervenir desde cada uno de los ámbitos en los que se articula la acción sindical en la Unión y hacerlo de manera coordinada. Es central el trabajo de la CES, que cuenta con un nuevo equipo, pero también el de las Federaciones Europeas y lo que se desarrolla en otros ámbitos. El sindicalismo europeo cuenta con espacios de coordinación e intercambio muy diversos que tienen, todos ellos, un alto valor estratégico, ya sean los Comités de Empresa Europeos, los Consejos Sindicales Interregionales, las relaciones bilaterales o los proyectos transnacionales.

La crisis ha sido una lección importante que ha removido el sindicalismo europeo, pero ha puesto en valor sus recursos y estrategias compartidas. Cuando incluso países como Finlandia, hasta hace poco el alumno aventajado de la Unión, se ven inmersos en la ofensiva de la austeridad y urgidos a actuar, parece evidente que el mensaje llega ya a todos los rincones de Europa. Luchar para recuperar la centralidad del trabajo es luchar por la viabilidad y el futuro del proyecto europeo, pero, al mismo tiempo, la defensa de la Europa social es la principal garantía para recuperar y consolidar un modelo del bienestar, de justicia y de cohesión social, que beneficia al conjunto de la clase trabajadora. Confrontamos hoy retos inmediatos como la digitalización y automatización de los procesos productivos, el expolio de los recursos naturales y del medio ambiente o la creciente desigualdad de las rentas, que exigen que repensemos con urgencia nuestro modelo productivo. No hay ninguna otra fuerza con más legitimidad que el trabajo organizado para definir un nuevo marco de relaciones sociales. Tampoco hay ningún otro actor en el mundo que pueda empezar con más garantías este reto y proyectarlo a nivel global que una Europa por la que debemos continuar luchando.

 

Lluís Camprubí

Investigador de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y responsable ámbito política europea e internacional de ICV

 

 

Sabemos que la especificidad y profundidad de la crisis en la eurozona se debe a un diseño/arquitectura institucional erróneo y a unas políticas de austeridad que han exacerbado la recesión en los países periféricos especialmente. Las fallas institucionales son a menudo señaladas: un banco central con capacidades incompletas y mandato sesgado; la ausencia de estabilizadores (y transferencias) automáticos que permitan absorber choques asimétricos y la ausencia de mecanismos (no de mercado) de reciclaje de excedentes que puedan corregir divergencias en las balanzas comerciales entre países; y, la falta de gobierno económico (con política fiscal) comunitario legitimado directamente que responda al interés de conjunto. El desajuste de “1 mercado y 1 moneda, pero 19 haciendas, 19 deudas públicas y 19 fiscalidades”. Esta falta de instrumentos comunitarios, además, vierte a los estados en competiciones a la baja en fiscalidad y estándares. En esta arquitectura facilitadora, el maridaje entre la hegemonía neoliberal dominante y los criterios de los estados acreedores ha resultado en la aplicación de políticas austeridad y de devaluación interna con el pretendido objetivo de reducir la deuda, hacer converger economías e impulsar crecimiento. Huelga decir que han sido objetivos clamorosamente fallidos.

El intergubernamentalismo ejecutivo sumado al dislocamiento de soberanías es la base de la presente impotencia democrática y del estrechamiento de la ventana de políticas socioeconómicas alternativas, especialmente en los países periféricos. Este intergubernamentalismo (que también podríamos calificar como confederalismo tecnocrático dentro del consenso “Gran Coalición”), implica una toma de las grandes decisiones a escala europea basada en acuerdos entre gobiernos estatales, donde a menudo se configuran frentes y alianzas con un poder muy desigual, como hemos visto en las dinámicas acreedores-deudores y la confrontación de legitimados democráticas nacionales. El dislocamiento de áreas de soberanía conlleva incapacidad de gobernar efectivamente los diversos ámbitos y poder coordinarlos: el movimiento de capitales es libre globalmente; el mercado interior es UE y se regula en instancias comunitarias; el espacio económico-productivo ya presenta interdependencias, vínculos, subordinaciones y especializaciones a nivel europeo; la política monetaria se define intergubernamentalmente entre los países de la eurozona (con cierta autonomía y discrecionalidad de los órganos del BCE, ciertamente); las orientaciones fiscales se deciden en espacios intergubernamentales, como el Eurogrupo; y la política fiscal y la hacienda-tesoro es a nivel estatal (así como las políticas de bienestar, la legitimación democrática directa y los actores políticos y los contra-poderes).

El reto (con perspectiva histórica) es pues ecualizar a la escala europea-comunitaria las áreas de soberanía, la capacidad política y la arquitectura institucional con una realidad económica y productiva que es europea (y en el caso del movimiento de capitales, mundial) y que ni es esperable ni deseable que se repliegue a los estados-nación. Es disponer de mecanismos de gobierno democrático y regulación de la misma área de lo que menos se pretende domesticar (en el caso de los mercados financieros, disponiendo de un tamaño crítico suficiente). Esta ecualización es la precondición para poder impulsar proyectos alternativos y que puedan dar satisfacción a lo que entendemos que son los anhelos y necesidades de la mayoría.

Hay, sin embargo, un cierto consenso implícito que tendremos que esperar a 2017 para que se empiece a hablar en serio y a diseñar una reforma de los Tratados europeos. Una reforma que pueda llevar a una nueva gobernanza económica legitimada democráticamente y que pueda evitar en futuras ocasiones el hecho diferencial de una crisis económico-financiera en la eurozona. El fundamento básico de lo que se necesita es conocido: con el fin de tener una unión económica y monetaria completa y funcional se necesita una unión fiscal (y de transferencias), con la correspondiente política fiscal compartida. Y esta política fiscal y económica debe responder a instituciones legitimadas democráticamente, lo que implica una unión política con un Parlamento elegido capaz de ejercer las funciones propias de un poder legislativo.

En otoño de 2017 ya habrán pasado las elecciones federales alemanas y las presidenciales francesas y quedará lejos el referéndum “Brexit”. Ha prevalecido el criterio de aislar y “despolitizar” los debates de política europea de los debates domésticos. Es cierto que abrir la discusión en paralelo podría ser distorsionador tanto para estos 3 procesos electorales claves, como por el propio debate sobre una reforma en profundidad de la gobernanza en la UE/EZ. Pasar las elecciones francesas y alemanas teóricamente (ya que los resultados pueden no acompañar) facilitaría poder empezar a hablar de los dos grandes bloqueantes recíprocos que dificultan el proceso: la resistencia alemana al “risk-sharing” (es decir a mancomunar recursos y riesgos económico-financieros) y la resistencia tradicional francesa a compartir y trasladar soberanía al ámbito comunitario. Pero los riesgos de ir esperando son elevados. Las tensiones centrífugas en Europa son diversas y no esperan: a) la divergencia económica entre centro y periferia; b) la presión para romper el espacio Schengen; c) la pulsión de los repliegues nacionales (especialmente en los países del norte); y d) la deriva autoritaria de algunos gobiernos europeos del este.

Si a pesar de ello se transita en 2016 sin que las fuerzas del repliegue nacional empujen significativamente hacia la deconstrucción europea, los retos de iniciar un proceso de reforma de la gobernanza europea que pueda permitir orientaciones en política económica diferentes son mayúsculos y no se pueden despreciar. La actual hegemonía y la dinámica de competición/conflicto entre estados puede empujar hacia una integración post-democrática en tres sentidos: 1) una profundización del intergubernamentalismo tecnocrático (y el perfeccionamiento de la desresponsabilización de los gobiernos de los estados hacia sus electores -sofisticación del “culpa de Bruselas” -); 2) el establecimiento de una dinámica de 3 velocidades (núcleo decisor EZ/usuarios pasivos Euro/países UE); y 3) refuerzo únicamente de las capacidades de ejecutor de los mandatos de consolidación fiscal. Y a esto se le suma una dificultad práctica: la necesidad y al mismo tiempo dificultad de hacer saltos cualitativos. El actual panorama hace difícil pensar en la posibilidad de grandes saltos adelante cualitativos y sabemos que tradicionalmente todo el proceso de integración europea se ha hecho a partir de gradualismo, pero los cambios requeridos difícilmente pueden seguir el método de implantación gradual tradicional.

Así pues, las fuerzas sociales y políticas que quieran ampliar el ámbito y horizonte de lo posible deberán ir preparando el 2017. Hay dos tareas urgentes e importantes: a) empezar a concretar la propuesta que se quiere de nueva gobernanza económica de la UE/EZ; y b) diseñar con qué política de alianzas (se deberá hacer con organizaciones políticas y sociales alejadas, tanto ideológicamente como geográfica). En paralelo, es necesario que con la mejora de la correlación de fuerzas intergubernamental, con los gobiernos de progreso del sur de Europa (club en el que deseablemente se debería sumar España), se vayan cambiando las orientaciones del Consejo Europeo y del resto de espacios intergubernamentales de la UE y la UEM.

 

Juan Manuel Del Campo Vera

Secretario de Política Sectorial

Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO

 

 

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO),  se ha apostado históricamente por una defensa de la gestión pública directa de los servicios públicos, centrada en una premisa claramente contrastada, la gestión pública directa es mucho más eficiente en cuanto que permite una mayor calidad en la prestación de los servicios públicos, a un coste menor que la gestión privada de los mismos.

La actual situación de cambio político en nuestro país, junto a la puesta en marcha de una reestructuración del sector público tendente a reducir el déficit público esta provocando la decisión de los Gobiernos de las Corporaciones Locales y Autonómicas a revertir la gestión directa a las Administraciones Públicas, servicios que en su día han sido externalizados / privatizados.

Desde la FSC-CCOO defendemos el retorno a la gestión pública directa de los servicios externalizados y/o privatizados, bajo los criterios de mantenimiento del empleo y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras,  sin olvidar en todo ello el respeto a los principios de acceso al empleo público, como pilar fundamental del diseño de nuestro Estado de Derecho, y de garantía de la imparcialidad en la actuación de las Administraciones Publicas, y por ende de los empleados y empleadas públicas en el reconocimiento de los derechos y deberes de toda la ciudadanía.

La FSC-CCOO promueve por lo tanto una gestión de lo público basada en los siguientes planteamientos generales:

• El papel determinante de las Administraciones Públicas en el desarrollo e implementación de la política de distribución de la riqueza y desarrollo territorial equilibrado en nuestro país.
• El fortalecimiento del sector público y su capacidad de intervención como motor de desarrollo económico y social.
• La consolidación, extensión y garantía de una gestión de servicios públicos eficiente, profesional y de calidad, como instrumento de igualdad y calidad de vida.
• Una financiación pública suficiente, progresiva y basada en la tributación de las rentas y el patrimonio.
• La gestión directa y profesional de servicios públicos, como medio de recuperar el gasto público para los servicios a la ciudadanía.
• Garantía y protección de los derechos laborales y profesionales de las personas asalariadas vinculadas a la prestación de servicios públicos.

Ya que la FSC de CCOO no disputa la hegemonía política en procesos de elecciones políticas, ni es responsable de la acción de gobierno de lo público, con la que confronta y concierta. En su caso, mediante acciones de propuesta o respuesta, su posición en cada caso podrá variar entre:

En primer lugar, apoyar y, en algunos casos, impulsar la reversión a la gestión pública directa de algunos servicios, como parte de los procesos de negociación laboral y para contribuir a la defensa del empleo y las condiciones de trabajo del personal asalariado, así como a la extensión y consolidación de unos servicios públicos de calidad y en equidad.

En segundo lugar, confrontar con las propuestas que puedan representar un elevado incremento del riesgo financiero, para los servicios básicos y/o esenciales,  ponderando el interés social y local, para el empleo público existente o para los derechos del personal asalariado adscrito al servicio y/o empresa integrada. La confrontación sobre alguno de los elementos esenciales del proceso no puede extenderse a la oposición al cambio de modalidad de gestión.

La adopción en todo caso, de una postura u otra por parte de la FSC de CCOO, dependerá de:

• Situación de sostenibilidad de la administración titular y del sector público de referencia.
• Acuerdo global por el empleo, la consolidación, estabilidad y acceso al empleo público en el sector público de referencia. Garantía de los derechos del empleado público.
• Dimensión e impacto social y local del proyecto global de reversión de servicios en la legislatura.
• Garantía de sostenibilidad global y financiación suficiente del servicio concreto cuya reversión se propone.
• Dimensión (competencia, servicio básico, esencial…) del servicio.
• Proyecto de gestión:
  • Valoración del tipo de ente y régimen jurídico de gestión que se propone.
  • Indicadores económicos (gasto y ahorro) y de mejora en eficiencia, calidad y equidad contenidos en el proyecto de gestión.
• Proceso de negociación e intervención sindical en el proceso de reversión (buena fe negocial, información, calendario de reuniones…)
• Acuerdo específico de subrogación del personal asalariado, mantenimiento del empleo y condiciones de trabajo. Calendarios de ejecución de OEP, de consolidación, y homologación e integración en las condiciones de referencia del ente o entidad receptora.

 

Enric Cama

Historiador 

 

 

 

Uno de los pilares del proceso de unidad europea ha sido, desde el principio, la idea de la cohesión social. Y esto va ligado a una Europa del Estado del bienestar, donde los ciudadanos tienen garantizados unos derechos que los protegen de situaciones de extrema vulnerabilidad y unos servicios públicos de calidad que contribuyen a unas condiciones de vida en general mínimamente aceptables. Los servicios públicos contribuyen a la cohesión social y territorial de la Unión Europea rebajando diferencias entre sectores de la sociedad tanto en la vertiente individual como en la territorial. En este sentido los servicios públicos, siempre que se presten con eficacia y calidad, juegan un papel esencial en nuestro modelo de sociedad.

En la Unión Europea existen varias categorías de servicios públicos: los servicios de interés general (SIG), los servicios de interés económico general (SIEG) y finalmente los servicios sociales de interés general (SSIG).

Los servicios públicos de interés general (SIG) garantizan funciones de prioridad social: salud, educación, atención a la infancia y a la tercera edad, asistencia a personas con discapacidades, vivienda social, etc. o funciones vinculadas al ejercicio de la autoridad pública: ejército, policía, justicia … No tienen objetivo de rendimiento económico ni están sometidos a las leyes del mercado ni a las de la competencia, pero algunos de sus aspectos pueden ser regulados por normativas de los Estados.

Los servicios de interés económico general (SIEG) son actividades de servicio comercial y están ligados a obligaciones específicas de servicios públicos como redes de transporte, energía, comunicaciones, servicios postales, etc. Pueden ser suministrados directamente por el Estado o por empresas regidas por las normas del mercado y de la competencia, siempre que éstas no obstaculicen la realización específica del servicio que se les asigna. Su carácter de interés general justifica que su ejercicio sea sometido a una serie de obligaciones orientadas al cumplimiento del servicio público.

Finalmente hay que mencionar los servicios sociales de interés general (SSIG), que realizan una importante función en la sociedad y en la economía en general. Son actividades consideradas no económicas que incluyen servicios directamente dirigidos a las personas, como la lucha contra el paro, programas para tratar la toxicomanía, reinserción social, etc. Estos servicios presentan una o varias de las siguientes características: la ausencia de ánimo de lucro, un funcionamiento basado en la solidaridad, la participación de voluntarios, la externalización de tareas en el sector privado, etc. aunque bajo condiciones de competencia reguladas por el sector público.

Los servicios públicos esenciales prestados únicamente por el Estado parten de la base de que son un derecho de los ciudadanos y que si quedaran en manos solamente de la iniciativa privada no se realizarían con los mismos niveles de calidad, seguridad, igualdad y accesibilidad con los que se realizan por parte de la administración pública. Existe, sin embargo, en algunos servicios públicos la colaboración con la iniciativa privada, que ayuda a cubrir sectores en los que al Estado le cuesta llegar, y que está condicionada, en principio, a la calidad del servicio proporcionado, con los controles y normas correspondientes.

La Unión Europea se ha declarado siempre dispuesta a defender los servicios públicos, y así lo ha manifestado en varias disposiciones comunitarias destinadas a garantizar la calidad de los servicios de interés general, afirmando que proporcionan una red de seguridad esencial para los ciudadanos. Incluso el anterior presidente de la Comisión, J. M. Barroso, llegó a declarar que, ante la difícil situación económica, la Comisión Europea estaba determinada a apoyar a los servicios públicos de calidad, que eran aún más esenciales en aquellos momentos de crisis.

A la vista, sin embargo, de la situación actual en que se están negociando unos tratados que amenazan la continuidad de los servicios públicos, hay que poner en duda estas afirmaciones, ya que estamos ante uno de los peligros más importantes hasta ahora para los servicios públicos: el intento de las grandes corporaciones multinacionales de convertirlos en mercancía, transformando así un derecho de los ciudadanos en un negocio rentable.

EL TTIP y el TISA, una amenaza para los servicios públicos

El principal instrumento de esta amenaza es el acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (o TTIP en sus siglas en inglés). Es un extenso tratado sobre libre comercio que están negociando en secreto la Unión Europea y los EE.UU. La firma de este tratado es un objetivo perseguido hace tiempo por varios grupos empresariales de los dos lados del Atlántico. Ya en 1995 se constituyó un grupo llamado Diálogo Empresarial Transatlántico, integrado por las más poderosas compañías multinacionales, con el propósito de presionar a los gobiernos para lograr la eliminación de leyes y normas que afectan a las empresas, creando así una gran zona comercial de libre comercio basada en la desregulación de los mercados. Pero esta desregulación no pretende sólo eliminar los aranceles, que ya son muy bajos en estos momentos, sino que su objetivo importante es la liquidación del conjunto de leyes y normativas que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales. El problema para la ciudadanía es que estas leyes y normativas son en realidad leyes importantes en materias de derechos sociales, medioambientales, seguridad alimentaria, protección de la privacidad, etc. Especialmente grave es cómo puede afectar el tratado en el ámbito laboral, rebajando aún más los derechos de los trabajadores, teniendo en cuenta que los EE.UU no tienen ratificadas seis de las ocho normas fundamentales de la OIT.

Pero no sólo es el TTIP. Otro tratado amenaza los servicios públicos: el TISA (Acuerdo Multilateral para la Comercialización de Servicios). La UE está negociando este acuerdo en secreto paralelamente con dos docenas de países (EE.UU, Canadá, Australia, Japón, México, etc.) con el objetivo específico de establecer un marco de liberalización de todos los servicios públicos en el futuro. La idea central del tratado es que los servicios públicos son una mercancía susceptible de producir grandes beneficios; un gran negocio que hasta ahora los Estados europeos impiden realizar al considerar, cono hemos dicho antes, estos servicios son un derecho de los ciudadanos, consideración que a partir de ahora hay que poner en duda ante el peligro que representan los tratados. La propaganda de los partidarios de los tratados argumentan que no se elimina el carácter público del servicio, pero no dicen que, si bien el servicio continuaría siendo de titularidad pública, la gestión sería privada, siempre que existan beneficios, claro.

La negociación de estos tratados hay que enmarcarla en una ofensiva de las corporaciones transnacionales contra los Estados que aún controlan partes importantes del entramado económico como son los servicios públicos, intentando que las cuestiones públicas de millones de ciudadanos pasen a su control.

Afortunadamente, las movilizaciones contra estos tratados están proliferando a ambos lados del Atlántico. Masivas manifestaciones recorren las principales ciudades de la Unión Europea (entre ellas, Barcelona); se han recogido más de tres millones de firmas que se han entregado a la Comisión Europea pidiendo la suspensión de las negociaciones; en Berlín medio millón de personas se concentraban el pasado octubre contra los tratados, y en Cataluña muchos ayuntamientos se han declarado contrarios a su aprobación. Hay que aumentar estas presiones para detener las negociaciones, conscientes de que están en juego los servicios públicos considerados como derecho y no como mercancía, y también está en peligro el modelo social europeo, el bienestar de los ciudadanos e incluso la misma democracia.

 

Marco Cilento

Migration Policy Officer, ETUC / CES

 

 

 

El último Consejo Europeo del 18 de diciembre no ha conseguido mejorar lo que ha sido un año triste para la Unión Europea. La Comisión Europea ha presentado a los gobiernos 6 reglamentos para el control de las fronteras y por el retorno forzado de los no refugiados. Existe el temor de que el Consejo Europeo autoengañe una vez más con el sellado de las fronteras exteriores confiando en las instituciones europeas la tarea de aplicar las reglas que los propios gobiernos no tienen ninguna voluntad de aplicar (recolocación obligatoria los solicitantes de asilo, apertura de canales legales y lista común de países seguros).

La crisis de los refugiados es uno de los espejos en los que se refleja la crisis del proyecto comunitario. Si decidiéramos sustituir el espejo de la actualidad por el de la historia, este espejo restituiría la imagen de nosotros los europeos cuando acogíamos a los refugiados de las guerras de los Balcanes. Eran los años 90. Un ímpetu de auténtico espíritu europeísta permitió ofrecer protección a cerca de dos millones y medio de refugiados; 15 países llevaron a cabo un gran esfuerzo en común, coordinado por las instituciones europeas.

Hoy, 28 países de la Unión no están en condiciones de gestionar la llegada de un millón de refugiados. El clima de desconfianza entre estados es igual a la distancia que separa las instituciones europeas de los gobiernos nacionales. El año 2015 nos deja con cerca de un millón de personas (refugiadas y migrantes) para acoger y un conflicto en Oriente Medio aún no resuelto. Nos deja, sobre todo, sin instrumentos operativos para gestionar la acogida y la integración de refugiados e inmigrantes, actuales y futuros.

Pero cuántas personas han llegado a Europa en 2015? Los datos más fiables nos dicen que en los primeros 10 meses del año las peticiones de asilo han sido 770.000 (Eurostat y elaboraciones de los medios de comunicación) y 921.000 personas han atravesado las fronteras (UNHCR), de las cuales el 80% a través de la ruta balcánica y el 20% a través del Mediterráneo central.

Considerando lo que afirma la revista The Economist del mes de diciembre, se ha llegado a una cifra total de 1,2 millones a finales de año. El 50% son sirios (éstos sólo por la ruta balcánica) y de varias nacionalidades todos los demás.

En 2015, el camino más utilizado es el de los Balcanes, pero los equilibrios geopolíticos cambian rápidamente, y con ellos las vías de llegada a Europa. Por este motivo, estados como Hungría, Eslovenia, Grecia y Turquía están levantando vallas que esperan que desvíen el flujo hacia los vecinos. Cada tentativa de construir una política común de asilo es erosionada por comportamientos oportunistas y condicionada por informaciones manipuladas. Pensamos en la reticencia para registrar a los nuevos llegados, las carencias en las estructuras de acogida, el uso capcioso de los permisos temporales o el acceso discriminatorio de asilo. Son, todos ellos, comportamientos que cada gobierno tolera o incentiva en el intento de cargar a su vecino el peso del problema. ¿Cómo se puede construir solidaridad sin confianza recíproca?

Pocos comprenden que este reto puede ser superado sólo a través de una fuerte cooperación entre estados. Sería la elección más razonable. Si no se escoge la racionalidad es porque Europa es prisionera de sus propios miedos. Los políticos son más bien prisioneros de los ciudadanos. Los sentimientos contrapuestos atraviesan la población: la piedad nutre la solidaridad, el miedo genera ostracismo. Los partidos políticos explotan el miedo para capitalizar consenso electoral. Sin embargo, el partido de la solidaridad permanece mayoritario. Las fuerzas moderadas y plenamente democráticas, como los sindicatos, deben seguir hablando a estos ciudadanos de los valores de Europa, explicando que una sociedad laica, abierta e incluyente, garantiza más bienestar que una sociedad cerrada en sí misma y temerosa del futuro.

Un ejemplo de poca lucidez es el plan de recolocación obligatoria de los solicitantes de asilo con cuotas obligatorias. Aunque seguramente se trata de un plan con mérito en cuanto a los objetivos, que se apoyan sobre la normativa de asilo, el plan presenta rigideces jurídicas y una escasa aplicabilidad práctica. Los números lo demuestran. En vez de jugar con soluciones falsas, los estados podrían activar la Directiva 2001/55 por un plan europeo de protección humanitaria extraordinario y temporal. La Directiva ofrece un cuadro jurídico y operacional más fluido, menos burocrático, que protege verdaderamente a todos aquéllos que buscan refugio en Europa. La cooperación europea ganaría tiempo para evaluar las situaciones individuales de los solicitantes de asilo en un clima de confianza renovada. ¿Es una idea innovadora? No mucho: el Parlamento Europeo la ha propuesto como solución desde 2014, cuando los flujos estaban limitados a menos de 300.000 personas y concentrados en la ruta del Mediterráneo central.

Un plan de este tipo pondría las bases para construir vías de integración más eficientes. Una vez que el beneficiario de protección temporal fuera dirigido al proceso más adecuado (protección internacional, permiso de residencia y trabajo, reagrupación familiar, blue-card, etc.) la inserción laboral sería más fácil de programar. De hecho, invertir con recursos de formación e inserción laboral en personas que viven en la incertidumbre en cuanto a su permanencia en el país no es el mejor ni para la persona ni para la sociedad que lo acoge, y mucho menos para la empresa que lo asume. En cambio, las vías jurídicas seguras permiten la aplicación de programas más eficientes de inserción laboral.

Se habla mucho de evoluciones demográficas y de escasez del mercado laboral. Los sindicatos en Europa ofrecen asistencia a miles de inmigrantes y refugiados, en particular para la inserción laboral. Empresarios alemanes y suecos, a menudo con el apoyo de los servicios públicos de empleo y en sintonía con los sindicatos, están ya tratando de insertar laboralmente a los refugiados o los migrantes. El perfil medio de todos aquellos que han llegado a Europa en 2015 corresponde a un joven (la media es de 26 años en virtud del alto número de niños), hombre, con educación primaria y muy poca capacidad profesional. Al contrario de lo que se cree, menos de la mitad de los nuevos llegados permanecerá con el status de refugiado. Muchos permanecerán como inmigrantes. Entre los sirios hay un porcentaje cercano al 15% de personas también graduadas, pero en cualquier caso es una minoría.

Habría que invertir en políticas de acogida y de integración. En un principio sólo puede ser integrado aquel que es regulado, es decir, la integración debe ser motivo de regulación. En segundo lugar, sólo puede ser integrado aquel que ha resuelto las necesidades básicas propias (manutención, alojamiento y educación primaria para sí mismo y para la propia familia). El recorrido se completa con el acceso al trabajo, que debe ser concretado lo más rápido posible.

Para que esto suceda son necesarios recursos. Quién se esfuerza por presentar a los ciudadanos y a los inmigrantes como competidores para conseguir las mismas fuentes de recursos públicos, estaría bien contraponerle la imagen de administraciones públicas más fuertes, la contratación de muchos médicos, enfermeros, profesores, psicólogos y la inversión en infraestructuras sociales y de seguridad.

En caso de emergencia, hay tiempo y recursos. El tiempo, como se ha dicho, viene también de la aplicación de la directiva 2001/55. Los recursos pueden venir de una mayor flexibilidad en los objetivos de estabilidad y crecimiento de los Estados miembros, permitiendo una mayor flexibilidad de los presupuestos. Porque en una sociedad con una población declinante y que envejece, la inversión en políticas de acogida y de integración de los extranjeros tiene un retorno seguro en la solidez de los sistemas de seguridad social. Los extranjeros pagan en impuestos y contribuciones sociales el doble de lo que reciben en términos de servicios.

Cuando se hace frente de manera seria, el reto de los refugiados de hoy puede ser un recurso para el futuro. No hay que sorprenderse si la historia del futuro confirma la historia del pasado: quién haya invertido hoy en la integración de los refugiados y los migrantes, se dará cuenta que es más rico en el futuro. Quien no lo haga, necesitará de un nuevo culpable que justifique sus propias miserias.

(traducción de José María Benito)

 

Francis Cabezos

Secretario de medio ambiente, salud laboral y área pública de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. FSC-CCOO

 

 

Enfrentábamos la COP21 de París pensando en las decenas de miles de personas que conducen sus vehículos particulares para ir y venir del trabajo o para comprar el pan y que producirán millones de toneladas de emisiones de gases contaminantes y perniciosos para el clima pero también para su salud, sin valorar la importancia de utilizar el transporte público y la incidencia positiva que éste tiene en el empleo y en la calidad de vida.
También en las miles de personas trabajadoras que dependen de la pesca y de la agricultura y que es muy probable que en algún momento sufran, por un lado, la escasez de recursos y, por otro, las repercusiones que una helada tardía, una inundación, o una sequía prolongada provocarán en su medio de vida.

No olvidábamos que algún país con sol y viento por doquier y con mucho por hacer en el ahorro y la eficiencia, ponía trabas a las energías renovables, llegando incluso a penalizar el autoconsumo, manteniendo un desequilibrio en su balanza de pagos debido a que su factura en la importación de petróleo y derivados llega a los 40 mil millones de euros anuales. Añadiendo encima que en su territorio hay familias que no podrán pagar el recibo de la luz a final de mes. El libre mercado prima sobre las necesidades de la gente.

Y no dejábamos de pensar en esas multinacionales, aliadas con el capital y con el poder económico y financiero y siempre bien atendidas por algunos poderes políticos, y en sus diseños de tratados internacionales de libre comercio en los que las prioridades no serían los derechos laborales y sociales ni la importancia de los servicios públicos como garantes de democracia, cohesión social, igualdad de oportunidades y de reparto de la riqueza.

Con esos pensamientos, y algún otro, nos fuimos a París.

No es fácil llegar a acuerdos, y si es complicado entre 2, con mayor motivo entre 195.

No es fácil que aquel que mantiene posiciones de dominio tienda a quitar el pie del cuello del dominado, compensarle por los años de opresión y comenzar un camino nuevo en condiciones de igualdad.

No es fácil que un pequeño país sin peso económico, que carezca de yacimientos petroleros y recursos mineros, que no tenga grandes extensiones de bosques, que tenga miles de personas a las que utilizar como mano de obra barata y/o esclava, donde haya trabajo infantil, sin derechos laborales y sindicales, que no sea estratégico en lo que a geo-política se refiere o que, quizás, corra el riesgo real de sumergirse en el deep blue sea, le enmiende la plana a otro que maneja la economía mundial, que igual ni respeta los derechos humanos, pero que posee millones de razones bélicas para hacerte entender las cosas, incluso que asume como normal el despilfarrar los recursos naturales.

No es fácil de entender que tras haber sembrado la semilla de la acción contra el cambio climático se tarden tantos años, 25, en llegar a un acuerdo.

No es fácil sentarse en una mesa con algunos compañeros después de horas de reuniones, briefings, discursos, de haber comido solo un bocata, carísimo encima, y haber tomado unos cafés que tenían la gracia de que te cobraban 1 euro por el vaso a cuenta de su devolución, coger el texto final y darte cuenta en la lectura que echas de menos que se hable de reducir de manera drástica e inmediata las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) para evitar llegar a un aumento de la temperatura media global de 3ºC a mitad de siglo, que carezca de procedimientos de trabajo reales para conseguir lo anterior, de bases sólidas, de cifras y cálculos que provengan de la comunidad científica, de topes máximos de emisiones, de instrumentos de verificación basados en realidades incuestionables, que no se mencione a los verdaderos responsables de lo que está ocurriendo, que no se hable con contundencia de descarbonización, de impulso real hacia otro modelo de desarrollo, de la fuerza del trabajo y de como avanzar en la senda de oportunidades de empleo, que haya deseos pero no obligaciones y que no haya un método para sancionar a aquellos que no cumplan con los compromisos. Quizás éstos se lleven una regañina mientras comparten mesa y mantel en una reunión del G20.

No es fácil oponerse al poder de las grandes corporaciones petroleras y a la todopoderosa industria del automóvil, esa que es capaz de, a la par que recibe cuantiosas ayudas públicas, como la otra, engañar al mundo entero con sus emisiones. Ni decir no a las industrias químicas que necesitan de las bases naturales para la investigación y elaboración de esas sustancias que luego nos “curan” pero que no están a disposición de los pobres. Ni oponerse a las omnipresentes multinacionales de la agro-industria y de la alimentación que, por encima de todo, velan por la seguridad alimentaria y que a nadie le falte alimento, ni a las multinacionales energéticas y mineras que apenas llegan a fin de mes para repartir dividendos. No es fácil enfrentarse a los poderes económicos y financieros. No es fácil enfrentar al capital. No, no es fácil.

Nadie dijo que lo fuera, pero en mi modesta opinión, era lo que se debería haber hecho, era lo que se esperaba, lo que esperábamos miles y miles de personas que estamos en esa lucha, que consideramos que hay que actuar ya. Que se hubiera actuado con valentía, que se defendieran y prevalecieran los intereses de la inmensa mayoría de la gente y del planeta por encima de otros intereses codiciosos y me atrevo a decir que espurios, que nos van a llevar a darnos un galletón minino. Ambición, justicia y equidad.

Bueno, París, más allá del fresco que nos hizo pasar y del acuerdo histórico, no significa el final de la lucha, ésta continúa y será el movimiento social el que mueva conciencias y persiga la búsqueda del equilibrio entre la gente y el planeta.

No hay empleo en un planeta muerto. No hay posibilidad de continuar con un sistema basado en la obtención permanente de recursos naturales finitos, de su transformación, de su venta y de su deshecho, en un bucle permanente. No es posible mantener un sistema de consumo a cualquier precio, sin fin, que fomenta las desigualdades, la exclusión social, la pérdida de derechos, el empobrecimiento de muchos y el acaparamiento de poder y riqueza en unos pocos. Que somete a los ciclos naturales al desequilibrio. El capital nos va a devorar.

El cambio climático ya está aquí y de nosotros y nosotras depende que pongamos toda nuestra inteligencia, destreza y recursos económicos para frenar sus efectos negativos y avanzar en otra dirección que permita el desarrollo pleno de la persona sin poner en jaque la capacidad del planeta para proveernos de lo necesario para ello.

Se necesita renovar esfuerzos, cierto es que lo van poniendo cada vez más difícil.

 

Fátima Aguado

Secretaria de Internacional de la FSC de CCOO

 

 

 

La Federación Europea del Transporte (ETF) de la que la FSC-CCOO es afiliada, ha puesto en marcha a finales del 2015 la Iniciativa Ciudadana Europea denominada “Fair Transport” (transporte justo), que hemos querido renombrar “Transporte Social” porque entendemos que los transportes en  la Europa liberalizadora del mercado único han de reunir condiciones de trabajo justas, dignas y sostenibles para sus trabajadores, para el medio ambiente y para la ciudadanía en su conjunto.

Así, con este objetivo, vamos a  recoger un millón de firmas entre todos los Estados Miembros (mínimo 45.000 firmas en España) y exigir así a las Instituciones Europeas que se pongan manos a la obra y combatan el dumping social que lleva años afectando a las condiciones de vida y trabajo de miles de trabajadoras y trabajadores de todos los sectores, pero en particular a quienes trabajan en  el sector transporte, cuyas condiciones salariales y laborales se han deteriorado considerablemente a lo largo de los últimos años, muy particularmente desde la entrada en vigor del Libro Blanco de Transportes 2011: Hoja de ruta para un único espacio europeo de los transportes hacia un sistema de transporte competitivo y económico en recursos” en el que, frente a una apertura total de todos los sistemas de transporte europeos, se ofrecen pocas soluciones o ninguna para el mantenimiento de un empleo de calidad en el transporte[1]

De salir adelante dicha iniciativa, la Comisión Europea y el Parlamento deberán atender las exigencias sindicales para legislar mejor y hacer más eficaz el cumplimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía europea (derecho al trabajo, a condiciones de empleo y salarios dignos) combatiendo las prácticas abusivas de aquellas empresas que, aprovechándose de la libre circulación de bienes y servicios dentro del mercado único, contratan a trabajadores peor protegidos con salarios más económicos y condiciones de trabajo más bajas para así mejorar los márgenes de beneficio de las mismas. Este último concepto sería una de las definiciones de dumping social.

Por ejemplo, en el sector del transporte urbano, el dumping se manifiesta en los procedimientos de licitación y/o en la subcontratación y externalización de servicios y cuyos licitadores recortan en primer lugar en salarios. Algo parecido sucede en el ámbito ferroviario en el que además la competencia desleal entre las empresas ferroviarias se produce por el incumplimiento de las normas sobre los tiempos de trabajo, conducción y descanso, de forma que los maquinistas trabajan más horas sin el descanso adecuado y están expuestos a posibles abusos, al tiempo que se pone en riesgo la seguridad. Las diferencias salariales están cada vez más presentes en las operaciones transfronterizas. Los maquinistas y el personal de a bordo trabajan a cambio de salarios inferiores en una red de países en los que rigen salarios superiores a los del país de origen.

Ni que decir tiene que el dumping social causa estragos en el transporte marítimo: para entender el contexto en que opera el transporte marítimo, es necesario recordar que los buques con pabellón de conveniencia (PDC) que utilizan los puertos de la UE y desarrollan sus actividades entre países de la UE no están regulados al mismo nivel que los buques con pabellón nacional europeo, los cuales están obligados por las directivas de la UE.  Con demasiada frecuencia, los armadores recurren a un PDC para reducir los costes de dotación a expensas de los marineros europeos.

O en el caso del sector aéreo, donde las compañías low-cost no sólo ejercen competencia desleal, sino que el creciente recurso a los falsos autónomos y  empresas de trabajo temporal presiona a  la baja los costes laborales. Los principales motores del dumping social son las compañías aéreas con múltiples bases, que deslocalizan a  los trabajadores de sus países de origen.

En otros casos, como en el sector de carretera, las prácticas abusivas están a la orden del día (incumplimiento horas de descanso y trabajo, contrato en países con peores condiciones laborales a través de empresas buzón) y de hecho se viene denominando la esclavitud del siglo XXI, porque arroja uno de los peores historiales de Europa en cuanto al cumplimiento de la legislación social y laboral europea[2].

La liberalización del sector transporte, la ausencia de un proceso paralelo de armonización social en el empleo y condiciones de trabajo o las lagunas normativas generadas en la Directiva de Desplazamiento de los Trabajadores 96/71/CE[3], siguen siendo el caballo de Troya para el movimiento sindical en el transporte europeo. En efecto, las diferencias existentes en las estructuras del mercado social y laboral entre los distintos países de la UE siguen siendo amplios. Este hecho, junto con la ineficiencia de los mecanismos nacionales para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE ha generado lagunas en la legislación que permiten la proliferación de prácticas de competencia desleal y este dumping social cuyos resultados se traducen en falsos trabajos autónomos, desplazamientos fraudulentos, agencias ilícitas y otras cuestiones similares.

Por eso desde la FSC-CCOO, como parte activa del comité de dirección de la ETF, vamos a tomar muy en serio la tarea de recoger el mayor número de firmas posibles. Tal y como hicimos en su día con la campaña de recogidas exigiendo que “El agua es un derecho humano” y cuyo éxito se ha traducido en la exclusión del agua de la directiva de concesiones y contratación pública entre otras cuestiones[4].

 

Si quieres contribuir firma la Iniciativa:

https://sign.fairtransporteurope.eu/?lang=es

https://twitter.com/fairtransport

https://www.facebook.com/FairTransportEurope/

 

[1]  http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc84812_Resolucion_de_la_CES_sobre_el_Libro_Blanco_de_Transportes.pdf

http://es.slideshare.net/faguadoq/libro-blanco-transportes-fsc-ccoo

[2] http://www.etf-europe.org/files/extranet/-75/37900/ETF%20brochure%20Modern%20slavery%20in%20modern%20Europe%20EN.pdf

[3] Al albor de las sentecias Viking, Laval, Rüffert y Comisión contra Luxemburgo, el intenso debate en el seno de las Instituciones Europeas y de la lucha en el marco de la Confederación Europea de Sindicatos, ha tenido como resultado la sigue la recientemente aprobada Directiva 2014/67/UE de ejecución de la directiva sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional que, según las diversas fuentes consultadas, mejora algunos aspectos relativos a la cooperación administrativa entre autoridades laborales de los diferentes Estados Miembro justificando al menos una mínima intervención normativa pero no resuelve sin embargo otros problemas relativos a la definición de trabajadores desplazados, no se consigue clarificar la situación de los trabajadores desplazados en el marco de las ETT, entre otras cuestiones. FOTINOPOULOU BASURKO, Olga. Panorámica general de la Directiva 2014/75/UE de ejecución de la directiva sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, Revista de Derecho Social, núm.70. Bomarzo, Albacete, 2015. pp.126-132

[4] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0228+0+DOC+XML+V0//ES

 

Paloma López

Eurodiputada de IU

 

 

 

Aunque no debería ser así, resulta incluso banal reconocer que las principales instituciones europeas no son elegidas (como el BCE) o lo son tan sólo  indirectamente, en representación de los Gobiernos de los Estados Miembros.

La propia Comisión reproduce fractalmente este equilibrio, a medio camino entre la “tecnocracia” y la “intergubernamentalidad”. El conjunto, por su parte, resulta nebuloso, casi fantasmagórico. Instituciones sin realidad formal (como el Eurogrupo) dictan sus condiciones a Gobiernos soberanos. Sistemas informales de (des)regulación como las famosas “recomendaciones” de la Comisión configuran el asfixiante corsé de la gobernanza.

Frente a este entramado, el Parlamento Europeo dispone de limitadas competencias de control y carece de la capacidad de impulsar (por sí mismo) nuevas leyes europeas. Con su voto y voz, diputadas y diputados pueden condicionar el desarrollo de la normativa europea. Pero no pueden superar la asimetría existente entre un pueblo europeo inarticulado y fragmentado y unas instituciones europeas cohesionadas por el dogma neoliberal.

Otros posibles contrapesos populares se encuentran igualmente limitados. La experiencia de las Iniciativas Ciudadanas Europeas es agridulce, sin que se hayan cumplido las expectativas de campañas como la del derecho al agua. Especialmente grave es el estancamiento en el diálogo social europeo, víctima de una Comisión hostil y de las dificultades para vertebrar un sindicalismo continental.

Por el contrario, el carácter aparentemente difuso de las instituciones europeas no representa un obstáculo para su actuación concertada: véase su actuación en Grecia.

Tampoco crea un vacío de liderazgo político, toda vez que el sesgo neoliberal de la UE está inscrito en sus Tratados. Así ocurre con la concepción del trabajo como mercancía, “empleable” y “móvil” según lo exija el empresario y subordinada al “mercado único”, como demostró el caso Laval; con la exigencia de considerar la competencia como el requisito fundamental en la gestión de los servicios públicos y la organización de la producción; con el ajuste fiscal permanente contenido en las normas de estabilidad presupuestaria etc.

La expresión “déficit democrático” resulta problemática en tanto que el “vacío democrático”, la creciente separación de la administración política y de los intereses de la mayoría trabajadora, es un efecto deliberado de la construcción europea. Prueba de ello es que la UE reproduzca similares déficits “hacia arriba”, en el proyecto del TTIP, o “hacia abajo”, en la imposición de autoridades fiscales o de competencia para asegurar la austeridad en los Estados Miembros.

Tristemente, es significativo que la principal amenaza para el proyecto europeo venga de aquellos que desean acelerar los tiempos de la liberalización, como los conservadores británicos y no de aquellos Gobiernos que se postularon como alternativa al neoliberalismo. Esta paradoja nos recuerda, sin embargo, que en la construcción europea existe un potencial democratizador al que no debemos renunciar bajo la bandera del repliegue nacional.

Luchas concretas como la oposición al TTIP, la solidaridad contra la austeridad o la oposición al “dumping social” pueden ser mecanismos de construcción de sujetos democratizadores (opinión pública, sindicalismo…) a nivel europeo. Las contradicciones entre los objetivos progresistas de los que se reclama la UE y los resultados de sus políticas son márgenes que debemos saber explotar.

Pero es en cada Estado donde se plantea el reto de construir una izquierda sólida, amplia y plural. Será necesario conjugar movilización social y propuestas concretas para responder a la emergencia social y reconstruir los instrumentos (Estado, negociación colectiva) necesarios para vehicular luchas que son, necesariamente, de largo plazo: pues tendrán en frente a una UE que no adoptará, sin resistencia, un modelo alternativo al neoliberal.