Presentación

Perspectiva nº 7:

 

Xavier Navarro

Secretario de Comunicación de la FSC-CCOO de Catalunya

 

 

 

¿Qué Administración Pública queremos? Este es el debate que planteamos en este número de PERSPECTIVA. No nos podemos quedar sólo en las declaraciones de defensa de lo que es público, debemos profundizar, y es por eso que abrimos este debate con diferentes personas de diferentes posiciones, pero todas ellas comprometidas con los servicios públicos.

Desde CCOO hemos dicho que hay que defender y garantizar los servicios públicos porque son la garantía de derechos de la ciudadanía; ahora bien, necesitamos hacer propuestas lo más concretas posibles de cómo deben ser, qué formación deben tener los trabajadores públicos, cómo fortalecer la administración local como el mejor instrumento cercano a la ciudadanía para garantizar sus derechos. Necesitamos… No podemos quedarnos en hacer una administración que gestione bien, necesitamos una administración y transformadora y garante, sin duplicidades y motor de desarrollo territorial así como de políticas activas de empleo, una administración dinámica lejos de la jerarquización y rigidez producto de otros tiempos, cercana a la ciudadanía, que impulse y facilite la participación… y necesitamos que con la propuesta se incorpore de forma clara la idea de que los trabajadores y trabajadoras lo son de esta administración y no  de la opción política que gobierna.

El debate está abierto y deseamos que este número de PERSPECTIVA sea una herramienta útil para una amplia discusión.

Lunes, 20 de junio de 2016

 

Salvador Lara y Navarro

Responsable de acción sindical del sector de la Administración local de la FSC-CCOO Catalunya

 

 

Los Ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía son, en la práctica, los principales proveedores de servicios públicos de proximidad, es decir, sobre todo los dirigidos directamente a los ciudadanos: servicios sociales, ocio, cultura, deporte, actividades de tiempo libre, limpieza de la vía pública, alumbrado, suministro de agua, guarderías, promoción económica…

Además son los que tienen o deberían tener un conocimiento más real de cuáles son las necesidades de su ciudadanía, y donde la relación entre la ciudadanía y la representación política es más directa.

Los servicios municipales se dividen en tres grandes bloques:

• Los servicios obligatorios, es decir, los que vienen regulados por ley;
• Los servicios delegados, es decir, los que corresponden prestar a otras administraciones públicas y se delegan a los Ayuntamientos y
• Los servicios voluntarios, es decir, los que prestan los Ayuntamientos según las necesidades de su población y la voluntad política de los Consistorios.

La financiación de estos servicios es por traspasos del Gobierno central, del Gobierno autonómico, las tasas e impuestos municipales y convenios y subvenciones.

El Gobierno del PP, mediante la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, ha vaciado de contenido los servicios municipales de la siguiente manera:

1. Al reducir las competencias obligatorias: desaparecen competencias obligatorias de los ayuntamientos, como por ejemplo: Control sobre bebidas y alimentos; obligación de matadero en poblaciones de -20.000 habitantes; dispensar servicios de lectura descentralizada a partir de 30.000 habitantes; no hay ninguna referencia a la obligación de transporte adaptado a partir de 50.000 habitantes; desaparece la atención social primaria; eliminan muchas licencias municipales; eliminan la promoción de las políticas para promover la igualdad de género, etc. etc.
2. Al limitar el número de Ayuntamientos que pueden prestar competencias voluntarias (impropias que dicen ellos),
3. Y, en principio, teniendo que traspasar competencias educativas, de servicios sociales y sociosanitarias al Gobierno de la Generalitat.

Esto, en la práctica, habría podido suponer la instauración de municipios y ciudadanos/as de 1ª y de 2ª o 3ª.

También si las entidades municipales, no cumplían los principios de estabilidad financiera el 31/12/2014, se tenían que disolver.

Y  en los Ayuntamientos de  menos de 20.000 habitantes las Diputaciones coordinarán la prestación de los siguientes servicios: recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías y tratamiento de residuos evaluado los servicios municipales en su conjunto. También prestarán los servicios supramunicipales, y en su caso supracomarcales.

En determinados casos serán las Diputaciones las que acabarán prestando servicios  de competencia municipal, pudiendo acordar incluso externalizar el servicio, es decir, que lo presten empresas privadas.

Hay que remarcar que todo esto se hace para dar cumplimiento al principio de la estabilidad presupuestaria y financiera, que se ha convertido en un “principio fundamental”.

Y todo ello cuando son más necesarios que nunca los servicios de proximidad, y se ha hecho vulnerando el principio constitucional de igualdad de derechos, perjudicando a la gente que más lo necesita, y cuando los Ayuntamientos son la Administración Pública que genera menos déficit, sólo el 4%, y además es la única administración que termina, en su conjunto, en superávit…

Además hay que tener en cuenta que a estas alturas ya bastantes servicios públicos se han externalizado, y eso, en muchos casos, ha incrementado los costes, sin mejorar, al contrario, la calidad de los servicios.

Estas externalizaciones conllevan además, en muchos casos, la falta de un control real y riguroso de cómo se prestan estos servicios y de su calidad y una degradación de las condiciones laborales de los y las trabajadores/as subrogados.

En estos momentos de crisis económica, y no sólo económica sino de credibilidad de la política, hay que ser muy cuidadoso en la defensa de los servicios públicos y su calidad, dado los ataques que se están produciendo desde algunos medios de comunicación y desde la concreción de políticas impulsadas desde las posiciones más de derechas destinadas al vaciado de las políticas públicas de prestación de servicios y del personal a su servicio, y el desvío hacia la gestión privada de los mismos, es decir, el desvío de los recursos económicos públicos hacia las empresas privadas, siendo ejemplo claro lo que están haciendo no sólo desde los Gobiernos de la Generalitat, del Estado y de muchas otras CCAA sino también desde muchos ayuntamientos…

Lo que realmente necesitan los Ayuntamientos es garantizarles su financiación. En estos momentos sólo reciben el 15% de su financiación, cuando se está pidiendo desde hace muchos años que se llegue al 25%.

Se debe potenciar al máximo la prestación de servicios municipales, dado que la Administración Local es la más cercana a la ciudadanía, y precisamente por eso la Administración Local es la que mejor conoce las necesidades de la población.

Por todo ello es fundamental derogar  la LRSAL, y mejorar la financiación de las Corporaciones Locales.

Hay también que acabar con los procesos de externalización de los servicios municipales, ya que resultan más caros (21% IVA en la mayoría de los casos, beneficio y gastos de gestión 15%) y también se escapan más al control de las Administraciones Publicas. Por no hablar de las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras de las empresas privadas, que suelen ser peores que las del personal municipal.

En este sentido, hay que estudiar los servicios que estén externalizados y valorar la reversión del servicio a la gestión directa. Pero atención, ya que lo que no es deseable es que acaben siendo los trabajadores y trabajadoras los más perjudicados, ya que terminan perdiendo su condición de personal fijo.

Hay también que introducir en los pliegos de condiciones mejoras sociolaborales e incluso un salario garantizado, de forma que se avance en un proceso de equiparación de las condiciones sociolaborales.

Y hay también que potenciar la participación ciudadana, garantizando la toma de decisiones, lo que ahora no se produce en ningún caso. Hay que dar voz y voto a las usuarias y usuarios de los servicios municipales.

En definitiva, hay que recuperar la Autonomía Municipal,  garantizar la prestación de los servicios que necesite la población, mejorar la financiación de las Administraciones Locales, y ser más transparentes y participativos.

Lunes, 20 de junio de 2016

 

Eduard Jiménez

Economista y consultor en políticas públicas

 

 

 

1. No se insiste suficiente con que las administraciones públicas tienen hoy un perímetro de actuación tan extenso que conforme pasa el tiempo más difícil se hace hablar globalmente. Gestionan pistas de esquí, acogen mujeres maltratadas, hacen operaciones quirúrgicas de urgencia y autorizan las terrazas de las cafeterías. La legitimidad política, el contexto operativo y el resultado esperado de cada una de estas intervenciones, sencillamente, no tienen nada que ver. Hacer propuestas de conjunto es una operación de riesgo que realizo con esta salvaguarda, en la medida en que sí pienso que hay -dada la naturaleza y situación actual del debate público- algunos rasgos comunes que pueden ser de interés.
2. La producción manufacturera vivirá en los próximos años una auténtica revolución basada en la digitalización, la prestación de servicios se está transformando radicalmente con nuevos roles de prestatarios y usuarios, y hay un contexto de redistribución territorial y social del poder y de los espacios globales. ¿Es realista esperar que en la administración pública no se produzcan cambios menudo radicales en los próximos años? ¿Cambios que harán desaparecer, o casi, políticas, servicios y organizaciones que vienen de muy lejos y transformarán hasta hacerlas desconocidas otras? Pienso que no. El dilema no es entre cambio y continuidad, porque el primero es ya hoy inaplazable. La cuestión central radica en saber las ideas fuerza y la velocidad de este cambio. Se dibuja un escenario contingente, donde las prioridades de cambio y su ritmo está condicionado, en mi opinión, por tres dimensiones: una estrictamente política (¿sobre qué debemos actuar y por que?), una segunda sustantiva (¿qué hacemos y con qué propósito?) y una última más operacional (¿cómo lo hacemos y con quién?). Si suponemos dos escenarios posibles en cada dimensión, tenemos 8 escenarios totales posibles. Y la mayoría están bastante inmaduros. Conclusión: viviremos un proceso donde tardaremos mucho en aclarar las tendencias y alcanzar una velocidad de crucero, y probablemente será más lento de lo que necesitamos.
3. En las tres dimensiones los dilemas son suficientemente conocidos, y el lector encontrará multitud de análisis y referencias, la mayor parte de las cuales  comparto¹. La cuestión es saber cuáles serán los decisivos, y en eso las apariencias pueden ser engañosas, porque no necesariamente lo que concentra el foco del interés o el debate público enconado será el que a la postre será determinante. Mi visión al respecto, respetando naturalmente las formulaciones más teóricas o académicas basadas en evidencias, es bastante sencilla: intuyo que al fin y al cabo habrá unas cuestiones decisivas y no muchas, y que serán bastante tangibles. He aquí.
4. En la dimensión estrictamente política, y de forma cabalgata a dilemas que obviamente serán presente en los ejes ideológicos (izquierda/derecha) y de representación (nuevas/viejas formas) considero que el factor clave será si avanza o retrocede la responsabilización de la administración en su conjunto; o dicho en un sentido inverso, si se consolida o se detiene la creciente tendencia a la elusión institucional, según la cual cada vez más habitual es que una administración concreta atribuya naturalmente al resto de las dificultades, errores y restricciones propios, generando mutuamente un proceso de deslegitimación y falta de credibilidad del conjunto del sector público.
5. En la dimensión sustantiva, los dilemas explícitos han retornado a los viejos temas sobre si más o menos prioridad a los problemas cotidianos de los ciudadanos o bien al funcionamiento de los sistemas, en paralelo a las disyuntivas sobre la gestión directa en el sector público y la su relación con los actores de los mercados. Y sin embargo permanece oculta la discusión sobre los propósitos tangibles y el mecanismo de creación de valor y riqueza públicos, hasta el absurdo que en muchos ámbitos tenemos todo tipo de políticas y modelos de intervención diferenciados que, en la práctica, coinciden en que en conjunto, sencillamente, no hacen el hecho.
6. En la dimensión operativa, los problemas se nos apilan. La administración general está bastante envejecida, en un proceso que ha casi agotado la extraordinaria renovación que supuso la entrada de profesionales y nuevas generaciones que se produjo en la transición y los primeros años de democracia, que se jubilarán masivamente en los próximos años . La estructura sectorializada y jerárquica permanece a menudo obsoleta, excéntrica a la configuración de las nuevas políticas y servicios, y se yuxtaponen potestades y actuaciones de la vieja y la nueva administración.
7. Las estrategias -diríamos- de reforma global han producido resultados que de momento son decepcionantes o siquiera muy insuficientes. Probablemente por demasiado globales -indiferenciadas entre la complejidad de las AA.PP.- y sobre todo porque no ha habido ningún mecanismo de valorización y transferencia de las exitosas (¡que también los ha habido y los hay!). Muchas iniciativas y compromisos generales existe la sensación de que quedan atrapados en una especie de agujero negro. Ya lo vivimos en parte en los procesos de reforma administrativa y calidad de los servicios públicos de los noventa. Por no hablar de episodios como la LARSAL. Corremos el riesgo de que se vuelva a producir en temas como la administración electrónica o la transparencia y el acceso a la información.
8. Entonces sucede que, a pesar de creer, ya no sé si es verdaderamente factible o suficiente disponer de una estrategia global reformista, y apuesto por, al menos, introducir con más fuerza la disrupción como una estrategia que puede tener resultados tangibles e impactos globales. También por otro motivo que no quiero ocultar: desconfiado por naturaleza con las propuestas dirigistas de arriba abajo, he comprobado, sin embargo estos últimos años como el cambio en la administración no se producirá tampoco en exclusiva de abajo arriba. Naturalmente los empleados y las organizaciones públicas deben ser partícipes y corresponsables de los cambios, pero se cumple aquí también la segunda ley de la termodinámica: o hay energías externas que de forma continuada se incorporan al sistema o éste tiende inevitablemente a la entropía.
9. Como ya supondrán si han llegado hasta aquí, en el contexto actual considero disrupción la experimentación del diseño integrado de políticas/servicios o actuaciones/equipos y recursos que cumplan unos pocos pero claros requerimientos:

i) total libertad y flexibilidad de alcance y organización, más allá de sectorizaciones temáticas u orgánicas y habilitaciones competenciales.

ii) total rigidez en cuanto a claridad y precisión de la misión, transparencia en la gestión y evaluación de los resultados, así como un plazo suficiente pero acotado de implantación.

iii) presencia intensiva de tecnologías facilitadoras e inteligentes aplicadas en superar las brechas sociales, territoriales y entre insiders y outsiders de los sistemas.

iv) valorización prioritaria de las competencias clave relacionadas con los anteriores apartados (valores, transversalidad, trabajo en equipo, actualización tecnológica, empatía con usuarios) en la participación del personal y la organización del trabajo, debidamente compensadas en equivalencia en el mercado.

10. Lo sé, da miedo. Pero aprenderíamos un montón. Y por el camino quizás madurará este escenario tanto incierto. ¿Quién se atreve? ¿Acabamos de una vez con la asignatura pendiente del inglés? ¿O con el fracaso escolar? ¿Seguro que no somos capaces de que no haya ningún corte de suministro básico de los hogares? ¿Podemos hacer llegar la fibra óptica al último rincón de país?
11. Puede saber mal, pero las administraciones públicas son organizaciones políticas y sólo la política será capaz de recomponerlas. Las estrategias del management organizativo o técnico devienen estériles sino es en un marco donde la responsabilidad, la claridad de misión y las capacidades y recursos adecuados puedan asumir realmente la dimensión de los retos que tienen hoy delante las AA.PP.

[1] Un resumen inspirador del estado de la pregunta la encontraréis en Ramió, C. (2015) L’administració del segle XXI: un monstre en extinció o una institució a recuperar? A Nous Horitzons, núm 54. Pp 64-71, Barcelona: Fundació Nous Horitzons

Lunes, 20 de Junio de 2016

 

Joan-Francesc Pont Clemente

Catedrático de Derecho Tributario en la UB

 

 

 

La Administración Pública puede ser contemplada desde varias perspectivas. Demasiado a menudo la Administración Pública es destinataria de los más variados ataques, injustificados muchas veces, como por ejemplo la falta de rendimiento, la ausencia de dedicación o la inexistencia de creatividad. Quiero negar de forma radical y rotunda que en la actualidad estas críticas a la Administración puedan tener el más mínimo sentido. Quizá encontraríamos casos excepcionales de una prestación incorrecta del servicio público, pero ésta es una circunstancia que se puede dar en todos los ámbitos de la actividad humana.

Por el contrario, en el ámbito de la Administración Pública encontramos un montón de personas que han demostrado su mérito y su capacidad y que muy probablemente podrían obtener ingresos superiores en el sector privado. La Administración Pública requiere de una vocación especial, aquélla en la que la persona obtiene como compensación por su esfuerzo, no sólo las unidades monetarias que le corresponden, sino también un alto grado de satisfacción en el servicio a los intereses generales.

El reto de la Administración Pública de esta segunda década del siglo XXI es el de seguir manteniendo su atractivo para ser capaz de captar lo mejor del talento que nuestros conciudadanos de la Unión Europea sean capaces de ofrecernos. En efecto, como formamos parte de un espacio común de libertad, seguridad y justicia, un espacio común de ciudadanía, el acceso a la función pública está abierto a todos los ciudadanos de la Unión Europea y eso tenemos que considerarlo como un enriquecimiento de nuestra función pública.

¿Cómo podemos mantener este atractivo del que acabo de hablar? Resulta necesario superar en la función pública algunos esquemas heredados del pasado en los que prima la obediencia ciega sobre la aceptación inteligente de la jerarquía. Resulta innegable que la Administración Pública debe articularse en una cadena de mando, pero, al igual que en el sector privado, esta cadena de mando no tiene porqué mantener el espíritu de origen militar en el que fue concebida cuando no existía otro remedio, sino que debe ser capaz de alcanzar los principios del liderazgo compartido propio de las entidades impregnadas de un sentido de la calidad. Calidad, si se quiere, escrito con una mayúscula inicial. La Calidad debe ser la guía del servicio público.

Que la Administración Pública sea atractiva por sus recursos humanos, que la Administración Pública preste el mejor servicio posible a los ciudadanos, y que la Administración Pública adopte como propios los parámetros de la Calidad son sólo tres aspectos de una misma dimensión : el objetivo de que la Administración Pública no sólo sea consciente de la trascendencia que tiene en el funcionamiento de una sociedad buena, sino que, además, esta conciencia se transforme en una mejora permanente de los resultados obtenidos. Ir a solicitar un servicio a la Administración Pública debe convertirse en una experiencia positiva de la vida normal de un ciudadano.

Puede ser como deformación profesional, creo que la formación de los funcionarios en paralelo a la formación de los ciudadanos para que sean buenos ciudadanos, constituye la piedra de fuego de la construcción de una Administración cada vez mejor. Tengo la impresión de que la modernización de nuestras Administraciones Públicas a menudo se confunde con la sujeción de los funcionarios a los controles burocráticos administrativos a través de aplicativos informáticos. Una escritora conocida decía que la aplicación es la causa de la mala vida de los funcionarios. Y ciertamente no debemos confundir los medios, propios de cualquier modernización con los fines que son los de tener un trabajo de Calidad al servicio de unos ciudadanos satisfechos. Por tanto, la formación que reciban los funcionarios debe ser, no sólo circunscrita al uso de esta o aquella nueva herramienta, no debe consistir en seminarios de dos horas que se hacen sólo para poder después decir en el expediente que se han hecho. Muy al contrario, la formación recibida por los funcionarios debe ser capaz de situarse en un incremento constante de su capacidad de pensar libremente. Por lo tanto, hay que priorizar la formación humanística de los funcionarios y después la formación en áreas específicas.

La Administración que yo veo y la Administración a la que intento servir es un espacio de realización personal en el que los ciudadanos tienen la doble satisfacción de ejercer correctamente un trabajo apasionante y de hacerlo de cara al público en general.

Lunes, 20 de junio de 2016

 

Quim Brugué

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la UAB

 

 

 

Después de una larga y relativamente tranquila trayectoria, la administración pública de los estados liberales occidentales ha sido objeto de intensos debates y polémicas. Ante las primeras manifestaciones de la crisis del estado de bienestar, se reaccionó culpabilizando a la administración pública. Esta, según los argumentos dominantes durante los años ochenta, se había convertido en un lastre insoportable para el desarrollo económico y social. Una especie de parásito que chupaba la energía de una sociedad abrumada por la lentitud, la rigidez, la ineficiencia y los costos de las instituciones públicas.

Ante este diagnóstico, la receta para salvar el estado de bienestar pasaba por modernizar la administración pública y, para ello, era necesario replicar aquellas técnicas y aquellos estilos de gestión que se habían desarrollado en el sector privado. Bajo este paraguas nacía la llamada Nueva Gestión Pública. Este paradigma, en palabras de un reputado académico británico, “otorgaba un rol apocalíptico a la gestión”; es decir, proponía despolitizar y desburocratizar la administración en beneficio de una gerencialización que, amparada en la aplicación de criterios profesionales, prometía no sólo mejorar el funcionamiento de la administración sino, más ambicioso aún, salvar el estado de bienestar .

Durante al menos dos décadas, la Nueva Gestión Pública ha orientado el discurso y las prácticas dominantes en los procesos de modernización de las administraciones públicas occidentales. Sus resultados, sin embargo, han sido menos “apocalípticos” de lo que se podía esperar. Ciertamente, sería absurdo negarlo, este paradigma ha supuesto mejoras de carácter eficientista en la prestación de determinados servicios públicos. Pero también parece obvio que su promesa de salvar el estado de bienestar no se ha cumplido. Hemos mejorado algunos servicios públicos, efectivamente; pero las administraciones siguen sin desarrollar las políticas públicas adecuadas para retomar el rumbo del desarrollo social. Es decir, mejoramos la tramitación de ayudas sociales y la gestión universitaria, pero ni la política social es capaz de construir una comunidad cohesionada ni la política universitaria responde a las expectativas que depositamos en la educación superior.

Y es precisamente en este punto donde hoy se abre el debate sobre las perspectivas de la administración pública. Una administración tradicional que lleva décadas agotada y unos procesos de modernización que se han mostrado insuficientes. Un debate que, en mi opinión, podemos sintetizar a partir de dos escenarios de futuro: el escenario de la renuncia y el escenario de la transformación.

En primer lugar, disponemos de indicios que nos permitirían anticipar que el doble fracaso de la administración tradicional y de la Nueva Gestión Pública, enmarcada en un contexto de intensa crisis económica y social, podría llevarnos a un progresivo declive del papel de la administración pública. Estaríamos renunciando tanto a defender su contenido como a modernizar sus formas. Este escenario de la renuncia encontraría poca resistencia tanto entre los políticos (incapaces de abordar transformaciones que reclaman miradas a largo plazo) como entre la propia ciudadanía (que ya ha asumido las deficiencias estructurales de las desacreditadas instituciones públicas). Un escenario que, además, despierta el interés de determinados sectores privados que ven en el vacío que está dejando la administración una oportunidad de negocio. Un escenario que, en definitiva, podríamos interpretar como la rendición de un sector público que reconocería su impotencia a la hora de gobernar la sociedad.

En segundo lugar, a pesar de las dificultades de argumentar a favor de las instituciones públicas en momentos de tanto descrédito, algunos todavía defienden lo que hemos llamado el escenario de la transformación. Un escenario que, por decirlo de manera breve, no se fija sólo en cómo mejorar la eficiencia de los servicios públicos sino que concentra su atención en cómo diseñar e implementar políticas públicas inteligentes. Es decir, un escenario que entiende que más allá de mejorar la tramitación de las ayudas sociales, el reto es disponer de una política de cohesión social que reduzca las actuales tendencias a la polarización y la exclusión. Como ya se puede intuir, el problema es que para pasar de la eficiencia a la inteligencia no basta con mirarse en el sector privado y profesionalizar el funcionamiento administrativo. Hay que poner a las organizaciones a pensar, y eso choca en una larga tradición que las considera como simples máquinas operativas a las que hay que exigir hombro pero a las que no se les pide cerebro. En este segundo escenario de la transformación, por tanto, no nos referimos a una mejora del funcionamiento de la administración sino a una auténtica revolución.

Las revoluciones son excepcionales y difíciles de desplegar, pero a menudo también son inevitables. Ante el escenario de la renuncia, el escenario de la transformación parece inevitable si confiamos en la posibilidad de recuperar, al menos a medio plazo, la capacidad de construir nuestras sociedades -de gobernar sus contradicciones en función de determinados principios orientadores. Para ello, sin embargo, tendremos que poner el énfasis en tres aspectos: los valores, las personas y las relaciones. Los valores sustantivos deben sustituir las referencias instrumentales a la eficiencia, ya que de otra manera la administración pública acaba convirtiéndose prescindible. Las personas deben ser más importantes que los procesos y, por tanto, necesitamos revertir el desprestigio de los empleados púbicos y recuperar la confianza en su capacidad para tomar decisiones -incluso para equivocarse y aprender de estos errores-. Y necesitamos articular una administración donde las relaciones (colaboradoras) sustituyan las especializaciones (segmentadoras), pues sólo con esfuerzos conjuntos se genera la inteligencia necesaria para responder a las complejidades de la sociedad actual.

Cada uno de estos tres aspectos reclama todavía de un periodo, probablemente largo, de pruebas, errores y aprendizajes. Son tres ideas que ahora sólo dejamos apuntadas, pero que alimentan un fructífero debate sobre el futuro de la administración pública. Un futuro que no solucionaremos ni con un plan de modernización ni con el esfuerzo de una legislatura, sino que sólo construiremos desde la convicción y la paciencia. Por cierto, como siempre se han hecho transformaciones más profundas.

Lunes, 20 de junio de 2016

 

Jaume Bosch

Licenciado en Derecho y Master en “La ciudad: políticas, proyectos y gestión”, por la UB. Ex diputado de ICV en el Parlamento de Cataluña.

 

 

1. UN POCO DE HISTORIA

El año que viene, 2017, hará treinta años desde que se concretó el modelo de organización territorial de Catalunya que el Estatuto de 1979 había empezado a dibujar. Parece difícil de rebatir la opinión generalizada de que la actual organización territorial debería ser revisada, para corregir los problemas observados durante este tiempo, para simplificarla, para acercarla a la realidad del país y, en definitiva, para hacerla más eficiente pero también más coherente con los cambios sustanciales que están sufriendo el municipalismo y la sociedad catalana en general.

El Parlamento de Catalunya aprobó en 1987 cuatro leyes impulsadas por el Gobierno presidido por Jordi Pujol: la ley 5/1987 del Régimen provisional de las competencias de las Diputaciones Provinciales, la ley 6/1987, sobre la Organización Comarcal, la ley 7/1987, por la que se establecían actuaciones públicas en la Conurbación de Barcelona, y la ley 8/1987, Municipal y de Régimen Local. Hacía ocho años que se había aprobado el Estatuto y CIU promovió unas leyes basadas en su modelo de país: la creación de las comarcas, la supresión de la Corporación Metropolitana de Barcelona, y una regulación conservadora en cuanto a las diputaciones (que se querían sustituir, pero que continuaban con más recursos que nunca) y la casi simple traducción de la Ley de Bases de Régimen Local estatal en forma de Ley Municipal de Catalunya.

Diecisiete años más tarde, el intento riguroso de reforma del modelo del 87, el Informe de la Comisión Roca (1) del año 2000 (un grupo de trabajo formado por expertos nombrados por todos los grupos parlamentarios y presidido por Miquel Roca Junyent), fue enterrado para siempre en el cajón por el Gobierno que la había encargado: el pecado había sido intentar promover medidas para reducir el número de pequeños municipios, pero esta polémica arrastró también el resto de medidas racionalizadoras. Un intento de reflexión anterior (1997), había sido el informe encargado por la Diputación de Barcelona a un equipo encabezado por Lluís Casassas y Jordi Casassas (2); en este caso, no fue ni siquiera publicado por la institución que la había impulsado. Así pues, los avances y retrocesos del 87 han perdurado hasta ahora con los cambios introducidos por el Gobierno de izquierdas en 2010, unos años después de la aprobación del Estatuto de 2006: La creación (o recuperación) del Área metropolitana de Barcelona, en la ley 31/2010, la expresión del deseo de la organización de Catalunya en veguerías, como superación de las provincias, a la ley 30/2010, limitada por las interpretaciones restrictivas del Tribunal Constitucional en el Estatuto de 2006, y la creación del Consejo de Gobiernos Locales, en la ley 12/2010.

Después de la experiencia del gobierno de izquierdas, el Gobierno, nuevamente de CIU, entró en el Parlamento de un proyecto de ley de Gobiernos Locales, que decayó con la disolución de la legislatura 2012-2015, mientras continuaba sin aparecer el esperado proyecto de ley de Haciendas (o Financiación) locales, que debería ser su acompañamiento ineludible, según había prometido el Gobierno.

2. EL MODELO ACTUAL

Las leyes del 87 ponían énfasis en la creación de las comarcas, dirigidas por consejos comarcales, configurados como pequeños parlamentos, eso sí, con una clara distorsión de la proporcionalidad a la hora de ser elegidos (con el argumento de que había que potenciar la fuerza de los pequeños municipios). Con algunas reformas (como una cierta corrección de la falta absoluta de proporcionalidad), los Consejos comarcales siguen existiendo casi sin cambios de fondo: las tres posteriores modificaciones aprobadas dieron lugar al Decreto Legislativo 4/2003 que aprobaba el Texto refundido de la ley. Más recientemente se ha creado una nueva comarca: el Moianès (Ley 4/2015).

Una pieza esencial del modelo del 87 era la disolución de la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona, que había sido creada en 1974. El año anterior, en 1986, el gobierno conservador británico de Margaret Thatcher había disuelto el Consejo metropolitano del Gran Londres. Para el Gobierno de CIU era, en aquel momento, tan importante construir un poder comarcal en todo el territorio como eliminar el posible contrapoder a la Generalitat que podía representar una institución que tuviera competencias sobre la conurbación urbana de Barcelona. Es bien cierto que el PSC había intentado hacer jugar a la Entidad Metropolitana un papel que no le correspondía (con excentricidades como dotarla de bandera propia) pero la opción de disolverla tenía objetivos evidentes. La ley 7/1987 la sustituyó por dos organismos de competencias y ámbitos territoriales diferentes, la Entidad Metropolitana del Transporte y la Entidad Metropolitana de los Servicios Hidráulicos y del Tratamiento de Residuos, conocida como Entidad del Medio Ambiente. Los municipios, como respuesta, acordaron dentro de sus competencias, crear una Mancomunidad Metropolitana de Municipios. Se estructuró así un auténtico laberinto institucional, forzado por la falta de un gobierno metropolitano, que intentó malvivir hasta el año 2010, cuando el Parlamento aprobó el proyecto de ley, enviado por el Gobierno de izquierdas, del Área metropolitana de Barcelona.

El otro elemento había sido la ley de régimen transitorio de las diputaciones provinciales, en espera de poder dar luz verde a la creación de las veguerías o regiones. Pero el régimen transitorio se ha alargado hasta hoy: la previsión de la ley 5/1987 de convertir Catalunya en provincia única, tal como había teorizado siempre el PSUC (3), no llegó nunca a materializarse; la Disposición Adicional Segunda establecía que, una vez constituidos los consejos comarcales, en el plazo máximo de tres meses el Gobierno debía presentar en el  Parlamento una iniciativa para llevar al Congreso de Diputados la integración de las cuatro provincias en una sola denominada Cataluña. Podemos especular sobre las razones por las que los Gobiernos de CiU no lo hicieron nunca, pero hay una muy poderosa: la conversión de Cataluña en provincia única afectaba al sistema electoral y al prescindir de las cuatro circunscripciones que aún padecemos, convertía el sistema en auténticamente proporcional haciendo realidad el principio de igualdad de voto de todas las personas; un principio que todavía hoy no aceptan algunos partidos políticos catalanes.

Finalmente, el modelo municipal, sin ley de haciendas locales, y calcado del sistema español, consagraba el papel secundario de los municipios, que hoy seguimos sufriendo, a pesar de que todo el mundo utiliza a menudo aquella fórmula de que es la administración más cercana a la ciudadanía.

3. ALGUNAS IDEAS PARA UNA REFORMA

De forma simple y esquemática, me atrevo a formular algunas ideas que quizás podrían ser de utilidad para encarar el debate de la reforma del modelo actual:

Es necesario un enfoque global, abandonando las reformas puntuales que se han impulsado hasta ahora. Esta era una de las características positivas de los estudios antes citados y es uno de los déficits principales de las reformas planteadas hasta la fecha.

a) Es necesario un enfoque global, abandonando las reformas puntuales que se han impulsado hasta ahora. Esta era una de las características positivas de los estudios antes citados y es uno de los déficits principales de las reformas planteadas hasta la fecha.

b) Hay que recuperar la aspiración del municipalismo catalán de que los ayuntamientos dejen de ser la pieza olvidada y menospreciada por el resto de administraciones: la central y la de la Generalitat. Este debería ser el principio que inspirara la Ley de Gobiernos Locales y la Ley de Haciendas Locales, que el Parlamento debería aprobar con urgencia.

c) Los Consejos comarcales deberían perder su carácter “parlamentario” para convertirse en algo parecido a las mancomunidades de municipios, con una doble función: apoyar a los municipios más pequeños y compartir servicios, y dar voz a las reivindicaciones de cada comarca a partir del Consejo de alcaldes.

d) Hay que aclarar que la cuestión fundamental no es suprimir las diputaciones, como planteaba el reciente pacto de investidura frustrada entre PSOE y Ciudadanos, sino que lo que es imprescindible es la supresión de la obligatoriedad de la existencia de provincias que recoge la Constitución de 1978. Sin esta obligatoriedad Catalunya se podría organizar libremente en regiones o veguerías. Una institución supralocal potente de apoyo municipal sigue siendo necesaria (aunque al mismo tiempo debe implicar la revisión en profundidad del papel de los consejos comarcales como proponía en el punto anterior). La supresión de la obligatoriedad de las provincias facilitaría también la reforma del régimen electoral español y la aprobación de una Ley Electoral catalana, para acabar con la distorsión escandalosa que las circunscripciones provinciales suponen para la proporcionalidad del sistema.

e) El actual ámbito territorial del Área Metropolitana de Barcelona hoy parte comarcas en las que se superpone (Baix Llobregat, Vallès Occidental y Maresme). Muchos pensamos que la solución al reconocimiento del hecho metropolitano de Barcelona pasa, cuando las circunstancias legales y políticas lo permitan, por la institucionalización de la región o veguería metropolitana. Es decir, habría que buscar la alternativa al actual modelo en el marco de la organización de Catalunya en veguerías, que la Ley de 2010 ya dibujaba: Barcelona, Catalunya Central, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, LLeida, Girona, y Alt Pirineu (con un reconocimiento específico por razones históricas para el Aran). La institucionalización de la región metropolitana de Barcelona podría facilitar el reconocimiento de otra veguería, el Penedès, si así lo quieren sus instituciones y su ciudadanía. Asimismo habría que definir el sentido de las dos escalas que afectan al territorio metropolitano: área y región. Y entrar en el debate planteado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, (4) sobre la conveniencia de la elección directa en el segundo nivel de gobierno metropolitano, en consonancia con las mayores exigencias de democracia que plantea buena parte de la ciudadanía .

f) Toda esta reforma se podría hacer, y se debería hacer, sin debilitar la administración pública y, en consecuencia, sin disminución del número de los trabajadores y trabajadoras. Hay fuerzas políticas que cuando hablan de simplificación administrativa están pensando sospechosamente en despidos y en hacer más pequeño el sector público. Una mejor organización territorial permitiría ganar en eficacia sin disminuir los servicios públicos, teniendo siempre presente que la gran beneficiada debería ser la ciudadanía.

Notas:

1. Comisión de expertos. Informe sobre la revisión del modelo de organización territorial de Catalunya. Govern de la Generalitt, 2000.
2. Lluís Casassas y Jordi Casassas (directores). Una propuesta para la organización territorial de la administración pública de Catalunya. Informe realizado por encargo de la Diputación de Barcelona. Resumen a La organización territorial a debate. Revista Nous Horitzons, 1997.
3. Joan Alemany y Jordi Borja. La organización territorial de Catalunya hoy. CEUMT, núm. 25-26, 1980.
4.  Ada Colau. La ciudad metropolitana. Conferencia, Barcelona, abril 2016.

Lunes, 20 de junio de 2016

 

Francis Cabezos

Secretario de Salud Laboral, Medio Ambiente y Área Pública de FSC-CCOO

 

 

 

“Todo aquel que con 30 años todavía viaje en transporte público se puede considerar un fracasado”. Siempre me enternezco —dejémoslo ahí— con esta frase de Margaret Thatcher, a la que, en mi modesta opinión, no recordaremos como una firme defensora de todo aquello que implicaba lo común, lo colectivo, lo de todas y todos, lo público.

El Estado de bienestar no es un regalo de las élites. Es una conquista de la gente trabajadora. Ese Estado de bienestar, con mayor o menor grado de desarrollo en la vieja Europa y en la vieja España, se asienta en diversos pilares. Uno de ellos lo conforman los servicios públicos que deben ser atendidos y prestados por las distintas Administraciones Públicas, valga la redundancia, que no es baladí cuando hablamos de lo de todas y todos.

¿Qué es un servicio público? Un derecho de la ciudadanía. Un objetivo individual y social en sí mismo. Una idea de cohesión entre y para todas y todos. Es por ello que las distintas Administraciones que rigen el devenir de la sociedad han de garantizar que todos tengamos acceso a ese derecho en igualdad de condiciones y para que tengamos igualdad de oportunidades.

¿Como han de ser las Administraciones Públicas? Esa es la pregunta del millón sobre la cual trabajamos y debemos seguir trabajando día a día para lograr una respuesta con el mayor consenso posible, que pueda recoger las siguientes ideas:

• Próximas a la ciudadanía, que agrupen a la mayoría social para seguir tirando del carro en el proyecto de construir una sociedad en la que lo importante sean las personas y sus intereses.
• Eficaces y eficientes, pues ello las convierte en el mayor enemigo de la corrupción y batalladoras en contra de políticas ultraliberales que persiguen su fin.
• Dinámicas, para, si no liderar, jugar un papel protagonista en creación de actividad económica y generación de empleo que permita una mejor y más rápida salida de la crisis.
• Equitativas e igualitarias, para garantizar un principio básico: la igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.
• Modernas, para dar respuesta a las necesidades de las personas de manera rápida y solvente.
• Inclusivas, para construir una convivencia digna y que las personas puedan realizar sus proyectos vitales.
• Democráticas y participadas, para impedir la toma de decisiones arbitrarias que persigan el distanciamiento del bien común.
• Compensadas en el gasto y en el ingreso, que no es lo mismo que económicamente rentables. Esto por supuesto siempre estará sometido a ataques más o menos virulentos que dirán que el empleo público y, por lo tanto, los servicios públicos, son más caros que los privados. Eso sí, me temo que las bases sobre las que sustentar tamaña pedrada adolecerán de firmeza, realidad y credibilidad. Pero ya se ha conseguido un objetivo: generar la duda y activar la parte más insolidaria de nuestro ser con el fin de que parte de la población mantenga la sospecha sobre lo idóneo de lo público.
• Y por último, bien dimensionadas, en estructuras, personal y medios materiales, acorde a lo que queramos —y exijamos— de ellas.

Algo que siempre me ha resultado chocante cuando me da por echar una mirada a nuestros representantes de la clase política, es ver cómo muchas y muchos de ellos, que llevan viviendo de lo público toda la vida —incluso alguno es empleado público en excedencia—, son los más dados a cuestionarlo y combatirlo. Eso sí, ninguno renuncia a su trabajo. ¡Hasta ahí podíamos llegar!

Muchos son los intereses especulativos que se ciernen sobre lo público, Administraciones y servicios. Muchas son las amenazas y muchas las afrentas que sobrevuelan las instituciones democráticas. En un mundo donde rápidamente se globalizan los intereses económico-financieros y donde se formalizan tratados de libre comercio negociados a espaldas de la ciudadanía que persiguen la privatización de servicios públicos y la pérdida de derechos laborales y sociales, ya me gustaría a mí que se globalizaran derechos y libertades con la misma rapidez y solvencia que se mundializa la especulación económica.

Por todo esto, debemos defender con uñas y dientes lo que pagamos, y que por lo tanto es nuestro. Pelear por mejorarlo día a día. Hacer ostentación de nuestro compromiso con aquello que existe para cohesionar al conjunto de personas que integran una sociedad. Comprometernos de este modo con lo público nos convierte en una sociedad más responsable, solidaria, culta, progresista e informada. Nos queda aún mucho camino por recorrer, pero desde CCOO estamos dispuestos a seguir trabajando día a día en defensa de lo público, lo de todas y todos.

Lunes, 20 de junio de 2016

 

Serena Sorrentino

Secretaria General de la FPCGIL Nacional

 

 

 

En estos veinte años de invasión ideológica liberal en Italia y en Europa el valor y la función de Trabajo, también aquél que es público, han sufrido una gran pérdida de valor.

Han cambiado los paradigmas y la perspectiva de la sociedad, correspondiente al siglo pasado (1), dominado por el nacimiento de la socialdemocracia y las democracias constitucionales, desplazándose al siglo actual de la inseguridad social, donde la globalización antes que unir ha actuado como fuerza económica que ha polarizado y cristalizado las diferencias, dado que los poderes han asumido la desigualdad como un mal necesario para proteger los intereses de unos pocos en contra de las necesidades de bienestar, la justicia social y redistribución creciente en el mundo .

El trabajo hasta un tiempo reciente ha tenido una función emancipadora, constructora de libertad, autonomía, e igualdad.

El sistema público, entendido como la concurrencia de todos aquellos servicios que surgen de la exigencia de los derechos constitucionales de los que sobreentienden funciones públicas, ha tendido a la universalidad apoyándose en la creencia de que una sociedad justa recompensa el mérito, pero garantiza los derechos fundamentales de la persona: la salud, la seguridad, la educación.

El mismo tema de la calidad y la dimensión del empleo en el sector público ha sido desclasificado de la agenda política en virtud de las políticas de contención del gasto (bloqueo de la facturación, la contratación, la precariedad en el empleo).

Las finanzas y los operadores económicos han entendido muy bien de la política, que el mercado de los servicios públicos y de aquéllos que son de interés económico general es un mercado de demanda constante y creciente.

Ya que hoy el poder económico es un factor de influencia política, no puede ésta última (la política) condicionar la economía: el Estado ya no es más un regulador, ya no es un emprendedor y no es más un gestor, y mucho menos innovador.

El sistema público ha perdido su misión industrial como generador de servicios que producen riqueza.

La convicción de que privatizar los intereses y externalizar las funciones públicas habrían garantizado nuevas áreas de beneficio  ha prevalecido y ha sido literalmente privado es decir sustraído, todo el espacio de intervención dentro del sistema público.

La rotura de la esencia de la universalidad de un cuerpo de derechos fundamentales (en la Constitución italiana) se muestra en la práctica por el paso del concepto no trivial de nivel esencial de la prestación al concepto de los servicios mínimos, el privado crece en mercado remunerativo y lo público queda como interventor marginal condicionado por la disponibilidad de recursos.

Esto ha favorecido el crecimiento de las desigualdades, ha crecido la deuda pública, ha reducido la demanda interna y ha deprimido el ciclo económico.

No es casualidad que los países que han reconocido un rol a los servicios públicos han superado antes y mejor la crisis económica internacional.

Conquistas del trabajo como la sanidad pública y gratuita, la educación generalizada, la asistencia y la protección social, las políticas laborales, el derecho a la justicia, la promoción de la cultura, la protección del medio ambiente y de los bienes públicos, se han convertido en objeto de la agresión que ha fomentado la rápida interrupción del modelo social europeo basado, como dijo Jacques Delors, en el principio de la inviolabilidad de los derechos de las personas y del bienestar como elemento fundamental para realizar una sociedad moderna basada en el desarrollo sostenible.

En las transiciones democráticas han sido los poderes fuertes los que orientan el cambio. Pero los cambios también en la percepción negativa de los ciudadanos es probable que sean estructurales e inevitables si no hay un fuerte contraste con el pensamiento único dominante: la crisis, el miedo, el sacrificio, habíamos tenido demasiado hasta ahora, por lo tanto, se debe racionalizar (trabajo, servicios, pensiones).

Es el trabajo que salva el país y el contrato es su valor.

Debemos dar una respuesta integral. Me encanta una respuesta orgánica en las directrices unitarias sobre la renovación de la negociación colectiva que hemos presentado de manera conjunta en apoyo de la movilización de estos meses y, especialmente, en el diseño de la Carta Universal de los Derechos en el Trabajo.

Hemos tirado como CGIL la Carta Universal de los Derechos del trabajo y tres referéndums (bonos, contratos, despido improcedente) para eliminar los aspectos más perniciosos de la Ley del Empleo. (http://www.cartacgil.it).

Relanzar una idea de los servicios públicos que representan innovación y calidad, la calificación a la que llegar si se quiere contribuir a la potenciación de los servicios del estado del bienestar y públicos, modificando radicalmente entonces los actuales procedimientos y criterios de acreditación que condicionan a la baja el raport público/privado.

La protección del territorio y el medio ambiente, el ciclo de los residuos y del agua, la seguridad, el rescate, la justicia, los organismos, las políticas sociales, la educación, la salud, la autonomía local y las funciones centrales, la cultura, las cámaras de comercio y las sociedades de servicios: tantos sectores que nos recuerdan la constante necesidad de equilibrar la relación entre verticalización y políticas horizontales, entre la estructura nacional y los territorios, entre el territorio y el empleo.

Sobre todo, el tema de los servicios públicos tiene que ver con los tres principales problemas que atraviesan los problemas estructurales de Italia: la división norte-sur, la legalidad, el sistema de contratación.

En los tres campos, la calidad de la intervención pública debe ser en los términos de regulación: la función del legislador en términos de políticas, inversiones y recursos. La planificación negociada me ha enseñado que las estrategias exitosas son aquellas que transforman lo que es crítico en factores estratégicos, las diferencias y anomalías en las oportunidades de revitalización. Pero se deben crear alianzas.

Trabajar en red con los que comparten intereses: ciudadanos, asociaciones, movimientos, instituciones; movilizar las conciencias y las partes interesadas en torno al resurgimiento de los bienes y servicios públicos como un elemento central de la competitividad y la justicia social; fortalecer el debido respeto hacia aquéllos que trabajan en los servicios públicos y cuidan de nosotros y los lugares en que vivimos.

1 (el texto original en italiano habla de siglo breve, que es el XX, hace referencia a Hobsbawn y en un libro suyo en la traducción italiana)

Lunes, 20 de junio de 2016

 

Jèssica Albiach, diputada en el Parlamento de Catalunya del grupo parlamentario Catalunya Sí Que Es Pot

Mario Ríos, politólogo

 

 

El sistema de bienestar se tambalea. Vivimos un cambio de época y de paradigma. Las certezas que creemos inmutables se diluyen en una realidad que ha hecho implosionar los dogmas ideológicos imperantes. La globalización, desbocada con las desregulaciones y liberalizaciones nacidas en los 80 bajo el impulso de la contrarrevolución neoliberal, ha hiperconectado economías haciendo que el poder económico y financiero pueda moverse por todo el mundo con total impunidad, haciendo caer gobiernos legítimamente elegidos para salvaguardar sus intereses, disparando la desigualdad y constituyéndose como un gobierno transnacional en la sombra. Sólo hay que ver las negociaciones opacas y secretas entre EEUU y la UE en relación al TTIP. Este poder, perdido por los Estados, debilita y deteriora el pilar básico de la democracia: la soberanía popular. Una soberanía que es la herramienta democrática de que dispone la ciudadanía para decidir sobre la realidad que les rodea, regular las materias que les afectan y establecer cuál es el modelo de sociedad que quieren. Una herramienta para DECIDIR TODO democráticamente.

En Catalunya, esta soberanía se ha visto fuertemente erosionada por las decisiones tomadas por los últimos gobiernos de la Generalitat y por la actuación del Gobierno del Estado, basadas en una cruel e infructuosa austeridad con la excusa de la crisis financiera. Son ejemplos las continuas privatizaciones, como la gestión de Aigües Ter-Llobregat (invalidada su concesión por la justicia), el caso Barnaclínic, que utiliza recursos públicos para la actividad sanitaria privada; el copago en dependencia; las liberalizaciones que han abierto la entrada a la mercantilización en sectores de vital importancia como la salud o la educación; y las reformas fiscales orientadas a eliminar impuestos y rebajar los tipos impositivos a las rentas más altas.

Ante este debilitamiento de la soberanía popular y del crecimiento rampante de la desigualdad, una alternativa es posible y necesaria. Una alternativa para revertir los recortes, recuperar y blindar el sistema de bienestar, aplicar unas políticas valientes en favor de las clases medias y bajas, y hacer una profunda reforma del sistema fiscal orientada inexcusablemente a una mayor redistribución de la riqueza. Entre otros, esto se hace otorgándole una mayor progresividad en el IRPF, en el impuesto de sucesiones, y el de patrimonio, así como retirándole los privilegios fiscales a los casinos o estableciendo un protocolo para que los 2.000 millones de euros anuales que nos gastamos en enfermedades laborales, los asuman las mutuas, como debería ser, y no la sanidad pública catalana, como está pasando.

La alternativa que hay para Catalunya debe recuperar la sensatez perdida, poner las necesidades reales de las personas en el centro de las decisiones, luchar contra la desigualdad, trabajar tanto en un plan de choque en favor de los más vulnerables como en la reactivación económica y el cambio de modelo productivo, y … ¿cómo no? Hacerlo de abajo a arriba, con participación ciudadana, corresponsabilidad y transparencia. Entre otros aspectos, es necesario:

Detener y revertir el proceso de mercantilización y priorización de intereses privados en la sanidad pública. No puede haber nuevas concesiones ni externalizaciones que hagan posible el negocio de unos pocos con lo que pagamos entre todos, ni puede continuar la fragmentación y el desmantelamiento del Institut Català de la Salut. Por ello, se ha de impulsar el debate público para elaborar una nueva ley (Ley de ordenación sanitaria de Catalunya) y un pacto sanitario estable que defina la cartera de servicios del sistema público. El Servei Català de la Salut debe dejar de ser una repartidora de contratos como es ahora, para pasar a ser el verdadero gobierno del sistema nacional público de salud.

Nuevo marco normativo en educación: en Catalunya hace falta una nueva legislación que garantice la calidad y la equidad educativa, un modelo de escuela y de instituto democrático, con protagonismo por el profesorado, las familias, los estudiantes y los municipios, y el blindaje los derechos elaborados del cuerpo docente. Por lo tanto, hay que repensar entre todas una nueva Ley de Educación de Catalunya que garantice el carácter público de la educación, atendiendo a principios de inclusión, equidad, gratuidad, laicidad, coeducación y calidad. Y obviamente, hay que derogar la LOMCE.

Crear empleo y de calidad. Pla Nova Economia-Nova Ocupació. La creación de puestos de trabajo debe ir de la mano del cambio de modelo económico, con el refuerzo de la economía verde (renovables, rehabilitación, movilidad, residuos…), el Estado del Bienestar y el I+D+I. Y además, hay que coordinar con los ayuntamientos las políticas activas de empleo, configurar una única red de servicios y dotar al SOC de los recursos necesarios. Garantizar las cotizaciones es fundamental para blindar un sistema de pensiones que empieza a hacer aguas.

Estas son sólo tres pinceladas de las muchas políticas públicas que se necesitan para empezar a romper la brecha de la desigualdad en Cataluña, un virus que está enfermando a la ciudadanía y que perpetúa un sistema de injusticia social. Un sistema obsoleto, que lucha por su supervivencia pero que ahora, con el régimen del 78 tocado de muerte, y caminando hacia un nuevo proceso constituyente, tenemos la oportunidad de ponerlo boca abajo y hacer del Derecho a Decidir y la Democracia Real las mejores garantes del bien común.

Lunes, 20 de junio de 2016