QUÉ AYUNTAMIENTOS NECESITAMOS

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Salvador Lara y Navarro

Responsable de acción sindical del sector de la Administración local de la FSC-CCOO Catalunya

 

 

Los Ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía son, en la práctica, los principales proveedores de servicios públicos de proximidad, es decir, sobre todo los dirigidos directamente a los ciudadanos: servicios sociales, ocio, cultura, deporte, actividades de tiempo libre, limpieza de la vía pública, alumbrado, suministro de agua, guarderías, promoción económica…

Además son los que tienen o deberían tener un conocimiento más real de cuáles son las necesidades de su ciudadanía, y donde la relación entre la ciudadanía y la representación política es más directa.

Los servicios municipales se dividen en tres grandes bloques:

  • Los servicios obligatorios, es decir, los que vienen regulados por ley;
  • Los servicios delegados, es decir, los que corresponden prestar a otras administraciones públicas y se delegan a los Ayuntamientos y
  • Los servicios voluntarios, es decir, los que prestan los Ayuntamientos según las necesidades de su población y la voluntad política de los Consistorios.

La financiación de estos servicios es por traspasos del Gobierno central, del Gobierno autonómico, las tasas e impuestos municipales y convenios y subvenciones.

El Gobierno del PP, mediante la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, ha vaciado de contenido los servicios municipales de la siguiente manera:

  1. Al reducir las competencias obligatorias: desaparecen competencias obligatorias de los ayuntamientos, como por ejemplo: Control sobre bebidas y alimentos; obligación de matadero en poblaciones de -20.000 habitantes; dispensar servicios de lectura descentralizada a partir de 30.000 habitantes; no hay ninguna referencia a la obligación de transporte adaptado a partir de 50.000 habitantes; desaparece la atención social primaria; eliminan muchas licencias municipales; eliminan la promoción de las políticas para promover la igualdad de género, etc. etc.
  2. Al limitar el número de Ayuntamientos que pueden prestar competencias voluntarias (impropias que dicen ellos),
  3. Y, en principio, teniendo que traspasar competencias educativas, de servicios sociales y sociosanitarias al Gobierno de la Generalitat.

Esto, en la práctica, habría podido suponer la instauración de municipios y ciudadanos/as de 1ª y de 2ª o 3ª.

También si las entidades municipales, no cumplían los principios de estabilidad financiera el 31/12/2014, se tenían que disolver.

Y  en los Ayuntamientos de  menos de 20.000 habitantes las Diputaciones coordinarán la prestación de los siguientes servicios: recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías y tratamiento de residuos evaluado los servicios municipales en su conjunto. También prestarán los servicios supramunicipales, y en su caso supracomarcales.

En determinados casos serán las Diputaciones las que acabarán prestando servicios  de competencia municipal, pudiendo acordar incluso externalizar el servicio, es decir, que lo presten empresas privadas.

Hay que remarcar que todo esto se hace para dar cumplimiento al principio de la estabilidad presupuestaria y financiera, que se ha convertido en un “principio fundamental”.

Y todo ello cuando son más necesarios que nunca los servicios de proximidad, y se ha hecho vulnerando el principio constitucional de igualdad de derechos, perjudicando a la gente que más lo necesita, y cuando los Ayuntamientos son la Administración Pública que genera menos déficit, sólo el 4%, y además es la única administración que termina, en su conjunto, en superávit…

Además hay que tener en cuenta que a estas alturas ya bastantes servicios públicos se han externalizado, y eso, en muchos casos, ha incrementado los costes, sin mejorar, al contrario, la calidad de los servicios.

Estas externalizaciones conllevan además, en muchos casos, la falta de un control real y riguroso de cómo se prestan estos servicios y de su calidad y una degradación de las condiciones laborales de los y las trabajadores/as subrogados.

En estos momentos de crisis económica, y no sólo económica sino de credibilidad de la política, hay que ser muy cuidadoso en la defensa de los servicios públicos y su calidad, dado los ataques que se están produciendo desde algunos medios de comunicación y desde la concreción de políticas impulsadas desde las posiciones más de derechas destinadas al vaciado de las políticas públicas de prestación de servicios y del personal a su servicio, y el desvío hacia la gestión privada de los mismos, es decir, el desvío de los recursos económicos públicos hacia las empresas privadas, siendo ejemplo claro lo que están haciendo no sólo desde los Gobiernos de la Generalitat, del Estado y de muchas otras CCAA sino también desde muchos ayuntamientos…

Lo que realmente necesitan los Ayuntamientos es garantizarles su financiación. En estos momentos sólo reciben el 15% de su financiación, cuando se está pidiendo desde hace muchos años que se llegue al 25%.

Se debe potenciar al máximo la prestación de servicios municipales, dado que la Administración Local es la más cercana a la ciudadanía, y precisamente por eso la Administración Local es la que mejor conoce las necesidades de la población.

Por todo ello es fundamental derogar  la LRSAL, y mejorar la financiación de las Corporaciones Locales.

Hay también que acabar con los procesos de externalización de los servicios municipales, ya que resultan más caros (21% IVA en la mayoría de los casos, beneficio y gastos de gestión 15%) y también se escapan más al control de las Administraciones Publicas. Por no hablar de las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras de las empresas privadas, que suelen ser peores que las del personal municipal.

En este sentido, hay que estudiar los servicios que estén externalizados y valorar la reversión del servicio a la gestión directa. Pero atención, ya que lo que no es deseable es que acaben siendo los trabajadores y trabajadoras los más perjudicados, ya que terminan perdiendo su condición de personal fijo.

Hay también que introducir en los pliegos de condiciones mejoras sociolaborales e incluso un salario garantizado, de forma que se avance en un proceso de equiparación de las condiciones sociolaborales.

Y hay también que potenciar la participación ciudadana, garantizando la toma de decisiones, lo que ahora no se produce en ningún caso. Hay que dar voz y voto a las usuarias y usuarios de los servicios municipales.

En definitiva, hay que recuperar la Autonomía Municipal,  garantizar la prestación de los servicios que necesite la población, mejorar la financiación de las Administraciones Locales, y ser más transparentes y participativos.

Lunes, 20 de junio de 2016