Al virus de las desigualdades, medicina pública y participación

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Jèssica Albiach, diputada en el Parlamento de Catalunya del grupo parlamentario Catalunya Sí Que Es Pot

Mario Ríos, politólogo

 

 

El sistema de bienestar se tambalea. Vivimos un cambio de época y de paradigma. Las certezas que creemos inmutables se diluyen en una realidad que ha hecho implosionar los dogmas ideológicos imperantes. La globalización, desbocada con las desregulaciones y liberalizaciones nacidas en los 80 bajo el impulso de la contrarrevolución neoliberal, ha hiperconectado economías haciendo que el poder económico y financiero pueda moverse por todo el mundo con total impunidad, haciendo caer gobiernos legítimamente elegidos para salvaguardar sus intereses, disparando la desigualdad y constituyéndose como un gobierno transnacional en la sombra. Sólo hay que ver las negociaciones opacas y secretas entre EEUU y la UE en relación al TTIP. Este poder, perdido por los Estados, debilita y deteriora el pilar básico de la democracia: la soberanía popular. Una soberanía que es la herramienta democrática de que dispone la ciudadanía para decidir sobre la realidad que les rodea, regular las materias que les afectan y establecer cuál es el modelo de sociedad que quieren. Una herramienta para DECIDIR TODO democráticamente.

En Catalunya, esta soberanía se ha visto fuertemente erosionada por las decisiones tomadas por los últimos gobiernos de la Generalitat y por la actuación del Gobierno del Estado, basadas en una cruel e infructuosa austeridad con la excusa de la crisis financiera. Son ejemplos las continuas privatizaciones, como la gestión de Aigües Ter-Llobregat (invalidada su concesión por la justicia), el caso Barnaclínic, que utiliza recursos públicos para la actividad sanitaria privada; el copago en dependencia; las liberalizaciones que han abierto la entrada a la mercantilización en sectores de vital importancia como la salud o la educación; y las reformas fiscales orientadas a eliminar impuestos y rebajar los tipos impositivos a las rentas más altas.

Ante este debilitamiento de la soberanía popular y del crecimiento rampante de la desigualdad, una alternativa es posible y necesaria. Una alternativa para revertir los recortes, recuperar y blindar el sistema de bienestar, aplicar unas políticas valientes en favor de las clases medias y bajas, y hacer una profunda reforma del sistema fiscal orientada inexcusablemente a una mayor redistribución de la riqueza. Entre otros, esto se hace otorgándole una mayor progresividad en el IRPF, en el impuesto de sucesiones, y el de patrimonio, así como retirándole los privilegios fiscales a los casinos o estableciendo un protocolo para que los 2.000 millones de euros anuales que nos gastamos en enfermedades laborales, los asuman las mutuas, como debería ser, y no la sanidad pública catalana, como está pasando.

La alternativa que hay para Catalunya debe recuperar la sensatez perdida, poner las necesidades reales de las personas en el centro de las decisiones, luchar contra la desigualdad, trabajar tanto en un plan de choque en favor de los más vulnerables como en la reactivación económica y el cambio de modelo productivo, y … ¿cómo no? Hacerlo de abajo a arriba, con participación ciudadana, corresponsabilidad y transparencia. Entre otros aspectos, es necesario:

Detener y revertir el proceso de mercantilización y priorización de intereses privados en la sanidad pública. No puede haber nuevas concesiones ni externalizaciones que hagan posible el negocio de unos pocos con lo que pagamos entre todos, ni puede continuar la fragmentación y el desmantelamiento del Institut Català de la Salut. Por ello, se ha de impulsar el debate público para elaborar una nueva ley (Ley de ordenación sanitaria de Catalunya) y un pacto sanitario estable que defina la cartera de servicios del sistema público. El Servei Català de la Salut debe dejar de ser una repartidora de contratos como es ahora, para pasar a ser el verdadero gobierno del sistema nacional público de salud.

Nuevo marco normativo en educación: en Catalunya hace falta una nueva legislación que garantice la calidad y la equidad educativa, un modelo de escuela y de instituto democrático, con protagonismo por el profesorado, las familias, los estudiantes y los municipios, y el blindaje los derechos elaborados del cuerpo docente. Por lo tanto, hay que repensar entre todas una nueva Ley de Educación de Catalunya que garantice el carácter público de la educación, atendiendo a principios de inclusión, equidad, gratuidad, laicidad, coeducación y calidad. Y obviamente, hay que derogar la LOMCE.

Crear empleo y de calidad. Pla Nova Economia-Nova Ocupació. La creación de puestos de trabajo debe ir de la mano del cambio de modelo económico, con el refuerzo de la economía verde (renovables, rehabilitación, movilidad, residuos…), el Estado del Bienestar y el I+D+I. Y además, hay que coordinar con los ayuntamientos las políticas activas de empleo, configurar una única red de servicios y dotar al SOC de los recursos necesarios. Garantizar las cotizaciones es fundamental para blindar un sistema de pensiones que empieza a hacer aguas.

Estas son sólo tres pinceladas de las muchas políticas públicas que se necesitan para empezar a romper la brecha de la desigualdad en Cataluña, un virus que está enfermando a la ciudadanía y que perpetúa un sistema de injusticia social. Un sistema obsoleto, que lucha por su supervivencia pero que ahora, con el régimen del 78 tocado de muerte, y caminando hacia un nuevo proceso constituyente, tenemos la oportunidad de ponerlo boca abajo y hacer del Derecho a Decidir y la Democracia Real las mejores garantes del bien común.

Lunes, 20 de junio de 2016