Presentación

Perspectiva nº 17:

 

Xavier Navarro Barrera

Responsable de Estudios y Cultura de la FSC-CCOO

 

 

Frente a las opciones neoliberales, cuyo objetivo es laminar, externalizar lo público, generando desigualdad para la mayoría y negocio para pocos, el sindicato defiende con fuerza lo público, porque es de todos, porque es útil, porque es necesario para fomentar empleo y riqueza y porque es un instrumento muy potente contra la desigualdad.

Preservar lo público, mejorarlo, impulsarlo y hacer que se convierta en un motor económico, es algo necesario para el conjunto de la sociedad, para la mayoría de la sociedad. Toca recuperar, de manera racional, también, muchos servicios que en su día fueron externalizados, y sobretodo tenemos que debatir qué modelo de gestión queremos construir en una democracia avanzada.

Con este número de PERSPECTIVA iniciamos este debate, necesario debate, que no puede quedarse en un mero ejercicio intelectual, de pocos, sino que tiene que devenir una parte importante del debate del conjunto de la organización a efectos de construir la alternativa necesaria. Pasar a la ofensiva, entre otras muchas cosas, comporta construir, elaborar la alternativa, y ésta es una aportación, creemos que interesante y útil.

 

Mónica Melle Hernández

Profesora de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid

 

 

Se suele admitir, de forma acrítica, que el papel del sector público en la economía es subsidiario del mercado, cuando éste es incapaz o ineficaz para lograr la prestación eficiente de los bienes y servicios que las personas necesitan para satisfacer sus necesidades, contribuir a una distribución equitativa de la renta y de la riqueza, y colaborar al logro de una senda de crecimiento estable de la economía.

Y ese papel se acepta que se desempeñe a través de la regulación o el establecimiento de un marco legal que afecte al comportamiento de los agentes económicos, a través del sistema tributario, con subsidios e impuestos progresivos, empleando los estabilizadores automáticos y mediante actuaciones discrecionales de ingresos y gastos públicos; pero se discute cuando se base en la provisión directa de servicios públicos o en la creación de empresas públicas.

Pero la realidad de la reciente crisis económica, nos resalta que en España el sector público debería haber contribuido al crecimiento estable de una economía fuertemente deprimida (25 por ciento de tasa de paro) y con un nivel de endeudamiento total del orden de tres veces el valor del PIB, del que la mitad era endeudamiento exterior. De hecho, la teoría keynesiana nos aconsejaría mantener una política activa de inversión pública, una reducción del desahorro público (que no es lo mismo que el déficit) y obtener de la UEM mayores plazos para reducir déficit y deuda a la vez que mayores facilidades de financiación.

Sin embargo, durante la reciente crisis económica la corriente neoliberal en boga ha mitificado las políticas de austeridad, reduciendo la importancia cuantitativa de la economía del sector público y rebanando nuestro Estado del Bienestar. Lo cual no ha sido óbice para que ya en 2003 un país como Alemania se saltase el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo para salir de su recesión económica, superando el umbral de déficit que el propio país había instalado para el conjunto de países europeos.

La dimensión del sector público, representa en torno al 35-50 por ciento del PIB según los países. Es un tema de elección social que, en democracia, depende de la voluntad de los electores que revalidan con su voto los diferentes programas políticos y del límite tolerable de los ingresos públicos necesarios para su financiación (especialmente la presión fiscal).

Ese sector público debe constituir un elemento esencial que fomente la innovación tecnológica y dinamice la economía. Ante iniciativas privadas recelosas de la inversión en intangibles como la formación y la innovación, el sector público no sólo debe ser subsidiario, sino que ha de asumir riesgos y dirigir el desarrollo de las principales tecnologías actuales. Cuestión que, paradójicamente, siempre se ha entendido en los EEUU, paladín del liberalismo, con un sector público que ha sido el verdadero emprendedor, innovador y desarrollador de alguna de las principales tecnologías actuales, en concreto las de la información. Así como en la industria farmacéutica y las energías renovables, fundamentalmente en Alemania y China.

Pero el pensamiento neoliberal insiste en que el sector público no es buen empresario, y que la gestión privada es más estricta en la vigilancia del coste y más eficiente en la exigencia de responsabilidades. Si bien ocultando que la subsiguiente tendencia privatizadora de lo público (limpieza, transporte, sanidad, educación, …) tiene el elevado coste de la degradación continua de las condiciones de vida de los trabajadores, y en la mercantilización del bienestar social.

Se olvida, además, que entre la gestión pública y la privada de los servicios públicos existe la alternativa de la gestión cooperativa y autogestionada de lo público por parte de los trabajadores organizados o de los ciudadanos.

En el llamado sector de la economía social, las cooperativas son una parte importante de las empresas europeas y están presentes en casi todos los sectores: banca, seguros, agricultura, artesanía, servicios comerciales varios, salud, servicios sociales, y tantos otros. Existen alrededor de 250.000 empresas cooperativas en la UE, propiedad de 163 millones de ciudadanos (uno de cada 3 ciudadanos de la UE) y emplean a 5,4 millones de personas.

Deben darse pasos para extrapolar este modelo de gestión empresarial al sector público, ya que fortalece la solidaridad y la cohesión social, al no tener como principal objetivo la rentabilidad económica del capital. Se crea por y para satisfacer necesidades colectivas, comparte riesgos entre los partícipes, rinde cuentas públicas a los interesados en la gestión, y funciona bajo el principio de la solidaridad.

La cuestión es que existen iniciativas autogestionadas recientes en nuestro entorno, como las que desarrolló Syriza en Grecia para diseñar determinados servicios públicos, sanitarios y de los medios de comunicación que, a raíz de aplicar las recomendaciones de la troika (FMI, BCE y Comisión Europea) quedaron sin cobertura. Sanitarios y otros profesionales de manera voluntaria se organizaron para ofrecer a cualquier persona sin medios la cobertura médica. Y cuando el gobierno cerró la televisión pública ERT y despidió a todo su personal, los periodistas decidieron continuar en forma de Web TV.

Ante los riesgos del despilfarro y la presencia de comportamientos expansivos en la realización de las funciones públicas, la autogestión por parte de los trabajadores organizados o por los ciudadanos es garantía de buen gobierno. Son los grupos de interés que mejor defenderán los servicios públicos, buscando la mejor adecuación de los mismos a los deseos de los ciudadanos, mejorando la eficiencia y el control, y al propio tiempo las condiciones laborales de los propios trabajadores mediante un reparto equitativo de rentas.

Madrid, 1 de Julio de 2019

 

Juan Manuel Tapia

Sindicalista

 

 

Paradójicamente, después de más de una década de crisis económica y los consiguientes retrocesos en las condiciones de vida y trabajo, en los derechos sociales, en el Estado del Bienestar, y papel, y peso del sector público; no termina de dibujarse una alternativa general a la situación, ni siquiera una senda de recuperación de derechos y una salida más justa de la crisis.

Cuando parece socialmente compartida la idea de que el capital y los poderes establecidos son la causa y origen de la crisis, no se ha puesto en pie un proyecto social y político ilusionante, capaz de lograr la adhesión de las clases populares, en la lucha por una alternativa integral.

Por el contrario, avanzan en una Europa sin proyecto social y político, con principios significativos de disgregación, y en el conjunto del mundo, las fuerzas más conservadoras y de ultraderecha, con sus espantajos ideológicos, como fantasmas de un pasado que muchas y muchos habíamos creído enterrados para siempre. En el mismo sentido asistimos al choque de trenes de nacionalismos adversarios e interdependientes, que arrumban el conflicto social, del que dependen las potenciales transformaciones necesarias, a un segundo término.

¿En qué consistirían los rasgos de ese proyecto ilusionante capaz de reorientar, en un sentido de progreso social y democrático, el actual “marasmo” en que nos encontramos?

¿Qué papel debería tener el sector público, cuál los necesarios elementos de cogestión y en qué sentido?

La referencia a la que invita Perspectiva, el sector público motor económico, la cogestión una alternativa, bajo su aparente generalidad y desconexión entre las dos ideas, esconde un vínculo muy fructífero en esta reflexión.

Por delante, tres afirmaciones:

El rasgo distintivo del contexto de crisis, ha sido, en su origen y desarrollo, la preponderancia de los mercados sobre la democracia, de la economía capitalista sobre la política. Este desequilibrio tiene como dinamizadores la ideología neoliberal y la globalización sin reglas. Es lógico que un proyecto alternativo se construya sobre la base de invertir este desequilibrio, sobre la base del gobierno democrático de la economía. De la crítica de esta economía política, dado que la economía nunca ha sido un factor neutral y desideologizado, que haga nacer una economía política al servicio del conjunto de los seres humanos y sus sociedades.

Este proyecto programático de cambio no puede volver al pasado, pero no puede desconocer los problemas, para la izquierda política y social,  de ese pasado. No se trata de que el fortalecimiento del sector público sea equiparado a la estatalización o el colectivismo indiscriminado de la economía. Las lecciones del socialismo real se dan por aprendidas. Aunque quedan muchas reflexiones interesantes que hacer respecto de la otra historia del socialismo, de las diversísimas experiencias autogestionarias, y de “socialización en el sentido dado por Karl Korsch. De  Las experiencias  “herejes” que diría Bruno Trentin.

Este proyecto programático sólo puede ser concebido desde la actual realidad de cambio del paradigma económico y social, del actual desarrollo de las fuerzas productivas, de la nueva realidad científico técnica de la organización del trabajo y la globalización. Dicho de otra forma, en un proyecto programático para la actual fase de desarrollo del modo de producción capitalista. Lo que incluye de forma central la consideración del problema de la sostenibilidad del ecosistema, la economía circular y el cambio climático.

Que el sector público es un motor económico esencial, del que dependen millones de empleos directos e indirectos, con una enorme capacidad de dinamizar el conjunto del tejido económico, es una evidencia. La crisis ha demostrado, ésta y todas las anteriores, que el debilitamiento del sector público solo ha conseguido aumentar los niveles de depresión económica, agravando la situación.

Es oportuna, hoy también, la confrontación de ideas entre los postulados neoliberales dominantes y los postulados, nuevos o tradicionales del neokeynesianismo y otras corrientes del pensamiento económico crítico marxiano.

A la ausencia, no ya de complejos, sino de moralidad –en un sentido filosófico-, del neoliberalismo, podemos responder sin complejos heredados de nuestro propio pasado. No está demás una relectura del programa común de la izquierda francesa, que la llevo al poder en 1981, programa que concitó esa ilusión general necesaria.

Dos grandes modelos, con todas sus diversidades, están en liza. No se trata exclusivamente de modelos económicos de desarrollo, sino de modelos sociales y políticos.

Un sector público fuerte forma parte del corazón de la democracia social, de la defensa del interés general de la población, incluso en un sistema de economía social de mercado. Un  sector público lógicamente eficiente y competitivo. Un análisis de los procesos de privatización de las últimas décadas enseña el enorme coste económico y social de esas políticas económicas. Además, nuestro sector público, y nuestro Estado del Bienestar, en relación al desarrollo medio de la Unión Europea, tienen importantes márgenes de crecimiento.

Necesitamos un sector público fuerte y complejo, plural, de propiedad pública y/o mixta, en sectores económicos estratégicos y en los ámbitos del Estado del Bienestar. Los procesos de renacionalización, y de reversión no son necesariamente una herejía.

No tenemos un referente público en el sector financiero, no lo tenemos, ni controlamos el sector energético, que ocurre con el sistema de transportes, no existe prácticamente presencia de lo público en otros sectores económicos. Alguien avisado dirá que estos planteamientos pueden chocar con determinadas regulaciones europeas, sin embargo, no estamos planteando un proyecto autárquico para nuestro país, sino para compartirlo con el conjunto de las fuerzas de progreso europeas.

Necesitamos nuevos sistemas de control público del conjunto de la actividad económica, nuevas regulaciones legales al servicio del interés general.

Necesitamos fortalecer la economía social y el cooperativismo, dignificando su verdadera significación social.

Necesitamos garantizar en nuestro país un espacio en condiciones, y con condiciones, y con condiciones para las grandes empresas globales y sus redes. No puede obviarse su importancia.

Necesitamos incorporar elementos de autogestión en la economía pública y privada, de ahí pasamos a segunda cuestión conexa: la cogestión como alternativa?

En mi opinión el modelo de participación de las personas trabajadoras en la empresa debe responder a determinados criterios y condiciones, que a grandes trazos deben ser los siguientes:

El sistema de participación debe ser sindicalizado y sobre la base de la democracia sindical representativa.

En el sistema, el sindicato no puede convertirse en un sujeto subalterno del proyecto y la gestión empresarial. Justamente, la experiencia de la cogestión en algunos países nos señala ese riesgo. El sindicato no puede perder la condición de sujeto crítico en el desarrollo del proyecto empresarial. Incluso cuando algunos elementos de ese proyecto respondan a procesos de concertación sindical, debe ejercer su papel beligerante en el cumplimiento.

El sistema, debe centrarse en la participación en el control del desarrollo, con organismos específicos, y los elementos de concertación del proyecto empresarial. Seguramente, debe tener concreciones diferenciales en las grandes y medianas empresas, respecto de las pequeñas.

El sistema debe diferenciar la participación del sindicato en representación de las personas trabajadoras de la empresa.  Que puede y debe tener momentos de codecisión, y de participación anticipada a las decisiones empresariales en el proyecto –es interesante analizar nuestro reciente Acuerdo Interprofesional de Catalunya y como dibuja esos derechos de participación proactivos, sindicales y personales-.  De la participación sindical en representación del conjunto social de la población trabajadora.

La cuestión es apasionante, y merece un importante debate que todavía no se ha producido en el movimiento sindical.  Que nadie piense que se trata de un tema postmoderno. El tema fue uno de los elementos centrales en los primeros pasos de nuestra centenaria Organización Internacional del Trabajo.

Algunas conclusiones generales de ambas cuestiones conexas:

Se trata en ambos casos de una construcción integral de un proyecto de desarrollo de nuestra democracia política y social, de nuestro Estado Social de Derecho. En el conjunto social y en la ciudadanía social en la empresa.

Se trata de crear un marco que posibilite un desarrollo económico sostenible y la economía circular.

Se trata de dinamizar nuevos desarrollos, y no solo recuperar la posición, de nuestro Estado Social del Bienestar.

Se trata de mejorar las condiciones de trabajo, su calidad, en una empresa más democrática y participativa, con nuevos desarrollos de derechos personales y sindicales.

Se trata de contribuir a la construcción de un nuevo modelo de gobernanza democrática global de la economía, de la cual la renovación social de nuestra Unión Europea es un elemento central. Y más allá nuestro mundo.

Madrid, 1 de Julio de 2019

 

Xabier Arrizabalo Montoro, Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de CCOO

Gabriela Roffinelli, Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires

 

Históricamente la clase trabajadora se constituyó como movimiento obrero, con los primeros partidos y sindicatos, en torno a sus programas que integraban reivindicaciones elementales para protegerse de los embates de la vida (sanidad, educación, jubilación, etc.) y del mercado (desempleo, negociación colectiva, salario mínimo…). Bajo el capitalismo, la única forma de lograr estas reivindicaciones, al menos relativamente, pasa por sacarlas de la lógica del mercado, estableciéndolas como derechos garantizados gracias a su cobertura estatal. Son los servicios públicos que, por tanto, suponen salario indirecto.

Pero el desarrollo histórico del capitalismo es el desarrollo de sus contradicciones crecientes. De modo que se llega a un punto en el que la tendencia de la rentabilidad a caer apenas puede ser contrarrestada, agudizándose así la exigencia de aumentar el grado de explotación de los trabajadores. Para ello se imponen políticas de ajuste cuya esencia es la desvalorización de la fuerza de trabajo, tanto directa como indirectamente (en el caso de Europa, a través de la UE[1]). Indirectamente es, en particular, mediante el desmantelamiento de los servicios públicos, especialmente a través de su privatización, que los liquida como tales.

Ante esta situación, ¿qué deben hacer las organizaciones de la clase trabajadora? Sin duda, defender sus conquistas de la única manera posible: incondicionalmente. Esto es, sin someterlas a ninguna condición, ni objetivo de déficit, ni pago de deuda, ni nada, ya que si en un lado de la balanza ponemos los derechos, nada que se ponga en el otro lado puede pesar más. Pero, ¿en qué se concreta esta defensa? ¿Cómo se pueden defender realmente los servicios públicos, única forma de proteger, aunque sea limitadamente, a los trabajadores en una sociedad capitalista?

El Estado burgués, como cualquier otro, no es ajeno a la realidad social en la que existe. Por tanto, no tiene una capacidad ilimitada de intervención, sino que está constreñido por su función constitutiva, que es la de favorecer la acumulación del capital. La institucionalización de una serie de conquistas obreras y democráticas en él es, por consiguiente, contradictoria, conflictiva. Para los trabajadores es positiva porque esas conquistas protegen sus condiciones de vida, aunque sólo limitadamente. Pero para los capitalistas es negativa, ya que la identifican como cuerpos extraños incrustados en su Estado; que detraen recursos y, además, constriñen o incluso impiden que esas actividades sean campo de valorización del capital.

En efecto, por definición en una sociedad capitalista y, por tanto, con un Estado burgués, los trabajadores sólo pueden quedar protegidos limitadamente (en consecuencia, no cabe idealizar dicha protección, pero tampoco menospreciarla). Porque las leyes de la acumulación capitalista imponen restricciones, incluso las propias libertades democráticas sólo pueden mantenerse mientras no obstaculicen la rentabilidad. Esto lo tenían clarísimo teóricos como Marx o Lenin, para quienes la única solución posible pasaba por la organización autónoma de los trabajadores, su trabajo libre y asociado, bajo la premisa de la expropiación de los medios de producción. Marx ironiza sobre el mayor defecto que el periódico inglés The Spectator descubrió en el Rochdale Cooperative Experiment realizado por seguidores del socialista utópico Owen:

demostraron que las asociaciones de obreros podían administrar con éxito tiendas, fábricas y casi todas las formas de industria, y mejoraron inmensamente la condición de los operarios, pero, ¡pero!, no dejaron un lugar libre para los patrones[2].

Ahora bien, la defensa de este trabajo libre y asociado sólo puede hacerse bajo la premisa de que lo sea realmente, lo que resulta imposible en el capitalismo, pero no así en un proceso de verdadera transición socialista, esto es, un proceso que realmente abra una perspectiva de salida a la grave situación actual. Esto no supone menospreciar las experiencias cooperativas y no sólo por lo que puedan servir para preservar el empleo, sino también por el carácter demostrativo de ellas acerca de que la sociedad puede funcionar perfectamente sin capitalistas (como las huelgas de verdad, cuyo gran valor simbólico radica en que revelan que nosotros -los trabajadores- podemos vivir sin ellos -los capitalistas-, pero ellos no pueden vivir sin nosotros, sin explotarnos). Pero no pueden ser la solución de fondo a los problemas, salvo que, como decíamos, se inserten en un proceso socializante, un proceso de ruptura con el (des)orden burgués, que ya sólo puede ofrecer destrucción económica, regresión social y cuestionamiento de las conquistas democráticas[3].

Ninguna cuestión social puede abordarse ahistóricamente. Por eso la defensa de la organización autogestionada, cooperativa de los servicios públicos debe encuadrarse en el tipo de sociedad de que se trate. En el contexto actual en el que la orientación del capital es el desmantelamiento de los servicios públicos, especialmente mediante su privatización, toda propuesta que defienda la sustitución de la plena propiedad y gestión estatal de los servicios públicos colabora de hecho en su desmantelamiento. Por más que lo haga de una forma u otra e incluso con la retórica más supuestamente bienintencionada que se pueda imaginar. Así, junto al ataque a los servicios públicos surge este tipo de propuestas que fomentan el asociacionismo como paliativo, a menudo provenientes del propio Estado o el gran capital, lo que desvela su trasfondo regresivo.

En definitiva, en el actual contexto de ataques frontales al salario y, por tanto, al componente indirecto de él que son los servicios públicos, es imprescindible defenderlos de forma inequívoca, sin ninguna ambigüedad. Esto pasa en primer lugar por rechazar todo canto de sirena acerca de otras formas de gestión, vengan de donde vengan, que de facto servirían para acabar dinamitando su condición de derechos. Pero no sólo un rechazo en el terreno argumentativo, sino plasmado en la más amplia lucha unitaria de los trabajadores y sus organizaciones por la propiedad y gestión plenamente públicas de dichos servicios, lo que incluye, desde luego, la renacionalización de los ya privatizados. Es la única forma de avanzar en la preservación de los derechos conquistados mediante la acción independiente de la clase durante decenios.

 

[1] Por eso es disparatado pretender un “nuevo modelo productivo” en el marco de la UE, cuando desde Maastricht, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 107, prohíbe la ayuda pública a la producción.

[2] Marx (1867); El capital, Siglo XXI, México DF, pág. 403.

[3] Pedro Scaron, traductor de El capital, recoge en sus notas cómo lo planteaba la I Internacional: “en el congreso de 1866 de la Internacional se reconoció al ‘movimiento cooperativo como una de las fuerzas transformadoras de la sociedad presente’, pero se señaló, además, que ‘es impotente por sí mismo para transformar la sociedad capitalista’, tarea que requiere el empleo de ‘las fuerzas organizadas de la sociedad’” (ibidem: 1065).

Madrid, 1 de Julio de 2019

 

Carlos Tuya, periodista

José Candela, periodista

 

 

Desde que Reagan sentenciara que el gobierno era el problema y no la solución, y se levantara la veda contra las conquistas del Pacto Social de la posguerra, las consignas de guerra del neoliberalismo han sido: reducción de impuestos, particularmente a los más ricos, tan discriminados los pobres; desregulación de los mercados, cautivos de la burocracia estatal; ofensiva contra las organizaciones sindicales y su fuerte poder, una rémora para el progreso; y disminución del tamaño y papel del Estado, insaciable Leviatán devorador de recursos económicos que deberían estar en manos de la sociedad civil. Impuestos, regulación, sindicatos y Estado, las bestias negras del neoliberalismo. La pujanza de la ofensiva hizo que incluso partidos socialdemócratas aceptaran, no siempre a regañadientes, algunas de sus premisas (Blair, Schroeder). Tras una leve recuperación inicial del crecimiento económico, más especulativo que real, los resultados no acompañaron a las expectativas. El efecto desmoralizador y desmovilizador que generaron las privatizaciones y recortes no tardó en manifestarse. Finalmente, la gran crisis sistémica de 2008 ha supuesto la prueba empírica de la insuficiencia e ineficacia de las recetas ideológicas de los desconcertados defensores del capitalismo global y financiero. Perdida la confianza política en neoliberales y socialdemócratas, una mayoría de ciudadanos expresó su indignación y hartazgo en movilizaciones sectoriales y globales, aunque sin dirección política, impulsando la aparición de partidos populistas a derecha e izquierda. De todo esto ya se ha escrito suficiente, por lo que no hace falta insistir.[i] Lo que interesa ahora es resaltar que todo esto ocurre mientras se desarrolla ante nuestros ojos el fenómeno más impactante de la historia de la humanidad desde el Neolítico: la Revolución Digital, una reconfiguración sin precedentes del medio natural, económico, político y cultural, que invalida las viejas recetas liberales y socialdemócratas. La suma de crisis sistémica del capitalismo y revolución científicotécnica digital es la que enmarca y condiciona los actuales conflictos sociolaborales y sus respuestas, tanto reivindicativas como políticas. Por eso, toda propuesta que no tenga en cuenta la presión evolutiva de la Revolución Digital está abocada a la inoperancia, la ineficiencia y, finalmente, el fracaso.

La presión evolutiva de la digitalización

La Revolución Digital estimula y potencia los procesos de heterocronía; es decir, las alteraciones en el desarrollo y funcionamiento del sistema socioeconómico capitalista. Su presión evolutiva afecta, entre otras cosas, a la forma de crear, acceder, procesar y ejecutar la información del sistema y, por lo tanto, su crecimiento. Por ejemplo, ha impulsado el desarrollo de la Inteligencia Artificial hasta convertirla en omnipresente, lo que unido al incremento de la potencia de computación y la formación del Big Data, permiten externalizar el cerebro humano en las máquinas inteligentes.[ii] El nuevo sintagma pasa de hacerlo por ti, a pensar por ti, posibilitando la paulatina colonización de prácticamente todas las áreas de la actividad por la robotización y automatización inteligentes. Los efectos en la actividad laboral resultan demoledores, principalmente por la falta de educación teórica y práctica de los trabajadores, añadiendo así la nueva brecha digital a la brecha social.[iii] Por otra parte, la Revolución Digital está trastocando los medios y formas de producir y distribuir la riqueza, incrementando la desigualdad congénita del sistema capitalista (el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto, según datos del Foro Económico Mundial 2015), lo que incide negativamente en el consumo interno, y pone en peligro la cohesión social. A su vez, el desarrollo exponencial de la sociedad digital está diluyendo las fronteras espaciotemporales en los sistemas de producción, reduciendo las tradicionales mecanismos de socialización en las grandes fábricas, al tiempo que se amplían los espacios virtuales de relación, cooperación y trabajo, y propician la aparición de nuevas categorías de trabajadores con perfiles digitales más o menos especializados, vinculados a la GigEconomy (economía a demanda). Estas modalidades de actividad laboral están originando una fuerte tensión dialéctica entre trabajo y capital, al crear un grupo cada vez mayor de trabajadores desprotegidos.[iv] Todo ello evidencia la ineficacia del entramado de las actuales relaciones de producción (Rp), forjadas a lo largo de las sucesivas fases de la Revolución Industrial, y constreñidas por las limitaciones de la propiedad empresarial. El resultado es una nueva fase de colisión con las fuerzas productivas (Fp), desarrolladas por la Revolución Digital, que pone en cuestión la necesidad histórica de la propiedad privada de los medios de producción como factor de desarrollo económico, y exige la reformulación del Estado como el espacio global de socialización, bajo el principio de autogestión.[v]

Estamos, por tanto, en un periodo de transición, caracterizado por la necesidad de readaptación a las potencialidades y exigencias de la Revolución Digital, con sus turbulencias, fluctuaciones, crisis, e incertidumbres. Periodo que manifiesta claramente la naturaleza del capitalismo como un sistema productivo de racionalidad limitada, que privatiza la información para desarrollar sus mecanismos de supervivencia: apropiación, acumulación, expansión. Son reglas ubicuas de una concurrencia competitiva darwinista que colapsaría el sistema sin la oportuna intervención homeostásica del Estado. Sin embargo, la memoria inmunológica del sistema capitalista no funciona adecuadamente en el nuevo ecosistema de la Era Digital. Tenía razón Sarkozy al señalar la necesidad de refundar el capitalismo para salvarle de sí mismo, lo que inmediatamente fue neutralizado por el establishment, ya que toda reformulación eficaz y eficiente supone necesariamente avanzar en su transformación. Las regulaciones salvadoras, más o menos bienintencionadas, que debían afrontar las sucesivas reuniones multilaterales del G20 y G8, no han logrado revertir un proceso que en la digitalización del sistema socioeconómico tiende a incrementarse.[vi] El capitalismo es, pese a sus grandes realizaciones, un sistema socioeconómico de baja calidad y escasa racionalidad, en el que se desperdicia parte de la riqueza en un mundo con casi 800 millones de personas viviendo en la pobreza extrema. Desde el punto de vista de la entropía, la empresa es una estructura disipativa (orden) en un sistema desordenado (competencia), lo que crea tendencias monopolistas (+ orden); estas, a su vez, impiden el funcionamiento óptimo del sistema (- competencia). Por eso, el capitalismo es un sistema productivo desequilibrado que necesita del Estado (regulación) para mantenerse.[vii] Pero la revolución científicotécnica de la Era Digital crea las condiciones para su paulatina transformación en un sistema de alta calidad. Y en ese proceso el Estado juega un papel determinante.

El papel transformador del Estado

Pese a las resistencias del neoliberalismo y sus recetas austericidas, el Estado precisa desarrollar una actividad reguladora creciente que permita el reajuste del sistema productivo, y paliar sus daños colaterales (Estado de bienestar). Actividad que entra en conflicto con los presupuestos del neoliberalismo y su grito de guerra: ¡menos impuestos! ¡menos Estado!… eso si, una vez pasada las fases agudas de las crisis. El incremento de los efectos socioeconómicos de las crisis económicas, y la capacidad ciudadana de respuesta a los reajustes neoliberales, supone una fuerte presión política en favor del papel económico del Estado, y su capacidad para reducir drásticamente el factor de incertidumbre (desorden) del capitalismo. Incluso los que demonizan el intervencionismo estatal, los nuevos anarcocapitalistas, no dudan en valerse de sus aparatos para la defensa del denostado sistema. Causa rubor escuchar a lideres como Trump, Salvini, Orban, Kaczyński, Erdogan, Bolsonaro, bramando contra los políticos globalistas y liberales, mientras se valen de los poderes ejecutivos para blindar su poder, anular la contestación social, proteger el gran capital nacional, y favorecer una quimérica recuperación capitalista tradicional. Desgraciadamente, la izquierda cosmopolita carece de la adecuada estrategia para responder a los desafíos globales de la Revolución Digital. Empezando porque no alcanza a comprender en toda su dimensión el papel del Estado, más allá de su necesaria defensa como benefactor (welfare capitalism), feliz combinación de capitalismo y democracia con servicios sociales, pero cuya supervivencia pone en peligro la misma crisis cuyos efectos que trata de paliar.

Para analizar el papel del Estado en la Era Digital, y de qué forma puede impulsar la reestructuración de la relaciones de producción (Rp), e implementar soluciones transformadoras a la crisis sistémica del capitalismo que posibiliten el despliegue de las fuerzas productivas (Fp), necesitamos conocer cómo Revolución Digital se está reconfigurando la realidad socioeconómica. Una de sus expresiones más significativa, por su alcance global, son las redes sociales y plataformas basadas en Internet, un nuevo ámbito de socialización, tanto interpersonal como de movilización y participación ciudadana, incluyendo la propaganda política, en el que participan mas de 5.000 millones de usuarios en todo el mundo.[viii] Multitudes que trabajan gratis en las redes sociales a cambio de usarlas también gratuitamente. Estos medios se integrarán en el llamado internet de las cosas (Internet of Things), potenciando el intercambio de información sobre nuestros hábitos, y propiciando el paso de una sociedad de consumo basada exclusivamente en poseer a otra basada principalmente en utilizar y compartir. Otro poderoso efecto de las redes sociales es el efecto Facebook, un contagio emocional cuya capacidad para dirigir la toma de decisiones en los campos político, económico, social y cultural está sobradamente comprobada. Al estar las redes sociales dominadas por los GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon), corporaciones tecnológicas cada vez más poderosas y sofisticadas, convierten el nuevo empoderamiento de los ciudadanos en la forma asumida de dominación tecnológico-digita, en lugar de significar una redistribución del poder social. Al ser necesarias como puerta de acceso a la biblioteca de conocimientos, imponen su quid pro quo: gratuidad a cambio de información. El objetivo es el individualismo conectado consumista que facilite la autoexplotación. Se trata de una especie de ciberfeudalismo donde las prestaciones gratuitas de las redes sociales se ofrecen a cambio de datos, el nuevo petróleo de la economía digital.

Dicho lo cual, no conviene perder de vista que redes sociales valen tanto para que ONGs salven vidas como para quitarlas (fanáticos religiosos, bandas criminales). Su poderosa capacidad de autoorganización ha permitido grandes movilizaciones globales como las primaveras árabes (2010), Occupy Wall Street (2011), o el movimiento feminista MeToo (2017). Pero también incidir negativamente en procesos electorales (EE.UU., Francia), referéndums como el Brexit, o la difusión de noticias falsas (fake news).[ix] Por todo ello, y debido a la facilidad para ser controlados y manipulados en nuestra actividad virtual, es urgente legislar sobre los algoritmos que toman decisiones que afectan a la vida personal e inciden en la realidad política. Aquí el papel del Estado y las organizaciones supranacionales, como la ONU y la UE, es fundamental. Pero la regulación en el mundo ubicuo de Internet es problemática, y a todas luces insuficiente. La verdadera garantía de que se respete la intimidad de los usuarios, y no puedan ser manipulados, es que las redes sociales sean un servicio público y no propiedad de grandes corporaciones. El Estado debe actuar como agente económico dinamizador y acometer las tareas vinculadas a los servicios públicos que exige el desarrollo de la sociedad de la información. Uno de los campos estratégicos es el de los servicios digitales a la ciudadanía, que garanticen el acceso universal, libre y gratuito a Internet mediante la creación de una nube pública; que permitan a las administraciones publicas controlar la gestión del Big Data; que promocionen el conocimiento informático desde la escuela; que protejan la seguridad y neutralidad en las redes sociales; que ofrezcan servicios y aplicaciones gratuitas en la nube, etc. Supondría la ampliación del concepto de servicio público en la Era Digital, y contribuiría a revertir la brecha digital, un déficit añadido a la creciente desigualdad. Desde un punto de vista estratégico, la creación de una suerte de Centro Nacional Digital, basado en la supercomputación, la Inteligencia Artificial, y el procesamiento del Big Data relacionado con la actividad económica, que permita, en base a los patrones de consumo y las previsiones de comportamiento macroeconómico extraídos de la información global del sistema, la elaboración de un programa-marco que racionalice y optimice la actividad económica, en la perspectiva de una futura planificación científica.

La sociedad digital y el empleo

Sin duda, el efecto más disruptivo e inmediato de la Revolución Digital es su impacto sobre el empleo. Ante la aplicación cada vez más extendida de la automatización y robotización inteligentes se está configurando un escenario desconocido, que trasciende el anterior uso de máquinas autónomas, y pone en cuestión la reposición clásica de empleo mediante la creación de nuevas empresas, tal como teorizó Schumpeter (destrucción creativa).[x] Hay estimaciones muy distintas, desde la pérdida de  800 millones en 2030, según el Informe MacKinsey Global Institute, de 2017 hasta un superávit de 1,2 millones de empleos que Randstad Research vaticina se crearán en España.[xi] Sea cual sea finalmente el ritmo y nivel de sustitución, no olvidemos que en la Era Digital el desarrollo pasa de ser lineal (agricultura) y progresivo (industria) a exponencial, lo que invalida los paradigmas de cambio socioeconómico anteriores.  En cualquier caso, ya nadie duda que los trabajos nuevos serán muy diferentes a los que se destruyen, lo que genera no solo un problema de desocupación sino de inempleabilidad. Si nos fijamos en los sectores productivos donde la incidencia de la digitalización está más avanzada, como son las telecomunicaciones e industrias de comunicación y ocio, comprobamos que la economía digital genera flexibilidad de producción, potencia los trabajos en red, reduce los costos, y generaliza el uso de la información. Eso explica, en gran medida, la colonización por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de cada vez mayores sectores económicos (comercio minorista, manufactura, edición, publicidad, video, cine, investigación salud, educación, ocio). El informe Future of Jobs 2018 muestra el nivel de adopción de tecnología digital en la industria:

Aprendizaje automático, 87%.

Análisis de grandes datos de usuarios y entidades, 84%.

Internet de las cosas (IoT), 82%.

Computación en la nube, 76%

Mercados habilitados para aplicaciones y web, 76%.

Transporte autónomo, 74%.

Nuevos materiales, 71%.

Realidad aumentada y virtual, 71%.

Comercio digital, 68%.

Electrónica ponible (Wearables), 61%.

Impresión 3D 61, %.

Encriptación, 58%.

Robots estacionarios, 53%.

Robots terrestres no humanoides, 42%.

Blockchain, 32%.

Computación cuántica, 29%.

Robots humanoides, 29%.

Biotecnología, 18%.

Robots aéreos y submarinos, 18%.

A todo esto, debemos añadir un fenómeno incipiente de enorme potencial: las impresoras 3D y 4D (permite crear materiales biológicos programables capaces de cambiar de forma y propiedades), cuya actividad ya está presente en áreas como alimentación, joyería, calzado, diseño, arquitectura, ingeniería, construcción, automoción, sector aeroespacial, industrias médicas y farmacéuticas, educación, ingeniería civil, etc. Su impacto, aunque todavía incipiente, puede llegar a convertir la impresión 3D y 4D en el meteorito que cambie radicalmente el ecosistema productivo capitalista, transformando gradualmente los procesos productivos y las relaciones de producción en numerosos sectores, con las implicaciones sociopolíticas que puede llegar a tener. En todo caso, estamos ante un fenómeno imparable que ya está suponiendo una transformación profunda en las relaciones de producción capitalistas, y que puede suponer un cambio de fase en el sistema socioeconómico de incalculables consecuencias.

En la Era Digital la actividad productiva girará en torno el eje trabajador especializado-máquina inteligente, un binomio dinámico donde la Inteligencia Artificial forzará la continua actualización del trabajador, restringido cada vez más a las áreas donde prima la creatividad y las relaciones sociales. Un trabajo, por lo tanto, radicalmente distinto al fordista de la Revolución Industrial: fijo, localizado, más o menos estable, jerarquizado, reglamentado, especializado, monótono y repetitivo. Por contra, en la Era Digital será flexible, de ciclo corto, conectado, cualificado, con formación continua, creativo y empático. Esta paulatina transformación del trabajo, unido a la rápida destrucción de empleo y lenta reposición de nuevos, junto a la presión de la obsolescencia cognitiva profesional a que se ven sometidos los trabajadores, está agudizando los efectos perversos del capitalismo: aumento de la desigualdad, precariedad y temporalidad laboral, desempleo de larga duración, exclusión social, inseguridad, y cronificación de la pobreza, lo que hace social y laboralmente insoportable las enormes brechas económicas, e inadmisible el dominio de las grandes corporaciones tecnológicas. Por todo ello, el Estado deberá jugar un papel cada vez mayor en el campo de la educación y las prestaciones sociales, garantizando, entre otras cosas la formación continuada, y una renta mínima asegurada (RMA) o renta garantizada de ciudadanía (RGC).[xii]

Transformaciones estatales, soluciones globales

La Revolución Digital ha propiciado no solo la formación de grandes corporaciones tecnológicas que monopolizan la información y el acceso a las redes, lo que les otorga un poder de control y manipulación inaceptable, sino que este poder resulta incompatible con la libertad de elección, decisión y realización personal. Su dominio interfiere en la legitimidad democrática, como un Gran Hermano cuyo ojo habita en la nube. Para enfrentar estas nuevas formas de dominación es necesario que el Estado actúe como agente económico. Un Estado impulsor, regulador, coordinador y socializador de la actividad productiva, en el horizonte de un nuevo sistema socioeconómico basado en la concurrencia cooperativa, la solidaridad, y la libre realización personal. No se trata de impedir o frenar el desarrollo de la Revolución Digital, algo por otra parte imposible, sino de encauzarla en provecho de la mayoría. Para ello contamos con las poderosas herramientas del voto y el algoritmo. Voto para fortalecer y desarrollar el Estado Social y democrático de Derecho, ampliando el control democrático de la ciudadanía con la institucionalidad de formas de democracia participativa, deliberativa y directa; algoritmo para poner al servicio del interés común la potencia productiva de la Revolución Digital.

Se trata de un proyecto de futuro que se construye en el presente, desde el conocimiento de las dinámicas evolutivas de la Era Digital, y basado en las condiciones concretas de cada país. Sin caer en veleidades fantasiosas y voluntaristas que suelen terminar en fracaso. Empezando por valorar las posibilidades reales de actuación del Estado nacional en un mundo globalizado, donde las pequeñas naciones solo pueden defender sus intereses integradas en estructuras supranacionales como la Unión Europea, hoy por hoy una institución de corte liberal, a medio camino entre Unión política y Área de libre comercio, lo que condiciona fuertemente sus facultades. En ese sentido, hay que contar con las limitaciones que el Estado tiene para trazar políticas sociales, tanto por la extensión e intensidad alcanzada por la globalización, como por su pertenencia a la Unión Europea. Limitaciones que no se superan abandonando la UE, lo que supondría el suicidio como nación, expuesta al poder de los mercados financieros sin más recursos de defensa que los propios. De hecho, ninguno de los gobiernos euroescépticos se plantea ya, como antaño, la salida de la UE. De ahí que las fuerzas transformadoras necesiten consensuar las políticas que defender en el Parlamento europeo, la Comisión y el Consejo, a fin de ampliar la capacidad de actuación fiscal, eliminando los refugios paralegales que permiten la evasión y el blanqueo de capitales, imprescindible para afrontar las políticas sociales del Estado, así como trazar sendas para satisfacer las necesidades energéticas y de suministros comunes, basadas en la primacía de lo público. Desde el punto de vista político, los problemas sociales, culturales y políticos, comunes a la Unión Europea, aconsejan crear una amplia coalición parlamentaria entre el espectro socialista, el bloque transformador de izquierdas en el sur, y los verdes del norte y el centro.

Para cumplir su papel en la Era Digital el Estado necesita ampliar su holgura financiera, constreñido por los límites que impone la libre circulación de capitales, las necesidades del comercio y la inversión global. Tanto la globalización como la pertenencia a la Unión Europea hacen muy peligroso el déficit presupuestario, pues el endeudamiento puede terminar, como en la época del PP de Aznar, con la venta de patrimonio público, bancos, telecomunicaciones, energéticas, incluso suelo.[xiii] Por otra parte, la industrialización a través de inversiones públicas está totalmente vetada por la doctrina neoliberal dominante en la Unión Europea, no así las ayudas para iniciativas en cooperativas y empresas. Es un campo a explorar, siempre que se solventen los problemas de financiación y organización corporativa, y se diseñen mecanismos de garantía para blindar el fin social de los fondos y ayudas que se otorguen. Bien gestionada, la actividad estatal puede servir a modo de proyecto piloto para una de las innovaciones más revolucionarias en el Estado del Bienestar, introduciendo, entre otras cosas, sistemas de organización participativa, en el horizonte de la autogestión, que garanticen la calidad de los servicios así como la necesaria innovación.[xiv]

Un terreno inexplorado, pero con gran potencial para la acción pública del Estado, es la evolución hacia una economía verde, lo que se conoce en los países anglosajones como New Green Deal, recogido en el programa de los Verdes Europeos. La conversión verde de amplios sectores económicos es un instrumento magnífico para desarrollar nuevas actividades económicas mediante financiación pública, con base cooperativa, o incorporando pymes a conglomerados donde los sindicatos tengan voz y los trabajadores voto. Otro campo es el desarrollo de la Economía Social, un sector orientado al bien común que tuvo una importante implantación, especialmente en Euskadi y el País Valencià, hasta el parón provocado por la gestión del segundo mandato de Aznar, la complacencia de Rodríguez Zapatero con la burbuja, y la gestión de la crisis por Rajoy.[xv] Hay que volver a recuperar las experiencias de los años noventa, limpiarlas de las fantasías que costaron mucho dinero a los cooperativistas sin capital propio, y poner el énfasis en que la calidad total del servicio sea mantenida, dentro de unas limitaciones económicas razonables. Cualquiera de estas políticas necesita una transformación radical del sistema educativo que lo haga más igualitario y eficaz socialmente: inyectando dinero en la investigación universitaria, aprovechando las sinergias con los sistemas públicos del bienestar, y una reforma radical de la FP para adaptarla a las nuevas tecnologías de todo tipo, y atender las necesidades prácticas de la sociedad. Todo lo cual supone acercar los estándares del sector público a la media europea, aumentando el presupuesto nacional en 6 puntos del PIB (pasar del 34% al 40%), que permitan ampliar las áreas de socialización del Estado de Bienestar, que en España supone solo el 20,2% del PIB, muy por debajo del 27% promedio de la UE,.[xvi] Con el correlato necesario de una Reforma Fiscal que recupere el espíritu de la que se llevó a cabo tras la Transición Democrática, desgraciadamente descafeinada posteriormente.[xvii] Reforma Fiscal adaptada a las nuevas realidades empresariales, sociales y tecnológicas, que contemple, entre otras medidas, el impuesto sobre las fortunas y sucesiones; un gravamen específico a las grandes rentas, particulares y corporativas, sin superar los estándares europeos para evitar la evasión; impuestos verdes y tecnológicos; y el famoso Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), en línea con la Directiva de la Comisión Europea (febrero de 2013), único medio de controlar los movimientos de capitales, y reducir la velocidad de las mismas, haciendo más viable su inspección.

Democracia económica y socialismo

Para terminar, es necesario hacer hincapié en un hecho fundamental: la reorganización del sistema productivo bajo la presión evolutiva de la Revolución Digital afecta al núcleo de la propiedad empresarial, por lo que solo puede resolverse alterando las relaciones de poder en la empresa mediante la autoorganización de los trabajadores. Una forma es implementando la democracia económica mediante la autogestión de lo público y la cogestión ¡vinculante! en lo privado. Se rompería así tanto el dominio absoluto empresarial como el control burocrático estatal. Pero este es un tema que, por su enjundia, merece un estudio más detallado. Lo que interesa resaltar ahora es que la Revolución Digital, cuya racionalidad se basa en el procesamiento del Big Data mediante la Inteligencia Artificial, elimina la necesidad del capitalismo y posibilita su desbordamiento mediante la planificación científica de la economía y la regulación democrática del mercado en el espacio global de la Unión Europea.[xviii] La implementación y desarrollo de la Revolución Digital no puede quedar exclusivamente en manos empresariales, ya que presupone un cambio radical en las relaciones de producción (Rp) que afecta al ideologema burgués de propiedad. Tanto más cuanto que la Revolución Digital supone una fuerte asimetría en la detentación del poder de negociación. Este es uno de los grandes retos que el sindicalismo debe afrontar para seguir siendo la gran fuerza organizada de los trabajadores que les permita intervenir y condicionar el desarrollo de la Revolución Digital. Porque, no nos engañemos: o lo trabajadores controlan el desarrollo e implementación de la Revolución Digital, o esta terminará devorándolos.

Si somos capaces de transformar el sistema socioeconómico para que las fuerzas productivas se desarrollen plena y racionalmente en la Era Digital, se inaugurará un nuevo periodo histórico donde la cohabitación hombre-máquina permitirá realizar, finalmente, el viejo sueño socialista: de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. No fue posible en el siglo XX de la Revolución Industrial, tal vez lo sea en el Siglo XXI de la Revolución Digital. Se trata de una tarea difícil por inédita, plagada de incógnitas, necesariamente gradual, aunque con un desarrollo exponencial, que solo puede abordarse con el apoyo ampliamente mayoritario y participativo de los trabajadores, dueños, finalmente, de su destino.

NOTAS

[i] Ver: Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán. Populismos. Alianza, 2017; Carlos Tuya. La sinrazón populista. Amazon, 2016.

[ii] Los data generados en el sistema socioeconómico crecen continuamente, y ya forman parte cada vez más importante de toda la actividad productiva. Por ejemplo, la empresa Dell calcula que en 2020 se almacenarán en la nube unos 44 zettabytes (44 trillones de gigas).

[iii] Debido a ello no solo es de esperar el surgimiento de formas de neoludismo, sino que la nueva configuración de la relación entre las habilidades mentales y el trabajo tradicional frenará los procesos de inversión, que son los que generan el beneficio (Kandiski, 1967), al abaratar los procesos industriales fordistas. El resultado podría ser un semi-estado estacionario, con tasas de ganancias cercanas a cero, y exasperación del capitalismo especulativo, tal como señala Piketty y en economistas críticos con la gestión de 2008, algunos de ellos antiguos técnicos del FMI.

[iv] Una manifestación de esta dialéctica es el caso de los falsos autónomos, que esconden una relación puramente laboral, sujetos a un horario y al cumplimiento de unas normas similares a las que rigen para los trabajadores por cuenta ajena, pero si su protección; o los trabajadores autónomos económicamente dependiente (TRADE), figura creada para proteger a aquellos autónomos que trabajan prácticamente en exclusiva para un solo cliente.

[v] El Estado que se corresponde a la globalización está en proceso de configuración, y las instancias supranacionales como G7, G20, etc. no son precisamente democráticas. Las corporaciones son los condados de un neofeudalismo, y los tecnólogos su caballería. Por otra parte, como señala el economista e historiador francés, Charles Bettelheim (1913-2006), el alcance real de la propiedad estatal depende de las relaciones reales existentes entre la masa de los trabajadores y el aparato estatal. Si este aparato está verdadera y concretamente dominado por los trabajadores (en lugar de hallarse sobre éstos y de dominarlos), la propiedad estatal es la forma jurídica de la propiedad social de los trabajadores. (Bettelheim, 1979).

[vi] Las grandes empresas tecnológicas tienen pocos contrapesos, y el principal de ellos, el Estado, se está debilitando debido a desregulación liberal promovida por la globalización económica. El siguiente cuadro, elaborado por statista, el portal de estadísticas, muestra el gasto en lobbies de las grandes corporaciones en Bruselas, lo que no ha evitado fuertes multas en el caso de Google, aunque claramente insuficientes.

[vii] Las estructuras disipativas son islas de orden en un océano de desorden. (I. Prigogine)

[viii] Solo Facebook, engloba más de 2.000 millones de personas, a las que hay que añadir WhatsApp, Signal, Messenger, Telegram, Snapchat, Skype, Wire, Tumblr, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin, y Pinterest.

[ix] Un estudio de la ONU alertó del reclutamiento de 35.000 terroristas en 100 países, el ISIS activó 3.000 cuenta en 2016 pata difundir en las redes el atentado de Niza, y Twitter suprimió 300.000 cuentas de publicaciones extremistas en 2017.

[x] Joseph Schumpeter (1883-1950) fue un destacado economista austro-estadounidense, al que se debe el concepto de destrucción creativa. En su obra Capitalismo, socialismo y democracia (1942) lo formula de la siguiente manera: El proceso de mutación industrial … revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo constantemente las estructuras antiguas, creando constantemente nuevas… Este proceso de destrucción creativa es la esencia del capitalismo.

[xi] Por su parte, el Foro Económico Mundial calcula que la automatización y la Inteligencia Artificial supondrán en cinco años la pérdida de 7,1 millones de empleos en las 15 economías más desarrolladas, mientras que solo se crearán 2 millones. Por su parte, un estudio sobre la informatización de los empleos europeos de Jeremy Bowles (Think Tank Bruegel), llega a la conclusión de que en una o dos décadas se podría ver afectado entre un 40 y un 60% de la fuerza laboral europea; España podría llegar a perder el 55,3 % de su empleo. Hay más estudios, como el realizado en 2013 por Carl Benedickt Frey y Michael A. Osborne, de la Universidad de Oxford, donde se sugiere que el 47% de los empleos totales del mercado laboral estadounidense (unos 64 millones) podrían automatizarse en una o dos décadas.

[xii] Existen distintas propuestas, cuya viabilidad dependerá de los recursos del Estado y de la voluntad política. Para un estudio sobre el tema ver: Juan Torres López. Renta básica. ¿Qué es, cuántos tipos hay, cómo se financia y qué efectos tiene? Deusto, 2019.

[xiii] El suelo urbano y su delimitación es una herramienta que la actual correlación en la UE permite utilizar para políticas sociales; pero para ello se  necesita definir mejor la extensión de la Constitución que cubra el bien común: en esa línea se debería desarrollar una línea de inversiones municipales en vivienda social de alquiler para cubrir el déficit actual, calculado en dos millones de viviendas, para lo cual se necesitaría una financiación del 2% del presupuesto nacional durante cerca de 20 años; aunque la citada financiación se cubriría con los alquileres y, cualquier gobierno con voluntad de hacerlo, podría fácilmente presentar un plan a Bruselas, que sería aprobado.

[xiv] La autogestión es un mecanismo de gestión de la empresa y la producción, que tiene que ver con la organización social de la división del trabajo y con las opciones de comprensión del proceso productivo que la tecnología permite a las personas, condicionado a las habilidades y conocimientos de las propias personas involucradas. Está directamente correlacionada con conceptos tales como el grupo, el liderazgo y la confianza mutuas.

[xv] La Economía Social es una forma de producir que integra los siguientes valores: primacía de las personas y del objeto social sobre el capital; organización y cultura empresarial con vocación de gestión participativa y democrática; conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general; defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad; autonomía de gestión e independencia respecto a los poderes públicos; aplicación de la mayor parte de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del interés general, el interés de los miembros y el desarrollo sostenible. (Ver: www.cepes.es).

[xvi] Ver: Vicenç Navarro. El Estado de Bienestar en España. Tecnos, 2004.

[xvii] Todas las modificaciones al diseño inicial de Fernández Ordoñez restaron eficacia recaudadora e inspectora al sistema fiscal de la democracia.

[xviii] El mercado es un logro de la civilización, que culmina con el capitalismo. Este se apropia de sus mecanismos intentando poner toda la vida social bajo su tutela (Polanyi), evitando que ninguna actividad pueda escapar a los requerimientos de la acumulación de capital. El mito de los mercados autorregulados surge en el siglo XIX, y se deriva de una extensión abusiva del liberalismo smithiano, bajo la tutela de las falacias matemáticas de Pareto y Wallras. En el ultimo tercio del siglo XX, el capitalismo desarrollado lo resucita para expandirse, y ocultar bajo ese velo ideológico la realidad de las grandes corporaciones, las cuales compiten buscando ventajas monopolistas (competitivas).

Madrid, 1 de Julio de 2019

 

Paloma López

Ex-eurodiputada por IU

 

 

“El sector público es la principal “industria” de la UE. Da trabajo aproximadamente a 75 millones de personas, es decir alrededor del 25 % de la población activa. El gasto publico asciende a casi el 50 % del PIB”^[i]

Estos datos por si solos determinan la importancia de “lo público” como motor de la economía y también como el elemento central de la cohesión social.

Esta afirmación, que parece difícil de rebatir, atraviesa momentos de cuestionamiento sobre lo que entendemos genéricamente como el valor social de “lo público”. Esto obedece a varios elementos como son, entre otros: la primacía creciente del interés individual sobre lo colectivo; la percepción sobre que el Estado se ha convertido en una arena propicia para la gestión de negocios y reparto de prebendas, esto implica sobre costes, ineficiencias de gestión y corrupción; un desplazamiento de la capacidad regulatoria para anteponer los intereses de mercado a los principios de igualdad y el universalismo; las dificultades para (re)establecer políticas de redistribución de la riqueza, etc.

Pero todo lo anterior obedece a un nuevo asalto de capitalismo a la democracia, el neoliberalismo ha supuesto una deconstrucción sistemática del Estado. Esto no implica que no crea en el Estado, si no que cree en un Estado fuerte en defensa de los derechos de propiedad privada y de mercado, aun en detrimento de las libertades democráticas, de la eficiencia económica y de la igualdad y bienestar de la ciudadanía.

En el momento que las decisiones políticas diluyen el papel de lo público como mecanismo para la igualdad crecen las desigualdades sociales pero también políticas, como destaca  Stiglitz, J. “La mayor desigualdad económica produce más desigualdad política; en vista de que se han debilitado las normas y existe una mayor desregulación, se genera todavía más desigualdad económica” por tanto, cabría añadir, que el incremento de la desigualdad es la expresión de una relación de poder, la desigualdad hace más poderosos políticamente a quienes más tienen.

Terminar con este sistema depredador -el capitalismo- comienza a ser una cuestión de supervivencia para la humanidad, pero mientras alcanzamos el objetivo -la utopía nos hace avanzar- se pueden adoptar medidas como por ejemplo una apuesta decidida por las políticas públicas que juegan un papel central a la hora de (re)equilibrar el sistema. Esto no es una cuestión de economía, es una cuestión ideológica. Establecer medidas para alcanzar la igualdad es una exigencia ética y política.

La dimensión del sector público es un tema de decisión política y de elección social

Atendiendo solo a la evolución del gasto público social, desde los años 80 hasta 2005 se produce un crecimiento constante cuya tendencia se va invirtiendo con descensos en la mayoría de los países.

El gasto público social se ha visto afectado, entre otros, por las políticas mal llamadas de austeridad, que bajo la idea de vivir en una situación excepcional -una profunda crisis económica- ha significado la aprobación de legislaciones de urgencia y que algunas de ellas hayan acabado convirtiéndose en normas constitucionales, como es la modificación del artículo 135 de la Constitución Española para priorizar el pago de la deuda en detrimento de los servicios públicos.

Otro elemento a tener en cuenta, es el uso de la política fiscal como un instrumento de competencia entre países -a través de la elusión fiscal- desplazando los ingresos del Estado a enormes beneficios para las multinacionales.

Y aunque podría seguir añadiendo más elementos a esta lista, por último, quiero destacar el interés que tienen las empresas privadas para actuar como prestadoras de servicios esenciales. Los criterios del mercado único a través de la política de competencia han facilitado la intervención de estas empresas en el sector público.

Las consecuencias de la reducción del gasto público se ven reflejadas también en el empleo, que, aunque parece que va recuperando los niveles previos a la crisis, ha empeorado su calidad en cuanto a derechos, disminuido las retribuciones y la inversión en formación y salud laboral. Es preciso destacar que esta reducción del gasto público tiene un fuerte componente de género. Con carácter general una buena parte de los servicios públicos esenciales están feminizados (enseñanza, salud, servicios sociales, administración) esto ha significado una doble penalización para las mujeres, tanto por los efectos de la destrucción de empleo público como por la reducción de los servicios públicos y el acceso a los mismos, lo que ha forzado a la mayoría de las mujeres a hacerse cargo de los cuidados y del incremento de las tareas reproductivas. Además, una gran parte de las inversiones públicas han ido dirigidas a sectores masculinizados, con lo cual la desigualdad entre mujeres y hombres se ha visto incrementada.

En la siguiente tabla^[ii] observamos que países como España tienen margen para  incrementar su porcentaje de empleo público -de calidad- lo que revertiría, así mismo, en una mejora de los servicios prestados y una cierta corrección de la desigualdad.

Nos enfrentamos a grandes retos y cambios sociales y de cómo se aborden dependerá que “lo público” siga siendo el elemento central económico y de lucha contra la desigualdad. En este sentido es fundamental anticipar los cambios y abordarlos para que el impacto sobre la ciudadanía tenga un saldo positivo.

Algunos de estos cambios se van a producir en paralelo al envejecimiento de los trabajadores y trabajadoras. En España en los próximos 15 años se jubilará el 45 % de los empleados públicos[iii], es un buen momento para una planificación estratégica de los cambios, tecnológicos, formativos, etc. que den respuesta, entre otros, a las necesidades de servicios en zonas con baja población, que apueste por la innovación y el desarrollo, la cultura, etc. Sobre esto hay mucha literatura y no me detendré más, pero hay dos elementos que me parecen básicos a los que hay que dar respuestas inmediatas, uno es la eliminación de la percepción social sobre del mal uso de los recursos y la corrupción y el segundo abordar la democratización en la toma de decisiones.

Sobre el uso de los recursos basta con remitirse al reciente informe realizado por un grupo de expertos de diversas universidades españolas: “Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las dos últimas décadas” donde se aportan soluciones como “erradicar todo tipo de prácticas clientelares y trato de favor a determinados grupos de presión (…) que privilegian a determinados sectores económicos, erosionan el sistema democrático, deterioran el buen funcionamiento de las instituciones y comprometen de forma indebida gran cantidad de recursos públicos”.

Poco más hay que añadir, salvo la exigencia social que se ha de ejercer para que se produzca una rendición de cuentas clara y transparente, con evaluaciones de impacto sobre las decisiones e inversiones adoptadas.

En cuanto a la democratización en la toma de decisiones resulta algo más complejo y que parte de hacer la necesaria pedagogía para entender el gasto público como inversión y elemento de cohesión social y territorial sobre el que han de actuar diferentes espacios y actores de legitimación.

Existen múltiples factores sobre los que hay que actuar, mas allá de la elección social que hace la ciudadanía, a través de las urnas, sobre cómo se han de conformar las decisiones políticas en las instituciones. Hay que poner en valor y en coordinación diferentes espacios de intervención y cambio, abriendo canales democráticos de participación social que contraponga los intereses de la mayoría al dominio del mercado.

En este contexto complejo, de fragmentación de lo público y deterioro de la política y de lo político, es necesario actuar, también, sobre la percepción que se tiene de las instituciones y el papel que desempeñan, es poner las instituciones al servicio del desarrollo de lo comunitario. Requiere un trabajo normativo, pero, sobre todo que las instituciones faciliten y promuevan dinámicas de cooperación y colaboración económica; de prácticas colaborativas reales -no desregulatorias-; de estrategias de responsabilidad social -también corporativa-; de promoción de economía social y soluciones al margen del mercado. La transformación social requiere de innovación en todos los aspectos de la vida, también y sobre todo en los democráticos.

^[i] Fichas temáticas del semestre europeo sobre calidad de la administración pública (noviembre 2017):

^[ii] El estatus del empleado público y los servicios que forman parte de “lo público” varían de país a país. Una aproximación puede hacerse a partir de los datos de actividades económicas de Educación, Salud (incl. Servicios Sociales) y actividades “puras” de Administración Pública. Este es el porcentaje del empleo total por países (EUROSTAT)

[iii] Fichas temáticas del semestre europeo sobre calidad de la administración publica (noviembre 2017)

Madrid, 1 de Julio de 2019

Iván Candé

[email protected]

Secrétaire général SNPTAS CGT – Ministère de l’Ecologie

Membre de la direction de l’Union Fédérale des Syndicats de l’Etat – CGT

Membre de la direction de la Fédération de l’Equipement et de 

                                                 l’Environnement – CGT

 

¿Los servicios públicos en un sistema económico capitalista representan un costo insoportable, como afirman los defensores del liberalismo, o son un activo? ¿Participan, de una u otra forma, en la creación de riqueza? ¿No serían la base de una sociedad justa y el cemento del vínculo social esencial para la convivencia?

¿Cómo gestionar este servicio público y la administración pública, que es esencial para el funcionamiento de nuestras sociedades? ¿Hasta qué punto pueden los ciudadanos y los trabajadores participar en su gobierno? ¿Debemos considerar la cogestión como una alternativa creíble o debemos reclamar la autogestión y la propiedad pública por parte de los ciudadanos?

El Servicio Público es la aplicación de un concepto más amplio, el de la organización colectiva de la satisfacción de las necesidades. Para una opinión pública hoy condicionada por el discurso económico dominante, el Servicio Público es una excepción en el patrón de pensamiento que el liberalismo trata de imponer en la mente de las personas. En la teoría neoliberal, el Servicio Público y su administración representan un costo que debe reducirse cueste lo que cueste. Sin embargo, si nos fijamos en esto, la producción de bienes públicos no comerciales (educación, salud, investigación, infraestructura de transporte, etc) es de hecho un elemento de la riqueza nacional y se toma en cuenta en el PIB de la misma manera que la producción mercantil. Como no tiene precio en el mercado, solo puede medirse por la cantidad de dinero que se gasta en él. Esto es lo que los contables nacionales llaman “costo de factor”, mientras que para el producto de mercado se usa el término “valor añadido”.

Según una evaluación de INSEE^[1] en 2009, el valor añadido de la administración en Francia asciende a 139,9 mil millones de euros, es decir, el 8,1% del PIB, el de la educación 93,8 miles de millones de euros y 5,4% del PIB, servicios de salud a 101,3 millones de euros y 5,9% del PIB, servicios sociales a 56,7 millones de euros y 3,3%. PIB, que asciende a 391,3 millones de euros y el 22,7% del PIB^[2].

En igualdad de condiciones, la administración representa el 20,1% del empleo en Francia y el 22,7% en valor añadido del PIB. Estamos lejos de la concepción de una administración vista solo como un gasto que debería reducirse: por el contrario, representa una contribución esencial para una economía moderna. La administración no solo es esencial para la correcta aplicación de las leyes y regulaciones en todo el territorio. Su defecto es muy costoso para nuestras sociedades desde el punto de vista de la cohesión social y territorial, de la vida económica y de la capacidad para convivir, como lo demuestra la falta de servicio público en algunas áreas suburbanas y rurales. Lo cual no le cuesta a la economía  sino que incluso trae un pequeño superávit en términos del PIB general.

La administración participa en la vida económica de los territorios, a veces de manera decisiva, las estructura desde el punto de vista económico, social y cultural. Representa una inversión a largo plazo, tanto en sus aspectos puramente administrativos como en los campos de la educación o la salud.

El gasto público no es necesariamente un factor de déficit porque genera valor añadido, por lo que es posible gastar mucho en las necesidades sociales sin comprometer los equilibrios presupuestarios. Para este propósito, es necesario considerar expresamente el impuesto de distribución equitativa como un medio para construir una sociedad civilizada, educada y justa.

Los servicios públicos en Francia se gestionan de forma centralizada o desconcentrada. Las autoridades estatales o locales deciden  las políticas públicas y los recursos financieros y humanos que se les asignan. Esta centralización de decisiones finalmente ofrece muy pocas oportunidades para la intervención de ciudadanos o sindicatos.

Luego se plantea la cuestión de la cogestión de la administración pública, como la de las empresas del sector privado. Esta cogestión, querida por los socios demócratas y presentada a menudo como una alternativa a los viejos modos de gobierno de los empleadores, ¿es una verdadera oportunidad para los trabajadores o una trampa en su contra?

La cogestión, que a menudo surge de iniciativas individuales, es totalmente compatible con las estructuras de una economía capitalista en la que se puede implantar. Abogar por la cogestión sería acordar participar en un sistema que rechazamos. En cualquier caso, sería prestarse a la colaboración con empleadores que solo podría perjudicar la acción reivindicativa.

A esta cogestión, nosotros reivindicamos la autogestión, que es fundamentalmente diferente y que implica una transformación más radical de la empresa o aparato estatal y de las estructuras económicas en su conjunto. El objetivo, entonces, de confiar toda la administración de empresas a los trabajadores, resulta ser incompatible con la apropiación privada de los medios de producción y presupone, en consecuencia, la desaparición del capitalismo.

Hay muchos ejemplos de empresas autogestionadas y en funcionamiento. El mejor ejemplo de autogestión podría ser el del sistema de seguridad social establecido en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, que confió la gestión completa de sus fondos (contribuciones y reembolsos) a las organizaciones sindicales de trabajadores. Este sistema todavía funciona hoy a pesar de los muchos ataques del campo liberal. Su presupuesto fue de 484 mil millones de euros en 2017^[3]. En comparación, el presupuesto del Estado francés era de 381 mil millones de euros para ese mismo año. Esto es una prueba de que los trabajadores son capaces de tomar su destino en sus propias manos cuando se les da la oportunidad.

^[1] Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

^[2] Fuente: Evaluación del desempeño económico, el bienestar y la sostenibilidad, Informe de la Junta de Análisis Económico y el Consejo Alemán de Expertos Económicos para el Consejo de Ministros de Friburgo-en-Brisgau de 10 de diciembre de 2010. Evaluación Realizado de acuerdo con el llamado método de análisis de “input-output”.

^[3] Casi el 25% del PIB francés

Madrid, 1 de Julio de 2019

 

Rosa Rodríguez

Secretaria de Organización de CCOO Málaga

 

 

Europa adoptó el modelo del bienestar frente a los sistemas más liberales en los que las necesidades sociales se afrontan con beneficencia pública o privada sin reconocimiento de derechos subjetivos y jugando con las reglas del mercado. Son dos modelos económicos y políticos enfrentados que ofrecen organizaciones sociales diferentes. Europa, en la década de los 40 del siglo XX, buscó en este modelo una respuesta a la cuestión de cómo lograr, cómo conseguir y mantener un orden económico, social, político y cultural cohesionado. Sin él, una economía pujante, una sociedad habitable, estable y confiada y un estado con capacidad se antoja inconcebible.

La idea básica del Estado del Bienestar se sitúa en la corrección de las deficiencias de la economía de mercado a través de la redistribución de la riqueza que se lleva a cabo a través de dos instrumentos, el gasto social y el sistema fiscal. Una carga fiscal progresiva y justa y una distribución del gasto eficaz, estos principios tienen su referencia constitucional en el artículo 31.

Así, el papel que los servicios públicos deben desempeñar es redistribuidor y de progreso, orientados a promover una efectiva igualdad de oportunidades y la satisfacción de necesidades, asegurando los derechos sociales y sus prestaciones. En este empeño está la firme convicción de que los Servicios Públicos que constituyen el Estado del Bienestar contribuyen al desarrollo económico a través de la seguridad que aportan a la ciudadanía y a las personas individualmente consideradas, también como dinamizadores de la economía al aumentar el tamaño del mercado que propician.

La sociedad va experimentando cambios, avanza y esto supone un reto continuo para incorporar nuevas prestaciones a nuevas demandas, mejorar la calidad y sobre todo garantizar su futuro y esto exige el compromiso de todas las partes implicadas en consensuar el marco de un modelo de planificación y gestión de las distintas políticas de cohesión y bienestar social que respondan de manera eficaz a todas estas cuestiones. Es necesaria una modernización y adaptación continua de los servicios públicos, agilizar su gestión, pero la solución no es necesariamente la externalización de los servicios, ya que al margen de no demostrar mayor eficacia, no es el camino para garantizar la igualdad ni la cohesión en nuestra sociedad.

En la última década nos vimos inmersos en una crisis que nos trajo el cambio de modelo y donde cualquier recorte era justificado con el empeoramiento de la economía. En ese golpe brutal los servicios públicos, y por supuesto su gestión no quedaron ajenos. Una nueva fase del capitalismo se estaba fraguando y los cambios que introdujo generaron una reestructuración interna del propio sistema capitalista.

Con esta ola de capitalismo financiero, especulativo y no productivo llegó la desregulación y la subordinación de los poderes públicos frente a los poderes financieros y los mercados, así como a la mercantilización de los servicios públicos, con la colaboración necesaria de los agentes políticos. El ‘mercado’ reforzó su papel como elemento vertebrador de toda la sociedad y así, los derechos sociales básicos se transforman en simples bienes de consumo. Derechos de las personas, sanidad, educación, agua…. que pasan a ser tratados como bienes económicos con los parámetros del mercado y no como elementos de crecimiento, cohesión y democracia.

En aras de la eficiencia y la economía, la necesidad que se trasladaba era de liberar de cargas de gestión al Estado endeudado. En nuestra España de la crisis, devastada por la falta de inversión pública y por la austeridad económica impuesta por los deberes de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria, las privatizaciones y las fórmulas jurídicas bajo el sistema de contratos colaboración público-privada se vieron como fórmulas de escape necesaria, esta última además ofrecía una opción a la Ley de Contratos. Con un estado adelgazado, endeudado y con escasa credibilidad, la opción de la colaboración trata de resituar el papel del sector público de (co)prestador de servicios a consumidor o usuario de los mismos, un nuevo concepto de Administración moderna y eficiente que venía para salvar las deficiencias económicas y técnicas. Una trampa mortal.

La entrega al capital de los bienes públicos se nos presenta como la salvación del sistema, y lo que realmente conlleva es adjudicar al mercado el negocio de satisfacer y comerciar con necesidades básicas de la ciudadanía. Así, el beneficio social se traslada, revestido de tabla de salvación social, a las cifras de rentabilidad empresarial. Dado que la intervención pública debe regular y remediar las deficiencias del mercado y no lo consiguió, entonces será el mercado el que tenga que actuar.

Aumenta la tensión como consecuencia de los elevados déficits presupuestarios y de las fuertes presiones de los mercados financieros y Europa se moviliza para eliminar obstáculos a la inversión privada. Se eliminan “barreras” reglamentarias, también de normativa laboral, se facilita la asistencia técnica y se ponen manos a la obra las instituciones nacionales y las de la Unión ofreciendo políticas que garanticen el nuevo modelo.

Y vamos viendo cómo las privatizaciones traen sus consecuencias: multiplica los gastos finales del servicio, mientras para aumentar su propio beneficio recortan en gastos de actividad, principalmente laborales, rebajando en consecuencia la calidad del empleo y abriendo la desigualdad social, afectando al ejercicio individual de los derechos y necesidades básicas y mermando la calidad de su prestación. Sólo la concesionaria gana.

Por otra parte la colaboración público-privada consiste en que un particular asume el coste, por ejemplo, de construir la infraestructura y también el riesgo de su explotación económica, se paga en función del uso y volverá a manos públicas al final del plazo estipulado en el contrato. ¿Qué puede salir mal? La respuesta la podemos tener en las radiales de la comunidad de Madrid, y en la anulación por parte de Adif de los contratos que incluían el mantenimiento durante 25 años de las vías, las telecomunicaciones, las instalaciones de seguridad y las de electrificación. Es el mercado. “Deficiencias generalizadas, beneficios limitados”según el TCE.

Nuevas cifras aparecen entonces en el escenario nacional abriendo la brecha social y sus efectos en los niveles salariales, de protección social, la calidad del empleo, las pensiones, las prestaciones sanitarias, la educación y la vivienda. El resultado es realmente descorazonador. Los factores determinantes de esta nueva realidad hay que buscarlos en la reducción constante del gasto social, las rebajas fiscales sobre la renta y la riqueza, el retroceso de salarios (como base principal para el crecimiento empresarial) y la precarización del mercado de trabajo. Todo afecta a las rentas más bajas, pero no a los generadores de la crisis. El reparto, como se preveía, no ha sido equitativo. El crecimiento económico sólo ha tocado a unos cuantos, todos del lado del capital.

El gasto público es un agente multiplicador y unido a los servicios públicos promueven la productividad laboral, son un factor de igualdad y favorece la estabilidad. Lo demás, es el mercado.

Madrid, 1 de Julio de 2019