Lo público como motor económico. La cogestión como alternativa

Iván Candé

icande@cgt.fr

Secrétaire général SNPTAS CGT – Ministère de l’Ecologie

Membre de la direction de l’Union Fédérale des Syndicats de l’Etat – CGT

Membre de la direction de la Fédération de l’Equipement et de 

                                                 l’Environnement – CGT

 

¿Los servicios públicos en un sistema económico capitalista representan un costo insoportable, como afirman los defensores del liberalismo, o son un activo? ¿Participan, de una u otra forma, en la creación de riqueza? ¿No serían la base de una sociedad justa y el cemento del vínculo social esencial para la convivencia?

¿Cómo gestionar este servicio público y la administración pública, que es esencial para el funcionamiento de nuestras sociedades? ¿Hasta qué punto pueden los ciudadanos y los trabajadores participar en su gobierno? ¿Debemos considerar la cogestión como una alternativa creíble o debemos reclamar la autogestión y la propiedad pública por parte de los ciudadanos?

El Servicio Público es la aplicación de un concepto más amplio, el de la organización colectiva de la satisfacción de las necesidades. Para una opinión pública hoy condicionada por el discurso económico dominante, el Servicio Público es una excepción en el patrón de pensamiento que el liberalismo trata de imponer en la mente de las personas. En la teoría neoliberal, el Servicio Público y su administración representan un costo que debe reducirse cueste lo que cueste. Sin embargo, si nos fijamos en esto, la producción de bienes públicos no comerciales (educación, salud, investigación, infraestructura de transporte, etc) es de hecho un elemento de la riqueza nacional y se toma en cuenta en el PIB de la misma manera que la producción mercantil. Como no tiene precio en el mercado, solo puede medirse por la cantidad de dinero que se gasta en él. Esto es lo que los contables nacionales llaman “costo de factor”, mientras que para el producto de mercado se usa el término “valor añadido”.

Según una evaluación de INSEE[1] en 2009, el valor añadido de la administración en Francia asciende a 139,9 mil millones de euros, es decir, el 8,1% del PIB, el de la educación 93,8 miles de millones de euros y 5,4% del PIB, servicios de salud a 101,3 millones de euros y 5,9% del PIB, servicios sociales a 56,7 millones de euros y 3,3%. PIB, que asciende a 391,3 millones de euros y el 22,7% del PIB[2].

En igualdad de condiciones, la administración representa el 20,1% del empleo en Francia y el 22,7% en valor añadido del PIB. Estamos lejos de la concepción de una administración vista solo como un gasto que debería reducirse: por el contrario, representa una contribución esencial para una economía moderna. La administración no solo es esencial para la correcta aplicación de las leyes y regulaciones en todo el territorio. Su defecto es muy costoso para nuestras sociedades desde el punto de vista de la cohesión social y territorial, de la vida económica y de la capacidad para convivir, como lo demuestra la falta de servicio público en algunas áreas suburbanas y rurales. Lo cual no le cuesta a la economía  sino que incluso trae un pequeño superávit en términos del PIB general.

La administración participa en la vida económica de los territorios, a veces de manera decisiva, las estructura desde el punto de vista económico, social y cultural. Representa una inversión a largo plazo, tanto en sus aspectos puramente administrativos como en los campos de la educación o la salud.

El gasto público no es necesariamente un factor de déficit porque genera valor añadido, por lo que es posible gastar mucho en las necesidades sociales sin comprometer los equilibrios presupuestarios. Para este propósito, es necesario considerar expresamente el impuesto de distribución equitativa como un medio para construir una sociedad civilizada, educada y justa.

Los servicios públicos en Francia se gestionan de forma centralizada o desconcentrada. Las autoridades estatales o locales deciden  las políticas públicas y los recursos financieros y humanos que se les asignan. Esta centralización de decisiones finalmente ofrece muy pocas oportunidades para la intervención de ciudadanos o sindicatos.

Luego se plantea la cuestión de la cogestión de la administración pública, como la de las empresas del sector privado. Esta cogestión, querida por los socios demócratas y presentada a menudo como una alternativa a los viejos modos de gobierno de los empleadores, ¿es una verdadera oportunidad para los trabajadores o una trampa en su contra?

La cogestión, que a menudo surge de iniciativas individuales, es totalmente compatible con las estructuras de una economía capitalista en la que se puede implantar. Abogar por la cogestión sería acordar participar en un sistema que rechazamos. En cualquier caso, sería prestarse a la colaboración con empleadores que solo podría perjudicar la acción reivindicativa.

A esta cogestión, nosotros reivindicamos la autogestión, que es fundamentalmente diferente y que implica una transformación más radical de la empresa o aparato estatal y de las estructuras económicas en su conjunto. El objetivo, entonces, de confiar toda la administración de empresas a los trabajadores, resulta ser incompatible con la apropiación privada de los medios de producción y presupone, en consecuencia, la desaparición del capitalismo.

Hay muchos ejemplos de empresas autogestionadas y en funcionamiento. El mejor ejemplo de autogestión podría ser el del sistema de seguridad social establecido en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, que confió la gestión completa de sus fondos (contribuciones y reembolsos) a las organizaciones sindicales de trabajadores. Este sistema todavía funciona hoy a pesar de los muchos ataques del campo liberal. Su presupuesto fue de 484 mil millones de euros en 2017[3]. En comparación, el presupuesto del Estado francés era de 381 mil millones de euros para ese mismo año. Esto es una prueba de que los trabajadores son capaces de tomar su destino en sus propias manos cuando se les da la oportunidad.

[1] Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

[2] Fuente: Evaluación del desempeño económico, el bienestar y la sostenibilidad, Informe de la Junta de Análisis Económico y el Consejo Alemán de Expertos Económicos para el Consejo de Ministros de Friburgo-en-Brisgau de 10 de diciembre de 2010. Evaluación Realizado de acuerdo con el llamado método de análisis de “input-output”.

[3] Casi el 25% del PIB francés

Madrid, 1 de Julio de 2019