En defensa de los servicios públicos hoy: renacionalización y gestión plenamente pública

 

Xabier Arrizabalo Montoro, Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de CCOO

Gabriela Roffinelli, Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires

 

Históricamente la clase trabajadora se constituyó como movimiento obrero, con los primeros partidos y sindicatos, en torno a sus programas que integraban reivindicaciones elementales para protegerse de los embates de la vida (sanidad, educación, jubilación, etc.) y del mercado (desempleo, negociación colectiva, salario mínimo…). Bajo el capitalismo, la única forma de lograr estas reivindicaciones, al menos relativamente, pasa por sacarlas de la lógica del mercado, estableciéndolas como derechos garantizados gracias a su cobertura estatal. Son los servicios públicos que, por tanto, suponen salario indirecto.

Pero el desarrollo histórico del capitalismo es el desarrollo de sus contradicciones crecientes. De modo que se llega a un punto en el que la tendencia de la rentabilidad a caer apenas puede ser contrarrestada, agudizándose así la exigencia de aumentar el grado de explotación de los trabajadores. Para ello se imponen políticas de ajuste cuya esencia es la desvalorización de la fuerza de trabajo, tanto directa como indirectamente (en el caso de Europa, a través de la UE[1]). Indirectamente es, en particular, mediante el desmantelamiento de los servicios públicos, especialmente a través de su privatización, que los liquida como tales.

Ante esta situación, ¿qué deben hacer las organizaciones de la clase trabajadora? Sin duda, defender sus conquistas de la única manera posible: incondicionalmente. Esto es, sin someterlas a ninguna condición, ni objetivo de déficit, ni pago de deuda, ni nada, ya que si en un lado de la balanza ponemos los derechos, nada que se ponga en el otro lado puede pesar más. Pero, ¿en qué se concreta esta defensa? ¿Cómo se pueden defender realmente los servicios públicos, única forma de proteger, aunque sea limitadamente, a los trabajadores en una sociedad capitalista?

El Estado burgués, como cualquier otro, no es ajeno a la realidad social en la que existe. Por tanto, no tiene una capacidad ilimitada de intervención, sino que está constreñido por su función constitutiva, que es la de favorecer la acumulación del capital. La institucionalización de una serie de conquistas obreras y democráticas en él es, por consiguiente, contradictoria, conflictiva. Para los trabajadores es positiva porque esas conquistas protegen sus condiciones de vida, aunque sólo limitadamente. Pero para los capitalistas es negativa, ya que la identifican como cuerpos extraños incrustados en su Estado; que detraen recursos y, además, constriñen o incluso impiden que esas actividades sean campo de valorización del capital.

En efecto, por definición en una sociedad capitalista y, por tanto, con un Estado burgués, los trabajadores sólo pueden quedar protegidos limitadamente (en consecuencia, no cabe idealizar dicha protección, pero tampoco menospreciarla). Porque las leyes de la acumulación capitalista imponen restricciones, incluso las propias libertades democráticas sólo pueden mantenerse mientras no obstaculicen la rentabilidad. Esto lo tenían clarísimo teóricos como Marx o Lenin, para quienes la única solución posible pasaba por la organización autónoma de los trabajadores, su trabajo libre y asociado, bajo la premisa de la expropiación de los medios de producción. Marx ironiza sobre el mayor defecto que el periódico inglés The Spectator descubrió en el Rochdale Cooperative Experiment realizado por seguidores del socialista utópico Owen:

demostraron que las asociaciones de obreros podían administrar con éxito tiendas, fábricas y casi todas las formas de industria, y mejoraron inmensamente la condición de los operarios, pero, ¡pero!, no dejaron un lugar libre para los patrones[2].

Ahora bien, la defensa de este trabajo libre y asociado sólo puede hacerse bajo la premisa de que lo sea realmente, lo que resulta imposible en el capitalismo, pero no así en un proceso de verdadera transición socialista, esto es, un proceso que realmente abra una perspectiva de salida a la grave situación actual. Esto no supone menospreciar las experiencias cooperativas y no sólo por lo que puedan servir para preservar el empleo, sino también por el carácter demostrativo de ellas acerca de que la sociedad puede funcionar perfectamente sin capitalistas (como las huelgas de verdad, cuyo gran valor simbólico radica en que revelan que nosotros -los trabajadores- podemos vivir sin ellos -los capitalistas-, pero ellos no pueden vivir sin nosotros, sin explotarnos). Pero no pueden ser la solución de fondo a los problemas, salvo que, como decíamos, se inserten en un proceso socializante, un proceso de ruptura con el (des)orden burgués, que ya sólo puede ofrecer destrucción económica, regresión social y cuestionamiento de las conquistas democráticas[3].

Ninguna cuestión social puede abordarse ahistóricamente. Por eso la defensa de la organización autogestionada, cooperativa de los servicios públicos debe encuadrarse en el tipo de sociedad de que se trate. En el contexto actual en el que la orientación del capital es el desmantelamiento de los servicios públicos, especialmente mediante su privatización, toda propuesta que defienda la sustitución de la plena propiedad y gestión estatal de los servicios públicos colabora de hecho en su desmantelamiento. Por más que lo haga de una forma u otra e incluso con la retórica más supuestamente bienintencionada que se pueda imaginar. Así, junto al ataque a los servicios públicos surge este tipo de propuestas que fomentan el asociacionismo como paliativo, a menudo provenientes del propio Estado o el gran capital, lo que desvela su trasfondo regresivo.

En definitiva, en el actual contexto de ataques frontales al salario y, por tanto, al componente indirecto de él que son los servicios públicos, es imprescindible defenderlos de forma inequívoca, sin ninguna ambigüedad. Esto pasa en primer lugar por rechazar todo canto de sirena acerca de otras formas de gestión, vengan de donde vengan, que de facto servirían para acabar dinamitando su condición de derechos. Pero no sólo un rechazo en el terreno argumentativo, sino plasmado en la más amplia lucha unitaria de los trabajadores y sus organizaciones por la propiedad y gestión plenamente públicas de dichos servicios, lo que incluye, desde luego, la renacionalización de los ya privatizados. Es la única forma de avanzar en la preservación de los derechos conquistados mediante la acción independiente de la clase durante decenios.

 

[1] Por eso es disparatado pretender un “nuevo modelo productivo” en el marco de la UE, cuando desde Maastricht, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 107, prohíbe la ayuda pública a la producción.

[2] Marx (1867); El capital, Siglo XXI, México DF, pág. 403.

[3] Pedro Scaron, traductor de El capital, recoge en sus notas cómo lo planteaba la I Internacional: “en el congreso de 1866 de la Internacional se reconoció al ‘movimiento cooperativo como una de las fuerzas transformadoras de la sociedad presente’, pero se señaló, además, que ‘es impotente por sí mismo para transformar la sociedad capitalista’, tarea que requiere el empleo de ‘las fuerzas organizadas de la sociedad’” (ibidem: 1065).

Madrid, 1 de Julio de 2019