Lo público como motor. Importancia de la gestión

 

Paloma López

Ex-eurodiputada por IU

 

 

El sector público es la principal “industria” de la UE. Da trabajo aproximadamente a 75 millones de personas, es decir alrededor del 25 % de la población activa. El gasto publico asciende a casi el 50 % del PIB”[i]

Estos datos por si solos determinan la importancia de “lo público” como motor de la economía y también como el elemento central de la cohesión social.

Esta afirmación, que parece difícil de rebatir, atraviesa momentos de cuestionamiento sobre lo que entendemos genéricamente como el valor social de “lo público”. Esto obedece a varios elementos como son, entre otros: la primacía creciente del interés individual sobre lo colectivo; la percepción sobre que el Estado se ha convertido en una arena propicia para la gestión de negocios y reparto de prebendas, esto implica sobre costes, ineficiencias de gestión y corrupción; un desplazamiento de la capacidad regulatoria para anteponer los intereses de mercado a los principios de igualdad y el universalismo; las dificultades para (re)establecer políticas de redistribución de la riqueza, etc.

Pero todo lo anterior obedece a un nuevo asalto de capitalismo a la democracia, el neoliberalismo ha supuesto una deconstrucción sistemática del Estado. Esto no implica que no crea en el Estado, si no que cree en un Estado fuerte en defensa de los derechos de propiedad privada y de mercado, aun en detrimento de las libertades democráticas, de la eficiencia económica y de la igualdad y bienestar de la ciudadanía.

En el momento que las decisiones políticas diluyen el papel de lo público como mecanismo para la igualdad crecen las desigualdades sociales pero también políticas, como destaca  Stiglitz, J. “La mayor desigualdad económica produce más desigualdad política; en vista de que se han debilitado las normas y existe una mayor desregulación, se genera todavía más desigualdad económica” por tanto, cabría añadir, que el incremento de la desigualdad es la expresión de una relación de poder, la desigualdad hace más poderosos políticamente a quienes más tienen.

Terminar con este sistema depredador -el capitalismo- comienza a ser una cuestión de supervivencia para la humanidad, pero mientras alcanzamos el objetivo -la utopía nos hace avanzar- se pueden adoptar medidas como por ejemplo una apuesta decidida por las políticas públicas que juegan un papel central a la hora de (re)equilibrar el sistema. Esto no es una cuestión de economía, es una cuestión ideológica. Establecer medidas para alcanzar la igualdad es una exigencia ética y política.

La dimensión del sector público es un tema de decisión política y de elección social

Atendiendo solo a la evolución del gasto público social, desde los años 80 hasta 2005 se produce un crecimiento constante cuya tendencia se va invirtiendo con descensos en la mayoría de los países.


El gasto público social se ha visto afectado, entre otros, por las políticas mal llamadas de austeridad, que bajo la idea de vivir en una situación excepcional -una profunda crisis económica- ha significado la aprobación de legislaciones de urgencia y que algunas de ellas hayan acabado convirtiéndose en normas constitucionales, como es la modificación del artículo 135 de la Constitución Española para priorizar el pago de la deuda en detrimento de los servicios públicos.

Otro elemento a tener en cuenta, es el uso de la política fiscal como un instrumento de competencia entre países -a través de la elusión fiscal- desplazando los ingresos del Estado a enormes beneficios para las multinacionales.

Y aunque podría seguir añadiendo más elementos a esta lista, por último, quiero destacar el interés que tienen las empresas privadas para actuar como prestadoras de servicios esenciales. Los criterios del mercado único a través de la política de competencia han facilitado la intervención de estas empresas en el sector público.

Las consecuencias de la reducción del gasto público se ven reflejadas también en el empleo, que, aunque parece que va recuperando los niveles previos a la crisis, ha empeorado su calidad en cuanto a derechos, disminuido las retribuciones y la inversión en formación y salud laboral. Es preciso destacar que esta reducción del gasto público tiene un fuerte componente de género. Con carácter general una buena parte de los servicios públicos esenciales están feminizados (enseñanza, salud, servicios sociales, administración) esto ha significado una doble penalización para las mujeres, tanto por los efectos de la destrucción de empleo público como por la reducción de los servicios públicos y el acceso a los mismos, lo que ha forzado a la mayoría de las mujeres a hacerse cargo de los cuidados y del incremento de las tareas reproductivas. Además, una gran parte de las inversiones públicas han ido dirigidas a sectores masculinizados, con lo cual la desigualdad entre mujeres y hombres se ha visto incrementada.

En la siguiente tabla[ii] observamos que países como España tienen margen para  incrementar su porcentaje de empleo público -de calidad- lo que revertiría, así mismo, en una mejora de los servicios prestados y una cierta corrección de la desigualdad.

Nos enfrentamos a grandes retos y cambios sociales y de cómo se aborden dependerá que “lo público” siga siendo el elemento central económico y de lucha contra la desigualdad. En este sentido es fundamental anticipar los cambios y abordarlos para que el impacto sobre la ciudadanía tenga un saldo positivo.

Algunos de estos cambios se van a producir en paralelo al envejecimiento de los trabajadores y trabajadoras. En España en los próximos 15 años se jubilará el 45 % de los empleados públicos[iii], es un buen momento para una planificación estratégica de los cambios, tecnológicos, formativos, etc. que den respuesta, entre otros, a las necesidades de servicios en zonas con baja población, que apueste por la innovación y el desarrollo, la cultura, etc. Sobre esto hay mucha literatura y no me detendré más, pero hay dos elementos que me parecen básicos a los que hay que dar respuestas inmediatas, uno es la eliminación de la percepción social sobre del mal uso de los recursos y la corrupción y el segundo abordar la democratización en la toma de decisiones.

Sobre el uso de los recursos basta con remitirse al reciente informe realizado por un grupo de expertos de diversas universidades españolas: “Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las dos últimas décadas” donde se aportan soluciones como “erradicar todo tipo de prácticas clientelares y trato de favor a determinados grupos de presión (…) que privilegian a determinados sectores económicos, erosionan el sistema democrático, deterioran el buen funcionamiento de las instituciones y comprometen de forma indebida gran cantidad de recursos públicos”.

Poco más hay que añadir, salvo la exigencia social que se ha de ejercer para que se produzca una rendición de cuentas clara y transparente, con evaluaciones de impacto sobre las decisiones e inversiones adoptadas.

En cuanto a la democratización en la toma de decisiones resulta algo más complejo y que parte de hacer la necesaria pedagogía para entender el gasto público como inversión y elemento de cohesión social y territorial sobre el que han de actuar diferentes espacios y actores de legitimación.

Existen múltiples factores sobre los que hay que actuar, mas allá de la elección social que hace la ciudadanía, a través de las urnas, sobre cómo se han de conformar las decisiones políticas en las instituciones. Hay que poner en valor y en coordinación diferentes espacios de intervención y cambio, abriendo canales democráticos de participación social que contraponga los intereses de la mayoría al dominio del mercado.

En este contexto complejo, de fragmentación de lo público y deterioro de la política y de lo político, es necesario actuar, también, sobre la percepción que se tiene de las instituciones y el papel que desempeñan, es poner las instituciones al servicio del desarrollo de lo comunitario. Requiere un trabajo normativo, pero, sobre todo que las instituciones faciliten y promuevan dinámicas de cooperación y colaboración económica; de prácticas colaborativas reales -no desregulatorias-; de estrategias de responsabilidad social -también corporativa-; de promoción de economía social y soluciones al margen del mercado. La transformación social requiere de innovación en todos los aspectos de la vida, también y sobre todo en los democráticos.

[i] Fichas temáticas del semestre europeo sobre calidad de la administración pública (noviembre 2017):

[ii] El estatus del empleado público y los servicios que forman parte de “lo público” varían de país a país. Una aproximación puede hacerse a partir de los datos de actividades económicas de Educación, Salud (incl. Servicios Sociales) y actividades “puras” de Administración Pública. Este es el porcentaje del empleo total por países (EUROSTAT)

[iii] Fichas temáticas del semestre europeo sobre calidad de la administración publica (noviembre 2017)

Madrid, 1 de Julio de 2019