La autogestión en lo público

 

Mónica Melle Hernández

Profesora de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid

 

 

Se suele admitir, de forma acrítica, que el papel del sector público en la economía es subsidiario del mercado, cuando éste es incapaz o ineficaz para lograr la prestación eficiente de los bienes y servicios que las personas necesitan para satisfacer sus necesidades, contribuir a una distribución equitativa de la renta y de la riqueza, y colaborar al logro de una senda de crecimiento estable de la economía.

Y ese papel se acepta que se desempeñe a través de la regulación o el establecimiento de un marco legal que afecte al comportamiento de los agentes económicos, a través del sistema tributario, con subsidios e impuestos progresivos, empleando los estabilizadores automáticos y mediante actuaciones discrecionales de ingresos y gastos públicos; pero se discute cuando se base en la provisión directa de servicios públicos o en la creación de empresas públicas.

Pero la realidad de la reciente crisis económica, nos resalta que en España el sector público debería haber contribuido al crecimiento estable de una economía fuertemente deprimida (25 por ciento de tasa de paro) y con un nivel de endeudamiento total del orden de tres veces el valor del PIB, del que la mitad era endeudamiento exterior. De hecho, la teoría keynesiana nos aconsejaría mantener una política activa de inversión pública, una reducción del desahorro público (que no es lo mismo que el déficit) y obtener de la UEM mayores plazos para reducir déficit y deuda a la vez que mayores facilidades de financiación.

Sin embargo, durante la reciente crisis económica la corriente neoliberal en boga ha mitificado las políticas de austeridad, reduciendo la importancia cuantitativa de la economía del sector público y rebanando nuestro Estado del Bienestar. Lo cual no ha sido óbice para que ya en 2003 un país como Alemania se saltase el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo para salir de su recesión económica, superando el umbral de déficit que el propio país había instalado para el conjunto de países europeos.

La dimensión del sector público, representa en torno al 35-50 por ciento del PIB según los países. Es un tema de elección social que, en democracia, depende de la voluntad de los electores que revalidan con su voto los diferentes programas políticos y del límite tolerable de los ingresos públicos necesarios para su financiación (especialmente la presión fiscal).

Ese sector público debe constituir un elemento esencial que fomente la innovación tecnológica y dinamice la economía. Ante iniciativas privadas recelosas de la inversión en intangibles como la formación y la innovación, el sector público no sólo debe ser subsidiario, sino que ha de asumir riesgos y dirigir el desarrollo de las principales tecnologías actuales. Cuestión que, paradójicamente, siempre se ha entendido en los EEUU, paladín del liberalismo, con un sector público que ha sido el verdadero emprendedor, innovador y desarrollador de alguna de las principales tecnologías actuales, en concreto las de la información. Así como en la industria farmacéutica y las energías renovables, fundamentalmente en Alemania y China.

Pero el pensamiento neoliberal insiste en que el sector público no es buen empresario, y que la gestión privada es más estricta en la vigilancia del coste y más eficiente en la exigencia de responsabilidades. Si bien ocultando que la subsiguiente tendencia privatizadora de lo público (limpieza, transporte, sanidad, educación, …) tiene el elevado coste de la degradación continua de las condiciones de vida de los trabajadores, y en la mercantilización del bienestar social.

Se olvida, además, que entre la gestión pública y la privada de los servicios públicos existe la alternativa de la gestión cooperativa y autogestionada de lo público por parte de los trabajadores organizados o de los ciudadanos.

En el llamado sector de la economía social, las cooperativas son una parte importante de las empresas europeas y están presentes en casi todos los sectores: banca, seguros, agricultura, artesanía, servicios comerciales varios, salud, servicios sociales, y tantos otros. Existen alrededor de 250.000 empresas cooperativas en la UE, propiedad de 163 millones de ciudadanos (uno de cada 3 ciudadanos de la UE) y emplean a 5,4 millones de personas.

Deben darse pasos para extrapolar este modelo de gestión empresarial al sector público, ya que fortalece la solidaridad y la cohesión social, al no tener como principal objetivo la rentabilidad económica del capital. Se crea por y para satisfacer necesidades colectivas, comparte riesgos entre los partícipes, rinde cuentas públicas a los interesados en la gestión, y funciona bajo el principio de la solidaridad.

La cuestión es que existen iniciativas autogestionadas recientes en nuestro entorno, como las que desarrolló Syriza en Grecia para diseñar determinados servicios públicos, sanitarios y de los medios de comunicación que, a raíz de aplicar las recomendaciones de la troika (FMI, BCE y Comisión Europea) quedaron sin cobertura. Sanitarios y otros profesionales de manera voluntaria se organizaron para ofrecer a cualquier persona sin medios la cobertura médica. Y cuando el gobierno cerró la televisión pública ERT y despidió a todo su personal, los periodistas decidieron continuar en forma de Web TV.

Ante los riesgos del despilfarro y la presencia de comportamientos expansivos en la realización de las funciones públicas, la autogestión por parte de los trabajadores organizados o por los ciudadanos es garantía de buen gobierno. Son los grupos de interés que mejor defenderán los servicios públicos, buscando la mejor adecuación de los mismos a los deseos de los ciudadanos, mejorando la eficiencia y el control, y al propio tiempo las condiciones laborales de los propios trabajadores mediante un reparto equitativo de rentas.

Madrid, 1 de Julio de 2019