Sociedad y Mercado

 

Rosa Rodríguez

Secretaria de Organización de CCOO Málaga

 

 

Europa adoptó el modelo del bienestar frente a los sistemas más liberales en los que las necesidades sociales se afrontan con beneficencia pública o privada sin reconocimiento de derechos subjetivos y jugando con las reglas del mercado. Son dos modelos económicos y políticos enfrentados que ofrecen organizaciones sociales diferentes. Europa, en la década de los 40 del siglo XX, buscó en este modelo una respuesta a la cuestión de cómo lograr, cómo conseguir y mantener un orden económico, social, político y cultural cohesionado. Sin él, una economía pujante, una sociedad habitable, estable y confiada y un estado con capacidad se antoja inconcebible.

La idea básica del Estado del Bienestar se sitúa en la corrección de las deficiencias de la economía de mercado a través de la redistribución de la riqueza que se lleva a cabo a través de dos instrumentos, el gasto social y el sistema fiscal. Una carga fiscal progresiva y justa y una distribución del gasto eficaz, estos principios tienen su referencia constitucional en el artículo 31.

Así, el papel que los servicios públicos deben desempeñar es redistribuidor y de progreso, orientados a promover una efectiva igualdad de oportunidades y la satisfacción de necesidades, asegurando los derechos sociales y sus prestaciones. En este empeño está la firme convicción de que los Servicios Públicos que constituyen el Estado del Bienestar contribuyen al desarrollo económico a través de la seguridad que aportan a la ciudadanía y a las personas individualmente consideradas, también como dinamizadores de la economía al aumentar el tamaño del mercado que propician.

La sociedad va experimentando cambios, avanza y esto supone un reto continuo para incorporar nuevas prestaciones a nuevas demandas, mejorar la calidad y sobre todo garantizar su futuro y esto exige el compromiso de todas las partes implicadas en consensuar el marco de un modelo de planificación y gestión de las distintas políticas de cohesión y bienestar social que respondan de manera eficaz a todas estas cuestiones. Es necesaria una modernización y adaptación continua de los servicios públicos, agilizar su gestión, pero la solución no es necesariamente la externalización de los servicios, ya que al margen de no demostrar mayor eficacia, no es el camino para garantizar la igualdad ni la cohesión en nuestra sociedad.

En la última década nos vimos inmersos en una crisis que nos trajo el cambio de modelo y donde cualquier recorte era justificado con el empeoramiento de la economía. En ese golpe brutal los servicios públicos, y por supuesto su gestión no quedaron ajenos. Una nueva fase del capitalismo se estaba fraguando y los cambios que introdujo generaron una reestructuración interna del propio sistema capitalista.

Con esta ola de capitalismo financiero, especulativo y no productivo llegó la desregulación y la subordinación de los poderes públicos frente a los poderes financieros y los mercados, así como a la mercantilización de los servicios públicos, con la colaboración necesaria de los agentes políticos. El ‘mercado’ reforzó su papel como elemento vertebrador de toda la sociedad y así, los derechos sociales básicos se transforman en simples bienes de consumo. Derechos de las personas, sanidad, educación, agua…. que pasan a ser tratados como bienes económicos con los parámetros del mercado y no como elementos de crecimiento, cohesión y democracia.

En aras de la eficiencia y la economía, la necesidad que se trasladaba era de liberar de cargas de gestión al Estado endeudado. En nuestra España de la crisis, devastada por la falta de inversión pública y por la austeridad económica impuesta por los deberes de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria, las privatizaciones y las fórmulas jurídicas bajo el sistema de contratos colaboración público-privada se vieron como fórmulas de escape necesaria, esta última además ofrecía una opción a la Ley de Contratos. Con un estado adelgazado, endeudado y con escasa credibilidad, la opción de la colaboración trata de resituar el papel del sector público de (co)prestador de servicios a consumidor o usuario de los mismos, un nuevo concepto de Administración moderna y eficiente que venía para salvar las deficiencias económicas y técnicas. Una trampa mortal.

La entrega al capital de los bienes públicos se nos presenta como la salvación del sistema, y lo que realmente conlleva es adjudicar al mercado el negocio de satisfacer y comerciar con necesidades básicas de la ciudadanía. Así, el beneficio social se traslada, revestido de tabla de salvación social, a las cifras de rentabilidad empresarial. Dado que la intervención pública debe regular y remediar las deficiencias del mercado y no lo consiguió, entonces será el mercado el que tenga que actuar.

Aumenta la tensión como consecuencia de los elevados déficits presupuestarios y de las fuertes presiones de los mercados financieros y Europa se moviliza para eliminar obstáculos a la inversión privada. Se eliminan “barreras” reglamentarias, también de normativa laboral, se facilita la asistencia técnica y se ponen manos a la obra las instituciones nacionales y las de la Unión ofreciendo políticas que garanticen el nuevo modelo.

Y vamos viendo cómo las privatizaciones traen sus consecuencias: multiplica los gastos finales del servicio, mientras para aumentar su propio beneficio recortan en gastos de actividad, principalmente laborales, rebajando en consecuencia la calidad del empleo y abriendo la desigualdad social, afectando al ejercicio individual de los derechos y necesidades básicas y mermando la calidad de su prestación. Sólo la concesionaria gana.

Por otra parte la colaboración público-privada consiste en que un particular asume el coste, por ejemplo, de construir la infraestructura y también el riesgo de su explotación económica, se paga en función del uso y volverá a manos públicas al final del plazo estipulado en el contrato. ¿Qué puede salir mal? La respuesta la podemos tener en las radiales de la comunidad de Madrid, y en la anulación por parte de Adif de los contratos que incluían el mantenimiento durante 25 años de las vías, las telecomunicaciones, las instalaciones de seguridad y las de electrificación. Es el mercado. “Deficiencias generalizadas, beneficios limitados”según el TCE.

Nuevas cifras aparecen entonces en el escenario nacional abriendo la brecha social y sus efectos en los niveles salariales, de protección social, la calidad del empleo, las pensiones, las prestaciones sanitarias, la educación y la vivienda. El resultado es realmente descorazonador. Los factores determinantes de esta nueva realidad hay que buscarlos en la reducción constante del gasto social, las rebajas fiscales sobre la renta y la riqueza, el retroceso de salarios (como base principal para el crecimiento empresarial) y la precarización del mercado de trabajo. Todo afecta a las rentas más bajas, pero no a los generadores de la crisis. El reparto, como se preveía, no ha sido equitativo. El crecimiento económico sólo ha tocado a unos cuantos, todos del lado del capital.

El gasto público es un agente multiplicador y unido a los servicios públicos promueven la productividad laboral, son un factor de igualdad y favorece la estabilidad. Lo demás, es el mercado.

Madrid, 1 de Julio de 2019