LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LA UNIÓN EUROPEA Y LOS TRATADOS (TTIP Y TISA)

protestes madrid

 

Enric Cama

Historiador 

 

 

 

Uno de los pilares del proceso de unidad europea ha sido, desde el principio, la idea de la cohesión social. Y esto va ligado a una Europa del Estado del bienestar, donde los ciudadanos tienen garantizados unos derechos que los protegen de situaciones de extrema vulnerabilidad y unos servicios públicos de calidad que contribuyen a unas condiciones de vida en general mínimamente aceptables. Los servicios públicos contribuyen a la cohesión social y territorial de la Unión Europea rebajando diferencias entre sectores de la sociedad tanto en la vertiente individual como en la territorial. En este sentido los servicios públicos, siempre que se presten con eficacia y calidad, juegan un papel esencial en nuestro modelo de sociedad.

En la Unión Europea existen varias categorías de servicios públicos: los servicios de interés general (SIG), los servicios de interés económico general (SIEG) y finalmente los servicios sociales de interés general (SSIG).

Los servicios públicos de interés general (SIG) garantizan funciones de prioridad social: salud, educación, atención a la infancia y a la tercera edad, asistencia a personas con discapacidades, vivienda social, etc. o funciones vinculadas al ejercicio de la autoridad pública: ejército, policía, justicia … No tienen objetivo de rendimiento económico ni están sometidos a las leyes del mercado ni a las de la competencia, pero algunos de sus aspectos pueden ser regulados por normativas de los Estados.

Los servicios de interés económico general (SIEG) son actividades de servicio comercial y están ligados a obligaciones específicas de servicios públicos como redes de transporte, energía, comunicaciones, servicios postales, etc. Pueden ser suministrados directamente por el Estado o por empresas regidas por las normas del mercado y de la competencia, siempre que éstas no obstaculicen la realización específica del servicio que se les asigna. Su carácter de interés general justifica que su ejercicio sea sometido a una serie de obligaciones orientadas al cumplimiento del servicio público.

Finalmente hay que mencionar los servicios sociales de interés general (SSIG), que realizan una importante función en la sociedad y en la economía en general. Son actividades consideradas no económicas que incluyen servicios directamente dirigidos a las personas, como la lucha contra el paro, programas para tratar la toxicomanía, reinserción social, etc. Estos servicios presentan una o varias de las siguientes características: la ausencia de ánimo de lucro, un funcionamiento basado en la solidaridad, la participación de voluntarios, la externalización de tareas en el sector privado, etc. aunque bajo condiciones de competencia reguladas por el sector público.

Los servicios públicos esenciales prestados únicamente por el Estado parten de la base de que son un derecho de los ciudadanos y que si quedaran en manos solamente de la iniciativa privada no se realizarían con los mismos niveles de calidad, seguridad, igualdad y accesibilidad con los que se realizan por parte de la administración pública. Existe, sin embargo, en algunos servicios públicos la colaboración con la iniciativa privada, que ayuda a cubrir sectores en los que al Estado le cuesta llegar, y que está condicionada, en principio, a la calidad del servicio proporcionado, con los controles y normas correspondientes.

La Unión Europea se ha declarado siempre dispuesta a defender los servicios públicos, y así lo ha manifestado en varias disposiciones comunitarias destinadas a garantizar la calidad de los servicios de interés general, afirmando que proporcionan una red de seguridad esencial para los ciudadanos. Incluso el anterior presidente de la Comisión, J. M. Barroso, llegó a declarar que, ante la difícil situación económica, la Comisión Europea estaba determinada a apoyar a los servicios públicos de calidad, que eran aún más esenciales en aquellos momentos de crisis.

A la vista, sin embargo, de la situación actual en que se están negociando unos tratados que amenazan la continuidad de los servicios públicos, hay que poner en duda estas afirmaciones, ya que estamos ante uno de los peligros más importantes hasta ahora para los servicios públicos: el intento de las grandes corporaciones multinacionales de convertirlos en mercancía, transformando así un derecho de los ciudadanos en un negocio rentable.

EL TTIP y el TISA, una amenaza para los servicios públicos

El principal instrumento de esta amenaza es el acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (o TTIP en sus siglas en inglés). Es un extenso tratado sobre libre comercio que están negociando en secreto la Unión Europea y los EE.UU. La firma de este tratado es un objetivo perseguido hace tiempo por varios grupos empresariales de los dos lados del Atlántico. Ya en 1995 se constituyó un grupo llamado Diálogo Empresarial Transatlántico, integrado por las más poderosas compañías multinacionales, con el propósito de presionar a los gobiernos para lograr la eliminación de leyes y normas que afectan a las empresas, creando así una gran zona comercial de libre comercio basada en la desregulación de los mercados. Pero esta desregulación no pretende sólo eliminar los aranceles, que ya son muy bajos en estos momentos, sino que su objetivo importante es la liquidación del conjunto de leyes y normativas que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales. El problema para la ciudadanía es que estas leyes y normativas son en realidad leyes importantes en materias de derechos sociales, medioambientales, seguridad alimentaria, protección de la privacidad, etc. Especialmente grave es cómo puede afectar el tratado en el ámbito laboral, rebajando aún más los derechos de los trabajadores, teniendo en cuenta que los EE.UU no tienen ratificadas seis de las ocho normas fundamentales de la OIT.

Pero no sólo es el TTIP. Otro tratado amenaza los servicios públicos: el TISA (Acuerdo Multilateral para la Comercialización de Servicios). La UE está negociando este acuerdo en secreto paralelamente con dos docenas de países (EE.UU, Canadá, Australia, Japón, México, etc.) con el objetivo específico de establecer un marco de liberalización de todos los servicios públicos en el futuro. La idea central del tratado es que los servicios públicos son una mercancía susceptible de producir grandes beneficios; un gran negocio que hasta ahora los Estados europeos impiden realizar al considerar, cono hemos dicho antes, estos servicios son un derecho de los ciudadanos, consideración que a partir de ahora hay que poner en duda ante el peligro que representan los tratados. La propaganda de los partidarios de los tratados argumentan que no se elimina el carácter público del servicio, pero no dicen que, si bien el servicio continuaría siendo de titularidad pública, la gestión sería privada, siempre que existan beneficios, claro.

La negociación de estos tratados hay que enmarcarla en una ofensiva de las corporaciones transnacionales contra los Estados que aún controlan partes importantes del entramado económico como son los servicios públicos, intentando que las cuestiones públicas de millones de ciudadanos pasen a su control.

Afortunadamente, las movilizaciones contra estos tratados están proliferando a ambos lados del Atlántico. Masivas manifestaciones recorren las principales ciudades de la Unión Europea (entre ellas, Barcelona); se han recogido más de tres millones de firmas que se han entregado a la Comisión Europea pidiendo la suspensión de las negociaciones; en Berlín medio millón de personas se concentraban el pasado octubre contra los tratados, y en Cataluña muchos ayuntamientos se han declarado contrarios a su aprobación. Hay que aumentar estas presiones para detener las negociaciones, conscientes de que están en juego los servicios públicos considerados como derecho y no como mercancía, y también está en peligro el modelo social europeo, el bienestar de los ciudadanos e incluso la misma democracia.