¿Es posible una democracia europea?

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Paloma López

Eurodiputada de IU

 

 

 

Aunque no debería ser así, resulta incluso banal reconocer que las principales instituciones europeas no son elegidas (como el BCE) o lo son tan sólo  indirectamente, en representación de los Gobiernos de los Estados Miembros.

La propia Comisión reproduce fractalmente este equilibrio, a medio camino entre la “tecnocracia” y la “intergubernamentalidad”. El conjunto, por su parte, resulta nebuloso, casi fantasmagórico. Instituciones sin realidad formal (como el Eurogrupo) dictan sus condiciones a Gobiernos soberanos. Sistemas informales de (des)regulación como las famosas “recomendaciones” de la Comisión configuran el asfixiante corsé de la gobernanza.

Frente a este entramado, el Parlamento Europeo dispone de limitadas competencias de control y carece de la capacidad de impulsar (por sí mismo) nuevas leyes europeas. Con su voto y voz, diputadas y diputados pueden condicionar el desarrollo de la normativa europea. Pero no pueden superar la asimetría existente entre un pueblo europeo inarticulado y fragmentado y unas instituciones europeas cohesionadas por el dogma neoliberal.

Otros posibles contrapesos populares se encuentran igualmente limitados. La experiencia de las Iniciativas Ciudadanas Europeas es agridulce, sin que se hayan cumplido las expectativas de campañas como la del derecho al agua. Especialmente grave es el estancamiento en el diálogo social europeo, víctima de una Comisión hostil y de las dificultades para vertebrar un sindicalismo continental.

Por el contrario, el carácter aparentemente difuso de las instituciones europeas no representa un obstáculo para su actuación concertada: véase su actuación en Grecia.

Tampoco crea un vacío de liderazgo político, toda vez que el sesgo neoliberal de la UE está inscrito en sus Tratados. Así ocurre con la concepción del trabajo como mercancía, “empleable” y “móvil” según lo exija el empresario y subordinada al “mercado único”, como demostró el caso Laval; con la exigencia de considerar la competencia como el requisito fundamental en la gestión de los servicios públicos y la organización de la producción; con el ajuste fiscal permanente contenido en las normas de estabilidad presupuestaria etc.

La expresión “déficit democrático” resulta problemática en tanto que el “vacío democrático”, la creciente separación de la administración política y de los intereses de la mayoría trabajadora, es un efecto deliberado de la construcción europea. Prueba de ello es que la UE reproduzca similares déficits “hacia arriba”, en el proyecto del TTIP, o “hacia abajo”, en la imposición de autoridades fiscales o de competencia para asegurar la austeridad en los Estados Miembros.

Tristemente, es significativo que la principal amenaza para el proyecto europeo venga de aquellos que desean acelerar los tiempos de la liberalización, como los conservadores británicos y no de aquellos Gobiernos que se postularon como alternativa al neoliberalismo. Esta paradoja nos recuerda, sin embargo, que en la construcción europea existe un potencial democratizador al que no debemos renunciar bajo la bandera del repliegue nacional.

Luchas concretas como la oposición al TTIP, la solidaridad contra la austeridad o la oposición al “dumping social” pueden ser mecanismos de construcción de sujetos democratizadores (opinión pública, sindicalismo…) a nivel europeo. Las contradicciones entre los objetivos progresistas de los que se reclama la UE y los resultados de sus políticas son márgenes que debemos saber explotar.

Pero es en cada Estado donde se plantea el reto de construir una izquierda sólida, amplia y plural. Será necesario conjugar movilización social y propuestas concretas para responder a la emergencia social y reconstruir los instrumentos (Estado, negociación colectiva) necesarios para vehicular luchas que son, necesariamente, de largo plazo: pues tendrán en frente a una UE que no adoptará, sin resistencia, un modelo alternativo al neoliberal.