Europa 2016: un frágil entre-tiempo hasta 2017

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Lluís Camprubí

Investigador de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y responsable ámbito política europea e internacional de ICV

 

 

Sabemos que la especificidad y profundidad de la crisis en la eurozona se debe a un diseño/arquitectura institucional erróneo y a unas políticas de austeridad que han exacerbado la recesión en los países periféricos especialmente. Las fallas institucionales son a menudo señaladas: un banco central con capacidades incompletas y mandato sesgado; la ausencia de estabilizadores (y transferencias) automáticos que permitan absorber choques asimétricos y la ausencia de mecanismos (no de mercado) de reciclaje de excedentes que puedan corregir divergencias en las balanzas comerciales entre países; y, la falta de gobierno económico (con política fiscal) comunitario legitimado directamente que responda al interés de conjunto. El desajuste de “1 mercado y 1 moneda, pero 19 haciendas, 19 deudas públicas y 19 fiscalidades”. Esta falta de instrumentos comunitarios, además, vierte a los estados en competiciones a la baja en fiscalidad y estándares. En esta arquitectura facilitadora, el maridaje entre la hegemonía neoliberal dominante y los criterios de los estados acreedores ha resultado en la aplicación de políticas austeridad y de devaluación interna con el pretendido objetivo de reducir la deuda, hacer converger economías e impulsar crecimiento. Huelga decir que han sido objetivos clamorosamente fallidos.

El intergubernamentalismo ejecutivo sumado al dislocamiento de soberanías es la base de la presente impotencia democrática y del estrechamiento de la ventana de políticas socioeconómicas alternativas, especialmente en los países periféricos. Este intergubernamentalismo (que también podríamos calificar como confederalismo tecnocrático dentro del consenso “Gran Coalición”), implica una toma de las grandes decisiones a escala europea basada en acuerdos entre gobiernos estatales, donde a menudo se configuran frentes y alianzas con un poder muy desigual, como hemos visto en las dinámicas acreedores-deudores y la confrontación de legitimados democráticas nacionales. El dislocamiento de áreas de soberanía conlleva incapacidad de gobernar efectivamente los diversos ámbitos y poder coordinarlos: el movimiento de capitales es libre globalmente; el mercado interior es UE y se regula en instancias comunitarias; el espacio económico-productivo ya presenta interdependencias, vínculos, subordinaciones y especializaciones a nivel europeo; la política monetaria se define intergubernamentalmente entre los países de la eurozona (con cierta autonomía y discrecionalidad de los órganos del BCE, ciertamente); las orientaciones fiscales se deciden en espacios intergubernamentales, como el Eurogrupo; y la política fiscal y la hacienda-tesoro es a nivel estatal (así como las políticas de bienestar, la legitimación democrática directa y los actores políticos y los contra-poderes).

El reto (con perspectiva histórica) es pues ecualizar a la escala europea-comunitaria las áreas de soberanía, la capacidad política y la arquitectura institucional con una realidad económica y productiva que es europea (y en el caso del movimiento de capitales, mundial) y que ni es esperable ni deseable que se repliegue a los estados-nación. Es disponer de mecanismos de gobierno democrático y regulación de la misma área de lo que menos se pretende domesticar (en el caso de los mercados financieros, disponiendo de un tamaño crítico suficiente). Esta ecualización es la precondición para poder impulsar proyectos alternativos y que puedan dar satisfacción a lo que entendemos que son los anhelos y necesidades de la mayoría.

Hay, sin embargo, un cierto consenso implícito que tendremos que esperar a 2017 para que se empiece a hablar en serio y a diseñar una reforma de los Tratados europeos. Una reforma que pueda llevar a una nueva gobernanza económica legitimada democráticamente y que pueda evitar en futuras ocasiones el hecho diferencial de una crisis económico-financiera en la eurozona. El fundamento básico de lo que se necesita es conocido: con el fin de tener una unión económica y monetaria completa y funcional se necesita una unión fiscal (y de transferencias), con la correspondiente política fiscal compartida. Y esta política fiscal y económica debe responder a instituciones legitimadas democráticamente, lo que implica una unión política con un Parlamento elegido capaz de ejercer las funciones propias de un poder legislativo.

En otoño de 2017 ya habrán pasado las elecciones federales alemanas y las presidenciales francesas y quedará lejos el referéndum “Brexit”. Ha prevalecido el criterio de aislar y “despolitizar” los debates de política europea de los debates domésticos. Es cierto que abrir la discusión en paralelo podría ser distorsionador tanto para estos 3 procesos electorales claves, como por el propio debate sobre una reforma en profundidad de la gobernanza en la UE/EZ. Pasar las elecciones francesas y alemanas teóricamente (ya que los resultados pueden no acompañar) facilitaría poder empezar a hablar de los dos grandes bloqueantes recíprocos que dificultan el proceso: la resistencia alemana al “risk-sharing” (es decir a mancomunar recursos y riesgos económico-financieros) y la resistencia tradicional francesa a compartir y trasladar soberanía al ámbito comunitario. Pero los riesgos de ir esperando son elevados. Las tensiones centrífugas en Europa son diversas y no esperan: a) la divergencia económica entre centro y periferia; b) la presión para romper el espacio Schengen; c) la pulsión de los repliegues nacionales (especialmente en los países del norte); y d) la deriva autoritaria de algunos gobiernos europeos del este.

Si a pesar de ello se transita en 2016 sin que las fuerzas del repliegue nacional empujen significativamente hacia la deconstrucción europea, los retos de iniciar un proceso de reforma de la gobernanza europea que pueda permitir orientaciones en política económica diferentes son mayúsculos y no se pueden despreciar. La actual hegemonía y la dinámica de competición/conflicto entre estados puede empujar hacia una integración post-democrática en tres sentidos: 1) una profundización del intergubernamentalismo tecnocrático (y el perfeccionamiento de la desresponsabilización de los gobiernos de los estados hacia sus electores -sofisticación del “culpa de Bruselas” -); 2) el establecimiento de una dinámica de 3 velocidades (núcleo decisor EZ/usuarios pasivos Euro/países UE); y 3) refuerzo únicamente de las capacidades de ejecutor de los mandatos de consolidación fiscal. Y a esto se le suma una dificultad práctica: la necesidad y al mismo tiempo dificultad de hacer saltos cualitativos. El actual panorama hace difícil pensar en la posibilidad de grandes saltos adelante cualitativos y sabemos que tradicionalmente todo el proceso de integración europea se ha hecho a partir de gradualismo, pero los cambios requeridos difícilmente pueden seguir el método de implantación gradual tradicional.

Así pues, las fuerzas sociales y políticas que quieran ampliar el ámbito y horizonte de lo posible deberán ir preparando el 2017. Hay dos tareas urgentes e importantes: a) empezar a concretar la propuesta que se quiere de nueva gobernanza económica de la UE/EZ; y b) diseñar con qué política de alianzas (se deberá hacer con organizaciones políticas y sociales alejadas, tanto ideológicamente como geográfica). En paralelo, es necesario que con la mejora de la correlación de fuerzas intergubernamental, con los gobiernos de progreso del sur de Europa (club en el que deseablemente se debería sumar España), se vayan cambiando las orientaciones del Consejo Europeo y del resto de espacios intergubernamentales de la UE y la UEM.