Por una cultura de seguridad progresista

 

Pau González

Educador y criminólogo

 

 

Quien haya leído con ojos críticos la interesante novela de Joël Dicker, El libro de los Baltimore, habrá observado una constante en la rama acomodada de la familia. Viven rodeados de seguridad privada. Las visitas son custodiadas hasta la entrada de su mansión, incluidas las familiares, y al chaval protagonista le gustaría que le identificaran como miembro de esa élite próspera y protegida. Los vigilantes nunca entran en ese juego. Si nos preguntáramos porqué no se le reconoce ese parentesco al joven Goldman, la respuesta sería tan sencilla como evidente: él no les paga.

En las últimas décadas se ha vivido una transformación silenciosa pero imparable de la mano de la ola liberalizadora: la privatización del espacio público. Y esa realidad existe en nuestro país. Zonas residenciales a las que no se puede acceder si no eres residente o invitado; zonas comerciales urbanas con vigilancia privada en sus calles, seguridad privada en los transportes públicos, empresas de seguridad que instalan cámaras en recintos que protegen y así un incesante goteo de medidas que tienen en común el binomio riqueza y seguridad. Hasta el punto que al ciudadano común le parece normal esta asociación.

Pero ¿donde queda la seguridad de ese ciudadano? ¿Dónde encontramos la seguridad ciudadana? ¿Qué han hecho los poderes públicos para favorecer esa seguridad? Las respuestas pueden ser controvertidas. La seguridad es un valor y como ciudadanos tenemos derecho a ella, de hecho la pagamos con nuestros impuestos, unos 240.000 sueldos públicos en todo el Estado.

El concepto y la función policial han evolucionado de una faceta represora en la dictadura y la Transición, garantes del orden público, a un rol protector de los derechos y libertades de la ciudadanía. Pero la percepción por los contribuyentes ha variado según el momento y muy asociada a la gestión política y la evolución de la crisis sistémica de la última década. La instrumentalización política ha perjudicado la función policial, mientras se  reforzaba el negocio de la seguridad privada de bajo coste. Sólo la más inocente de las criaturas no vería una relación entre ambas realidades.

Si la seguridad es un problema de percepción política, ¿qué modelo ha presentado la izquierda? La respuesta es ninguno, porque debe reformular su discurso de manera fáctica, desde la realidad. Somos un país con mucha policía, muy por encima de la media europea, con una cifra similar a Alemania para una población que casi nos duplica. Pero nuestro modelo es absolutamente descentralizado y descoordinado, tampoco ayuda la dispersión territorial. En las últimas décadas del siglo XX un gobierno municipal que pretendiera ganar las elecciones, impulsaba su policía municipal, aunque no la necesitase. Hoy en día varias comunidades autónomas estudian crear sus policías autonómicas, aunque no la necesitan. El cuestión está en qué modelo policial necesita este país, y que podemos aportar desde una visión progresista y experta. Resulta curiosa la asociación de ambos calificativos porque la derecha asocia una visión romántica e ilusa de la realidad al concepto de seguridad que esgrime la izquierda, y en gran medida le ha ido muy bien. Y la izquierda le reprocha la asociación represión y control con la derecha y acierta.

CCOO lideró a inicios de la década pasada las propuestas de coordinación policial a nivel estatal, y se publicaron interesantes conclusiones. Desgraciadamente pocas se han llevado a la práctica. El gestor político tiene otras prioridades. Pero el debate es inaplazable. Miles de policías están a las puertas de la jubilación y no hay relevo previsto. ¿Será la antesala a la mayor privatización de seguridad ciudadana de nuestro país? Esperemos que no.

Encontraremos dos niveles de intervención muy diferenciados, uno asociado a la proximidad, la prevención, el liderazgo social y la mediación comunitaria, donde las policías locales deben ejercer un papel abanderado por el conocimiento que tienen del terreno y su realidad social.

A un nivel estatal, federal si se prefiere, hay dos líneas de trabajo inaplazables. La primera la creación de una verdadera policía judicial. Son dos los artículos que hablan de policía en la Constitución, sea incluso con el largo eufemismo de fuerzas y cuerpos de seguridad. El art. 104,dentro de la Administración y bajo la dependencia del Gobierno y en el art. 126 dentro del título del Poder judicial, único Poder llamado como tal. Dos grandes polos siempre en liza, prevención y represión del delito. Los jueces y Tribunales deben contar entre sus órganos auxiliares, como ha pasado con los forenses, con policías expertos en investigaciones. Sólo así hablaremos de un poder judicial independente y haremos posible una efectiva y rápida lucha contra la corrupción.

Y por otra parte, desarrollar una política de seguridad efectiva en la lucha contra el crimen organizado. Donde van a ser las unidades especializadas de los cuerpos estatales quienes van a desempeñar esa función, y donde se incluyan acciones contra el fraude, la corrupción, los paraísos fiscales, el blanqueo de capitales o la adulteración de la libre competencia. En esta línea, el BOE del 21 de diciembre de 2017 publica la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 e identifica como principales amenazas los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado. La incidencia de la gran criminalidad afecta al ciudadano de a pie más de lo que se imagina, porque alcanza a los poderes públicos y destruye la gobernanza económica, además de dinamitar la convivencia social. Y quien tenga dudas que le pregunte a los vecinos de las ciudades donde han de luchar contra los narcopisos, o la trata de mujeres para su explotación sexual delante de sus casas.

Y para concluir, la izquierda puede aportar un valor singular, la cultura de la legalidad y la cooperación. Pilares de la seguridad y patrimonio de las fuerzas progresistas, que incluyen una perspectiva del desarrollo socioeconómico inclusivo, colaborando con el tejido social en la lucha contra la criminalidad, y la implantación de auditorias sociales de seguridad y rendición de cuentas de servicio público. Teniendo siempre presente la sensibilización y diferenciación en la atención a mujeres, menores y minorías como colectivos potencialmente vulnerables.

Miércoles, 14 de Febrero de 2018