Ausencia de seguridad para las mujeres

 

Begoña Marugán Pintos

Profesora de  Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid y Adjunta a la Secretaría de las Mujeres de la FSC CCOO

 

 

La situación de las mujeres más que de seguridad se caracteriza por la falta de la misma. Los datos sobre la violencia de género son implacables a este respecto. El número de víctimas mortales entre los años 2003 y 2017 ha sido de 923. Sólo el último año 49 mujeres y 9 menores fueron asesinados por sus parejas/ exparejas y padres. El asesinato es la expresión más brutal y visible de la violencia de género, pero además de ésta hay otras expresiones de la misma que permanecen ocultas. Según la última Macroencuesta sobre violencia de género (2015) el 12,5% de las mujeres de 16 o más años residentes en España han sufrido violencia física y/o violencia sexual de sus parejas o exparejas en algún momento se la relación. Cifra que obviamente disminuye (al 2,9%) cuando se trata de dimensionar el número de mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual de su pareja actual. Por tanto, las 140.000 denuncias anuales están lejos de perseguir toda la violencia física y sexual que padecen las mujeres.

Por otra parte, y a pesar de que las denuncias se presentan como solución, un 36,4% de las mujeres asesinadas en 2016 habían denunciado a su agresor e incluso 6 de las 44 víctimas mortales contaban con medidas de protección en vigor (Boletín Estadístico Anual, 2016). Unas medidas que a pesar de no ser infalibles protegen a las  mujeres y que cada vez  se dan en menor proporción. En 2016 un 40% de las solicitudes de órdenes de protección fueron denegadas (Consejo General del Poder Judicial, 2017).

Esta perspectiva aumenta la situación de vulnerabilidad de las mujeres cuando la Unidad Familia Mujer (UFAM) de la policía nacional a nivel periférico no ofrece asistencia las 24 horas. En horario nocturno y festivo las víctimas son derivadas a Oficinas de Atención al Ciudadano, atendidas por personal no especializado. Por otra parte, las y los policías encargados del seguimiento y protección de las víctimas tienen un excesivo número de casos asignados, llegando a quintuplicar los aconsejados. La escasez de personal en la Policía Nacional aún es mayor en la Guardia Civil.

A la esta falta de medios personales hay que añadir la escasez de medios materiales, que impiden, tal y como demandan los distintos protocolos por su valor en sede judicial, efectuar reportajes fotográficos e inspecciones técnico policiales, tanto a las víctimas como al lugar de los hechos.

Por otra parte, tal y como se menciona en el Informe sobre la Violencia de Género de la FSC CCOO (2015:6), pese a que el  Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, y el Protocolo de actuación y coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y abogados y abogadas ante la violencia de género, establecen que “el abogado o abogada de guardia deberá estar localizable en todo momento, en la forma y condiciones establecidas por cada colegio, garantizando la asistencia letrada inmediata a la víctima”, se obvia en muchos casos tal inmediatez, llegando a aducir cuestiones económicas, posponiendo la entrevista con la víctima a minutos antes de su declaración en sede judicial.

Y todo ello sin mencionar que el sistema de protección policial se establece a través del conocido popularmente como VioGen, un sistema informático para la Valoración de Riesgo Policial (VPR) y las posteriores evaluaciones de seguimiento (VPER). Lo que no deja de ser una fría herramienta informática que determina el nivel de protección de las víctimas y en el cual  sólo 714 de las personas que han denunciado están en riesgo alto y 53 en riesgo extremo. Esto, al margen de la idoneidad o falta de la misma del sistema, tiene una estrecha relación con el número de policías existentes. Existe un problema de falta de recursos porque cada mujer calificada en situación de riesgo extremo precisa 6 personas para su vigilancia y en este momento – debido a los recortes en las Administraciones públicas- no se dispone del número de policías suficientes para realizar esta labor.

Las mujeres no se sienten seguras y tienen miedo en muchas ocasiones aunque no necesitan para ello haber sufrido una agresión. Se les educa en la prevención de.., en el temor a …, en la sanción y la culpabilidad si les pasa algo, en agitar la provocación. Por contra, muy pocas veces se manejan y difunden mensajes hacia los que deben evitar hacer daño, causar miedo, agredir, violar, insultar, menospreciar y no respetar a las mujeres.  Hay demasiados hombres que no aman a las mujeres y unos poderes públicos que parece que tampoco.

Las mujeres no se pueden estar seguras cuando observan como una Ley aprobado por toda la Cámara Baja no acaba de implantarse y no se ponen medios estatales para erradicar este delito. No sólo se han recortado las partidas presupuestarias  y en la actualidad son menores que en 2008, sino que han desaparecido servicios esenciales como determinados puntos de encuentro familiar y se han limitado los servicios de información y atención de los ayuntamientos con la de reforma de la Administración local.

Ante esta violencia inadmisible y continuada en el tiempo las feministas se unieron para reclamar la implicación estatal para evitar los asesinato de las mujeres y los/as menores a manos de sus parejas y padres. La presión popular consiguió que se elaborara y se aprobara – no por todos los partido- en el Congreso un Pacto de Estado el 28 de septiembre de 2017. Sin embargo, en febrero de 2018, en un estado de emergencia social frente a la violencia contra las mujeres, aún no se ha puesto ninguna de las medidas en marcha.

Miércoles, 14 de Febrero de 2018