Internet y TTIP: las libertades no son negociables

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Gina Argemir

Economista del Gabinete Técnico Jurídico de CCOO de Cataluña

 

 

Publicar un comentario político en Twitter, hacer una donación bancaria a una asociación, reenviar un mail confidencial de empresa, hacer la reserva de un vuelo: nuestras actividades privadas a diario generan datos de un valor del que aún no somos conscientes. En la era de la datificación del mundo, a cada minuto estamos informando quiénes somos, dónde estamos, qué pensamos y sentimos, tanto a empresas como a entes gubernamentales y data brokers que masivamente comercian, analizan y almacenan datos para un posible uso en el futuro.

Estamos en el inicio de la expansión de la economía digital y Europa destaca como núcleo mundial de tráfico electrónico, concentrando el 94% de la conexión con el Norte de África, el 72% con el África Sub-Sahariana, el 85% con Oriente Medio y cerca del 46% con el Sur de Asia. La oferta de bajos precios de IP, las oportunidades de peering entre proveedores y la amplia infraestructura terrestre y submarina de cableado, están favoreciendo el crecimiento de su capacidad. Además, su localización geográfica resulta especialmente atractiva al dar acceso a data centers ubicados en ciudades europeas, preferibles a destinos más lejanos. Europa también es, junto con EE.UU., la mayor economía exportadora e importadora de servicios digitales.

El flujo de datos electrónicos es uno de los puntos más controvertidos de la negociación del TTIP a la vez que evidencia una gran diferencia cultural. Porque, ¿qué consideración legal debe darse a los usuarios digitales? ¿Somos ciudadanos o consumidores?

En la UE la protección de datos privados es un derecho de ciudadanía. Reconocido en las Libertades de la Carta de los Derechos Fundamentales, viene desplegado por la Directiva 95/43/CE que prohíbe las transferencias de datos a países que no garanticen una protección homóloga. Por el contrario, EE.UU no cuenta con una ley específica de protección a la privacidad, y sólo la presión de agentes privados -compañías, abogados y asociaciones de comercio- ha hecho posible un cuerpo de leyes para sectores específicos como el financiero o el sanitario. Ahora bien, esta profesionalización de la privacidad se ha desarrollado en el marco exclusivo de derechos de consumidores y nunca de derechos ciudadanos.

Si bien las diferencias legales se han salvaguardado hasta ahora con acuerdos safe harbor de adhesión voluntaria a los principios de la Directiva, empresas estadounidenses como Google, Microsoft, Facebook o LinkedIn, han sido reiteradamente acusadas de incumplimiento por no encriptar los datos transferidos y permitir su interceptación. Ante estas acusaciones y a fin de asegurar los intereses económicos, la administración Obama ha anunciado anteproyectos para proteger legalmente la privacidad, una declaración de intenciones que enseguida se revela de corto recorrido. Primero porque, en EE.UU., con la aprobación de la Ley Patriótica tras los atentados del 11S, la balanza entre seguridad y privacidad se desequilibró abiertamente a favor de la primera. La ampliación del poder de vigilancia daba carta blanca al espionaje ciudadano sin necesidad de orden judicial o aprobación del congreso, hasta el punto de que varias sentencias judiciales estadounidenses han declarado la inconstitucionalidad de la ley, a la vez que han denunciado la violación de derechos humanos y libertades civiles. Pero debe tenerse en cuenta que las agencias de espionaje no trabajan solas. La Ley de Protección y Uso Compartido de la Ciberinteligencia estadounidense se aprobó con el copatrocinio de 111 grupos económicos entre los que destacan Oracle Corporation, Google, Microsoft, IBM, Intel y Symantec.

Gracias a Edward Snowden, hoy sabemos que la complicidad entre estas empresas y la NSA se extiende más allá de las fronteras estadounidenses y que, mediante el programa de vigilancia masiva PRISM, juntas han participado en el espionaje de más de 35 líderes europeos. Google, Microsoft, Facebook y Apple, entre otras, habían facilitado a la NSA el acceso a servidores y el registro de correos electrónicos de ciudadanos europeos, de sus fotografías, direcciones IP, transferencias de archivos y perfiles de redes sociales.

No hay duda de que las revelaciones de Snowden han dinamitado la confianza de los líderes europeos en el gobierno estadounidense y la posibilidad de cerrar un acuerdo comercial, el TTIP, que engloba el 50% del PIB mundial. Es cierto que la UE y EE.UU. intercambian datos por razones de seguridad. Y también es cierto que la diplomacia admite un cierto umbral de espionaje. Pero la facultad jurídica de estos usos, lejos de utilizarse para perseguir amenazas cibernéticas o terroristas, se ha usado para vigilar de forma masiva, indiscriminada, y a una escala sin precedentes, a la ciudadanía europea.

El Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo, poco después de las revelaciones, emitió un informe en el que denunciaba la violación de los estándares legales y, en especial, de la Carta de los Derechos Fundamentales. Se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y confidencialidad, el derecho a la privacidad, a la protección de datos, etc. Y más importante aún, el Comité expresó su temor de que la vigilancia masiva tuviera un objetivo diferente al de la seguridad nacional. Alertó del peligro de que, en un futuro hipotético, un cambio de régimen político condujese a un mal uso de la información. No sabemos cuándo ni para qué, bajo qué democracia o dictadura se recuperarán nuestros datos pero, a día de hoy, para el Comité la vigilancia masiva es incompatible con los pilares de la democracia.

Ahora las negociaciones del TTIP se encuentran en un punto de gran incertidumbre. Incluso la oferta norteamericana más laxa no convence al Parlamento Europeo. Pero los grupos tecnológicos y de servicios digitales continuarán presionando a la Comisión Europea para que el flujo de datos se incorpore sin restricciones al TTIP. La protección de datos es, para ellos, una barrera no comercial a desmantelar en nombre del libre comercio. Lo que la UE llama derechos fundamentales, ellos lo llaman proteccionismo, un obstáculo que merma sus beneficios y los hace incurrir en riesgos de ser denunciados legalmente. Queda claro que la protección legal ciudadana les supone un estorbo.

¿Podemos imaginar las repercusiones de la vigilancia masiva en un escenario en el que el TTIP se ha impuesto a la Carta de los Derechos Fundamentales?, ¿en el que los ciudadanos hemos pasado a ser simples consumidores? ¿Qué protección legal nos quedaría? Mientras el flujo de datos no se dé bajo garantías de seguridad, incorporarlo al TTIP supone la oficialización de prácticas abusivas que recuerdan al ACTA. Hoy Internet está proporcionando a gobiernos y grupos tecnológicos la mayor información que nunca han tenido sobre los ciudadanos, pero Internet debe ser un espacio de poder equilibrado donde rijan los principios democráticos. La UE tiene la obligación de respetar y hacer respetar estos principios y, en este sentido, ningún acuerdo comercial debe acabar sometiendo nuestros derechos y libertades.