Soberanía secuestrada, derechos en peligro

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Ricard Bellera

Responsable de Internacional de CCOO de Cataluña

 

 

 

1.076 palabras. Este es el esfuerzo de transparencia que ha hecho la Comisión Europea para explicar los avances logrados antes de empezar, el pasado 13 de julio en Bruselas, la sexta ronda de negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones UE-EEUU (TTIP, por sus siglas en inglés). El documento publicado por la Comisión (State of Play), el pasado 11 de julio, pretendía hacer frente a las críticas que se han hecho por la opacidad y el secretismo con los que se ha conducido la negociación desde su inicio, en marzo de 2013. No lo han conseguido, y parece evidente que cuando en democracia hay algo para ocultar, la mayoría tenemos algo que perder. En el caso del TTIP, lamentablemente, es mucho y muy importante lo que nos puede terminar costando. La pérdida de cohesión y la precariedad social y laboral que ha arrastrado la implantación de tratados de libre comercio en otros lugares de la geografía global conlleva, como lo muestra el magnífico artículo de Lesbia Mezquita en el caso de Guatemala, una amenaza grave contra nuestro modelo social, pero también contra nuestra identidad cultural y nuestra soberanía política en el marco de una democracia que nos costó mucho ganar.

La exclusión del debate público del TTIP, incluso en el contexto de las recientes elecciones en el actual Parlamento Europeo que deberá aprobar el tratado, supone un déficit democrático importante y demuestra un desprecio claro por parte de la Comisión Europea en la ciudadanía europea. Está en sintonía con la subordinación a los mercados de los intereses públicos y los derechos sociales, laborales y políticos que se ha hecho patente en el marco de la gobernanza económica europea, y supone un paso más allá en la estrategia de los grandes actores financieros y económicos, para aprovechar las contradicciones y debilidades de la Unión Europea actual para conquistar espacios de soberanía y de control social y económico. El TTIP pretende abrir así, mediante un cambio estructural en nuestra arquitectura de garantías y derechos políticos y sociales, una rendija que pueda forzar una nueva competencia a la baja. Si tiene éxito, ésta se sumará a la que ya nos ha sobrevenido con la ofensiva de la austeridad y que ha encendido la actual deflación competitiva europea tanto en cuanto a la pérdida de calidad y alcance de las prestaciones y servicios públicos, como por lo que supone en pérdida de derechos y condiciones sociales y laborales.

A pesar de que se intenta presentar como un gran avance en la dinamización de los flujos mercantiles y, por tanto, en la producción industrial, con efectos muy positivos en la creación de empleo, el TTIP va mucho más allá de la rebaja de aranceles, que ya son bastante bajos entre la UE y EEUU. De lo que se trata es de eliminar lo conocido como obstáculos burocráticos, esto es, los reglamentos y las normas que ponen trabas a los derechos corporativos ya las garantías de inversión que el capital reclama en su expansión. Si consideramos que los EE.UU. y la UE suman cerca del 50% del PIB mundial, podremos entender bien pronto qué es lo que está en juego. Más aún cuando la economía de los dos grandes actores atlánticos pretende crear y preservar su mercado natural para reforzar su posición dominante en un mundo donde han comenzado a tomar conciencia geopolítica las economías que ya hace bastante tiempo que emergieron. Ante los riesgos que conlleva esta dinámica por los intereses de las grandes multinacionales americanas y europeas, ahora toca reforzar su vocación hegemónica, mejorando la posición de dominio estratégico y las condiciones de lo que algunos, desgraciadamente, entienden por competitividad.

En el caso del TTIP se trata, para empezar, de debilitar los derechos laborales. EEUU no han firmado seis de las ocho normas básicas de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellas las que regulan la libertad de reunión, la negociación colectiva, la igualdad en la remuneración, la abolición de la discriminación o la edad mínima para empezar a trabajar. Sin la ratificación de estas normas básicas por parte de EEUU, la consecuencia lógica es que, a la larga, la presión de los lobbys acabe debilitando los derechos laborales en la UE y sacrificando su carácter de derechos y libertades fundamentales a las libertades y codicias del capital. Así, el acuerdo transatlántico prevé un mecanismo de solución de diferencias estado-inversor (ISDS, por sus siglas en inglés) que ya en su propio nombre demuestra que, en este debate, la posición entre estado y empresa se ​​considera que es de igual a igual. También el previsto Consejo de Regulación de la Cooperación (Regulatory Cooperation Council), que quiere “armonizar las regulaciones” en caso de conflicto, refuerza la idea de un acuerdo al dictado de los grandes intereses empresariales, que creará los instrumentos para ir rebajando las reglas y normas que protegen los intereses de los europeos y europeas como trabajadores, consumidores y consumidoras, y ciudadanos.

Porque el TTIP va más allá. La negativa de los EE.UU. a la hora de firmar el protocolo de Kyoto, de poner límite a los transgénicos o de asegurar la calidad de la cadena alimentaria en cuestiones tan espurias como los tratamientos hormonales supone que, en caso de una armonización a la baja gracias a procedimientos e instancias de reconocimiento mutuo, Europa tenga que sufrir también un retroceso en sus avances en el marco de la lucha contra el cambio climático o a la hora de disfrutar de los beneficios de una ganadería y una agricultura más sostenible y ecológica. Lo mismo ocurre con los derechos y las políticas culturales, bastante afectados ya por el GATT (General Agreement on Tariff and Trade), o con las patentes, que pueden conllevar cambios sustanciales a la hora de acceder a medicamentos o a otros productos de primera necesidad . Finalmente, el TTIP supone también una amenaza muy evidente para nuestros servicios públicos y para la gestión de recursos comunes como el agua. Un acuerdo con proyección política que considere como obstáculos los criterios de calidad en la provisión de los servicios que necesitamos en cuestiones como la educación o la sanidad supondrá una fuerte presión añadida en un ámbito donde los recortes y la externalización forzada ya han provocado bastantes males.

El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión vuelve a remachar el clavo en la estrategia de privatización, desregulación y precarización de las condiciones y los derechos de las trabajadoras y trabajadores en el marco de la globalización económica. Como establece CCOO en su resolución de julio, puede “contribuir a una degradación de la legislación laboral, social y medioambiental de la UE y de sus estados, así como favorecer la privatización de los servicios públicos”. Por eso hay que pedir que cesen inmediatamente las negociaciones. Como decíamos desde CCOO de Cataluña, el mes de mayo, en nuestra resolución, “la Unión Europea tiene suficientes problemas para hacer frente a las consecuencias de la crisis y de la respuesta equivocada que se le ha dado en el marco de las políticas de austeridad y de la gobernanza europea, como para abrir un nuevo frente de liberalización en el marco de las relaciones atlánticas “. Por eso hemos participado activamente en la campaña del “No al TTIP ” y en las jornadas internacionales “Soberanía secuestrada, derechos en juego”, del 10 y 11 de octubre. La plataforma que se ha creado continuará trabajando en los próximos meses para tratar de detener el proceso. Para ello es imprescindible contar con el apoyo de las afiliadas y afiliados, y de las delegadas y delegados de CCOO de Cataluña. Son todas estas personas las que tienen que trasladar las razones de esta lucha al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y las que pueden sensibilizar a la ciudadanía ante la grave amenaza que supone el TTIP para la paz, la justicia y el progreso social.