Sindicato y derechos sociales de ciudadanía: esbozo para una nueva fase de desarrollo

 

Juan Manuel Tapia

Miembro del Consejo Nacional de la CONC y del CERES (Centre d’Estudis i Recerca Sindicals)

 

 

Un recordatorio pertinente

La relación entre el movimiento sindical y los derechos sociales de ciudadanía es genética, desde los mismos orígenes del movimiento obrero. Este fenómeno histórico tiene una doble dirección simultánea: la propia afirmación del derecho social de existencia del movimiento obrero organizado –génesis del derecho del trabajo, codificado con perfil propio a través de una lenta y progresiva evolución en el tiempo-, y la lucha por la extensión y profundización de la democracia política.

Este ejercicio de indagación histórica es un ejercicio imprescindible, para comprender la propia naturaleza del sujeto sindical. La lucha por el derecho del sindicato, que es el derecho sindical para ejercer la acción colectiva en la negociación con el capital de las condiciones de trabajo y de vida; es, al mismo tiempo, la lucha por construir la protección social del trabajo, y una  organización política de la sociedad plenamente democrática, en que las clases trabajadoras pudieran expresar y hacer valer su fuerza organizada para la transformación social, para la alteridad y superación del propio sistema capitalista.

Este itinerario, ahora de siglos, que desde la izquierda social y política –casi indistinta y confusa en la primera internacional, luego cristalizando en dos sujetos diferenciados: sindicatos de clase y partidos de las izquierdas políticas-, es el que desemboca en la conquista civilizatoria del estado social, en la construcción del estado del bienestar, y los derechos sociales de ciudadanía. Ciertamente, con muy distintas intensidades en las diversas áreas del mundo, y con distintas características en las diversas fases del propio desarrollo del modo de producción capitalista.

No ha sido, lógicamente, un camino sin interrupciones y retrocesos, porque se produce en el escenario permanente de la lucha de clases. También es un proceso de divergencias entre las propias tradiciones y concepciones de la izquierda, y con relaciones conflictivas entre sindicato y partido.

Lo cierto es que la democracia política moderna no puede entenderse sin el constante empuje del movimiento sindical, desde el principio, con las luchas por el sufragio universal –de los varones- del movimiento cartista en Gran Bretaña, las huelgas generales en Bélgica, o el soporte del movimiento obrero español y catalán a la revolución de 1868, que conquista al mismo tiempo el derecho de asociación obrera y el sufragio universal. La continuidad con una izquierda política que se consolida como tal, y en etapas más recientes en el tiempo, la lucha antifascista en general, la nuestra en particular, con el papel de CCOO en la recuperación de las libertades democráticas, la liberación del tercer mundo y las luchas contra las diversas dictaduras. Son solo ejemplos

En paralelo, el estado social del bienestar, resulta de una permanente lucha del sindicalismo por construir, desde el vínculo del trabajo, en un primer momento, protección social para las personas trabajadoras y sus familias. Vino después, en esa dinámica de empuje conjunto, del  movimiento sindical y la izquierda política, la extensión legislativa del derecho social.

A título, también de ejemplos, la relación del socialismo francés con Jean Jaurès y  la CGT, aún en transición desde el sindicalismo revolucionario, para la universalización de los derechos sociales básicos de protección, las pensiones de jubilación, el desempleo y la protección de la salud.

O el caso alemán, con Bismark, empujado por la socialdemocracia y su sindicato a establecer los primeros sistemas de protección social moderna –incluso cuando pone en píe las “leyes antisocialistas”-, completado después, por el mismo empuje, con la construcción, con rango constitucional, del primer estado social y del bienestar, en la República de Weimar. Constitucionalización del derecho social y sindical, con el primer reconocimiento constitucional del derecho a la negociación colectiva- que, como todo este amplio proceso, no fue pacífico, y dio lugar al mayor lock-out patronal de la historia.

Los años 30 y la postguerra generalizaron el reconocimiento constitucional de los derechos sociales de ciudadanía y el propio derecho del trabajo.

Con toda la modestia que se quiera, nadie puede negar la importancia de la conquista de la izquierda social y política, del reconocimiento constitucional del 78, de nuestra configuración como estado social de derecho o como economía social de mercado.

La participación del sindicalismo es, también, clave en la universalización de la sanidad, la consolidación y extensión de la educación pública, los servicios sociales y determinante en la aparición de las rentas de ciudadanía y dependencia, en diversas modalidades y aún necesitadas de una clara mejora y perfeccionamiento.

El sindicalismo ha sido sujeto activo en el nacimiento de una nueva generación de derechos sociales, relacionados con el medioambiente, la movilidad sostenible o la igualdad en todas sus dimensiones.

Como dice el profesor Joaquín Aparicio Tovar, “el estado social no ha sido un regalo”. Este largo viaje hasta la democracia social, del que es protagonista esencial el movimiento obrero. Este viaje en que los trabajadores organizados extienden su derecho social del trabajo al conjunto de la ciudadanía y constituyen la “ciudadanía social”, no debe ser olvidado. La desmemoria de la ardua conquista debilita su defensa.

Crisis del estado social de derecho y debilitamiento del estado del bienestar.

Es cierto que los nuevos desarrollos del modo de producción capitalista, en esta fase que por comodidad denominamos postfordismo,  la organización del trabajo informatizada y en red, la financiarización de la economía, y la dinámica de la globalización, y las consecuencias que estos cambios tienen sobre la vida social y de las personas, exige que nuestro estado social del bienestar deba de sufrir un proceso de adaptación a las nuevas necesidades sociales.

Ahora bien, esa evidencia no justifica en absoluto el retraimiento o retroceso de los derechos sociales de ciudadanía. El cuestionamiento del estado social del bienestar y los derechos sociales de ciudadanía es expresión de la ofensiva ideológica neoliberal que amenaza los valores propios del estado social y, simultáneamente, a las conquistas democráticas más avanzadas, y trastoca, también, incluso a una parte de la izquierda que sufre un paulatino proceso de “asimilación” ideológica.

Advierto, personalmente pienso que es un mito que la democracia sea consustancial al capitalismo. Puede sobrevivir el capitalismo con una democracia debilitada, mientras mantenga mecanismos de dominación eficientes y sistemas para desaguar el conflicto social.

Esbozo para una nueva fase de desarrollo de los derechos sociales de ciudadanía.

Estamos, desde hace tiempo, ante una encrucijada civilizatoria. La crisis del estado social y del estado del bienestar, solo puede resolverse, salvo su paulatino desmantelamiento, fortaleciendo los derechos sociales de ciudadanía, extendiéndolos, y dando respuesta a las nuevas necesidades sociales que genera el nuevo paradigma productivo.

Como indica Umberto Romagnoli en referencia al derecho del trabajo, “la tutela del ciudadano-trabajador se ha desplazado del segundo al primero”. Dice a continuación “…muchos acarician la idea de que es posible reconstruir el derecho del trabajo donde y como era…para reproducirlo igual en lo desigual, es metahistoria.”

Es un símil útil para abordar la cuestión de los nuevos desarrollos de los derechos sociales. Defender los que tenemos, no debe ser contradictorio con la necesidad de repensarlos y elaborar nuevas estrategias a la ofensiva.

Por lo que respecta a nuestro sindicalismo, debe acentuar su perfil sociopolítico en la nueva realidad productiva y social. Desde la peculiar experiencia de CCOO como sindicato sociopolítico, puesta en común con las diversas experiencias de otras tradiciones sindicales en la misma dirección, es urgente abrir una reflexión general en el movimiento sindical internacional y europeo sobre la cuestión.

La nueva izquierda política emergente debe comprender que el sindicato, desde su naturaleza de sujeto social, es también un sujeto político, autónomo e independiente, interesado en actuar e influir en todas las dimensiones de la vida social y las políticas públicas. Hace tiempo que el movimiento sindical definió su propio perfil, lejos de los tiempos de la división de funciones sindicato-partido.

Tres deberían ser las direcciones interdependientes para avanzar en el desarrollo de los derechos sociales de ciudadanía:

En primer lugar, la recuperación del estado del bienestar, tan disminuido en nuestro país, para pasar a una fase de nuevo crecimiento en todos los campos: sea la sanidad y la educación pública, los servicios sociales y de dependencia, la protección social y las pensiones públicas, las administraciones y los servicios públicos.

Un estado social del bienestar que debe ser el sostén material de la extensión y reformulación de la nueva generación de derechos de ciudadanía. Unos derechos que deben construirse alrededor de la filosofía del derecho a los medios y recursos suficientes para una vida digna de las personas, con carácter integral, y durante todo el ciclo de la vida, con independencia de la concreta vinculación al trabajo. Es la filosofía de las rentas básicas, pero no solo, debe acompañarse con nuevos derechos a la salud, la igualdad, medioambientales y de movilidad sostenible, a la vivienda, a la cultura y la diversidad, etc.

En segundo lugar, políticas públicas para la transformación del modelo productivo. Un nuevo modelo productivo que en nuestro país debe suponer, también, la revitalización de un sector industrial innovado. Un nuevo modelo productivo que debe incorporar una nueva concepción de control democrático de la economía y en especial de los sectores estratégicos, sea en el sector energético, los transportes, financiero y de gestión, en general, de servicios públicos y de interés general.

En tercer lugar, abrir nuevas políticas sindicales para que los derechos de ciudadanía se abran paso, también, en el núcleo duro del sistema: la empresa. Hacer realidad el objetivo soñado por Bobbio, inteligentemente popularizado por nuestro Marcelino Camacho: que la “democracia entre en las empresas”, que los derechos colectivos y personales, se ejerzan, también en los centros de trabajo.

Esta es una operación de envergadura y múltiple, en que el sindicato es el elemento central, y sin la cual, las dos anteriores direcciones que hemos apuntado carecerían de un verdadero anclaje. Se trata de, sin abandonar las estrategias sindicales y políticas de actuar en la esfera de las políticas redistributivas, actuar en el corazón de la producción, y para ello no basta con influir en las políticas económicas macro.

Se trata, por un lado, de establecer nuevos derechos de participación y control sindical en el proyecto empresarial y en la toma de decisiones, sin abandonar por ello la alteridad crítica y conflictual que el sindicato representa frente al capital.

Por otro, de nuevos desarrollos cualitativos del objetivo de un trabajo digno, que incluye el ejercicio, en el marco de los derechos y la negociación colectiva, de derechos personales. La apertura de espacios de decisión de las personas o lo que, desde hace tiempo, denomino los espacios de “personalización” de las relaciones de trabajo.

Dimensión cualitativa que supone una nueva centralidad de la igualdad desde la diversidad en todas sus facetas, de la salud, de la autogestión del tiempo y de la formación y la innovación como patrimonio personal. Hablamos de que los derechos de las personas no pueden decaer a la puerta de las empresas, hablamos de humanizar el trabajo. Es una operación de centrar al sindicato en la intervención sobre la organización del trabajo. Una organización del trabajo que debe entenderse en el nuevo paradigma productivo: en red y en toda la cadena de valor.

Finalmente, estos nuevos derechos sociales de ciudadanía deben consolidarse y garantizarse en un nuevo proceso constitucional. Un proceso constituyente que refleje al mismo tiempo un nuevo derecho del trabajo y nuevos derechos sociales como pilares de la renovación del estado social de derecho. Ambicioso pero a la altura de los retos de la encrucijada en que vivimos.

Barcelona, 13 de Enero de 2017