Post Covid y los servicios públicos: una reconstrucción social que se centra en el Valor Público

 

Serena Sorrentino

Secretaria General del FPCGIL

 

 

Las medidas para limitar el contagio de COVID-19 han llevado al cierre progresivo, en parte o en su totalidad, de un gran número de actividades productivas. Según el ISTAT (Instituto Nacional de Estadística), la limitación de las actividades productivas supuso el 34,0% de la producción y el 27,1% del valor añadido, con importantes repercusiones en el rendimiento económico del país.

Ante la emergencia debida al Sars-Cov2 el Gobierno introdujo medidas con las que hacer frente a la contención del contagio, que sólo en el segundo semestre del año centraron la atención en la emergencia sanitaria como prioridad sobre la económica, llegando al llamado “encierro”.

El sistema sanitario y el sistema de emergencia en general tuvieron una primera respuesta en la gestión regional de las medidas de intervención y sólo más tarde, en comparación con el gobierno nacional, no siempre convergentes, lo que por un lado retrasó la coordinación unitaria de la gestión de la crisis, y por otro lado puso de manifiesto la fragilidad del equilibrio constitucional de las competencias en las que los intereses a proteger son de carácter general y universal.

La gestión de la emergencia se ha caracterizado por una serie de cuestiones críticas que trazan el diseño de los mapas disfuncionales de este frágil equilibrio institucional entre el Estado y las Autoridades Locales, de la progresiva desestructuración del Estado de bienestar y del modelo de sostenibilidad, así como de las desigualdades sociales, profesionales y territoriales que caracterizan la producción y el trabajo.

En la misma dimensión europea, los escenarios evolutivos de la crisis económica plantean la necesidad de políticas no sólo para una mayor y más eficaz coordinación sino para la reconstrucción de la solidaridad y la cohesión tanto de carácter económico como social entre los Estados miembros. Sobre todo, requieren que los políticos presten la atención necesaria a un proyecto de reconstrucción social y económica que esté marcado por lo que podríamos definir como una “visión prospectiva” basada en una mayor equidad, la innovación, la reconversión de las actividades productivas con una fuerte inversión en la investigación, la digitalización y la innovación organizativa de las actividades de las administraciones públicas, las administraciones privadas pero también las políticas públicas de innovación social.

No se podía pensar antes de Covid19 , ante las transformaciones demográficas y ambientales, ante el avance tecnológico y el papel que la tecnología digital asume en la transformación de los estilos de vida, de los tiempos de comunicación, en la velocidad de interconexión y en la creación de demanda y orientación de la oferta, en no enfrentar los cambios de época en la estructura social y económica del país, no se puede pensar más hoy, en aspirar a superar la crisis con un retorno al pasado cuando el presente ya es una demanda para el futuro.

La crisis ha puesto de relieve muchas dimensiones de la desigualdad que crean desigualdad: desigualdad generacional, niños y ancianos; desigualdad laboral, trabajadores por cuenta ajena y precarios y trabajadores por cuenta propia, pero también trabajadores de servicios esenciales y no definidos como tales, que por primera vez han superado la simple oposición entre el sector público y el privado; sin olvidar los de los diferentes sistemas de desarrollo territorial.

En todo, tanto en la respuesta sanitaria como en la de “gobierno” de los muchos frentes de la emergencia, un denominador común en la eficacia de las respuestas ha sido el arraigo y la capacidad de integrar varias áreas de intervención del sector público.

El debate en torno a los servicios públicos durante los últimos treinta años se ha centrado en dos cuestiones: la relación con el gasto público y la relación con el mercado privado. La resistencia a considerar la base de los servicios públicos como funciones fundamentales que deben desempeñar las administraciones públicas y a equilibrarlas entre los factores de inversión ha llevado no sólo al crecimiento de la externalización y la precariedad, cuyo impacto en el gasto público global ha sido considerable, sino también a una desresponsabilidad del sistema público hacia los derechos sociales y de ciudadanía.

El paso de un modelo de seguridad social financiado por la fiscalidad general a un modelo de particulares ha tenido repercusiones sociales, cuyos efectos podemos ver hoy en día: desde la atención infantil hasta la asistencia a personas frágiles, desde la salud hasta la pobreza, la pandemia ha puesto de relieve lo que hasta ayer se denunciaba: si no se invierte en el sistema público, la sociedad y la economía están más expuestas al riesgo.

En los últimos años, los gastos en servicios públicos de nuestro país se han cubierto con ingresos corrientes que se basan en un sistema tributario que debería reformarse de manera más justa, facilitando los ingresos procedentes del trabajo y la jubilación y actuando de manera más decisiva en las rentas vitalicias no valoradas y los activos en apoyo de la inversión para sostener la economía.

Cambiar de paradigma significa evaluar no sólo cuánto se gasta en el sistema de servicio público, sino también la composición y la calidad del gasto.

Sobre todo, significa relacionarlo con la capacidad de las administraciones públicas para crear Valor Público.

En la generación de este Valor influye directamente la capacidad organizativa de una administración para responder a la demanda de los usuarios y la calidad del bienestar organizativo con el que trabajan sus empleados.

Estos dos indicadores, actualizados con respecto a las reformas del último decenio y positivamente correlacionados (rendimiento organizativo relacionado con el funcionamiento de la institución y los servicios, rendimiento colectivo relacionado con la evaluación de los resultados de los objetivos asignados a los empleados) pueden ser la base sobre la que orientar las intervenciones en las administraciones públicas orientadas a la generación de Valor.

Si miramos hacia adelante debemos tener en cuenta que hay procesos de reorganización de los servicios públicos que tendrán que “convivir” con Covid19 y sus posibles evoluciones.

Hasta que haya una vacuna y una cura estable, la curva de contagio puede ser contenida pero la amenaza siempre estará presente. Esto implica repensar los estilos de vida, la organización del trabajo, la movilidad, la usabilidad de los servicios.

Desde la infancia hasta el domicilio, pasando por todos los servicios públicos: fiscalidad, bienestar, salud, servicios demográficos, justicia, cultura, seguridad y rescate, el impacto en la organización del trabajo y la organización de los servicios tendrá que sufrir profundos cambios.

Esta temporada puede ofrecer una oportunidad de reorganización que tome las coordenadas de la innovación, tecnológica y organizativa, como una pista de reforma o que lleve a una mayor reducción del perímetro público.

Si, de hecho, el servicio público se valorará como un elemento en el que se basa la ciudadanía a través de la garantía de los derechos universales y de las inversiones en empleo y recursos, se podrá lograr el cambio necesario en los servicios públicos de nuestro país con una perspectiva más atenta a la dimensión “productiva”, es decir, por esta eficacia en la satisfacción de las necesidades de la comunidad, el fortalecimiento de las redes territoriales de servicios con economías de escala y la identificación de indicadores de eficiencia organizativa, eficacia social.

El impacto en el trabajo cambia debido a estas elecciones políticas: no abordar el tema de las relaciones público-privadas, revisar las acreditaciones, contrastar la externalización hará que cadenas enteras de servicios se vean condicionadas por la presencia de dumping contractual y una menor autonomía de lo público frente a los operadores privados del mercado, como lo demuestra el caso en que en los sistemas regionales de los sectores sanitario, socio-sanitario, socioasistencial existe una presencia de intervención privada equivalente o en algunos casos exclusiva del sector privado (por ejemplo: rsa, rehabilitación, centros semi-residenciales para discapacitados, etc.).

La forma en que se lleva a cabo el trabajo actuando en cuestiones como la salud y la seguridad, las horas de trabajo, los turnos y el desarrollo del trabajo en equipo, tienen un impacto significativo en la función de muchas instituciones contractuales.

La contribución del trabajo inteligente, u otras formas flexibles de ofrecer un rendimiento laboral flexible, ha demostrado que las administraciones públicas pueden cambiar rápidamente su forma de trabajar y acelerar el proceso de innovación.

Al mismo tiempo, plantean cuestiones como la protección de los derechos de los trabajadores, que encuentran en la flexibilidad organizativa una oportunidad si se trata de una elección libre, reversible, regulada y protegida.

No sólo se trata del tema de la división del trabajo, las nuevas formas de subordinación del poder del empleador que ya no actúa sobre “grupos de trabajadores insertos en un mismo contexto organizativo” (servicio u oficina), sino también de la desaparición de la producción de valor inherente al reparto, la cooperación y el crecimiento colectivo.

Los parámetros de evaluación cambian, el sistema de incentivos económicos y el sistema de progresión de la carrera cambian.

Si el énfasis se desplaza a la evaluación del equipo al tema, todos esos elementos de valor: el paso de la mera notificación de los objetivos individuales a los que se vincula la compensación por rendimiento a la evaluación del logro de los objetivos de productividad colectiva mediante la evaluación de los resultados del funcionamiento de los servicios produciría un retroceso. La relación jerárquica entre la dirección y los empleados se desinteresaría de nuevo por la necesaria construcción de procesos de evaluación cualitativa.

La función de representación y negociación se vería socavada por la dificultad de no poder generar una relación con los trabajadores en el entorno laboral. Por lo tanto, la innovación también debe regirse por la innovación en la negociación colectiva.

Sobre todo, hay que declinarla según el sector al que la apliquemos. De hecho, hay grandes áreas de servicios públicos que, desde la digitalización y la flexibilidad organizativa, pueden producir beneficios para los trabajadores y la accesibilidad a los servicios. Sin embargo, se trata de actividades de carácter puramente administrativo, en las que el cambio también afecta a la reforma de los procedimientos.

En los servicios vinculados a la asistencia individual, a la asunción de responsabilidades, a una organización relacionada con las responsabilidades “operativas”, el impacto del trabajo inteligente no sólo es inexistente, sino que también plantea la cuestión al sindicato y a las administraciones de cuáles son las mejores herramientas para hacer que el rendimiento laboral esté cada vez más vinculado a la intensidad de las competencias profesionales compatibles con las necesidades de la vida.

La respuesta en este caso sólo puede venir de las políticas de programación, de una importante atención a la formación continua y de un sistema de desarrollo profesional que, en ningún sector, considera el sistema generalizado de asignaciones como un instrumento no sólo de recompensa económica sino también de modificación/rotación de las actividades realizadas.

La distribución de la edad y la diversidad de la concentración por tipo de administración impone una prioridad que debe darse a las políticas de fortalecimiento del empleo en el sector público: más empleados, con más competencias adaptadas a los perfiles profesionales que siguen la evolución de los servicios públicos, más estables y menos precarios, más jóvenes para favorecer la transferencia de competencias entre generaciones y en los sectores de trabajo donde la actividad está más desgastada para favorecer las políticas de recompensa a los trabajadores de edad avanzada en términos de asignación a las diferentes funciones.

Se trata de imaginar un largo período de transición después de la fase de emergencia de Covid19 , en el que se dediquen caminos, nuevas herramientas de organización del sector de los servicios públicos y, al mismo tiempo, la necesaria inversión de la tendencia a la subfinanciación del sistema público mediante la construcción de nuevos modelos de Estado de bienestar, basados en la certeza de las funciones públicas por nivel institucional de referencia, responsabilidad de la dirección movilizada hacia la dimensión cualitativa de la eficacia de los servicios, la participación activa de los trabajadores y la mejora de las competencias, rediseñando no sólo los niveles esenciales sino “universales” de los derechos sociales, un nuevo equilibrio en los parámetros por los que se mide la sostenibilidad del gasto social, ciertamente vinculado a los indicadores de bienestar, pero sobre todo a la contribución de la innovación social que sólo el sector público puede garantizar a nuestro país.

La renovación de los Convenios Colectivos Nacionales de Trabajo en este marco se convierte en una oportunidad para hacer una parte importante de este trabajo hacia la innovación organizativa, haciendo la reorganización, la cadena de valor público, la reforma de los marcos y el orden. Necesitamos una temporada de protagonismo para nuestros afiliados a través de nuevas relaciones sindicales más estructuradas, liberando la negociación descentralizada de las limitaciones legislativas que aún persisten, utilizando nuevas plataformas digitales, incluidas las institucionales, para garantizar la participación activa de los trabajadores en el cambio.

Las políticas salariales y las políticas de fomento del empleo expansivo parecen ser fundamentales para lograr un cambio rápido en el valor del sector público, mientras que las políticas salariales y la armonización normativa del sector privado que opera en la acreditación o la contratación con el sector público son una necesidad para no devaluar la contribución de este importante componente de la profesionalidad que opera en los servicios públicos, sino con normas que hacen que el sector privado opere en un régimen de mercado que no comprometa ni los derechos de los que trabajan ni la calidad de los servicios prestados.

En conclusión, si Italia es, y queremos que siga siendo, una República democrática fundada en el trabajo, el trabajo, y sobre todo el trabajo público, debe ser el valor social que guíe las opciones políticas.

Como trabajadores públicos somos esenciales, incluso las leyes y decretos lo dicen. Somos esenciales, dicen los ciudadanos que han aplaudido la fuerza de los trabajadores de la salud, el rescate y la seguridad desde los balcones.

Octubre de 2020