Políticas públicas, más que nunca para combatir la contienda

 

Mónica Melle Hernández

Profesora Titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense y miembro de Economistas Frente a la Crisis

 

 

La guerra de Putin está debilitando la recuperación económica. Las personas más vulnerables sufrirán en mayor medida sus consecuencias. Con las recesiones económicas aumentan las desigualdades, empeora la distribución de la renta entre los ciudadanos y la cohesión social se debilita. Las recetas que se apliquen serán determinantes.

La espiral de inflación derivada del aumento de los precios del gas, el petróleo y otras materias primas por el conflicto bélico, llevará a una drástica reducción de la demanda por la caída del consumo ante la pérdida de poder adquisitivo de las familias. A la vez, esta elevación de los precios, unida a la escasez de materias primas y componentes, frenará la cadena de suministros y provocará un shock también en la oferta, con posibles cierres de empresas y reducciones de plantillas.

Nuestro país va a necesitar desarrollar políticas fiscales que estimulen la demanda, y ayuden a las personas más vulnerables y a las empresas más afectadas por el drástico aumento de los precios de la energía. Más que nunca es preciso acometer políticas públicas expansivas para afrontar la crisis que se vaticina. Igual que en la crisis de 2020 por la pandemia, se requiere una respuesta inmediata que implica reactivar los ERTE y poner en marcha medidas urgentes de apoyo a los sectores y colectivos más afectados por la subida de precios.

La pérdida de renta de los hogares no se produce por igual en todos ellos. La caída de la renta disponible es más acentuada en las capas sociales con rentas más bajas, produciéndose un trasvase muy importante entre los propios hogares desde el estrato de rentas medias al de rentas bajas. Para que no aumenten aún más las desigualdades, urge un pacto de rentas, pero también un pacto energético y un pacto fiscal, que reparta de manera equilibrada los costes del golpe económico global de esta contienda.

Las crisis no pueden derivar en devaluación salarial para los trabajadores al tiempo que aumentan las rentas empresariales (que además no se reinvierten en las propias empresas). Ello además de injusto socialmente, es ineficiente económicamente porque merma el consumo y el crecimiento económico. Urge una política pública que establezca un pacto de rentas y evite esos desequilibrios. Lograr un pacto de rentas para equilibrar salarios de los trabajadores, beneficios empresariales y remuneraciones de altos directivos permite un reparto real y justo de los excedentes en las empresas en función del valor que se aporta y del riesgo que se asume.

En segundo lugar, y más aún después de la reciente autorización de la Comisión Europea, urge una mayor intervención pública en el mercado eléctrico, introduciendo criterios de interés público en un bien esencial privatizado. El coste energético es sin duda un elemento clave para las empresas y para las familias. Para tratar de evitar pobreza energética y cierres empresariales y despidos, urge una regulación del mercado energético que reduzca el precio de la energía. Se debe desacoplar el precio de la electricidad del del gas, ya que con la regulación actual el precio de la electricidad se fija por su componente más caro, que es el del gas. A pesar de que en España la electricidad apenas depende del gas, y que son otras fuentes de energía, mucho más baratas, las más importantes en el mix energético.

En tercer lugar, necesitamos un pacto fiscal que nos aproxime a un sistema tributario más justo y progresivo, y consiga a la vez aumentar la recaudación. Que cumpla tanto con la equidad horizontal (que rentas iguales paguen lo mismo), como la vertical (que se pague proporcionalmente más cuando la renta crece, posibilitando la redistribución de la misma). No resulta justo ni equitativo que la mayor parte de la carga fiscal recaiga sobre las rentas del trabajo, y que las rentas del capital apenas tributen. Tampoco lo es que la tributación de las grandes empresas no sea conforme a sus ingresos y beneficios reales.

Además de estos tres pactos o repartos equitativos, de las rentas, sobre la transición energética y fiscal, para corregir las desigualdades son precisas políticas públicas que apuesten por la educación y las políticas activas de empleo; la investigación e innovación para la transformación del modelo productivo y la mejora de la calidad de los empleos; y las políticas de cohesión social que garanticen unos ingresos mínimos a todos los hogares. Los fondos Next Generation UE ofrecen una gran oportunidad para poder abordar estas políticas.

A mayor nivel educativo menores tasas de paro, y menores índices de pobreza y desigualdad. Se necesita poner un mayor énfasis en políticas de formación y reciclaje para los parados que mejoren su empleabilidad, especialmente para parados de larga duración, y políticas familiares, de ayuda a la dependencia y de igualdad que faciliten e incentiven la plena e igual integración de las mujeres en el mercado laboral.

Para combatir la creciente pobreza y corregir la desigualdad estructural es vital asegurar igualdad de oportunidades real desde la infancia, reforzando las políticas familiares, educativas y sanitarias. La pobreza infantil está en el germen de una sociedad más pobre y desigual. No podemos permanecer ajenos a que, tras la crisis financiera de 2008, la pandemia de la Covid-19 y ahora la invasión de Putin a Ucrania, los jóvenes y los niños se enfrentan a un mundo con menores oportunidades de empleo y mayores desigualdades, qué sólo a través de políticas públicas podremos combatir.

Abril de 2022