La pobreza laboral es un problema enquistado

Ariadna Trillas

Redactora y socia trabajadora de la revista Alternativas Económicas

El problema persiste más allá de la recuperación, de la reducción del paro y de la subida del salario mínimo

Hacen falta políticas públicas sincronizadas, incluida la de vivienda, para garantizar una vida digna, y más aún en el contexto de escalada brutal de precios

Los dilemas imposibles son peligrosos. Durante largo tiempo, décadas, se nos ha inculcado como lluvia fina que, entre un empleo precario y ninguno, es mejor, por supuesto, un empleo precario. La supuesta lógica de tal dilema pone la defensa de vidas dignas por detrás de las condiciones de competencia que libran las empresas en el actual modelo económico, exacerbado por la globalización. Y arroja situaciones intolerables: en sociedades como la nuestra, organizadas sobre la premisa de que el empleo es llave de derechos, ciudadanía, relaciones, estatus, vivienda e incluso identidad, resulta muy grave que un 15% de la gente que trabaja de forma remunerada bordee situaciones de pobreza o de exclusión. Hablamos de 2,9 millones de personas.

Este dato lo aporta la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada en julio de 2021. Aún no recoge todo el impacto de la pandemia. Ni la gran escalada de la inflación de la que tiran los precios del gas, la electricidad, los alimentos y la mayoría de materias primas. Ni los nuevos e inciertos escenarios que dibuja la guerra en Ucrania.

Pero aun así, nos habla de una proporción de personas ocupadas en apuros tres puntos porcentuales por encima de la que había hace una década, en 2011, en plena crisis inmobiliaria y financiera.

Es cierto que hay que ir con tiento cuando se subrayan décimas arriba y abajo en cuestiones difíciles de medir. Si acudimos a otra fuente, la de los datos sobre la llamada pobreza laboral que compara Eurostat, en 2020 la tasa de trabajadores pobres era inferior (11,8%) en 2020. Y la estadística cuenta que, en términos relativos, estuvimos peor en 2016 y 2017. Sin embargo, aunque nos acojamos a estos datos, según la oficina estadística de la UE entre 2010 y 2019 el fenómeno de los trabajadores pobres se incrementó más en España que en el resto de vecinos europeos: la subida media en la UE fue del 12% en esos nueve años, pero en España fue del 16%. Solo Rumanía nos superó. Y ello a pesar de la recuperación económica que se produjo entre 2014 y el estallido de la pandemia, en marzo de 2020.

En Cataluña, el peso del trabajo en pobreza ha sido tradicionalmente más bajo que la media española, salvo en 2012 y, en una proporción sorprendente, y pasajera, en 2018.

En todo caso, los datos apuntan a una consolidación del fenómeno. La pobreza laboral no parece un problema pasajero. En la pasada década, el problema fue a más en 16 países de los países de la UE.

El empeoramiento se produce a pesar del incremento del salario mínimo en España –que pese a haber mejorado un 30% en los últimos años todavía es insuficiente para alcanzar el umbral tolerable que evita la pobreza–, y a pesar de la reducción del paro durante la recuperación económica producida entre 2014 y el estallido de la pandemia, en marzo de 2020.

De ahí que las alegrías por el retroceso del paro, ahora en el 13,3% de la población activa y un 10,2% en Cataluña, deben tomarse con un alivio relativo, en un contexto en el que avanza lo que la Comisión Europea denomina empleo “no estándar” o “atípico”. Veremos qué efectos tendrá el nuevo marco laboral español, que busca combatir los abusos de la temporalidad. En los dos primeros meses de su aplicación, la proporción de contratos indefinidos mejoró hasta el 22%, una tasa no vista en la serie histórica, sin que se resintiera la contratación. Pero la ralentización de la economía que supone la guerra y el marasmo de protestas por los precios desorbitados de la energía amenazan a miles de pequeñas empresas sobrepasadas por los costes, además de a grandes industrias energívoras. El efecto sobre el empleo es aún una incógnita.

Según cómo se aplique la reforma, existe el riesgo de consolidar una estabilidad precaria. Un escenario plausible, más todavía en un cambio de escenario donde la capacidad adquisitiva se ve amenazada por la envalentonada inflación y el contexto de precios energéticos disparados. La inflación se ceba en los más pobres. Basta con echar un vistazo a los precios de los alquileres en las grandes ciudades donde, nos guste o no, se concentran las mayores oportunidades laborales (con un suelo de media entorno a los mil euros). La incapacidad para pagar alquileres en las grandes ciudades –que equivalen al 100% de los salarios– y de afrontar la compra de una vivienda demuestra la importancia de que las políticas públicas estén sincronizadas en la misma dirección: garantizar una vida con las necesidades básicas cubiertas.

¿Qué perspectivas y esperanzas puede albergar una persona que no logra llevar una vida digna a pesar de que acceda a un puesto de trabajo? No pueden desligarse el desánimo y el malestar social, ni el escepticismo respecto de las instituciones, ni el auge de opciones que venden soluciones simplistas a problemas complejos, cuando trabajar significa malvivir. Y factores como la robotización y como las políticas urgentes que se despliegan para combatir la emergencia climática corren el riesgo, según se apliquen, de agravar las desigualdades.

Es positivo, en este contexto, que los Veintisiete hayan acordado una posición común consistente en mejorar los salarios mínimos dignos de la UE para mejorar la cohesión social. No se trata de que en la UE se fije un salario mínimo común europeo, idea que inicialmente estuvo en mente de Bruselas pero que topa con los recelos y las tradiciones nacionales, sino de consensuar criterios “estables y claros” para que cada país actualice el suyo. Pero hace falta presionar para que el listón sea ambicioso: al menos, el salario mínimo debe situarse por encima del 60% de la mediana salarial y en el 50% del salario medio de cada país miembro de la UE, como pide la Confederación Europea de Sindicatos (CES). No estamos aún ahí. Ni lo está una veintena de países europeos.

Actuar sobre el salario mínimo no es la única medida, obviamente. Antes me refería a la política de vivienda. Hay otras, relacionadas con el acceso a la educación y la formación, o con sistemas fiscales progresivos. Y a la urgente garantía de un consumo mínimo energético en el momento grave que vivimos. Pero sin duda, un listón de dignidad es esencial.

Las capas de la población más humildes, en cuya cesta de la compra pesan más los productos de primera necesidad, requerirán de la máxima protección. Lo público, una vez más, cobra protagonismo, como ya se vio en la pandemia.

Ni al propio sistema capitalista le interesa que cada vez haya más gente sin nada que perder.

Abril de 2022

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