Lluís Camprubí
Coordinador del Área de Internacional de Catalunya en Comú
Dentro de la desolación por las crisis sanitaria, humana, económica, ambiental y social, parecería que un ligero optimismo estratégico nos recorre. Hay una intuición extendida que esta vez las cosas pueden ser diferentes, y que lo que a muchos nos parece natural y lógico -que la salida a las crisis sanitaria y económica sea con mayor rol de lo público- podría ser posible. Pero vayamos por partes.
Esta vez podría ser diferente
Por primera vez desde muchos ámbitos –con un consenso creciente entre economistas de distintas tradiciones- se plantea una salida a la crisis económica diferente al esquema habitual seguido desde las crisis de los 70s y se apuesta por políticas contra-cíclicas, de inversión vía la movilización de recursos públicos.
En primer lugar por la magnitud de las caídas de PIB, su afectación y extensión a todos los sectores y territorios, y la intuición que su alargamiento en el tiempo puede no tener precedentes.
En segundo lugar, el hecho que el causante sea una pandemia evita relatos moralizantes y culpabilizaciones basadas en supuestos excesos fiscales y de ambición del sector público, y por lo tanto hace decaer el marco de evitar el “riesgo moral” en las políticas económicas a seguir.
Además, el paradigma de la “austeridad” está seriamente debilitado intelectualmente, especialmente en Europa después del exceso de daño económico y social que la austeridad ha generado desde 2008. Sin embargo, en este sentido es importante señalar que la batalla contra el “austeritarismo” no ha acabado, y que con el tiempo reaparecerá (seguramente cuando se vayan concretando los fondos europeos y/o el sentimiento de emergencia se atenúe). Aunque ahora sus abanderados estén en retirada por la conjunción de la evidencia viva y reciente del desastre causado y por la efectividad de la complementariedad de la confrontación política y social con la laminación gradual desde posiciones de concertación (no es menor el rol que posiciones progresistas han tenido en su desmontaje desde puestos de mando en grandes coaliciones tanto en Alemania como en la institucionalidad europea).
Y finalmente, en cuarto lugar, en el espacio UE se ha visto como fundamental y única solución posible adoptar soluciones de mancomunación del gasto/deuda público y proponer un ambicioso Plan/Fondo de Recuperación si se quería preservar la propia UE (tanto en lógica continental como en el orden multilateral global), ante el riesgo cierto de colapso que algunos países podían haber experimentado si se les dejaba a su suerte.
Pero sigue habiendo retos complicadísimos por el camino y además el partido sigue en disputa
Es cierto que aparecen fisuras y fallas en la hegemonía ideológica del neoliberalismo. Y más, en una crisis múltiple como la que nos afecta, dónde son evidentes los fallos de mercado, especialmente en la crisis sanitaria y económica. Pero eso no implica ninguna tendencia secular hacia más rol del sector público y con mayor peso de la democracia económica. Pudiendo ser bien factible la tendencia contraria, una degradación sin alternativa de la actual fase del capitalismo. Y aunque en esta primera fase de la pandemia domine un sentimiento de solidaridad, de aproximaciones comunitarias y de “estamos junto en esto”, no es descartable que si la situación socioeconómica y/o sanitaria se endurece vayan apareciendo respuestas basadas en salidas en lógica individual o de “nosotros versus ellos”. Ya en la vertiente sanitaria empezamos a ver repliegues, con un nacionalismo de las vacunas emergente en distintos países, que anula la lógica de la cooperación optando por la mala solución en lo que podría ser un ejemplo de manual del dilema del prisionero.
Además, estructuralmente hay relevantes barreras y obstáculos que entorpecen el reforzamiento de lo público. El más evidente es la fiscalidad, insuficiente y menos progresiva de lo necesario para la ambición exigida al poder democrático, al sector público y a la administración. Superar esa insuficiencia requiere voluntad política doméstica (y acompañamiento de actores sociales relevantes como los sindicatos) pero también arreglar el desajuste entre una fiscalidad que es estatal y un mercado interior y un área monetaria que son europeas (evidentemente por elevación hacia una mayor fiscalidad europea). En clave doméstica española también es una barrera la actual dinámica política de bloqueo, crispación y polarización, que no permite impulsar reformas consensuales y de calado necesarias, y donde la inercia y el seguir como siempre (por ejemplo con las prórrogas de presupuestos) no juegan a favor de lo público.
Pero es en clave europea y global donde encontramos –junto con la fiscalidad- uno de los retos más importantes a superar si queremos que lo público sea el timón del desarrollo: Cómo regulamos los grandes monopolios y disponemos de unas leyes de la competencia efectivas y que respondan frente a los grandes monopolios y oligopolios; y cómo ordenamos las cadenas de valor transnacionales. Todo ello, con la dificultad añadida de un orden internacional cada vez más transaccional y conflictivo y menos cooperativo y multilateral y con los conocidos ataques furibundos a las actuales instituciones y organismos globales.
Así pues, ¿Cómo debería ser una Reconstrucción en qué lo Público sea protagonista?
Si se quiere garantizar una recuperación de la economía y que ésta sea menos vulnerable, el sector público necesariamente tendrá que asumir más riesgos. Como algunas voces apuntan, uno de sus nuevos principales roles será el de mantener y sostener el tejido productivo, siendo también el inversor de último recurso. Unas ayudas que en buena parte podrían acabar siendo incondicionales económicamente y sin retorno, pero que deberían guardar una condicionalidad democrática relacionada con el interés general. En particular pensando en la sostenibilidad ecológica y la emergencia climática. Y es aquí donde está parte del conflicto político que viene.
Las formas de implicación de lo público en los sectores económicos de interés pueden ser múltiples, no es una cuestión únicamente dicotómica de titularidad. Supervisión, regulación, participación, codecisión,… pueden ser mecanismos complementarios dependiendo de lo estratégico y de la criticidad del sector económico productivo. Señala Mariana Mazzucato que en muchos sectores el rol de lo público debería ser emprendedor, pasando del “market fixing” (arreglar las fallas del mercado) al “market shaping” (dar forma al mercado y orientarlo según el interés general).
Parece útil pensarlo diferenciadamente por ámbitos y sectores. En primer lugar, dos sectores “no materiales” merecen especial atención en esta recuperación: el bancario-financiero (por su carácter sistémico/desestabilizador y su fuerza en la orientación de recursos) y el de las tecnológicas de datos (por el ingente poder de los datos que disponen y su afectación a la democracia). En relación a aquellos sectores que conocemos como “servicios públicos” se ha hecho ya muy evidente que el sector salud requiere una mayor coordinación y liderazgo desde lo público. Y, en tercer lugar, en relación al sector industrial, nos encontramos ante la oportunidad histórica de una reindustrialización, que debe ser necesariamente verde y con el vector de la transición ecológica. Lo que puede generar además una oportunidad para tener una nueva estructura empresarial, con empresas de mayor tamaño y menos rentistas. De hecho, en el ámbito europeo ya estamos asistiendo a la discusión sobre relocalizaciones industriales estratégicas y la búsqueda de una cierta soberanía (entendida como capacidad) industrial continental.
Para todo ello deberíamos ser capaces de incorporar dos herramientas adicionales. La primera, una orientación o enfoque de “misión” para los grandes objetivos como sociedad. Es decir que desde el ámbito público se lidere, coordine y hasta alinee e incentive la cooperación de todos los recursos y capacidades (también del sector privado) necesarios para la consecución de ese gran proyecto. Si se hizo para enviar un ser humano a la luna, bien se podría hacer para la obtención y producción de las vacunas o tratamientos de la COVID-19 o para asegurar que el paradigma del “Green New Deal” cumple sus objetivos de ambición climática. Y la segunda, el uso de la tecnología y la inteligencia artificial para el análisis de datos masivos (“big data”) con el objetivo que la planificación económica pública y democrática sea eficiente y adaptable a los cambios. Contar con una información de tanta calidad puede permitir al sector público que quiera planificar un ámbito económico-productivo desde la perspectiva del interés general superar la vieja limitación de la planificación (baja eficiencia por falta de los datos “micro” e incapacidad de anticipar cambios). Si esto último no parece suficientemente interesante, cabe señalar que la alternativa es la privatización de la planificación (lo que sería una regresión democrática sin precedentes). Privatizar la planificación significa que serían las tecnológicas las que usen las herramientas de análisis de datos en exclusiva, con lo que conlleva de privatizar mecanismos democráticos, tener un exorbitante poder de mercado y disponer de una capacidad única para orientar preferencias de la ciudadanía. Y con todo eso, poder planificar su negocio y su posible interés de intervenir en los asuntos colectivos.
En definitiva, en paralelo a la acción de emergencia del sector público para sacar de la parálisis/congelación a la economía, deberá ir poniéndose los cimientos para un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que incorpore esta nueva dimensión de lo público, asegure la protección democrática de la economía y la oriente hacia los objetivos de transformación ecológica y a la vez amplíe los derechos de ciudadanía.
Octubre de 2020