La gobernanza social de la revolución tecnológica

 

Henar Álvarez Cuesta

TU Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León

 

 

La denominada revolución tecnológica está acarreando, y ya es un lugar común, contínuas disrupciones en el modelo económico y social a cualquier nivel territorial en el cual se detenga el análisis. Las consecuencias tanto para el volumen de empleo (la temida robotización y la transmutación de trabajo por cuenta ajena en falso trabajo por cuenta propia), como para la precarización de las condiciones, entre la que destaca la perpetua vigilancia y conexión, también las estamos empezando a vislumbrar en el ámbito laboral.

Sin embargo, la aparente relación de causa-efecto apuntada que nos lleva del peor escenario posible al siguiente, dista de resultar inmutable y necesaria. Lo será si no hay respuesta ni intervención. Precisamente, uno de los controles democráticos viene dado por la asunción de la gobernanza de los cambios laborales por parte de sindicatos y organizaciones empresariales para alcanzar una transición justa para trabajadores y empresas.

En consecuencia, la transformación industrial que ha de llevarse a cabo no ha de consistir en una mera reacción a los avances tecnológicos a modo de eco social, sino que ha de ser diseñada y encauzada por los agentes sociales, quienes han de asumir el protagonismo en todos los niveles: diálogo social, negociación colectiva, consulta y participación en la empresa.

Respecto al primero, el proceso del renovado diálogo social para afrontar la transformación pretendida ha de tener en cuenta siempre como perspectiva última las personas; ha de anticiparse y gobernar los cambios, no reaccionar a ellos; ser flexible y adaptable a las circunstancias cambiantes; ha de incorporar la voz de los tradicionalmente excluidos; y ha de crear alianzas con otros grupos, movimientos o colectividades.

El siguiente paso radica en renovar su contenido para abordar la situación descrita, sin pretender, por supuesto, ofrecer una respuesta uniforme capaz de servir para todos los colectivos y territorios afectados. El acento ha de ponerse en el diseño de la formación y las habilidades a potenciar en cada territorio, sector o actividad y a la luz de las características y circunstancias en presencia. También ha de incentivarse la creación y el retorno de actividades económicas de alto valor añadido a los territorios que más han sufrido la desindustrialización y en esta ocasión la tecnología puede suponer una importante herramienta para lograrlo si se cuenta con una estrategia definida para lograrlo.

En fin, no cabe olvidar tampoco calibrar los efectos de los algoritmos y el impacto de la tecnología en clave inclusiva y por ello apostar por una regulación que potencie la transparencia para evitar la discriminación encubierta o el ocultismo intencionado, capaz de invisibilizar a grandes colectivos.

En cuanto al convenio, la apuesta por la negociación supraempresarial supone construir un marco mínimo de derechos laborales en un sector o subsector de actividad en un determinado territorio e introduce y/o expande los derechos de cogestión en los órganos de toma de decisiones de las empresas, pero sin pretender concebirla como una receta universal, siendo necesaria la adaptación a las necesidades de la concreta empresa o sector, papel que la negociación colectiva ha desempeñado y debe seguir haciéndolo.

En este ámbito, procede enriquecer los contenidos, abordando la incidencia de la digitalización en relación a los cambios en el volumen de empleo y en la configuración de los puestos de trabajo; el diseño de la flexibilidad interna; la concreción de los derechos y deberes del teletrabajo; las distintas modalidades del tiempo de trabajo, si registro y las posibilidades de desconexión digital; la protección de los datos de los trabajadores; el control del rendimiento y actividad de quienes prestan servicios; el esquema retributivo o la corresponsabilidad, teniendo como objetivo transversal en la regulación de estas materias no solo la adaptación a los cambios acaecidos sino, sobre todo y más difícil, su anticipación.

El último paso en esta línea es apostar por una cultura de innovación en la empresa a través del diálogo social y consulta constante e imaginativa, y no puntual ni burocratizada merced al preceptivo cumplimiento legal de la misma entre empresario y representantes de los trabajadores para diseñar un futuro sostenible de la actividad productiva.

Cabe atisbar un futuro más esperanzador en este somero recorrido orientativo, donde solo se han marcado las grandes encrucijadas, si se sigue avanzando en dicho terreno, un horizonte convencional capaz de constituir una importante arma defensiva de los derechos laborales (y fundamentales) de los trabajadores.

Octubre de 2020