La deuda y la crisis de balance

tarjetasdecredito

 

Sergi Cutillas – PACD, ODG y Ekon

Economista, miembro de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda y de la Comisión de la Verdad de la Deuda de Grecia

 

 

La crisis actual de deuda es en realidad una crisis monetaria en la eurozona y una ‘recesión de balances’ (Koo, 2008) a nivel global. Estas dos crisis han sido provocadas por el enfoque teórico erróneo aplicado a la construcción de la Unión Monetaria Europea y el abordaje de la crisis económica global.

Para empezar hay que hablar de los fundamentos teóricos aplicados en la construcción del euro. El primer precepto neoliberal en el que se fundamentó la Eurozona es en la Teoría Cuantitativa del Dinero. Esto es, que el determinante de la inflación es la base monetaria. Esta teoría fue aplicada por el Bundesbank, el banco central alemán, en los años 90. Según esto si hubiera un crecimiento de la base monetaria del 2% la inflación generada sería equivalente. Por lo tanto, el control de la cantidad del dinero sería suficiente para que no hubiera más inflación de la esperada, ni diferencias en la inflación de las regiones bajo esta política. El BCE, debido a la influencia alemana en su construcción, asumió este enfoque teórico durante los primeros años de su funcionamiento. Como se vio pronto, a pesar del control de la masa monetaria, los estados de la UEM lograron tasas de inflación muy diferentes entre ellos. El enfoque teórico del BCE cambió a mediados de la primera década del 2000, cuando la Reserva Federal dio la espalda al monetarismo. Sin embargo el cambio no hizo que la cosa mejorara mucho, ya que otras teorías neoliberales sustituyeron estas ideas. No fue hasta el inicio de la crisis que el debate intelectual sobre las políticas de los bancos centrales se reavivó, cuestionando la relación de la inflación con las diferentes herramientas que se estaban aplicando.

El otro pilar ideológico que nos ha llevado a la crisis ha sido la teoría de la flexibilidad laboral. Esta teoría dice que cuando la protección de los salarios y los puestos de trabajo disminuye, el paro tiende a reducirse, haciendo el mercado de trabajo fluido y con tendencia al pleno empleo. La lógica detrás de la teoría sería que en una situación de crisis en la que haya un alto índice de desempleo y no haya inversión, bajar los salarios haría que automáticamente los empresarios vieran oportunidades de negocio debido a los bajos costes laborales e hicieran, por tanto, inversiones que crearían nuevos puestos de trabajo. La evidencia no apoya esta teoría, que no tiene en cuenta el factor temporal. En realidad, el impacto inmediato de una bajada de salarios generalizada es una caída de la demanda agregada, ya que cae el consumo de los trabajadores. Montar un negocio y contratar trabajadores no se puede hacer de forma inmediata. Los empresarios que se disponen a hacer inversiones aprovechando los bajos costes laborales pronto se dan cuenta de la dificultad de penetrar mercados en los que se está generando una espiral negativa de la demanda. Por tanto, el nivel de inversiones que generarían el empleo y el crecimiento en los ingresos nacionales que predica la teoría no se producen.

En realidad la idea fundamental que debería haber guiado la construcción del euro, y todos los debates sobre macroeconomía, es la correlación casi perfecta de los costes laborales unitarios (CLU)1 y la inflación. Los costes laborales unitarios son la herramienta ideal para controlar y decidir la inflación. Para evitar los desequilibrios de balanzas comerciales que han generado la crisis en la Eurozona hubiera sido suficiente con aplicar políticas salariales homogéneas que acordaran subidas de los CLU equivalentes al aumento de la productividad de cada economía nacional más el objetivo de inflación común en el Eurozona, definido en el 1,9%. Esta medida hubiera repartido los aumentos de productividad a partes iguales entre los trabajadores y el capital, permitiendo la estabilidad de la demanda interna a nivel de estados, a la vez que controlar la inflación a base de establecer una subida de salarios nominales igual en todos los países miembros más allá de los aumentos de productividad de cada país. Esta medida permitiría el mantenimiento de la estabilidad de los tipos de cambios reales, evitando los desequilibrios comerciales entre países.

image002

La élite alemana en los años 90 centró el debate de política económica en la restricción de la inflación al 1,9%. Esto se debía alcanzar a través de las políticas monetarias erróneas antes mencionadas, y también con la restricción de los déficits fiscales a no más del 3%. Cabe decir que esta restricción fiscal no tiene fundamentos teóricos, ya que la relación entre los déficits y la inflación es débil o inexistente. En paralelo se dispuso a reducir su alto desempleo aplicando la doctrina de los mercados laborales flexibles. Por este motivo aplicaron políticas de represión salariales a partir de principios del milenio. En realidad el resultado fue que lograron reducir el paro, pero no por las razones esperadas. En realidad Alemania, en vez de generar puestos de trabajo propios potenciando su demanda interna, robó los puestos de trabajo a sus socios de la eurozona a base de comerles cuota de mercado como resultado del aumento de su competitividad, obteniendo grandes superávits con el aumento extraordinario de las exportaciones.

Recomendar estas políticas de competir en precios entre Estados miembros, como ha hecho la Comisión Europea, muestra la incompetencia y el dogma ciego de la doctrina neoliberal. La razón es clara: la eurozona, vista desde la perspectiva de la CE, es una gran economía cerrada, por lo que las políticas de represión de la demanda interna en una región, para ser sustituida por la demanda de otras partes de la misma economía no deja de ser una disminución de la demanda interna total, que por lo tanto lleva, tarde o temprano, a la ralentización de la economía y la deflación.

La política de represión salarial en Alemania supuso que en términos reales éstos quedaron estancados durante más de una década, mientras que la productividad aumentaba rápidamente. Esta contención de los CLU permitió que la inflación en Alemania desde el inicio del euro al estallido de la crisis se situara en el 0,4% anual, muy por debajo del 2% marcado por el BCE, mientras que la del resto de socios de la UEM mantenían subidas salariales cercanas al objetivo marcado.

image004

Este hecho permitió a Alemania lograr una competitividad relativa a sus vecinos que se iba acumulando a lo largo de los años. El tipo de cambio real alemán, por lo tanto, se depreció respecto al de sus vecinos de la eurozona. Gracias a esta devaluación, basada en un dumping salarial, aumentó la cuota de mercado de sus exportaciones dentro de la UEM. Su economía pasó de tener unas exportaciones del 30% respecto a su PIB, a llegar al 50% del PIB entre 1999-2003. Por lo tanto, la introducción del euro sirvió a Alemania para establecer una posición de dominio comercial en la eurozona basada en la consecución de un tipo de cambio real abusivamente bajo, que violaba los acuerdos establecidos respecto de los objetivos de inflación.

image006

Estos desequilibrios, que generaban superávits en Alemania, tenían como otra cara de la moneda los déficits comerciales en el resto de países de la UEM. Además, las restricciones salariales en Alemania inclinaron la balanza de las rentas nacionales en favor del capital, deprimiendo la demanda interna. El hecho de que Alemania tuviera una demanda e inversión débiles deprimió los tipos de interés. Este tipo de interés bajo era incluso negativo en términos reales en los países que necesitaban financiar sus déficits comerciales, donde las tasas de inflación eran más altas que en Alemania. Esto provocó que la banca del centro europeo financiara los déficits de la periferia europea, esperando compensar la operación posteriormente con el ahorro de los beneficios de las industrias exportadoras. Podríamos, por tanto, afirmar que la banca centro europea, como financiadora de los déficits comerciales de la periferia, está en el centro y se benefició enormemente de la dinámica de desequilibrios comerciales y endeudamiento que se ha generado en la Eurozona en los últimos años. El Estado español sufrió especialmente las consecuencias de estos desequilibrios, en la forma de una burbuja inmobiliaria gigantesca. El gráfico posterior nos muestra claramente como los desequilibrios en las balanzas comerciales se tradujeron en un alto nivel de endeudamiento privado. En paralelo los niveles de deuda pública se iban reduciendo hasta el estallido de la crisis (marcado con una línea vertical). Es por tanto falso, que la deuda se originara por exceso de gasto público. Es a partir de 2008, que se pusieron en marcha todos los mecanismos de austeridad y rescates financieros, que han supuesto un trasvase contable de gran parte de la deuda privada en el sector público, disparando los niveles de deuda pública en la eurozona.

image007

image009

image011

En el caso español este hecho es muy evidente, ya que los niveles de endeudamiento del sector privado eran significativamente superiores a la media de la UEM, en especial el endeudamiento de las empresas no financieras, que llegó al 120% de PIB en el pico de la crisis. En cambio el endeudamiento del sector público era muy inferior a la media de la UEM cuando comenzó la crisis, situándose por debajo del 40% del PIB, un nivel muy por debajo del 60% de la media en la UEM.

El enfoque para solucionar la crisis también ha sido erróneo como demuestra el hecho de que ya llevamos 8 años adentrados en la Gran Recesión, que parece que se agrava en una espiral de deflación, estancamiento y riesgos financieros. El dogma neoliberal ha hecho que los encargados de la política económica se hayan centrado en los fondos problemáticos de la economía, como la deuda, o los balances de los bancos, sin en cambio centrarse en reestablecer los flujos, o sea los ingresos (crecimiento), las inversiones y el consumo. La falta de comprensión de las dinámicas entre flujos y fondos ha hecho que aplicando medidas de austeridad para reducir los fondos sin tener en cuenta los flujos hayan empeorado tanto unos como otros. La pretendida ‘devaluación laboral’ para reducir los tipos de cambio real del resto de los países de la UEM respecto a Alemania ha deprimido la demanda en estos países y generado desempleo y estancamiento. Por otro lado, el crecimiento del PIB a través de obtener balanzas comerciales positivas es casi imposible de alcanzar cuando todos los vecinos de la periferia europea están siguiendo la misma estrategia de represión salarial y a la vez Alemania sigue sin subir los salarios que podrían tirar de la demanda de la UEM. Además, como en el caso de Grecia, si hubiera reestructuraciones de deuda, y éstas se hicieran a través de imponer quitas a pequeños y medianos ahorradores nacionales (reestructuración de la deuda pública 2011-12) la inversión y la demanda se reducirían aún más.

Si los esfuerzos hubieran ido destinados a restaurar el crecimiento, el impacto negativo a corto plazo sobre los fondos habría sido contrarrestado por el impacto positivo a medio y largo plazo del retorno al crecimiento. El problema de esta propuesta es que para que esto funcione deberían permitir déficits fiscales más amplios en el corto plazo para relanzar la inversión y el consumo, a la vez que Alemania debería seguir una estrategia de reflación de salarios y de precios en su economía. Si no se sigue esta estrategia será imposible que la brecha en los CLU abierta por Alemania respecto al resto de países de la UEM, que ha devaluado el tipo de cambio real alemán, pueda volver a los niveles de equilibrio que había cuando se estableció el euro. Si Alemania no siguiera estas políticas de reflación interna, el resultado volvería a ser que cada vez que hubiera indicios de recuperación en los países de la periferia volveríamos a ver déficits comerciales que aumentarían la deuda externa de estos países, volviendo a poner en peligro la solvencia y la autonomía. La única opción que queda en los países periféricos si Alemania no aprecia el tipo de cambio real, lo que parece altamente improbable, será la de imponer las políticas de austeridad en las próximas décadas, hasta reequilibrarse relativamente con Alemania. La pregunta pues es ¿cuánto tiempo puede aguantar una democracia en la actual dinámica de deterioro social provocada por este ajuste?

La otra alternativa al alcance de estos países es la de amenazar con la rotura de la UEM, de forma individual o preferiblemente en colaboración con otros países que se encuentren en situaciones similares. Francia e Italia podrían seguramente hacer cambiar el rumbo de las políticas alemanas redireccionando el destino de la Eurozona. En el corto plazo, por la falta de determinación de la izquierda, sólo la derecha xenófoba del Frente Popular francés y el populismo sin principios del Movimiento Cinco Estrellas italiano presentan estas amenazas creíbles que podrían poner presión sobre las políticas alemanas. El Estado español, en una hipotética colaboración con Grecia y Portugal lo tendría más difícil para hacer cambiar de opinión a los vecinos germanos. Si cambiar el sentido de las políticas alemanas fuera imposible, la única opción razonable para garantizar la democracia y prevenir la desintegración social de las economías periféricas sería la salida de la UEM, junto con la reducción de la deuda pública y privada y la aplicación de medidas de desarrollo y pleno empleo que permitieran que la sociedad maltratada se rehiciera de los últimos años de austeridad. Los estados del sur de Europa deberían prepararse para esta eventualidad, ya que ésta puede ser en algún momento la única salida de la camisa de fuerza que supone la UEM, o al menos puede llegar a ser un escenario que se produzca más allá de la voluntad propia, dadas las numerosas crisis que continúan candentes tanto en la Eurozona como en la UE.

Nota:

Muchos de los argumento expuestos son extraídos del libro “Contra la Troika”, de Lapavitsas y Flassbeck (2015).

Barcelona, 28 de Abril de 2016

 

[1] Costes Laborales Unitarios definidos como renta salarial bruta por cápita multiplicada por el número de personas empleadas dividido por el PIB real.