La información tiene un precio

Jéssica Beiroa (Teo-A Coruña, 1983) es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidade de Santiago de Compostela (2005), habiendo realizado las especialidades de Periodismo Audiovisual y Periodismo Electrónico-Multimedia. Ha trabajado en la producción audiovisual, seguimiento de medios y prensa digital; no obstante, la mayor parte de su trayectoria profesional ha transcurrido en gabinetes de prensa o realizando trabajos como periodista autónoma para artistas, empresas y otras entidades.

 

¿Qué es un/a periodista? ¿Quién es periodista? He aquí las preguntas más breves que podríamos realizar sobre esta profesión, pero que, paradójicamente, necesitarán las respuestas más largas para su resolución. Ambos interrogantes son ricos en matices y encierran el diagnóstico sobre la situación del periodismo y esbozan las claves para atisbar el horizonte de posibles salidas del actual atolladero.

Desde la facultad se nos inculca que periodista es la persona que se dedica profesionalmente al periodismo, el cual, a su vez, es un labor de mediación entre los hechos noticiosos y la ciudadanía. No obstante, esta mediación no es aséptica, sino fruto de un trabajo profesional. El/la periodista recoge la información, la jerarquiza, la trabaja y la distribuye. Esta dinámica se hace siguiendo los códigos y criterios profesionales, cuyo correcto cumplimiento es lo que permite que hablemos de profesionalidad. Repito en varias ocasiones, y con toda la intención, términos de la familia léxica de la profesión. Llegaremos a ello.

Definido en lo esencial el trabajo periodístico, parecería sencillo definir quién lo desempeña. «Es periodista quién hace periodismo». Quizá, pero la realidad nos dice que hay muchas personas que lo hacen sin estar formadas académicamente para ello. «Es periodista quién está licenciado/a en Periodismo». Puede, pero hay muchas personas licenciadas que no ejercen. «Es periodista quién está licenciada/o en Periodismo y ejerce la profesión». Entonces volvemos al primer caso y dejamos fuera de la definición a personas que ejercen brillantemente la profesión y carecen de la formación académica. Pero nos aproximamos, volveremos sobre ello.

Falta de regulación
y choque de legitimidades

Con la ley en la mano, cualquiera puede ser periodista, ya que la profesión no está regulada legalmente. La importancia del periodismo no se menciona explícitamente, pero sí de modo implícito, en la Constitución Española (CE). Pese a esta relevancia, y al contrario que en otras profesiones, para el ejercicio del periodismo no se exige la posesión de un carnet profesional, ni estar lienciada/o —o graduado/a—, ni mucho menos existe la obligación de estar colegiado/a.

Algunos ejemplos de carnets profesionales que todas y todos conocemos son los de manipulador/a de alimentos, instalador/a… ou de entrenador/a, que cada vez en más deportes se exige. Algunos ejemplos de profesiones que exigen estar colegiado/a para su ejercicio son, por ejemplo, la abogacía, la medicina o la enfermería. En el caso periodístico, hay tanto carnets como colegios profesionales, sin que la posesión de o pertenencia a uno u otros sean obligatorios en la actualidad.

Una forma de salir de este atolladero quizá sea el separar legalmente el derecho constitucional a la información del ejercicio de la profesión periodística. El actual artículo 20 de la CE es un batiburrillo en que se mezclan la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de cátedra o la regulación de los medios de comunicación públicos.

En lo que atañe estrictamente a la prensa, se mezclan el derecho constitucionalmente reconocido —y que atañe a toda la ciudadanía— con el ejercicio profesional. En concreto, el artículo 20.a de la CE señala que «[Se reconocen y protegen los derechos:] A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción»; mientras, el art. 20.d expone que «[Se reconocen y protegen los derechos:] A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades».

Esta confusión —o indefinición, según se vea— choca, por ejemplo, con la concisión que más adelante vemos respecto al tratamiento de otro importante derecho constitucional, como es la protección de la salud. Así, el artículo 43.2 de la CE reza (la cursiva es mía): «Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto».

Tal vez la solución pase, como decía, por hacer una distinción entre el derecho de todas las personas a recibir y transmitir información veraz —¿y qué mejor define la veracidad sino el adecuado cumplimiento de las normas profesionales?— y el ejercicio profesional del periodismo.

Cuando hace cuarenta años se redactó la Constitución, el periodismo era más un oficio que una profesión. En ese tiempo se crearon en todo el Estado varias facultades del ramo —como mi alma mater, que data de 1991— y colegios profesionales, al tiempo que decenas de promociones de periodistas se sometieron a una ardua formación de entre cuatro y cinco años —según los distintos planes de estudios—, muchas veces complementada por programas de prostgrado, máster, prácticas remuneradas o contratos formativos.

Cada vez más, los medios de comunicación exigen la titulación específica para el acceso a vacantes periodísticas y progresivamente se va conformando redacciones en que comienzan a ser mayoría las personas tituladas. Según datos de 2011, más del 60 % de las personas que ejercen el periodismo en Galicia poseen la titulación, cifra que va en aumento.

Nos hemos vendido barato

Uno de los principales problemas del periodismo gallego, extrapolable al resto del Estado, es lo barato que hemos vendido nuestra fuerza de trabajo. Años de formación —cuatro como mínimo— vertidos por el desagüe en cuanto nos ofrecemos al mejor postor tirando los precios —cuando no gratis— por el mero hecho de hacer algo y figurar.

Pongámonos en situación. Un/a periodista termina su carrera, quizá incluso sin haber hecho prácticas en empresas del sector, y se encuentra con la inhóspita realidad. «¿Qué hago?». Hay quien opta por seguir formándose, hay a quien le suena la flauta y encadena facultad con un trabajo, y hay quien se encuentra con lo puesto. En esta tercera situación, la desesperación nos invade; no tenemos nada más que ofrecer que el paso por la Universidad, quizá una o dos líneas reseñando prácticas profesionales. Por más que tengamos una formación de años, nos sentimos como un folio en blanco, nos embarga la necesidad de dotarnos de contenido y valor adicional que nos diferencie de la —creciente— competencia en idéntica situación.

Es entonces cuando nos encontramos con lo que el periodista David Lombao, director del diario digital Praza.gal, denomina cobrar —ya no en euros contantes y sonantes— «en visiblos», un pago en visibilidad, o sea, con dinero invisible pero a cambio de que el nombre de la persona figure en algún sitio. En resumen, un trabajo profesional realizado de manera gratuita, con la esperanza de que eso permita obtener una referencia pseudolaboral que aporte valor a nuestro currículo y ayude en futuras búsquedas de empleo.

Nos reímos de quién pueda pensar en pagar por trabajar, ¡pero no hay tanta diferencia! Ante la falta de un trabajo que incluir en el currículo, estamos dispuestas/os a regalarnos, a trabajar gratis, para que a renglón seguido de la formación académica podamos introducir alguna referencia alentadora en el vacío campo de la trayectoria profesional. «He colaborado con…», «he participado en proyectos como…» y otros eufemismos del montón.

Esto sucede también porque los/las periodistas olvidamos con suma facilidad que, ante todo, formamos parte de la clase trabajadora. No somos ni artistas ni plumillas, sino que somos trababajadores y trabajadoras que, a cambio de un salario, ponemos a disposición nuestra fuerza del trabajo. La misma facilidad con que analizamos los valores noticia de un hecho parecemos tener para pasar por alto una realidad tan obvia. Y olvidamos que toda actividad profesional debe ser remunerada.

Tampoco ayuda el lodazal en que se halla el buen nombre de la profesión: el prestigio que un día ostentó es ya un sueño muy lejano. El intrusismo, la telebasura, el amarillismo, el sensacionalismo y las redes de intereses —factores todos ellos que van muchas veces de la mano— han dejado muy tocada la percepción del periodismo y de su labor.

No hay explotación
sin explotadores

Nos hemos ventido barato, demasiado barato, sí. Pero aun teniendo nuestra pequeña cuota de responsabilidad, no podemos olvidar que somos las víctimas de una explotación, y que no hay explotación sin explotadores. Los explotadores tienen mil caras —y muy duras, por lo general—.

El perfil de explotador no corresponde siempre al empresario de la comunicación que se solaza en la cubierta del yate en verano mientras acumula dos o tres meses de retraso en el pago de sus nóminas a una plantilla de aspirantes a mileuristas. No, el explotador se esconde también tras el rostro —pétreo— de la ONG que recluta a destajo personas voluntarias para el desempeño de una labor profesional, desvirtuando el propio concepto de voluntariado. Explotador es también el responsable de recursos humanos que inunda la web con ofertas de empleo en que exige saber de lo divino y lo humano, pero a coste de fastfood. Explotador —y sinvergüenza— es también el responsable de una institución pública que tolera —cuando no fomenta— el trabajo no remunerado en los proyectos o iniciativas que financia.

Las cosas no marchan bien para el periodismo gallego y me figuro que en el conjunto del Estado tampoco van boyantes. La crisis no ha servido para reconvertir el sector, sino para extender la precariedad por doquier. Antes maldecíamos la desgracia de ser mileuristas, ahora añoramos un salario de «mil euros pelados».

Problemas arrastrados de tantos años no se van a solucionar de la noche a la mañana, no. Serán necesarios años de batallas a múltiples bandas, sobre todo en los terrenos laboral y legal, para que podamos llegar a ese día en que la profesión levante cabeza.

Trabajo precario,
información precaria

Es difícil levantarse y dar la cara por la profesión cuando la ciudadanía tiene tan mal concepto de ella. Más difícil todavía poder defenderla cuando no sin defendibles ni las condiciones laborales.

Un estudio realizado por Sergio Roses en 2011 —y la situación no habrá mejorado, me temo— señalaba que un tercio de los periodistas españoles cobraba menos de 1500€ netos mensuales en 14 pagas.

En el mismo año, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, la Consellaría de Traballo y la Facultade de Ciencias da Comunicación publicaron un exhaustivo estudio que, entre otras variables, analizaba la estructura salarial de la profesión a partir de una muestra de los profesionales colegiados. Según este trabajo, el 65,07 % cobraban menos de 1800 € brutos en 14 pagas. No obstante, el dato más desalentador es que cuatro de cada diez cobraban menos de 1200 € brutos, o sea, rigurosos mileuristas, cuando la crisis estaba casi comenzando.

El resumen de casi una década de crisis es que en Galicia han cerrado varios medios de comunicación y los restantes han reajustado sus plantillas mediante brutales regulaciones de empleo. Los cuadros de personal se redujeron a la mínima expresión, igual que los salarios, incrementándose solo la carga de trabajo.

La crisis empresarial del periodismo en Galicia arrancó en 2008 con el cierre de las delegaciones de ADN. A ello siguió en 2009 el fin de Metro en España —y la desaparición de la publicación, aunque residual, en Galicia—, así como la eliminación de ocho de las quince delegaciones de 20Minutos —entre ellas las dos gallegas—.

Pero lo más duro vendría en el trieno 2010-2013, con el cierre de numerosas publicaciones —especialmente afectadas las editadas total o parcialmente en gallego— y expedientes de regulación de empleo —con despidos e importantes recortes salariales— en todos los grupos de comunicación relevantes.

En 2010, la compañía pública CRTVG cerró las delegaciones de Ferrol y Burela, mientras que la de Pontevedra se integró en la de Vigo. En verano del mismo año cerraron el diario digital gallego de referencia, Vieiros.com, y el semanario A Nosa Terra. A comienzos de 2011 cierra la publicación A Peneira y, en otro verano aciago, los diarios Galicia Hoxe y Xornal de Galicia, junto a la versión electrónica de A Nosa Terra. En diciembre de 2013 desapareció el cuasidiario —salía cinco días a la semana, como indicaba su nombre— De Luns a Venres, durante un tiempo asociado a ADN.

Esta auténtica escabechina provocó el uso y abuso de figuras como las becarias y becarios, los contratos en prácticas, becas FEUGA —Fundación Empresa-Universidade Galega—, recurso a freelances y colaboradoras/es de lo más variado. En resumen, una desestructuración de las redacciones, marcadas en muchos casos por la pérdida de referentes y por la eventualidad. Según una encuesta del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (2016), solo el 60 % de los profesionales colegiados tienen un contrato indefinido. Casi el 20 % son eventuales y otro tanto trabaja por cuenta propia.

La especialización temática, un valor antaño, se ha difuminado y cada vez más son los periodistas que se ven obligados a cubrir informativamente temas de los cuales no tienen ni idea ni contexto. Este trabajo, ejercido en condiciones precarias y por encima mal pagado, suele tener su correlato en noticias pobres o incluso con errores de bulto que serían impensables muy pocos años antes. Pero sucede, y quien lo paga es la ciudadanía.

Galicia, 18 de Octubre de 2017