La información, un derecho de los ciudadanos

 

Joan Busquet

Periodista

 

 

 

Es indispensable reformar los medios

públicos y proteger los medios independientes

Casi todas las constituciones, incluida la española, consagran el derecho a la información sin censuras ni obstáculos. Se trata de un derecho universal, no de un privilegio de los periodistas y de los medios de comunicación. El derecho de los medios a informarse basa en el de los ciudadanos a recibir una información veraz que respete la dignidad de las personas y el pluralismo. Los medios de comunicación tienen una función social y son, por definición, un servicio público. Lo son incluso los privados para que lo que cuenta no es sólo que estén en manos privadas, sino el hecho de que su existencia responde a la necesidad de que todos puedan ejercer un derecho, el de la información y la comunicación, que pertenece a la ciudadanía y que es imprescindible para ejercer los demás derechos y para garantizar la democracia.

El caso es que el ejercicio de este derecho está gravemente amenazado por el dominio de los grandes grupos industriales y financieros, la promiscuidad entre la prensa y el poder y la concentración de la propiedad y de los recursos tecnológicos, que llevan a la exclusión de los circuitos informativos de la mayoría de los ciudadanos, a la unilateralidad de las informaciones, a la marginación de las voces críticas con el poder, a la confusión de información, espectáculo y entretenimiento y a la uniformización y el empobrecimiento culturales. En esta situación de vulneración de la Constitución es indispensable la aplicación del principio de que todas las personas tienen el derecho de investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censuras ni obstáculos, mediante todas las plataformas existentes, en el marco del respeto a la libertad y los derechos humanos.

Esto exige desgubernamentar y fortalecer la televisión y la radio públicas, las estatales y las autonómicas, y ponerlas al servicio de la ciudadanía. Una radiotelevisión pública con mecanismos de control democrático real reforzaría el pluralismo, facilitaría el acceso igualitario al conocimiento y fortalecería los valores de la diversidad lingüística y cultural de España. En este sentido hay una reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual orientada a evitar el oligopolio audiovisual, a promover las sinergias entre los medios públicos nacionales y locales y a facilitar canales abiertos a los medios privados sin ánimo de lucro, las cooperativas y las pequeñas empresas de economía social y solidaria. También se debería crear un Consejo Estatal del Audiovisual independiente del Gobierno y de las empresas del sector e integrado en la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA), similar a los que existen en prácticamente todos los países europeos. Sería responsabilidad del consejo fijar los criterios de gestión del espectro radioeléctrico -que es un bien común– y garantizar un reparto más equilibrado entre todos los sectores de la comunicación. Con carácter urgente, habría que derogar el decreto ley 15/2012 de modificación del régimen de administración de RTVE, que impuso el PP, y promover una auditoría de RTVE.

Garantizar el derecho a la información exige también regular la concentración de la propiedad entre los medios, de manera que se eviten situaciones escandalosas como el hecho de que actualmente sólo tres compañías controlen el 58% del mercado y que una parte de la propiedad termine haciéndolo con el control de grupos enteros. Igualmente, exige regular la participación de las empresas estratégicas en el accionariado de los medios privados para garantizar su independencia de los poderes fácticos.

También es necesario proteger los medios independientes y sin ánimo de lucro, los que rehuyen las aventuras y las deudas impagables, y, en general, los que son resultado de la autoorganización de los ciudadanos que ejercen el derecho a ser emisores de información y constituir y gestionar medios de comunicación propios. Esto puede contribuir a rescatar los periodistas y los profesionales de los medios del paro, los salarios de miseria y el trabajo gratis, de la censura y el miedo, como garantía de libertad, imparcialidad e independencia.

Es indispensable igualmente limitar y reequilibar los gastos en publicidad institucional y hacer un reparto de las ayudas y los incentivos que combine los criterios objetivos de transparencia y equidad con la necesidad de contribuir a un reequilibrio progresivo entre todos los sectores de la comunicación.

Estas son cuestiones prioritarias, pero se tendrían que añadir dos más. La primera es la derogación total o parcial de las leyes que limitan el derecho a la información, especialmente la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza) y las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y la segunda, la promoción del consenso necesario para aprobar una Ley del Derecho a la Información y la Comunicación de la ciudadanía, para proteger el derecho de todos los ciudadanos a recibir una información plural, veraz y completa y el de los periodistas a trabajar con condiciones laborales y profesionales dignas.

Barcelona, 18 de Octubre de 2017