Infancia, clase social e inmigración: una intersección necesaria en las políticas contra la pobreza infantil

 

Bea Ballestín González

Doctora en Antropología Social y Cultural, y Licenciada en Sociología

Profesora asociada e investigadora en el Departamento de Antropología Social de la UAB

 

Pobreza infantil y crisis en Catalunya y España

Desde el inicio “oficial” de la crisis en 2008, varios estudios (Unicef, FEDAIA, Cruz Roja, Cáritas, INE, Descat…) han alertado del dramático impacto de la recesión económica sobre la población infantil en el conjunto del Estado y en Cataluña. En todos ellos se constata y se denuncia que los menores están sufriendo las consecuencias del deterioro de las condiciones de vida de las clases trabajadoras de forma más grave que ningún otro colectivo: la pobreza sigue a día de hoy teniendo rostro de niño.

De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística, en Catalunya la tasa de pobreza y exclusión social entre los niños (en realidad el dato es relativa a los hogares con menores) ha aumentado hasta el 33%, una cifra que se sitúa diez puntos por encima de la correspondiente al total de hogares catalanes, que es del 21,8%. Con respecto al conjunto de España, sabemos que uno de cada diez menores del Estado -unos 840.000 niños- vive en una situación de pobreza crónica.

Se trata de unas cifras alarmantes y claramente superiores a las de otros países europeos que responden en buena parte a la reducción del gasto público destinado a la infancia. De hecho, Cataluña, de acuerdo con el informe anual 2014 del Síndic de Greuges, se caracteriza por unos niveles de gasto público en protección social, salud y educación claramente inferiores a los del conjunto de la Unión Europea e incluso del Estado. La inversión social en familias se sitúa en un 0,9% del PIB y en España en un 1,4%, muy lejos de la media europea del 2,2% (Eurostat, 2012). En cuanto a la inversión pública en educación, en Catalunya es la más baja de Europa y de todo el mundo desarrollado, con un 2,8% del PIB en 2013, situándose al nivel de Perú (2,76 % del PIB), Laos (2,77%) o Guatemala (2,8%). Habría que duplicar la inversión pública en Educación y tener un presupuesto total de unos 10.800 millones de euros -5.000 actuales- para que el sistema hiciera un salto cualitativo, más integrador y equitativo y de respuesta a los retos del siglo XXI. Además, se han ido aplicando diferentes mecanismos de “austeridad” que han agravado unas condiciones ya de por sí dramáticas: restricciones y endurecimiento de requisitos para acceder en las prestaciones para familias socialmente desfavorecidas (por ejemplo, la renta mínima de inserción), en las ayudas de comedor escolar y transporte, o en las becas para material escolar, etc.

Sabemos que aunque la crisis ha producido nuevas familias y niños en situación de pobreza, la situación más grave es la de aquellas que ya vivían al borde de la precariedad, la situación de las cuales ha empeorado claramente. Más en concreto, la cronificación de las situaciones de pobreza se da con mayor intensidad entre los hijos de familias monoparentales (encabezadas por la madre), numerosas y con padres procedentes de fuera de Europa.

Invisibilidad e importancia del colectivo de menores de origen inmigrante extranjero

La constatación de que el riesgo de pobreza infantil se da de manera muy palpable en familias procedentes de la inmigración extranjera (las cuales son también más frecuentemente familias numerosas y monoparentales) es una constante en los diagnósticos, pero en cambio prácticamente no hay ningún estudio ni intervención social que se centre específicamente y monográfica en un colectivo que después de unos años de sobreexposición en problemáticas de gestión de la diversidad cultural en el marco escolar, prácticamente ha desaparecido de la agenda política. Este artículo es una llamada de atención a esta carencia en la atención a las desigualdades sociales y la pobreza de las familias con hijos menores, generadas y acentuadas por la crisis.

Para calibrar en su medida la razón de la afirmación anterior, debemos tener en cuenta la importancia de la variable migratoria en el conjunto de la población infantil y adolescente residente en Catalunya: así, según datos del Idescat, en 2015, y pese al estancamiento en los flujos de llegada, los niños y adolescentes de 0 a 19 años (sumatorio de grupos quinquenales) de nacionalidad extranjera (219.823) suponen el 14,4% del total de la misma edad en Catalunya (1.524.195), habiendo alcanzando el pico máximo de peso del año 2010, cuando correspondían al 17,4%. Dentro del colectivo de niños y adolescentes extranjeros, el 20,3% tienen nacionalidades de la Unión Europea y el resto proceden de países extracomunitarios, la gran mayoría situados en la periferia económica.

Entre los pocos datos específicos sobre condiciones de vida de estos hombres y mujeres que hemos podido recabar, sabemos, nuevamente a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para el 2008, que entre los niños de 0-10 años con padres nacidos fuera de la UE, 4 de cada 10 son pobres, una proporción que duplica la de los autóctonos. Las tasas de pobreza alta y severa mantienen un patrón similar: la de pobreza alta es del 15,6% entre los niños de origen extranjero y de un 6,2% entre los autóctonos, y la pobreza severa del 6% y del 3,5% respectivamente (Quiroga y Alonso, 2011). La tasa de paro entre la población extranjera (gran parte padres de hijos de familias inmigradas) bordea el 32%, y está a más de 12 puntos de la que tienen las personas de nacionalidad española. Una de las consecuencias del paro, y sobre todo del masculino, es que las madres acaban asumiendo gran parte de la economía familiar, con la desesperación del padre por falta de expectativas laborales. Muchas madres terminan trabajando en el servicio doméstico (algunas como internas) o como cuidadoras de personas mayores de forma irregular. Las familias inmigradas, además, están teniendo dificultades crecientes de acceso a los dispositivos públicos de protección social para su situación jurídica: cada vez hay más que no pueden renovar sus autorizaciones de residencia y de trabajo y pasan a una situación de irregularidad administrativa, si es que no han sido siempre inmigrantes irregulares. Con estas condiciones administrativas, las políticas sociales y las prestaciones compensatorias públicas reducen su alcance notablemente, situación que se agrava con los recortes presupuestarios impuestos desde los gobiernos estatal y autonómico. Todo ello sólo provoca la persistencia y/o el aumento de la pobreza de estas familias y sus hijos/as.

Experiencias y perspectivas sobre pobreza infantil e inmigración desde el tercer sector y el profesorado de primaria y secundaria

Ante estas dificultades de acceso a los servicios públicos, las entidades del tercer sector a menudo terminan actuando como “cortafuegos”… No es el momento aquí de entrar en debate político e ideológico sobre las implicaciones de la externalización de servicios públicos, pero lo cierto es que hoy por hoy estas entidades, conjuntamente con el profesorado de los centros de primaria y de secundaria (y los Servicios Sociales municipales), son conocedoras privilegiadas de primera mano de las situaciones que deben enfrentar estas familias y del impacto social y educativo de éstas sobre sus hijos en edad escolar. En este apartado resumimos brevemente un diagnóstico al respecto elaborado a partir de unos grupos de discusión que organizamos tanto con profesores/as de diversos centros educativos, como con representantes de algunas entidades socioeducativas operativas en municipios del área de la provincia de Barcelona, ​​y que se incluyeron en un estado de la cuestión más extenso sobre la situación actual de los niños de origen inmigrante extranjero auspiciado por la Fundación Jaume Bofill:

De entrada había una cierta reticencia a diferenciar perfiles “autóctonos” de perfiles “inmigrantes” en referencia a la pobreza infantil, se hablaba más bien de “contextos de pobreza” ya que existen muchos elementos en común en cuanto a condiciones de vida y perspectivas de futuro … Ahora bien, también se reconoció una vulnerabilidad añadida de estas familias por su condición de inmigrantes, derivada tanto de una situación previa de precariedad cronificada que se ha agravado con la crisis, como de las limitaciones anteriormente mencionadas impuestas por la ley de extranjería y las barreras a la igualdad de derecho y jurídica en el mundo laboral, y en el acceso a los servicios sociales.

Por otra parte, se enfatizó los nefastos efectos en términos de estabilidad (familiar, educativa) de una movilidad residencial añadida de estas familias (también presente entre las autóctonas, claro) que no tiene tanto que ver con un retorno “masivo” a los países de origen como de movimientos y mudanzas internas, a nivel de comunidades autónomas, provincias, municipios, y distritos/barrios dentro de las grandes ciudades, en función de la disponibilidad para acceder y mantener empleos y vivienda. Movilidad que se ha sumado a un incremento importante de la emigración circular: padres que dejan la familia en España y vuelven a emigrar a otro país europeo para probar suerte; familias que vuelven temporalmente al país de origen; padres que envían a sus hijos a origen esperando que la situación mejore; padres que se quedan en el Estado mientras la madre regresa con los hijos.

Se trata de movimientos percibidos muchas veces como “erráticos” tanto por los servicios sociales y entidades asistenciales como por el profesorado, que producen gran sufrimiento en los niños y adolescentes por la separación, inciertamente temporal, de los diversos miembros de la familia, a veces interrumpiendo procesos ya frágiles de reagrupación familiar desde origen. En los casos más lacerantes de falta de vivienda, cuando se llega a “ocupaciones” de viviendas vacías, los dilemas que se les presentan a las familias muchas veces las dejan en situación de indefensión y “ilegalidad”, con vulnerabilidades añadidas por el hecho de no tener un estatus legal regularizado.

De rebote, otro impacto importante de la pobreza de las familias en contextos de inmigración que se reconoció entre estos profesionales fue la erosión de la cohesión y la convivencia que la creciente competencia por los recursos y los servicios públicos agudizada por la crisis ha espoleado entre las familias “autóctonas” y las de origen inmigrante extranjero en los barrios y territorios más castigados por la precarización económica. Después de unos años de atenuación, parece que con la crisis se han desatado los sentimientos de “agravios comparativos” y los discursos estigmatizadores sobre la población inmigrada, los cuales no dejan de repercutir sobre los niños y sus oportunidades de inclusión social y cultural.

Ante estas problemáticas, no sólo no se ha actuado sino que los sucesivos recortes han llevado a una situación de collapso y desbordamiento en algunos de los servicios y recursos que hasta ahora habían ido canalizando las necesidades más materiales y cotidianas de los niños y las familias de la inmigración extranjera mayoritariamente atendidas por las entidades socioeducativas. Los recortes también han repercutido en la disminución y el deterioro de los recursos para trabajar coordinadamente y en red con los centros educativos y los servicios sociales dirigidos a la infancia, vitales para la detección y tratamiento precoz de determinadas problemáticas psicopedagógicas. A menudo las entidades socioeducativas se ven totalmente superadas para hacer frente a los casos más urgentes y dramáticos que además tienen unos antecedentes sobre los que se podía haber actuado en etapas escolares más tempranas.

En general, pues, la experiencia de las entidades del Tercer Sector es que en los últimos años se trabaja básicamente a través de “parches”; es decir, las acciones por parte de las administraciones locales y de la Generalitat suelen ser poco pensadas e improvisadas, sin cuestionar en ningún momento el modelo asistencialista imperante ni actuar sobre el trasfondo de la precariedad laboral y los problemas de acceso a la vivienda, que son los que más preocupan a la población; y por otra parte la gran mayoría de estas intervenciones carecen de una racionalización así como un planteamiento socioeducativo y de prevención a largo plazo. Ante esta falta de modelo claro y de planificación, de “falta de visión global estratégica” por parte de las administraciones, las entidades de apoyo socioeducativo se encuentran bastante “solas”, y son plenamente conscientes de que están ocupando muchas veces espacios de actuación que en realidad debería estar garantizando la administración pública1.

Trasladando ahora el foco en el mundo educativo, abordamos a continuación cómo ve y vive las situaciones de pobreza infantil el profesorado de educación primaria y secundaria. Las escuelas son testigo de cómo las situaciones precarias de las familias repercuten en la educación de los niños. Sin embargo, es una percepción común de que las políticas públicas no están prestando suficiente atención en el ámbito educativo en el combate contra la pobreza infantil más allá de medidas epidérmicas como la apertura prolongada de comedores escolares o el aumento localizado y parcial según los municipios de las dotaciones de becas en alimentación o libros.

Algunos informes, como el de FEDAIA (2012), abordan específicamente los impactos de las problemáticas vinculadas a la pobreza de las familias sobre el ámbito escolar: mayor incidencia de fracaso escolar, absentismo y abandono, dificultades de los padres para dar apoyo en las tareas escolares, urgencia en las familias para que los más jóvenes busquen un empleo prematuro y abandonen el sistema educativo, dificultades económicas para disponer de ropa y material escolar adecuado, menores posibilidades para acceder a las nuevas tecnologías y recursos educativos digitales, limitaciones para asumir los costes de actividades extraescolares (deportes, refuerzo escolar, salidas…).

Estos efectos sabemos que se agudizan en los casos en que pobreza y procedencia o adscripción étnico-cultural se cruzan. Así, como indica Flaquer (2012), con datos del Panel de Familias e Infancia (PFI), los alumnos de familias extranjeras pobres obtienen más suspensos que sus compañeros pobres autóctonos (19,4% de extranjeros pobres ante un 16,2 % de autóctonos pobres, y un 10,9 de extranjeros no pobres frente al 6,5% de autóctonos no pobres) y presentan una mayor propensión a la repetición de curso (los extranjeros pobres tienden a repetir curso 2, 3 veces más que los no pobres de origen extranjero).

A través de los grupos de discusión hemos constatado como, en el caso de los alumnos de origen inmigrante extranjero, aparte de estos elementos antes mencionados, preocupan también, y mucho, los efectos que la movilidad/circularidad fragmentadora de las familias en dependencia de las condiciones de trabajo y vivienda de la que hemos hablado antes están teniendo los niños en sus trayectorias escolares: se trata de realidades que a menudo rebasan la capacidad de los centros para poder hacer frente y actuar ante casos muy evidentes de sufrimiento y angustia de los niños que reciben directamente el impacto de la precariedad e inestabilidad familiar. Una angustia que, aparte de los efectos indudables en términos de rendimiento y continuidad escolar, tiene una expresión conductual (vía disrupción o vía desvinculación, aislamiento) en el aula con los maestros y los compañeros de clase. A nivel más estructural, estos desplazamientos familiares forzados conllevan el “desdibujamiento” durante el curso de lo que sería el grupo-clase y la rotura de la continuidad, pues, de una línea de seguimiento clara y coherente hacia la cohesión del alumnado y la planificación del proyecto docente.

El tema de la salud mental ocupa, igualmente, un lugar principal en las preocupaciones del profesorado, que denuncian la falta de recursos y de circuitos de derivación eficaces desde la escuela hacia los servicios de atención psicológica y psiquiátrica específica. Unas deficiencias agravadas entre determinados perfiles de familias recién llegadas que, siendo ya de entrada reacias a admitir en sus hijos el sufrimiento de un trastorno mental, encima desconocen en gran medida los circuitos para poder buscar ayuda al respecto… La necesidad de contar con servicios de apoyo psicológico más allá de los aspectos psicopedagógicos es una demanda común. La corresponsabilidad aquí de los ayuntamientos, y especialmente de los servicios sociales en la apuesta por el trabajo en red en las escuelas, se destaca como fundamental para poder sacar adelante proyectos de paliación de este tipo de dificultades.

Recomendaciones de intervención a la luz del estado de la cuestión

De todos los datos y estudios enfocados sobre la problemática se desprende de forma general que, en beneficio no sólo de los niños de familias inmigradas sino de todo el colectivo infantil afectado por las dinámicas conducentes a la pobreza, es necesario fortalecer la capacidad redistributiva del Estado de bienestar para con la infancia y comenzar a trabajar en pro de un sistema de protección socioeconómica de los niños que sea capaz de garantizar la reducción de la pobreza a su mínima expresión. En este sentido es imperativo extender la cobertura de la red de seguridad pública, focalizar mejor las prestaciones y sobre todo elevar los niveles de adecuación para aproximarlas a estándares europeos. El establecimiento de un programa de renta universal garantizada representaría un paso adelante decisivo que podría marcar un avance muy significativo. Y la aprobación de un sistema universal de prestaciones por hijos a cargo como derecho social de los niños contribuiría sin duda a dedicar una atención preferente a la problemática de la pobreza infantil.

En cuanto a las barreras jurídicas para extranjería, habría que hacer los pasos necesarios para promover de manera más decidida, y especialmente en casos de pobreza severa, el reagrupamiento familiar y el asentamiento en el país de acogida, agilizando los procedimientos administrativos para de evitar que haya menores que permanezcan aquí de forma irregular, con todos los riesgos y vulnerabilidades que ello conlleva.

Además del acceso al ámbito laboral, el acceso y mantenimiento de una vivienda supone una de las principales problemáticas que afectan a las familias más tocadas por la crisis económica, entre ellas las de origen extranjero extracomunitario. Lógicamente resulta una necesidad de primer orden aumentar el número de viviendas sociales y ayudas a las familias que no pueden pagarse un lugar digno donde vivir y evitar los desahucios. Uno de los problemas más graves relacionados con la pobreza infantil es el hacinamiento, la insalubridad y los gastos excesivos a las que deben hacer frente las familias para disponer de una vivienda. Es urgente implementar soluciones y trabajar con las entidades financieras para encontrar fórmulas que impidan que las familias pierdan su vivienda.

Entrando de nuevo sin extendernos en el terreno de las conexiones entre pobreza infantil y trayectorias escolares, es evidente también que para alcanzar el éxito educativo global y romper el círculo perverso de la pobreza, además de aumentar el gasto general en una educación pública de calidad, hay que mejorar las condiciones de educabilidad de los niños desfavorecidos, lo que conlleva un mayor esfuerzo en ayudas (becas de comedor, transporte y material, acceso a nuevas tecnologías y actividades extraescolares, etc.) a los niños, y en recursos (no segregadores, inclusive) de atención a la diversidad sociocultural en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay que potenciar y garantizar también aquellos recursos y servicios destinados a la prevención precoz de problemas en la pequeña infancia, así como aumentar la dotación de centros y facilitar al máximo el acceso de todo tipo de familias en las guarderías municipales públicas.

Fuera las paredes de los centros, y teniendo en cuenta que buena parte de las actividades cotidianas de los niños y adolescentes giran en torno al ocio y el juego, habría que velar por garantizar unos espacios y actividades de ocio inclusores y de calidad para todos y todas independientemente de su situación económica y su adscripción étnico-cultural.

Hemos remarcado como la coordinación y de trabajo en red, más allá de las escuelas, es especialmente imperiosa no sólo para actuar en los aspectos educativos y de integración social que afectan a la infancia y adolescencia en riesgo, sino de forma particular en relación con la salud mental, implicando a los servicios psiquiátricos y psicológicos del sistema público sanitario, así como servicios sociales, en el tratamiento de casos que en su mayoría se detectan precisamente en contextos escolares. En este sentido, es una prioridad mejorar la capacidad de respuesta para satisfacer las necesidades de los niños/jóvenes desfavorecidos en salud psicológica/mental: CSMIJ, centros de día o rehabilitación de adolescentes, plazas residenciales, servicios de atención precoz (CDIAP). ..

En todas estas medidas emergen dos ejes clave que deberían guiar este tipo de acciones más locales en red: transversalidad y co-responsabilidad. La prevención más eficaz se consigue mediante estrategias integradas que combinen la ayuda a las familias para que accedan al mercado de trabajo, a una vivienda y a servicios esenciales para el futuro de los niños, con la mejora de la calidad de los recursos (educativos, sanitarios, de ocio…) dirigidos a los niños en situación de vulnerabilidad, implicando a la administración local y las entidades sociales. En este sentido, una manera eficaz de gestionar las acciones sería la elaboración de planes integrales contra la pobreza infantil que contemplaran las especificaciones analizadas para las familias inmigrantes con menores a cargo, promoviendo la coordinación de los diferentes agentes, sociales, públicos y privados implicados. También potenciando la dinamización comunitaria y el desarrollo de alianzas público-privadas.

En cualquier caso, y para terminar, en todas las intervenciones públicas sobre la dimensión infantil de la pobreza es indispensable aplicar los principios de no discriminación e inclusión social, detectando y neutralizando los impactos que sobre este colectivo doblemente invisible (en tanto menores y en tanto hijos de inmigrantes) tienen las barreras de acceso a los servicios públicos derivados de las situaciones de extranjería e irregularidad de los adultos de los que dependen. La lucha contra la discriminación que sufren los niños y sus familias por cualquier motivo, especialmente los relacionados con el origen social y la adscripción étnico-cultural (pero también con la discapacidad, la edad, el género, o la orientación sexual), debe sustentar los esfuerzos para abordar la pobreza y la exclusión social de la infancia.

1Aquí podríamos poner en marcha un debate importante en el entorno de lo que implica la dependencia creciente de las entidades del tercer sector de financiación privada, por ejemplo a través de fondos que proceden de entidades bancarias, como, por ejemplo, la Fundación La Caixa…

Barcelona, 13 de Enero de 2017