El transporte público

street-marathon-1149220_960_720

 

Juan Del Campo Vera

Miembro de la Comisión Ejecutiva de la FSC estatal

 

 

 

No podemos comenzar este análisis sobre el transporte público sin hacer mención a una de las premisas defendidas por la Unión Internacional de Transporte Público – UITP, y con el que coincidimos plenamente desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

La inversión en el transporte público define
la movilidad del mañana y genera un valor
que triplica o cuadriplica la inversión inicial.

Existen razones sociales, medioambientales, energéticas y económicas, que justifican que el transporte deber ser un servicio público, y por lo tanto debe formar parte de las políticas que pongan en marcha el Gobierno para favorecer la integración social y el crecimiento equilibrado en todo el territorio, potenciando y manteniendo las infraestructuras y medios que permitan su desarrollo y crecimiento. Entre otras razones podemos señalar las siguientes:Al hablar de transporte público, la mayoría de nosotros entendemos por tal “el transporte de viajeros” de un lugar a otro, en el que los propios usuarios no son propietarios de dichos medios de transporte, y por lo tanto están sujetos a la red de transporte, rutas, horarios y frecuencias previamente establecidas. Las definiciones dadas por autoridades y expertos en la materia, añaden además al propio transporte de viajeros, el transporte “bienes”.  En todo caso, es necesario remarcar que el transporte público y en su caso el transporte privado, está ligado y es totalmente dependiente de las infraestructuras existentes en cada país, por lo que las decisiones políticas de los Gobiernos sobre la apuesta por una u otra modalidad de transporte, condicionará la calidad y amplitud del servicio público de transporte.

  • Sin un transporte público, los sistemas de tráfico tanto de viajeros, como de bienes se colapsarían sobretodo en las grandes ciudades, se reduciría la movilidad y perjudicaría claramente la calidad en nuestro nivel de vida, y en especial del medio ambiente, contribuyendo fehacientemente a la reducción de los gases invernaderos.
  • El transporte público garantiza la cohesión social, favoreciendo la movilidad para todas las ciudadanas y ciudadanos a precios asequibles, permitidores  su plena participación en la vida social, y el disfrute de los derechos y deberes que tenemos como personas.
  • Además garantiza la participación en la vida social de colectivos con dificultades, incapacitados, mayores de edad…, mediante unas infraestructuras y vehículos adaptados a sus demandas específicas, que por su coste de inversión y mantenimiento han sido cubiertas por las distintas Administraciones.
  • El transporte público favorece el crecimiento y dinamización económica, contribuyendo de forma efectiva a reducir los costes asociados a la congestión del tráfico sobre todo en las grandes ciudades.
  •  Las inversiones necesarias para crear y mantener unas infraestructuras que permitan un transporte eficiente e intermodal es fuente de una generación de empleo directo, y no cabe duda de empleo indirecto por el incremento de la competitividad que inyecta de forma transversal a la capacidad productiva del país.

Ante estas razones es necesario que el Gobierno y las Administraciones responsables, con competencia en el diseño del modelo de transporte público que queremos definan:

  • Una política global a nivel estatal sobre las diferentes modalidades de transporte, la intermodalidad y la combinación de los mismos para garantizar un transporte público eficiente y de calidad, conformando un red de modos y líneas complementarias, que podrían incluir líneas rentables y no tan rentables.
  • Evaluación de necesidades y priorización presupuestaria, teniendo en cuenta que el diseño de una red de transporte público se basa en criterios de solidaridad.
  • La apuesta por el reconocimiento del papel del transporte público, tanto en el ámbito rural como  urbano, en la vida social y económica de nuestros pueblos y ciudades.
  • Establecimiento de los parámetros que definan la calidad, cantidad del servicio a ofrecer, y la fijación del índice de cobertura en función de las tarifas y precios a aplicar en su uso.
  • La combinación de una red de transporte público, con la aparición de nuevos hábitos relacionados con la economía colaborativa y el uso del transporte compartido.
  • La apuesta por políticas de innovación y desarrollo, que van a implicar cambios tecnológicos en los vehículos, haciéndolos más seguros y requiriendo de los conductores otras habilidades y competencias, probablemente muy distintas a los actuales requisitos para el desempeño de la ocupación laboral de conductor o piloto ya sea de aviones, trenes, autobuses, barcos o coches.

Llegados a este punto del análisis, es obvio que la apuesta por un transporte público que garantice la movilidad, el mantenimiento y crecimiento de pueblos y ciudades va a necesitar de aportaciones y financiación pública para poder ofrecer este servicio a unos precios asequibles para la ciudadanía, que requiere un análisis equilibrado en la imputación del coste/beneficio, tanto por razones económicas (Gestión de plusvalías, menor accidentalidad, horas perdidas en atascos, creación de empleo y generador de crecimiento económico), como por razones sociales (Distribución de la renta, fijación de la población, economías familiares precarias)

Tampoco podemos obviar los retos que va a suponer para el sector del transporte, y para el diseño de una red de transporte público, las implicaciones de la digitalización económica, el big data, el Internet de las cosas y la interconexión de los diferentes terminales que supondrán avances en la seguridad e independencia de los vehículos, capaces de conducir autónomamente reconociendo recorridos y aprendiendo a actuar ante las diferentes circunstancias que puedan surgirle en la conducción. El papel de los trabajadores y trabajadoras en el sector y su cualificación variara radicalmente pasando de ser un sujeto activo, a desempeñar un papel de supervisión y evaluación.

En todo caso es en la figura del “conductor o piloto”, en cualquier modalidad de transporte ya sea marítimo, aéreo o terrestre, sobre la que cae la responsabilidad de nuestras vidas cuando nos convertimos en viajeros. Trabajadores y trabajadoras a los que cada vez se les exigen más requisitos y titulaciones para el desarrollo de su actividad laboral, mientras que los vehículos son cada vez más seguros e independientes. A los que las empresas del sector, especialmente las que operan en ámbitos internacionales les obligan a trabajar bajo normativas y condiciones laborales del país que más convenga al empresario, es el conocido dumping social, sometiéndolos a rutas, horarios y cargas de trabajo que difieren de los estándares recomendados para un transporte seguro y unas condiciones laborales dignas. Empresas en los que los objetivos de rentabilidad tienen prioridad sobre los criterios de calidad y seguridad, tanto para los viajeros como para los trabajadores y trabajadoras.

Para la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, la apuesta por una red de transporte público, debe ir acompañada del desarrollo de un diseño eficiente y de calidad, y como no bajo el respeto y potenciación de unas relaciones laborales que garanticen la prestación del servicio bajo unas condiciones que favorezcan la máxima seguridad tanto para los usuarios como los trabajadores.

Madrid, 6 de Octubre de 2016