El papel del Estado en el nuevo modelo industrial

 

Mónica Melle Hernández

Profesora de Economía Financiera UCM y miembros de Economistas Frente a la Crisis

 

 

La globalización y los imparables avances tecnológicos están produciendo unas rápidas transformaciones en los procesos de producción de bienes y servicios, cualitativamente diferentes y más veloces que los conocidos en las anteriores revoluciones industriales.

Con la globalización, las empresas multinacionales han empezado a eclipsar y asumir el poder de las naciones. Las empresas transnacionales han usurpado cada vez más el papel tradicional del Estado y ejercen, en la actualidad, un control sin precedentes sobre la totalidad de los recursos mundiales, de los grupos de trabajadores y los mercados. Las grandes empresas globales tienen activos que superan los productos interiores brutos de muchas naciones. En la actualidad la economía basada en la información, la comunicación y en los avances tecnológicos facilita además estos procesos globalizadores.

Los mercados globales están abocados además a una tendencia expansiva, hasta el punto de haber provocado recientemente una guerra comercial y tecnológica entre los EE.UU y China. El papel de los Estados en la nueva economía se torna si cabe más relevante además ante el cambio de paradigma que está suponiendo la pandemia de la covid-19. Es el momento de pensar en un Estado como gran inversor, creador de valor y emprendedor que permite acelerar transformaciones del modelo productivo.

La transformación a la industria 4.0 está polarizando el mercado laboral. A la vez que surgen nuevas oportunidades para generar empleos de calidad y mejorar la productividad, también aparecen riesgos de aumentar las desigualdades entre los trabajadores y de alterar los derechos y relaciones laborales. Con la digitalización aparecen nuevos modelos organizativos empresariales en entornos virtuales, que precisan de un cambio completo en la regulación laboral. El futuro del trabajo dependerá de las políticas que se desarrollen, ya que los empleos más rutinarios están siendo reemplazados por máquinas, pero fortaleciendo el sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación y los mecanismos de creación y difusión de tecnología, así como la formación del capital humano adaptándole a la economía digital, existe un alto potencial de generación de empleos altamente cualificados de alto valor añadido.

En primer término, el papel del Estado en esta transformación a la industria 4.0 ha de concretarse en una mayor apuesta por inversión pública en investigación desarrollo e innovación, y en educación para el futuro, siendo clave la inversión en recualificación del personal y en formación adaptada a la economía digital. La nueva economía ha pasado de demandar profesionales formados en las STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a las STEAM (que añade Artes a las STEM), esto es profesionales que aporten las habilidades de la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento emocional, el trabajo colaborativo o la capacidad de inspirar.

Considerando la situación laboral de los jóvenes españoles -con una tasa de paro de los menores de 25 años del 39,6% en el segundo trimestre de 2020- y siendo los parados de larga duración en nuestro país el 40,3% de las mujeres desempleadas y el 34,9% en el caso de los hombres en el año 2019, el Estado debería desempeñar un papel más relevante desarrollando políticas activas de empleo que abunden básicamente en esa formación adaptada a la industria 4.0 y las cualificaciones que demanda la nueva economía.

En segundo lugar, el papel de Estado para el desarrollo de esta nueva política industrial no ha de ceñirse exclusivamente a un rol inversor (gastador), sino que es preciso un Estado emprendedor. Muchas innovaciones han sido posibles porque el Estado ha asumido riesgos. Empresas de la nueva economía, como Apple, Google o Facebook se han creado gracias a una gran inversión pública. Conviene, y ahora tras la pandemia sanitaria en mayor medida, contar con ese papel del Estado. Pero ¿esa inversión y ayuda al sector privado ha de hacerse sin exigir nada a cambio? ¿Es justo socializar el gasto público que se invierte en las empresas y que todos los futuros beneficios sean privados?

 

Ha de existir un retorno de esa inversión y asunción de riesgos por el sector público, con un mecanismo mucho más directo que los impuestos. Países como Finlandia, China o Brasil, invierten en empresas de sectores estratégicos, mediante la compra de acciones y así garantizan ese retorno al sector público.

Ahora, tras la crisis sanitaria de la covid-19, varios países se han apresurado a invertir en el accionariado de sus empresas estratégicas, con el doble objetivo de evitar la quiebra de esas empresas y a la vez orientar esas ayudas públicas a acelerar el cambio a un nuevo modelo industrial. En el sector de la automoción, Alemania en Volkswagen y Francia en el Grupo PSA y en Renault, buscan la transición hacia los vehículos eléctricos.

Sin embargo, la experiencia demuestra que este tipo de participación pública en el capital de empresas privadas no está exenta de algunos riesgos. En primer término, se deben extremar los controles para la buena gobernanza de las empresas, primando siempre criterios de profesionalidad a la hora de tomar decisiones que eviten la asunción de riesgos injustificados y garanticen la mejor “performance” de las empresas. Y en segundo lugar, es preciso controlar el riesgo de que este tipo de ayudas públicas a determinadas empresas no distorsionen la competencia del mercado interior en la UE.

Participando en el capital de las empresas estratégicas, además de aportar financiación pública, el Estado puede jugar un papel más relevante en la innovación y actuar como emprendedor que también arriesga. Impulsando además el tránsito a un modelo sostenible y sostenido económico, social y medioambientalmente, apoyando sectores estratégicos como las energías renovables y valorización de residuos, la movilidad ecológica, la industria de la salud, las tecnologías de la información, comunicaciones e inteligencia artificial, las industrias agroalimentarias, las industrias culturales y creativas, etc.

Con el Fondo Europeo de Recuperación asignado a España por valor de 140.000 millones existe una gran oportunidad de llevar a cabo estas transformaciones y aprovechar esta crisis sanitaria, económica y social como una oportunidad.

Octubre de 2020