Dignificar la democracia, salvar lo social

 

Amaya Olivas

Magistrada titular del Juzgado Social 1 de Madrid y miembro de Jueces para la Democracia.

 

 

En su ensayo “El pensamiento secuestrado”, Susan George ya reflexionaba sobre la existencia de una peligrosa hegemonía cultural, en el sentido gramsciano, construida gracias a los postulados neoliberales, que, de la mano de políticos como Reagan o Thatcher, consiguieron minimizar el papel del Estado mediante los mantras de la desregulación y la privatización, e inocular una nueva ideología dominante en la mayoría de la sociedad.

Sus dogmas pasaban por considerar perdedores a todos aquellos ciudadanos que no se adecuaran a un modo de vida en el que predominara el consumo desenfrenado y la competitividad feroz, partiendo de una noción del ser humano que no necesita a la sociedad, sino solo a su propio “esfuerzo” para escalar y conseguir sus “sueños”.

Los feroces ataques contra la clase trabajadora, que, junto a sus sindicatos, había sostenido la correlación de fuerzas necesaria para que se apuntalaran todas las conquistas sociales tras la II Guerra Mundial, dieron lugar, además de la pérdida de derechos en materia laboral, de salud, educación o vivienda, a un nuevo marco de criminalización de la población vulnerable. Ésta pasó a ser vista como indolente, vaga, dependiente de los servicios sociales, y, en definitiva, inútil.

El proceso de interiorización de este nuevo marco de pensamiento en crecientes sectores de la población, a través de planos conductuales, emocionales y cognitivos, dilapidó progresivamente el sentido de comunidad y pertenencia de clase, que había sido capaz de crear fuertes lazos de solidaridad dentro y fuera de las fábricas.

Vistas ya las terribles consecuencias de tales políticas neoconservadoras, urge preguntarse si cabe construir un modelo “contra- hegemónico” capaz de revertir aquellas.

En el ámbito laboral, urge recordar que los trabajadores no dejan de ser ciudadanos cuando acceden a un trabajo. Y esta premisa se ha de pelear no sólo en el parlamento, sino en el amplio territorio de la polis, el espacio común de ciudadanía.

Así, frente a los ataques a los sindicatos, considerados por los “chicos de Chicago” como una amenaza al “libre desarrollo del individuo”, debe activarse su potestad, en el sentido foucaltiano, es decir, como actores que sean capaces tanto de resistir al influjo de la parte dominante, como de garantizar los derechos de la parte más débil en la relación laboral.

Resulta esencial conseguir minimizar el grado de violencia a que se suele ver expuesto el trabajador individualmente considerado, y ello pasa por acciones valientes, que sean capaces de derogar los aspectos más nocivos de las múltiples reformas laborales que han aumentado el poder de las empresas en detrimento de los trabajadores.

En la denominada democracia laboral, se debe avanzar en el sentido que garantice el acceso a la calidad y cantidad de información de los asalariados, y que les permite participar en la gestión de los medios de producción y de los propios objetivos a alcanzar con los beneficios obtenidos.

Desde el ámbito jurisdiccional, la batalla debe seguir siendo la de considerar a la justicia como un auténtico servicio público.  Los componentes de la judicatura son agentes sociales cuyo principal cometido consiste en interpretar las normas para proteger los derechos de la forma más efectiva. En este sentido, deben garantizar en su trabajo cotidiano los postulados constitucionales que consagran la igualdad material, la libertad, o la dignidad humana.

La distancia, o incluso el miedo, que sienten muchos ciudadanos cuando acuden a los tribunales, sólo puede ser revertida si se fortalece una verdadera cultura democrática de la jurisdicción, que ha sido defendida desde los sectores de la denominada “izquierda judicial” tras el final de la dictadura franquista. Ello pasa por someter a una crítica real la existencia de hábitos autoritarios, sopesar las contradicciones que genera actuar en lo que puede ser una institución de violencia, y empatizar con el sufrimiento de los justiciables.

En definitiva, las acciones “contra-hegemónicas” pasan por dignificar en serio la democracia: consolidar los derechos de toda esa inmensa población, que, lejos de ser “improductiva”, aporta su esfuerzo y riqueza en beneficio de todos.

Enero de 2021