Democratizar la vida social e institucional, planificación estratégica desde el refuerzo de lo público

 

Joan Carles Gallego Herrera

Professor, economista i ex-secretario general de CCOO Catalunya

 

 

La crisis del Covid 19 vuelve a poner de manifiesto las contradicciones inherentes al actual modelo de organización social, funcionamiento económico y regulaciones políticas. La desigualdad, producto de unas relaciones sociales y laborales desequilibradas y sin contrapesos, es, no sólo una injusticia, sino un agravante de las consecuencias negativas de la crisis. El neoliberalismo, como ideología que soporta las decisiones económicas, se muestra incapaz de mantener los equilibrios de la organización social y de responder de manera eficiente y justa a situaciones de crisis y a necesidades generalizadas como las vividas. La arquitectura institucional no ha sido funcional para responder con eficiencia a los requerimientos de la crisis.

La pandemia obliga a priorizar la gestión de la crisis sanitaria y centrarse en garantizar la vida y la salud de la ciudadanía y aislar la propagación del virus. La parálisis, durante unos meses, de toda actividad económica y social no esencial, tanto a nivel local como global, genera una crisis económica y social profundas. Algunas de las actividades económicas no podrán aguantar los efectos de la paralización temporal forzada y acabarán en cierre, otros deberán reinventarse. Se están profundizando los efectos sociales negativos, en términos de desempleo y desigualdad.

El estado y el sector público han sido utilizados, en todas partes, como la primera arma de lucha contra la pandemia para combatir los efectos sobre la salud, pero también sobre las empresas, el trabajo autónomo, el empleo y la pobreza. Pero los efectos que se han generado no tienen en la pandemia su causa, aunque ésta, sin duda, les ha acelerado y agravado, sino que ésta radica en la propia incapacidad del sistema de dar respuesta rápida y suficiente a los nuevos problemas cuando surgen. La debilidad estructural que el sector público arrastra ha mostrado una vez más como una rémora para abordar la profundidad de los retos que tenemos como sociedad.

La supeditación, casi en exclusiva, a la lógica mercantil, individualista y no colaborativa, que impone el neoliberalismo, han evidenciado limitaciones y negatividades del funcionamiento y organización de la sociedad: las debilidades de los sistemas sanitarios, educativos y de protección social disponibles, para atender a las personas y garantizar la igualdad de trato y la calidad necesaria; la falta de un sector público dimensionado para actuar con flexibilidad y rapidez; las limitaciones de una globalización sin reglas, que nos hace interdependientes económica y productivamente y provoca carencias en los sistemas de provisión de materiales necesarios para hacer frente a la pandemia; los desequilibrios industriales y territoriales de una estructura económica nacional muy dependiente y vulnerable a factores externos y con poca capacidad de adaptabilidad e innovación; la falta de reglas claras que embridar los mercados ante situaciones de necesidad; la dificultad para poner en marcha los procesos administrativos para atender de forma rápida la situación de necesidad y urgencia (gestión ERTE, IMV, ayudas comedores…); la deficiente estructura institucional que dificulta la colaboración y cooperación entre institucionales -cogobernanza- para hacer compatibles la respuesta global y la acción local.

Estas, entre otras, son cuestiones a las que hay que dar respuesta política, institucional y material, con un plan de reconstrucción que actúe sobre la actividad económica y corrija las desigualdades, al tiempo que mantiene la alerta y la atención sanitaria. La pandemia sigue activa a la espera de la vacuna definitiva y su erradicación total, pero la respuesta a la crisis sanitaria debe inscribirse ahora en una estrategia integral de país que haga frente al conjunto de retos económicos, sociales y ambientales.

Más allá de hacer frente a los estragos generados estos meses con el paro general de la actividad, se han de afrontar los retos de sociedad que la propia pandemia ha hecho más evidentes: hacer frente al cambio climático, gobernar la digitalización de la economía y la sociedad sus efectos sociales, equilibrar territorialmente y sectorial la estructura económica, dotar de la potencia necesaria y eficiencia en el sector público y de protección social, adecuar la arquitectura institucional y democrática.

El futuro de “nueva normalidad” que se divisa deberá convivir con nuevos episodios pandémicos derivados de los desequilibrios medioambientales generados por la actividad humana durante siglos y siglos de explotación y limitada de la naturaleza. La “nueva normalidad” conlleva el reconocimiento de las debilidades del ecosistema planetario y el agotamiento de las actuales formas de explotación de los recursos naturales.

Las debilidades del sector público

El peso del sector público, muy por debajo de la media europea, es una rémora para dotar de mayor cohesión social y territorial en el conjunto del país. El funcionamiento de los servicios públicos viene condicionado, tanto por el escaso nivel de SPES e inversión, agravado por los recortes asociados a los planes de austeridad neoliberal impuestos en la gestión de la crisis del 2008, como por el alto nivel de privatización en la provisión de bienes y servicios públicos. El peso de los ingresos por cotizaciones e impuestos sobre el PIB, esto es, la presión fiscal, en 2019 está 7’4 puntos por debajo de la media de la zona euro de la Unión Europea, y consecuentemente esta diferencia de más de 7 puntos (que representaría unos 75.000 M €) se proyecta también en el menor gasto en protección social.

Esta realidad se traslada a los niveles de empleo público, muy por debajo de los países más avanzados de la UE; a la calidad de los servicios que se ofrecen y que se observan cuando comparamos los ratios de personas atendidas en relación al empleo; a la falta de controles sociales sobre la prestación externalizada de los servicios públicos; y la deficiente organización de los servicios públicos. A todo esto debemos añadir que llevamos 15 años sin oferta pública de empleo, lo que provoca no sólo la falta de medios humanos para prestar los servicios (que se suma a la falta de recursos materiales) sino también al envejecimiento y la enorme inestabilidad y precariedad que conlleva el elevado volumen de personal interino.

En el conjunto del Estado, los trabajadores públicos representaban el tercer trimestre de 2019, el 13,1% del total de ocupados (2.595.600 sobre 19.874.300 ocupados). En Cataluña en el mismo periodo se estaba muy por debajo, un 9,3% del total de las personas ocupadas (321.900 sobre 3.462.200 de población ocupada). Sólo dos años antes (2017), en Suecia el empleo público representaba el 29,2% del total (1.467 millones sobre 5.022 millones). Una situación que puede verse agravada en los próximos 10 años por la pérdida del 50% de las plantillas para jubilación.

Estos datos dejan claro que el sector público no está cumpliendo tampoco su función de creación de empleo. Debemos utilizar la necesaria expansión de los servicios públicos del Estado del Bienestar como herramienta de creación de empleo. Un elemento que, además y mientras no acabemos con la segregación ocupacional de género, también debe facilitar la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo.

A pesar de la realidad de los datos del sector público, éste ha mostrado su mayor compromiso, su mayor eficiencia y su función primordial a favor de la seguridad y la igualdad sociales. Contrasta así con el papel del sector privado que, sometido a la lógica del mercado regida por el individualismo, la ganancia privado y el inmediatismo, ha sido incapaz de garantizar las necesidades básicas a sectores importantes de la población.

El servicio público aparece como la herramienta imprescindible para dotar el servicio que demanda la ciudadanía, mantener una sociedad cohesionada y garantizar la protección social necesaria, principalmente para las clases populares. Pero la falta de recursos suficientes y el alcance de la privatización de determinados servicios supone una limitación a la hora de garantizar la igualdad de acceso y trato y la calidad. Por ello es necesario profundizar en la generalización de la prestación directa de los servicios públicos y el compromiso con la inversión en centros públicos y la reversión de servicios públicos privatizados.

Una estructura económica desequilibrada y con debilidades

La estructura económica de España presenta fuertes desequilibrios, tanto a nivel territorial, con niveles de implantación y desarrollo industrial y económico diversos, como sectorial con un peso determinante de algunos sectores que aumentan la rigidez en la respuesta a situaciones de crisis como la actual. Sin embargo la capacidad productiva del país está infrautilizada -altos niveles de desempleo, capacidad de conocimiento y búsqueda no utilizada, infraestructuras deficitarias y no aprovechadas, etc- y genera importantes pérdidas económicas y costes sociales.

La falta de políticas industriales activas que dibujen una estrategia de futuro, donde la intervención del estado, con regulaciones y controles, oriente inversiones y promueva reinversiones, incentive cambios e innovaciones y promueva la modernización de infraestructuras, se ha hecho notar de nuevo en esta crisis. Llevamos años de desinversión en I+D+I (si en Cataluña el año 2009 era el 1’70% del PIB en 2018 estábamos en el 1,52%, mientras en zona euro se pasa del 1,99 al 2, 22), y de un modelo de relaciones laborales que desincentiva la innovación ya que favorece el dumping empresarial en bajos salarios y la subcontratación como externalización de riesgos y costes. Así los desequilibrios se han acentuado y la incapacidad de respuesta a los necesitados se han evidenciado.

Lo importante dependencia del sector del turismo y un todavía importante peso del sector de la construcción (aunque bastante a inferior a la hipertrofia previa a la crisis de 2008) se ha hecho sentir en esta crisis y es una importante presión para la reactivación, dada la dificultad de reconvertir empleo y activos a corto plazo y los costes que ello presupone en gasto social y amortizaciones.

En el sector industrial nuestra economía no dispone de una densidad suficiente de empresas autóctonas que controlen productos y mercados. El proceso de reconversión industrial, las privatizaciones de empresas públicas y la entrada de inversiones extranjeras se ha hecho sin una planificación estratégico ni bajo la dirección del interés público. Muchos de las ayudas destinadas a mantener el empleo y la actividad industrial en sector y empresas, no han tenido contrapartidas en términos de participación directo del estado en la estrategia empresarial ni han dispuesto de mecanismos de retorno de los fondos en caso de abandono de la producción. Todo ello conlleva que decisiones sobre el futuro de muchas empresas se toman en sus alejadas de nuestra realidad y sin ningún compromiso responsable con la realidad social y económica del país.

A esto tenemos que añadir un tejido empresarial muy atomizado, con un predominio de microempresas muchas veces monocultivo. Empresas dependientes de los zigzags del mercado y sin capacidad de resiliencia; y de la dinámica de las empresas contratistas, las que externalizan tanto los riesgos como los costes de los ajustes.

Cuando analizamos la evolución del sector industrial y de servicios, en cuanto a peso sobre PIB, observamos la caída de la industria y el aumento del sector servicios. Esta es una foto distorsionada por la propia externalización por parte de la industria de buena parte de las actividades que hoy se prestan desde empresas que se censan en el sector servicios.

Es este sector de servicios a las empresas donde habrá que dedicarle una atención específica para el futuro. La excesiva atomización en pequeñas y muy pequeñas empresas y la dependencia Uniempresarial limita sus capacidades utilización del conocimiento como factor productivo de primer orden y por tanto de innovación. Actuar sobre esta realidad con políticas que impulsen la colaboración y cooperación empresarial, promoviendo economías de escala que impulsen la investigación y la innovación, que aumenten la productividad y la internalización de sus actividades.

La digitalización de los procesos productivos incidirá de lleno en la actividad industrial, al igual que el combate contra el cambio climático impondrá cambios de productos, de los modos de producir y distribuir de los culturas y hábitos sociales. Abordar el futuro de la reactivación de la economía debe presuponer una gran apuesta por la formación y la investigación, que nos dote de entrada de las capacidades personales necesarias para intervenir en los procesos de cambio inevitables. Al tiempo que necesitaremos de una estrategia consensuada que planifique las inversiones en infraestructuras y que impulse las reconversiones sectoriales necesarias.

El turismo, la construcción, la automoción, la energía, la química, etc deben afrontar cambios importantes de producto y de procesos. La digitalización y el cambio climático marcarán las posibilidades y los límites. Hay oportunidades, en un nuevo modelo turístico, la rehabilitación, la movilidad sustentable y sostenible, la energía renovable, la eficiencia energética, la biotecnología, la atención a las personas etc. Pero hará falta el impulso planificado y estratégico que dirija inversiones y acciones y garantice educación, formación e investigación, que hagan posible reequilibrar la estructura económica, haciéndola funcional a las necesidades sociales y entre ellas también al pleno empleo.

La insuficiencia de los presupuestos y su incidencia en la salud pública de los servicios públicos

La inversión pública y el gasto público social son elementos esenciales para asegurar la viabilidad de la economía y la calidad de vida de la ciudadanía. Llevamos muchos años regidos por el principio de estabilidad presupuestaria y el dogma del déficit cero y la limitación de la deuda. Esta estrategia, hasta ahora la única liderada por la UE, ha supuesto la caída de la inversión pública y del gasto social pero también con implicaciones negativas sobre el impulso de la inversión privada.

Esto ha tenido efectos sobre la propia capacidad productiva del país y en la debilidad de la respuesta social. La apuesta de los últimos años para la privatización y mercantilización del sistema de bienes y servicios impacta en la vida social, la empobrece y disuelve las relaciones entre personas además de generar problemas de exclusión. Pero también impide planificar una estrategia económica corresponsable con unos objetivos sociales, ambientales y tecnológicos.

La emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la incapacidad del presupuesto sanitario público, demasiados años infrafinanciado y con una extrema privatización en la prestación, para actuar de forma rápida adaptándose a los cambios producidos y disponer de las reservas que ahora hubieran permitido trabajar con mayor presteza y eficacia. Si añadimos los débiles esfuerzos en políticas de salud preventiva, así como en investigación, el resultado es la falta tanto de una estructura sólida de salud pública, como del propio sistema sanitario asistencial.

La salud pública, la parte del sistema que se ocupa de la salud comunitaria y de la población, siempre ha sido muy débil, tanto en el conjunto del estado como en Cataluña, mientras que el sistema sanitario público, asistencial, dirigido a la salud de las personas (CAPs, hospitales…) ha sufrido los recortes que han contribuido a hacer más evidente esta realidad.

En el conjunto del estado español, el gasto en el ámbito sanitario público (6’3% del PIB en 2018), así como los recursos en personal, están muy por debajo de países como Alemania (9’7%), Francia (9,4%), Holanda (8’2%) y Bélgica (7,8%), en el caso de Cataluña y debemos añadir que el gasto del CatSalut, en términos reales per cápita, es hoy todavía un 5 ‘38% inferior a la de 2008. En Cataluña el gasto sanitario, a pesar de las mejoras en el último presupuesto aprobado, siguen siendo muy inferior a la europea (5,3 puntos sobre el PIB respecto al 7,10 en 2016).

Nuestro sistema de salud no era ni bueno ni de los mejores del mundo, como durante años hemos repetido de forma satisfecha. Y si el sistema sanitario no era tan bueno no es por falta de buenos profesionales, ni de un diseño original más o menos correcto en el marco del estado de bienestar construido tras el franquismo, sino por efecto de una financiación insuficiente que no permite atender plenamente el conjunto de actuaciones que inciden en la prevención, mantenimiento y atención de la salud de la población y no garantiza el abastecimiento de los suministros básicos. La mala gestión y los recortes han ido acompañadas de una opción para la privatización o concertación que ha primado por encima del interés público general.

El modelo de servicios sociales, que desde la crisis de 2008, se ha dedicado a hacer asistencialismo (comida, ayudas individuales, etc) y no a reconocer derechos sociales, ha mostrado sus contradicciones: el abandono de las residencias de ancianos, como las de personas con discapacidad, salud mental, etc., que requieren de servicios especializados, donde la gestión mayoritaria está en manos del tercer sector y el sector mercantil, sin los controles ni exigencias suficientes por parte de las administraciones. La enorme fragilidad del servicio de atención a la dependencia es fruto tanto de un infrafinanciación crónica, como de una falta de coordinación fuerte de los sectores sanitarios y sociosanitarios.

Durante años se ha preferido mantener tarifas y ayudas públicas bajo mínimos, a cambio de disminuir controles y exigencias a la prestación privada de la atención a la dependencia. Se han obviado los marcos tripartitos de seguimiento y control social, facilitando así condiciones laborales precarias, en un sector altamente feminizado, ratios insuficientes y graves dificultades para actuar en momentos de crisis. Hay que reorganizar el sector, con un cambio de modelo que aumente las responsabilidades públicas, así como la gestión directa y adecuando las condiciones de trabajo y la revalorización de estos trabajos, que se oriente a la preservación de la salud de las personas y que disponga de una carta de servicios que garantice la calidad y que en ningún caso se supedite al ahorro, la ganancia o el lucro.

Lo que pasa en la sanidad es traspasable al conjunto de servicios públicos, dado que responde a las políticas neoliberales impuestas estos últimos años que han pivotado sobre su infrafinanciación (vía recorte del gasto público) y la privatización. Así vemos como, por ejemplo, el gasto público en educación en Cataluña en 2015 (3’70%) estaba un punto por debajo que la UE (4,8i1%) o medio punto por debajo que en el conjunto del estado (4 ‘29%); o como los datos publicados en 2018 (3,67%) nos dicen que estamos todavía por debajo del gasto de 2010 (4,34%). Estas carencias en inversión educativa repercuten en el nivel educativo de la sociedad y se trasladan a la competitividad del tejido productivo, por ejemplo, mediante una tasa de Abandono Escolar Prematuro, que en 2019, incrementó en dos puntos, del 17 al 19% ; o con datos de formación permanente de la población de 25 a l4 años del 9’3% frente al 10’6% en el conjunto del estado y el 11’3% en la UE; o que la población de 20 a 24 años con estudios de nivel secundario, también por 2019, es del 73,8% en Cataluña frente al 74’0% al estado y al 83’9% en la UE.

La insuficiencia de un modelo fiscal injusto

La insuficiencia en el gasto público se explica por la insuficiencia del ingreso público. Aunque las dogmáticas políticas de estabilidad presupuestaria, impuestas por los poderes financieros globales, que limitan la capacidad de déficit y endeudamiento, impiden al sector público desplegar sus potencialidades de inversión y función tractora de la actividad económica para generar riqueza y mayores equilibrios sociales, es la debilidad del sistema fiscal la que impide disponer de mayores recursos públicos.

Tenemos una fiscalidad insuficiente y poco progresiva, que hoy descansa básicamente en las rentas del trabajo. Un sistema que acaba siendo injusto, no sólo por qué no permite con la recaudación atender las necesidades sociales, sino porque muchos empresarios, altos directivos y profesionales, que se sitúan en los deciles superiores de la distribución de la renta y acumulan buena parte del patrimonio material del país, declaran por debajo de lo que lo hacen los trabajadores y trabajadoras. Las grandes fortunas apenas pagan impuestos. Grandes empresas, y en particular las corporaciones multinacionales, tributan menos que las pymes. Y los niveles de fraude fiscal son elevados (cerca de unos 60.000M €). Una fiscalidad que tampoco incorpora instrumentos fiscales para abordar los desequilibrios ambientales y la crisis climática. Todo esto explica el déficit importante de las políticas redistributivas y inversoras y los consecuentes desequilibrios sociales, económicos y territoriales.

Una fiscalidad insuficiente que se añade a los déficits que se derivan de un modelo de financiación de las administraciones, tanto autonómicas como locales, con una arquitectura desequilibrada, que no promueve la corresponsabilidad y favorece la ineficiencia cuando no el dumping fiscal. Estamos viendo como las comunidades autonómicas han entrado en una espiral de desgravaciones y regalos fiscales -sucesiones, patrimonio, tramo autonómico del IRPF…- que, con la excusa de atraer inversiones y capitales- acaba traduciéndose en menores ingresos, menos progresividad y acentúa la insolidaridad interterritorial. Sin embargo hemos asistido al debate sobre los remanentes de las administraciones locales que pone sobre la mesa un debate más de fondo en relación a la escasa participación de las administraciones más cercanas al ciudadano en la gestión del ingreso público para destinarlo a la atención directa de las necesidades sociales que se pueden gestionar mejor en la proximidad. El modelo de financiación autonómica y el de los administraciones locales son debates que habrá que asumir en el marco de la necesaria reforma del sistema fiscal y de la gestión del sector público.

En cualquier caso es imprescindible una reforma integral del sistema fiscal que posibilite una fiscalidad justa, progresiva y suficiente para llevar a cabo políticas redistributivas e inversoras. Es imposible desarrollar las políticas sociales bajando impuestos

Cuando hablamos de fiscalidad y de presión fiscal también debemos hablar de estructura de los salarios y de bonificaciones y deducciones. No es lo mismo una estructura de impuestos que actúa sobre un mapa salarial con predominio de salarios bajos (los impuestos de un trabajador de ingresos medios y sin hijos en 2017 estaba grabado con un 30’7% frente al 32’4% en Europa, pero si la mayoría de los sueldos están por encima de los 50.000 €, ingresas más que si la mayoría están por debajo de los 27.000 €). Si bien los tipos impositivos de la renta son similares a otros países de la UE (en los tramos medios y bajos, pero en los tramos altos hay margen para subirlos) se recauda menos en global dada la base salarial sobre la que actúa (el salario medio en España en 2017 era 38.507 dólares/año en Francia 43.755 y Alemania 47.855) y el alto nivel de desempleo existente. De ahí la importancia de las actuaciones sobre el salario mínimo interprofesional y el impulso a la creación de empleo.

Para avanzar en un modelo de sociedad más justo, equilibrado y sostenible se necesita reformar la actual fiscalidad y luchar contra el elevado fraude fiscal, para disponer de los recursos que hay que aplicar a garantizar el gasto social y la inversión pública. Una reforma que debe contemplar una mayor progresividad, que quien más tiene y más gana paga más, pero que también debe promover un fuerte compromiso con la lucha contra el cambio climático, introduciendo figuras impositivas que inciten los cambios necesarios, y la modernización económica y la digitalización…

La eficiencia económica no se puede contraponer a la justicia distributiva, ambas deben perseguir el equilibrio social y territorial y la igualdad y difícilmente se podrá garantizar la eficiencia económica sin garantizar la cohesión social y promover estrategias que se adelanten a los retos futuros.

Un marco institucional contradictorio y una débil cultura del diálogo social

La gestión de la pandemia se ha enfrentado con un marco institucional lleno de contradicciones. El elevado nivel de descentralización competencial político-administrativa, debe permitir disponer de las potencialidades para hacer frente, desde cada nivel de administración, a las necesidades de las personas en la proximidad y con la máxima eficiencia. Más allá de la inadecuación del modelo de financiación, la falta de mecanismos (y tradición) de cooperación y colaboración institucional dificulta la eficacia operativa de una acción común en esta situación. Arrastramos una tradición y cultura democráticas débiles y más propicias a la confrontación, que al pacto y el acuerdo que se ha mostrado con toda su crudeza.

Se han centralizado competencias para hacer frente al estado de alarma, pero no hemos visto voluntad para generar dinámicas de implicación y colaboración interinstitucional que permitiera un trabajo constructivo a la hora de acordar e impulsar acciones. Asistimos a una continuada confrontación política y, también, al afán de remarcar la diferencia y la crítica, sea entre fuerzas políticas o ámbitos institucionales, que a la colaboración y cooperación desde la discrepancia política o la capacidad institucional propia. Todo esto ha generado desconfianzas e incertidumbres en la ciudadanía. Una dinámica que en muchos casos, como hemos visto en Cataluña, se aprovecha para no poner en marcha los espacios propios de Diálogo Social y Político, lo que ha hecho también perder eficacia a las propias medidas aprobadas.

Cabe destacar, sin embargo, que los gobiernos locales, siempre primera puerta de entrada de las demandas ciudadanas y clave a la hora de responder con detalle, conocimiento y eficiencia a cualquier situación de emergencia, han respondido en general, por encima de la media, a pesar de su falta de recursos y competencias, limitados por los efectos de la Ley de Racionalización y simplificación de las administraciones locales (LRSAL).

Habrá que reconocer mejor y poner en valor el papel de todas las administraciones, y en especial de la administración local en la necesaria cooperación y colaboración institucional.

En cualquier caso la dinámica de falta de colaboración entre instituciones y la instalación en la confrontación y la crítica no constructiva en una situación de emergencia sanitaria, contribuye al descrédito de la política y debilita los valores democráticos, abriendo las puertas a respuestas populistas y autoritarias. Habrá que hacer esfuerzos para reivindicar la política, en su sentido más noble, como garante de nuestros derechos democráticos y como mecanismo para favorecer el diálogo y los consensos, tanto políticos como sociales, como fórmula para asumir la respuesta a situaciones de crisis social.

Las soberanías compartidas y la cooperación institucional pueden dar una mejor respuesta a las necesidades de la gente. En este mundo global e interdependiente, las decisiones están interrelacionadas. Es necesaria una estructura institucional que articule, coordine y dé eficiencia a la acción de los diferentes niveles de administración y gobierno. Que se dote de un modelo de financiación coherente que garantice la capacidad de decisión, de acción y respuesta de cada nivel, desde la corresponsabilidad y la solidaridad. Hay que aprovechar las ventajas de la descentralización y reconocer la capacidad de decisión de la ciudadanía en todo lo que le afecta.

La proximidad es una potencialidad en la gestión de los servicios públicos, tanto en la prestación como en cuanto al control social sobre su provisión y calidad, y en momentos de crisis como el actual hay que reforzar esta capacidad competencial y de acción de cada nivel de administración, con la máxima cooperación, coordinación y lealtad institucional.

Reforzar el diálogo social efectivo es también democratizar las relaciones laborales

Los marcos estables de Diálogo Social, donde las organizaciones representativas y los poderes públicos puedan construir consensos y acuerdos, son primordiales a la hora de tomar decisiones. No sólo dotan de calidad democrática a la sociedad y aportan reflexión conjunta que permite conocer y abordar los problemas complejos con que nos enfrentamos, sino que permite aplicar con mayor colaboración y más eficiencia las decisiones y generar confianza al conjunto de sectores sociales. Así se ha puesto de manifiesto con los acuerdos que han facilitado la aplicación de los ERTE,s. el Ingreso Mínimo Vital, o la normativa sobre el teletrabajo, entre otros. El diálogo social efectivo es parte fundamental del pacto social y los poderes públicos deben poner en valor y reconocer el papel de las organizaciones sociales representativas para articular y promover la participación de los diferentes intereses sociales.

Pero la democracia tiene que llegar a todos los ámbitos de la vida social. No puede quedarse en la relación ciudadano-administración y entre ciudadanos, dejándola aparcada a las puertas de los centros de trabajo y en los relaciones entre trabajador/a y empresario/a. Es por ello que urge cambiar el actual marco legal laboral, que blinda el poder unilateral del empresario y mercantiliza las relaciones laborales, poniendo el trabajo al servicio de la ganancia privada y no de la estabilidad personal y social. El actual marco promueve una cada vez mayor precarización laboral y vital, desincentiva la innovación empresarial y agrava los problemas económicos, sociales y ambientales. Hay que restituir el poder negociador de trabajadores: sindicatos fuertes, negociación colectiva, capacidad de movilización, son indispensables para constituir unas relaciones sociales de trabajo más democráticas y equilibradas. La fuerza negociadora de la representación sindical de los trabajadores y trabajadoras tiene relación directa con la calidad del empleo, permite disputar la distribución primaria de la renta para promover la igualdad social e incentiva la modernización empresarial.

En conclusión:

El análisis de la situación evidencia que las urgencias que tenemos requieren de un conjunto de acciones políticas orientadas a hacer frente a la emergencia sanitaria, asumir la salida de una crisis económica y social profunda, avanzar hacia un modelo social más igualitario y territorialmente más equilibrado y reforzar la arquitectura institucional que profundice en una mayor democracia. Unos retos que se inscriben en un mundo global donde el reto climático y el impacto de la digitalización determinan también la urgencia de una transición hacia nuevos modelos donde habrá que garantizar la justicia social de los procesos de cambio para que nadie quede descolgado.

La lógica mercantilista no es funcional para asumir estos retos. Se necesitan reglas y controles, intervenciones y limitaciones que orienten y alineen la dirección de los cambios. Hay una planificación estratégica que cuente con el concurso social y político más amplio para garantizar su máxima eficacia. Una planificación de las grandes líneas de acción, que deben permitir que los diversos sectores económicos y sociales promuevan su propia iniciativa con mayores certezas y seguridades.

Una planificación estratégica que requiere disponer de un potente sector público, dotado suficientemente para proveer los servicios propios del estado de bienestar y dotar las mayores potencialidades al funcionamiento social.

Difícilmente una estrategia de recuperación social y económica, si quiere ser justa y equilibrada, se puede hacer sin disponer de un marco de raciones laborales democráticas. Un modelo donde la participación de los trabajadores organizados se garantía de mayor estabilidad, calidad e igualdad en las empresas, tanto en cuanto a las condiciones en que se ejerce y se contrapresta el trabajo, como en cuanto a la intervención en las grandes decisiones empresariales y sectoriales que no pueden desligarse de un compromiso responsable tanto con quien trabaja como en el entorno social y territorial donde se desarrolla.

Unos cambios que se han de soportar por un modelo fiscal progresivo, que garantice la suficiencia del ingreso público, para atender el gasto necesario, y que se comprometa con el impulso de los grandes cambios económicos y sociales necesarios, en especial el reto climático y la modernización de la estructura económica.

Estos meses oiremos hablar mucho de crisis y recuperación, pero no todas las propuestas se plantearán en el mismo sentido. De nuevo, como ya ocurrió con la crisis de 2008, la disyuntiva es una salida que refuerce los valores propios del neoliberalismo, sustentado en el individualismo y la mercantilización de las relaciones sociales y de las finalidades económicas; o avanzar hacia un modelo donde la satisfacción de las necesidades sociales y ambientales sean el fin de una estrategia planificada democráticamente, que oriente y dirija la aplicación de los recursos disponibles.

Este debate habrá que ir concretándolo con cambios de marcos legales e institucionales, también culturales, que refuercen una u otra vía. En este escrito he querido apuntar algunas de las muchas cuestiones que tenemos que replantearnos, sin duda conscientes también de que hay un contexto global que nos interpela y condiciona. Pero de eso hablamos otro día, al entretanto movemos seleccionados y agitamos seleccionados, no sea que el despegue del reto nos deje paralizados.

Octubre de 2020