Crisis y democracia

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Carlos Pellejero Gómez

Coordinador del Sector Carretera de la FSC-CCOO Catalunya

 

 

 

Cuando el 1º de mayo de 2009, hace ya 6 años, nos manifestábamos pidiendo soluciones a la crisis lo hacíamos bajo dos principios: que de aquella situación sólo se podría salir con más trabajo, inversión pública y protección social, y que la crisis no la teníamos que pagar los trabajadores, ya que no fuimos los autores de la misma.

Desgraciadamente, 6 años después debemos concluir que el análisis que hicimos era correcto, pero quien tenía capacidad para llevar a cabo las políticas necesarias para orientar estas soluciones no sólo no lo hizo, sino que profundizó aún más las causas, forzando que, efectivamente, la crisis que unos pocos habían creado, la pagáramos entre todos.

Recordemos que en 2009 todavía gobernaba el PSOE en España y, a pesar de las evidencias de profundización de la crisis que hacía meses que se hacían sentir, aplicó unilateralmente la reforma laboral mediante el RDL 10/2010, que abarataba el precio de los despidos improcedentes y abría la puerta a descuelgues de convenio sin control y a modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Esta primera reforma laboral inició el camino que después seguirían las sucesivas del PP, tanto en cuanto la forma como en el contenido.

Y es que si algo ha caracterizado las reformas laborales de los últimos años que, insisto, son más causa que no consecuencia de la situación de crisis que vivimos, ha sido el modelo empleado por los diferentes gobiernos: el Real Decreto Ley.

Este tipo de norma se encuentra contemplado en el artículo 86 de la vigente Constitución y determina que sólo se utilizará en caso de extraordinaria y urgente necesidad, ya que es promulgado directamente por el Gobierno y, sólo después, sometido a la votación del Congreso de los Diputados. Así pues,¿ cuál era la extraordinaria y urgente necesidad que obligó al gobierno a la promulgación de este norma en contra de las voluntades expresadas por todos los agentes sociales ?. Recordemos que su publicación y posterior conversión en Ley 35/2010 provocó la Huelga General del 29S pero también las quejas de las organizaciones patronales que la tildaban de masa inconcreta.

En los años 90 y principios de este siglo, habíamos vivido cómo los organismos internacionales creados a partir de los acuerdos de Bretton Woods, los FMI y el Banco Mundial, nacidos para “fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional “(FMI) y por” ofrecer préstamos a bajo interés y apoyo económico para países en desarrollo, con el fin de luchar contra la pobreza “(BM), iban poco a poco convirtiéndose en guardianes de los intereses económicos de las grandes corporaciones multinacionales, imponiendo a los gobiernos de países enteros unos criterios de estabilidades financiera y contención del endeudamiento, que, necesariamente, marcaban un camino muy determinante en cuanto a la política interna, no sólo económica, sino social y de derecho. Efectivamente, lo veíamos, lo veíamos en países de Asia o de Sudamérica, pero nunca habríamos pensado que podía pasar en Europa.

La información que nos llegaba de esta situación resultaba, hasta cierto punto, confusa (o intencionadamente confusa): de alguna manera se contabilizaba en las poblaciones de estos países de la situación en la que se encontraban. Lo que se daba a entender es que en estos países en vías de desarrollo se había estirado más el brazo que la manga (todo el mundo sabe de la proverbial falta de capacidad de autogestión de los pueblos descolonizados) y ahora había que hacer frente a las consecuencias, cuando en realidad el mensaje resultaba mucho más cruel: el dinero que les habían prestado tenían por objeto garantizar la actividad de un mercado que permite a las grandes corporaciones de los países más desarrollados vender sus artículos en cualquier lugar del mundo. Afortunadamente, algunos gobiernos supieron deshacerse de esta carga o, como mínimo, negociar la razonabilidad de las medidas que se debían adoptar (Brasil, Costa Rica, Ecuador, etc.)

Con el estallido de la crisis financiera e inmobiliaria en Estados Unidos y en Europa pasamos al centro del problema: la voraz especulación favorecida por los bancos y apoyada por el gobierno pasaba a ser responsabilidad de las personas que “habían vivido por encima de sus posibilidades”. Cuando el dinero dejan de fluir desde la especulación, las grandes corporaciones, mediante los organismos internacionales, utilizan la misma medicina que tantas veces se ha implementado: abaratar el gasto en trabajo.

Y éste es el marco en el que se desarrollan las sucesivas reformas laborales iniciadas por los gobierno del PSOE pero continuadas (y de qué manera) por el del PP.

De dichas reformas podemos decir muchas cosas y ninguna buena:

-por un lado son, indiscutiblemente, una imposición que responde a los criterios de las grandes corporaciones (y bancos) no formaban parte de los programas electorales de ninguna partir de los que actualmente ocupan los escaños del congreso o el gobierno del Estado (o de ninguno Comunidad Autónoma) y por tanto, están acreditadamente carentes del apoyo democrático de ningún proceso democrático de participación.

-por otro han profundizado gravemente la situación de crisis, abaratando el despido hasta límites nunca vistos en nuestra joven democracia, han supuesto un retraso de decenios en derechos de las personas trabajadoras, resucitando fantasmas de precariedad y dependencia claramente preconstitucionales. La brutal pérdida de capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras, con la caída del salarios o, aún peor, con la pérdida de su empleo ha provocado la gran caída de la renta disponible de las familias, la caída de las ventas de todo tipo de productos y, consecuentemente, el hundimiento de una parte importante de la economía nacional, basada en la pequeña y mediana empresa con escasa proyección internacional.

Ya hemos tenido suficiente de esta medicina, hay que coger el toro por los cuernos y detener estas políticas que no sólo atacan a las clases trabajadoras ya que son también un gran prejuicio para los pequeños propietarios que, no lo olvidemos, son los que crean más del 80% del empleo en este país. Hay que huir de soluciones a corto plazo de las que no sabemos nunca a quien beneficien. Pero todo ello, esto no será posible sin una participación informada y consecuente de todas las personas que componen la ciudadanía de este país: no tal vez que volvamos a caer en los mismos tópicos ya que, si hay algo de lo que somos responsables,  es de elegir a nuestros representantes y de pedirles cuentas de su trabajo.