Crisis, cultura y políticas públicas

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Cristina Bermejo Toro

Secretaria General Sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura y Deporte de la FSC-CCOO

 

 

Mucho se ha hablado en la última etapa del empobrecimiento económico que ha sufrido la población ante el paro, los recortes en servicios públicos, la precariedad laboral y un largo etcétera como resultado de este crack profundo que ha sacudido los cimientos de la vieja y apacible Europa del bienestar.

Sin embargo, no se ha reflexionado tanto del impacto que la recesión económica ha tenido en otros sectores que no se encuentran entre los que podríamos llamar de “primera necesidad”, como es el caso del mundo de la cultura, pero que suponen otro tipo de empobrecimiento, el de las ideas, el pensamiento y, en definitiva, los que generan la opinión pública. Si bien es cierto que ha sido una constante la denuncia del deterioro paulatino de la educación en España, no se ha hecho quizá suficiente hincapié en el daño sufrido por las industrias culturales que forman, junto con el sistema educativo, a nuestra población.

Así, en los últimos 5 años nuestro país se ha convertido en un cementerio de salas de cine y locales de teatro, que  han tenido que echar el cierre. Solo en Madrid se han cerrado más de 50 salas en los últimos años. Diversos han sido los factores, pero en general su denominador común ha sido lo que podríamos denominar una política “contra- cultural”. En primer lugar se produjo en 2012 una vertiginosa escalada del IVA, un impuesto que pasó del 8% al 21% (al contrario de lo que ocurre en países como Francia, donde lo han reducido del 9 al 5%), lo que hundió la recaudación en todo el sector de la industria cultural. En paralelo se suprimieron cuantiosas subvenciones, desde las ayudas a la producción cinematográfica o teatral hasta la falta de inversión pública para cambios tecnológicos (la necesaria y costosa digitalización de los cines, por ejemplo). Mientras la industria privada se quejaba de una excesiva presión fiscal y de falta de apoyo financiero a través del Ministerio o de las entidades oficiales de crédito, las instituciones públicas relacionadas con el mundo de la cultura no han tenido mejor suerte. Buen ejemplo de ello han sido las sonoras movilizaciones promovidas por los trabajadores en el Palau de las Arts de Valencia, el Coro Nacional de España, el Liceu de Barcelona, las orquestas de sinfónicas de Sevilla o Palma, entre otros muchos, donde los recortes se han traducido en expedientes de regulación de empleo y empeoramiento absoluto de las condiciones de trabajo y han puesto de relieve el abandono de las administraciones hacia la música y la cultura.

Si vamos a examinar quienes han de ser garantes del acervo cultural de nuestro país, no debemos olvidar el papel que juegan los medios de comunicación, quienes tienen entre sus principales misiones la de difundir las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas. La ley exige a los medios públicos una programación como servicio público esencial, siendo vehículo primordial para la comunicación pública libre, la información y la participación de la ciudadanía, para la formación de opinión en libertad y el respeto a las minorías, la cooperación con el sistema educativo y la difusión cultural.

Sin embargo, a pesar de estas exigencias con rango de ley, lo cierto es que la realidad de la radiotelevisión pública en España es la carencia de medios que garanticen la independencia informativa, que entretengan y eduquen a la población, tareas que evidentemente tampoco tienen encomendadas las cadenas privadas, quienes no parecen creer que también prestan un “servicio público”. De este modo y, en pro de una privatización encubierta como fuentes de negocio, se ha ido abandonando la financiación de las cadenas públicas bajo el argumento de la necesidad de invertir en otros servicios de primera necesidad: sanidad, educación… una posición demagógica y absolutamente falaz de algunas administraciones para justificar brutales expedientes de regulación de empleo, precariedad de las condiciones laborales, cierre de canales y, en definitiva, poner en peligro la calidad de un servicio público que priva a la ciudadanía de información plural y veraz, de entretenimiento y de educación.

En el ámbito de las empresas culturales, los recortes presupuestarios no sólo han conllevado cierres y despidos y una devaluación notable de la calidad en el empleo, sino que la limitación de la oferta y los recursos están condenando a la población a un empobrecimiento cultural, con ausencia del pensamiento crítico y con una generalización del entretenimiento banal y mediocre. La nueva imposición fiscal (IVA cultural) impone una clara diferenciación social entre una ciudadanía elitista con mayor poder adquisitivo frente a quienes no pueden asumir el sobrecoste de una entrada para cualquier evento cultural y a quienes se destina una cultura de masas alienante. En este punto es donde la radiotelevisión pública debería poder contrarrestar esas carencias que se están produciendo en las artes escénicas y plásticas, la música y el cine, evitando que solo acceda a la cultura quien puede pagarla.

Como conclusión debemos afirmar que es tarea del Estado y las administraciones autonómicas y locales garantizar el acceso a la información, la cultura y el entretenimiento a través de una oferta audiovisual  diversa, gratuita y de calidad, que permita visualizar los diferentes colectivos sociales y que recoja las preferencias de todos los públicos. Asimismo, como venimos insistiendo desde CCOO, es crucial  defender y prestigiar el servicio público de radiotelevisión, independientemente del carácter público, privado o mixto de su titularidad y gestión.

La crisis económica no puede servir de excusa para no trasladar a la ciudadanía la importancia de preservar el derecho constitucional a recibir una información veraz, independiente  y plural. Un derecho que incide directamente en la educación y la creación de opinión de la población. Como tampoco el hecho de mantener y fomentar la oferta cultural en las salas de teatro, cine, música o danza, con producciones culturales que fortalezcan la cultura popular y la calidad de la democracia.

Los trabajadores y trabajadoras de estos ámbitos nos hemos movilizado en defensa de estos servicios públicos no sólo por la pérdida de derechos laborales, sino bajo la firme creencia del carácter esencial de la cultura y la educación. Es ahora la ciudadanía quien ha de tomar conciencia y exigir el acceso a aquellos servicios públicos que le han sido arrebatados y/o diezmados.

Lunes, 5 de octubre de 2015