El CETA y el TTIP: la nueva vía para la acumulación por desposesión

 

Adoración Guamán

Profesora titular de derecho del trabajo en la Universitat de València

 

 

 

Desde que comenzaron a filtrarse los primeros textos relativos a la negociación del TTIP (Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América) la polémica en torno a los posibles efectos de este acuerdo sobre los derechos sociales y laborales no ha cesado. Algo similar ha ocurrido con su tratado hermano, el CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros) que ya está en fase de ratificación en el Congreso de los Diputados tras haber sido aprobado en el Parlamento Europeo y en el Consejo.

Uno de los principales argumentos para la defensa de ambos acuerdos, y en general para la justificación de la desbocada política comercial de la UE, ha sido el supuesto potencial de estos para crear puestos de trabajo e incluso, dicen, para mejorar las condiciones laborales en los países implicados. Ninguno de estos argumentos puede sostenerse como cierto. Desde el punto de vista teórico, la polémica sobre la relación entre comercio y trabajo es tan antigua y controvertida como la propia voluntad crear normas internacionales para la promoción del comercio, hay tantos estudios que pronostican un crecimiento del empleo como informes que prevén un aumento del desempleo derivado, fundamentalmente, de un impacto negativo en las PyME; desde el punto de vista empírico, las experiencias de integración supranacional existentes evidencian que la desregulación provoca un aumento del dumping social, una situación de la competencia entre Estados para atraer inversión por la vía de la devaluación del trabajo y por tanto, una carrera a la baja en estándares laborales nefasta para los derechos de las mayorías sociales.

Ajenos a estas razones, en los textos del TTIP y del CETA se reitera la voluntad de conseguir unas relaciones comerciales “libres y justas”, lo cual es un ejemplo de perfecto oxímoron, y de aumentar el crecimiento económico bienestar de las poblaciones. Es cierto que el aumento de los flujos comerciales puede conllevar crecimiento económico, pero este crecimiento no se distribuye nunca, per se, de manera justa. Es cierto que la desregulación puede aumentar las posibilidades de negocio para las empresas, pero, si no se controlan las prácticas comerciales adecuadamente y si no se impide la carrera a la baja de los estándares laborales, esto va a generar una competencia basada en costes sociales; por añadidura, si no se apoya convenientemente a las PyME esta apertura comercial a empresas de mayor tamaño puede acabar con ellas.

Tan claros son estos potenciales efectos que, desde hace décadas, los acuerdos comerciales impulsados por la UE y por EEUU incluyen, o asocian, un capítulo denominado “comercio y desarrollo sostenible” (o una expresión similar) donde se inserta la llamada cláusula social, orientada a “paliar” las externalidades negativas antedichas. En estos capítulos se incluyen una serie de compromisos de las partes implicadas respecto de los derechos laborales. Sin embargo, estas cláusulas presentan varios problemas: en primer lugar, las mismas utilizan como estándar las normas de la Organización Internacional del Trabajo, que en todo caso deben entenderse como mínimos y que, además, son sistemáticamente ignoradas por Estados Unidos y tienen un grado de ratificación muy desigual en Canadá y entre los países de la UE. En segundo lugar, estas cláusulas presentan un grave problema respecto de su control y de la sanción por su incumplimiento, así, ninguno de los grandes tratados llega a establecer mecanismos reales para obligar a las partes a respetar los derechos laborales que se establecen como mínimos. Por añadidura, la experiencia nos demuestra como los Estados partes en los tratados suelen acordar excepciones para la no-aplicación de estas cláusulas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible afirmar que la ratificación del CETA en el actual momento de crisis del empleo y de los derechos asociados, conquistados, por el Trabajo, implicará una vuelta de tuerca más en el proceso de desposesión de las y los trabajadores, aumentando la velocidad del proceso de transferencias del trabajo al capital.

Pero la cosa no acaba aquí, la llegada de Trump al poder parecía haber alejado el fantasma del TTIP pero, de nuevo, la realidad apunta hacia otro lado. Ciertamente, el abandono del proceso de ratificación del Tratado Transpacífico, la paralización de las negociaciones del TTIP y la voluntad de renegociar el NAFTA han sido claros golpes de efecto destinados a mostrar un cambio de ruta de la nueva administración norteamericana que, en realidad, más que un giro es una mera ralentización momentánea. De hecho, el análisis pormenorizado de las propuestas de la agenda de comercio del nuevo presidente revela el sostenimiento de una línea que nunca se ha perdido: América para los americanos, sí, pero fundamentalmente para algunos. De hecho, todo parece indicar que se retomarán las negociaciones de un TTIP donde Estados Unidos estará dispuesto a ceder a un menos frente a una UE en posición cada vez más débil que se aferra al CETA como vía para relegitimarse en la esfera internacional, mientras día a día se deslegitima ante los ojos de su ciudadanía.

Barcelona, 24 de Mayo de 2017