Orentino Alonso

Funcionario Administración del Estado y Ex–Secretario General de la FSAP

 

 

 

Me invita el compañero Xavier Navarro a reflexionar sobre democracia y crisis y las diversas situaciones que surgen en un contexto critico: resistencia y tendencias autoritarias, influencia en las Instituciones y demandas ciudadanas. Cuando lo hizo, a punto estuve de enviarle el clip de Javier Krahe y su canción “Ay Democracia “, toda una tesis sobre la nuestra y una reflexión genérica muy aseada, de la que entresaco la siguiente frase como preámbulo para estas líneas: “…pero en fin, ahí estas. Peor sería que te esfumaras…, como antiguamente.”

Y yendo al asunto, lo primero que me gustaría señalar en ésta nada fácil tarea sería la importancia de diferenciar, al hablar de ella, al repensarla, las miradas estructurales de las coyunturales. Desde la primera diré que creo profundamente en la democracia que formó (y sigue haciéndolo) parte esencial del imaginario emancipador moderno de nuestra Humanidad. Es uno de esos conceptos básicos, inaprensible, siempre vivo y en transformación, que ha impulsado las mejores páginas de nuestra Historia. Una persona, un voto. Lo mismo vale el de la limpiadora o el celador que la del financiero o la jueza del Supremo. Y la soberanía radicando en el pueblo, en la suma de todos esos votos, sin que nada ni nadie mande más que ellos.

De esa arquitectura, de esa ficción política acordada nació el mundo moderno occidental, de ese “contrato social“ nacen las Constituciones, estructuras político-sociales y las Instituciones tal y como las conocemos. Obviamente nuestros parlamentos, nuestras instituciones, nuestra participación no son los mismos que en el siglo XIX, ni siquiera los de hace unos años porque aunque utilicemos los mismos nombres estamos ante un “contrato” vivo, que cambia, que se transforma, que hoy no es igual que ayer e incluso, si nos dejamos, puede que hasta contrario. Es en ese día a día de hacer democracia, que institucionalmente se hace con Leyes, Reglamentos y normas (en cualquier ámbito, desde comunidades de vecinos, sindicatos, ayuntamientos o asociaciones profesionales), donde se va modificando sin pausa nuestra convivencia y nuestra sociedad. Una transformación constante, con nuevos retos cada día y que, teóricamente, resolvemos (o no) a través de nuestros representantes electos (en cada ámbito) a tal fin. Delegamos nuestra soberanía cada uno en quién creemos para que nos representen y resuelvan. Y no deja de corresponderse con un acto de fe, de confianza en unas personas (o en unas siglas) para que resuelvan en nuestro nombre. Surgen aquí, en este acto de delegación y de representación, algunos de los espacios de mejora y calidad de la democracia. Y tienen que ver con la condición humana, con la ética (lo mismo vale un voto noble que uno malvado, uno que defiende el interés social que el más egoísta) y con la diferencia entre ser contados o ser tenidos en cuenta. ¿Quién garantiza que el más experto y formado, que el más bienintencionado votará mejor en relación a lo que a todos nos interesa más? ¿Valen más los anhelos y esperanzas de unos que los de otros?¿O lo miedos, temores, prejuicios y “males menores” de unos sobre otros en la búsqueda de una mejor cotidianeidad, de una vida mejor?  A menudo oigo hablar de voto cautivo y clientelismo, yo mismo lo utilizo. Y puede ser así, pero se me antoja de un cierto reduccionismo y si es bienintencionado, casi siempre, viene desde una mirada prejuiciada o ideologizada, ética y por tanto más reflexiva.  Lo cierto es que las razones por las que cada individuo elige una u otra opción son complejas, su conocimiento, su visión, sus intereses personales o de clase, su religión y creencias, sus miedos, sus temores, lo que hizo el anterior gobierno y lo que dejó de hacer, sus prejuicios (inducidos mediáticamente o no), cada uno hará sus interpretaciones y valoraciones, pero al final: una persona un voto. Unas reglas de juego que quizás no nos permitan conseguir todos nuestros anhelos reales. Cierto, pero también impiden otros muy opuestos.

Hablamos, en definitiva, de espacios o sistemas de convivencia social de la “comunidad política “a la que Aristóteles ya definía como conjunto de ciudadanos (dotados de razón y palabra) deliberando sobre lo justo y lo injusto. Porque nadie puede actuar creyendo que ante la vida cotidiana no existen unas opciones preferibles a otras o que determinadas maldades (asesinatos, esclavitud, tortura, explotación de menores…) dependen de una forma de cultura o moral respetables. Se trata de convivir entre distintas cosmovisiones (casi tantas como individuos, aunque ante cada asunto de interés se agrupen y homogenicen las opciones) compartiendo el mismo espacio común porque existen entre ellas unos mínimos comunes de justicia. Que debe ser universal y no una aspiración sino una exigencia. Mínimos que evolucionan con la propia sociedad, cuyo límite podríamos situar hoy en los derechos humanos básicos, justicia, educación, sanidad, medio ambiente sano…

Dentro de ese pluralismo moral conviviente -que no ético, porque la ética implica un paso más allá, reflexivo, de ese conjunto de mínimos morales de justicia y hablamos de sistemas de convivencia no de búsqueda de la felicidad– surge como inevitable el pacto, el acuerdo. Y toco aquí otro de los aspectos controvertidos del tema en liza. El pacto, el acuerdo, eso que enseñan (o deberían) a los párvulos en la escuela es lo primero que aprendemos en nuestra vida (a riesgo de convertirnos en asociales de no hacerlo), cuando, cómo, porqué, qué ganamos, qué perdemos (viéndolo no sólo desde la inmediatez o lo material). Es el primer eslabón del “yo” al  “nosotros”, un punto que permite satisfacer parte de las necesidades de los distintos “yo” que componen ese “nosotros”.

No comparto ese reduccionismo anti pacto, esas posiciones principistas que pasan por “lo mío“ o nada, que rechazan revisar sus posiciones a cambio de que así lo hagan también los otros. Nunca fui partidario de las dos orillas ni de defensas numantinas de “Occidente”. Me parecen muy cercanas a las de los que culpan a la democracia de todos nuestros males, de la desigualdad, de la injusticia, de la corrupción, de la histórica separación entre gobernantes y gobernados (que tanto preocupaba a Gramsci…) cuando se dan bajo cualquier sistema social y, en buena medida, son fruto de la propia condición humana. Condición humana que ha escrito infinitas páginas gloriosas pero no pocas ominosas y que debemos tener en cuenta, cuando reflexionamos sobre este tema, en doble sentido. La nuestra como representados y la de nuestros representantes. Daría mucho de sí este aspecto pero simplemente deseo hacer una acotación breve sobre exigencia o laxitud según se trate (ellos o yo/los nuestros). Y es así, es inevitable (creo) y por tanto debe tenerse en cuenta cuando hablamos de mecanismos de mejora y control, de permanencia en puestos, de revocación…  Sin confundir los problemas piramidales de las Instituciones, Partidos y Sindicatos con el modelo convivencial/representativo que impulsan. Aunque influyan (y no poco) en su calidad.

Siguiendo con ésta rápida mirada estructural señalaría un aspecto de capital importancia en esa ficción/contrato que hemos dado en llamar democracia y cuya soberanía radica en un pueblo (o conjunto de pueblos), en una Comunidad unida por vínculos históricos, políticos y culturales, que no deja de ser un conjunto de individuos que, a pesar de sus desacuerdos, se saben unidos en un proyecto por el diálogo y la deliberación para decidir conjuntamente sobre lo que hay que ponerse de acuerdo y cómo hacerlo. Y no debemos confundir ese “pueblo “, al que todos invocan y dicen representar (lo ha dicho el pueblo, lo pide el pueblo, el pueblo nos apoya…) con la masa. Que podríamos definir como un conjunto de individuos unidos entre si por lazos débiles (o no) que pueden ponerse de acuerdo ante un hecho puntual. Volátil y emocional, añadiría. Y, por tanto, menos reflexiva, más manipulable y cambiante de un mes para otro. Y señalo, intencionadamente, esta diferenciación para ligarlo con el concepto gramsciano de “hegemonía”  para cualquier proyecto de transformación social que se precie. Importante es llevarlo al Poder, pero más importante es su arraigo y cómo se entiende y acepta socialmente. Concepto que podríamos extender a una institución, un partido o un sindicato cuando pretendemos su transformación. La idea, el proyecto, debe convertirse en “hegemónico” para ser transformador. Y esa hegemonía nunca es fruto de la improvisación, ni madura de un día para otro. Puede apoyarse en las “emociones “ de un modo ético (no utilitarista) pero la gestión de las mismas es algo que considero muy importante, evitando populismos o seguidismos contraproducentes con tal de no enfrentarse a ellas o utilizándolas para eso que se ha dado en llamar “toma de medidas en caliente“ que suelen ser de mirada miope y cortoplacistas. Cuando no se utilizan para la adopción de normas restrictivas.

No quiero acabar esta parte sin hacer una breve referencia a otro aspecto fundamental de la democracia y su enriquecimiento. Es necesario profundizar en lo que podríamos dar en llamar “ética del diálogo”. Cualquier decisión política, cualquier norma, cualquier reglamento contempla visiones y consecuencias distintas para los afectados, donde conviven distintas visiones morales de máximos. Se trata de una búsqueda constante (en lo posible) de los mínimos comunes aceptables para la mayoría, impulsando mecanismos de simetría efectivos, de discriminación positiva (de ser necesario), apoyando las buenas condiciones de diálogo entre las partes y la comprensión de las dificultades objetivas y las respuestas posibles. Y partir de la base de que todo fruto humano es revisable, o más aún, necesariamente revisable porque nunca es igual ni surte los mismos efectos que ayer.  Es, por otra parte, la contrapartida exigible (más fácil hoy con la evolución de las nuevas tecnologías) a los “representantes“ que recogen la soberanía cedida por los “representados”/ciudadanos con su elección. Y bueno sería que la ciudadanía, en cada ámbito, poco a poco, fuese exigiendo a los candidatos a representantes la incorporación de protocolos de “ética del diálogo” que se comprometiesen a cumplir durante sus mandatos. En todos los ámbitos y niveles, como una gestión obligada más, impulsando la participación frente a la apatía en barrios, partidos, sindicatos, asociaciones…., más allá de los institucionales. Una búsqueda del representante espejo, que, como ficción, valiese para articular un objetivo. Pero, al mismo tiempo, deberíamos preguntarnos ¿y si no gobiernan los políticos quiénes lo harían?¿Los militares, los tecnócratas, las multinacionales, el FMI ¿nos da igual?.

Hasta aquí he procurado buscar argumentos (desde la mirada estructural) de aval a la grandeza del concepto en la historia de la Humanidad, pero esa historia no cesa y nos enseña, una y otra vez, que nada es inmutable y lo ligo con el párrafo anterior porque mucha gente piensa que el Sistema, la democracia occidental ha tocado fondo y ya no es una herramienta emancipativa si no lo contrario, una farsa adormecedora. Que el triunfo de un modelo globalizado de mercado financiero desregularizado ha barrido sin contemplaciones las opciones de las políticas nacionales y de los Estados , que se han sometido a un modelo de maximización de beneficios sin reglas ni fronteras ni opositores, el mercado como única o principal fuerza reguladora de nuestras vidas, de nuestra cotidianeidad. Y que la capacidad de los pueblos para decidir ha sido hurtada con su soberanía. No escasean los ejemplos aquí o allá para pensarlo así. En nuestro País la última modificación constitucional, a pedido expreso de la Troika, es la mejor muestra. La negociación (sic) europea del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. sin que los propios parlamentarios puedan tener conocimiento de la misma señala una deriva más que peligrosa para lo que debería ser una buena gobernanza. Sobran razones para pensar, después de la crisis económico financiera del 2008, que la maximización de beneficios del capital -ya no digo del mercado, porque hay mercados y mercados. Pensemos sólo en la diferencia existente entre economía productiva, que crea empleo y bienes y servicios y economía especulativa financiera, la reina, cuyo crecimiento anual es de casi tres dígitos y el primero apenas supera el 5% mundial a día de hoy-  se ha enfrentado abiertamente (claro se ve en Europa) a los Estados y sus soberanías, a las reglas de juego democráticas y a los modelos sociales existentes que son obstáculo a esa máxima del beneficio ilimitado. En nuestro País, en Portugal, en Grecia la transformación de la sociedad para que los derechos pasasen a ser privilegios (empleo, sanidad, educación, justicia, vivienda, asistencia…) fue y es tarea contra ese pueblo soberano, que ve impotente su desahucio y su depauperación a costa de salvajes salvamentos de Bancos o Entidades Financieras. Un conflicto brutal, que ha provocado fuertes movimientos sociales y desconfianza y desesperanza de la política y las Instituciones en su conjunto. No se salvan los Sindicatos, ¡cómo no!, es necesario su desmantelamiento para allanar el camino a ese modelo de maximización y privilegios del que he hablado y que se empezó a gestar en tiempos de Reagan y Tatcher.

Y desde esa mirada coyuntural tenemos que hacernos la pregunta ¿todas esas circunstancias, esa mundialización de la economía, esa inoperancia/inutilidad de los Estados soberanos (y de las supraestructuras más progresistas) disuelve nuestra capacidad para la organización y la acción política? Yo creo que no y coincido con Pablo Iglesias cuando dice que hoy la disputa por la democracia como concepto, como forma de organización del poder debe ser el eje de nuestra ruptura. Creo que es posible darle vuelta a ese conflicto. La potencia conceptual de la democracia es tal que, curiosamente, hasta los más retrógrados se amparan en ella e intentan amoldarla a su discurso. Es difícil que hoy (universalmente) se reclame antidemócrata y, a pesar de las adulteraciones y el manoseo indecente del término, sigue indisociablemente unido, para miles de millones de individuos a los derechos sociales y civiles. Y de unos derechos sociales y civiles crecientes en calidad y en cantidad (aún) porque como repito una y otra vez no hay nada definitivo, absoluto y cristalizado de una vez para siempre. Y el concepto que invocamos se nutre, día a día de las mil y una luchas de los ciudadanos del mundo por sus derechos más esenciales. Y por eso soy optimista, aunque no pierda de vista la ingente tarea pendiente. Los retos globales son hoy muy complejos (y a menudo muy desconocidos , obviamos su incidencia real en nuestras vidas ), no sólo influyen en nuestra cotidianeidad factores perversos (vamos a llamarlos así), también lo hacen los retos de otros, países en emergencia que compiten con mayor presencia cada día, tensiones por las primacías de los bloques y guerras de divisas y materias primas, pero del mismo modo que creo que más pronto que tarde habrá un nuevo modelo de divisa patrón también habrá una regulación (aunque sea mínima) de esa economía financiera salvaje que amenaza la propia destrucción del Sistema y la propia Humanidad. En esa tarea considero imprescindible cambiar los parámetros internacionales al uso hasta hoy, la búsqueda de parámetros más eficientes para medir la buena salud social frente a parámetros tan maniqueos como el P.I.B. o el crecimiento económico. Es necesario ganar la batalla de la “hegemonía” conceptual  y hoy disponemos de mejores herramientas que ayer.

En definitiva, creo que la democracia nos hace más libres. Si la practicamos y la defendemos la hacemos crecer. Para mí, a pesar de los pesares, sigue siendo válida esa vetusta máxima de que es la menos mala de las formas conocidas de gobierno. Y yo le añadiría: y puede ser la más buena, depende en buena parte de nosotros. Toda esta larga reflexión podríamos relacionarla con la respuesta que el racionalista Baruch Spinoza daba a uno de sus discípulos cuando (S. XVII) le preguntaba si existía el libre albedrio, si creía que el individuo no estaba regido , desde su nacimiento, por la predestinación divina (por el destino diríamos hoy). Libre albedrio y democracia, conceptos inaprensibles, pero tan deseados. Spinoza le contestó que sí, que por supuesto que existía, pero que eran necesarias una serie de condiciones inexcusables para que el individuo fuese capaz de ejercerlo y cita, entre otras, la buena capacidad de comprensión y la capacitación del individuo, que disponga de tiempo para la reflexión y poder discernir entre las múltiples informaciones y conceptos que recibe, cuáles son falsos y cuáles verdaderos, que no esté apremiado por conseguir la subsistencia…, en esas condiciones sí. Busquemos las condiciones, pues.

 

 

Ignacio Muro

Economista, Escritor y Profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III

 

 

 

El final de la crisis nos ha sorprendido (una vez más) sin que las fuerzas progresistas concluyan propuestas elaboradas de una nueva sociedad en la que el trabajo recupere valor y dignidad. Los compromisos de derogación de la reforma laboral en los programas políticos son vagos sin precisar qué puntos se cambiarán y cuáles no; las referencias al cambio de modelo productivo, un objetivo esencial para conseguir más calidad y estabilidad en el empleo, son imprecisas o ingenuas; las organizaciones sindicales asumen que están obligadas a “reinventarse”, tanto para hacer frente al deterioro de la negociación colectiva como por su asociación con episodios de corrupción o poca transparencia, pero esa necesidad sigue sin concretarse en programas.

Nueva “normalidad”, nuevos “consensos”. Nuevos poderes

El poder corporativo y de las élites financieras sale fortalecido mientras el trabajo sale debilitado. Se nos quiere hacer creer, como si fuera un axioma religioso, que vamos hacia una mayor desigualdad social, que debemos resignarnos a que la distancia entre capital y trabajo se agigante. Recientes análisis empiezan a apuntar que la singularidad del actual desarrollo tecnológico empuja, como norma, no hacia un tipo de trabajo más cualificado y mejor retribuido sino a una dispersión salarial que condenará a la mayoría de trabajadores a regirse por sueldos base cercanos a la subsistencia.

Ello no impide que los centros de poder sigan reclamando, desde las instituciones de los países más avanzados,  nuevas oleadas de desregulación del mercado de trabajo para favorecer nuevas versiones de trabajadores autónomos en torno a la figura del freelance. La “salida de la crisis” parece avisarnos que la precariedad laboral puede formar parte de una tendencia estructural y buscada del nuevo capitalismo.

Todos esos mensajes empiezan a dibujar los rasgos de la “nueva normalidad” que extenderá su vigencia en los próximos 20 o 30 años, “nuevos consensos” que intentan asentar y legitimar las nuevas formas de poder. En parte, los cambios en las relaciones de poder tiene componentes objetivos y, en parte, son subjetivos. En la medida en que mutan los poderes empresariales, cambian las mismas empresas, la organización productiva y las relaciones de producción.

El desarrollo de las fuerzas productivas conlleva una cada vez más compleja socialización de las relaciones del trabajo, de los intercambios de ideas, servicios y mercancías entre ciudadanos, empresas y sectores de todo el mundo. Los tiempos de trabajo se diluyen y ocupan todo el día, los centros de trabajo se dispersan y alejan, el trabajo asalariado pierde peso. Mientras el trabajo se atomiza y debilita como fuerza social, se acentúa la centralización del poder en pocas manos, tanto en empresas como en sectores, tanto en cada país como en todo el mundo.

Empieza a estar claro también el perfil financiero de los destinatarios favorecidos por el nuevo poder. E incluso algunos de sus rasgos: por ejemplo que, en la medida en que se centraliza y fortalece, el nuevo poder necesita difuminarse y ocultarse, que al tiempo que se sabe omnipresente, necesita hacerse invisible.

La nueva naturaleza de los conflictos y los contrapoderes sociales

Los movimientos sociales han asumido una dinámica de denuncia que  intenta dar respuesta a las manifestaciones más evidentes de ese poder cada vez que pierde su invisibilidad. Si los desahucios concentran la máxima inseguridad ciudadana, es en torno a ellos donde se configuran los primeros elementos de resistencia y ofensiva ciudadana contra el omnímodo poder de la banca. Si la corrupción se siente sistémica es en torno a su denuncia cuando nace la ocasión para revisar la calidad democrática de las instituciones y organizaciones. Si la privatización de la sanidad o la educación evidencian los deseos de rapiña de las grandes corporaciones, deben aprovecharse para una revisión de las nuevas formas de bien común y una recuperación del prestigio de lo público. Cada manifestación de un abuso se convierte en motivo para el nacimiento de energías regeneracionistas y de cambio con propuestas concretas.

No es extraño. Decía Foucault que los cambios en las formas de poder acaban impregnándolo todo, que modifican los comportamientos íntimos de cada sujeto: en la sociedad construye íntimamente al ciudadano, en las empresas, moldea al trabajador. Pero sus efectos tienen ida y vuelta, porque “el poder es un par de fuerzas que condiciona al que lo ejerce y al que lo soporta, al que domina y al que es dominado”. Y en la medida en que las formas de control y apropiación varían, también lo hacen la naturaleza de los conflictos y la naturaleza de las resistencias.

Dignidad del trabajo y democratización del sistema productivo

Desde el mundo del trabajo estamos obligados a acelerar los aprendizajes colectivos en torno a una ideología común que revalorice su aportación. Debemos estar en condiciones para aprovechar cualquier manifestación de insalubridad del nuevo capitalismo, para desarrollar una lógica de la recuperación del trabajo. Al margen de las batallas laborales diarias, al margen de las propias dinámicas regeneradoras del sindicalismo, cada vez que “un Blesa” o “un Rato” se hace visible, que “un escándalo” nos muestra las patologías de la “normalidad” del sistema productivo, estamos obligados a profundizar pronto en sus rasgos para aprender de posibles errores, acumular nuevas energías y diseñar nuevas alternativas.

Esa ideología común debe asumir que los cambios objetivos descritos provocan cambios en las percepciones del trabajador-ciudadano. Y es que, paradójicamente, aunque la sobreexplotación se instala en el mundo, el sentimiento de “estar explotado” se mitiga. En su lugar, en el interior de cada trabajador resucitan otras sensaciones que podemos identificar con las de frustración, exclusión, marginación, desprecio, indiferencia… La dignidad humana recupera protagonismo y empieza a estar relacionada con la capacidad para reconocerse como trabajadores y ciudadanos de forma indisoluble.

La democratización del sistema productivo está asociada a la lucha contra un modelo de empresa que, por un lado, deprecia (y desprecia) al trabajo como elemento central en la creación de valor, lo ningunea, y, por otro, sobrevalora la función del primer ejecutivo y su equipo como centro del poder absoluto, sin contrapeso alguno.

Hoy no es la propiedad, casi siempre difuminada y desinteresada en la gestión, lo esencial en el conflicto social sino la actuación de las minorías que conforman los núcleos duros del poder, diseñan el proyecto empresarial y asumen el control sobre las decisiones. Cualquier experiencia que facilite un aprendizaje en nuevas formas de participación y/o control social sobre la gestión, aporta más valor al desarrollo del progreso social que los debates abstractos que se quedan en el origen público o privado de la propiedad.

La importancia del análisis de experiencias concretas

Si las fuerzas organizadas del trabajo hicieran un balance completo de algunas experiencias recientes, como las referidas a la gestión de las Cajas de Ahorro, o la referida a la sanidad pública y los límites que deben establecerse para cualquier externalización de servicios o las relacionadas con la gestión de muchas empresas públicas; si de cada una de esas experiencias, y de muchas otras, se hicieran jornadas para extraer conclusiones y perfilar alternativas, estaríamos aprendiendo a gran velocidad sobre nuevas formas de participación y control social.

En general, son experiencias que ponen en evidencia comportamientos que tienen que ver con lo que la sociología empresarial denomina “problemas de agencia”, de pautas de delegación y control del poder sobre los agentes que asumen el gobierno diario.

Si nos referimos a las Cajas, la participación de sindicatos, partidos y otros sectores ciudadanos en su gobierno corporativo no sólo se ha demostrado inútil como control social, que era su objeto, sino que ha servido para legitimar la política de rapiña generalizada que conocemos. Pero el problema no está en esa participación sino en cómo se produce. Está en los citados “problemas de agencia” implícitos  en toda delegación de poder: en que los cargos no se renovaban nunca, en que los representantes sindicales llevaban decenas de años allí, conviviendo con los Blesa de turno en una rutina imaginaria de poder; en que los que se decían representantes de los impositores eran una filfa que no representaban a nadie; que la renovación de los liderazgos sociales ha estado sometido a la lógica de las burocracias; en que una izquierda sin rumbo se inhibió de educar a la sociedad en una actitud “in vigilando”.

Otra experiencia reciente, igualmente relevante, tiene que ver con la gestión de otros recursos esenciales, en este caso los de la sanidad. Es cierto que también desde las comunidades gobernadas por la izquierda en  Andalucía o Cataluña, la gobernada por el tripartito, se han producido externalizaciones de servicios más o menos centrales. Sin embargo, no está claro que se haya aprovechado esa experiencia para mejorar el diseño de la siguiente, no lo está, desde luego, si se sigue asimilando externalización a privatización, como si fuera lo mismo si el receptor es una gran corporación, una fundación, una cooperativa de médicos o de trabajadores sanitarios o una empresa pública. Es un típico ejemplo de que se confunde cuestiones funcionales (unidades centralizadas o descentralizadas, internas o externas) con cuestiones de gestión y control social (otra vez, los problemas de agencia) y con cuestiones referidas a la propiedad (pública o privada), el único criterio que admitimos para distinguir entre progreso y regreso.

Ese criterio hoy no es válido. Una falacia. Si la propiedad definida como pública lo fuera realmente, si la sociedad hubiera encontrado mecanismos de participación y control, con grupos sociales diversos que las representaran, con contrapesos internos y externos que garantizaran, al tiempo, renovación y continuidad, eficacia y participación, innovación y no solo gestión rutinaria, estaríamos más cerca de superar ciertas retóricas vacías sobre el progreso social.

La gestión de buena parte de las empresas públicas (y las televisiones públicas son sólo un ejemplo) demuestra que la titularidad formal no garantiza la defensa de un bien común ni de un interés general. Por el contrario, suele ser el reino de los gestores bien actuando como monarcas absolutos o al servicio del partido de turno. En esencia, un gobierno sin ningún contrapeso que garantice la continuidad de un proyecto, tampoco el accionarial puesto que el control recae en un  Consejo de Administración compuesto por funcionarios que cumplen una función de rutina, dispuestos a bendecir lo que proponga el gestor de turno.

Aparecen, una vez más, los problemas de agencia que nos lleva a plantearnos como debe ser el modelo de gestión de los intereses colectivos. Y cómo y de qué forma la sociedad (y por supuesto los trabajadores) debe estar representada, precisando cómo se eligen esos representantes, con qué criterios de valor y con qué fin, por cuánto tiempo.

Lo público debería ser la mejor representación de la democratización del modelo productivo, con un impulso puntero a la innovación, generador de  un clima laboral que facilite compartir objetivos para mejorar productos y procesos y crear riqueza. Un poder generador de un trabajador/ciudadano adulto y libre, lejos del comportamiento de siervo asustado y sumiso que es el arquetipo que, contra toda retórica, parece se nos quiere imponer desde el nuevo capitalismo.

 

 

Manuel Alcáraz Ramos

Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat d’Alacant

 

 

 

Un subproducto de la crisis es la acumulación de ideas que se van dando por buenas, o por malas, antes de someterse al tamiz de la crítica: a la angustia de los sentimientos le sigue la prisa de la razón por encontrar recetas mágicas que curen nuestros males. No es extraño que esa acumulación de presunciones confluya en la política, que actúa como gran catalizador de incertidumbres. Lo malo es que la política también debe servir para dar soluciones a los problemas, en especial a los que afectan a los sectores más frágiles. Por eso es tan peligroso fiar todo a la ocurrencia, a la novedad, a la frase ingeniosa en las redes. Viene esto a cuento de cómo muchas opiniones centran su discurso sobre la crisis en lo institucional. Lo que significa: A) Oscurecer el carácter esencial de la crisis como episodio de la lucha de clases y hacer olvidar que el mayor de los problemas de cualquier actitud crítica es la carencia de una teoría plausible de superación del capitalismo. B) Hacer creer que se puede desligar la crisis política de ese condicionante económico.

Se está constituyendo un discurso centrado en el descubrimiento de la existencia de un régimen conformado por una ambigua casta que habría falsificado la voluntad popular, desde una Transición que, al parecer, nunca existió. Pero no es cierto: la cantidad de mediaciones entre lo social, lo económico, lo político y lo cultural es tan grande que esta simplificación oculta más que explica, lo que se aprecia mejor cuando observamos: A) Muchas de las opciones adoptadas en más de 30 años de democracia han gozado de amplio consenso que no puede explicarse por la simple manipulación; en esos años también ha habido momentos de intensas luchas populares. B) Una cosa es dar por bueno todo el relato oficial de la Transición y otra negar la dialéctica de una época difícil, sus combates y la construcción de perdurables espacios de libertad; los teóricos de esta relectura se centran en resaltar la traición de la izquierda, pero omiten explicar qué alternativas existían, dada la correlación de fuerzas. C) El modelo constitucional español no se diferencia mucho de Estados de nuestro entorno y la democracia se consolidó con elevados índices de participación y apoyo.

No debemos, pues, pensar, en términos de régimen, término peyorativo que presupone la negación de cualquier virtualidad  democrática. Tampoco es correcto pensar en un colapso del sistema, en un sistema democrático tan minado que se está desplomando sobre sí mismo. El dato principal es que el sistema político no está siendo capaz de responder a las demandas surgidas de la crisis socio-económica: lo que falla es la banalización creciente del Estado social y democrático de Derecho, provocada por el neoliberalismo, el consenso de Washington y algunas políticas de la UE. Ahora bien, esa inadecuación del modelo constitucional es el resultado directo de la fractura social que incita a la busca inmediata de responsabilidades en el sistema político en forma de respuestas que no puede ofrecer.

Porque el sistema entra en crisis particular en contacto con esas dinámicas porque observaba ya una amplia fatiga de materiales. La causa mayor de ello es la forma peculiar de vertebrar y desarrollar un bipartidismo en el que los grandes partidos han estado tácitamente de acuerdo en: A) Aceptar la radicalización del capitalismo y su resultado principal: la desigualdad. B) Practicar un moderantismo en los temas institucionales que suponía, en la práctica, que en cuestiones básicas –como la reforma constitucional-, cada partido concedía derecho de veto al otro.

Ello se debía a que ambas partían de un supuesto esencial: el desarrollo español estaba provocando el auge de las capas medias que, en lo político, se definían por el centrismo, y sólo conquistando ese voto se ganaban elecciones. Esta dinámica ha venido marcando todo el discurso y lo principal de la práctica política sin que fuera impugnada por la sociedad civil, los medios de comunicación ni los sindicatos. Era posible, en todo caso, la disputa simbólico-cultural o la referente a cambios en derechos de contenido no económico –a veces muy importantes: pensemos en los avances en igualdad de género- y el desarrollo de estrategias que compatibilizaban la tensión bipolar creciente con esa paz interior en las materias que reclamaban cambios. Por eso recordaremos los últimos años como muy broncos pero, a la vez, ayunos de medidas fortalecedoras del trabajo frente al capital, de reformas dinámicas en el modelo de Estado o de apertura de la democracia hacia la participación.

Este es el legado peor del bipartidismo: la patrimonialización del poder, la mediocridad en los aparatos partidarios, la colonización bipartidista de la estructura del Estado, la renuncia al liderazgo moral, admitiendo episodios continuos de corrupción. Y eso es lo que ahora se critica. Se pide responsabilidad a unos actores políticos degradados, que hicieron de la elusión de la responsabilidad política la consecuencia principal de su forma de actuar. ¿Puede ser ese cambio el resultado de un mero acto de voluntad? No. Me da la impresión que muchas insurgencias, que muchas emergencias, no están dispuestas a escapar de ese terreno de juego. Por eso, como hipótesis, sostendré:

1. A) El sistema, para superar su bloqueo, se adapta: está mutando para instalarse mejor ante los nuevos requerimientos de una fase marcada por la fractura social, el desencanto institucional, la corrupción entendida como violencia simbólica. Quizá la fórmula más llamativa de ello es un desdoblamiento de las fórmulas orgánicas dentro de cada bloque tradicional izquierda-derecha. Porque Podemos y Ciudadanos pueden negar la virtualidad de la tradicional línea divisoria, pero no conseguirán que los ciudadanos lo hagan. Otra cosa es que ese desdoblamiento permita una mayor flexibilidad en los pactos y, de manera positiva, facilite redimir a los grandes partidos de sus mayores vicios. Pero igualmente creo que, en el medio plazo, las alianzas se estabilizarán en las áreas conservadoras-progresistas previsibles, con independencia, también, de que el campo de la izquierda será más plural y, aparte de Podemos y PSOE, haya que contar con IU, Compromís, Chunta Aragonesista, IC, verdes…
2. B) Lo que cambiará es la cultura democrática, esto es, las prácticas políticas a las que se atribuye un significado simbólico susceptible de (re)organizar la comprensión del presente y la elaboración de estrategias de futuro. Supondrá cosas como: superar la estabilidad restrictiva de las instituciones como gran valor del sistema, admitir la reforma constitucional como un factor de integración social –aunque no un proceso constituyente indefinido e indeterminado-, compatibilizar mecanismos de democracia representativa y participativa, refundar las relaciones entre las instituciones y los diferentes segmentos de la sociedad civil –no reducida a los empresarios-, introducir como valores fuertes cuestiones como la democracia paritaria y el ecologismo, etc.

En torno a estos ejes, creo, se reorganizará la política. Porque la fase de pura ideologización de los conflictos puede ahogarse en su propia impotencia.

 

 

Joan Coscubiela Conesa

Fundació Cipriano García

 

 

 

En los próximos días se iniciará un intenso y largo proceso electoral, con tres etapas en el que, además de la elección de nuestros representantes en las instituciones, nos jugamos la posibilidad de cerrar una de las etapas más nefastas de nuestra historia democrática.

Lo que ha sucedido desde el 2008 no es sólo una crisis económica, la más grave y profunda de las últimas décadas.

Ha sido y continúa siendo una de las manifestaciones del profundo terremoto que una globalización económica sin reglas, ni derechos, sin gobierno político y con la hegemonía ideológica y política de los mercados financieros está provocando en nuestras sociedades.

En la Unión Europea este factor global de la crisis ha venido a confluir con un proyecto no sólo inacabado, sino profundamente desequilibrado. Y ha puesto de manifiesto los riesgos, incluso para el propio sistema, de mantener una unión monetaria, con las limitaciones a la soberanía de los Estados que ello comporta, sin construir al mismo tiempo una unión política, capaz de sustituir una soberanía democrática por otra de mayor entidad.

Y si no era suficiente con la confluencia de la  crisis global y la europea, en España, la profundidad de los desequilibrios económicos generados durante los años felices de la burbuja especulativa y el desgaste de las instituciones democráticas, han convertido esta crisis en la tormenta perfecta.

En España han confluido todos los ingredientes para una profunda deslegitimación social del sistema político nacido de la transición.

Como toda estructura humana, el engranaje de la transición, expresado en el Pacto Constitucional, ya había dado muestras de cansancio de materiales y presentaba fisuras.   

En el terreno económico-social la debilidad del Estado Social, fruto de un sistema fiscal cadavérico, ya se había manifestado en forma de insuficiencia de recursos. Y había puesto de manifiesto la incapacidad para reducir, vía políticas públicas, la profunda desigualdad creada por unos mercados financieros globales con una gran capacidad de generar desigualdad.

En el terreno de la organización política del Estado, la falta de un proyecto de Estado plurinacional y su sustitución por constantes movimientos tácticos que se inician con la generalización del estado autonómico en 1978 y que alcanzan su cenit en el conflicto por el estatuto de autonomía de Catalunya, expresan el agotamiento del modelo autonómico. Y no sólo por la incapacidad de abordar la realidad de Catalunya. También por la imposibilidad de mantener 17 estructuras de poder, que se quiere simétricas aunque no lo son, con el argumento de una falsa equidad que confunde interesadamente igualdad con uniformidad.

En el terreno democrático, el agotamiento se expresa en la debilidad de las formas representativas de organizar la democracia. No es un fenómeno nuevo ni sólo español, hace 100 años una gran jurista, Kelssen, ya advirtió de lo limitada que era una democracia estrictamente representativa. Pero en el caso del Estado español, lo que en la transición fueron medidas que se presentaron como mecanismos para reforzar una democracia débil y sobre todo para garantizar su control, se han acabado comportando como un boomerang que ha rebotado contra la propia democracia. El sistema electoral construido para garantizar el bipartidismo ha pasado a ser un potente mecanismo para controlar todos los poderes del Estado. A partir de la perversión democrática que supone que la mayoría conseguida en las urnas, con o sin las muletas de CIU y PNV ha acabado con hacer desaparecer la división de poderes que es un factor clave de la democracia, junto a la pluralidad de los medios de comunicación y la fuerza organizada de la sociedad.

Estos factores existían antes de 2008, pero la crisis los ha acelerado y agravado, sobre todo como consecuencia de la reacción que han tenido los poderes económicos y sus representantes políticos.

En vez de divisar el inicio de una fuerte crisis social y de deslegitimación democrática, los poderes económicos han visto una oportunidad para una gran contra-reforma del Estado. Y a esa tarea se ha dedicado el Partido Popular durante esta legislatura, con más apoyos de CIU que lo que las apariencias hacen presumir.

En vez de intentar salvar el Estado social y democrático, Rajoy ha visto una oportunidad para imponer su modelo autoritario y antisocial de Estado, construido sobre cuatro pilares básicos: fuerte desregulación laboral y precarización de condiciones de trabajo y salarios; privatización del sector público, generando nuevas oportunidades de negocio para aquéllos a los que la crisis ha dejado sin sus tradicionales fuentes; recentralización del Estado no sólo contra las CCAA, sino también contra la autonomía municipal; limitación de las libertades, a partir de un recrudecimiento de la criminalización de las movilizaciones y un control acérrimo de los medios de comunicación, los públicos directamente, los privados a través de sus propietarios y las relaciones entre poder económico y poder político.

Reconstruir todo aquello que la mayoría absoluta del PP ha destruido durante estos cerca de cuatro años no será fácil. No lo es, porque los niveles de endeudamiento del Estado Español son aún muy importantes y por tanto su dependencia de los mercados financieros elevada, a pesar del espejismo provocado por la caída de los tipos de interés.

No será fácil, porque en estos análisis suele olvidarse siempre la variable más independiente, la de los poderes económicos, que en unos mercados globales han adquirido un gran poder político real.

Tampoco ayuda el hecho que en este contexto de deslegitimación de todo lo colectivo, las organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos han sufrido una fuerte deslegitimación democrática causada por la percepción ciudadana de inutilidad frente al poder y también por los errores cometidos. Sin olvidar que ha existido un interés evidente por erosionar la legitimidad de todo aquello que pudiera jugar un papel de contrapeso, contrapoder social.

La descomposición del modelo de negocio de los medios de comunicación y su batalla a muerte por sobrevivir tampoco ha ayudado a hacer de los medios un factor de reflexión y construcción de alternativas, pero este aspecto tiene una dimensión que sobrepasa y mucho el alcance de estas notas.

Son, pues, muchas las dificultades con las que topamos en este proceso de reconstrucción. Pero por el contrario parecen grandes potencialidades. La sociedad ha tenido una gran capacidad de resistencia social, más allá de las tendencias humanas al individualismo y a la resignación.

Esta capacidad de resistencia se ha plasmado en formas de organización social que recogen gran parte de las experiencias de viejos movimientos sociales como el sindicalismo, pero que han asumido nuevas y renovadas formas. Es el caso de las Plataformas de afectados por las hipotecas o las diferentes iniciativas de economía cooperativa.

En definitiva, parecen existir en nuestra sociedad fuerzas e ingredientes suficientes para generar esperanzas de que podamos revertir esta situación.

¿Cómo articularla políticamente en algo más complejo?. La sociedad pide al mismo tiempo dos cosas que en la práctica son muy difíciles de congeniar. Pide proyectos a la medida de cada persona y sus prioridades. Las identidades sobre las que se construyen los proyectos son cada vez más identidades que agrupan intereses pero que al mismo tiempo niegan identidades más amplias. Éste es uno de los elementos que aparece en las mareas reivindicativas cuando se trata de convertirlas en propuestas alternativas. Y al mismo tiempo que la sociedad pide proyectos a su medida, exige procesos de unidad a sus representantes.

Basta ver qué sucede en Catalunya, donde la existencia de cinco ejes que atraviesan la política – eje social, el nacional, el eje vieja/nueva política, el europeo, el democrático- genera la existencia de al menos 9 espacios políticos diferenciados. Y en consecuencia la dificultad por confluir.

Es en este escenario en el que estamos, en el que cuanto más poder y fuerza tienen los mercados, más debilidad expresa la política, como expresión de la organización de la sociedad.

Por eso creo que hay un factor que es determinante para intentar reconstruir todo aquello destruido durante estos años. La apuesta por las confluencias preelectorales y por los pactos postelectorales.

Sin una apuesta nítida por la confluencia, las fuerzas de que hoy ha hecho gala la sociedad no podrán canalizarse ni social ni políticamente.

 

 

Katiana Vicens Guillén

Secretaria general de CCOO de las Illes Balears

 

 

 

Una buena parte de la ciudadanía estamos llamados, dentro de unos días, a elegir los que nos deben representar (en los parlamentos, diputaciones, consejos o cabildos insulares, ayuntamientos y otras entidades locales) y que tendrán la obligación de formar los diferentes gobiernos (autonómicos, provinciales, insulares, locales). Sin duda, de esta elección depende en buena parte el futuro de nuestros pueblos. Así como el que elegimos hace cuatro años ha contribuido, y mucho, a modificar la fisonomía de la sociedad en la que hoy vivimos.

En las Illes Balears no hemos sido diferentes de la mayoría de comunidades autónomas. Dimos al azul adornado con gaviotas (será por aquello de ser mediterráneos) la capacidad absoluta de decidir por nosotros, pero sin nosotros, y así nos ha ido! Entraron como un toro en unos encantos y con el discurso de “sabemos lo que hay que hacer y lo haremos” lo cambiaron todo radicalmente, estableciendo nuevos núcleos de poder y destruyendo todos los contrapesos existentes.

El Gobierno, del PP, ha venido adoptando las decisiones que en cada momento ha considerado oportunas sin el más mínimo intento de negociación ni acuerdo. Nada de nada de aquel modelo político que facilita a los ciudadanos su organización y la asociación para que puedan ejercer influencia directa en las decisiones públicas. Por el contrario, nos han recordado de manera constante que nosotros sólo somos el pueblo, que nuestra soberanía consiste en elegir nuestros representantes cada cuatro años y mientras tanto ellos, el Gobierno, nos gobierna, porque representa al pueblo y lo que hace es por su bien.

Vaya visión restrictiva y simplista del ejercicio de la soberanía popular! Sin duda, con este talante han ayudado mucho a la desafección de la ciudadanía éstos que han demostrado gobernar sólo para sus intereses y los de sus súbditos, o mejor dicho, han demostrado ser ellos los súbditos del capital y de los lobbys empresariales, gobernando por los intereses de éstos y sometiendo al resto.

El resultado de todo ello lo podemos resumir en: una tasa de desempleo de más del 22%; más de 40.000 hogares donde todos sus miembros en activo están parados; una tasa de protección por desempleo de sólo el 30%; unas relaciones laborales en las que predomina la precariedad con un 57% de este tipo de empleos (temporales, fijas discontinuas, a tiempo parcial); una tasa de pobreza de cerca del 30%; un ataque sin precedentes a los servicios públicos, a la lengua y a la cultura propias de las Iles Balears, a los sindicatos, especialmente a CCOO y UGT; y la eliminación de la participación institucional y la concertación social.

Sin embargo, ahora nos dicen que estamos mejor, pero lo cierto es que en nombre de la libertad “de los menos” recortan la libertad “de los más” para impedir que “los muchos” que no gozan de nada puedan evitar que “los pocos “gocen de mucho.

En resumen, en los últimos años hemos visto y hemos sufrido como nuestra joven y débil democracia se ha convertido en un régimen autoritario. Sí, lo digo bien, aunque suene excesivo, dado que los regímenes autoritarios se caracterizan, entre otros, por ejercer el poder de manera unilateral sin dar lugar a negociaciones ni buscar el consenso social; por la existencia de normas o leyes represivas que restringen las libertades civiles e individuales; por la agresividad con la oposición; por la concentración del poder en unas pocas personas o grupos; etc.

No es la primera vez que líderes elegidos democráticamente han ejercido su poder de forma autoritaria, corrompiendo la idea de democracia real y participativa. Y esto ocurriría especialmente cuando un partido que obtiene mayoría absoluta utiliza esta ventaja para hacer cambios de profundo calado. Así, en España, y también en las Illes Balears, la democracia de antes ha dado paso al autoritarismo actual. Y ¿qué distancia hay del autoritarismo al totalitarismo? Prefiero no saberlo. Eso sí que da miedo!

Necesitamos un gobierno de ojos y oídos bien abiertos a la realidad socioeconómica de nuestras Islas. Porque los ciegos, sordos y mudos con los trabajadores, los que nos han empobrecido y permitido que nos esclavicen o que nos dejen fuera de casa mientras ellos miran hacia otra parte, nos han demostrado no ser merecedores de seguir al frente de las instituciones responsables de velar por nuestro bienestar.

Otra forma de gobernar, no sólo es posible sino que es necesaria, y sería deseable que el próximo gobierno de las Illes Balears tenga el apoyo de más del 27% del censo electoral; sí, un gobierno elegido por el 27% de los ciudadanos con derecho a voto nos ha impuesto su voluntad y negado el diálogo al resto. Quizás es un gobierno con legitimidad, pero no ha demostrado tener legitimación, e incluso ahora parte de ese 27% no comparte su forma de gobernar o han olvidado que los votaron (supongo que en un intento de expiar su parte de responsabilidad).

Ahora, el futuro está en manos de la mayoría social de este país, aquélla a la que se ha obligado a hacer ingentes sacrificios, la que se está empobreciendo mientras otros continúan enriqueciéndose. Necesitamos más democracia, y ahora es la hora!

“Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento ”   

(Nelson Mandela, Discurso pronunciado en la Cumbre del Mercosur, Ushuaia, julio de 1998)

 

 

Carlos Tuya

Periodista y escritor

 

 

 

INTRODUCCIÓN

Hace treinta y cinco años, cuando la batalla política en España se centraba en la salida a la dictadura franquista, escribí un pequeño ensayo sobre el Estado y la Democracia como parte de esa lucha política. Indudablemente, la salida de una dictadura pone siempre en primer plano la cuestión de la democracia, sin que haya lugar a mayores matices. La democracia parlamentaria de corte liberal, aunque supusiera aceptar el libre mercado y el sistema económico capitalista, estaba fuera de discusión. Lo primero era alcanzar la libertad política, conseguir la legalización de los partidos políticos, tener unas elecciones sin trabas y dotarse de una Constitución lo más avanzada posible. Con esos presupuestos, la cuestión estratégica de quién dirigía el cambio democrático quedaba oscurecida por cuestiones tácticas. Una parte -la más lúcida- de los políticos que habían dirigido el país durante la fase final de la dictadura, y las clases sociales sobre las que se había sustentado el franquismo, fundamentalmente la alta burguesía empresarial y funcionarial, estaban interesadas en una transición ordenada que no pusiera en peligro el sistema económico y su control bajo nuevas formas democráticas. Cierta confluencia de intereses entre unos y otros, junto a la correlación de fuerzas condicionada por el papel del ejército, propició un acuerdo entre los dirigentes de uno y otro bando. Así, la lucha popular de cambio se trucó en reforma, que culminó en los acuerdos políticos para la Transición. Todo esto es ya historia. Solo quiero resaltar que la metamorfosis controlada de la dictadura franquista en democracia parlamentaria supuso la perdida de una gran oportunidad histórica de trasformación
socioeconómica que cambiara las relaciones de poder, y posibilitara avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Desde entonces han ocurrido muchas cosas en nuestro país, y en el mundo, que hacen necesario una reformulación de las ideas contenidas en aquel ensayo teórico. Por ejemplo, la influencia del llamado campo socialista ha dejado de existir. Y, lo más importante, su recuerdo ejerce una influencia negativa sobre cualquier propuesta de transformación social, que los enemigos del socialismo utilizan con bastante eficacia. Desde entonces, nada en la teoría política revolucionaria puede ser igual. La catástrofe ha sido de tal magnitud que obliga a revisar a fondo todo el andamiaje teórico, incluso para los que, ya en su día, señalaron las deficiencias del modelo y su previsible derrumbe. Ya no valen los recursos fáciles y exculpatorios, echar las culpas a los fallos ajenos del sistema como la degeneración burocrática. Que esos fallos se reprodujeran -y siguen reproduciendo en lo pocos países que se siguen reclamando del socialismo real, como China, Cuba, Corea del Norte, Vietnam- evidencian errores básicos en la teoría y en la práctica a la hora de postular y construir una sociedad socialista avanzada. Esos fallos, además de las circunstancias históricas concretas que los propiciaron, tienen que ver con la concepción y uso de la democracia, instrumento político fundamental del quehacer político e instancia legitimadora, participativa y controladora de la trasformación socioeconómica. Por lo que se refiere a nuestro país, la grave crisis de los últimos años, y los movimientos sociales generados como consecuencia de ella, han puesto de nuevo sobre el mesa la cuestión básica del poder político y su plasmación democrática. Resolver estas cuestiones es necesario para construir una sociedad nueva que permita avanzar realmente en la igualdad, la solidaridad, la plenitud de derechos, así como el establecimiento de una economía reglada al servicio de los ciudadanos.

Marx teorizó que el capitalismo, en su desarrollo histórico, creaba las condiciones objetivas para la revolución proletaria como un avance y superación de las limitaciones intrínsecas de la revolución burguesa. La supuso internacional, y luchó para que ocurriera mediante el liderazgo de los obreros de los países más industrializados. Por el contario, las revoluciones de inspiración marxista-leninista ocurrieron en países semiindustriales, cuando no mayoritariamente agrarios, enmarcadas en dos terribles guerras mundiales. El resultado fue que su principal tarea consistió en sacar a los países del subdesarrollo, acabar con los restos feudales tanto en las relaciones sociales como productivas en el campo, resolver la cuestión vital de la paz, etc. Todo en un entorno hostil, cuando no directamente beligerante. Los países occidentales donde el desarrollo de las fuerzas productivas era mayor y la clase obrera mayoritaria, permanecieron ajenos a la revolución, pese a que las distintas crisis económicas evidenciaron el corsé que representaban las relaciones capitalistas de producción. El voluntarismo revolucionario demostró así su inoperancia, con resultados muchas veces dramáticos. Pero el ansia de una sociedad más justa e igualitaria, a salvo de las periódicas crisis del capitalismo, ya era imparable. La respuesta en la Europa enfrentada a la URSS y los países del Pacto de Varsovia fue un nuevo pacto social, el estado de bienestar, que es precisamente lo que la actual crisis está poniendo en cuestión. Y con ella, las formas de dominación del sistema, tanto políticas como económicas. De nuevo se abre una ventana de oportunidad para los procesos revolucionarios. Con la diferencia de que el impresionante desarrollo de las fuerzas productivas experimentado en los últimos lustros, sobre todo, gracias a la revolución digital y el avance científico-técnico, permite plantearse profundas y radicales trasformaciones democráticas, económicas y sociales nunca vistas. Todo en un mundo globalizado donde las agresiones a los países que optan por construir un nuevo modelo de sociedad, no son fácilmente tolerados.

El socialismo vuelve a ser un objetivo posible y alcanzable.

Esto pequeño trabajo teórico (con alguna propuesta programática general, como cierre práctico) pretende contribuir al necesario debate teórico e ideológico que toda trasformación revolucionaria de la sociedad exige. Porque, en definitiva, la historia la hacen los seres humanos, aunque siempre en el marco de las condiciones materiales (fundamentalmente económicas, pero también políticas y culturales) en las que se desenvuelve su acción trasformadora.

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